Por Abel Barrera | Tllachinollan

Para mantener viva la memoria de los 43 normalistas desaparecidos, las madres y padres develaron un memorial en la avenida Reforma. En la marcha del 26 recibieron el saludo fraterno de varios colectivos de familiares desaparecidos, miles de estudiantes los acompañaron hasta la plancha del Zócalo. En medio de la pertinaz lluvia, el grito ¡No están solos! fue continuo a lo largo de las avenidas. Apesadumbrados por la ausencia de sus hijos y la indolencia de las autoridades, las madres y padres reavivaron su coraje al observar que desde el Hemiciclo a Juárez el gobierno colocó planchas metálicas, como si su presencia en el centro de la ciudad representara un peligro para la seguridad de los capitalinos.

El distanciamiento del Presidente de la República con las madres y padres se acentuó en las últimas reuniones que sostuvieron en Palacio Nacional. Su postura reiterada de culpar a los abogados, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y a la OEA de conspirar contra el Ejército desalentó a los familiares, porque más allá de las denostaciones, nada comentaba de las líneas de investigación ni presentaba avances sobre el paradero de sus hijos. La falta de resultados orilló a los padres a dar por concluidos los encuentros con el Presidente.

Su lucha tenaz y duradera contrastó con el maltrato que recibieron en la Ciudad de México. Los funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos llevaron en cajas de cartón el segundo reporte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Llegaron a las oficinas del Centro Miguel Agustín Pro para entregar un ejemplar a cada familiar. Las madres y padres pidieron más respeto: no estaban ahí para recibir correspondencia. Aclararon que sus domicilios se ubican en otros estados donde pueden recibir todo tipo de notificaciones. Sin tomar en cuenta sus consideraciones, el informe del Presidente se difundió a escala nacional.

La animadversión se materializó con el amurallamiento del Centro y la colocación de barreras de concreto para restringir el acceso al Zócalo. El trato de personas no gratas reavivó el coraje y la indignación de los contingentes que marcharon. Nadie contuvo a la juventud solidaria que demostró su cariño y adhesión al movimiento que han enarbolado las madres y padres de los 43. En su mensaje final calificaron de provocación el filtro que instalaron las autoridades. Recordaron que nadie les había puesto barreras por manifestarse pacíficamente. Sentenciaron que van a brincar lo que tengan que brincar para llegar a la verdad. Nadie detendrá su marcha y gobierne quien gobierne, su lucha seguirá.

No sólo son las murallas metálicas las que tienen que remover; la tarea más difícil en esta larga batalla será agrietar los muros de la impunidad que protegen al Ejército. No será la fuerza, sino la razón, la que develará sus tropelías que guardan como un tesoro en los 800 folios. Las madres y padres ahora son catalogados como adversarios por denunciar que el Presidente traicionó su confianza y que les dio la espalda para proteger al Ejército. El motor que los mueve es encontrar a sus hijos. La fuerza de su amor está por encima de filiaciones político-partidistas.

Llegaron a la ciudad para cimbrar la conciencia nacional y recordar que hace 10 años se cometió un crimen de Estado. Su valiente testimonio nos muestra la herida que se desangra por sus 43 hijos y por miles de personas desaparecidas. Hay una gran deuda con las víctimas que están invisibilizadas y relegadas de la agenda pública. Su presencia fugaz quedó grabada en miles de jóvenes que, en medio de las llamas de las murallas metálicas en Palacio Nacional, leyeron que los 43 viven en nuestra rebeldía.

A las nueve de la noche, la caravana de autobuses tomaba la calzada de Tlalpan rumbo a la Normal de Ayotzinapa. En la madrugada, las madres y padres de Tixtla enfrentaban la amenaza de que el agua de las barrancas se desbordara y entrara a sus casas. El temor fue mayor al saber que el agua de la laguna había llegado al santuario de la Natividad. Las familias afectadas desalojaban sus viviendas en busca de refugio. La incertidumbre y el miedo fueron mayores por las incesantes lluvias.

En los municipios de la Costa Chica, la situación es muy grave porque el huracán John entró con toda su furia en Marquelia y Copala. La mayoría de viviendas están dañadas y la carretera a Oaxaca, que recién inauguró el presidente López Obrador, tiene muchos derrumbes y árboles caídos. En la región de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, donde viven varias madres y padres, las comunidades están aisladas y sin recibir auxilio.

En La Montaña, los 19 municipios están incomunicados. La comunidad de Monte Alegre, municipio de Malinaltepec, donde reside una familia de los 43, hay muchas viviendas dañadas. La carretera de Tlapa a Marquelia requiere atención urgente por el desgajamiento de los cerros. La Costa Chica, la Montaña y la zona Centro conforman las tres regiones más afectadas por el huracán John. Más de 35 madres y padres residen en esos lugares en condiciones sumamente precarias. La mayoría de sus comunidades están incomunicadas. Los ríos, lagunas y barrancas están causando destrozos en sus casas y cultivos.

Les aflige no saber de sus familiares por la caída de Internet y por la angustia de no llegar a sus hogares. Los pocos reportes que se tienen es que hay daños en los techos de sus viviendas. La lluvia ha reblandecido las paredes de las que están construidas con adobe. En esta temporada ya no podrán comer elotes tiernos, porque el viento destruyó sus milpas. Sus huertas de café también se perdieron. Los pocos animales de corral que tienen fueron arrastrados por las barrancas, y el viento tiró una pequeña tiendita. La ausencia de sus hijos azota más fuertemente en sus vidas por las murallas del poder y la furia del huracán.

Por Fortino Domínguez Rueda^[1] 

Desde nuestra vivencia sabemos que no se impugnaron las relaciones coloniales de opresión después de que los procesos de independencia edificaran el Estado-nación mexicano. La Colonia culminó en términos formales y jurídicos y obtuvo reconocimiento internacional, sin embargo, la colonialidad ha persistido hasta el día de hoy. De esta suerte el Estado se revela como uno de los instrumentos de dominación mejor articulados para el sostenimiento del sistema capitalista mundial, donde una característica que resalta para el caso de México y de su último sexenio, es la participación activa de miembros de pueblos indígenas que pretenden construir el rostro indígena de la actual administración estatal, y quienes en conjunto con la élite blanca gobernante son los “nuevos” capataces de la finca llamada México. Historias locales y diseños globales configuran la experiencia de sometimiento y opresión, así como de resistencia que cada pueblo ha levantado para persistir a los embates del Estado a lo largo del planeta. 

En México hace 30 años (1994) un nuevo ciclo de luchas y resistencia indígena se hizo presente. El levantamiento armado del EZLN cimbró al planeta entero y mostró el proyecto civilizatorio maya que como hace miles de lunas, sigue hoy, asegurando la vida y creando opciones en tiempos de muerte y destrucción que arroja la crisis civilizatoria que enfrentamos como humanidad.  

A lo largo de estas tres décadas hemos presenciado la aparición de discursos, políticas públicas, modelos educativos y la discusión sobre la diferencia étnica en México, las cuales sufrieron una transformación radical a partir del levantamiento armado del EZLN. Esta bifurcación histórica transformó las maneras de nombrar, visualizar y pensar a los pueblos indígenas, de ello ineludiblemente se desplegó un renovado indigenismo de Estado con raíz colonial, pero con discurso multicultural e intercultural, con perspectiva de género, interseccional y descolonizante; sin embargo, los discursos desde el Estado, no han logrado detener la guerra de conquista y exterminio que azota a nuestros pueblos y a todo el país.  

En las geografías del México de abajo se reconoce desde hace mucho tiempo que el ejercicio de la autonomía y la reconstitución integral de nuestros pueblos son un buen comienzo para impugnar el colonialismo histórico. Por su parte, en los calendarios del poder de arriba se buscó incluir en el lenguaje lo referente a la diversidad. Fue así como a la luz del neoliberalismo, la diferencia étnica, la multiculturalidad e interculturalidad se convirtieron en parte del paquete discursivo de políticos, científicos sociales, ONGs, universidades e indígenas afines a los partidos políticos y a los gobernantes en turno. Durante el último sexenio se consolidó un nuevo consenso alrededor del Estado en México. Hubo un reajuste en la relación del Estado y los ciudadanos. La serie de reformas que en la actual administración se articulan son para hegemonizar ese cambio en el Estado mexicano. En otras palabras, la máquina que perpetúa la muerte en el país necesita una modificación, ya que el capitalismo “no puede parar”.   

A esto, debemos sumar la situación de la cooptación, imbricada con los intereses de poder de personajes indígenas, lo cual ha dado como resultado no solo la creación de indígenas permitidos, como lo nombramos en 2019, sino también ha consolidado una clase de políticos profesionales indígenas que buscan corporativizar y tener fichas para negociar en el nuevo reacomodo de fuerzas. Sí, así justo como en el pasado con el INI, CDI y ahora el INPI de la “4D”, o sea, la Cuarta Destrucción. 

Si bien el Estado y sus instituciones siempre están en una constante subsunción retórica hacia las demandas de los pueblos, ahora podemos observar cómo durante este sexenio, se registra la adopción de un lenguaje técnico y de una indumentaria por parte de los miembros de la “izquierda ilustrada e institucional” que ahora sirve a los gobiernos en turno. Observamos un uso políticamente correcto de las demandas históricas de los desposeídos, se enarbolan las demandas y frases emblemáticas de los movimientos indígenas. Afuera de sus palacios y de las mañaneras, la realidad es diferente a la percibida por los gobernantes étnicos en turno.

Por tanto, ante la constante cooptación del lenguaje y la disputa narrativa conviene señalar que una cosa es la creación del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI) impulsado por el INPI con su actual director Adelfo Regino, quien es calificado como traidor al movimiento indígena; y otra cosa es el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), sí, así mero con C, y que nació a mediados del 2017 como una iniciativa del EZLN – CNI presentada en 2016. El primero corre sobre los rieles del tren del progreso con dirección a la catástrofe y el otro teje la vida desde abajo y a la izquierda. 

De ahí que no nos resulte extraño las limitantes de la hoy tan “controvertida” Reforma Constitucional y Legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, puesto que nació muerta. Solo basta recordar el año 2001 para tener claro que el Estado tuvo una oportunidad para cumplir los acuerdos de San Andrés firmados en 1996 y no estuvo a la altura. Por ello, el movimiento indígena desde el espacio del Congreso Nacional Indígena CNI y el EZLN decidieron romper el diálogo y enfocarse en lo que seguía para sus pueblos. Lo anterior decantó en el ejercicio de la autonomía por la vía de los hechos, ejemplo paradigmático fue la creación de los caracoles en 2003 por el EZLN, así como la recuperación de tierras de la comunidad nahua de Ostula, en la costa de Michoacán en 2009. Muchos argumentan desde el púlpito del poder que ahora el Estado sí cumplió y que por ello la reforma va. Olvidan que no puede venir la vida de la máquina de muerte que es el Estado y esa enseñanza la miramos todos los días en nuestros pueblos y a través de las madres buscadoras. Por otra parte, es necesario señalar que en ese 2001, algunos cuantos decidieron aceptar la oferta del poder y con ello participar en los partidos políticos. De ese tiempo viene la traición de Adelfo Regino.

Sumado a lo anterior, recordar que desde el 2019, cuando el INPI y su actual director Adelfo Regino convocó a foros regionales a lo largo de la república mexicana, lo hizo bajo la bandera de que esta iniciativa cumpliría los temas que quedaron pendientes en los Acuerdos de San Andrés, y paradójicamente continuaron legitimando una política de militarización en Chiapas y de todo el país. Con la mano derecha crean “nuevas leyes” —estirando y lucrando con las demandas—, con la mano izquierda reprimen a los que se organizan y con ambas aplauden el festín de la élite gobernante.

Pero incluso antes de que fuera “descafeinada”, ya desde el 2019 en el foro nacional fue discutido el punto referente a Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los Pueblos Indígenas, puesto que uno de sus principios marcaba abiertamente la supeditación de los pueblos: Reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, salvo aquellos considerados estratégicos para la Nación, para estipularse en la modificación de la fracción VI del apartado A. del Artículo 2° y en la adición de un párrafo segundo a la misma. Un punto nada desdeñable considerando que los recursos estratégicos para la nación son: el petróleo, los minerales, la energía nuclear, los ferrocarriles y la petroquímica básica.

Por otro lado, las instituciones del Estado mexicano confirmaron una vez más que llegan tarde, sin actualización y sin querer reconocer las formas que los pueblos despliegan para asegurar la vida día con día. O sea, estamos ante la presencia de una mezcla entre una etnicidad S.A. de C.V. al servicio del Estado mexicano y revestido de progresismo ilustrado del siglo pasado, lo cual es perfectamente combinado con la participación en cargos públicos, y con todo ello, nos quieren hacer creer que las demandas de los pueblos en lucha han sido cumplidas y que ahora todo cambió. Hace un año el CNI señaló: 

México, a pesar de los disfraces y mentiras que brotan del gobierno de la Cuarta Transformación, no es la excepción y las cifras que describen la violencia y la guerra son elocuentes: más de 156 mil homicidios dolosos, más de 43 mil personas desaparecidas y no localizadas, más de 4 mil feminicidios, 75 periodistas y 104 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas, derechos humanos y medio ambiente asesinadas en este sexenio, casi la mitad de estos últimos participantes en el espacio que es el Congreso Nacional Indígena CNI (CNI, 2023).

Las cifras del colapso y la destrucción son claras. Ante la oscuridad que va adquiriendo la tormenta, es nuevamente necesario continuar con los trabajos de base, escuchando la palabra, reconociendo y enlazando dolores; es decir, llevar la organización a nuestras vidas, con nuestras familias, vecinos, amigos, miembros de la comunidad.

Por último, no debemos olvidar que es necesario dejar constancia en la historia de quien decidió servir al amo y quienes decidieron caminar por abajo y en colectivo.    

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^[1] Zoque de Chapultenango, Chiapas, México. Historiador, antropólogo e integrante del Centro de Lengua y Cultura Zoque.

26 de septiembre, 2024

A las madres y padres de los 43 compañeros estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado mexicano,

Al pueblo de México,

A los pueblos del mundo,

A la Sexta Nacional e Internacional,

Desde el corazón que somos, los pueblos, naciones, barrios y tribus del Congreso Nacional Indígena sumamos nuestro grito al de los padres y madres de Ayotzinapa para exigir: VERDAD, REPARACIÓN Y JUSTICIA.

A diez años de la injusticia perpetrada en contra de nuestros hermanos normalistas, el dolor y la rabia que nos une no han disminuido. Diez años en los que los gobiernos, en sus distintas administraciones, se han empeñado en enterrar la verdad bajo el manto de la impunidad.

Diez años de vergonzosa y descarada impunidad manchan la última década de este país, incluidos los últimos 6 años de la llamada Cuarta Transformación. Venimos a decirles que ninguna transformación es posible sin verdad para los padres y madres que buscan incansablemente; ninguna transformación es posible sin justicia ante estos hechos que han marcado nuestro país y ninguna transformación es posible siendo cómplices de toda la clase política, de todos los partidos, de todas las instituciones, y especialmente, sin que se admita y sancione la intervención y culpabilidad del Ejército al que en lugar de ello, se ha alabado y encumbrado.

Este gobierno ahora se va sin cumplir su palabra, por el contrario, ha encubierto y defendido a los políticos y militares implicados, mientras calumnia y le cierra las puertas a las madres y padres de Ayotzinapa y a su exigencia de verdad y justicia.

La administración actual, así como las anteriores, ha optado por proteger a quienes son sus cómplices: el crimen organizado, la clase política corrupta y las fuerzas militares que han silenciado a los que luchan por justicia. La siguiente administración de Claudia Sheinbaum, al igual que la de López Obrador, deja en claro que el tema Ayotzinapa no es prioridad, cerrando la puerta a la verdad y perpetuando el ciclo de impunidad.

El pasado ha sido un constante recordar que el Estado no sólo desapareció a 43 jóvenes, sino que también ha buscado borrar la memoria de su lucha y la de quienes, en cada movilización, replican sus voces. No permitiremos que continúe esta estrategia de olvidar y despreciar la dignidad de nuestros muertos y desaparecidos.

La luz de nuestros compañeros sigue viva en la lucha de sus familias y en cada rincón donde se resiste al olvido.

Por todos los ausentes, por cada nombre que se suma a las filas de la descomposición social en la que ellos han convertido a este país, reiteramos que seguimos y seguiremos gritando “Hasta encontrarlos” “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Nuestra exigencia de justicia y verdad no se detendrá.

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

¡Ayotzinapa Vive, la Lucha Sigue!

¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos,

Nunca Más un México sin Nosotros.

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena

Fuente: Tlachinollan.org

Ciudad de México, a 25 de septiembre del 2024. A 10 años, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no saben dónde están sus hijos; dijeron que los policías municipales, estatales, federales y el ejército desaparecieron a los jóvenes. Ellos saben porque los mandaron para desaparecer.

Al filo de las 11 de la mañana empezó el mitin en el antimonumento a los 43, después de que los estudiantes llegaran en 22 autobuses de la escuela normal de Ayotzinapa y cerraran los carriles de la avenida Reforma. Isidoro Vicario, uno de los abogados de las familias, empezó con las declaraciones que hizo en su conferencia de prensa matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la segunda parte del informe que había prometido a las madres y padres. Este 24 de septiembre, a través de los funcionarios, trataron de hacerlo llegar, pero no han podido hasta el cierre de esta publicación. Sin embargo, doña María Ma. Magdalena Maestro Olivares, madre del estudiante desaparecido Antonio Santana Maestro, agregó que el documento “en realidad no tiene nada, no hay respuesta alguna hasta el momento”.

“El informe de siete páginas dirigido a las familias no ha sido recibido. Se sabe que los Agentes del gobierno federal llevaban como 8 o 9 ejemplares y los fueron a aventar donde estaban los padres y madres de los 43, pero que aun así pedían que se firmara de recibido. En la última reunión Andrés Manuel López Obrador dijo: si es que ya no tendremos reunión porque no hay información novedosa de todos modos les haré llegar el informe. Es lamentable que un caso emblemático como la desaparición de los 43 estudiantes, aun en estos últimos días, no se toma con seriedad. Para nosotros es una falta de respeto a los padres y madres de los 43”, afirmó Isidoro Vicario.

La molestia de las familias es que el contenido del informe no aporta información sobre el paradero de sus hijos, ni sobre lo que ocurrió verdaderamente la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Más bien, “reitera lo que ha dicho en las últimas reuniones y mañaneras, donde el caso Ayotzinapa se complicó porque los propios abogados, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones internacionales son quienes obstaculizaron las investigaciones. También dice que estas organizaciones tienen un interés, y el mismo presidente decía que el movimiento de los padres era boicotear las elecciones, pero no es cierto. Por eso reiteramos que esta lucha de los padres y madres de los 43, a diez años han caminado con la frente en alto porque el interés que persigue es saber la verdad y saber el paradero de sus hijos. No tienen otro interés”, señaló Isidoro Vicario.

Durante 10 años han caminado y aquí se mantienen, y lo han reiterado una y otra vez que el único interés es el de sus hijos. Por eso la insistencia de que se entreguen esos 800 folios del ejército mexicano y el regreso de Tomás Zerón para que lo detengan y aporte información, y que se profundicen algunas líneas de investigación.

En el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala que un grupo de 17 estudiantes fueron llevados a barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre y luego fueron llevados a alguna colonia periférica.

“Por eso la exigencia de los padres que se tenga profundizar esa línea de los 17 estudiantes para que sepamos el paradero. No hay otro interés de manchar la imagen de las instituciones como nos ha querido decir el presidente más que encontrarlos. Los padres y madres no quieren pelear con el ejército, lo que piden es que entregue la información porque el sexto informe del GIEI indica que hubo participación de militares. Hace un año Alejandro Encinas tuvo que reconocer que el caso Ayotzinapa es un crimen de Estado porque hubo colusión y participación de las diferentes corporaciones policiacas y de los tres niveles de gobierno”, finalizó el abogado Isidoro Vicario.

Macedonia Torres Romero, madre de José Luis Luna Torres, habló de los años que llevan buscando a sus hijos. “Seguimos sin saber dónde están, pero sí sabemos que el ejército los detuvo, así como los policías estatales, municipales. Peña Nieto los mandó a desaparecer y no hay una señal de él, sigue libre. Por eso nos seguimos manifestando hasta encontrar a nuestros hijos”.

Los normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) reiteraron el apoyo hacia las familias hasta encontrar la verdad y que el caso pudo haberse resuelto en 72 horas. “Sin embargo, funcionarios políticos culparon a quienes no fueron los verdaderos culpables, mediante violaciones de derechos humanos y extorsiones para que dijeran lo que ellos quisieran. Así actúan los gobiernos para no manchar sus propias manos, diciendo que los normalistas vandalizan, pero no se dan cuenta que sus propios actos hacen que nos manifestemos. Como federación nunca dejaremos de protestar por las injusticias que hace el gobierno. Nos llama delincuentes, pero no traemos armas. Las únicas armas son nuestras consignas que gritamos con coraje a estos burgueses que sólo velan por su bien, no se fijan en la gente marginada que sólo quiere sobresalir”.

“Es un hecho de gravedad y es casi imposible que a 10 años no se pueda dar una verdad, no se pueda dar una respuesta. Cada integrante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México tenemos un objetivo en común: llevar la educación a aquellos lugares más recónditos del país. Nuestro objetivo es ser aquellos portadores de la educación. No somos delincuentes, somos estudiantes. Cada uno está aquí levantando la voz, haciéndose escuchar y exigiendo justicia por todas aquellas personas que han sido violentadas, reprimidas y desaparecidas por el Estado”, reclamó una normalista.

Lamentaron que México sea un país lleno de violencia y que la prensa amarillista quiera ocultarlo. Llamaron a crear conciencia en un país corrupto como México, que desaparece estudiantes por estar contra de todos aquellos actos que violentan nuestros derechos. Criticaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y adelantaron la exigencia de presentación con vida de los jóvenes para Claudia, la presidenta electa.

El mitin terminó cerca de las 2 de la tarde con el himno venceremos y otras consignas con el puño en alto. Las madres y padres se enfilaron al autobús para llevarlos al Centro Prodh. Los normalistas se quedaron un rato más coreando sus consignas. Después se subieron a los buses y quitaron el bloqueo que mantenían en el antimonumento, mientras duró el mitin. El silencio que quedó en la ciudad dejaba un vacío como en las familias de los 43 estudiantes. La vida continúa para las personas en México, pero para las madres y padres cada segundo repite las horas cruentas en que desaparecieron a sus hijos.

Mañana, 26 de septiembre se cumplen 10 años de impunidad. A las 4 de la tarde las familias realizarán una marcha del Ángel de la Independencia al zócalo de la Ciudad de México. Invitan a la población en general para que acudan a la marcha que tiene el rostro de los 43.

Fuente: Este País

Por John Gibler

En este texto, John Gibler escribe sobre el caso Ayotzinapa y sobre cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador paralizó la investigación y defraudó a las familias de los desaparecidos.

En 2016, la escritora chilena Nona Fernández publicó un libro de no-ficción titulado La dimensión desconocida. El libro toma su título de la serie de televisión de ciencia ficción, fantasía y terror estadounidense The Twilight Zone. La autora cita el eslogan de la serie en el epígrafe: “Más allá de lo conocido hay otra dimensión. Usted acaba de atravesar el umbral”.

“La dimensión desconocida es una manera de nombrar esa realidad paralela que el Estado administra y niega de manera simultánea.”

Fernández veía ese programa en blanco y negro en la televisión, de niña, en los años setenta en Chile: los años de la dictadura. Yo veía ese mismo programa en blanco y negro en la televisión, de niño, en los años setenta en los Estados Unidos: los años de la llamada Guerra Fría.

“Eran capítulos cortos, con historias fantasiosas y delirantes”, escribe en la primera parte del libro. “Un hombre tenía un reloj capaz de detener el tiempo. Otro veía gnomos que lo acosaban e intentaban botar el avión en el que viajaba. Otro se reencontraba con su pequeño hijo de diez años, mientras en un tiempo paralelo y bastante más real, el niño era un soldado que moría en la guerra. Otro que hablaba con la muñeca asesina de su hijastra. Otro que cruzaba del otro lado del espejo”.

En el libro de Fernández, la otra dimensión es una historia de terror real, la de Andrés Antonio Valenzuela Morales, un soldado chileno, miembro de la tropa de la dictadura de Augusto Pinochet y torturador. En 1984, a los 28 años, Valenzuela Morales decidió no matar ni torturar más. Un día, apareció solo y nervioso en las oficinas de la revista Cauce buscando a la periodista Mónica González. Cuando ella le dijo: “Yo soy, ¿qué quiere?”, él respondió: “Quiero hablarle sobre cosas que yo hice, desaparecimiento de personas…”.

Así empieza la historia escalofriante que Fernández retoma, narra e interpela en su libro. El testimonio de un soldado torturador de la dictadura chilena nos permite atravesar el umbral y ver con claridad la dimensión desconocida: los secuestros por agentes del Estado vestidos de civil en plena calle y en el transporte público, las casas de tortura en zonas residenciales tranquilas, los viajes en carretera hasta los páramos donde desaparecen personas. Este mundo de terror cohabitaba, oculto, al lado de la vida cotidiana de familias que preparaban a sus hijos el desayuno, que los llevaban a la escuela en el combi, de alguien que cocinaba la cena en casa, de una niña que veía historias de fantasía y terror en la televisión.

Al narrar la historia del militar Andrés Antonio Valenzuela Morales, Fernández nos presenta el detrás de cámara de la desaparición forzada como práctica de Estado. La dimensión desconocida es una manera de nombrar esa realidad paralela que el Estado administra y niega de manera simultánea. En México, el Estado ha sido particularmente enfático en la combinada administración y negación de su propia dimensión desconocida. Esa otra dimensión brutal donde, a puerta cerrada, las oficinas de gobierno se convierten en centros de tortura y los trajeados y uniformados, encargados de buscar a los desaparecidos y hacer justicia, son quienes torturan, mienten, encubren y desaparecen.

“Usted acaba de atravesar el umbral”

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, cientos de policías municipales, estatales y federales, soldados del ejército mexicano y algunos empleados de la empresa ilegal trasnacional de tráfico de heroína conocida como Guerreros Unidos colaboraron para atacar a cinco autobuses tomados por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y a un autobús —por error— que llevaba al equipo de futbol de tercera división de Chilpancingo, Los Avispones, así como a varios taxis que circulaban en la misma carretera.

Durante las siete horas que duraron los ataques pararon a todos los autobuses, dispararon contra una pequeña conferencia de prensa que dieron los estudiantes, asesinaron a seis personas, hirieron gravemente a decenas y desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los perpetradores policiacos, militares y civiles usaban sus teléfonos celulares para coordinarse entre sí. El ejército monitoreó y documentó todo el operativo en tiempo real a través del sistema de cámaras de vigilancia C4, intervenciones telefónicas ilegales a miembros de Guerreros Unidos, un soldado infiltrado entre los estudiantes —desaparecido con ellos esa noche—, elementos de inteligencia militar presentes en los diferentes escenarios de ataque y a través de constantes patrullajes de los soldados del Batallón 27 en esos lugares.

Esa noche de septiembre de 2014 en Iguala, cientos de personas atravesaron el umbral y entraron a otra dimensión, a una zona oficialmente oculta. Ahí, el personal de seguridad del Estado en todos sus niveles atacó, mató y desapareció. Luego, el Ejército —el entonces secretario de la defensa Salvador Cienfuegos, el entonces capitán del Batallón 27 de Infantería José Crespo y todos los oficiales y soldados rasos involucrados— mintió y ocultó la documentación que tenía. La estructura administrativa del Estado —un alcalde, un gobernador, un presidente, un secretario de la defensa, otro secretario de la Marina, un procurador, un secretario de Gobernación— mintió, torturó, encubrió, inventó, ocultó y desapareció.

Esa larga noche de terror dio inicio a toda una década de terror. El gobierno de Enrique Peña Nieto inventó una historia falsa — la incineración de los 43 estudiantes al aire libre durante una sola noche de lluvia en el basurero de Cocula, una ficción autodenominada la “verdad histórica”— para cerrar el caso y para volver a sellar la puerta a la otra dimensión.

La traición

Andrés Manuel López Obrador dijo que era diferente. Dijo que su compromiso era con la gente y, como candidato a la presidencia en 2018, se comprometió explícitamente con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Les prometió que encontraría a los estudiantes, la verdad de lo que sucedió esa noche, y castigaría a los responsables sin importar quiénes fueran.

Su primer acto de gobierno fue establecer la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) bajo el mando del entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Durante su primer año de gobierno, la Fiscalía General de la República también estableció la Unidad Especial para la Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y nombró Omar Gómez Trejo, un abogado de derechos humanos con años de experiencia en el caso y el apoyo de las familias, como fiscal especial.

A petición de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, López Obrador también invitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a volver al país para dar asistencia técnica en la investigación, casi cuatro años después de su elegante expulsión a manos del gobierno de Peña Nieto.  

Para el 2020, entonces, había tres instancias distintas, con siglas desafortunadas, investigando los ataques contra los estudiantes, la desaparición de los 43 y la serie de delitos cometidos durante los cuatro años de tortura y mentiras para construir la “verdad histórica” del anterior gobierno. Las tres instancias compartían información y realizaban ciertas diligencias, entrevistas y búsquedas conjuntas.

“Parecía que, por primera vez, las instituciones del Estado […] lograrían investigar y esclarecer un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad…”

Hubo importantes avances en la investigación. Consiguieron videos del anterior Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que mostraban a personal de CISEN, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía federal y de la Marina participando en la tortura de los detenidos del 2014. Consiguieron videos de un dron de la Marina que documentó actos, ocultos hasta entonces, del gobierno federal en el basurero de Cocula el día 27 de octubre, dos días antes del supuesto hallazgo del lugar. Consiguieron los mensajes interceptados en Chicago de Guerreros Unidos que documentaban las relaciones entre dicha empresa ilegal de tráfico de heroína, el ejército, los diferentes cuerpos policiacos y varios funcionarios públicos. Consiguieron testimonios de diferentes testigos implicados en los hechos que, aunque mezclaban verdades y mentiras, aportaban elementos que concordaban con las otras pruebas en el caso, ampliando la documentación sobre la participación de soldados, oficiales, policías y funcionarios en diferentes crímenes de lesa humanidad. Con el testimonio de uno de los implicados encontraron dos pequeños restos óseos de dos estudiantes en un lugar distinto a la narrativa de los hechos del anterior gobierno. Y consiguieron, dentro de archivos del propio ejército, documentos militares que mostraban de manera simultánea actuaciones ilícitas del ejército, así como el grado de documentación que los militares produjeron en tiempo real antes, durante y después de la noche de los hechos y los largos años de mentiras que habían contado al respecto.  

Durante el transcurso del 2021, se dieron esos avances importantes en la investigación. El GIEI y la UEILCA confiaban en las posibilidades de llegar a fondo. Parecía que, por primera vez, las instituciones del Estado —con un apoyo inédito de asistencia técnica internacional— lograrían investigar y esclarecer un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad cometida y luego encubierta por un gran entramado de policías, soldados y funcionarios públicos de diversas instituciones. Parecía que, por primera vez, una investigación oficial liderada y realizada por un grupo de jóvenes mexicanos creyentes en el estado de Derecho y el compromiso del presidente López Obrador lograría revelar con toda claridad la otra dimensión oculta y terrorífica del Estado.

Pero no fue así. Justo cuando esos avances en la investigación comenzaron a arrojar pruebas sobre la participación del Ejército, la Marina y el CISEN, el gobierno de López Obrador actuó para frenar los avances, desviar la investigación, sacar a todos los fiscales e investigadores que habían hecho los avances y al final matar a la investigación.

Un lunes, 15 de agosto de 2022, desayunaron juntos el presidente, el fiscal general, el secretario de gobernación, el presidente de la Corte Suprema y el subsecretario de derechos humanos y presidente de la COVAJ. En esa mesa, se acordó cerrar la última puerta que llevaba a la otra dimensión en donde policías, soldados y miembros de una empresa de tráfico internacional de la heroína matan y desaparecen normalistas, donde policías, soldados y funcionarios públicos mienten y torturan para borrar las huellas de la desaparición, donde las instituciones del Estado se alinean para sostener la mentira.

Mes y medio después de ese desayuno, el Ejército seguía mintiendo sin entregar todos los documentos del caso. Se llevó a cabo el mediático arresto del exprocurador (ahora de vuelta en su casa en Lomas), se publicó un informe secreto y apócrifo de la COVAJ que, con pantallazos falsificados, daba por cerrada la narrativa de los hechos, se obligó a las familias volver a escuchar una narrativa falsa y horrífica sobre el destino de sus hijos, se sacó al fiscal especial del caso y, un poco más tarde, a todo su equipo, y se cancelaron 21 órdenes de aprehensión contra militares y otros funcionarios públicos, para luego volver a emitir 18 de ellas.

En octubre de 2022, dos de los cuatro miembros del GIEI renunciaron en protesta. En julio de 2023, los otros dos publicaron un sexto informe y se fueron del país denunciando las intromisiones políticas en el caso, las mentiras del Ejército y la imposibilidad de seguir investigando. La UEILCA quedó en manos de un tabasqueño, amigo del presidente, sin experiencia en casos de desaparición forzada ni derechos humanos, quien se dedicó a convocar clases de baile en las oficinas de la fiscalía. La COVAJ quedó en el olvido, deslegitimada. Desde sus conferencias de prensa matutinas, el presidente apoyaba las mentiras del ejército e insultaba al GIEI, al exfiscal especial y a los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

El 27 de agosto de 2024, nueve años y once meses después de aquella infame mañana cuando sus hijos no volvieron de Iguala, la mayoría de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se pararon de la mesa y dieron por terminada su relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El umbral, una vez más, se cerró.  

Una manera de entender el afán con que ahora dos gobiernos supuestamente opuestos han mentido y vuelven a mentir en cada oportunidad que tengan sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es porque esa noche se abrió el portal que lleva a la otra dimensión y ahí se reveló el rostro oculto del Estado. 

Pasar a la historia

Una cosa sería intentar resolver el caso y fallar: subestimar el poder del silencio que protege las relaciones entre las fuerzas de seguridad, la procuración de justicia y el tráfico internacional de sustancia ilícitas. Una cosa sería no dedicarle los recursos necesarios a la investigación, no dar apoyo justo a los investigadores, no dimensionar la complejidad del caso, ni el grado de complicidades de personas todavía activas en instituciones afines al actual gobierno. Una cosa sería fallar.

Pero eso no es lo que pasó. Con el caso Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo otra cosa muy distinta: conspiró, falsificó y mintió para frenar la investigación. Hizo lo mismo con la Comisión Nacional de Búsqueda. Hizo lo mismo con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicias de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos de 1965-1990.

El soldado chileno, Andrés Antonio Valenzuela Morales, por lo menos cumplió con su palabra: contó lo que sabía y así abrió la puerta que llevó a la dimensión desconocida de la dictadura chilena. En México, es como si López Obrador hubiera dicho, “sí, existe una dimensión desconocida y desde el Estado la vamos a hacer conocida”, solo para volver a cerrar la puerta en la cara de toda la nación.

“Pasará a la historia como el presidente que traicionó a su palabra, traicionó a las familias de los desaparecidos, militarizó el país…”

En sus discursos en el Hotel Hilton y luego en el Zócalo el 1 de julio de 2018, después de su triunfo electoral, López Obrador dijo en varios momentos: “Yo quiero pasar a la historia como un buen presidente de México”. Y en eso, creo, fue honesto. Pero no. Pasará a la historia como el presidente que traicionó a su palabra, traicionó a las familias de los desaparecidos, militarizó el país, consolidó el poder de su partido y, como todos sus antecesores del PRI y del PAN, salvaguardó ante todo la dimensión desconocida del Estado mexicano. EP

Fuente: adondevanlosdesaparecidos.org

Por Carlos Martín Beristáin

Al cumplirse 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien fuera integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hace un recuento de los hechos, los obstáculos y los pendientes de la investigación, subraya la responsabilidad del Estado y reconoce la lucha sin tregua de las familias para obtener verdad y justicia. Texto especial para A dónde van los desaparecidos

Hay un mapa que nació de esta tragedia. El que recorrimos en los lugares donde todo pasó, en esas calles de Iguala que se convirtieron en una trampa humana para detener, para llevárselos y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa. Cuando llegamos a los lugares donde todo eso sucedió, parecía un milagro que algunos hubieran sobrevivido a los disparos de la cacería de la policía. Hay sitios en los que tomas conciencia no de lo que sucedió, sino de lo vivido. También llegamos al basurero de Cocula, donde la historia que escuchamos no cuadraba con la geografía ni con las declaraciones forzadas con el tormento. Todo aquello se tumbó con investigaciones independientes del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense, a contrapelo de instituciones empeñadas en mantener una verdad insostenible.

Durante estos años hemos acompañado y escrito los avances y revelaciones de una investigación plagada de obstáculos durante el primer año, donde investigar lo que pasó era tratar de escudriñar entre versiones, mentiras y medias verdades para avanzar un poco más en la revelación de los hechos. Cómo detrás del caso estaba el tráfico de heroína desde Iguala a EEUU y el estigma contrainsurgente de los normalistas como factor facilitador de una violencia contra los que no importan. Escribir los informes del GIEI, acompañar a los familiares y representantes, no ha sido fácil y ha dolido darse cuenta de tanta crueldad e infamia. También ha llevado esa tarea cuidadosa de medir las palabras y los hallazgos. Frente a quienes trataron de tergiversar tantas veces nuestro trabajo, les dijimos siempre: no ataquen al mensajero, discutan los informes. Siempre trataron de ponernos a favor o en contra de alguien, pero nosotros estamos a favor de la verdad que revelan los hechos.

Diez años, y en medio muchos pasos y promesas de esclarecer la verdad y sus responsables. En los últimos años se avanzó en el esclarecimiento, a pesar de que hubo que reiniciar la investigación casi desde cero porque todo el proceso fue anulado por las torturas a que fueron sometidos muchos detenidos y que pervierten no solo a quien las practica, sino también la verdad de lo sucedido, porque con la tortura ya no sabes qué es verdad y mentira. La PGR hizo mal una buena parte de las consignaciones, en las que les señalamos que había que corregir muchos errores, pero se prefirió negarlo de nuevo. De aquellas acciones, estos lodos.

En el nuevo rumbo con un nuevo gobierno se dieron pasos importantes adelante, nos convocó la invitación a un nuevo aire de esperanza. Se creó una fiscalía especial independiente y una comisión de la verdad con carácter extrajudicial. Acompañamos a las instituciones para quebrar los pactos de silencio, que fue la primera puerta para contar con nuevas informaciones, contrastarlas, también evitar nuevos intentos de manipulación.

Algunos testigos protegidos empezaron a hablar y romper esos pactos con los que se teje tantas veces la impunidad. Un testigo de Huitzuco señaló que al día siguiente de los hechos se oyó un cuchicheo en la comandancia de policía: Aquí ningún cabrón se raja, nadie va a hablar.

El pegamento de los pactos de silencio es no solo la complicidad sino el miedo, a veces por ti, por tu familia. Y no solo afectan a los perpetradores directos y sus cómplices, muchos de los cuales siguen ocultando lo que hicieron. Como me dijo un alto cargo de la PGR en 2016 cuando le cuestioné por las mentiras que ellos habían ayudado a cimentar en la llamada “verdad histórica”: Don Carlos, ellos son implacables.

Otros testigos de los hechos que vieron o supieron partes de la historia se acercaron porque tuvieron confianza, que es la energía que permitió avanzar. Conforme la investigación fue dando pasos adelante, nuevas cosas fueron reveladas. Todo ello lo hemos publicado en seis informes, cuyo contenido no ha podido ser cuestionado, a pesar de que ha habido tanta gente que sigue intentando manipular la historia para no mirarse en el espejo. No solo participaron policías de dos municipios, sino de cinco. La policía estatal, que dijo que se había ido a proteger una cárcel y encerrarse en el cuartel, estuvo en la escena de los hechos. Lo mismo que la policía federal y ministerial. Cada quien cumplió una parte de la acción que llevó finalmente a la desaparición. Por supuesto, responsable de la desaparición es toda la estructura de Guerreros Unidos, en connivencia con fuerzas de seguridad del Estado que atacaron, detuvieron y les entregaron a los muchachos. Las autoridades de Guerrero dijeron que llegaron tarde, pero estuvieron al tanto desde el inicio y algunos de los responsables estaban bajo su mando. El ejército en Iguala dijo que salió cuando supo lo que ocurría, supuestamente cuando casi todo había pasado, aunque la desaparición siguió sucediendo hasta la madrugada, cuando ya todo el mundo estaba allí. El análisis de la telefonía de muchos miembros de policías y militares del 27 batallón es una prueba de que mintieron en reiteradas ocasiones, de eso que Hannah Arendt dice en su libro Verdad y política: “Lo que define a la verdad factual es que su opuesto no es el error, la ilusión ni la opinión (los cuales no tienen relación con la veracidad personal), sino la falsedad deliberada o la mentira”.  Cuando preguntamos a un jefe del narco detenido en la cárcel cómo fue posible la desaparición de 43 estudiantes y el ataque durante cinco horas en medio de la ciudad de Iguala con tantas fuerzas de seguridad y dos batallones del ejército, nos dijo: Nosotros teníamos el poder.

Ayotzinapa es un mapa para entender la crisis humanitaria y de violencia que vive el país. El problema estructural en México pasa por la frontera con EEUU, donde las drogas suben hacia el norte y las armas bajan y financian la guerra en el sur. Pero como señaló la Comisión de la Verdad de Colombia, de la que formé parte, en su informe final —un país que ha sufrido como nadie el impacto del narcotráfico y de la guerra contra el narcotráfico—, el narco no solo es una industria o una serie de grupos armados criminales, para funcionar penetra en la estructura del Estado. Es más, no empieza a funcionar si no tiene unas bases de control político y territorial, y es parte de la propia economía. Ayotzinapa muestra, pues, un problema estructural, que necesita mirarse de frente, en la concepción de esta guerra que se hace para controlar el territorio y, sobre todo, contra la gente. Mirar para otro lado, dejar de hablar o acusar al mensajero esperando que el tiempo resuelva las cosas, o aumentar la militarización, no es ninguna alternativa, sino más de lo mismo, para un país que tiene una fuerte energía colectiva transformadora y gente que la sostiene.

Pero no es este el mapa que nos ha guiado. Hay otro tiempo en este caso, y en el de los miles y miles de familias de personas desaparecidas. Es el tiempo suspendido en el que viven los familiares, el dolor de la ausencia que pesa como el primer día, la lucha por levantarse una y otra vez mientras el tiempo pasa, los otros hijos e hijas y familiares que preguntan, la urgencia que quema por saber, la necesidad de que les miren a los ojos y que tantas veces escuchamos en nuestras reuniones con las familias y el Estado: Pónganse en nuestro lugar, piensen que uno de los desaparecidos es un hijo suyo. Esa empatía ha convocado a la gente en las calles desde hace 10 años. También la rabia de la dignidad de los nadie en sus manifestaciones pacíficas, que reivindicó el escritor y amigo Eduardo Galeano, quien en sus últimos días de su inmensa vida, cuando ya se le escapaba entre las manos, fue a una manifestación por Ayotzinapa en Montevideo. Las demandas de verdad y justicia de las familias son parte del impulso de los procesos democráticos, como nos enseñaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) de Guatemala, Pro-Búsqueda en El Salvador, ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) y las organizaciones de familiares de desaparecidos de Colombia. También lo son las organizaciones de familiares de todo México. Los familiares han sido considerados tantas veces como parte del enemigo, y son en cambio el diamante de la conciencia colectiva.

La investigación del caso Ayotzinapa avanzó grandes pasos, la comisión de la verdad gubernamental reconoció que se trató de un crimen de Estado, pero cuando llegó la judicialización encontró de nuevo obstáculos que dijeron: hasta aquí. Ninguna razón asiste a estos obstáculos, ninguna aguanta un debate serio. Diez años, y también oportunidades perdidas y acciones descarriladas. Siempre planteamos que no hay que tenerle miedo a la verdad. Hoy estamos en un aniversario que es un día de dolor para las familias, el peso de la ausencia de los que no están y a la vez el tiempo de la movilización, de estar de nuevo juntos, en un asombro maravillado que nos hace mejores, de este sentimiento compartido y la esperanza de algo mejor. Un nuevo punto de partida. La nueva presidenta electa de México dijo a los familiares, en su primera reunión, que el caso no estaba cerrado: hablemos de metodología. La metodología es un buen punto de partida, porque de eso ha ido esta investigación. No hay atajos para la búsqueda del destino y paradero de los normalistas sin tener en cuenta la verdad. El gobierno de México está haciendo un gran esfuerzo por encontrar restos óseos que puedan corresponder a los estudiantes, pero esa búsqueda no puede separarse de la verdad que proporcionen testigos protegidos, que pueda comprobarse, y de la investigación con toda la documentación existente y a la que aún se necesita tener acceso como reclaman los padres y madres.

Hay momentos reveladores que no son los de los perpetradores y sus secuaces. Son el otro mapa, el que hemos vivido con los papás y mamás de Ayotzinapa, que han acompañado los representantes legales de organizaciones de derechos humanos  y funcionarios comprometidos con la verdad. Del desafío que nos plantearon en la primera reunión, en el salón de la escuela de Ayotzinapa, en las sillas que tenían que estar ocupadas por sus hijos desaparecidos, cada una con su nombre: Ustedes son los únicos en que confiamos, dígannos la verdad, y por favor no se vendan. Ese es un tatuaje invisible en nuestra piel, con él seguimos siempre en la vida. Y creo que no es solo nuestro, es el de tanta gente en México que se ha movilizado o ha mantenido esa distancia de versiones oficiales, a veces en silencio, esa insumisión de los de abajo. Los familiares de Ayotzinapa son parte de ese pueblo condolido, que busca la verdad y requiere justicia.

El mapa de Ayotzinapa son esos lugares emocionales que hemos recorrido con ellos y ellas, gracias a ellas y ellos, y algunos de los que compartimos también con otras víctimas, familiares de los otros normalistas y personas asesinadas, con el equipo de fútbol de Los Avispones, heridos y sobrevivientes. Nos han dolido y nos han conmocionado, y han puesto la luz en el camino cuando todas las puertas estaban cerradas, son los lugares que nos han unido en medio de las dificultades e insultos, y los intentos de quebrar el proceso colectivo de los familiares —un viejo recurso en la historia de México—. Los familiares nos han convocado una y otra vez, y han sido en toda esta lucha la fuente de sentido. Hay una suspensión de la conciencia que hace el horror posible, como ha escrito el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, pero este aniversario es un momento para juntar esos pedazos que nos duelen y para sentir el compromiso ético que moviliza a las familias y la sociedad.  México se juega aquí muchas cosas, y de la acción que en esto tomemos todos y todas dependerá su destino. Los familiares mantienen una conciencia clara y una reivindicación con todo su sentido, y no van a dejar de movilizarse y de tener razón en sus demandas de diálogo y documentación. La historia de las transiciones y cambios políticos en el mundo muestra que la desaparición forzada es un delito permanente y un dolor insoportable, pero también una fuerza persistente que impide el olvido. Mi segunda mamá, Fabiola Lalinde, cuyo hijo Luis Fernando fue desaparecido por el ejército en Colombia, y que fue detenida y acusada de narcoterrorista para tratar de desprestigiarla, llamó a su lucha por la verdad y por su hijo Operación Cirirí. El cirirí es un pequeño pájaro chillón, que sigue al gavilán que se lleva sus polluelos hasta que lo obliga a soltarlos. Traer a sus hijos hasta hoy es el trabajo de la memoria y la lucha por los desaparecidos, les damos las gracias por la confianza y porque así, quienes trataron de ser silenciados, nos hablan del camino para su búsqueda y de lo que hoy México sigue necesitando. Los familiares de Ayotzinapa son parte de esa Operación Cirirí de la persistencia de la dignidad. De nuestra parte, este es el mensaje para los familiares: estamos con ustedes.

Texto especial para A dónde van los desaparecidos

*Foto de portada: El médico y psicólogo vasco Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en la presentación del sexto informe en julio de 2023. (Emiliano Molina/ObturadorMX)

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Carlos M. Beristain

Es médico y psicólogo vasco con amplia experiencia en atención psicosocial de víctimas en el mundo y como asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países. Coordinó el informe Recuperación de la Memoria Histórica – REMHI, de Guatemala, forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa y actualmente es Comisionado de la Paz en Colombia.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado martes (17), la empresa norteamericana Odyssey Marine Exploration anunció la resolución a su favor, por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organización perteneciente al Banco Mundial (BM), relativo a una demanda contra el gobierno mexicano, a quien acusa por perjuicios después de la negativa de autorización para explorar una mina submarina al norte del país.

La resolución deriva de la demanda, promovida por la empresa norteamericana desde el año 2020, en la cual argumenta daños a sus inversiones tras las negativas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre 2016 y 2018, para autorizar un proyecto minero submarino en el Golfo de Ulloa, en el estado de Baja California Sur, el cual pretendía extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales, durante un periodo de 50 años, para la producción de fertilizantes.

El fallo llega tras cuatro años de litigio en el que la empresa argumentó que el gobierno mexicano incumplió sus obligaciones en materia de inversión establecidas mediante el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). 

La orden del CIADI demanda el pago a la empresa norteamericana de una indemnización por 37.1 millones de dólares, además de intereses anuales desde octubre del 2018 hasta el momento en que se cubra el monto total. Sumado a ello, el CIADI resolvió que el gobierno mexicano cubra los costos derivados de la demanda.

“El fallo de hoy valida nuestra posición de que la agencia ambiental de México, Semarnat, negó erróneamente nuestro permiso ambiental, que contenía amplias aportaciones de asesores externos y expertos de la industria para determinar un plan de desarrollo económicamente viable y ambientalmente responsable”, declaró Mark Gordon, director ejecutivo y presidente de la Junta Directiva de Odyssey.

El proyecto minero, denominado “Don Diego” – entre cuyos socios se encontraban Diego Fernández de Cevallos (político mexicano) y Alonso Ancira (ex presidente de Altos Hornos de México, acusado de fraude por 500 millones de dólares contra el gobierno mexicano) -, consistía en el dragado marino en un área mayor a 61 mil hectáreas en el Golfo de Ulloa para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas.

Odyssey Marine Exploration Inc sostiene que la negación del permiso ambiental por parte de Semarnat se basó no en regulaciones de México ni en datos científicos, sino “en una directiva de políticos”. 

En contraste, la Semarnat alude que su negativa se sostuvo en la aplicación del principio precautorio ante posibles daños a especies marinas protegidas como tortugas caguamas y ballenas gris y azul, y lobos marinos; además de impactos a las pesquerías de langosta, pulpo, abulón y curvina, entre otras. 

Fue en 2018, tras manifestaciones de pescadores artesanales motivadas por la mortandad de animales marinos a partir de las prospecciones mineras, cuando la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”.

Apelación

La demanda presentada ante el CIADI exigía el pago de 3 mil 500 millones de dólares, no obstante la resolución anunciada la semana pasada representa apenas el 1.18% del total reclamado por Odyssey Marine Exploration

Días después del anuncio por la empresa minera, el jueves (19), la Secretaría de Economía comunicó que iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Argumenta que no se tomó en consideración evidencia que demostró la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, debido a que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos.

Mediante boletín, la dependencia aludió a que el proyecto minero afectaba un lugar ecológicamente sensible y sumado a ello, “se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo”.

El gobierno mexicano destacó que entre los tres árbitros del tribunal hubo una postura disidente, perteneciente al británico Philippe Sands, el cual criticó que “las preocupaciones ambientales razonables y serias de México fueron ignoradas deliberadamente por la mayoría del tribunal”. Además en su conclusión aseveró que “este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos”.

Aunado a ello, el comunicado de Economía resalta que el Tribunal dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos ex directivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat presentados como testigos por parte de Odyssey, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas. 

“Por su parte, la defensa de México demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal”, denuncia la Secretaría de Economía.

Poder trasnacional

Acorde al informe Radiografía del poder transnacional en México: el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias, elaborado por el Transnational Institute, el país cuenta con 55 demandas por parte de empresas trasnacionales, lo cual lo convierte en el tercer país más demandado a nivel regional y el cuarto a nivel mundial. 

Del total de demandas, 93% fueron interpuestas por inversionistas de los EEUU, Canadá y la Unión Europea y en 14 casos los tribunales de arbitraje han decidido a favor de los inversionistas con lo que el gobierno mexicano ha sido condenado a pagar más de 341 millones de dólares.

El informe destaca que aún existen 23 casos pendientes contra México, acumulando un monto reclamado por hasta 13, 635 millones de dólares, aunque enfatiza que “las cifras podrían ser superiores, ya que no toda la información es pública”.

El sector económico con más demandas es el de las industrias mineras y de hidrocarburos y, solo en 2023, México fue el país que más demandas de arbitraje de inversión recibió en el marco de tratados de protección de inversiones a nivel mundial. 

Desde 2018, el país se convirtió en miembro pleno del Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Además es parte de 31 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y 11 Tratados de Libre Comercio (TLC) que prevén el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados.

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: La expansión de la frontera agropecuaria en el Gran Chaco argentino ha convertido esta región en uno de los focos más graves de la deforestación en Latinoamérica. Los bosques de este territorio ubicado al norte del país desaparecen a gran velocidad, empujados por los cultivos de soya y la producción de carne. Foto: Martin Katz.}

Por Lucía Guadagno / Agencia Tierra Viva

“Descarbonización”, “carbono neutralidad” o “net zero” (cero neto) son palabras que aparecen cada vez más en los discursos políticos y en las publicidades de las empresas: se ofrecen desde cervezas hasta explotaciones petroleras “carbono neutrales”. El gobierno de Neuquén, por ejemplo, presentó en julio pasado el programa Vaca Muerta Net Zero, en alianza con el sector petrolero para lograr “la neutralidad de carbono” en las operaciones de la formación Vaca Muerta. El agronegocio, por su parte, lanzó en 2019 el Programa Argentino de Carbono Neutro. Y, en 2022, las empresas forestales y fábricas de celulosa iniciaron la Mesa del Carbono Forestal (ahora Mesa Argentina del Carbono).

En todo los casos, lo que estos sectores promueven son mercados para compensar la contaminación que provoca su actividad. Contaminación generada a través de la emisión de gases de efecto invernadero, desmontes o degradación de los suelos. A estos mercados se los conoce como mercados de carbono y lo que permiten, tanto al sector privado como a los gobiernos, es comprar y vender créditos que equivalen a una tonelada de dióxido de carbono, uno de los principales gases responsables de la crisis climática. Las empresas identifican en ellos una doble oportunidad: ganar dinero y publicitarse como sostenibles y amigables con el ambiente.

Al invertir en un proyecto que absorba, capture o remueva carbono (ya sea un monocultivo forestal, la conservación de un bosque o prácticas de agricultura regenerativa) o en proyectos que mitiguen emisiones (como reutilizar residuos como fuente de energía) las empresas buscan compensar el daño que producen al liberar gases contaminantes. De esta manera, no es que reducen la contaminación sino que la compensan. Por eso hablan de cero neto: argumentan que la contaminación que suman por un lado la restan por el otro.

Si bien no son nuevos, estos mercados cobraron impulso a partir de 2015, con el Acuerdo de París celebrado en la 21º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ante la sociedad, se presentan como una solución viable a la crisis climática. Sin embargo, en los territorios donde se realizan tanto las actividades contaminantes como las de compensación, comunidades locales denuncian lo contrario: desde falta de información y participación hasta impactos negativos de los proyectos de créditos de carbono.

A nivel internacional, medios de comunicación europeos como The Guardian, Die Zeit y Follow the Money expusieron casos de fraude por parte de las empresas certificadoras de los créditos de carbono, al señalar que en una gran proporción se trata de créditos fantasma que no representan reducciones reales de carbono. En paralelo, organizaciones socioambientales cuestionan directamente la idea de compensación. Afirman que no sólo no es efectiva sino que agrava la crisis climática al distraer y retardar la toma de medidas eficaces.

Petroleras “carbono neutrales”

Vaca Muerta es uno de los yacimientos de petróleo y gas no convencionales más grandes del mundo, ubicado en las provincias de Nequén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. La extracción —que en la última década se concentró sobre todo en Neuquén— se realiza mediante el fracking o fractura hidráulica: se introducen grandes volúmenes de agua, arena y químicos para destruir las rocas profundas que contienen los hidrocarburos y sacarlos a la superficie.

Uno de los impactos de esta actividad son los sismos. En Sauzal Bonito, un pueblo de unas 200 familias, en 2021 llegaron a sufrir hasta 40 temblores en tres días. Se rompen los vidrios de las casas, se rajan las paredes y hay desmoronamientos. Al norte del pueblo, del otro lado del río Neuquén, se encuentra el yacimiento Fortín de Piedra, de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint. Según un informe del Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre 2015 y 2023 hubo al menos 428 sismos en Vaca Muerta.

Además de los sismos, las comunidades que viven cerca de los pozos de fracking tienen que soportar derrames de petróleo, la proliferación de basureros con residuos contaminantes y los gases que emanan las torres de venteo.

Sobre este escenario y en un contexto de crisis climática global —generada en gran medida por la quema de combustibles fósiles—, las empresas petroleras invierten en proyectos que las muestran como “sostenibles”.

Tecpetrol, por ejemplo, anunció su proyecto por el cual utiliza el gas de venteo, que es un residuo de la actividad, para “criptominería”. Es decir, con ese gas generan energía para alimentar computadoras que realizan “minería” de criptomonedas. Al proyecto lo presentan como de “mitigación digital de venteo”. Esto le permitió aumentar la producción de gas que de otro modo se hubiera visto restringida, ya que las empresas tienen límites de cantidad de gas que pueden ventear o quemar por la contaminación que esto produce.

Vista Energy, la empresa del exdirector de YPF Miguel Galuccio, es otra de las petroleras que busca mostrarse como sostenible. “Aspiramos a ser una empresa de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2026”, afirma en su sitio web. Uno de sus proyectos es el de certificar créditos de carbono en base a monocultivos de pinos que ya existen en la provincia. Para ello, en febrero pasado, la petrolera anunció la firma de un convenio con el gobierno de Neuquén. Este fue uno de los proyectos destacados por el gobernador Rolando Figueroa al anunciar el programa Vaca Muerta Net Zero, en julio pasado.

Mientras tanto, las comunidades afectadas ven que estos anuncios están muy lejos de reducir los impactos reales de la actividad en los territorios. “Los planes de descarbonización que se han presentado en Neuquén responden a los intereses de las empresas. Los gobiernos adoptan totalmente el discurso empresarial y promueven soluciones que benefician solamente a las empresas”, sostuvo Lefxaru Nawel, abogado e integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Odhpi). “Es una discusión que está muy en boga pero falta información y participación.”

Nawel explicó que en la zona viven 15 comunidades mapuche que no tienen agua, gas ni luz, mientras se usan millones de litros de agua tanto en los pozos de fracking como en las hidroeléctricas para dar energía a las petroleras. “Si la solución a los venteos va a ser minar criptomonedas para que Tecpetrol siga ganando plata y la energía siga monopolizada por las petroleras mientras la gente alrededor padece todos los impactos, no tiene luz, no tiene agua, no tiene gas, y ellos encuentran la salida para su negocio, y encima se pintan la cara de verde, sin dudas no es una buena salida”, afirmó.

También cuestionan la utilización de monocultivos de pinos como forma de compensar las emisiones de carbono. “Por las comunidades que viven en la cordillera sabemos que esas plantaciones no son beneficiosas porque son monocultivos y es pino exótico”, señaló.

Compensación con la selva misionera

Otra de las petroleras que anunció inversiones en mercados de carbono es la suiza Mercuria. En 2017, esta multinacional se asoció a Andes Energía PCL, del Grupo Vila y Manzano, para crear Phoenix Global Resources, dedicada a la explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta.

Mercuria firmó un acuerdo con el gobierno de Misiones “de Cooperación y Compraventa de Créditos de Carbono”, que fue aprobado por la Provincia en enero de 2022. Se prevé que los créditos se generen a partir de proyectos de conservación de bosques conocidos como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación). Los proyectos pueden ser presentados por privados y, para poder comercializar los créditos, tienen que estar verificados por empresas certificadoras internacionales.

Hay distintos tipos de proyectos REDD. El que se aplica en Misiones se llama REDD Jurisdiccional y Anidado (JNR) y tiene antecedentes en otros países, como Brasil. Allí, si bien muchas comunidades locales han recibido fondos a través de estos programas, en los últimos años se registraron numerosas abusos, engaños y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Esto llevó a que, en agosto pasado, el Ministerio Público Federal de ese país recomiende la “suspensión de todas las actividades de crédito de carbono/REDD+ en territorios de la Amazonía”. Entre los argumentos señala la falta de consulta y los riesgos que implica para las comunidades la firma de contratos poco transparentes y a largo plazo, que ponen en riesgo la forma de vida y el patrimonio de los pueblos indígenas.

Uno de los casos es el del estado brasileño de Acre, que lleva más de una década de implementar REDD. A partir de 2010, el Gobierno decretó la medida de “cero fuego” y la “bolsa verde”, un pago trimestral como compensación a las comunidades por no permitirles limpiar el terreno para cultivar alimentos. “Esto es un perjuicio irrecuperable porque tanto las mujeres indígenas como las pertenecientes a poblaciones tradicionales que siempre trabajaron en la plantación. Con esta prohibición, a partir de 2010 dejaron de producir”, relató Dercy Teles de Carvalho, ex presidenta del Sindicato de Trabajadores Rurales de Xapuri. “Hoy las personas dependen de comprar comida, arroz refinado que viene de otro Estado, de Mato Grosso. La ‘bolsa verde’ es una limosna”, señaló en una entrevista publicada por el Movimiento Mundial por los Bosques.

Monocultivos en Corrientes

Otro de los proyectos de la petrolera de Galuccio es la plantación de monocultivos de pinos y otras especies en Corrientes, en el establecimiento Rolón Cué, a unos 40 kilómetros de Gobernador Virasoro. A este negocio lo lleva adelante a través de Aike, una empresa subsidiaria de Vista Energy, creada para desarrollar los proyectos de compensación y venta de créditos de carbono.

De acuerdo al proyecto presentado ante Verra, una de las certificadoras internacionales de créditos de carbono, la inversión contempla la plantación inicial de 2.331 hectáreas: 60 por ciento con pinos y 40 por ciento con mezcla de pinos y especies nativas. El proyecto todavía no está aprobado. En caso de que Verra lo apruebe, la petrolera estará en condiciones de comercializar los créditos que se generen a partir del cálculo de dióxido de carbono que capture el monocultivo.

Corrientes es la provincia con mayor superficie de plantaciones forestales del país. Si bien esta actividad se publicita como productiva y generadora de empleos, las comunidades que viven cerca o directamente rodeadas por las plantaciones relatan un panorama diferente: precarización laboral, falta de tierras para el cultivo y cría de animales, contaminación del ambiente por el uso de agrotóxicos y aumento de riesgos de incendios. Guardianes del Y’verá, una organización socioambiental correntina que acompaña la lucha de las poblaciones locales, advirtió que el proyecto de compensación de Vista Energy no parece estar alineado a ningún plan real de conservación que pueda traer beneficios al ambiente y las comunidades.

“El proyecto es una declaración de intenciones con vocabulario de conservación pero sin registrar verdaderos objetivos de conservación”, sostuvo Emilio Spataro, miembro de la organización. “No tiene coherencia con ningún plan, programa o proyecto para la conservación de la biodiversidad ni propone criterios ni indicadores públicos para que la sociedad civil pueda hacer seguimiento.”

Para Guardianes del Y’verá, el proyecto reafirma el modelo forestal en una región donde estos monocultivos se han expandido sin analizar su impacto como resultado de la gran conversión de tierras de pastizales, humedales y bosques en plantaciones forestales. A ello, agregan: “No son proyectos en los que se pueda determinar o confiar con la información que proveen si realmente están secuestrando carbono o están generando un daño tal en el suelo que en realidad están liberando carbono”. Por último, Spataro sostuvo: “En definitiva es greenwashing (lavado verde) e ingreso de dinero extra para ellos, nada más”.

Unitán en Chaco

Una de las primeras empresas del país en anunciar la certificación de créditos de carbono es la fábrica de taninos Unitán, que opera hace más de 100 años en el Chaco y Formosa. Lo hizo a través de un proyecto de plantación de 2.348 hectáreas de monocultivo forestal en cinco propiedades en esas dos provincias. Según se describe en el proyecto, el 63 por ciento es eucalipto y 37 por ciento es quebracho colorado. Por estas acciones, la empresa afirma en su sitio web tener un impacto “climáticamente positivo”.

Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, la industria del tanino ha sido una de las principales responsables de la destrucción de bosques enteros de quebracho colorado y otras especies en el Gran Chaco, región que abarca diez provincias argentinas, entre ellas Chaco, Formosa, Santiago del Estero y norte de Santa Fe. Aún hoy, varias de estas empresas tienen denuncias por desmontes. En mayo pasado, el colectivo Somos Monte Chaco denunció la influencia de Unitán y otras empresas del agronegocio en la reciente modificación del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN). Esta ley provincial, sancionada en la madrugada del 30 de abril, habilita el desmonte de miles de hectáreas.

Ante la certificadora Verra, Unitán presentó su proyecto como de “forestación y reforestación de pastizales”. En la descripción, explica que se trata de la forestación de una zona de pastizales y tierras agrícolas abandonadas “con el objetivo de producir, como producto prioritario, madera en rollo para la industria del tanino y secundariamente, leña”. Y agrega: “El proyecto se ubica en una región donde las plantaciones forestales comerciales no son comunes, o incluso inexistentes. La forestación con esta especie evitará el uso de madera de bosques nativos en el futuro”.

La empresa obtuvo la certificación en enero de 2023, lo que le permite comercializar los créditos. A esos ingresos económicos hay que agregar que, desde 1998, los monocultivos forestales están subsidiados en la Argentina a través de la Ley Nacional 25.080. Gracias a esta norma, las forestadoras reciben apoyos económicos no reintegrables y ventajas impositivas, como exención de impuestos y estabilidad fiscal de entre 30 y 50 años. De acuerdo al registro oficial publicado por la Secretaría de Agricultura de la Nación, entre 2018 y 2021 Unitán recibió al menos diez autorizaciones de apoyos económicos no reintegrables por plantaciones realizadas. La última que figura es de fines de 2020, por 3,4 millones de pesos.

El lobby

Una de las instituciones promotoras del avance de los mercados de carbono en el país es la Asociación Forestal Argentina (AFOA), que en mayo de 2022 anunció la creación de la Mesa del Carbono Forestal.

AFOA está integrada por las principales empresas productoras de madera, celulosa y papel, taninos y otros derivados de las plantaciones forestales. Entre ellas se encuentra la multinacional chilena Arauco (ex Alto Paraná, que opera principalmente en Misiones), Celulosa Argentina (del Grupo Tapibecuá, cuyo principal accionista es el empresario José Urtubey), Papel Misionero (propiedad de Arcor), el grupo español Iberpapel, Puerto Laharrague (de la familia de Nicolás Laharrague, ex funcionario de Desarrollo Foresto-Industrial durante el gobierno de Mauricio Macri), el Establecimiento Las Marías, la Compañía Tierras Sud Argentino (de la italiana Benetton) y Unitán.

A la mesa se sumaron las petroleras YPF y Vista Energy, la Sociedad Rural Argentina, las bolsas de comercio de granos a través de su Programa Argentino de Carbono Neutro, estudios de abogados y empresas consultoras que desarrollan proyectos para los mercados de carbono. Estas últimas, creadas al calor de las oportunidades de negocio que ofrece la crisis climática, tienen nombres como GMF Natured Based Solutions (Soluciones Basadas en la Naturaleza), GreenSur, Fotosíntesis SAS o Allcot. Con esta nueva conformación, la mesa pasó a llamarse Mesa Argentina del Carbono, en julio pasado.

En un documento titulado “Aportes para el desarrollo de los mercados de carbono en la Argentina”, la Mesa advierte que para que el país pueda aprovechar “una oportunidad única para posicionarse en el mundo a través de los mercados de carbono” se necesitan una serie de medidas que le den certidumbre a los inversionistas. Entre ellas, piden un marco normativo que dé seguridad jurídica en relación a la propiedad del carbono y de los créditos de reducción de emisiones, y que se establezcan criterios para la comercialización.

En cuanto a la intervención del Estado, si bien por un lado exigen que sea mínima (sólo a través de un registro centralizado de proyectos y sin cobrar impuestos a la actividad) al mismo tiempo piden que se implementen incentivos económicos a través de “la generación de un Fondo o algún instrumento de subsidio al diseño, certificación o implementación de los proyectos”.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el Estado nacional avanzó en la elaboración de una Estrategia nacional para el uso de mercados de carbono. Allí se establecen los objetivos y lineamientos para una estructura legal y administrativa.

Ya en el gobierno de Javier Milei, los mercados de carbono fueron incluidos en la primera versión de la Ley Ómnibus, que no prosperó en el Congreso Nacional. Sin embargo, tal como estaba formulada, la propuesta del gobierno nacional no conformaba a la Mesa Argentina del Carbono, que en un comunicado sostuvo: “Tal como está hoy la ley sólo se enfoca en sectores y actividades ‘emisoras’ pero no prevé la posibilidad de compensar con créditos de carbono provenientes de proyectos ‘externos’ a las actividades obligadas a reducir, como por ejemplo, de proyectos de carbono forestal o del agro”.

Mercados regulados y voluntarios

En el mundo hay dos principales mercados de carbono: el mercado regulado y el mercado voluntario. El mercado regulado es de cumplimiento obligatorio y fue establecido en 1997 por el Protocolo de Kioto. Allí, los países desarrollados acordaron poner un límite a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo acordaron que estas emisiones, en lugar de reducirse podrían compensarse. Y que esta compensación no necesariamente tendría que ser dentro de sus fronteras.

Los mercados voluntarios, en tanto, funcionan por fuera de los mercados oficiales y permiten a las empresas u otras entidades comprar créditos de carbono para compensar voluntariamente sus emisiones. No están regulados por los gobiernos y operan sin un tope de emisiones.

En su Glosario sobre mercados de carbono, FARN explica que, en la actualidad, la Argentina no cuenta con un sistema de comercio de emisiones (en donde se establece un tope global de emisiones y se comercializan derechos de emisión), pero ha registrado varios proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL, vinculados al Protocolo de Kioto). “Aún no está claro cómo nuestro país participará de los nuevos mercados internacionales de carbono del Acuerdo de París, una vez que estos comiencen a funcionar”, señalan. “Por otra parte, cada vez más empresas e incluso algunas provincias de la Argentina participan en el mercado voluntario, tanto registrando proyectos para poder emitir créditos de carbono como adquiriendo unidades para compensar sus emisiones.”

Para que estos mercados funcionen es necesario aceptar al menos dos ideas. Una es la de compensación, es decir, que la contaminación que se produce en un lugar puede ser compensada en otro, incluso en otro país o continente.

La otra idea es la de adicionalidad. Esto es: que el proyecto que genera los créditos de carbono aporta una captura o absorción de carbono adicional en el planeta, que no existiría de no ser por ese proyecto. Si la selva misionera o las yungas en el Noroeste siempre estuvieron ahí, incluso antes de que las petroleras existieran, ¿cómo es que ahora se demuestra que, además de absorber el carbono que absorbieron siempre, capturan el extra emitido por estas empresas? Porque se afirma que de no existir el proyecto, la selva se tumbaría para dar paso a la soja o cualquier otra actividad más rentable. O que las prácticas de las comunidades indígenas —como usar madera para cocinar o construir casas, o limpiar parte de terreno para cultivo— no son sostenibles, entonces el proyecto propone modificarlas.

La misma lógica se aplica en otro tipo de proyectos. En los casos de agricultura regenerativa o sostenible, por ejemplo, se afirma que sin esa iniciativa, en esas tierras se seguiría con las prácticas de agronegocio convencionales, que degradan los suelos.

Rechazo de organizaciones internacionales

En los días previos a la 28º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, realizada en Dubai en diciembre de 2023, un grupo de organizaciones internacionales lanzó un llamado a “Detener los de mercados de carbono“.

“Durante los últimos 20 años, la compensación de carbono ha sido una barrera para acciones reales contra el cambio climático, ha dado origen a violaciones a los derechos humanos y de los pueblos originarios y ha provocado daños graves a las comunidades más expuestas a los impactos de las industrias extractivas y a los efectos de la crisis climática”, sostiene la declaración, firmada por Amigos de la Tierra Internacional, GRAIN, Indigenous Environmental Network y The Oakland Institute, entre otras. “Las nuevas fronteras para la compensación de carbono se basan en una carrera por convertir suelos agrícolas así como áreas marinas y costeras en áreas de ‘remoción’, las que, según las empresas, van a capturar carbono y crear nuevos créditos de carbono. Pero ninguna de estas tecnologías ha probado poder almacenar carbono de manera permanente”, advirtieron.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Pobladores protestan cerrando una carretera para exigir atención ante contaminación por derrames de hidrocarburos en la región de Papantla, Veracruz.}

Habitantes de la comunidad de Ojital Viejo, en el municipio de Papantla, Veracruz, accionaron un bloqueo carretero entre las comunidades de El Chote – Coatzintla durante inicios de esta semana para exigir a la paraestatal, Petróleos Mexicanos (PEMEX), la remediación inmediata frente a constantes derrames de hidrocarburos que afectan el medio ambiente de la región.

Los pobladores reclaman que, la contaminación, resultado de constantes fugas en los ductos que transportan los hidrocarburos, se mantiene desde el pasado mes de junio, sin que funcionarios de PEMEX realicen acciones para evitar los derrames que dañan las tierras y cuerpos de agua que abastecen a las comunidades para labores de riego y cubrir sus necesidades básicas.

Debido a las fuertes lluvias del pasado fin de semana fue que, durante la madrugada del lunes (16), habitantes de Ojital Viejo se percataron del escurrimiento de hidrocarburos causando la contaminación del arroyo que atraviesa la localidad. No obstante, a pesar de que reportaron de inmediato la situación a PEMEX, ningún funcionario de la empresa arribó para atender la contingencia.

Ante el impacto negativo en la fauna y flora locales, así como por la contaminación del arroyo, donde en algunas zonas se practica la pesca, fue lo que aumentó el malestar de la comunidad y derivó en el bloqueo carretero para ejercer presión ante la paraestatal.

Las acciones de protesta también señalaron el peligro que representa la extensión de los escurrimientos hacia predios y propiedades en las localidades de Zapotal Santa Cruz, La Laguna y otras comunidades cercanas al municipio vecino de Coatzintla.

Entre las afectaciones a la salud de los pobladores, refieren que debido a la enorme cantidad de hidrocarburos, el olor es insoportable lo cual ha provocado mareos y problemas respiratorios a la población local, quienes por sus propios medios han buscado atención médica.

Frente a la grave contaminación, la comunidad consideró suspender actividades escolares para así prevenir afectaciones en la salud derivadas por la inhalación del crudo derramado. Cabe recordar que esta zona registra constantemente derrames de hidrocarburos, por lo que pobladores acusan la falta de mantenimiento, por parte de PEMEX a los oleductos, situación que provoca los desastres.

Derrames, inatendidos

La ciudad de Poza Rica, considerada “capital petrolera de México” durante el siglo pasado se ubica en el denominado Paleocanal de Chicontepec y solo entre 1948 y 1956, produjo 70 por ciento de todo el crudo extraído en el país. 

Actualmente existe una caída en su producción la cual llegó, en 2018, a 30 mil barriles de crudo diarios, apenas el 8.5 por ciento de la máxima producción que llegó a obtener, pero que está por recibir un nuevo impulso. Apenas, el pasado agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que para el próximo 1 de octubre comenzará la construcción de una nueva planta de fertilizantes como parte de un proyecto entre PEMEX y la empresa Mota-Engil para revitalizar la industria petroquímica del país.

Según Mota-Engil, de capital portugués y quien participa también en las obras del Tren Maya, con una inversión de mil 200 millones de dólares, la fábrica se localizará en la comunidad de Reforma Escolín, población totonaca donde, en contraste, debido a la falta de mantenimiento se han registrado siniestros como la explosión de ductos propiedad de PEMEX, en junio de 2022, sin que la paraestatal accionara en dicho momento frente a la contingencia ambiental.

“A Pemex y a las autoridades ambientales como la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) y Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), no les interesa que las instalaciones y ductos de hidrocarburos, se encuentren sin el mantenimiento y la vigilancia adecuada, campos y pozos de Pemex usados por la delincuencia organizada, devastación socio ambiental por los pozos, los quemadores, los derrames, las fugas, parecen no importarles a las autoridades”, acusaron mediante comunicado miembros del Congreso Nacional Indígena.

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Por ello, recientemente pobladores de las comunidades de Emiliano Zapata, Reforma Escolín, Rodolfo Curti y otras vecinas se sumaron a la exigencia de Ojital Viejo para que PEMEX repare los daños al medioambiente en la región.

Un análisis de la organización CartoCrítica señala la alta peligrosidad que representan las fugas y derrames en la infraestructura petrolera mexicana. Debido a que los ductos no se encuentran dentro de un complejo industrial con características de seguridad, pues se despliegan a lo largo y ancho del país, “el riesgo de derrames, contaminación y explosiones es sumamente alto, con rangos que van desde los 20 metros para los ductos de diámetro pequeño, hasta más de 300 metros para los grandes ductos o de alta presión”, alerta.

Medios locales reportaron que, después de una reunión con Rigoberto Nuñez, representante de PEMEX que se apersonó en la Agencia Muncipal de Ojital Viejo, el pasado martes (17), y tras comprometerse a sanear el arroyo de la comunidad en un máximo de 15 días, además de proveer agua potable mediante pipas, la comunidad levantó el bloqueo carretero. Sin embargo, pobladores señalaron que, en caso de que no se cumplan las promesas de la paraestatal realizarán una manifestación en las oficinas de PEMEX.

Gracias a las movilizaciones, marchas del 10 de enero del año 2021 en el Ayuntamiento de Temixco para exigir que declarara al municipio libre de minería de la que nunca recibimos respuesta del oficio entregado con las peticiones del pueblo nahua de Cuentepec, la marcha y protesta del 12 de octubre del 2022 PROFEPA para realizar la entrega de la denuncia por los daños ocasionados por parte de la minera en los cerros del Jumil [conocido también como kolotepetl] y el cerro de la calabaza, en 2021 las reunión en SEMARNAT en la Ciudad de México, 2022 la Realización de la ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS NAHUAS DE MORELOS, donde se elaboró el DECRETO DE LOS PUEBLOS NAHUAS CONTRA LA MINERIA EN EL TERRITORIO con sede en la comunidad de indígena nahua de Cuentepec, donde asistieron más de 400 personas provenientes de diversos pueblos y municipios indígenas nahuas de Morelos y otros pueblos nahuas del país. En esta asamblea de los pueblos reconocimos qué solo el pueblo puede decidir el futuro de su territorio el cual ha defendido y preservado como territorio ancestral ante cualquier empresa minera qué quiera destruirlo, ejerciendo nuestra libre determinación como pueblos indígenas contando con sistemas normativos autónomos.

Por lo que esta «DECLARACIÓN DE MUNICIPIO DE TEMIXCO LIBRE DE MINERIA» ES UN LOGRO DE LOS PUEBLOS QUE SE HAN ORGANIZADO Y QUE HAN RESISTIDO, Esta declaratoria surge de la exigencia de los pueblos que luchan más NO de la voluntad de los gobiernos ni el municipio de Temixco.

Nos ha llevado tres años de lucha de resistencia y de exigencia. Teniendo como antecedente que el Ayuntamiento ha pasado por encima de la asamblea y de la autonomía del pueblo nahua de Cuentepec en las elecciones pasadas de elección de ayudante de la comunidad, imponiendo y cambiando formas de auto organización internas.

EL PUEBLO DE CUENTEPEC NO OLVIDA QUE EL MUNICIPIO DE TEMIXCO VIOLENTÓ LOS DERECHOS COLECTIVOS DEL PUEBLO NAHUA DE CUENTEPEC.

ATENTAMENTE:

UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS

CONTRA LA MINERIA EN MORELOS

CUENTEPEC MORELOS TOSEPAN

24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024