^{Por Camila Parodi para la agencia de noticias BiodiversidadLA / Foto de portada por Marcha Noticias}

El campamento “Wagueira Lee”, de la comunidad garífuna, está ubicado en la zona de Roatán, en Honduras. Es una recuperación comunitaria de tierras ancestrales que hace parte del proceso de supervivencia de la cultura y defensa de los territorios garífunas, contra el avance de la destrucción de la naturaleza y la vida. Entrevista a Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

La comunidad garífuna, que habita los territorios que preexisten al Estado hondureño, avanza firme en la recuperación de sus tierras ancestrales. Siglos de violencias y diferentes intentos de sometimiento se replican desde la conquista europea hasta la actualidad. Hoy, sus territorios rodeados de palmeras, selva, arena y agua cristalina, son codiciados por las empresas de turismo, así como por la industria palmera. Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denuncian amenazas permanentes.

Si bien en su plataforma electoral la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, habló sobre el respeto a las poblaciones indígenas del país centroamericano, las comunidades denuncian que, en los hechos, los atentados contra su soberanía territorial, cultural y política continúan. En ese marco, las comunidades garífunas organizan procesos de recuperación de la tierra para asentar a las nuevas generaciones y garantizar la supervivencia de su cultura ancestral.

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Desde el mes de septiembre, integrantes de la Aldea Garífuna del Municipio de José Santos Guardiola, en las Islas de la Bahía, comenzaron la recuperación de una parte de su territorio ancestral. La ocupación “Wagueira Lee” (que significa “Esta es tierra nuestra”) toma el nombre del primer asentamiento garífuna de la zona, tras ser expulsados de la isla de San Vicente en 1791.

El pasado 7 de noviembre, un comando integrado por militares y policías desalojó violentamente a quienes allí se encontraban y detuvieron a seis personas, acusadas del presunto delito de “usurpación”; todo esto, sin respetar el convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Si bien el 25 de noviembre, las y los defensores obtuvieron el sobreseimiento definitivo, esta causa contra la recuperación “Wagueira Lee” evidencia la perspectiva que construye el Estado Hondureño sobre sus pueblos indígenas y los territorios que habitan.

La recuperación ancestral de los territorios por parte de las comunidades indígenas no es solo un derecho, sino que también es una acción constante de defensa de la vida, frente al modelo de muerte que insiste en mercantilizar y destruir la naturaleza. Los pueblos indígenas de toda la región construyen alternativas y nos enseñan, en sus prácticas cotidianas y de defensa de los territorios, que otra vida sin desigualdades, y en armonía con la naturaleza, es posible. Para conocer sus propuestas, la agencia de noticias BiodiversidadLA dialogó con Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Hemos visto que, durante el gobierno de Xiomara Castro, los desalojos y violencias contra el pueblo garífuna persisten. ¿Cuál es su lectura ante esta situación?

La situación es muy compleja. En el caso del desalojo, vemos cómo el aparato de la justicia de este país protege los intereses de los empresarios, de la gente que tiene el poder y el control económico a nivel nacional e internacional. Este juicio lo mostró con mucha claridad, se ven los vicios de nulidad: la fiscal que ordenó la captura de los compañeros y compañeras no estaba facultada para hacerlo y mucho menos la policía.

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Nosotros y nosotras creemos que este es un contexto muy difícil para el pueblo garífuna, para los pueblos que luchamos por los territorios, porque el poder de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público se muestran permanentemente contra nosotros y a favor de los empresarios que nos quieren desplazar. Sin embargo, estamos decididos a seguir denunciando este tipo de hechos. A su vez, entendemos que la Presidenta, como la comandante en jefe tanto de la Policía como del Ejército, podría haber detenido ese desalojo. No se puede desmarcar la responsabilidad de este nuevo gobierno.

¿Por qué es importante escuchar y conocer la mirada del pueblo garífuna para comprender la historia de Honduras?

En nuestro país se dieron sucesivos golpes de Estado, aunque mucha gente no lo recuerde. Los pueblos garífunas, así como otros pueblos indígenas, vemos con claridad esa continuidad de amenazas contra nuestra soberanía territorial. No fue solamente el golpe del 2009, nosotros hemos vivido tres golpes de Estado sucesivos: en 2009 sacaron al Presidente de la República; en 2012, el Congreso Nacional dio un golpe contra la Corte Suprema de Justicia y sacaron a varios magistrados que se oponían al proyecto de muerte de las Ciudades Modelos, hoy conocidas como “Zedes”; y el golpe electoral que nos dieron en 2017, cuando Juan Orlando Hernández se impuso, a través de la bota militar, para seguir siendo Presidente de la República.

Con este escenario, es muy claro que estamos hablando de una destrucción de la institucionalidad; no se rompió solamente la construcción de esa democracia incipiente, sino que se generó un Estado fallido y es eso lo que se muestra en este momento. Nosotros sabemos que debe haber interdependencia entre los poderes del Estado pero, también, tiene que haber Justicia. Nosotros no queremos y no pretendemos que no haya interdependencia, que haya un solo gobierno que controle todos los poderes, porque así lo hizo Juan Orlando Hernández.

¿Cuál es la exigencia del pueblo garífuna en este contexto?

Nosotros estamos exigiendo que haya Justicia para los pueblos, porque eso fue lo que prometió la Presidenta. Hoy nos encontramos en una situación muy difícil para el pueblo garífuna, porque las empresas y el poder económico quieren avanzar sobre nuestros territorios.

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La situación es bastante grave porque son quienes controlan el país. Entonces, estamos entrando a una etapa diferente, porque quieren hacer desaparecer a nuestra comunidad. Nosotros hemos venido luchando y construyendo procesos genuinos y colectivos. Porque también, y quiero decirlo claramente, estos procesos supuestamente “democráticos” que se vienen impulsando por el actual gobierno atentan contra la vida del pueblo, contra la Soberanía Alimentaria y contra nuestra organización.

¿Cuáles son las propuestas cotidianas con las que OFRANEH construye alternativas a las planteadas por el gobierno?

Desde OFRANEH no defendemos solamente los derechos de los pueblos indígenas, mediante lo que es la movilización y la posibilidad de poder acudir a instancias internacionales. También estamos construyendo autonomía y autogestión comunitaria frente al capitalismo voraz, que destruye la naturaleza. En ese contexto, nosotros hemos construido el primer proceso para la producción masiva de cocoteros, en un territorio donde tenemos a nuestro alrededor las palmas africanas. Tenemos ese proceso comunitario no solamente para recuperar la dieta alimenticia del pueblo garífuna, sino también para generar autonomía y fortalecer la Soberanía Alimentaria, y que las comunidades puedan producir sus propios alimentos. Eso es lo que estamos haciendo ahora en la zona de Vallecito, un proyecto que no sólo produce coco conífera, sino que también lo estamos combinando con la producción de tubérculos, como la yuca, que es la base alimenticia del pueblo garífuna.

Las comunidades indígenas ponen la vida en el centro. Por eso es imprescindible, sobre todo frente a una crisis climática sin precedentes, conocer sus expresiones y propuestas de organización y vida social. ¿Qué lectura hacen de la crisis climática desde el territorio garífuna y cuáles serían las propuestas reales que podrían ponerle un freno?

No podemos perder de vista que este modelo y este sistema capitalista acumulador pone el capital por sobre la vida humana. Está poniendo en riesgo a toda la humanidad, y eso lo sabemos muy bien. Atenta contra la alimentación, la salud y las necesidades básicas del pueblo, ya que se han convertido en mercancías. La persona que tiene dinero puede tener acceso a la salud. Se pone en riesgo la vida humana porque la salud se ve como una mercancía, se ha generado una industria farmacéutica acumuladora de capital que pone al negocio por sobre la salud, que es un derecho humano.

Por eso, nosotras y nosotros creemos que son un fracaso absoluto las Cumbres Climáticas que se han venido dando, porque no solamente no se toman decisiones para reducir la emisión de gases y la polución, sino que tampoco se toman decisiones radicales que permitan hacer respirar al planeta. Para nosotras y nosotros hay que trabajar sobre el consumo desmedido de todo lo que daña el planeta y la naturaleza, como el plástico, por ejemplo. Si no se toman decisiones radicales y se sigue poniendo al capital por sobre la salud humana, vamos a perecer y a desaparecer como humanidad, pero la tierra se va a regenerar.

Con 11 periodistas asesinados en lo que va del año 2022, México ocupa, por cuarta ocasión consecutiva, el primer lugar entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel global.

El dato es parte del balance realizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización que desde 1995 lleva un registro anual sobre los ataques a periodistas en todo el mundo.

Los asesinatos de comunicadores en México aumentaron en comparación con 2021 cuando se registraron 7 homicidios, con lo cual la cifra de este año en el país latinoamericano representa una quinta parte del total de muertes de periodistas en todo el planeta.

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“En los últimos diez años, al menos 80 periodistas han sido asesinados en México por ejercer su profesión, a pesar de las presiones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, como RSF, para que el Gobierno luche con mayor eficacia contra esta violencia”, señala la organización que ha denunciado los casos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además del registro de RSF, otras organizaciones e instituciones manejan datos disímiles. Por ejemplo, la organización Artículo 19 registra en 17 el número de asesinatos de comunicadores en México para este 2022. Según la ONG internacional, desde el año 2000 hasta la actualidad, en el país se han registrado 156 asesinatos de periodistas.

En contraste, desde marzo de 2022, cuando ya habían sido asesinados ocho comunicadores, el coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque, informó que, desde 2006 y hasta ese momento, se contabilizaban 252 homicidios, 55 de los cuales habrían ocurrido en los últimos cuatro años.

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Cabe recordar que RSF también registra las desapariciones forzadas, de las cuales ocurrieron dos en México durante 2022. Uno de los casos es el de Roberto Carlos Flores Mendoza, de 41 años, desaparecido el 20 de septiembre.

Mendoza es fundador del portal de noticias Chiapas Denuncia Ya, medio que era conocido “por investigar los abusos de las autoridades locales y por publicar las quejas de los ciudadanos. Este nuevo caso eleva a 27 el número de periodistas desaparecidos en México”, detalla RSF.

Christopher Resch, experto de RSF destaca que incluso a pesar de las medidas tomadas a nivel estatal, “no sucede prácticamente nada” para detener la ola de violencia contra los periodistas y lo ejemplifica con lo que sucedió a inicio del 2022, cuando en enero fueron asesinados tres hombres y una mujer periodistas.

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Para RSF es patente que los mecanismos de protección a periodistas “han dejado patentes sus limitaciones” como en el caso de la periodista Lourdes Maldonado López, quien era beneficiaria de las medidas de protección y a pesar de ello fue asesinada en Tijuana, al norte del país, el 13 de enero de este año.

^{En portada: Manifestantes en el 41 aniversario de la masacre de El Mozote en El Salvador}

Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Mozote, acompañados de oganizaciones salvadoreñas de derechos humanos, realizaron manifestaciones para reclamar el fin de la impunidad para los responsables de la que es considerada una de las mayores masacres ocurridas en Latinoamérica.

Según un Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas del año 1993, entre los días 9 y 13 de diciembre de 1981, miles de elementos del Ejército salvadoreño ejecutaron la “Operación Rescate”. Encabezados por el batallón Atlacatl, entrenado por EEUU, el despliegue militar ocurrió en poblaciones del noreste del departamento de Morazán con el pretexto de buscar un campo de entrenamiento guerrillero.

Acorde a registros del país centroamericano aquella incursión militar saldó con por lo menos 1,730 víctimas. De ellas, 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las víctimas y 29 fueron desplazadas forzadamente por la violencia.

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Para el año 2017, el gobierno de El Salvador reconoció que de entre las personas ejecutadas, 558 eran niños quienes fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes. Además, 712 personas que sobrevivieron al ataque huyeron a diferentes regiones del país y hacia Honduras para evitar ataques futuros.

“Los asesinos quieren que olvidemos para garantizar su impunidad” y “Ayudemos a romper las cadenas de la impunidad”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes en el 41 aniversario de la matanza ocurrida a menos de 200 kilómetros de la capital del país.

Las jornadas para conmemorar la masacre iniciaron el sábado (10) con una caminata desde la población de Arambala hasta El Mozote. Ahí las personas colocaron ofrendas florales en el monumento donde están escritos algunos de los nombres de las víctimas.

Amnistía inconstitucional

Hasta el día de hoy, ni una sola persona ha sido juzgada por los graves crímenes cometidos en El Mozote y otras regiones de El Salvador durante la guerra civil entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Entre los años 1980 a 1992, se registraron más de 75,000 muertos, 7,000 desparecidos y miles desplazados por la violencia que llegó a un cese de fuego con la firma de la paz en 1992. Para 1993, la Comisión de la Verdad de la ONU informó que las fuerzas militares, así como escuadrones de la muerte respaldados por el gobierno, habían cometido el 85% de las violaciones a derechos humanos.

Días después de la difusión de esta información, la Asamblea Legislativa salvadoreña, en aquel momento dominada por el partido derechista ARENA, aprobó la Ley de Amnistía de 1993 la cual impedía la investigación, el procesamiento y el encarcelamiento de los responsables de crímenes de guerra.

No fue hasta el 8 de marzo de 2011, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditara la responsabilidad de los ataques al Estado de El Salvador por numerosas violaciones a los derechos humanos, cuando se promovió el enjuiciamiento de los responsables por las masacres.

Para octubre de 2012, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que condenó al Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote y ordenó una serie de medidas para reparar los daños causados. Ya en julio de 2016, la Corte salvadoreña declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, permitiendo con ello la reapertura del caso en los tribunales del país centroamericano.

Contrainsurgencia promovida por EEUU

La masacre de El Mozote aconteció apenas siete semanas antes de que la administración del presidente norteamericano, Ronald Reagan, tuviera que presentar al Congreso de los EEUU una certificación de cumplimiento de los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño.

Para Reagan, El Salvador representaba un frente contra el avance del comunismo en Latinoamérica, por lo cual su gobierno se había comprometido a mantener la ayuda militar para el país centroamericano. De acuerdo a Terry Karl, profesora de estudios latinoamericanos de la universidad de Stanford, esto llevó a la administración de Regan a realizar un “sofisticado encubrimiento” de la masacre de El Mozote.

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En un testimonio de abril de 2021, Karl reveló que el gobierno de Estados Unidos ocultó la presencia de el sargento mayor Allen Bruce Hazelwood, asesor militar estadounidense en Morazán, junto con el coronel Domingo Monterrosa cuando comenzó la masacre.

Como parte del encubrimiento también se involucraron el entonces Secretario de Defensa Casper Weinberger y Colin Powell, ex asistente militar de alto rango. En 1983, Powell y Weinberger formaron parte de una misión de investigación en El Salvador que concluyó que Estados Unidos debía seguir entrenando y financiando al ejército salvadoreño aún después de que el ejército salvadoreño, con ayuda estadounidense, masacrara a civiles en El Sumpul y en El Mozote.

Entre los años de 1980 y 1982, la ayuda militar estadounidense a El Salvador aumentó de 6 a 82 millones de dólares, lo cual alentó una campaña de tierra arrasada que derivó en la matanza de civiles, perpetrada por batallones salvadoreños de élite creados y entrenados por Estados Unidos.

Estado incumplió

En los actos para recordar el 41 aniversario de la masacre de El Mozote estuvo presente la procuradora salvadoreña de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Recién electa en octubre de 2022, y sobre quien pesan acusaciones por nepotismo, su actuación ha restado importancia a las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción que vive El Salvador desde marzo de este año.

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Presente ante organizaciones y sobrevivientes de la masacre, la funcionaria reconoció queel Estado salvadoreño incumplió con la misión de investigar las masacres y sancionara las personas responsables.

Desde el 9 de junio de 2017, el caso de la Masacre de El Mozote se encuentra en la fase de investigación en un tribunal de San Francisco Gotera, al oeste del país, desde donde se ha convocado a más de 40 testigos.

En 2021, una reforma del presidente Bukele a la Ley de la Carrera Judicial, la cual cesa a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, separó al juez Jorge Guzmán Urquilla, quien conducía la causa penal por la masacre de El Mozote, estancando con ello el proceso aún a pesar de las múltiples pruebas acusatorias.

La causa penal a cargo de Guzmán contra más de una docena de mandos militares, incluidos algunos miembros de la cúpula militar de la época, estaba a punto de pasar a juicio. Pese a que la causa fue retomada por la jueza Mirtala Portillo, el proceso no avanza.

De acuerdo con medios locales, en el caso se encuentran imputados 15 militares retirados. Pese a que, en un principio eran 17, tres de ellos fallecieron y posteriormente uno más fue imputado. Entre el grupo de militares implicados se encuentra el ministro de Defensa, José Guillermo García, condenado en Estados Unidos y deportado a El Salvador y Jesús Gabriel Contreras, ex jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército.

“En este tiempo, a 41 años, seguimos pidiendo justicia (…) creemos que este año ha sido bien complicado y que es el momento que, no solo El Mozote y la Asociación, sino que El Salvador entero pueda alzar la voz y pedir justicia sobre el caso”, detalló para medios internacionales Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y cuya hermana de 12 años fue asesinada.

^{En portada: Miembros de la comunidad de El Rebollero participan en un homenaje al activista Samir Flores, asesinado en 2019. Los pobladores zapotecas resisten ataques de paramilitares que pretenden abrir paso a la minería en San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.}

El estado de Oaxaca se ha convertido en el estado más peligroso para las y los defensores de derechos humanos en el país. Con un registro de 34 crímenes, las agresiones en el estado al sur de México provienen principalmente de autoridades locales.

Según la organización Servicios para una Educación Alternativa, la mayoría de los ataques sucedieron en las regiones Costa y Mixteca, en un contexto de “violencia alimentada por la complicidad entre poderes fácticos y autoridades locales (emanados de todos los partidos y también del sistema normativo interno)”.

Destacan las agresiones contra defensores que estaban involucrados en procesos de defensa del territorio frente a inversiones y proyectos de desarrollo. De acuerdo a la organización, el 91% de los defensores violentados pertenecía a un pueblo indígena.

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Estos homicidios corresponden al periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a partir de diciembre de 2018 y hasta noviembre del 2022, años en los que se registraron 141 asesinatos de personas. De las víctimas se desprende que 19 eran mujeres, 8 personas de la diversidad sexual, así como 114 hombres.

Estados de la misma región al sur de México también muestran un alto nivel de agresiones contra defensores. En Guerrero sucedieron 25 asesinatos y en Chiapas se registraron 14 homicidios. Destaca también el estado de Chihuahua, al norte del país, con 10 personas defensoras asesinadas en ese mismo lapso.

A los homicidios defensores de derechos humanos se suma la desaparición de 17 personas en los mismos cuatro estados.

“En 2021, en Chihuahua hubo 10 personas desaparecidas, siete indígenas yaquis y tres trabajadores de ranchos. En Guerrero, Vicente Suástegui lleva más de un año desaparecido. Y en Oaxaca no se sabe nada de Claudia Uruchurtu, desparecida en de Nochixtlán, ni de cuatro defensores del bosque de San Esteban Atatlahuca, incluida la ambientalista Irma Galindo”, contextualiza la organización mediante comunicado de prensa.

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De la violencia a nivel nacional, los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua suman a más de la mitad de asesinatos, ejecuciones y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos.

“Es importante mencionar que, la gran mayoría de los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales ha quedado en total impunidad, por lo que el ciclo vicioso de la violencia se sigue acelerando”, enfatiza la organización de derechos humanos.

El gobierno de Xiomara Castro, en Honduras, decretó estado de excepción en el país a partir del día 6 de diciembre, extendiendo por 30 días. La decisión fue justificada por las autoridades hondureñas como una medida para enfrentar la situación de inseguridad actual que vive el pueblo hondureño.

Por medio de un decreto, la presidenta de Honduras suspende seis derechos garantizados en la Constitución del país, entre ellos la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio.

El estado de excepción rige sobre los municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde 89 y 73 barrios respectivamente están siendo intervenidos. En un primer momento 600 policías fueron desplegados. A lo largo de los días, la cantidad de efectivos involucrados en los operativos, incluidos oficiales de la policía militar, ascenderá a 20 mil, organizados en turnos rotativos.

Diversas organizaciones en Honduras han manifestado su rechazo a la decisión presidencial.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) sostuvo que un estado de excepción en manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras, “ejes fundamentales del golpismo y el régimen de Juan Orlando Hernández (expresidente del Honduras), y que no han sido reformados ni refundados, otorga más poder a instituciones que han demostrado su captura por estructuras mafiosas y criminales y que pone en riesgo la protección y seguridad del pueblo hondureño”.

De acuerdo con la organización, la lucha contra la inseguridad debe pasar por desestructurar las finanzas de grupos criminales que pasan por los bancos nacionales, así como sus vínculos con terratenientes y grupos de poder, así como con las mismas fuerzas de seguridad del Estado. “La historia nos ha demostrado que las políticas de seguridad con un enfoque represivo generan graves violaciones a los derechos de las comunidades pobres en manos de estructuras mafiosas y criminales de la Policía y el Ejército”, señala Copinh en un comunicado.

Recuerdan que la estructura criminal que realizó el operativo de asesinato de Berta Cáceres surgió desde el interior de las Fuerzas Armadas de Honduras, en especial el 15to batallón del ejército y estas estructuras siguen impunes.

Para la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, el estado de excepción “es una respuesta racista que discrimina y estigmatiza la pobreza, que afecta directamente a las mujeres, niñez y grupos más vulnerables de los barrios y colonias a los que han aplicado esta medida”.

La asamblea sostiene que el estado de excepción no es un plan integral para los problemas de las Maras en Honduras ni en otro país de Centroamérica. “Nosotras sabemos que las maras no se crearon en nuestra región fueron importadas desde Estados Unidos resultado de la exclusión social, crecimiento urbano rápido y sin planificación, inmigración desordenada, extrema pobreza y falta de oportunidades, a las que se añaden xenofobia y racismo”.

La demanda de Copinh es que el Gobierno de Castro genere una política integral de seguridad ciudadana, que garantice el respeto de los derechos humanos y la eliminación de las estructuras criminales económicas y empresariales que sostienen los fenómenos de los grupos ilegales armados que azotan al pueblo de Honduras.

El Salvador

La Oficina en Washington para Asunto Latinoamericanos (Wola) hizo un llamado público para que Honduras no siga los pasos de Guatemala y El Salvador, quienes han gobernado bajo estados de emergencia o regímenes de excepción nacionales o focalizados sin velar por el respeto a los derechos humanos, especialmente de la población más vulnerable como las mujeres y los pueblos garífunas e indígenas.

La decisión de Honduras sigue a la deEl Salvador, donde este marzo el presidente Nayib Bukele dispuso la misma medida a fin de reducir los crímenes de las pandillas.
Desde entonces, ya se han aplicado ocho extensiones del decreto y se ha capturado a más de 58 mil personas.

Organizaciones y familiares de los detenidos han denunciado diversas violaciones de derechos humanos y arrestos sin fundamentos.

Este lunes (5), mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el comandante de la Guardia Nacional (GN), Luis Rodríguez Bucio, anunció la entrada en operaciones de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI).

Según argumenta Bucio en el acuerdo, el establecimiento de la FERI responde a la necesidad de mejorar el funcionamiento de la GN para ejecutar operaciones de alto impacto en funciones de seguridad pública, destacando su responsabilidad de “garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social en el territorio nacional”.

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La unidad de élite de la GN está compuesta por 500 elementos y su mando operativo lo ejercerá el Comandante de la Guardia Nacional a través de la Jefatura General de Coordinación Policial, órgano técnico quien realiza la coordinación operativa, logística y administrativa de las unidades de dicha institución.

Entre las facultades de la FERI destaca el resolver situaciones de alto riesgo; traslado de reos de alta peligrosidad y proporcionar seguridad en eventos especiales (reuniones de alto nivel, eventos diplomáticos, culturales y/o deportivos de carácter internacional) y a altos funcionarios.

Otras de sus atribuciones son las de brindar apoyo a las autoridades ministeriales para la cumplimentación de órdenes de detención y técnicas de investigación (cateos); así como llevar a cabo operaciones sorpresivas y de corta duración en zonas urbanas de alta incidencia delictiva.

Según ha documentado este medio, organizaciones sociales y civiles, así como expertos en materia de seguridad, han alertado sobre la profundización de la militarización de la seguridad pública en México.

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Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), remarca que el poder de las Fuerzas Armadas en México se ha incrementado a niveles hasta hace poco impensables. “Más de 10 cambios legales recientes otorgan mayor poder al Ejército sin que a la par se estén diseñando controles civiles externos robustos para la rendición de cuentas y sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación priorice la resolución de los asuntos pendientes que están bajo su análisis respecto de este tema. En este 2022 que acaba se añadieron dos reformas adicionales, de muy hondo calado: la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena y la ampliación hasta 2028 de la intervención de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública”, sostiene para medios nacionales.

La reacción ante estas reformas repercutió incluso en organismos supranacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien envió una carta para solicitar al gobierno mexicano frenar los cambios legislativos por considerarlos “inconstitucionales”.

“El avance de estas iniciativas significa un ataque en contra del principio de supremacía constitucional”, sostuvieron los expertos de Naciones Unidas, quienes también acusaron que las reformas recién aprobadas autorizan “abiertamente” a las Fuerzas Armadas a desobedecer la constitución.

Contradicciones

Por otra parte, el mismo lunes (5) se difundió el decreto por el cual se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) para el periodo 2022-2024.

En el documento se establece como eje principal de la estrategia, “cambiar el paradigma de seguridad que ha imperado en sexenios anteriores”, pues considera que necesita incorporar enfoques transversales para dirigirse a la raíz de la “aguda crisis que enfrenta el país en esta materia y a la plena incorporación de la perspectiva de respeto a las libertades y a los derechos humanos”.

En el análisis de la situación de seguridad actual, el PNSP argumenta que la llamada “guerra contra el crimen organizado” de administraciones pasadas no mejoró las condiciones de paz en el país y, al contrario, resultó en más de 240 mil víctimas de homicidios dolosos y otros fenómenos como la desaparición forzada de personas.

Pese a este escenario, el mismo PNSP establece que una de las metas para lograr la “pacificación” del país es la necesidad de “contar con la presencia de la GN en todo el territorio para coadyuvar en acciones de seguridad que impacten en la contención de la delincuencia y la violencia en las regiones del país”.

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Más aún, en el recién PNSP aprobado, se suman otras atribuciones a los elementos de la GN. Es el caso de la coordinación entre esta corporación policiaca-militar con otras instituciones de seguridad para reforzar la vigilancia dentro y fuera de los centros penitenciarios federales.

El PNSP también promueve la consolidación de la Unidad Policial Especializada en la Investigación del lavado de dinero (Guardia Financiera), la cual se argumenta en el documento que permitirá “debilitar los esquemas financieros de las organizaciones criminales”.

Cabe destacar que, a pesar de su creación en 2019, el PNSP reconoce que la GN aún mantiene pendiente la implementación de “mecanismos de supervisión de la actuación policial para evitar actos de corrupción y garantizar su desempeño con respeto a los derechos humanos”.

Entre las acciones aún por concretar que se desprenden de esta estrategia se encuentran la implementación de mecanismos de denuncia ciudadana para reportar actos de corrupción en la Guardia Nacional, así como atender las recomendaciones y sentencias emitidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

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De acuerdo a registros de la GN, a diciembre del 2020 sus elementos se encontraban desplegados en 200 regiones del país. Conforme a lo establecido en el PNSP 2022-2024, “como parte de la estrategia para la pacificación del país”, la meta es que sean desplegadas unidades en 66 regiones adicionales de mayor incidencia delictiva, en las cuales se establecerán unidades de la GN, y serán las áreas geográficas que servirán de base para su despliegue en el territorio nacional.