San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de septiembre de 2026
Boletín No. 15

Preocupa el negacionismo frente a la situación de las víctimas del
desplazamiento forzado interno en Chiapas

• Gobierno de Chiapas experto en ocultar la violencia, que persiste en los territorios, en complicidad con la delincuencia organizada

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), tiene documentado, a la fecha, 24,510 víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Chiapas, todas ellas incluidas en la investigación realizada por el Grupo de Trabajo Región Frontera, que se dio a conocer con el informe Chiapas: la Paz Pendiente;¹ y en nuestro balance anual: Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal.²

En la región fronteriza, particularmente en los municipios de Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa y Chicomuselo, persiste una situación crítica de violencia armada y control territorial por parte de grupos criminales, que ha provocado el desplazamiento de cientos de familias desde 2021 a la fecha. Muchas de estas personas continúan en movilidad forzada, sin acceso a refugios seguros, sin atención humanitaria y expuestas a nuevas agresiones durante su tránsito. La ausencia de una respuesta estatal integral -y la falta de aplicación efectiva de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, cuyo reglamento permanece desde 2012 inexplicablemente sin ser promulgado-, agravan la vulnerabilidad de estas comunidades, que continúan sin reconocimiento oficial y sin rutas claras para su protección y eventual retorno.

Estos datos evidencian la magnitud de una problemática que el Gobierno continúa negando, mientras mantiene una respuesta insuficiente y simula atender a las víctimas, sin garantizar de manera efectiva sus derechos, su protección ni las condiciones necesarias para un retorno seguro y digno. Persisten personas en desplazamiento forzado pleno e intermitente, así como comunidades que viven bajo asedio y en constante vulnerabilidad frente a grupos de la delincuencia organizada que operan en complicidad con autoridades municipales, estatales y fuerzas de seguridad federales.

Entre estas se encuentran las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal; la Guardia Estatal bajo las órdenes del Secretario de Seguridad del Pueblo; las Fiscalías Regionales subordinadas al Fiscal General del Estado de Chiapas; así como el Ejército mexicano, bajo mando del Gobierno Federal. Esta articulación de actores armados y autoridades permite la continuidad de la violencia y profundiza la crisis humanitaria que enfrentan las comunidades desplazadas.

Recientemente, hemos documentado la situación de DFI de familias originarias del ejido Nueva Independencia, municipio de Ángel Albino Corzo, quienes fueron desplazadas, entre la segunda mitad de 2024 y principios de 2025, como consecuencia de la violencia desatada en la zona que se intensificó después de la elección del presidente municipal, Manuel de Jesús Moreno Fernández, del Partido Verde Ecologista de México. Testimonios refieren que el presidente municipal estaría brindando protección a un grupo de poder político “Los Robleros”, al que las personas afectadas señalan vínculos directos con agentes de la delincuencia organizada.

NIEGAN LIBERTAD EN AUDIENCIA AL COMPAÑERO FRANCISCO MORENO HERNANDEZ, MIENTRAS SE AGRAVAN LA SALUD DE LAS 8 FAMILIAS DESPLAZADAS DE JOTOLA, MPO. CHILON, CHIAPAS 

A los pueblos de México y el mundo
A los organismo y colectivos defensores de derechos humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A l@s frimantes de Una Declaración por la Vida, en los cinco continentes
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A los medios libres e independientes
A quienes caminan la palabra de la vida

20 de febrero de 2026

El Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón Agustín López Pérez, en complicidad con el grupo paramilitar ORCAO y el Ministerio Público, negaron la libertad al compañero Francisco Moreno Hernández en audiencia de vinculación a proceso, al argumentar que dejarlo en libertad podría representar un riesgo para las supuestas víctimas que lo acusan.

Mientras, las 8 familias desplazadas por el grupo paramiliar ORCAO encabezado por Juan Cruz Mendez, en compañía y con la protección de la Guardia Estatal de Chiapas, INPI y Tribunal Agrario, comienzan a sufrir de enfermedas por las condiciones y grave situación que estan viviendo.

Por lo que hacemos responsable a los tres niveles de gobierno, el Tribunal Agrario, la Fiscalía General del Estado de Chiapas y el Poder Judicial del Estado de las graves violaciones continuadas que estan sufriendo nuestros hermanos indígenas tzeltales del Congreso Nacional Indígena en Chiapas.

Manteniendo preso a nuestro hermano Francisco Moreno Hernández por un supuesto despojo de dos ejidatarias del ejido de Jotalá y supuestamente del panteón del ejido, cuando dichas tierras nunca han sido ocupadas por nuestros hermanos y, en cambio, fueron desalojados de las tierras recuperadas en 1994 que mantenían en posesión y con trabajo común desde hace mas de 30 años. Presentando un corrupto peritaje topográfico e inspección judicial sobre tierras que no son las que poseen los compañeros del CNI y con ello justifican el despojo agravado del que los acusan, el cual nunca les fue notificado de la apertura de la carpeta de investigación con el pretexto de que, esta muy lejos la zona y en la región se encuentran organizaciones zapatistas que se ponen muy agresivas.

Hacemos un llamado a nuestras hermanas y hermanos de México y el mundo para que exijan la libertad inmediata de nuestro compañero del Congreso Nacional Indígena Francisco Moreno Hernández y el regreso de nuestros hermanos a las tierras que les pertenecen, debiendose garantizar las condiciones adecuadas para su regreso.

¡LIBERTAD PARA FRANCISCO MORENO HERNANDEZ!
¡REGRESO DE NUESTRAS HERMANAS Y HERMANOS DESPLAZADOS A SUS TIERRAS!
¡POR LA RECONSTITUICION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDIGENA

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información directa de víctimas de la violencia por los grupos armados vinculados a la delincuencia organizada, que en consecuencia han desplazado de manera forzada a mujeres, niñas, niños y hombres habitantes de las comunidades de San José Tercero, San Francisco, El Roblar y la cabecera del municipio de Pantelhó, así también nos reportan que las acciones armadas se han extendido hacia las comunidades: Tijera Chimix, Jabaltón  y la Esperanza pertenecientes al municipio de Chenalhó, Chiapas. En ambos municipios se han tenido que desplazar de manera forzada alrededor de 3, 400 personas.

Firma la Acción Urgente y abona a detener la violencia en los municipios de Pantelhó. Chenalhó.

[:es]

Ciudad de México, 03 de febrero de 2024
Acción Urgente 002/2024

FIRMA LA ACCIÓN URGENTE AQUÍ.

• Un nuevo repunte de violencia en la región bajo la permisividad del Estado.
• Urge prevenir y garantizar el derecho al territorio, a la libre determinación y autonomía.

Lee la denuncia de la Asamblea de Colectivos de Gobierno Autónomo Local zapatista, Caracol 10, Zona Patria Nueva.

El pasado 19 de enero de 2024 fueron desplazadas forzadamente 28 personas Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) habitantes del Gobierno Autónomo Local, comunidad La Resistencia de la región de Moisés y Gandhi. Entre las personas desplazadas se encuentran diez niñas y niños. El desplazamiento fue cometido por un grupo de más de 40 integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) quienes portaban armas de fuego, machetes y palos.

Durante la agresión fue destruida la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas de lámina y madera, quemaron libros de los promotores de educación, además de robar una tienda. La comunidad fue despojada de diversos bienes materiales: animales de traspatio, herramientas de trabajo, una despulpadora de café y prensas para hacer tortillas. Destruyeron siembras cercanas y tiraron alimentos almacenados como maíz, frijol, café y azúcar.

De acuerdo con la información recibida, el día 17 de enero del 2024 la comunidad fue amenazada. El grupo agresor llegó al poblado zapatista de La Resistencia, portando palos y machetes. En este momento manifestaron que las BAEZLN tenían dos días para abandonar sus viviendas. En la misma región, el 19 de enero de 2024, 54 personas de la ORCAO de Sacrificio La Esperanza llegaron a quemar un potrero de las BAEZLN del poblado Emiliano Zapata, dejando sin alimento a los animales de pastoreo.

Nos preocupa la permisividad y solapamiento del Estado Mexicano. Por información recibida en esta oficina, documentamos que el 14 de enero de 2024 el regidor municipal de Ocosingo inauguró una agencia municipal de la ORCAO en el espacio despojado a las BAEZLN en noviembre de 2021, donde se localizaba la tienda colectiva zapatista “Arcoíris” ubicada en el entronque carretero Cuxuljá.

Recordamos que las agresiones de la ORCAO hacia el EZLN han sido una constante en la zona de Moisés y Gandhi, lo que ha ocasionado  una continuidad de violaciones graves a derechos humanos en la región como son desplazamientos forzados, tortura, desaparición forzada e intentos de homicidio.

El 5 de mayo de 2022 la comunidad La Resistencia fue desplazada forzadamente en un ataque similar, dado a conocer por este organismo. El día 23 mayo de 2023, Jorge López Sántiz BAEZLN vecino de Moisés y Gandhi fue víctima de una agresión armada que puso en grave riesgo su vida.

Exigimos al Gobierno Federal y del estado de Chiapas:

Se garantice el respeto al territorio de las BAEZLN, a su libre determinación y autonomía, así como a una vida libre de violencia

Se realice una investigación inmediata y diligente para generar una ruta en donde se priorice finalizar con este clima de violencia y adoptar acciones encaminadas a la reparación del daño y a iniciar un proceso de justicia.

Solicitamos que accionen de manera urgente a las siguientes autoridades:

Lic. Andrés Manuel López Obrador. 
Presidente Constitucional de México
amlo@presidencia.gob.mx

Lic. Luisa María Alcalde
Secretaría de Gobernación
atencionciudadana@segob.gob.mx 

Lic. Alejandro Gertz Manero
Fiscal General de la República
ofproc@pgr.gob.mx

Lic. Rutilio Escandón Cadenas
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Correo: secparticular@chiapas.gob.mx

Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez
Secretario General de Gobierno en Chiapas
Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

Lic. Olaf Gomez Hernandez
Fiscal General del Estado de Chiapas
correo: staff_secretarial@fge.chiapas.gob.mx

Lic. Juan José Zepeda Bermúdez
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Correo: presidencia@cedh-chiapas.org

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

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Lee también:

La larga historia de violencia paramilitar e impunidad de la ORCAO

Todas las entradas sobre la ORCAO en Radio Zapatista[:]

[:es]La población de la Región Frontera y Sierra de #Chiapas nos necesita. Alrededor de 2 300 personas de los municipios de Socoltenango, Chicomuselo y La Concordia salieron intempestivamente de sus hogares huyendo de la violencia de la delincuencia organizada.

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[:es]Las 5 familias de Nueva Palestina vivieron la violencia extrema con múltiples violaciones a los derechos humanos, el pasado diciembre de 2021. Después de más de un año de lo sucedido, siguen la lucha por la búsqueda de justicia y reivindican la atención al desplazamiento de las 34 personas, entre ellas 23 niñas, niños y adolescentes, la liberación inmediata de Versaín Velasco y la búsqueda del paradero de Freddy Gómez.

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[:es]Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

“Fue una embestida por parte del Instituto Nacional de Migración [INM] y la Guardiana Nacional, gritaban: ¡violencia, violencia!”, relató Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos y acompañante del viacrucis migrante que el pasado viernes (1) salió de Tapachula, Chiapas.

El 18 de marzo cerraron las oficinas de regulación migratoria del INM después de un disturbio y destrozos provocados por las mismos migrantes que hace meses esperan una respuesta a sus trámites en Tapachula, frontera sur de México, una ciudad que no conocen, sin empleo ni acceso a derechos básicos. Además enfrentan discriminación desde las redes sociales, hasta en las aceras de las calles.

El tenor obligó a los extranjeros a organizarse para salir en grupo hacia a la frontera norte de México, previo a la Semana Santa. Antes de partir, junto a defensores de derechos humanos, hicieron pública la solicitud de diálogo con las autoridades migratorias; y directamente al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. Pero no hubo retroalimentación.

En esta petición buscaban que se respetara la minuta que representantes federales signaron en diciembre de 2021 y que los compromete a respetar los derechos humanos de personas con necesidades de protección internacional.

Salida

Con alrededor de 700 amparos interpuestos ante un juez federal, acompañados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, como Luis García Villagrán, el viernes 1 de abril el ‘viacrucis migrante’ se puso en marcha.

Las personas originarias de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras caminaron 18 kilómetros, precedidos por una cruz blanca de madera y la bandera de Venezuela. En el camino ya habían logrado pasar un muro de las fuerzas federales en el paso a desnivel conocido como Viva México.

Pero en el cruce del poblado Álvaro Obregón, la Guardia Nacional con equipo antimotines se desplegó otra vez, para frenar el objetivo del éxodo.

Con la misma cruz de madera y al grito repetido de ¡libertad!, el éxodo se abrió paso entre la valla de escudos, cuerpos humanos, macanas y gases que hirieron al menos a 30 personas, entre ellos varios menores de edad.

En la persecución, muchos dejaron tirados objetos personales y mochilas completas. Al menos 90 personas fueron detenidas y trasladadas a estaciones migratorias en Oaxaca, mientras otras corrieron entre la maleza para esconderse de los uniformados, “hay personas desaparecidas y familias separadas”, aseguró Luis García Villagrán.

El operativo fue coordinado personalmente por la delegada del INM en Chiapas, Paola López Rodas, agregó Villagrán. “Una mujer de Venezuela de tres meses de embarazo estuvo con complicaciones; mucha gente dañada en este intento de detención y criminalización”.

Las más de 20 organizaciones que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, en el Sureste Mexicano, evidenciaron que el operativo migratorio se realizó con violencia, con el uso de gases lacrimógenos, la detención de personas y el hostigamiento e intento de detención de defensores de derechos humanos.

Durante el despliegue militar, el grupo del viacrucis corrió y se resguardó en la parroquia de Álvaro Obregón, donde recibieron atención médica por parte de Protección Civil. Durante dos días se refugiaron en ese espacio.

Feligreses y habitantes de la comunidad les proporcionaron alimentación. Por otro lado, medios locales publicaron declaraciones del obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, en las que desacredita el viacrucis y a los defensores acompañantes de la causa.

“El obispo crispa más la atención y el odio que hay en contra de la población migrante. Nosotros estamos solicitando diálogo desde antes de salir”, añadió Villagrán cuando recordó las violencias que enfrentan en “la ciudad cárcel”, como llaman los migrantes a Tapachula.

Estos repetidos actos de violencia por parte de las fuerzas federales se ejercieron, según el defensor, a pesar de las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes de iniciar la travesía.

Ciudad cárcel

Las personas en contexto de movilidad humana acamparon por varios meses en el Parque Bicentenario de Tapachula. En un tubo de agua se aseaban todos y la niñez dormía en el piso. “Son condiciones infrahumanas”, explicó Villagrán.

Después de varias semanas de protestas contra la administración del INM, el 11 de marzo, cerca de 800 personas lograron hacerse visibles en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tapachula.

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Para callar sus voces les entregaron visas humanitarias en Ciudad Hidalgo, razón que motivó a más personas a exigir también la regulación migratoria para poder salir de Chiapas. Pero sin la presencia de López Obrador, no hubo respuesta y la desesperación desencadenó nuevas protestas y reclamos entre migrantes.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano alertó, entonces, sobre la falta de transparencia en las promesas de regularizar a la población migrantes. “Estos conflictos son resultado de las acciones de las autoridades”, y sumó que, de esta manera, se promueve un trato diferenciado entre nacionalidades que generan tensión entre los grupos.

De raíz

Alrededor de las 15h de este domingo (3), el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado de prensa, que difundió en redes sociales, para llamar al éxodo de migrantes a no autolesionarse, “ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros”.

Migración señaló a los defensores de promover acciones que dañan la integridad física y psicológica de los extranjeros, en referencia a la protesta en la que de nueva cuenta se costuraron los labios y a la huelga de hambre que iniciaron en la comunidad Álvaro Obregón, donde fueron reprimidos por las fuerzas federales.

La situación colocó rápidamente a Chiapas a la vista del mundo y la respuesta del INM tampoco demoró. Dos horas más tarde, de la publicación de su comunicado, llegó a un acuerdo con el grupo de migrantes.

Al menos 600 personas en contexto de movilidad aceptaron y comenzaron ser trasladadas en autobuses de la comunidad Álvaro Obregón a Tabasco y Oaxaca, para que puedan avanzar sus trámites de regularización migratoria.

En la documentación del Centro de Dignificación Humana, se detectó la presencia de infiltrados dentro del grupo de migrantes, así como en medios de comunicación, que contribuyen a un contexto de tensión.

“El Estado mexicano no tiene ninguna intención de hacer las cosas conforme a la ley sino todo lo contrario y ha gastado mucho dinero en estas actividades; por ello es responsable de lo que pueda ocurrirnos”, dijo VIllagrán.

Para el defensor, estas violencias que se ejercen son normalizadas por las mismas autoridades, que envía un mensaje erróneo a la sociedad, sin importar que se trate de un grupo vulnerable.

Los defensores de los derechos humanos coincidieron que, además de medidas inmediatas, se necesita mayor capacidad de atención del INM con base en el respeto de los derechos humanos y con conocimiento de leyes y acuerdos internacionales.

En el último comunicado del Colectivo Observación hizo un enérgico llamado para que las autoridades mexicanas detengan la violencia y los operativos. Asimismo, demandaron a la Secretaría de Gobernación, el INM y GN respeto y garantía de la integridad física y emocional de todas las personas que se desplazan.

Al mismo tiempo, las organizaciones pidieron al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dar debida respuesta a los procedimientos migratorios.

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[:es]Por Jeny Pascacio

Durante el 2021 la violencia por parte del crimen organizado y autoridades incrementó en la ruta migratoria de Chiapas y Tabasco, asimismo las amenazas directas contra albergues que vulneran las condiciones de las personas en tránsito por México.

En octubre de 2021 el albergue para personas migrantes “Casa Betania Santa Martha” ubicado en Salto de Agua, Chiapas, fue allanado por un grupo armado que amenazó de manera directa a defensores de los derechos humanos.

En el 2019, intentaron ingresar en dos ocasiones pero no lo consiguieron, aunque el hostigamiento e intimidación es constante. Un escenario parecido vive el albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, con al menos 10 incidentes presentados ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Pero no son investigados.

Ambos espacios se encuentran en dos entidades fronterizas con Guatemala y son paso obligado de cientos de personas migrantes que buscan condiciones justas de vida en México y Estados Unidos. “Este 2021 incrementaron las amenazas, la inseguridad y el hostigamiento por parte de las autoridades”, dijo la representante de LA 72 durante la presentación del informe ‘Voces que caminan’, de la Red TDT en colaboración con el Colectivo Ansur de Colombia. El equipo de trabajo sufre persecución y hostigamiento hasta vía telefónica.

Durante el 2021 también comenzaron a recibir mayor población migrante para solicitar apoyo para realizar trámites migratorios. “Llegan de Tapachula”, ciudad chiapaneca colindante con Tecún Umán, Guatemala. La ciudad es uno de los cruces más importantes de personas en movilidad y donde se concentran miles en espera de respuestas a sus trámites de las sedes del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

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Inseguridad

Dentro de la ruta migratoria, ubicado al norte de Chiapas, se encuentra el albergue Betania Santa Martha, un proyecto de los Misioneros del Verbo Divino en el que las Hermanas Franciscanas Misioneras de María colaboran. El equipo de trabajo es reducido, pero brindaron apoyo a 25 mil personas en 2021, año en que también incrementó la violencia.

Una de las hermanas, de identidad reservada, dijo que “las amenazas, allanamiento e intimidaciones por parte de autoridades coludidas con el crimen organizado buscan hacernos desistir de nuestra labor de defensa de derechos de las personas migrantes, que han incrementado. Y cuando se les cuestiona sobre su proceder su irónica respuesta es: ‘somos autoridades y podemos ingresar cuando queramos’”.

En este caso también existen hostigamientos y amenazas directas a defensores y a personas migrantes y, a pesar de la presentación de pruebas, como imágenes de las cámaras de video vigilancia, las denuncias no proceden ni en Chiapas, ni en Tabasco.

Victor Hugo López, Secretario Ejecutivo de la Red TDT, agregó que en la documentación de hechos y acompañamiento que realizan entre organizaciones notan que las Fiscalías a nivel estatal y federal niegan la atención, “se avientan la bolita”.

“Dentro del ámbito jurisdiccional no quieren asumir ni hacerse responsables de las denuncias que se interponen” y, en mucho caso, tampoco levantan registro de atención o de actas administrativas.

Durante este año, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano también registró violencia contra defensores de los derechos humanos que documentan el tránsito de personas en movilidad en Chiapas.

El año pasado, México recibió, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un total de 131 mil 448 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado: Haití (51,827), Honduras (36,361), y Cuba (8,319). Las mujeres representaron el 41.06%.[:]

[:es]Por Luis Ovalle y Francisco Simón

La empresa Energía y Renovación, S.A. demandó al Estado de Guatemala a nivel internacional porque sus proyectos hidroeléctricos de sus empresas subsidiarias Generadora San Mateo y  Generadora San Andrés, ubicados en la microrregión de Yichk’isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán se encuentran suspendidos por la falta de una consulta comunitaria para los pueblos indígenas ahí asentados y porque no fueron reconocidos como pueblos originarios. La empresa pretende operar a 470 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.

De acuerdo con la información, dada a conocer este miércoles 1 de diciembre en medios locales, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), registró el 15 de noviembre de 2021 una solicitud de arbitraje en contra del Estado de Guatemala, presentada por la empresa Energía y Renovación Holding, S.A, registrada en Panamá. Lo irónico del caso es que Energía y Renovación SA es una empresa Guatemalteca “cuya misión es trabajar para el desarrollo energético del país”, explica la página de la Asociación Nacional del Café  Anacafé.

En una publicación de Prensa Libre, el ministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel, dijo que Guatemala no puede ser culpable de lo que señala la empresa, por la oposición de una comunidad, cuando “hay evidencia de que el proyecto fue aprobado de forma legal, con permisos”. En su criterio, esos problemas se pueden resolver con la intervención del Ministerio de Economía, que deberá contratar a un despacho internacional de abogados, así como la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El funcionario resaltó la legalidad de los permisos otorgados a la empresa, a pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas en cuanto a la construcción de proyectos de carácter extractivistas en sus territorios. Esta “legalidad” ha sido duramente cuestionada por las comunidades del pueblo Maya Chuj, Q’anjob’al y mestizas de la microrregión de Yich’Kisis  y de los municipios norte de Huehuetenango. La CC decidirá sobre legalidad de la licencia ambiental de la hidroeléctrica Pojom II

La empresa Energía y Renovación, sufrió un duro revés cuando el pasado 13 de octubre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), publicó el Informe de Verificación de la Observancia de los Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A. El informe enfatiza que el Banco Interamericano de Desarrollo BID desconoció la presencia de pueblos indígenas en la microrregión de Yichk’isis, al financiar dos proyectos hidroeléctricos solicitado por esta empresa. La empresa prácticamente mintió sobre los pueblos originarios históricamente asentados en esta municipio.

Ante esto, el MICI recomendó al BID retirar la inversión mediante una “salida responsable”, que priorice a las mujeres de la comunidad. Señala, además que los proyectos impactaron de manera diferenciada a mujeres y niñas de la microrregión en términos de prácticas tradicionales, participación equitativa y violencia de género.

Asimismo, reconoce que generó impactos ambientales y que no se garantizó el acceso a la información a las comunidades, que los proyectos representan un riesgo de conflictividad y violencia hacia las comunidades y no al contrario, como se ha hecho creer. Dicha empresa es propiedad de la Corporación Castillo Hermanos, afirma El Observador. Dentro de esta corporación y con intereses dentro de las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán se señala a los Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), como afirmaron unas 70 organizaciones en un comunicado de Front Line Defenders FLD en 2018.

En enero de 2020, a pocos días de haber tomado posesión de la presidencia, Alejandro Giamamttei, sus ministros, la Fiscal General del MP, Consuelo Porras acudieron a San Mateo Ixtatán centro, para firmar un supuesto acuerdo de Paz, promovido por la empresa Energía y Renovación SA, la Municipalidad y varias empresas contratadas para realizar acciones en esta municipio. Giammattei crea comisión de “Paz” para promover megaproyectos en San Mateo Ixtatán

Entérese más aquí:

Las hidroeléctricas y el préstamo

Las operaciones de préstamo a la Generadora San Mateo S.A. (GSM) y a la Generadora San Andrés S.A. (GSA), financian la construcción de dos proyectos hidroeléctricos al filo de agua con capacidad de 20 MW y 10.65 MW, respectivamente. La hidroeléctrica GSM utilizaría las aguas de los ríos Negro y Pojom con capacidad de generación de 120.087 MWh por año, con dos turbinas de 10 MW cada una. Mientras que, GSA utilizará las aguas de los ríos Primavera, Varsovia y Tercer Arroyo con capacidad de generación de 44.300 MWh por año, con dos turbinas de 5 MW cada una.

Las hidroeléctricas, ubicadas en forma adyacente en San Mateo de Ixtatán, son desarrolladas por la empresa Energía y Renovación S.A., Cliente de BID Invest, y su construcción se planificó de forma simultánea.

El 25 de septiembre de 2013 el Directorio Ejecutivo de la entonces Corporación Interamericana de Inversiones (CII), ahora BID Invest, aprobó las dos (2) operaciones de préstamo en apoyo a los Proyectos.

San Mateo Ixtatán, en defensa de los ríos

San Mateo Ixtatán, un municipio de habla Chuj, en la frontera de Guatemala con México, se encuentra situada la microrregión de Yichk´isis, habitada por cuatro pueblos indígenas originarios, con un territorio rico en recursos naturales que sorprende por la cantidad de ríos y bosques que conviven con ocho comunidades y cuatro caseríos que conforman la microrregión.

La empresa Energía y Renovación, S.A logró las licencias municipales para las dos plantas de hidroeléctricas entre julio y agosto de 2011. Desde ese entonces, el desarrollo que ofreció nunca llegó a las comunidades, el escenario de vida para los pobladores se encuentra entre la violencia y el conflicto social. Las aldeas se dividieron entorno a los proyectos, algunas autoridades locales fueron cooptadas para respaldar el trabajo de la empresa y persiguieron con discursos contrainsurgentes a quienes se oponen a la construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés.

Los opositores exigían ser consultados sin embargo, algunos fueron perseguidos penalmente, como el caso de Julio Gómez Lucas, autoridad Chuj, que fue enviado a juicio de debate oral y público por dos delitos en abril de 2021, y otros asesinados por manifestar su oposición a las hidroeléctricas, como ocurrió con Sebastián Alonzo Juan de 72 años, asesinado por la seguridad privada de la empresa en enero de 2017, en las orillas del río Negro.

En 2014 con el visto bueno del expresidente, Otto Pérez Molina, llegaron a esa región una base militar del ejército y una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) para apoyar a la empresa y reprimir a la población opositora a la construcción de hidroeléctricas.

La empresa recibe financiamiento del BID a través de fondos destinados para el desarrollo de generación de energía renovable, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco de cooperación alemán KFW, según fuentes consultados de NISGUA.

De ser así, BID Invest deberá preparar, en consulta con las comunidades, un plan de transición orientado por los principios de no hacer daño, transparencia y responsabilidad.

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