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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Asamblea en memoria de Abisaí, realizada el pasado martes 21 de febrero. En el evento, individuos, colectivos y organizaciones exigieron justicia por el asesinato del activista y periodista.}

Organizaciones sociales y ambientales exigieron que las autoridades del estado de Hidalgo investiguen la muerte del activista Abisaí Pérez Romero, estudiante de ciencias de la comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), colaborador del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) e integrante del programa de servicio social del programa “Identificación y documentación de conflictos socioambientales” de la UACM.

Abisaí desapareció el lunes 13 de febrero, cuando se desplazaba en su bicicleta en el municipio de Tula, Hidalgo. Su cuerpo fue encontrado un día después, el martes 14 de febrero, en un camino vecinal.

En un comunicado, organizaciones como el Grupo Intercolegiado de Investigación en Ecología Política (UACM), la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA),  el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C e intelectuales como Enrique Leff y Mina Lorena Navarro, exigen “una investigación seria de los hechos, sin descartar con presura ninguna línea de investigación, por parte de las autoridades correspondientes”.

Abisaí “era un defensor del territorio, un defensor de derechos humanos que investigaba la articulación entre diferentes conflictos en la región tolteca”, sostiene para Avispa Midia el profesor e investigador de la UACM, Hernán Correa, quien integra el programa de servicio social “Identificación y documentación de conflictos socioambientales”, del cual Abisai hacia parte.

Abisaí estaba vinculado con la Red de Conciencia Ambiental “Queremos Vivir”, organización radicada en Tula, que ha denunciado los estragos ocasionados en la población del Valle del Mezquital por la construcción del Túnel Emisor Oriente.

Denunció los efectos nocivos que ha producido la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, insertada en lo que se ha llamado uno de los “infiernos ambientales” de México.

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Estuvo vinculado con el Comité de Defensa Ambiental de Atitalaquia, que denuncia la imposición de un relleno sanitario regional en la comunidad de Dendhó. El asesinato de Abisaí es el segundo a involucrar activistas ambientales en la región de Tula.

El 20 de junio del 2022, Jesús Bañuelos Acevedo, conocido como ‘Chuí’, fue asesinado de un disparo en la cabeza. “Es un caso que también está en la impunidad”, recuerda el investigador.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo descartó que el cuerpo de Abisaí presentara huellas de violencia y determinó que la causa de muerte “fue un hematoma subdural secundario a un golpe en el rostro sufrido por una caída desde su propia altura”.

Sin embargo, según las organizaciones, el asesinato de Abisaí podría estar directamente vinculado con su trabajo. “Por esta razón hacemos un enfático llamado a las autoridades judiciales para que investiguen esta muerte teniendo en cuenta su profesión de comunicador social y su actividad como defensor de la vida”.

La organización Artículo 19 se manifestó, por medio de sus redes sociales, al respecto de las investigaciones. “Exigimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, investigar de manera pronta, imparcial y diligente aplicando el Protocolo Homologado para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión y determinar las causas del asesinato”.

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La Red de Reporteros Sin Fronteras, también por medio de sus redes sociales, pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo que “investigue urgentemente los hechos, sin descartar motivos basados en la labor periodística de Abisaí Pérez Romero”.

De acuerdo con Correa, “su núcleo familiar es que está a cargo de recibir la información de la carpeta de investigación”.

Publicado en Camino al Andar

19 de febrero de 2023

Por Oralba Castillo Nájera

“Si alguien roba, tendrá necesidad,
pero los traidores van al paredón”
Emiliano Zapata.

La madrugada del 20 de febrero de 2019, sicarios le dispararon a la cabeza y la mejilla. Tiraron a matar. No sabemos quién lo mató, si quién lo señaló, tal como lo dijo Marichuy. *

En el amanecer, dolientes compañeros de organizaciones de Guerrero, CDMX, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y más se unieron al duelo. El tañer de las campanas acompañó las consignas ¡Samir vive, la lucha sigue!! Una veladora en el patio de su casa, ilumina el sitio donde cayó. Su compañera y suegros acomodaron toldos para recibir a los muchos

consternados por el asesinato.

–¡Estamos encabronados! – dice Tere Castellanos. ¡Mataron a un guerrero! Los dolientes lloran y murmuran; traición del “capataz” *. Nubes sucias, deslavadas pintan el cielo de Zapata. ¡Aquí estamos, no nos van a acabar!, ¡con su muerte nos quieren decir que nos callemos, pero eso no lo vamos hacer! ¡Si algo nos enseñó nuestro compañero es a seguir luchando, aunque quieran que tengamos miedo! Afirma llorando Samantha. Desde Radio

Amilzinko se escuchaba un llamado a la organización autónoma y la lucha por el territorio, en la voz de Samir. ¡Nos quitaron al mejor, ahora viene lo peor! Un hombre mayor cerquita del cajón ruega ¡Mándanos una señal, dinos por dónde buscamos! El Popocatépetl vomitó rabia y cenizas.

Marichuy vocera del Concejo Nacional Indígena CNI, el Congreso Indígena de Gobierno CIG y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, la maestra Osbelia Quiroz, del Platón de Tepoztlán, madres de los 43, Ignacio del Valle de Atenco ondean banderas, mantas y estandartes que señalan que: ¡Fue el Estado!

En mayo de 2014 López Obrador, cuando era candidato de Morena. en casa de Emiliano Zapata se enteró del Plan Integral Morelos PIM. Indignado en Yecapixtla sostuvo: “Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos. No queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas. Vamos a apoyarles en todo lo que podamos, pueden contar con nosotros. México no es territorio de conquista, no es para que vengan los extranjeros aquí a apropiarse de todo, ¿Qué les pasa a éstos? Es como si fueran a Jerusalén y construyeran basureros tóxicos o una planta nuclear en el muro de las lamentaciones.”

Fue un alivio, espera de futuro. Votaron por AMLO, su gallo, su esperanza. Como balde de agua fría cayó escuchar en la Mañanera, a López Obrador, ya presidente, afirmar que apoyaba al Plan Integral Morelos PIM. Alegando “que se estaba perdiendo mucho dinero del pueblo. ¡Que el desarrollo y la modernidad. . .!

¿Progreso para quién? Preguntan quienes saben que eso que denominan desarrollo, progreso, modernidad contamina sus aguas, seca sus campos, enferma a sus animales y a ellos mismos. Destrozan redes comunitarias, usos, costumbre, y culturas ancestrales, condenado el presente y el futuro de sus familias.

Pero en mayo de 2019 el presidente regresó a Morelos. En Cuautla, se trepó en un templete rodeado de guaruras, alejado de la “chusma”. Los compañeros armaron un templete para mirar de frente al capataz, Samir se le puso de tú a tú. El sol caía a raudales. En tierras de Emiliano el presidente traicionó su palabra.” La termoeléctrica va, se está perdiendo 40 millones del pueblo, tenemos que echarla andar, Morelos tendrá luz más barata” — prometió.

–¡No, No! De qué nos va a servir abaratar la luz, si ya no tendremos casa, ni tierras, ni vida. Saben de qué hablan, cuando se hicieron pruebas de la termo, el ruido fue mortal pues rebasa los desniveles permitidos. Los niños desesperados se tapaban los oídos, las viejas ensordecieron, hablaban a gritos para poderse escuchar, los animales se asustaron, las gallinas no pusieron huevos, las vacas no dieron leche. El infierno. Aun así, el presidente favorece a empresarios españoles, italianos y alemanes, que se llevan casi la totalidad

de las ganancias, a los que se les rebajan pagos de luz, agua y lo que sea menester a los conquistadores de hoy.

Los compañeros pusieron en la bocina, a todo volumen la grabación con sus promesas traicionadas, ¡Traidor!, ¡traidor! decían entre murmullos. Enfurecido el presidente amenazó con hacer una consulta. -¡No, no! Sabemos que son amañadas, compran, prometen, desunen, hacen fraude. ¡No, no!

“Aunque griten, aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que decida, y la consulta va. La termoeléctrica no agotará ni contaminará el agua. Escuchen, radicales de izquierda que para mí no son más que conservadores… si no se utiliza la termoeléctrica de la Comisión Nacional de Electricidad, una empresa de la nación, en vez de tener luz para alumbrar todo Morelos, tendíamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras, así de claro, entonces a la hora de votar nada más piensen eso.” Samir estaba

vigilado por hombres que no se le separaron.

Esa noche la asamblea hervía de gente enojada — había prometido que no y ahora… se discutía la organización para evitar que se pusieran casillas, informar, denunciar la farsa. Al día siguiente en comisión Samir y el maestro Jorge asistieron la reunión que convocó el subdelegado de Morelos, Hugo Erik Flores Cervantes, a empujones entraron al recinto cerrado, donde se realizaba una reunión “dizque” pública. El subdelegado prometió las perlas de la virgen, terrenos, dinero, trabajos, escuelas, salud y vivienda. Samir le dio una lección de historia recordando a los invasores españoles que despojaron, y mataron.

“Entonces hoy, conociendo mi historia, nuevamente me lleva a esos escenarios, a esas páginas de la historia, Vienen otra vez los españoles, la familia real de España nuevamente, a querer hacerse ricos con este megaproyecto. Porque las empresas por lo regular siempre piensan en su capital, en su dinero. Después están las comunidades. No sé si éste sea un

proyecto donde estén pensando en nosotros, sí estén penando en sus hijos, en mis nietos, en la educación “A la salida ofrece una entrevista a los medios. Los hombres siniestros no se le separan. Regresa a su comunidad. Al día siguiente es abatido a balazos.”

¡Zapata y Samir viven! ¡La lucha sigue!! ¡A Samir no le enterramos, lo
sembramos para que se multiplique!

* Marichuy declaró en el aniversario cien del asesinato de Zapata, en Chinameca “No sabemos quién lo mató, sabemos quién lo señaló”.

* El sub Moisés ´sostuvo qué con López Obrador había un nuevo capataz.

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Manifestación de habitantes de Sitilpech por la contaminación de su territorio debido a la operación de una mega granja de cerdos.}

La madrugada del pasado sábado (18), elementos de la policía estatal y municipal, de Yucatán e Izamal, respectivamente, ejecutaron un operativo contra el campamento erigido por habitantes de la comunidad maya de Siltepech en rechazo la reanudación de una mega granja de cerdos que contamina el aire, agua y tierra de la región.

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Registros en video muestran a los elementos de seguridad violentando a mujeres y adultos mayores que participan en la iniciativa pacífica de Siltepech para cuidar y defender su territorio ante la cría industrial de hasta 50 mil cerdos.

En el operativo también participaron policías antimotines, quienes reprimieron, asediaron, agredieron físicamente y finalmente desalojaron con violencia el bloqueo de la organización La Esperanza de Sitilpech. Testimonios de las y los manifestantes aseveran que los policías robaron sillas, mesas y celulares para evitar la documentación del hecho, violando con ello los protocolos de uso de violencia.

Por su parte, la tarde de este domingo (19), la organización Kanan difundió que las y los habitantes de Sitilpech interpusieron un amparo indirecto ante la represión policiaca, argumentando la violación a sus derechos a la libre manifestación y la defensa de sus derechos humanos.

Alertaron que, con las acciones del Estado, existe el riesgo “de desaparición forzada o detenciones arbitrarias que supone este tipo de intervenciones. Actos que, por demás, violentan los derechos reconocidos en la Constitución, Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en el Acuerdo de Escazú”.

En el comunicado, la organización de derechos humanos informa que un juez federal concedió la medida cautelar, reconociendo con ello la legitimidad de la protesta pacífica de las y los habitantes de Sitilpech. Además, la resolución ordena al Estado a cesar los malos tratos (asedios, agresiones y violencias), así como cualquier acto de incomunicación contra las y los manifestantes.

“Exijamos a las autoridades a acatar la resolución judicial y cesar la criminalización, represión y vio en contra de la comunidad maya de Sitilpech y quienes integran el colectivo La Esperanza de Sitilpech”, asevera el documento.

Tribunales y represión

En comunicado, difundido el sábado (18), la organización Kanan Derechos Humanos, quien acompaña legalmente a las y los manifestantes, enfatiza que la reapertura de la mega granja porcícola amenaza la vida en la comunidad maya.

Fue en 2021 cuando habitantes de Sitilpech iniciaron un proceso organizativo y de defensa legal para exigir el respeto a su libre determinación. Desde entonces también han denunciado la vulneración de sus derechos a un medio ambiente sano y a la salud ante los daños por la operación de la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén).

Tras años de trabajo colectivo, un juez de distrito en Yucatán otorgó medidas cautelares a los habitantes, mismas que condujeron a la suspensión de operaciones de la granja. No obstante, “nueve meses después, el poder del empresariado porcícola en Yucatán logró que un Tribunal Colegiado, bajo propuesta del Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, desechara el caso judicial de la comunidad de forma arbitraria, permitiendo así el reinicio de operaciones de la mega granja”, denuncia la organización Kanan.

En la primera semana de febrero de 2023, con la venia del Tribunal, la empresa Kekén reanudó el envío de camiones para suministrar de cerdos al complejo industrial. Sin embargo, desde el pasado 10 de febrero, cientos de mujeres y hombres de Sitilpech se congregaron para levantar un campamento pacífico con la intención de bloquear el paso de los transportes hacia el interior de la mega granja.

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Como respuesta a la protesta pacífica, la empresa Kekén emprendió una campaña de criminalización y estigmatización contra el pueblo de Sitilpech y la organizacion Kanan Derechos Humanos. Así lo denuncian una docena de organizaciones sociales, quienes mediante pronunciamiento conjunto acusan a medios de comunicación locales de participar en la denostación de las manifestaciones, contexto que precedió la represión del pasado sábado (18).

“Responsabilizamos a la empresa Kekén y a Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, por la integridad de los defensores del agua y el territorio de Sitilpech y expresamos nuestro repudio a los medios de comunicación que participan en esta campaña y a la policía estatal y municipal de Izamal por su violencia contra personas defensoras, que abonan a la larga lista de casos de estigmatización, criminalización y represión de movimientos sociales en Yucatán”, se posicionan las organizaciones de derechos humanos.

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COMUNICADO

• 525 personas y 125 colectivos, organizaciones, redes, pueblos y comunidades indígenas, provenientes de 18 entidades de México y de 6 países del mundo se dieron cita para discutir y organizarse en defensa del Agua y la Vida.

• Durante dos días se dialogó sobre la importancia de impulsar acciones coordinadas y enfrentar en conjunto el despojo del agua y la crisis hídrica que provocan empresas  nacionales y multinacionales.

A los Medios de Comunicación que hoy nos acompañan, queremos agradecer su asistencia
A las distintas representaciones de pueblos y comunidades indígenas, integrantes del CNI-CIG y organizaciones, colectivos y redes que también están presentes
A quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales

Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. Quienes participamos y suscribimos los acuerdos alcanzados en la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

DECLARAMOS:

Primero. El día de hoy, 20 de febrero, se cumplen cuatros años del cobarde asesinato de nuestro hermano “Samir Flores Soberanes”. Su lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) y su oposición abierta a la Termoeléctrica de Huexca generaron que el narcoestado ordenara su ejecución. Cuatro años después, no solamente condenamos, la dilatación de la justicia y la impunidad, demandamos verdad y justicia para Samir. Hoy refrendamos que las semillas que sembró en el andar de su lucha, florecen en esta Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

Segundo. Los pueblos, barrios, tribus, naciones, comunidades, organizaciones, colectiv@s, hombres y mujeres que luchan y resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal y por la defensa del Agua y la Vida, vivimos una guerra de exterminio que impone saqueo, despojo, desplazamiento forzado, persecución, encarcelamiento, desaparición forzada y asesinatos en contra de nuestros pueblos y comunidades indígenas; a 530 años seguimos enfrentando gobiernos y empresas que simulan transformación: esa guerra de conquista no es nuestra.

Tercero. En asamblea plenaria y tres mesas de trabajo, el 18 y 19 de febrero, en Barrio Quinto, Santiago Mexquititlán, Amealco Querétaro, nos reunimos 525 personas, 125 colectivos, organizaciones, redes, medios de comunicación libres, pueblos y comunidades indígenas originarias y residentes, todas y todos provenientes de 18 entidades de México: Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Aguascalientes, Morelos, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Yucatán, Baja California, Coahuila, Quintana Roo y la Ciudad de México y 6 países del mundo: Colombia, Italia, Canadá, Puerto Rico, Argentina y Chile, en donde todas y todos resolvimos luchar por la vida.

Cuarto. La Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se propuso convocar a las muy diversas luchas, resistencias y rebeldías que caminan a lo largo y ancho del país; pero también, a aquellas luchas que están más allá de nuestras fronteras, el objetivo: analizar,   discutir y organizarnos en la defensa del Agua y la Vida, hacer frente a la crisis hídrica que enfrenta la humanidad, pero, sobre todo, articular las luchas y resistencias desde una perspectiva global. Esto representa para nuestros pueblos un desafío organizativo frente el sistema capitalista y patriarcal.

Quinto. Existen muestras claras de la guerra planetaria que hoy enfrentamos:

A) El saqueo, la extracción, el tráfico, la venta y la explotación del agua.

B) El exterminio de nuestros bosques, ríos, mares, minerales, flora, fauna, riqueza y diversidad tanto cultural como lingüística.

C) La imposición de megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos y

D) por todos los medios buscan acabar con la autonomía de nosotros los pueblos indígenas.

Estas formas de aniquilar la vida son sostenidas por los poderosos con la violencia en forma de militarización de nuestros territorios, de uso desenfrenado de la contrainsurgencia, así como de la impunidad y el permiso como privilegio que goza el crimen organizado.

Sexto. Los pueblos y comunidades indígenas del CNI-CIG, articulados con otras colectividades, organizaciones y redes e individu@, reunidos en la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, acordamos las siguientes acciones coordinadas:

• El día 4 y 5 de marzo se llevará a cabo la Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena, “frente a la creciente violencia del narco estado y la imposición de megaproyectos y para contestarnos en colectivo ¿Qué sigue?. Acordamos participar con una comisión de los pueblos para presentar los resolutivos y acuerdos de esta Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, con el objetivo de articular nuestras luchas.

• El 8 y 9 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se convoca a participar en las distintas movilizaciones con contingentes frente a la militarización del país y ante la grave inseguridad.

• El 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, convocamos a coordinar y llevar a cabo una Acción Global en contra del despojo de Agua y por el derecho a la Vida. La Organización de las Naciones Unidas conmemora y reconoce esta fecha para recordar la importancia del acceso al agua potable como una necesidad básica de la humanidad; en contraste, nuestros pueblos y comunidades enfrentan el despojo, la privatización y el saqueo del agua, particularmente denunciamos las empresas saqueadoras como Nestle, Bonafont, Danone, Cocacola y empresas inmobiliarias turisticas, etc.

• El 10 de abril, en el marco del 104 Aniversario luctuoso del asesinato del General Emiliano Zapata, convocamos a coordinar y participar en una Acción Global contra la Guerra y la Militarización de nuestros pueblos.

• El 10 de junio denunciaremos la represión de la que fue objeto la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) y el Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán en 2022.

• El 17 de noviembre se cumplen 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, (EZLN) y el 1º de enero de 2024 son 30 años del levantamiento. Convocamos a preparar y organizar eventos políticos, culturales, movilizaciones y muy diversas actividades como Acciones Globales Coordinadas, dislocadas nacionales y/o internacionales.

• El día 12 y 13 de agosto, para dar continuidad a los trabajos alcanzados en esta Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, se propone llevar a cabo la Tercera Asamblea Nacional en el Pueblo Originario de Xochimilco. Propuesta que se hará llegar al pueblo correspondiente y esperaremos su decisión.

Finalmente, desde la lucha y resistencia de quienes participamos en la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida…

EXIGIMOS

• La presentación con vida de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Garza, quienes desaparecieron desde el pasado 15 de enero en Aquila Michoacán.

• La inmediata presentación con vida de nuestros 43 hermanos normalistas de Ayotzinapa. Han transcurrido más de 8 años sin verdad y sin justicia, desde la Cuarta Transformación solo se ofrece impunidad y silencio.

• Alto a la represión policiaca municipal y estatal en contra de la comunidad indígena maya SITILPECH e Izamal en Yucatán, el hostigamiento y represión se acentúa más en las mujeres y adultos mayores, que defienden la vida, la tierra y el agua ante las granjas porcícolas con un plantón que mantiene la comunidad.

• Exigimos justicia para la comunidad autónoma náhuatl de Ostula en Michoacán, por la reciente ejecución extrajudicial de tres integrantes de la Guardia Comunal y castigo a los culpables ligados al crimen organizado.

• Cese a la criminalización y hostigamiento contra la comunidad Binnizá de Puente Madera en Oaxaca y la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) por su lucha contra el Parque Industrial del Corredor Interoceánico que quieren imponer en su reserva comunal El Pitallal que afectaría el agua de por sí escasa en la región.

• Cierre del proceso judicial de los compañeros Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolat, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

• Cierre de las carpetas de investigación de compañer@s del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Amealco, Qro. y de los procesos judiciales contra tres integrantes de la REDAVI en Qro.

ATENTAMENTE
¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!
¡Nunca más un México sin Nosotrxs!
¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!
¡Samir Vive la Lucha Sigue!
¡Hasta que la dignidad y la justicia se hagan costumbre!
¡El agua no se vende carajo!
¡Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
¡No al Tren Maya!
¡No al Proyecto Integral Morelos!
¡No al Corredor Interoceánico!
¡Viva el EZLN!
¡Viva el CNI-CIG!

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– La policia estatal y municipal de Yucatán e Izamal reprimen a comunidad indígena de Sitilpech

– Violentan a mujeres y adultos mayores quienes cuidan y defienden el territorio

– Reapertura de mega granja porcícola amenaza la vida en Sitilpech y pone en riesgo a sus habitantes

Desde el 2021, habitantes de la comunidad maya Sitilpech, en el municipio de Izamal, Yucatán, iniciaron un proceso organizativo y de defensa legal para exigirle al Estado el respeto y garantía de sus derechos constitucionalmente reconocidos, ante los daños que la empresa porcicola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén) estaba ocasionando en su territorio con la instalación y operación de una mega granja de alrededor de 50 mil cerdos. Daños que vulneran sus derechos al medio ambiente, la salud, el territorio, la participación en la toma de decisiones, el consentimiento,  la libre determinación y autonomía del pueblo.

Después de un par de años de trabajo colectivo y defensa legal, la comunidad de Sitilpech logró frenar la operación de la mega granja que contaminó su agua y aire. Un juez de distrito en Yucatán otorgó medidas cautelares a los habitantes, mismas que condujeron a la suspensión de operaciones de la granja. Nueve meses después de esta resolución, el poder del empresariado porcícola en Yucatán logró que un Tribunal Colegiado bajo propuesta del Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter desechara el caso judicial de la comunidad de forma arbitraria, permitiendo así el reinicio de operaciones de la mega granja.

En esta apertura, a inicios de febrero de este año, habitantes de Sitilpech levantaron bloqueos en el pueblo y protestas para impedir el ingreso de camiones cargados de cerdos y alimentos procesados a la mega granja, y a la par, seguir exigiendo el respeto a su derecho a la libre determinación y autonomía del cual goza como pueblo originario.

Después de 10 dias de plantón, este sábado 18 de febrero a las tres de la mañana, 70 uniformados antimotines de la policia estatal y municipal de Izamal, entraron a Sitilpech para asegurar la entrada de un camión de la empresa Kekén y desmantelar el campamento de  las y los habitantes. La policia portaba escudos y toletes que fueron utilizados para reprimir la protesta pacífica golpeando a los miembros de la comunidad, incluyendo a mujeres y personas adultas mayores, y en frente de niños y niñas de este pueblo maya. Además arrebataron sus celulares para incomunicarlos, robaron diversos bienes y dañaron motocicletas y vehiculos. Personas agredidas señalaron que minutos antes de que la policia llegara, el pueblo extrañamente se quedó sin señal de servicio telefónico ni de Internet.

La historia de Sitilpech evidencia la diligencia y complicidad que tiene el estado de Yucatán en velar por los intereses del empresariado porcícola y las agroindustrias, que crecen a costa del despojo de las tierras comunitarias, violaciones a la libre determinación y autonomía de los pueblos, contaminación del agua y los cenotes, e incluso la vida de las personas. La gestión del gobernador Mauricio Villa Dosal y sus discursos de sustentabilidad están vacíos de acciones que promuevan el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho legítimos en los territorios en Yucatán y el mantenimiento de los sistemas ambientales del estado.

Lo que pide el pueblo es claro: Fuera Kekén. No queremos los casi 50 mil cerdos que cría, No quieren la pestilencia que causa su mierda. No quieren que les salgan manchas ni enfermarse por la contaminación. Sí quieren cenar al aire libre y tomar el fresco. Sí quieren volver a tomar agua de pozo. Sí quieren que se respete su autonomía como pueblo maya.

#AguaSíGranjasNo #FuerzaSitilpech

#SitilpechManda #NoSinConsentimiento #ExigiendoJusticia

#EnYucatánPasa #CapturaCorporativa #EstadoRacista

Yucatán, a 18 de febrero de 2023

Enuncian

La Esperanza de Sitilpech

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

Kanan Derechos Humanos

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

^{En portada: Productor de maíz. Foto: Eduardo Miranda}

El presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 13 de febrero, un nuevo decreto que establece nuevas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. En diciembre de 2020, el presidente publicó un primer decreto, que queda abrogado, en el cual decidió eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el 2025.

La nueva publicación fue la respuesta al ultimátum que Estados Unidos dio a México al solicitar los fundamentos científicos frente a la prohibición del maíz genéticamente modificado y el glifosato, consideró Malin Jönsson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, en entrevista para Avispa Midia.

La publicación fue difundida un día antes de la fecha solicitada por el nuevo jefe de comercio agrícola de Estados Unidos, Doug McKalip, y el Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USTR), Alexis Taylor, para que el gobierno mexicado presentara explicaciones sobre su decisión de prohibición.

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En el reciente decreto se mantiene la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado, así como su utilización en la alimentación humana en el sector de la masa y la tortilla.

Lo anterior, “no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones”, sostuvo la Secretaria de Economia en un comunicado a la prensa.

El nuevo decreto quita el plazo para prohibir el maíz transgénico en la alimentación animal e industrial de alimento humano. En el comunicado, la Secretaría de Economia explica que “en cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto. Se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transición ordenada”.

Además, se recorre la fecha para dejar de importar glifosato y sustituirlo por alternativas agroecológicas, de enero a marzo de 2024.

En el comunicado de prensa, la Secretaría de Economía sostuvo que “Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) realizará investigaciones científicas en torno a los posibles impactos en la salud de las personas del maíz genéticamente modificado. Tales estudios se realizarán con agencias sanitarias de otros países”. Con eso, “México reitera su compromiso de cumplir el T-MEC, según el cual las decisiones fitosanitarias deben estar basadas en evidencia científica”.

T-MEC

El gobierno de EEUU amenaza México con recurrir a medidas formales apegadas al Acuerdo Comercial de América del Norte (T-MEC), antes TLCAN. Para las organizaciones que integran la campaña “Sin Maíz no Hay País”, la polémica muestra que los tratados de libre comercio ponen en riesgo la soberanía de los países cuando alguna de las partes está en situación de desventaja.

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Sin embargo, como argumenta Jönsson, en el T-MEC existen artículos que protegen la soberanía de los países, es decir, México puede prohibir el uso productos de tecnología moderna u organismos genéticamente modificados (OGM).

“No hay una obligación del T-MEC para admitirlas (las denuncias de EEUU). Podemos ocupar esos argumentos que tenemos, hay muchísimos estudios que están mostrando el daño que provocan a la biodiversidad, a la salud, a la vida”, agregó Jönsson y dijo que, incluso, se puede poner fecha de cierre de frontera para la importación.

Queda Corto

Existen varios estudios sobre harinas de maíz contaminadas con transgénicos y glifosato. “Se están mezclando los dos”, dijo Jönsson.

Incluso, investigaciones de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Asociación de Consumidores Orgánicos mostraron hallazgos de glifosato y transgénicos en las tortillas. Y de estar usando maíz amarillo para este alimento, habrían fallado los controles por parte del gobierno.

“¿Cómo vamos a eliminar el consumo de harinas contaminadas que tenemos actualmente?, ¿cómo lo vamos a implementar realmente el decreto?, ¿cómo vamos a asegurar que no lo estamos consumiendo?, ¿qué se ha hecho para garantizar que no estamos consumiéndolo directamente?”, cuestionó Malin Jönsson. Como hay varios problemas, “queda un poco corto el decreto”, porque no los resuelve.

La investigadora de Semillas de Vida recordó que el maíz es modificado genéticamente para resistir al herbicida, “van de la mano”. Es así como la aplicación del glifosato acaba con otras plantas. “Controla, pero mata todas las otras vidas, mata la biodiversidad”.

Los considerandos del nuevo decreto presidencial reconocen las investigaciones científicas que alertan sobre los efectos nocivos del herbicida en la salud de los seres humanos, el medio ambiente y la diversidad biológica. Además, reconoce como probable carcinogénico, como lo establece la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer.

La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), publicó un amplio expediente al respecto. Pero, a decir de las organizaciones mexicanas, ni el gobierno estadounidense ni las empresas consideran válidos estos estudios. “Nos quieren llevar a un callejón sin salida”.

Es una situación sumamente compleja, insistió Jönsson, también por los intereses de grandes capitales de las transnacionales que controlan el comercio del glifosato y la producción de los maíces transgénicos como la empresa Bayer- Monsanto, Syngenta, entre otras.

“Realidades incompatibles”

México es centro de origen y diversificación constante del maíz. Es el resguardo genético vivo más grande en el mundo de los maíces. Los pueblos originarios llevan unos diez mil años guardando, seleccionando y mejorando las semillas, destacó la investigadora.

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Existe el registro de 59 razas nativas, pero existen millones de variedades de maíces como esencia de la cultura alimentaria de México, que lo domesticó desde hace más de 7 mil años. En cambio, en Estados Unidos el maíz es una mercancía y un insumo para forraje, para elaborar productos ultraprocesados y para generar agrocombustibles.

“Son dos realidades distintas e incompatibles”, coincidió la investigadora. “Pero venimos de un modelo económico neoliberal donde no se ha apoyado nada la población campesina, se ha dejado que entre el maíz transgénico”, dijo.

Las organizaciones hacen hincapié en la autosuficiencia de México en la producción del maíz que consume. “Por ello es indispensable establecer políticas públicas congruentes y transversales con su respectivo presupuesto, que garanticen que en un plazo perentorio habrá autosuficiencia permanente de maíz no transgénico para la cadena alimenticia en su conjunto”, dijo.

Reacción

El martes 14 de febrero, el secretario de Agricultura estadounidense destacó que están revisando cuidadosamente los detalles del nuevo decreto “y tenemos la intención de trabajar con la USTR para asegurar que nuestro compromiso basado en la ciencia y las reglas se mantenga firme”.

Fernando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plaguicidas, considera que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán realizar las acciones conducentes a efecto de llevar a cabo la sustitución gradual del glifosato hasta llegar a su prohibición en marzo de 2024.

Destacó el artículo octavo del decreto 2023 que habla del protocolo de investigación conjunta que integrará la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y las instancias equivalentes de otros países en un estudio sobre el consumo del maíz genéticamente modificado y los posibles daños a la salud.

Las organizaciones que integran la campaña nacional convocaron a las personas a unirse a los propósitos, para que se establezcan leyes y reglamentos que incluyan sanciones.

En la actualidad se importan alrededor 17 millones de toneladas de maíz transgénico a México, debido al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

16 de febrero del 2023

Boletín No. 03

27 años de los Acuerdos de San Andrés, luchas por la vida y la paz desde los pueblos

• Saludamos las iniciativas por la vida, y la defensa del territorio, horizontes de esperanza, y espíritu vigente de los acuerdos.

Desde el Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostenemos que a 27 años de su firma, Los Acuerdos de San Andrés Sakach’en de los Pobres son un instrumento de lucha, que contiene la memoria y el espíritu de los pueblos que dialogan para pactar caminos de Justicia y Paz; al mismo tiempo les trasciende la inspiración de los movimientos y organizaciones de abajo que empujan con su digna lucha los derechos colectivos de los pueblos originarios, alternativas de vida ante un sistema capitalista y patriarcal.

Actualmente diversas experiencias antagónicas al Estado mexicano construyen una vida digna, desde la autonomía y llevan a cabo una Declaración por la Vida[1], en defensa de la Madre Tierra, sus territorios, en un contexto adverso de remilitarización, desarrollo de megaproyectos e infraestructura y amenazas por parte del Estado mexicano, la delincuencia organizada y empresas transnacionales que ambicionan los bienes comunes donde habitan los pueblos a quienes les son negados y arrebatados sus derechos, como a una consulta libre, informada y con pertinencia cultural que les tome en cuenta respecto a los impactos a su tierra, territorio y proyectos de vida.

Frente a esto, la respuesta son procesos de rearticulación desde los pueblos y comunidades; ejemplo es la convocatoria lanzada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) para la asamblea nacional “frente a la creciente violencia del narcoestado y la imposición de megaproyectos” a realizarse el 4 y 5 de marzo en Tehuacán, Puebla; además del encuentro internacional El Sur Resiste 2023, compuesta por una Caravana de documentación y denuncia que arranca el 25 de abril, recorriendo la Costa de Chiapas, el Istmo de Tehuantepec, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, y cerrando con un encuentro en el Cideci / Caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Es el espíritu de estas luchas e iniciativas que mantienen vigentes Los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, como eje articulador de reivindicaciones de derechos que nacen desde la dignidad y las luchas de los pueblos originarios. Son horizontes de esperanza e impulso de acciones hacia una ofensiva desde abajo por la vida, la paz y vida digna.

[1] EZLN. Primera parte: Una Declaración… por la Vida. Disponible en: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/primera-parte-una-declaracion-por-la-vida/

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Como APIIDTT, somos parte de la RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL, espacio integrada por 19 organizaciones de 11 estado del país (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Chihuahua), nos movilizaremos esté Jueves 9 de Febrero POR EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELECTRICA Y UNA TARIFA SOCIAL JUSTA, y frente al clima de violencia, persecución, criminalización, amenazas, hostigamientos, difamación y agresión en contra de los habitantes de Puente Madera y de la APIIDTT, REITERAMOS NUESTRO LLAMADO:

A que este próximo Jueves 9 de Febrero a partir de las 10:00H (Hora CDMX) se sumen de acuerdo a sus formas y tiempos, a realizar ACCIONES DISLOCADAS en SOLIDARIDAD con la lucha de los pueblos, comunidades, ejidos, colonias y habitantes del Istmo de Tehuantepec contra la IMPOSICIÓN del CORREDOR INTEROCEÁNICO, la Militarización y los Megaproyectos de Muerte con las consignas:

¡CON LA SANGRE DE LOS PUEBLOS NO HAY TRANSFORMACIÓN, NI PRIMAVERA!

¡NO AL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC!

¡PUENTE MADERA RESISTE! ¡EL JORDAN RESISTE!

Si realizan acciones / actividades, enviarlas al correo asamblea.istmo@gmail.com, si realizan publicaciones en redes sociales, pueden agregar los siguientes hashtags:

#PrimaveraOaxaqueñaDeCuarta #NoAlCIIT #ELISTMOESNUESTRO #ELSURRESISTE #APIIDTT

Desde la Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca:

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

ASAMBLEA COMUNITARIA DEL JORDAN

ASAMBLEAS DE RESISTENCIAS DE TAPANATEPEC, EL JICARO, ZANATEPEC, HUANACASTAL, REFORMA DE PINEDA, IXHUATÁN, SAN FRANCISCO DEL MAR, LA VENTOSA, JUCHITAN, XADANI, GUI’ XHI» RO’.

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO – APIIDTT

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.}

La minería para extraer oro en el norte de la Amazonía brasileña está destruyendo la tierra del pueblo Yanomami. Así lo han expresado integrantes de dicho pueblo indígena, quienes resaltan las consecuencias fatales contra sus comunidades: violencia y daños a la salud, así como contaminación de ríos y muerte de fauna.

Ante la gravedad de la situación, Davi Kopenawa Yanomami, chamán y líder del pueblo Yanomami, apunta como principal responsable al ex presidente Jair Bolsonaro, quien huyó a los EEUU al finalizar su mandato el 31 de diciembre del 2022.

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“Quien mató a mis parientes, a mis hermanos, a mi familia, fue el [ex] presidente Jair Bolsonaro. En los cuatro años que apoyó a los mineros trajo enfermedades, coronavirus, paludismo, gripe, disentería, verminosis y otras enfermedades. Fue él quien mató. Mató y se fue”, sostuvo Kopenawa durante una entrevista para Amazônia Real.

De acuerdo a la organización Cultural Survival, debido al avance de la minería ilegal en sus tierras, familias Yanomami se han visto forzadas a desplazarse miles de kilómetros de sus territorios para resguardar su vida.

Debido a esto, Davi Kopenawa es uno de los representantes Yanomami que actualmente se encuentran recorriendo los EEUU para denunciar la situación de emergencia de su pueblo. Ante funcionarios de instituciones como la ONU, Kopenawa exige la detención de Bolsonaro.

Genocidio

En el año 1992, el gobierno federal demarcó el territorio Yanomami al certificar una extensión de 9.4 millones de hectáreas entre los estados de Amazonas y Roraima, cerca de la frontera con Venezuela, el territorio indígena más grande de Brasil. Esto sucedió años después de una larga campaña internacional donde Kopenawa se involucró para defender su territorio y expulsar a los cerca de 40, 000 mineros que invadieron las tierras Yanomami.

No obstante, a pesar del reconocimiento oficial del territorio indígena, un año después un grupo de mineros entró a la comunidad de Haximú y asesinó a 16 indígenas yanomamis, entre ellos a un bebé, por lo cual cinco personas fueron juzgadas por genocidio.

En los tiempos recientes, como registra Amazônia Real, durante el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, las acciones a nivel federal y estatal promovieron la extracción de oro y estaño en tierras indígenas Yanomami. Así, se calcula que entre 20,000 y 30,000 mineros han invadido el territorio, que cuenta con una población de 30,400 indígenas y 386 comunidades.

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Sumado a la minería también ingresó el crimen organizado por medio de actividades como el lavado de dinero procedente de la venta de oro extraído de los territorios Yanomami. Ante esta situación Kopenawa, quien funge como presidente de la Asociación Yanomami Hutukara, califica la minería depredadora en su tierra de “oro de sangre Yanomami”.

Para Darío Kopenawa, vicepresidente de la Asociación, ésta es una situación de emergencia que vienen denunciando desde 2019, cuando comenzó el incremento de muertes entre los indígenas. “Hutukara lleva casi cuatro años haciendo campaña por Fora Garimpo, Fora Covid (Fuera minería ilegal, Fuera Covid). Llamamos la atención del Estado brasileño y, principalmente, de la sociedad brasileña, llamamos la atención del mundo entero. El gobierno pasado [de Bolsonaro] ni siquiera nos atendió en Brasilia. Así que esta es una situación que se está produciendo y que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo”.

Crisis sanitaria

Acorde a Darío, el gobierno de Bolsonaro lideró una estrategia para debilitar la salud del pueblo Yanomami. Desmanteló la red pública de salud en la región, al mismo tiempo que permitía el ingreso de personas no indígenas quienes contagiaron con enfermedades a la población indígena.

Apenas el pasado 23 de enero, el Ministerio Público Federal también apuntó como responsable por esta situación al gobierno. “La grave situación sanitaria y de seguridad alimentaria que sufren los pueblos Yanomami es consecuencia de la omisión del Estado brasileño a la hora de garantizar la protección de sus tierras”.

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Ante la inacción del Estado, distintas organizaciones han emprendido campañas para recoger alimentos que son enviados a las comunidades más afectadas por la desnutrición extrema y las condiciones de violencia.

Además, la vulnerabilidad de algunas poblaciones Yanomami aumenta al considerar que permanecen sin contacto, es decir, no mantienen relaciones con foráneos, ni siquiera con otras comunidades Yanomami. “Los pueblos indígenas no contactados son los más vulnerables del planeta y los invasores podrían aniquilarlos”, alerta Cultural Survival en un llamado de emergencia.

Desde este lunes (6), autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.

“El avance de la minería, alentado por el último gobierno, resultó en una crisis humanitaria en la tierra indígena”, dice un comunicado del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama). “La policía federal investiga el crimen de genocidio contra los yanomami”, sostiene el documento difundido en el contexto del operativo.

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