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Chiapas
(Español) Piden investigar ataque y poner fin a desplazamiento de personas indígenas en Chiapas
![Serapaz Imagen tomada de Serapaz México.](http://notimia.com/wp-content/uploads/2020/11/Serapaz-625x381.png)
Diversas organizaciones civiles y activistas exigen al gobierno mexicano solucionar el desplazamiento y los ataques en contra de los indígenas chiapanecos que han sido despojados de sus bienes por un conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y Aldama.
Este conflicto ha derivado también en un ataque, registrado el 18 de noviembre, a una caravana de ayuda humanitaria en el estado de Chiapas, en el cual, una de sus integrantes fue herida de bala, quien ya recibió atención médica.
Los firmantes reclaman la falta de respuesta del Gobierno en el conflicto y urgen una solución ante las agresiones armadas en las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.
Las personas piden: Recuperar el Estado de derecho en la región, aplicar la ley y hacer justicia a la población, lo que significa el retorno de todas las personas desplazadas, la recuperación de su capacidad de sostenibilidad económica, alimentaria y de vida digna.
Insisten en que la atención integral a los desplazados y afectados por este conflicto, sea responsabilidad de instancias federales en vista del incumplimiento de las instancias en el estado y que ésta sea en apego a los protocolos nacionales e internacionales.
Destacan que el cese de las agresiones; la detención de las bandas armadas criminales y de quienes las patrocinan por intereses económicos y políticos; la persecución de ilícitos y la revisión de todos los casos de personas detenidas injustamente.
Recuerdan que México es signatario de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y debe tener como prioridad, satisfacer las necesidadesde los pueblos originarios.
Por lo tanto, exigen que se respeten las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad en favor de las comunidades, sobre todo de ayuda humanitaria en la región, el libre tránsito y el respeto a la integridad de todos los habitantes de dichos municipios.
La misiva fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
(Español) R. Aída Hernández Castillo*: Contra la violencia, acordamos vivir
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quisiera recordar un compromiso que hicimos hace más de dos años quienes asistimos al primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en el municipio autónomo zapatista 17 de Noviembre. En marzo de 2018 unas 9 mil mujeres de distintas regiones del mundo hicimos un compromiso con unas 2 mil mujeres zapatistas: acordamos vivir. En el cierre del encuentro, una de las representantes zapatistas señaló: Aquí, delante de todas las que somos, les proponemos que acordemos seguir vivas y seguir luchando, cada quien, según su modo, su tiempo y su mundo
.
Esta promesa, aparentemente sencilla, es un reto en el país que acuñó la palabra feminicidio, donde tan sólo en este año la violencia feminicida aumentó en 145 por ciento, según cifras oficiales, con un saldo de 645 mujeres asesinadas a la fecha. Acordar vivir es un compromiso difícil en un país que se ha convertido en un gran cementerio, donde para octubre de este año se habían documentado 3 mil 92 fosas clandestinas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, y seguían sin se hallados unos 70 mil desaparecidos. Hace dos años, frente a las mujeres zapatistas, encendimos una vela y nos comprometimos a prenderla de nuevo cuando sintiéramos que necesitábamos iluminar alguna lucha. Prometimos llevarla a las desaparecidas, a las asesinadas, a las presas, a las violadas, a las golpeadas, a las acosadas, a las migrantes, a las explotadas, a las violentadas de todas las formas y decirles que no estaban solas y que íbamos a luchar por ellas, “por la verdad y la justicia que merece su dolor […] porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en cualquier parte del mundo”.
Hoy quiero encender esta vela por nuestras hermanas que sufren en el estado de Chiapas el acoso de los grupos paramilitares. Por las mujeres desplazadas de Aldama, que han tenido que dejar su tierra, sus cultivos, su comunidad, para protegerse y salvar la vida de sus hijos e hijas ante la violencia paramilitar. Por la hermana María Isabel Hernández, quien el 18 de noviembre pasado fue herida de bala en una pierna, cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a los pobladores de Tabak y Coko, en el municipio de Aldama. Por todas las mujeres que ahora viven con miedo en un contexto de impunidad, donde las técnicas de terror, las armas y los hombres que provocaron la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, han reactivado la guerra de baja intensidad
contra las bases de apoyo zapatistas y las comunidades que simpatizan con su lucha.
Hace 23 años, la masacre de 20 mujeres, siete de ellas embarazadas, 16 niños y niñas y nueve adultos, trató de justificarse con el argumento de que se trató de pugnas intracomunitarias
. En ese entonces en el libro colectivo La otra palabra: mujeres y violencia en Chiapas; antes y después de Acteal (1998) (http://www.rosalvaaidahernandez.com/ wp-content/uploads/2019/12/1998- LIBROS-La-Otra-Palabra-PDF.pdf) documentamos los procesos históricos de formación de grupos paramilitares en Chiapas. Ante las perspectivas racistas que trataban de justificar las mutilaciones corporales y las violencias extremas como prácticas culturales mayas, argumentamos que se trataba de una cultura militarista de muerte, trasnacional que cruza las fronteras junto con las armas y que tiene centros de adiestramiento como la Escuela de las Américas. Hoy de nuevo se trata de argumentar que el conflicto entre los habitantes de Aldama y San Pedro Chenalhó se reduce a pugnas intracomunitarias por 60 hectáreas de tierra. Es importante reconocer que estos conflictos se profundizaron con la intervención gubernamental mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que permitió que terrenos comunales de Aldama quedaran bajo control de las autoridades de San Pedro Chenalhó. Pero, sobre todo, posibilitó la circulación y uso de armas de alto poder, cambiando por completo los estilos de negociación y conflicto en la región.
La paramilitarización de las pugnas comunitarias ha sido parte de la guerra de baja intensidad que ha acosado los territorios zapatistas desde hace casi tres décadas. Hoy urge encender una vela por nuestras hermanas zapatistas que viven los peligros de la violencia paramilitar. Ellas han hecho eco de nuestras luchas denunciando el feminicidio, la desaparición forzada y el acoso, problemas que no existían en sus territorios autónomos, pero contra los que ellas se han movilizado en nuestro apoyo. Ahora nos corresponde levantar nuestras voces y denunciar la violencia paramilitar que las acecha.
*Doctora en antropología, investigadora del CIESAS