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Suljaa’, Guerrero, 12 de enero de 2018.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria se moviliza en San Luis Acatlán, Ayutla y Tlapa para exigir justicia para los comunitarios ejecutados por policías ministeriales y estatales, así como libertad para los comunitarios detenidos el pasado 8 de enero en la comunidad de La Concepción, bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.

En entrevista Sabas, vocero de la CRAC – PC, manifestó que las movilizaciones son para “repudiar las acciones del gobierno del estado, respaldado por el gobierno federal en contra de la CRAC – PC y del CECOP.” Así mismo exigen respeto al sistema jurídico de las comunidades indígenas en donde los policías comunitarios “son nombrados en asamblea, están para defender los pueblos, están para defender los territorios y los recursos naturales, contrario a lo que hacen los policías del gobierno estatal y del gobierno federal.”

[podcast]http://lapalabradelagua.espora.org/wp-content/uploads/2018/01/ENTREVISTA-Sabas-CRAC-PC-San-Luis-Acatlan-64kbps.mp3[/podcast]

Por su parte Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguró que fueron detenidas 38 personas, de los cuales 23 son del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), 11 de la CRAC y otros dos que estaban en reeducación, todos acusados de homicidio calificado. Durante las detenciones se cometieron violaciones graves de derechos humanos como el uso excesivo de la fuerza, el uso de la fuerza letal, refiriendo las ejecuciones extrajudiciales contra dos policías, lo que “es gravísimo para un gobierno que se dice democrático”, así como la tortura, tratos crueles e inhumanos cometidos contra Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP.

[podcast]http://lapalabradelagua.espora.org/wp-content/uploads/2018/01/ENTREVISTA-Abel-Barrera-Tlachinollan-64kbps.mp3[/podcast]

Fuente: Radio Ñomndaa

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Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICÍA COMUNITARIA
COMUNICADO DE PRENSA

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. Enero 8 de 2018.

Escucha aquí:

A los pueblos y comunidades del Sistema Comunitario de la CRAC PC.
Al pueblo en general.
A los medios de comunicación.
A las organizaciones fraternas.

Una vez más el Estado muestra su efectividad represora contra el pueblo, como no lo hace contra la delincuencia como debiera. Y es precisamente porque el Estado es ahora el protector y parte de la misma delincuencia.

La incursión violenta de las policías estatales y ministeriales, así como del Ejército y la Marina a la comunidad de La Concepción, asesinando a 5 y deteniendo a más de 30 de nuestros compañeros policías comunitarios, consejeros y autoridades, nos confirma que fue para rescatar a Iván Soriano Leal, quien se ostenta como militar retirado y que ha sido agente del gobierno para provocar y generar represión contra nuestro Sistema Comunitario.

Iván Soriano Leal, quien también se presenta con otros nombres, fue detenido en días recientes en La Concepción, por policías comunitarios de ese Comité de Enlace, acusado de ser parte de un grupo armado contratado para asesinar al compañero Marco Antonio Suastegui, vocero del CECOP y a algunos compañeros de la policía comunitaria. Es el mismo personaje con quien se alió en 2013 el nefasto Eliseo Villar Castillo, ex coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, para cometer un fraude a la organización y que derivó en una grave crisis interna en la CRAC, al inmiscuirse el gobierno de Angel Aguirre Rivero a favor de Eliseo Villar y sus cómplices.

Precisamente el día que se da la incursión policiaca a La Concepción, se había previsto el traslado de dicho delincuente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán; sin embargo, el gobierno valiéndose de sus policías lograron liberarlo.

Las declaraciones oficiales del vocero de seguridad Álvarez Heredia, así como las del Gobernador Héctor Astudillo, con las que pretenden justificar este acto de barbarie genocida, son totalmente falsas, cínicas y demuestran su total ausencia de escrúpulos y de moral para ordenar la muerte y el encarcelamiento de gente inocente. Qué armas de alto poder porta nuestra policía comunitaria? Quieren engañar a la población con su viejo truco de sembrar droga en los detenidos?

Esto que ocurre nos confirma el modo en que comienzan a operar las fuerzas policíacas y militares con la anuencia de todos los poderes públicos que han llevado a efecto, la inconstitucional y fascista Ley de Seguridad Interior, para brindar total impunidad a los asesinos que se encubren como servidores públicos.

Lejos de avanzar en la armonización de los sistemas jurisdiccionales oficial y comunitario, tal como lo propusimos en nuestra Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado en materia de derechos indígenas, congelando nuestra iniciativa en el Congreso Local por la mayoría de diputados priistas, el gobierno del estado muestra su verdadero rostro y su intención, asesinando y encarcelando a nuestras autoridades y policías comunitarios.

Hoy queda más claro que nunca, la distinción que el gobierno hace de nuestro Sistema Comunitario. Hoy que arremete con exceso de fuerza contra nuestros compañeros comunitarios, acusándonos falsamente de portar armas de alto poder y de posesión de drogas, asesinando y encarcelando, por rescatar a un agente paramilitar a su servicio; nos preguntamos, ¿porque no actúo el gobierno con tal firmeza cuando se asesinó a toda una familia de inocentes en San Pedro Cacahuatepec, teniendo tantas evidencias para hacerlo? ¿A cambio de que se dejó libres a esos asesinos?.

La agresión a nuestro Sistema Comunitario, tiene responsables: el General Pedro Almazán Cervantes, secretario de seguridad pública; Javier Olea Peláez, fiscal general del estado y Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, son los autores intelectuales y autoridades que dieron la orden a sus subordinados para cometer tal acto de salvajismo y lesa humanidad. Por ello, exigimos su renuncia y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales, a los estudiantes, maestros, etc., a unificarnos en esta exigencia y defendernos de esta clase política asesina.

Estos lamentables hechos deben servir al pueblo para hacer análisis y reflexionar, precisamente en este año electoral, si queremos mantener en el poder a un gobierno que asesina, que encarcela, que defiende y es parte de la delincuencia, que crea leyes en perjuicio del pueblo, que niega toda oportunidad de desarrollo a la gente.

Llamamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a acompañarnos e intervenir para la documentación y denuncia a nivel internacional de estos hechos que lastiman, no solo a nuestro sistema comunitario, sino al pueblo de Guerrero y de México.

Pedimos la intervención de la Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos, para integrar las investigaciones correspondientes por las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros, por la violación flagrante a los derechos colectivos de los pueblos organizados en el sistema comunitario, por la violación flagrante a la ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero.

Exigimos la intervención del Congreso del Estado a través de las comisiones de asuntos indígenas, de seguridad, de justicia y de derechos humanos, para documentar la actuación de los agentes policiacos y sus jefes que dieron la orden de asesinar y detener a servidores comunitarios que estaban cumpliendo cabalmente con sus funciones de seguridad y justicia en favor de sus comunidades.

Exigimos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros detenidos. Exigimos el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros policías comunitarios. Exigimos la salida del ejército y la marina, así como de las policías estatal y ministerial del territorio comunitario. Exigimos la renuncia inmediata de Pedro Almazán Cervantes, Javier Olea Peláez y Héctor Astudillo Flores, culpables y responsables de tanta muerte e injusticia en nuestro estado de Guerrero.

“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA”
Coordinadores, Consejeros y Comandantes Regionales
del Sistema Comunitario de la CRAC PC.

Casas de Justicia: Matriz de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso.
Comités de Enlace: Tecoanapa, Tixtla, Cacahuatepec, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca, Dos Ríos, Comunidades de la Región Amuzga.

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Acapulco, Guerrero a 08 de enero de 2018.- Ayer por la madrugada, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas. Los hechos tuvieron lugar cuando los policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local. Esta acción violenta dejó un saldo de dos policías comunitarios asesinados y seis miembros del grupo agresor. Alrededor de las diez de la mañana, el gobierno del estado de Guerrero montó un operativo de más de 100 elementos de fuerzas de seguridad conformado por policías ministeriales y estatales, así como por el ejército para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias. En el marco de este operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente.

Al momento de que un helicóptero sobrevolaba el lugar de los hechos, un policía del estado accionó su arma, desencadenando un tiroteo que ocasionó la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios. En ese instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios. Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero.

Las autoridades del estado han negado cualquier información sobre la situación jurídica de Marco Antonio Suástegui Muñoz. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso.

El gran temor de sus familiares es que puedan ser trasladados a penales de máxima seguridad fuera de la entidad, donde su estado de incomunicación aumentaría el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.

Por estos hechos expresamos nuestra gran preocupación por que las autoridades ministeriales violen de manera flagrante sus derechos a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo y los principios del debido proceso. Se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros del CECOP; y se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos.

Por todo lo anterior solicitamos enviar comunicaciones a las siguientes autoridades, de modo que se garantice el debido proceso y se proporcione información tanto a sus familiares como a sus abogados sobre el paradero y la situación jurídica de las personas detenidas. En particular, debido al trabajo de Marco Antonio Suástegui Muñoz como defensor comunitario y a la criminalización y ataques de que ha sido objeto anteriormente, solicitamos hacer énfasis en que se garantice en todo momento su integridad física y psicológica. Además, hacemos un llamado para replicar esta acción urgente y realizar pronunciamientos públicos sobre su situación y la de todas las personas detenidas.

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Por Dante A. Saucedo y Regina López

El pasado 22 de marzo, elementos de la Policía Federal detuvieron en Nayarit a Federico González Medina, El Lico. En los días siguientes a su aprehensión, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría de Justicia de Michoacán emitieron comunicados para adjudicar la captura del jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en La Placita —en el municipio michoacano de Aquila— a trabajos coordinados de «inteligencia».

En la sierra-costa michoacana, sin embargo, los boletines de prensa de las corporaciones de seguridad del Estado mexicano no son suficientes para borrar de la memoria los años de agravios y violencia que El Lico provocó con la aquiescencia o franca complicidad de los tres niveles de gobierno. Para el pueblo nahua de Santa María Ostula, el nombre del jefe Templario es sinónimo de una época de terror, cuyas memorias y dolores apenas comienzan a sanar.

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[podcast]https://radiozapatista.org/Audios/Notifrayba-Ostula-2017-02-13.mp3[/podcast]

Te presentamos un especial de la Comunidad Santa María Ostula, la cual recuperó en el 2009 alrededor de 1200 hectáreas de tierra para fundar el pueblo de Xayakala. Estas tierras les habían sido arrebatadas por “pequeños propietarios” provenientes del estado de Colima y zonas aledañas, mismos que a la larga demostrarían estar aliados con el Cártel de los Caballeros Templarios, el cual les asesinó a 32 comuneros y les desapareció a otros seis, entre 2008 y 2014. Todo ello ante la omisión de los gobiernos estatal y federal.

La infamia más reciente hacia este pueblo se presentó en los primeros días del mes de febrero del 2017. El día 8, la comunidad informó que tras operativos conjuntos y negociaciones fueron liberados los policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, quienes habían sido secuestrados y desaparecidos desde el pasado 5 de febrero de 2017 a manos de elementos de la Secretaría de Marina, quienes después los entregaron al grupo del crimen organizado de los Templarios, así como los dos comunitarios que posteriormente fueron retenidos en el proceso de negociación.

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Foto: Enrique Castro (Proceso)

La comunidad indígena de Santa María Ostula informó que ayer, 8 de febrero de 2017, fueron liberados los policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, secuestrados el 5 de febrero por miembros de la Marina y entregados al crimen organizado. La liberación se dio como resultado de operativos y negociaciones entre el Estado y el crimen organizado, cuyo contenido la comunidad ignora. Al mismo tiempo, la comunidad de Ostula denuncia la complicidad entre el Estado, la delincuencia organizada y el capital, sobre todo en la forma de las empresas mineras que operan en la región. En el comunicado hacen también un recuento de las graves agresiones sufridas a manos del Estado y de la delincuencia organizada a lo largo de este último año, y ennumeran una serie de exigencias para acabar con la impunidad, desmilitarizar la región, desmantelar los grupos del crimen organizado, permitir la construcción de la autonomía y crear las condiciones para el retorno de la paz social.

A continuación, el comunicado completo.

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICHOACAN: LIBERADOS LOS POLICÍAS COMUNITARIOS

8 DE FEBRERO DE 2017

A LA OPINIÓN PÚBLICA
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LOS MEDIOS LIBRES
A LOS MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

El día de hoy a temprana hora y tras operativos conjuntos y negociaciones fueron liberados los compañeros policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, municipio de Aquila, Michoacán: Abigail Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, quienes habían sido secuestrados y desaparecidos desde el pasado 5 de febrero de 2017 a manos de elementos de la Secretaría de Marina, quienes después los entregaron a los grupos delictivos encabezados por Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) y Mario Álvarez López (alias El Chacal), así como los dos comunitarios que posteriormente fueron retenidos en el proceso de negociación.

Aclaramos que nuestra comunidad desconoce las condiciones y acuerdos a los que se haya llegado con los delincuentes para la liberación de nuestros compañeros y denunciamos que no han sido detenidos ninguno de los responsables materiales e intelectuales de este nuevo atentado, ni ha sido esclarecido el vínculo y la complicidad entre estos y los elementos de la Secretaría de Marina.

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Sierra-costa de Michoacán, 7 de febrero de 2017

A los pueblos de México y el mundo,
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los medios libres,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales,

La Comunidad Indígena de Santa María Ostula se manifiesta enérgicamente en contra de la detención ilegal de 5 elementos de las policías comunitarias de San Pedro Naranjestil y Tizupan –ambos pertenecientes a la comunidad indígena de Pómaro– a manos de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) para ser entregados directamente a un grupo de criminales, el cual ha sido denunciado insistentemente con anterioridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana del día 5 de febrero, hora en la cual algunas camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad que la policía comunitaria mantenía en el punto conocido como Tizupan. A partir de los testimonios recopilados, es posible certificar que los marinos no detuvieron al azar a los comunitarios sino que éstos estaban plenamente identificados y eran el objetivo de esta acción.

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La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, hemos recibido información directamente de integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, estado de Michoacán, de que alrededor de las 3.30 am del día domingo 5 de febrero de 2017, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabian Meraz Martinez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreon Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila; quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

Ante tales hechos, la Asamblea de comuneros de Santa María Ostula decidió iniciar un bloqueo en la carretera federal 200 pues actualmente siguen privados de la libertad y su vida corre un grave riesgo. Además se denuncia que hay una amenaza al respecto y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y autodefensas.

Recordamos que el 15 de noviembre del 2016, se alertó a las autoridades federales y estatales correspondientes de la situación de violencia generalizada hacia el Pueblo Nahua de la región, debido a una constante condición de vulnerabilidad y amenaza que mantiene en riesgo la vida e integridad personal de los habitantes.

Frente a señalamientos de esta naturaleza, de los que se advierte la probable comisión de una desaparición forzada con participación de las fuerzas armadas, hacemos un llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregados por la Marina Armada de México; haciendo uso de los medios más efectivos a su alcance para localizarlos.

¡Firma en línea!

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Por Camila Fuentes

15 y 16 de octubre de 2016, Atotonilco de Horcasitas, San Luis Acatlán, Gro.

A 21 años de impartición de seguridad y justicia de las Policías Comunitarias, de dar un servicio a sus comunidades, la situación actual que viven los pueblos de Guerrero se encuentra incrustado en un azar de acontecimientos por parte de las autoridades de gobierno, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios- Policia Comunitaria (CRAC-PC) desde su nacimiento ha pasado por un proceso interno y externo en la medida en que la política de nuestro país México, ha cambiado. No podemos ignorar que la delincuencia se ha fortalecido y se ha camuflajeado con las instancias del estado, provocando división, generando problemas en el desarrollo económico, social y cultural en los pueblos de Guerrero.

La participación de diversas organizaciones es importante en este aniversario, porque más allá de las divisiones en las estrategias políticas a lo interno de la CRAC, las reformas neoliberales son el impedimento para buscar la autonomía y bajo esta situación, la reforma a la ley 701 le afectan no solo a la estructura o a ciertas estructuras de la CRAC; afecta y es un golpe regresivo colonizador para los pueblos indígenas, ancestrales, para los pueblos afro mexicanos de nuestro país. 21 años y los problemas no cesan así como no se detiene el proceso de resistencia.

El respeto es uno de los ejes que da dirección a lo largo de este evento, es la expresión de las relaciones dadas en estas comunidades, donde existen diversas formas de convivencia, la cual no es descifrable quizá para los (as) que observamos de lejos y desde fuera a este sistema comunitario, pero que en suma, no es más que darnos cuenta que son parte de nuestra realidad, en la cual debemos tener participación como seres pensantes en busca del bien de nuestras comunidades.

Crónica desde las montañas del Estado de Guerrero

Aprendiendo de la experiencia de estos procesos organizativos que han tomado la decisión de buscar la autonomía, sobre esta misión se da el contexto de México en una lucha incesante de los pueblos ancestrales en resistencia a las políticas neoliberales. Las consignas principales de la CRAC se basan en dos principios elementales; el primero es: que  “el respeto a nuestros derechos es la justicia” y el segundo: “solo el pueblo defiende al pueblo”, estos principios son los que se extienden a otros pueblos donde el terror domina y la gente se decide integrar al proyecto comunitario y cesar la violencia.

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