[:es]Texto y fotos: Heriberto Paredes | Pie de Página

Después de ser reportado como desaparecido, este martes se encontró el cuerpo de Eustacio Alcalá, defensor del territorio de la sierra costa michoacana. Sin pruebas, funcionarios del gobierno de Michoacán adelantan que el defensor era integrante de una organización criminal, una afirmación desmentida por la comunidad.

MICHOACÁN. – El cuerpo sin vida de don Eustacio Alcalá, de 66 años, defensor del territorio, fue encontrado hoy en las cercanías del camino que conduce a la comunidad de San Juan Huizontla, en el municipio de Chinicuila. Desde el pasado 1 de abril se reportó su desaparición tras ser comisionado para trasladar a 3 misioneras que se dirigían a la comunidad nahua a desarrollar tareas de evangelización.

Según los propios testimonios de las misioneras, sujetos armados interceptaron el vehículo en donde viajaban y se llevaron a don Eustacio. Poco después, elementos de la Guardia Nacional localizaron a las mujeres y la camioneta en donde viajaban inicialmente, sin embargo se negaron a buscar al defensor a menos de que tuviesen una denuncia ante un Ministerio Público.

Algunos habitantes de esta comunidad afirmaron que la Guardia Nacional estaba presente cuando se escucharon disparos en las cercanías de este camino, más o menos a 500 metros de donde ocurrieron los hechos y –a partir de lo dicho por testigos– “en lugar de ir a perseguir a los malandros se fueron a la comunidad”.

Sin un comunicado oficial, José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, declaró que uno de los posibles móviles del asesinato es “el parentesco con un miembro de la delincuencia organizada”. No hay indicio de que esto sea cierto, tanto en la comunidad como en la región, don Tacho, como se le conocía cariñosamente, era una persona muy participativa en Huizontla. Su familia y allegados no son miembros de ninguna organización criminal.

Las declaraciones del funcionario sólo afectan la imagen de don Tacho y no abonan a la seguridad en la comunidad. Se trataba de una persona querida y respetada en Huizontla y en toda la región por sus esfuerzos para lograr el bienestar de las personas.

El defensor ganó un amparo contra minera

Don Tacho fue miembro del Consejo Ciudadano de Chinicuila, una experiencia organizativa que veló por el cumplimiento de las tareas y compromisos de los gobiernos municipales y de las autoridades estatales. En el contexto de la lucha en contra de la organización criminal de los Caballeros Templarios, participó junto con muchas personas de la comunidad y de la región en los grupos de policía comunitaria que defendieron a la población y los recursos naturales que peligraban en ser explotados por la violencia organizada.

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[:es]Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Durante movilización en febrero del 2022, integrantes del CSIM derrumban el monumento “Los constructores” ubicado en Morelia, Michoacán. La razón de la acción, argumentan, es que dicho símbolo representa el racismo y despojo contra las comunidades indígenas del estado.}

Persecución, criminalización, detenciones y asesinatos. Distintos rostros de la violencia arrecian en múltiples geografías de México, a la par del avance de megaproyectos de infraestructura: trenes para el despojo, gasoductos, minería, deforestación y muchas otras amenazas que se ciernen, sobre todo, contra comunidades indígenas de todo el país.

Es en ese contexto que, durante los días 4 y 5 de marzo, la red de pueblos, naciones, tribus, barrios y colectivos que convergen en el Congreso Nacional Indígena (CNI), reunidos en Tehuacán, Puebla, retomaron los trabajos de la Asamblea Nacional para compartir la palabra, analizar las realidades y proponer estrategias para hacer frente a lo que, sostienen, son diferentes mecanismos de violencia de parte del narcoestado mexicano y las empresas.

Más de 400 asistentes, miembros de 25 pueblos originarios procedentes de una veintena de Estados de la república, se dieron cita para conversar sobre la violencia institucional, del crimen organizado, la relación entre ambos actores y su confluencia con la implementación de los proyectos capitalistas.

Durante las próximas semanas, presentaremos una serie de ocho entrevistas y diálogos con participantes de la reciente Asamblea. Con esto, pretendemos esbozar un pequeño vistazo de las distintas realidades que se espejean a lo largo y ancho del territorio mexicano y que resisten a las violencias en sus distintas expresiones.

En esta primera entrega, compartimos la experiencia de las comunidades indígenas aglutinadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), quienes mantienen la lucha por construcción de autonomía, a la par del aumento en la violencia del crimen organizado, el avance de monocultivos y la implementación de estrategias de cooptación del Estado.

El largo camino en la construcción de autonomía

El arribo de una comisión bastante nutrida, integrada por más 40 personas, fue la respuesta, desde el CSIM, a la convocatoria realizada por el CNI para participar de los trabajos de la Asamblea Nacional.

El CSIM es una organización en la cual convergen representaciones y autoridades de más de 65 comunidades originarias de distintos pueblos: purépechas, nahuas, otomís y mazahuas de la región occidente del país.

Entre los asistentes, dialogamos con Alejandro Cortés, oriundo de la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, quien resalta que el proceso actual del CSIM es un paso más en la larga historia de lucha en la región por la construcción de la autonomía de las comunidades indígenas.

“Nosotros entendemos la autonomía como un proceso que lleva varias etapas (…) el principal objetivo es lograr la autonomía y libre determinación”, asevera Cortés desde el inicio de la entrevista.

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Para contextualizar, apunta que el Consejo Supremo es producto de un esfuerzo organizativo que tiene sus orígenes en la década de 1970, inspirado en diferentes movimientos rurales y campesinos que nacieron con la meta de defender los derechos de los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios.

Alejandro Cortés detalla que el objetivo compartido entre las comunidades del CSIM es fortalecer la vida comunal, “en donde la Asamblea es la máxima autoridad y es la que toma las decisiones (…) para poder lograr lo que nosotros llamamos una vida mejor, una vida comunal de justicia plena”.

Frente al despojo

La lucha de las comunidades de la región purépecha se enfrenta a diversas amenazas. Entre ellas destaca el proceso de expansión de la agroindustria mediante la voracidad de monocultivos como el aguacate y las bayas (popularmente conocidos como berries: arándanos, frambuesas y zarzamora), sobre todo, para la exportación a Estados Unidos.

De acuerdo a cifras del sector agroindustrial, estos productos ocupan el segundo y tercer lugar de exportaciones mexicanas, lo cual, en conjunto, solo en el año de 2020, alcanzó un valor de más de 6 mil millones de dólares.

En el caso particular de las bayas, un estudio para el mapeo de la expansión de la agroindustria en tierra ejidales de Michoacán, publicado en octubre de 2022, encontró que dicha producción, la cual depende cada vez más de los sistemas de invernadero, ha transformado las áreas agrícolas para satisfacer la demanda extranjera alterando los patrones locales de uso de la tierra y los recursos hídricos.

“Principalmente es el aguacate, pero también están los berries, son los que han ocasionado también desplazamiento. Incluso de mucha gente que vive o que trabaja en condiciones de esclavitud. Son jornadas largas y no les pagan lo que deberían, trabajan en condiciones muy precarias”, complementa Cortés sobre el escenario del despojo por la agroindustria.

El integrante del CISM enfatiza que esta es una realidad compartida entre las poblaciones que integran el Consejo. Otro ejemplo de ello es el caso de su comunidad, Santa Fe de la Laguna, donde denuncia la invasión de tierras por parte de pequeños propietarios, “particulares del municipio de Quiroga”, a quienes señala como responsables del cambio de uso de suelo, la deforestación y la transformación de tierras para la producción agrícola intensiva.

Esto ha generado conflictos que han desembocado en violencia contra las comunidades. Así lo muestra el caso del asesinato de Jesús Miguel Gerónimo, quien se desempeñaba como Jefe de Tenencia en la comunidad de Ichán, en la región conocida como la Cañada de los Once Pueblos.

Cortés no duda en señalar a la agroindustria como la responsable del crimen, debido a que “él se opuso a que las parcelas se siguieran rentando a las empresas agroindustriales, y pues ahí es donde plantan los berries. Entonces es otro problema, el asesinato de líderes, comuneros que defienden la tierra”, lamenta.

El caso más reciente es el de Alfredo Cisneros, miembro de la comunidad de Sicuicho, quien fue asesinado debido a las denuncias que interpuso, como Comisariado de Bienes Comunales, ante el avance de la deforestación en los territorios purépechas.

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Lamentablemente, la respuesta de las empresas fue la violencia, pues “es una zona aguacatera. Ahí hay varios grupos del crimen organizado, grupos paramilitares que actúan con total libertad”, denuncia Cortés.

Seguridad, comunitaria

Debido al incremento de la violencia en la región, las comunidades indígenas promueven la gestión de armas, armamento y otras herramientas para equipar a sus órganos de seguridad comunitarios, donde destaca la figura de la ronda comunal.

Según Cortés, la ronda es una agrupación ancestral, es la manera tradicional de resguardar la seguridad y, en pocas comunidades, como la suya, en Santa Fe de la Laguna, prevalece hasta la actualidad.

Una de las características de este cuerpo de seguridad es que, a diferencia de los elementos policiacos, quienes la integran son personas pertenecientes a la comunidad y no perciben ningún salario, sino ejercen un trabajo voluntario para resguardar a la población indígena. Sin embargo, actualmente, los miembros de la ronda comunal no cuentan con el reconocimiento de las autoridades estatales, lo cual implica que no se les permite la portación de armas y están expuestos a detenciones de otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional.

Alejandro Cortés señala su preocupación debido al avance del crimen organizado y, a la par, por la entrada en vigor, en 2022, de las reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, impulsada por el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

Cortés reclama que las comunidades no fueron consultadas respecto a dichas reformas, a pesar de que ahora el Estado les presiona para contar con su anuencia en la implementación. “En esencia, el Estado asume el control total de la seguridad y relega al último término a la Asamblea General de la Comunidad. O sea, las decisiones ya no las toma, en la cuestión de seguridad, las asambleas generales, las toma el gobierno del Estado con los mandos policiacos que tienen, la Secretaría de Seguridad”, detalla.

“Es la única forma que se pueden defender y como pueden garantizar la seguridad de las comunidades”, refiere Cortés sobre la importancia de sus instituciones comunitarias. “Es la única garantía que tenemos de una defensa comunal real, porque las otras organizaciones son fáciles de cooptar”, argumenta.

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Cortés asevera que las reformas impuestas representan “un obstáculo para el proceso en búsqueda de autonomía”, esto debido a que, argumenta, lo que está en juego es la seguridad de las comunidades ante el avasallamiento de las empresas y el crimen organizado.

¿Autonomías?

El miembro del CSIM asevera que, actualmente, un frente en disputa que se gesta ante el Estado mexicano es el que corresponde al derecho que tienen las comunidades indígenas a recibir y gestionar, de manera directa y sin injerencia del gobierno, los recursos públicos contemplados en el presupuesto local.

“El presupuesto directo entendido como un medio para lograr esta autonomía, no como un fin”, ataja Cortés. La razón de ello, argumenta, es que de esta manera, con los recursos que les corresponden, las comunidades puedan fortalecer las instituciones comunales emanadas de la organización de cada población indígena. Entre estas figuras destacan los Consejos de Gobierno Comunal, jueces tradicionales, además de los responsables por resguardar el territorio de las comunidades, tales como los comisariados de bienes comunales y las rondas comunitarias; todas, órganos independientes de la estructura del Estado mexicano.

Cabe resaltar que, pese a que en marzo de 2021 se publicó la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, donde el legislativo local prometió el reconocimiento legal al ejercicio del derecho al presupuesto directo de las comunidades indígenas, en los recovecos de la norma se encuentran candados como el que enuncia explícitamente el artículo 116, donde establece que solo “podrán ser reconocidas las autoridades indígenas, de aquellas comunidades previstas en el catálogo de pueblos y comunidades indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)”.

Para Cortés, esto evidencia una estrategia de control de parte del Estado. “Ahorita vemos que hay, para el gobierno, procesos de autonomía ‘buenos’ y ‘malos’. Nosotros somos los malos, porque no estamos recibiendo línea del gobierno del Estado, porque no estamos dentro de la agenda del gobierno federal, ni del gobierno estatal y porque no nos pueden controlar”, argumenta.

Al mismo tiempo, enuncia otras acciones por parte de actores locales para frenar el proceso organizativo del CSIM. Por ejemplo, lo que sucede en municipios como Erongarícuaro y Ciudad Hidalgo, donde los ediles, pertenecientes al partido Morena, el mismo que controla los gobiernos estatal y federal, han interpuesto demandas de amparo para evitar a las comunidades indígenas el acceso al presupuesto directo.

“Vamos en contra de cualquier partido político”, enfatiza Cortés sobre el carácter apartidista de las comunidades que integran el Consejo. Al mismo tiempo, denuncia que la respuesta del Estado es la promoción de grupos que, bajo el discurso de la construcción de autonomía, están proponiendo una alternativa que es del lado del gobierno.

Cortés se refiere al trabajo del Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas, organización que promovió la Ley Orgánica Municipal de Michoacán. Dicha agrupación también remitió sus observaciones a la reforma de la ley de seguridad estatal, como evidencia la exposición de motivos de la iniciativa. “Están obstaculizando el trabajo, porque llegan a las comunidades a dividir (…), descalificar el trabajo que nosotros estamos haciendo, pretenden aislar a nuestro movimiento”, acusa Cortés.

Ante ello, el indígena purépecha señala que las comunidades integrantes del CSIM continuarán implementando movilizaciones, como la toma de carreteras y marchas para exigir el cumplimiento de sus demandas, así como un alto a la violencia y justicia por los asesinatos de sus autoridades.

Es el caso del crimen contra Alfredo Cisneros, donde a petición de la comunidad de Sicuicho, se realizarán protestas para exigir la investigación y justicia en el homicidio. “Nosotros no hacemos nada sin que las autoridades sean las que promuevan y eso es parte de la autonomía, la democracia comunal, comunalicracia le llamamos nosotros”, asevera.

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El 15 de enero de 2023, el abogado defensor de Derechos Humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. La familia y los comuneros de Aquila hemos realizado acciones que van desde lo legal hasta bloqueos en carreteras y el cierre de una mina de la empresa Ternium.
Familiares y amigxs de Ricardo y Antonio lanzamos esta convocatoria para invitar a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero.
La comunidad indígena San Miguel Aquila está asentada sobre importantes yacimientos mineros. La empresa Ternium ha explotado desde hace décadas la mina extrayendo enormes cantidades de hierro, oro, plata y cobre, generando serios impactos ambientales y ruptura del tejido social en la comunidad.

El prof. Antonio Díaz representa al grupo mayoritario de comuneros, quienes litigan desde hace años, con asesoría de Ricardo Lagunes, con el fin de que se lleve a cabo un proceso de elección democrática. Esto resultaría en la pérdida de poder de un grupo minoritario que apoya incondicionalmente a la empresa minera y que ha gestionado cuantiosos recursos durante años por ese motivo. La familia y los comuneros están convencidos de que este grupo cercano a la empresa minera está detrás de la desaparición de Antonio y Ricardo.
Tanto el Tribunal Unitario Agrario como la Procuraduría Agraria han sido sumamente negligentes, favoreciendo con su inacción y con ventajas procesales al grupo de poder minoritario cercano a la empresa minera. Comparten por tanto responsabilidad en la situación de injusticia social que ha culminado con estas desapariciones.

Incluimos algunos ejemplos de acciones que podrían llevar a cabo:

1. Firmar y circular la acción urgente que se encuentra en el siguiente enlace: https://change.org/BusquedaRicardoyAntonio

2. Protestas ante oficinas de la empresa minera Ternium en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nicaragua, España, Uruguay y EE.UU (ver lista en: https://us.ternium.com/en/contact-us/our-offices#our-offices

3. Acciones frente a embajadas y consulados mexicanos para exigir la búsqueda y rescate.

4. Protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional.

5. Marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo.

Sugerimos incluir las siguientes demandas a sus acciones y protestas, además de otras que sean relevantes para ustedes en el ámbito local/regional:

1. A las instituciones públicas, intensificar la búsqueda para la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.

2. A la empresa minera, que asuma su responsabilidad y ponga presión sobre el grupo minoritario que se presume está detrás de la desaparición, con el que la empresa tiene fuertes vínculos.

3. Al Estado mexicano, la reforma integral del sistema de justicia agraria y de su marco legal.

Agradecemos sus muestras de solidaridad y les pedimos nos informen de sus planes de acciones al correo hastaencontrarles@buscamos.org, para subirlas en la web https://buscamos.org/

Materiales:

1. Acción Urgente: https://change.org/BusquedaRicardoyAntonio (puede imprimirse y presentar, de manera simbólica, ante las distintas representaciones, las firmas recabadas.

2. Drive con fotografías y materiales para su reproducción (iremos agregando más en los próximos días): https://drive.google.com/drive/folders/17IBPUL3aHBkArtZbVk7WRqPkblw4vkop

3. Web: https://buscamos.org/ (aún en construcción, pronto tendrá más contenidos), Twitter: https://twitter.com/buscamos_org fb: www.facebook.com/groups/846734636395194/people

Change.org (https://change.org/BusquedaRicardoyAntonio)
Firma la petición:
Demandamos presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia[:]

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Convocan acciones descentralizadas nacionales e internacionales

Ciudad de México, 23 de enero de 2023

En conferencia de prensa, familiares y amigos de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes reiteraron su exigencia a las instituciones de intensificar la búsqueda, respondieron el comunicado publicado por la empresa Ternium, y lanzaron una convocatoria nacional y global de acciones descentralizadas.

Ana Lucía Lagunes inició la conferencia de prensa subrayando la falta de resultados hasta ahora de la búsqueda. “Ya han pasado 8 noches de su desaparición. Seguimos exigiendo al Estado Mexicano que intensifique las acciones de forma coordinada y eficiente para su aparición con vida.”

Michel Cervantes, de la organización civil de IDHEAS, declaró que “el 19 de enero, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU adoptó el mecanismo de Acciones Urgentes, haciéndole llegar a las autoridades del Estado Mexicano una serie de observaciones y recomendaciones, entre ellas la necesidad de implementar una estrategia de búsqueda e investigación inmediata, eficiente, coordinada y que garantice el derecho a la participación conjunta de las familias. Asimismo, instó al Estado Mexicano a que la investigación tome en cuenta el contexto político en que ocurren los hechos, así como la actividad por la defensa de los derechos humanos en que se desempeñan Ricardo y Antonio.”

Comuneros de Aquila presentes en el plantón del puente de Coahuayana, que se sumaron a la conferencia de prensa por vía telefónica, se sumaron a la exigencia de liberación de los retenidos, señalando: “está muy floja la búsqueda, no vemos nada de avance. La gente ya se está exasperando, si esto se alarga tendremos que llevar otro tipo de acciones por parte de las comunidades, ya nos cansamos de esperar. No vamos a movernos hasta que aparezcan nuestros compañeros, vamos a luchar hombro con hombro con la familia”. El Comisariado de Ostula, comunidad vecina a Aquila, agregó: “venimos en apoyo por los compañeros desaparecidos, Toñito es conocido y querido en la región, nos unimos al dolor y a la lucha por que los regresen vivos.”

Respuesta al comunicado de la empresa Ternium y cierre de la mina por comuneros

Varios miembros de la familia respondieron al comunicado emitida por la empresa minera Ternium. Antoine Lagunes afirmó: “Representantes de la empresa empezaron a comunicarse con la familia un día después de haber sido nombrados ante los medios como actor importante en la zona. Seguimos apelando a su intervención para que aparezcan vivos Ricardo y Antonio, debido a su gran influencia y poder en la zona con los grupos que allí conviven. Usen todos sus recursos para localizarlos con vida.”

María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, añadió: “En nuestra región, el actor más importante es la empresa minera Ternium, ya que les toca relacionarse con la sociedad local, con los actores políticos, económicos y también con los poderes fácticos regionales. Si bien la empresa es un actor más en este tablero, reiteramos que quien sea que esté detrás de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, forma parte de los grupos que interactúan con la contraparte en el trabajo de mi esposo. Por esta razón, solicito que la empresa minera Ternium use todos sus salvoconductos para solicitar a los grupos que conoce, para que si uno de ellos tiene a Ricardo Lagunes y a don Antonio Díaz, los regrese de inmediato.”

Alejandra Gonza, Directora de Global Rights Advocacy (Defensa Global en Derechos Humanos), subrayó: “De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales, la empresa y sus inversionistas tienen el deber de debida diligencia en materia de derechos humanos, que le exige tomar todas las medidas a su alcance y ejercer influencia para atender la gravedad de la denuncia de desaparición de los defensores que trabajan en su área, conversando con todos los actores con los que habitualmente trabaja para lograrlo. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó, en un documento emitido en 2021 (A/HRC/47/39/Add.2), la necesidad de abordar los impactos adversos de las actividades empresariales sobre las personas defensoras de los derechos humanos. En su comunicado público, la empresa desconoce y se intenta deslindar de estas responsabilidades. En respuesta a su falta de diligencia que, en representación de las familias, además de las distintas acciones internacionales ya tomadas, y con la colaboración del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Argentina, como primer paso vamos a presentar una queja ante los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, particularmente, ante el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, para obligar a la empresa a que dé una respuesta seria en relación al incumplimiento de sus obligaciones internacionales en este caso.”

María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, agregó que “el pasado sábado, un grupo de comuneros se presentó a la entrada de la mina, en el cerro El Tenamaxtle, Aquila, Michoacán, para impedir el cambio de turno de los trabajadores de la empresa. Solicitaron el apoyo de las fuerzas federales para que resguarden los explosivos que tienen en la mina. En este momento, si bien los comuneros no se encuentran al interior de la mina, sí permanecen en el plantón del puente Coahuayana, con la digna solidaridad de la comunidad indígena de Ostula.”

Keivan Díaz, hijo de Antonio Díaz, sumó la voz de la familia del profesor, demandando a la empresa que “haga todo lo que esté en su mano para obtener el rescate con vida y buen estado de los desaparecidos, utilizando sus vínculos institucionales y económicos con el grupo que pensamos ha perpetrado la desaparición.” María de Jesús Ramírez Magallón añadió “no queremos palmaditas en la espalda por parte de la empresa, sino que activen todos los mecanismos a su alcance para lograr la liberación de los desaparecidos”.

Relación de desaparición con Tribunal Superior Agrario e instituciones agrarias

Julián Vázquez Guzmán, de Asesoría y Defensa Legal Sureste, señaló que “Ricardo Lagunes trabaja para hacer valer los derechos del pueblo Nahua de San Miguel Aquila. Durante varios años el Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima lleva reconociendo a un grupo de personas que se ostentaron ser representantes de comuneros, de manera ilegal sin contar con las facultades que señala la ley agraria. Los últimos cuatro años los comuneros de San Miguel Aquila Michoacán, están sin representación que pueda defender los derechos e intereses de los comuneros, todo esto por la dilación y tolerancia del Magistrado del Tribunal Unitario agrario distrito 38 de Colima, pues a pesar de haber reconocido y determinado la ilegalidad de la representación que ejerce un grupo de personas, no ha sometido a la elección de los órganos de presentación común quien pueda defender y representar legalmente a los comuneros. El magistrado está actuando con total dilación y aquiescencia de lo que este grupo de personas quienes ostentan una representación, están realizando en contra de los derechos de la comunidad indígena Nahua. El Tribunal ha sido negligente en velar por los derechos de la comunidad indígena Nahua, y ha dado ventajas procesales a un grupo de personas que no tienen autoridad legal.”

Sergio Oceransky de Fundación Yansa agregó: “El sistema de justicia agraria no ha hecho nada para impedir que este grupo de poder minoritario, que apoya incondicionalmente la operación y expansión de la mina, usurpe la representación comunitaria. La Procuraduría Agraria tampoco ha cumplido su función, al dilatar innecesariamente la elección democrática de representantes comunales. Estas graves omisiones se repiten a lo largo de todo el país, donde multitud de defensores de tierras ejidales y comunales enfrentan instituciones y tribunales negligentes y corruptos, lo que pone a las comunidades y sus abogados en una situación terrible de indefensión y vulnerabilidad a la hora de intentar que se haga justicia. Para evitar que se repitan estas situaciones resulta fundamental la reforma y fortalecimiento del marco legal e institucional para garantizar la protección de las tierras de propiedad colectiva y de los territorios de pueblos y comunidades indígenas”.

El Comisario de Ostula, desde el plantón, agregó: “En Ostula tenemos también caídos, hace días asesinaron a 3 miembros de la comunidad, que se suman a otros cerca de 40 asesinados previamente. Hemos sentido la tristeza, la injusticia y la indefensión en la defensa de nuestro territorio comunal. Exigimos el castigo a los culpables, y no bajaremos la guardia hasta que haya justicia.”

Convocatoria de acciones

Ana Lucía Lagunes anunció una convocatoria a acciones descentralizadas por la búsqueda y rescate de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Invitó a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero. Estas acciones pueden incluir protestas en sedes que la empresa minera tiene en varias partes del mundo, acciones ante consulados y embajadas mexicanas, protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional, así como marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo. Se adjunta el texto de la convocatoria a este comunicado.

María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, cerró la conferencia de prensa deseando que estas acciones abonen a la reconstrucción del tejido social de Aquila y otras comunidades en la costa de Michoacán, y al inicio de procesos de paz y reconciliación.

Contacto: todxsconricardoyantonio@gmail.com

Grabación de conferencia de prensa del 23 de enero:

Grabación de conferencia de prensa del 19 de enero:

Convocatoria a acciones descentralizadas por la búsqueda y rescate de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

El pasado domingo 15 de enero de 2023 el abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, ubicada en el Estado de Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. Ambos acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital del Estado Colima, comunicándose por última vez con sus familias a las 18:50. Desde entonces se desconoce su paradero, por lo que la familia y los comuneros de Aquila han realizado diversas acciones, que van desde lo legal hasta bloqueos en carreteras y el cierre de una mina perteneciente a la empresa Ternium.

La comunidad indígena San Miguel Aquila está asentada sobre importantes yacimientos mineros. La empresa minera del grupo Ternium ha explotado desde hace dos décadas la mina extrayendo enormes cantidades de minerales, especialmente de hierro, oro, plata y cobre además de generar una gran división al interior de la comunidad.

El prof. Antonio Díaz representa al grupo mayoritario de comuneros, quienes litigan desde hace años, con asesoría de Ricardo Lagunes, con el fin de que se lleve a cabo un proceso de elección democrática. Esto resultaría en la pérdida de poder de un grupo minoritario que apoya incondicionalmente a la empresa minera y que ha gestionado cuantiosos recursos durante años por ese motivo. La familia y los comuneros están convencidos de que este grupo cercano a la empresa minera está detrás de la desaparición de Antonio y Ricardo.

Tanto el Tribunal Unitario Agrario como la Procuraduría Agraria han sido sumamente negligentes, favoreciendo con su inacción y con ventajas procesales al grupo de poder minoritario cercano a la empresa minera. Comparten por tanto responsabilidad en la situación de injusticia social que ha culminado con estas desapariciones.

En virtud de que hasta el momento no se cuenta con información de su paradero, las familias de Ricardo y Antonio lanzamos esta convocatoria para invitar a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero.
La forma de acción y el objetivo de cada acción se decidirá localmente. Aquí incluimos algunos ejemplos de acciones que se podrían llevar a cabo:

1. Firmar y circular la acción urgente que se encuentra en el siguiente enlace:
   https://chng.it/NcKBVyY9XS
2. Protestas ante las representaciones de la empresa minera Ternium, la cual cuenta con instalaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nicaragua, España, Uruguay y EE.UU (ver lista en: https://us.ternium.com/en/contact-us/our-offices#our-offices)
3. Acciones frente a embajadas y consulados mexicanos para exigir la búsqueda y  recuperación con vida de Ricardo y Antonio.
4. Protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional.
5. Marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo.

Sugerimos incluir las siguientes demandas a sus acciones y protestas, además de otras que sean relevantes para ustedes en el ámbito local/regional:

1. A las instituciones públicas, intensificar la búsqueda para la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.
2. A la empresa minera, que asuma su responsabilidad y ponga presión sobre el grupo minoritario que se presume está detrás de la desaparición, con el que la empresa ha tenido fuertes vínculos desde hace años.
3. Al Estado mexicano, la reforma integral del sistema de justicia agraria y de su marco legal.

Las familias de Ricardo y Antonio agradecemos las muestras de solidaridad que puedan llevar a cabo y dejamos aquí una serie de recursos que pueden utilizar para llevar a cabo las acciones así como para tener más información sobre el caso.

Les pedimos por favor nos informen de sus planes de acciones descentralizadas al correo: todxsconricardoyantonio@gmail.com

Materiales:

1. Acción Urgente: https://chng.it/NcKBVyY9XS (puede imprimirse y presentar, de manera simbólica, ante las distintas representaciones, las firmas recabadas.
2. Fotografías: En breve tendremos un drive con fotografías y materiales para su reproducción

Más Información sobre el caso:

1. Reportan desaparición de activista y de profesor en Michoacán
2. Desaparecidos un defensor de derechos humanos y un líder indígena en la frontera de Colima y Michoacán
3. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas expresa su profunda preocupación por la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en Colima, México, el pasado domingo 15.
4. CIDH condena la desaparición de los defensores de Derechos Humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz el 15 de enero en el municipio de Tecomán, Colima.
5. Grabación de conferencia de prensa del 23 de enero
6. Grabación de conferencia de prensa del 19 de enero

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[:es]

Comunidad p’urhépecha de Ocumicho, Charapan, Michoacán a 14 de diciembre de 2022

Situación de emergencia

A Lic. Manuel López Obrador, Presidente constitucional de México
A Lic. Alfredo Bedolla Ramírez, Gobernador del estado de Michoacán
A Lic. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública
A Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
A la opinión pública en general
A la prensa nacional
A los medios de comunicación independientes
A las comunidades indígenas del país
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales

La comunidad de Ocumicho ha venido sufriendo una serie de actos violentos en los últimos dos años. El 31 de mayo de 2020 hombres armados asesinaron al secretario de bienes comunales, en un ataque que también dejó herido al representante de bienes comunales. El 28 de abril de 2022, el presidente del Consejo Comunal fue desaparecido, gracias a la movilización fue localizado con vida al día siguiente. El 11 de noviembre fuimos atacados por actores armados. El hecho más reciente ocurrido el pasado 10 de diciembre, un miembro de nuestra ronda comunal fue cobardemente asesinado, PEDRO PASCUAL CRUZ. Desde abril solicitamos un destacamento de la Guardia Nacional para que resguarde nuestra integridad, sin embargo, no hemos obtenido respuesta. A partir de los hechos ocurridos el 10 de diciembre solicitamos una reunión con el gobierno estatal para reiterar nuestra urgente petición de que se nos otorgue seguridad. Con indignación recibimos la respuesta de que esto no es posible, dado que están en otras tareas. Desde esta comunidad EXIGIMOS al gobierno estatal y federal cumplan con la responsabilidad constitucional de dar las garantías de seguridad a nuestra comunidad, EXGIMOS QUE SE INSTALE UN DESTACAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL. De no atender nuestra URGENTE PETICIÓN nos dejan en un estado de indefensión y asumen la responsabilidad de los actos que puedan acontecer. Queremos garantías a nuestra vida, es momento de mostrar la congruencia de los discursos a favor de los pueblos indígenas. O ¿de qué lado están, qué intereses defienden? ¿Nuestra vida no vale nada para ustedes?

Les pedimos a las comunidades indígenas del país su solidaridad y estar atenta a nuestra situación.

¡Exigimos justicia para la PEDRO PASCUAL CRUZ!
¡Exigimos seguridad para nuestra comunidad!

Consejo de Gobierno Comunal de Ocumicho, del municipio de Charapan, Michoacán

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[:es]La siguiente es una entrevista con el preso político indígena José Antonio Arreola Jiménez, uno de los tres presos políticos de la comunidad p’urhépecha de Nahuatzen, Michoacán, que actualmente están cumpliendo sentencias de siete años basadas en delitos inventados. La entrevista fue realizada a finales de noviembre por Scott Campbell, un colaborador de IGD.

¿Puedes presentarte y hablarnos un poco sobre ti?

Sí, mi nombre es José Antonio Arreola Jiménez. Soy originario de la comunidad indígena de Nahuatzen, Michoacán. Nahuatzen es una comunidad indígena que está enclavada en el corazón de la Meseta Purépecha. Tengo a mi esposa y tengo cinco hijos.

¿Puedes compartir con nosotros algunos detalles sobre Nahuatzen, su lucha, y tu papel en esa lucha?

La lucha de Nahuatzen comenzó en el 2015, cuando el último presidente municipal se nos fue impuesto por el gobierno del estado, por Silvano Aureoles Conejo. Entonces, este Miguel Prado Morales, que es su nombre, él llegó con más de veinte o treinta gentes armadas fuera de la comunidad, manifestando que era su policía particular, que era su escolta. De lo cual, a nosotros, como comuneros, nos pareció mal porque dentro del pueblo no hay necesidad traer armas, no somos gente de pelea, de armas. Somos gente de trabajo, gente pacífica. Eso fue, más que nada, lo primordial.

Entonces, un día se les pidió audiencia al presidente este, la cual se nos dio y le pedimos que queríamos que la seguridad fuera de la comunidad de Nahuatzen, resulta que dijo que sí, pero posteriormente ya no quiso. Cuando al día siguiente nos citó para presentar a los elementos de seguridad, se nos hecho encima toda su familia, todo el ayuntamiento. Entonces, hubo una revuelta, hubo un conflicto y hubo descalabrados y golpeados. Pero en ese momento, la comunidad decide hacer una reunión, una asamblea general, y desconocer al ayuntamiento. Entonces, nosotros ante un auditorio público en la plaza principal, hicimos esta asamblea.

Yo soy un representante de nosotros. La comunidad de Nahuatzen se rige por cuatro barrios: primero, segundo, tercero, y cuarto. Su servidor, represento el barrio primero. Entonces, el día que se hizo la asamblea, se llevó a cabo la propuesta para los compañeros. Déjame decirte que yo era suplente, yo no era concejal mayor, yo era suplente. El concejal mayor de mi barrio en ese entonces éramos nada más cuatro, éramos un concejal por barrio y un suplente. Entonces nos dimos cuenta que él que estaba propuesto como encargado de mi barrio, el representante de mi barrio, pues tenía vínculos con el crimen organizado. Se decidió hacer una reunión y retirarlo y yo subí al representante del barrio. Yo soy el representante del barrio primero y me encargo de la seguridad de la comunidad. Cada concejal tenemos una tarea, entonces mi cargo, que yo tengo, o que yo tenía, era la seguridad del pueblo de Nahuatzen.

¿A qué condena te enfrentas y cuál es la situación de tu caso?

La condena que se nos dio es de siete años por sabotaje. Explico que el sabotaje no existe, es una condena que se le da a personas como yo, que peleamos por un movimiento social en común, por los derechos humanos de la comunidad indígena en particular. Porque si tuviéramos que haber defendido una ciudad o algún otro pueblo, posiblemente no accedió al sabotaje, pero como es una comunidad indígena, como es también de saber que, en el 2017 la Suprema Corte nos da el fallo a favor de que fuéramos una comunidad indígena y nos da la libre determinación, la autonomía, y el autogobierno, entre otras cosas, representatividad en el gobierno del estado y en el gobierno federal. Entonces, prácticamente fue una lucha que, con esa resolución de la Suprema Corte de la Nación de México, ganamos. Ganamos todo lo que estábamos luchando. Fue una situación muy difícil, que el gobierno del estado con su nuevo gobernador nos echó más encima todavía, incluyendo policías estatales, municipales y políticos allí de la comunidad porque hay unos que están con políticos todavía.

La Suprema Corte nos dio una resolución en el 2017, cuando nos reconoce como comunidad indígena y autónoma. Somos autónomos. Simplemente que el gobierno del estado ha estado imponiéndonos el ayuntamiento. Existe el Concejo en Nahuatzen, el ayuntamiento no debería de existir en Nahuatzen, pero ese es el pleito político que tenemos. Entonces el ayuntamiento no debe de existir en nuestra comunidad de Nahuatzen. Más bien, está impuesto por el gobierno del estado.

Te comento que el sabotaje realmente no existe. Nos dieron siete años con beneficio de tres y medio. Entonces se nos inventa un delito el gobierno del estado, junto con el ayuntamiento y los partidos políticos de nuestro pueblo, nos inventaron un delito en donde nosotros robamos un camión de volteo y dos Tsurus, despensas, de lo cual no pudieron comprobar nada, el de dos Tsurus y el camión de volteo. El camión de volteo, comentarles que es con lo que recolectamos la basura, y los dos Tsurus es donde se movía la ronda comunal, que es la seguridad que nosotros tenemos registrada en nuestra comunidad. No es policía municipal ni estatal, se llama ronda comunal porque son puros comuneros del pueblo de Nahuatzen. Entonces, nos inventan un delito, el cual que no ha sido comprobado.

En coordinación también con los jueces, incluso de un ministro de Morelia, del estado, de la capital, dicen que somos culpables, entonces nos tienen encerrados desde el 14 de noviembre de 2018, y pues esa es la situación de lo que se nos acusa.

¿Cómo pueden ayudar los de fuera a apoyar tu lucha por la libertad?

Las personas, como ustedes, como organizaciones, como la comunidad de mi pueblo, en lo que nos pueden ayudar, nos pueden ayudar en presionar la Suprema Corte para que ya resuelva, pues el caso de nosotros se fue hasta la Suprema Corte. Lo tiene allí un ministro del apellido Pardo, entonces legalmente ya está fuera de tiempo, ya debería de haber resuelto en este mes, pero yo no sé por qué no ha pronunciado todavía. Entonces, esa es la ayuda que podemos recibir de ustedes de afuera, que se le mandan cartas al ministro que se le presione, y más que nada ayudarnos a tener una manifestación fuera de la Suprema Corte.

[Ver la alerta de acción de la Federación de la Cruz Negra Anarquista para obtener información sobre cómo ponerte en contacto con la Suprema Corte y hacer donaciones para apoyar la lucha en Nahuatzen].

¿Puedes compartir con nosotros un poco de cómo es la vida dentro de la cárcel?

Sí, decirles cómo está, es que la vida aquí es muy difícil. Cuando uno es en contra del sistema, del gobierno, tiene muchas carencias, muchas más de las que los compañeros pueden tener. No es muy fácil acceder a medicamento, a comida, a ropa. Entonces, de recién de que llegamos los mismos custodios, golpes, abuso del gobierno, pero en el momento en que se dieron cuenta que es realmente el gobierno del estado en lo que nos estaba inventando el delito, pues como que comprendieron ellos también y a conocernos un poco más, miraron que no somos personas problemáticas, más que nada.

Sí, comentarles que aquí para acceder a un medicamento tiene uno que comprarlo. Y lo curioso, que los mismos doctores de aquí, todos tienen una farmacia, entonces ellos mismos te lo venden. Aquí ha habido accidentes muy grandes, donde se han muerto compañeros por falta de un medicamento, por falta de un doctor. Entonces, creo que es muy triste vivir una situación aquí. Y, como nosotros, hay muchos compañeros que no deben de estar aquí o no deberían de estar aquí, pero el gobierno del estado y el sistema así se maneja. No agarran a quien es, pero sí, al que no la debe.

Pues, es muy difícil la vida aquí dentro de la cárcel. Yo pienso que muchas veces se le hace muy fácil a la gente decir que le den muchos años de cárcel o que se pudren en la cárcel, por esto, por alguna acción que han cometido los compañeros. Pero no se dan cuenta que creo yo que con cinco o un año, cinco, seis, siete años, creo que es suficiente para pagar muchísima condena. Porque aquí es  la situación diferente, que no en veces te dejan pasar cobijas, estás con una o dos, tienes frio, o los cuartos están totalmente agujerados, no hay electricidad, no hay muchas cosas a las que tengas acceso.

¿Qué significa la autonomía para ti y para Nahuatzen?

La autonomía, ¿qué significa? Pues, es la separación de nuestra comunidad, de quitarnos el yugo, de quitarnos el pie de encima del gobierno del estado. De autonomía significa ser libre, significa poder decidir tú con la gente en que gastan tu recurso, cómo hacerlo, porque todo el ayuntamiento que ha pasado más de cien años por la comunidad de Nahuatzen ha robado a manos llenas. Decirles que en las alturas hay gente que literal se sigue durmiendo en el piso, gente que en verdad necesita un tejado o un piso donde poder poner una cama para dormir, una cocina donde puede cocinar bien, y no la hay. Se necesita empleo, se necesita economía, se necesita mucha educación, muchos doctores.

Entonces, es en la autonomía, el ganar la autonomía para Nahuatzen es todo, y para un servidor también es lucha de varios años de seis, siete años ya de lucha que no vamos a dejar de hacerlo hasta que logremos terminar el proyecto, porque este es un proyecto, no es algo que se termina en uno, dos, tres años, no. Quedó que vamos empezando nuestro proyecto. Desafortunadamente nos tomaron presos, pero no nos han dejado trabajar, nosotros estamos convencidos primeramente que la Suprema Corte va a dar el fallo a favor y vamos a regresar siendo autoridades en nuestra comunidad y vamos a seguir manejado el recurso, el cual significa mucho. Significa todo. Significa la ayuda a los necesitados. Eso es la autonomía, es lo que significa para nuestra comunidad, para la mayoría, y para un servidor.

Déjame decirte que a nosotros nos da mucho orgullo ser punta de lanza en la Meseta Purépecha. Somos los segundos, Cherán fue el primero, que es una comunidad hermana de nosotros, y que colindamos con ellos. Para nosotros ser la autonomía es ser punta de lanza en Nahuatzen en donde ya ahorita si tú te fijas o si te das cuenta, ya no somos dos, las comunidades indígenas autónomas, ya son varias, son Santa Fe de la Laguna, Pichataro, Comachuén, Sevina, Turícuaro, Arantepacua, y prácticamente del municipio de Nahuatzen son ya cinco o seis, fuera de ella están cinco o seis más. Significa que este es un movimiento muy bueno. Creo que, en su momento, Pichataro lo vivió y lo han vivido varias comunidades más, pero gracias al no bajar la mano, gracias al estar enfrentándose al gobierno, al sistema, creo que hay muchas comunidades hermanas que se están levantando también y creo que están en su derecho de ser autónomos.

¿Qué conexiones ves entre tu caso y la lucha en Nahuatzen con los de otros presos políticos indígenas, las luchas por la autonomía y la política estatal de represión?

La conexión es siempre la misma. Dar, echarle con todo, con todo el corazón, con todas las ganas del mundo, para que tus hijos y los hijos de tus hijos tengan un futuro mejor, tengan mejor estructura, mejor obra, mejor educación, mejores escuelas. Y que sus padres tengan un trabajo, un sueldo, una economía, que nuestro pueblo tiene una economía estable. Ahorita decirte que de los cien por ciento comuneros que hay en Nahuatzen, el veinte por ciento trae dinero, entonces ochenta por ciento no lo trae o no lo tiene. Nuestra idea, la ideología de su servidor es que dentro de a tardar a dos o tres años, dejándonos trabajar como se debe, el ochenta por ciento trajera dinero, tenga dinero, y el veinte por ciento nos falta por tenerlo.

Creo que mientras no bajen las manos, mientras tenga uno la respiración en el cuerpo y el corazón latiendo no debe uno dejar luchar porque es un orgullo ser un luchador por tu pueblo, por tu comunidad.

¿Hay algo que te gustaría añadir que no hayamos tocado?

Mira, solamente, esta cuestión de la autonomía es mucho sentir, pero sí me gustaría añadir que llegamos hacer la comunidad más segura del estado de Michoacán, ya que nosotros mismos nos cuidamos, nos autoprotegemos. Decirte que nosotros, en cuatro meses que nos lleva la oportunidad a trabajar y con el recurso que se nos dio en ese momento hicimos más obras públicas de lo que hizo en setenta años los partidos políticos en la comunidad. Bajamos el drenaje, el drenaje para nuestro pueblo, pusimos red eléctrica a nueve colonias, las más abandonadas, pusimos cuatro calles, dimos más de trescientos empleos. Entonces, creo yo que esto es un movimiento social y común bastante fuerte. El orgullo de todos nosotros debe de ser que somos indígenas y que debemos demostrar que no por ser indígenas no sabemos gobernar, no podemos gobernar. Creo que el gobierno se equivocó al enfrentarse con nosotros y no ayudarnos, al no darnos la oportunidad como nos dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando decidió darnos la autonomía. Ella en la federación confió en nosotros, y no la estamos defraudando.[:]

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[:es]Ante los recientes hechos de violencia y represión en las comunidades originarias por parte del Estado mexicano, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) convoca al III Congreso Estatal Indígena de Michoacán: El Plan P´urhépecha, denominado así en honor al Plan de Ayala realizado por Emiliano Zapata. El Congreso se realizará en la comunidad de Jucutacato del Municipio de Uruapan, el sábado 25 de enero a las 9 horas en la cancha de la Plaza Principal.

La convocatoria va dirigida a los Jefes de Tenencia, a los Representantes y Comisariados Ejidales y Comunales, a los Jueces Menores y Tradicionales, a los Concejos de Gobierno Comunal, y en general a las comuneras y comuneros de las comunidades indígenas, así como a sus bases de apoyo y simpatizantes.

Las Mesas de Trabajo que llevarán a acabo son: 1.- Represión y Criminalización de las Comunidades Originarias. 2.- Presupuesto Directo, Autodeterminación, Autogobierno y Autonomía. 3.- Territorio, Justicia y Seguridad Comunal. 4.- Educación y Comunalidad. 5.- Mujeres, Vida y Libertad y 6.- Jóvenes y Autonomía.

Finalmente señalaron que por acuerdo de Asamblea General de Autoridades, no se permitirá la entrada a ningún funcionario Municipal, Estatal o Federal, así como de personas no gratas para las comunidades.

A continuación, la convocatoria completa:

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V Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Michoacán 2019

La Quinta Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas recorrerá algunos municipios del estado de Michoacán, debido a ello, la coordinación ha estado realizando reuniones previas con distintas autoridades y representantes del gobierno estatal y federal para garantizar la logística y la seguridad de las familias que realizan esta valiente labor.

Por ello, el 25 de febrero de 2019, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Policía Federal y Secretaría de la Defensa Nacional se reunieron con miembros de la coordinación de la caravana para establecer las necesidades en materia de seguridad. Como seguimiento a este primer encuentro se llevó a cabo una segunda reunión el 12 de abril, en donde las instituciones acordaron brindar seguridad las 24 horas todos los días que dure el recorrido. Finalmente, una vez iniciada la movilización de búsqueda, se refrendó este compromiso con autoridades estatales y federales.

Sin embargo, durante la primera etapa de esta caravana solamente elementos de tránsito y vialidad de la policía estatal se hicieron presentes y policía municipal no tiene la capacidad de absorber todas las responsabilidades en materia de seguridad; por su parte, la policía federal solamente ha acompañado a la caravana en los tramos carreteros, la Fiscalía de Desaparición Forzada ha estado al pendiente pero los elementos del Ejército Mexicano ni siquiera se han presentado, al menos de manera visible.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas CEEAV es una de las pocas instituciones que ha procurado la presencia de la seguridad, ya que junto a las familias hace la exigencia de que los acuerdos previos se cumplan pero nuestras súplicas parecen llegar a oídos sordos.

La caravana pasará por territorios donde los altos índices de violencia causan preocupación a quienes integramos este esfuerzo, mismo que –para recordar– no deberíamos hacer sólo nosotros sino en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda.

Hacemos pública esta preocupación para solicitar el cumplimiento de los acuerdos de seguridad a los que se llegó con las instituciones mencionadas para evitar cualquier incidente o cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de algún miembro de la caravana y exigimos que se cumplan con los acuerdos en materia de seguridad al pie de la letra.[:]