Nuevo ataque criminal en contra de nuestros pueblos en medio del silencio guberamental: Ahora dirigido a la comunidad Nahua de Santa María Ostula
A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los medios libres e independientes,
A quienes caminan la palabra de la vida.
19 de mayo de 2026.
La guerra criminal en contra de las comunidades de Michoacán no deja de crecer; mientras tanto, la complicidad de los gobiernos, expresada en su completo silencio, se exhibe cada vez con mayor fuerza y la percepción de que el gobernador en el estado, ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, está coludido con el crimen organizado se transforma en certeza.
La acción criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ahora se desató en contra de la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán. Este martes 19 de mayo de 2026 la Encargatura de la Cofradía de Ostula, perteneciente a la Comunidad de Santa María Ostula, fue atacada nuevamente por un comando fuertemente armado perteneciente al CJNG.
Dicho ataque fue repelido por la Guardia Comunal de la comunidad, que durante casi una hora enfrentó el fuego de los delincuentes hasta lograr el repliegue de éstos, quienes continuaron disparando sus armas ya fuera del perímetro comunal en las proximidades del poblado de Coahuayula, municipio de Chinicuila, Michoacán. Gracias a la pronta reacción de la seguridad comunitaria no hubo daños, ni personas heridas o fallecidas que lamentar.
Junto a este hecho de violencia criminal es importante recordar que el domingo 17 de mayo del presente año, la comunidad purépecha de Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen, sufrió un brutal ataque por parte del crimen organizado en el que fueron asesinados JESÚS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ e IGNACIO CAMPOS GUERRERO, integrantes de la Ronda Comunal; y otro más se encuentra gravemente herido. Previamente, el miércoles 6 de mayo del 2026, un comando del CJNG, protegido por la policía municipal de Chilchota, atacó a comuneros de la comunidad purépecha de Acachuén, municipio de Chilchota, con un saldo de dos personas de la comunidad muertas y una más herida; asimismo, el pasado 11 de mayo, el CSIM fue cruentamente reprimido por la policía estatal al manifestarse en repudio a los sangrientos sucesos de Acachuén.
Como lo señalamos en nuestro anterior comunicado, durante los 2 últimos años las comunidades indígenas de Michoacán, tanto en la región purépecha como en la costa nahua, han sufrido decenas de incursiones armadas, incluidos ataques con drones y explosivos, en contra de la población civil, de instalaciones de todo tipo, de autoridades comunitarias y de los cuerpos de seguridad tradicionales.
A la situación de violencia antes descrita hemos de agregar el asesinato del representante comunal de la comunidad tepehuana/wixárika de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, MARCOS AGUILAR ROJAS, el pasado 26 de noviembre de 2025; y el violento desalojo de 8 familias tzeltales integrantes del CNI en Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas, el pasado 12 de febrero, mismo que concluyó en el desplazamiento de 30 compañeros y compañeras y en la ilegal detención, hasta el día de hoy, de FRANCISCO MORENO HERNÁNDEZ.
Finalmente, entre los días 6 y 12 de mayo de este año las comunidades nahuas de Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Tula, municipio de Chilapa, Guerrero, integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fueron atacadas y bombardeadas, con una violencia pocas veces vista, por el cártel criminal de los ardillos frente a la inacción y la complicidad de los distintos niveles de gobierno, lo que provocó el asesinato de cinco compañeros del CIPOG-EZ, cientos de heridos, el desplazamiento de más de dos mil personas y la destrucción parcial de las comunidades antes señaladas. A dichos ataques deben agregarse los recientes bombardeos, también por parte de los ardillos, en contra de la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, Guerrero, por más de 22 días, que tuvieron como consecuencia dos compañeros asesinados y cientos de heridos y desplazados.
La guerra en contra de nuestros pueblos, una guerra capitalista de conquista, se torna cada vez más violenta y tiene como fin desplazarnos de los territorios que hemos ocupado de manera ancestral para despojarnos de ellos, para apropiarse de nuestros cuerpos y nuestra fuerza de trabajo, para hacer crecer las economías crimínales que sostienen este sistema de muerte que se nombra capitalismo.
Y en esta guerra el Estado mexicano y sus instituciones juegan a favor de los delincuentes, de los cárteles criminales, de las empresas trasnacionales que se enriquecen a costa del sufrimiento y el dolor de los pueblos que somos este país. La que se nombra clase política, quienes nos malgobiernan, sin importar su color o si se autonombran de izquierda o de derecha, cada vez se distinguen menos de los criminales que dicen perseguir.
Luego entonces, llamamos urgentemente a los pueblos, organizaciones, colectivos, medios libres y personas de México y del mundo que se nombran y se saben de abajo y a la izquierda, a organizarnos en nuestros calendarios y geografías para resistir esta guerra, esta barbarie, esta tormenta de muerte y destrucción llamada capitalismo.
¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Convocatoria a la misión de observación civil en los pueblos integrantes del CIPOG-EZ desplazados por la violencia criminal de Los Ardillos
FRENTE AL DESPRECIO DEL ESTADO, A LA COMPLICIDAD SHEINBAUM-EVELYN-SALGADO-MERCEDES-CARVALLO-CHINO, LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD Y ANUNCIAMOS LA VISITA DE UNA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN, A LAS COMUNIDADES DESPLAZADAS DE LA MONTAÑA BAJA DE GUERRERO.
Al Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata
A las Redes de Rebeldía y Resistencia
A la Europa Insumisa
A los Organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales.
A los medios de comunicación.
Al pueblo de México
Al pueblo de Guerrero.
A quienes en el gobierno federal y en el gobierno estatal de Guerrero, les quede un poco de sensibilidad, humanidad y sentido común.
18 de mayo de 2026.
Tras 6 días de ataques, a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, Tula, Xicotlán, Acahuehuetán y Alcozacán, que forman parte del CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena, iniciados el 6 de mayo de 2026, tras la presión internacional y nacional de colectivos, organizaciones, académicos y centros de derechos humanos, el gobierno mexicano tuvo que rehacer su narrativa de “no pasa nada”, “son solo 76 desplazados”, “son 96 desplazados”, “son 200 desplazados”, transitando hacia el reconocimiento de un conflicto menor, pero acomodado como un conflicto entre grupos delincuenciales.
El gobierno mexicano asistió a la zona atacada después de que permitieron el desplazamiento de más de 2000 personas de sus comunidades, que fueron atacadas con armas de alto poder y drones; es obvio que esos ataques ocurrieron, por que lo permitieron las corporaciones de seguridad y que los municipios, principalmente el de Chilapa encabezado por mercedes Carballo Chino, no dio aviso sobre la situación, encubrieron a los atacantes. Destacamos la lamentable actuación del Subsecretario de desarrollo político y social Francisco Rodríguez Cisneros, que todo el tiempo minimizó los ataques, dialogó con los atacantes y no contuvo ni mucho menos enfrentó a los agresores, argumentó que fue retenido el 11 de mayo en el Crucero del Jagüey y no llegó a las comunidades que estaban bajo ataque, el mismo día, el gobierno federal anuncia que ya están atendiendo la situación, el mismo día que atacaban Alcozacán (de más de 1200 habitantes), comunidad a la que se fueron los desplazados y de donde tuvieron que huir a la montaña, a las cuevas y barrancas.
Es lamentable que el gobierno mexicano insista en criminalizar a las comunidades agredidas, creando la versión del “enfrentamiento entre grupos criminales” para explicar el desplazamiento de más de 2000 personas, los ataques con drones y armas de alto poder, del grupo criminal los ardillos contra niñas, niños, abuelas y abuelos pertenecientes a las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán. Resulta aún más absurda la versión de Omar García Harfuch, cuando estas comunidades, (que además de pertenecer al CIPOG-EZ, también constituyeron su propio sistema de justicia que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores, CRAC-PC-PF), llevan más de 10 años pidiendo seguridad, instalación de retenes, Bases de Operaciones Mixtas, ahora Interinstitucionales (BOI), para evitar los ataques de los ardillos. Lo único que podemos observar, es a un grupo criminal, disparando, asesinando, secuestrando, traficando, desplazando, perfeccionando sus ataques, expandiendo su territorio, extorsionando a la población y lo más lamentable, observamos que este grupo, es protegido por los gobiernos municipales, estatal y ahora por el gobierno federal.
¿Pueden explicarnos porqué el ejército, Guardia Nacional y policía estatal desapareció del retén que tenían en Tula cuando comenzaron los ataques de los ardillos, permitiendo que éstos instalaran una trinchera a 200 metros del retén de la Base de Operaciones Interinstitucional para desde ahí disparar a la comunidad de Tula?
¿Pueden explicarnos por qué no hay ninguna investigación federal contra el proceder de las presidenta municipal de Chilapa Mercedes Carballo Chino, por su relación familiar con Celso Ortega Jiménez, máximo líder del grupo paramilitar los ardillos y el desvío de recursos del Ramo 33 destinado a las comunidades que les ha sido negado a las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, así como por las nulas investigaciones, desarticulación y detención del grupo criminal Los ardillos? ¿No es evidente que existe una estructura criminal que va desde los ardillos, su rostro más sanguinario y visible, hasta las corporaciones de in-seguridad, policías municipales, estatales, fiscalía, jueces, se sigue hacia los municipios y todo el espectro político estatal y remata en los monopolios comerciales controlados también por el grupo criminal? No omitimos la colusión de la alta jerarquía de la iglesia católica de Guerrero, encabezada por el canciller de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa Jorge Amando, que se atrevió a decir que los desplazados quemaron sus carros y sus casas, que se desplazan solos, que las víctimas no son víctimas, que se victimizan porque ya no son católicos.
Es aún más increíble que conociendo lo anterior, el gobierno federal sostenga a la estructura criminal. El Estado Mexicano pretende sostener su imagen de pulcritud y corrección política a base de mentiras y encubrimiento, Guerrero es el ejemplo claro, donde el gobierno del estado y los gobiernos municipales, están infiltrados por la delincuencia organizada y Claudia Sheinbaum responde a los cuestionamientos que se le hacen en las mañaneras sobre las agresiones a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero “nos estamos coordinando con el gobierno del estado”; Evelyn Salgado responde, “ya le encargamos a los gobiernos municipales” y éstos responden que lo están checando pero que no habrá diálogo con organizaciones no reconocidas por el Estado (en clara alusión al CIPOG-EZ y a la CRAC-PC-Pueblos Fundadores, las únicas organizaciones que han salvaguardado la vida de los pueblos), mucho menos detenciones y desarticulación del grupo criminal los ardillos ¿a caso ellas son parte de los ardillos?
Las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, se han resistido a entregar el territorio para las actividades criminales de los ardillos (tránsito, consumo, venta, siembra de estupefacientes, extorsión, cobro de piso, secuestro), han creado su sistema de justicia propio y su toma de decisiones es de forma asamblearia, fortalecen su proceso político para no depender de las decisiones políticas de personas ajenas a las comunidades, sean partidos políticos o grupos criminales. Por eso sabemos que los ataques al CIPOG-EZ y a la CRAC-PC-PF, están dirigidos a la destrucción de sus aspiraciones de vivir con dignidad y construir un mundo donde la paz, la justicia y libertad, no sean un botín administrado por el poder, sino una realidad lograda por los propios pueblos; están dirigidos a la apropiación del territorio, pues mientras los grupos criminales lo ven como mercancía, los pueblos despliegan su existencia, tejen sus dinámicas y relaciones, construyen sus identidades y cosmovisiones, cuidan y valoran la relación indisoluble entre la tierra, el Territorio y todo lo que en ella existe.
Por tanto, alejados de la política de arriba, donde se acusan de ser de derecha, izquierda, centro y todas sus combinaciones, de ser prianistas o comunistas; arriba donde le hacen homenajes a Hernán Cortés o donde se le exigen disculpas a los españoles por la conquista; arriba donde se acusan de ser salinistas (sea por Gortari o por Pliego) o Lopezobradoristas; de estar con la dictadura o con los genocidas Trump-Netanyahu. Arriba donde todos y todas, se olvidan del pueblo. Nosotras y nosotros, desde los territorios y desde nuestra humanidad vemos con claridad la nueva guerra de conquista que se viven en el país y que se agudizarán. Las zonas de sacrificio hoy en día no sólo incluyen a la tierra, al medio ambiente, sino a los seres humanos que las habitan. Estamos frente a una guerra de exterminio, destrucción y despoblamiento, que aspira a la reconstrucción y repoblamiento bajo las reglas de los grupos criminales, políticos y empresariales. nos queda claro que como explicaron los hermanos y hermanas del EZLN:
“Cada bomba que cae en Gaza, cae también en las capitales y las principales ciudades del mundo, sólo que todavía no se han dado cuenta. De los escombros nacerá el horror de la guerra de mañana”.
Frente a este escenario, medios de comunicación, periodistas, organizaciones y colectivos, centros de derechos humanos, observadores nacionales e internacionales, estaremos acudiendo a realizar una Misión Civil de Observación, sobre la situación actual de los pueblos, de los desplazados, de las víctimas que han sido tratadas con desprecio por el gobierno mexicano, que no fue capaz ni siquiera de entender la importancia del idioma como puente entre los pueblos y entonces la secretaria de gobernación Rosa Isela Rodríguez, fue a hablar y a hablar y a hablar, como si estuviera en un acto de campaña. Fue a afirmar que ya había acuerdos, sin entender el modo asambleario y sin entender que las problemáticas son profundas; sin distinguir entre víctimas y victimarios, al final las víctimas fueron tratadas como victimarios, ellos bloquearon, ellos dispararon, ellos se desplazaron porque se dispararon y se autobloquearon ¿y los ardillos? ¿y la complicidad de las autoridades políticas y de seguridad?
Por tanto, desde el Congreso Nacional indígena, junto a las organizaciones y colectivos que conforman la MCO-S, llamamos a las personas de buen corazón a quienes el dolor ajeno no les es indiferente a acompañar esta Misión Civil de Observación desde sus geografías y de los modos y formas que decidan. Esta MCO-S se realizará entre los días 22 y 24 de mayo, en las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, donde documentaremos la situación que vivieron y que siguen viviendo, pues prácticamente fueron obligadas por el gobierno del estado y del municipio a volver a las comunidades de las que fueron desplazadas, a pesar de que sigue existiendo temor y sobre todo el riesgo de ser atacados.
Responsabilizamos desde ahora al gobierno federal, estatal y municipal, de cualquier situación que ocurra a quienes acompañaremos esta Misión Civil de Observación.
Atentamente:
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!
MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN-SEXTA





