resistencia
(Español) Jujuy: crónica de una pueblada en defensa de la vida y la dignidad
Nota elaborada y publicada por Noelia Carrazana para Red Eco Alternativo y Mink’a Comunicación.
Foto: Imagen Cítrica
A 15 días de comenzadas las diferentes movilizaciones en la provincia de Jujuy, este lunes el gobernador Gerardo Morales manifestó en conferencia de prensa que va a retirar los artículos 36 y 60 de la reforma de la Constitución, textos que afectan directamente a la vida y a la posesión de los territorios de las comunidades indígenas.
El mandatario también expresó que van a mantener los artículos que limitan la protesta social, indicando que ya existe el derecho a circular (garantizado por la Constitución Nacional) y volvió a mencionar que cada persona que participó en la protesta pagará una multa de un millón y medio de pesos. Es decir, está “garantizado” el derecho a protestar, pero hay que ser millonario para hacerlo.
En respuesta a estas declaraciones, desde diferentes comunidades indígenas solicitaron que para este martes se intensifiquen los cortes de ruta. Desde Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), se invitó a todos los afiliados a continuar las medidas de fuerza con cortes en todas las rutas de la provincia, tal como lo vienen haciendo en los últimos días.
A través de comunicados emitidos luego de la conferencia de prensa, aclararon que «la lucha que llevamos adelante no es por uno o dos artículos, sino contra toda la reforma de la constitución provincial».
Pero… ¿Qué está pasando en Jujuy?
El día 5 de junio, el Congreso Provincial de Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) convocó un paro en toda la provincia, para nivel inicial y primario en todas sus modalidades, en rechazo al aumento del 10% por el mes de mayo.
El 9 de junio se realizó una multitudinaria Marcha de Antorchas convocada por los gremios de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Las manifestaciones se replicaron en las localidades de El Carmen, Monterrico, Tilcara, Humahuaca, Perico, La Quiaca, Libertador San Martín y otras localidades de la provincia en un reclamo unánime de aumento salarial. A estas movilizaciones se unieron los empleados municipales, policía en retiro y trabajadores feriantes que vienen sufriendo violentos desalojos con quita de sus productos en pos de “un Jujuy ordenado y limpio”.
El mismo día a través del Decreto Acuerdo Nº 8464-G/2023, el gobernador Gerardo Morales modificó el artículo 113 del Código Contravencional de Jujuy para aumentar las sanciones a las personas y organizaciones que participen de alguna protesta o movilización social, con el argumento de «garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación». Esto se vivió como una coacción ya que las cifras a pagar son altísimas, pero lejos de desistir en la lucha la ciudadanía siguió movilizada.
El 14 y 15 de junio, con el cántico “Abajo la reforma, arriba las wiphalas”, las comunidades indígenas de varias localidades comenzaron una caminata denominada “Tercer Malón de La Paz” hacia la capital provincial para mostrar su rechazo a la reforma inconsulta de la Constitución Provincial, que estaba gestando Gerardo Morales a puertas cerradas.
El jueves 15 a la noche se aprobó la reforma a la Constitución Provincial, siendo ésta la gota que hizo explotar la bronca del pueblo jujeño.
El viernes 16 llegó el Malón de La Paz a San Salvador y ahí, después de 8 años sin medidas de fuerza, miles de personas inundaron las calles. “Nunca estuvimos en un reclamo con las comunidades indígenas, ellos hace rato que denuncian los atropellos en sus territorios, pero no recuerdo haber estado en una movilización donde estemos tantos gremios junto a las comunidades”, explicó con emoción Elena, docente de nivel secundario de San Pedro de Jujuy.
El sábado 17 Jujuy se despertó con cortes de ruta en varios puntos de la ruta 9 que tiene como trayecto la ciudad capital hasta la Quiaca, ciudad fronteriza con Bolivia. Para desalojar y desmovilizar, la orden fue: represión feroz. Dejó varias personas pertenecientes a comunidades indígenas heridas de gravedad, un adolescente perdió un ojo y todavía existen denuncias de personas que se les desconoce el paradero, ya que no han sido encontradas por sus familias en los hospitales o salitas de emergencia cercanas.
“Lo que más me dolió fue ver como sacaron todas las pertenencias de los que estábamos movilizados, tiraron la comida que las mujeres estaban preparando en los cortes, no les importó las mujeres, niños, ni ancianos”, contó Gumersindo que estaba en un corte en una localidad cercana a Purmamarca.
Hace un mes fueron las elecciones en Jujuy y allí además de elegir un nuevo gobernador también se eligieron intendentes, diputados, concejales y convencionales constituyentes para la reforma parcial de la Constitución. Carlos Sadir, perteneciente al partido de Morales consiguió el 49% de los votos, mientras que el Frente Justicialista y el Frente de Izquierda (FIT) se disputan el segundo lugar. La participación electoral fue de un 60%, es decir que casi la mitad de los ciudadanos habilitados para votar decidieron no participar.
Estas elecciones estuvieron teñidas por varias denuncias de fraude, pero de todos los actores políticos de argentina solo el FIT y Juan Grabois denunciaron el fraude, el resto del espectro político e incluso los dirigentes de mayor peso del peronismo enviaron sus felicitaciones al nuevo ganador, legitimando así la elección.
Luego de estas elecciones Morales siguió conservando su poder de mando, no solo en la provincia, sino que desde hace varios años ya es una figura de renombre nacional y desde 2021 – cuando fue elegido el presidente del Partido Radical – esa cuota de poder se amplió. A principio de este año recibió el apoyo de su partido para ser uno de los candidatos a presidente en las próximas elecciones de octubre, por lo que desde hace tiempo, sus aspiraciones miran mucho más allá de su provincia.
Como todo patrón está acostumbrado a mandar y que se le obedezca, por lo que luego de la conferencia de prensa del día de este lunes circularon audios y capturas de pantallas por los grupos WatshAp de docentes jujeños donde se denunciaba “el ofrecimiento de 10.000 pesos a cada persona que asista el día martes 20 para la jura de la nueva Constitución Provincial”.
Reforma exprés de la Constitución
La propuesta de reforma era la modificación a 193 de los 212 artículos vigentes y los debates debían desarrollarse a lo largo de 90 días. Pero las reuniones de “debate” no fueron públicas, no hubo registro taquigráfico y no hubo audiencia a representantes sociales y/o ciudadanos.
El 1 de junio se conoció el proyecto que proponía recortar la libertad de expresión, eliminar las elecciones de medio término, dar mayoría automática en la Cámara de Diputados al Ejecutivo ganador y no reconocer los tratados internacionales a favor de las comunidades indígenas en las disputas territoriales.
En menos de tres semanas, sin debate, con reclamos de la oposición y manifestantes en las calles, se cerró la posibilidad de presentar dictámenes. El actual gobernador, Gerardo Morales – que también es convencional constituyente – ha contado con el apoyo del PJ local liderado por Rubén Rivarola para aprobar tanto la propuesta de reforma del pasado septiembre de 2022, como la actual.
Solo denunciaron estas maniobras la Izquierda, el ala disidente del justicialismo y la población que se ya se manifestaba en las calles.
Comunidades indígenas y el litio
La tierra jujeña tiene en sus entrañas abundantes minerales codiciados por las empresas multinacionales que por la legislación argentina pueden realizar minería a cielo abierto. Esto lleva a que sean tierras codiciadas por los gobernadores para venderlas al mejor postor. Particularmente lo que agudizó el avance violento y represivo del Estado hacia los territorios inhóspitos de Jujuy, donde están asentadas miles de personas de manera ancestral, es el nuevo oro moderno: el Litio.
Desde que llegó Gerardo Morales a la gobernación no tuvo empacho en tejer diferentes maniobras para conseguir financiamiento extranjero para explotar estos territorios. El año pasado incluso llegó a escribir un Twitter público al locuaz empresario Elon Musk: “Hola Elon, soy Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy (Argentina). Los dos proyectos de producción de litio más importantes del país se ejecutan aquí con una capacidad total de 80k toneladas por año y 20 k hectáreas de reservas de litio disponibles para explotar. Somos “Jujuy Verde”, es decir que la explotación del litio es uno de sus proyectos más ambiciosos de gobierno.
Pero además del Litio las comunidades reclaman obtener la titularidad de sus tierras a través del cumplimiento de la ley nacional de emergencia territorial N° 26160, la cual realiza el relevamiento de las tierras donde habitan estas personas. Entonces además de este histórico pedido, los principales reclamos del Tercer Malón de la paz son:
-Rechazo a la exploración y explotación del litio en la cuenca de Salinas Grandes.
-Rechazo a la reforma “inconstitucional”.
-Reconocimiento de los territorios donde habitan las comunidades.
-Renuncia de Gerardo Morales.
Salarios de hambre
En Argentina según datos de mayo del INDEC, la canasta básica fue de 203 mil pesos para que una familia no esté bajo la línea de pobreza. En esta provincia el sueldo promedio de un docente es de 54.831 por mes y según datos del Ministerio de Educación de la Nación, la provincia tiene uno de los cinco sueldos iniciales más bajos.
(Español) Pronunciamiento en repudio al lamentable comunicado de la CNDH
A todas las organizaciones sociales, colectivas y colectivos,
A las organizaciones que defienden los derechos humanos,
Al pueblo en general,
A los medios nacionales e internacionales,
Compañeras, compañeros, compañerxs, desde el plantón que hemos instalado la Comisión por la Libertad de Karla y Magda; Lourdes Mejía, integrante de la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia y mamá de Carlos Sinuhé (activista víctima de ejecución extrajudicial impune desde hace casi 12 años); la Unión de Lucha Anticapitalista (ULA), Disidencias y Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM y compañerxs de otros colectivos y organizaciones sociales como respuesta al hostigamiento judicial y la criminalización hacia nuestras compañeras por parte de la CNDH, damos respuesta al vergonzoso y visceral comunicado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha publicado esta mañana, dejando en evidencia, nuevamente, su insistencia en criminalizar a Karla y a Magda.
Esperamos que puedan difundir nuestra respuesta por la liberación absoluta de nuestras compañeras.
No entendemos cómo la CNDH habla de respeto a la manifestación cuando están intentando castigar a dos compañeras que son defensoras de derechos humanos quienes simplemente han ejercido su derecho a la protesta. Su comunicado evidencia la criminalización que pretende polarizar la opinión pública deslegitimando las protestas feministas, también muestra su estigma por la lucha social y el uso a modo del derecho internacional con respecto a la protesta social.
La CNDH no ha cooperado con las autoridades que menciona ya que de ser así hubiera seguido las indicaciones del juez a cargo del proceso, el cual indicó y llamó a las dos partes a encontrar una solución fuera del ámbito penal. La representante legal de la CNDH, Luciana Montaño Pomposo, se ha negado a seguir esta instrucción y ha exigido la prisión hacia nuestras compañeras en vez de entablar un diálogo y buscar una solución pacífica. La CNDH es la que señala y exige el proceso a la Fiscalía pues esta no investiga sin un denunciante, es la misma CNDH la que ha denunciado y busca convertir la protesta social en un delito.
Si hablan sobre los daños al edificio y los supuestos delitos que se han cometido, no entendemos por qué sí entablan acuerdos y perdón con personas que sí estuvieron en la toma del edificio mientras que a Karla y Magda se les niega el mismo trato jurídico.
A la CNDH no le corresponde decidir si se cometieron o no delitos en la Casa de Refugio Okupa Cuba, a la CNDH le corresponde defender el derecho a la presunción de inocencia, al estricto cumplimiento del debido proceso, a defender a las compañeras que fueron torturadas. Que no lo haga así es una muestra clara de su línea política y de la manera en la que busca criminalizar al movimiento feminista en general y a Karla y Magda, en particular.
Cuando la CNDH habla de que Karla y Magda enfrentan el proceso en libertad no es gracias a esta institución, esto obedece a que ellas no han sido vinculadas al proceso ya que el juez en audiencias ha solicitado el aclaramiento de las acusaciones, es decir en la carpeta de investigación no obra ningún prueba de la participación de Karla y Magda en los daños al inmueble.
En el mismo sentido de represión y criminalización, la misma CNDH ha intentado incluir en la carpeta de investigación fotografías de actos de protesta pacíficos realizadas en estos meses aún cuando Karla y Magda ni siquiera han estado presente.
Hacemos un llamado a la CNDH a revisar la ley internacional, ya que la Corte Interamericana ya ha sido explícita en que los Estados no pueden justificar el supuesto “orden público” para reprimir y criminalizar protestas. La misma CIDH ha señalado que sólo cuando las protestas ponen en riesgo el funcionamiento de una sociedad se puede intervenir y siempre evitando el uso de aparatos jurídicos y de brutalidad policial. Cualquier protesta realizada en estos días y meses jamás han puesto en riesgo el funcionamiento de la sociedad y mucho menos se ha utilizado armas. Para la CNDH nuestras “armas” son la dignidad, la justicia, la memoria, el amor, brochas, latas de aerosol, lonas y nuestra palabra
Hacemos un llamado a las instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales a cuestionar e interpelar a la CNDH ante esta lamentable actuación de persecución judicial, criminalización y toma de parte en la deslegitimación de la protesta social, su falta de respeto ante los derechos humanos procesales y su silencio ante la tortura que consta en el Protocolo de Estambul que ha salido positivo para Karla y Magda.
Esperamos que la CNDH enfoque los recursos del Pueblo -al que dogmática y retóricamente apela en su comunicado- en atender a las miles de víctima de este país que tienen en el olvido, en lugar de utilizar estos recursos en contra de un grupo de mujeres jóvenes que incomodan a un Estado misógino y feminicida.
Seguimos exigiendo que se retiren las acusaciones en contra de Karla y Magda.
De la misma forma exigimos que cese el hostigamiento, persecución y represión en contra de las compañeras víctimas Flora Marcelo Rojas y Laura Kabata que están plantadas hace más de 5 mesas en las afueras de Fix Zamudio quienes han sido golpeadas físicamente por su personal y protección federal por el hecho de exigir justicia para sus hija e hijo y quienes además enfrentan acusaciones judiciales en su búsqueda de justicia por parte de la CNDH.
No cederemos ante sus amenazas y chantajes, nosotras no necesitamos mentir como las y los funcionarios de las instituciones públicas para justificar la indolencia e inacción ante cientos de denuncias.
Da vergüenza y causa preocupación cómo el organismo de derechos humanos más importante del país hace público un comunicado tan visceral y poco institucional, señalando directamente, sin pruebas ni sentencia a Karla y Magda y aparte dando lugar al escarnio público tanto ellas como a quienes acompañamos su caso.
Hacemos responsable a la CNDH ante cualquier acto violento que recibamos tanto por parte de la policía y las autoridades estatales como de la ciudadanía en general, ya que su discurso aviva el odio y el clima hostil que han sembrado contra el movimiento feminista.
Nosotras como mujeres combativas, seguiremos con el plantón hasta que cese la persecusión de la CNDH hacia Karla y Magda.
Comisión Libres Ya por la Libertad de Karla y Magda
#LaCNDHNomeCuida
#LibresYa
