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Ejido Tila, Chiapas, México; a 17 de octubre de 2023

A los medios nacional e internacional no gubernamental
A las organizaciones nacional e internacional no gubernamental
Al centro de derechos humanos no gubernamental
Al congreso nacional indígena
Al consejo indígena de gobierno
A los pueblos que luchan por la tierra y el territorio
A los pueblos originarios en defensa de la madre tierra

De parte del ejido tila reciban un cordial saludo, a todos y a todas las y los hermanos en resistencia por la madre tierra.

En el ejido de tila se vive una tensa situación, a manos de grupos criminales, el pasado viernes 13 de octubre del presente año aproximadamente a la 7:30 de la noche a quemarropa mataron a dos jóvenes de nombre Juan Carlos Jiménez Jiménez de 19 años de edad y Oscar Pérez Pérez de 17 años hijos de ejidatarios de la comunidad de sañoja a mano de la delincuencia organizada, aliados a los pobladores quienes el 11 de septiembre de 2020 tiraron el portón para infiltrar negocios clandestinos como la venta de droga, alcohol y tráfico de armas que comanda Francisco Arturo Sánchez Martínez, Rodrigo Martínez Parcero, doctora Adelaida cruz de Santis Martínez Parcero y su grupo conformado por Juan López López, Rosalino Martínez Santiago, Marco Antonio Sánchez Martínez, Andrés García Martínez, Vicente Gómez López los trompudos, Eugenio Ramírez Jiménez, Alfredo Pérez López, Reynaldo Ramírez Martínez, Darío cordero y la profesora Cecilia Vázquez López entre otros, grupo que ya fueron denunciados ante la fiscalía del estado por varios delitos, dentro de ellos por violación de la sentencia de amparo donde crearon un panteón clandestino en complicidad, han solapado a Rodrigo Martínez Parcero y la doctora Adelaida Martínez Parcero por ser trabajadores de la secretaria de salud de igual forma la doctora Adelaida Martínez Parcero es plurinominal del ayuntamiento municipal.

El pasado sábado 14 de octubre aproximadamente a las 11:10 de la mañana ejecutaron a dos jóvenes dedicados a la venta clandestina de droga de nombre José Gutiérrez Ramírez de 30 años de edad y el joven José Nazario Vázquez Jiménez ese mismo día a las 8:30 de la noche, el C. Rodrigo Martínez Parcero hizo detonaciones de arma de grueso calibre en su domicilio para intimidar a los compañeros ejidatarios, con la finalidad de seguir su política en contra de los compañeros.

También circula en las redes sociales la voz del mismo contador Rodrigo haciendo mención que forma parte del cartel Jalisco nueva generación, mientras Eugenio Ramírez Jiménez menciona por radio de comunicación con integrantes del supuesto comisariado legal Eduardo Gutiérrez Martínez que forman parte del cartel de Sinaloa, lo cual confirma que ya tienen a dos sicarios de Sinaloa dentro del poblado del ejido tila Chiapas y ya tiene checando domicilio dentro del casco poblacional y que en bolsa tendrán que salir algunos compañeros como paso en el año 1994.

Y este lunes 16 de octubre se encuentra ejecutado con arma de grueso calibre al joven Daniel Jiménez López de 26 años de edad tirado en la carretera a la altura del crucero que comunica la comunidad de carrizal y mariscal esto con la intensión de que el comisariado ejidal Lorenzo Jiménez Ramírez llegue hacer el levantamiento le hagan una emboscada ya que es la autoridad que fue nombrado por la asamblea general de ejidatarios por mayoría.

Esto ha estado suscitando por la injusticia de los 5 responsables del gobierno del estado de Chiapas, tal como lo menciona la inejecución de sentencia 1302/2010 que ya fue discutido en la suprema corte de justicia de la nación el pasado 12 de septiembre de 2018. Lo cual la justicia de la unión da protección al ejido tila, al saber que el amparo promovido por el ejido salió a favor nombran Eduardo Gutiérrez Martínez bajo falsificación de firmas de compañeros ejidatarios y de finados para que le sea certificado su nombramiento ante el RAN en el periodo 2015 a 2018 y con la misma falsificación de firmas y huellas de los compañeros ejidatarios el RAN le otorga el nombramiento a Miguel Vázquez Gutiérrez en el periodo 2018-2021 para que ellos hagan negociación del amparo al saber la asamblea que tenían el nombramiento se inició un proceso ante el tribunal unitario agrario número 54 de Comitán por la inconformidad de los asambleístas ya que estas dos personas fueron nombradas por pobladores y en casa particular ya que estas dos personas no son asambleístas y Eduardo Gutiérrez Martínez se vuelve a reelegir como comisariado en este periodo 2021 a 2024 cuando el comisariado nombrado por la asamblea es Lorenzo Jiménez Ramírez.

Al saber que el ejido gana el amparo un grupo de pobladores ya antes mencionado tiran el portón de seguridad hecho por los ejidatarios y causan bloqueo afectando vía terrestre derivado de varias denuncias de los transeúntes el comisariado ejidal en ese periodo toma la decisión con la asamblea de desalojar el grupo de pobladores que estaban afectando, lo cual al llegar fueron recibidos a balazos con armas de fuego dejando varios heridos y muertos desde esa fecha se ha venido agudizando las persecuciones y han matado a varios compañeros a manos de los dirigentes e integrantes de pobladores y avecinados que son hijos del grupo paramilitar que operaron en la zona baja de tila.

Al ver que esta situación los ejidatarios tomaron la decisión de cercar el ingreso dentro del ejido tila hasta que se haga justica a los ejidatarios de tila y se ejecute la sentencia del amparo que bajo la corrupción del ayuntamiento municipal ha causado un conflicto y ha contratado la delincuencia organizada para seguir intimidando nuestro territorio ejidal bajo la complicidad de los 5 responsables del gobierno.

Nunca más un México sin nosotros

Atentamente

Tierra y libertad Ejido tila

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Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ
Madrid, 16 de octubre de 2023

Con evidente sorpresa, hemos tenido conocimiento que hace algunas horas, en la Ciudad de México, un numeroso grupo de granaderos, a las órdenes del gobierno de la ciudad, que preside Martí Batres, ha tratado de desalojar violentamente a la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México de la Casa de los Pueblos «Samir Flores Soberanes», sita en el que antes era el edificio del mal llamado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sin importarles que en el espacio estuvieran niños y ancianos.

La Comunidad Otomí “tomó” el espacio hace ya tres años, como respuesta al silencio del gobierno ante sus reclamos de vivienda y otros derechos básicos.

Desde la ciudad de Madrid, Estado Español, Slumil K’ajxemk’op, Planeta Tierra, reafirmamos nuestro apoyo a los hermanos, hermanas, hermanoas de la Comunidad Otomí, y les reiteramos que no están solas, al tiempo que exigimos al gobierno de la CDMX, que detenga los intentos de desalojo violento del inmueble y atienda los justos reclamos de la Comunidad Otomí.

Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ
https://www.cedoz.org/

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Hoy el Gobierno de la Ciudad de México decidió, en plena madrugada, intentar desalojar a la comunidad Otomí de la Casa de Pueblos y Comunidades “Samir Flores”. Seguramente los titulares de ésta mañana estaban listos con frases como “recupera el edificio”, aderezados con palabras como “choque” o “enfrentamiento”, comno se estila decir desde el poder cuando desde arriba se trata de aplastar a quienes desde abajo luchan por la dignidad. Pero la realidad es que la comunidad Otomí mostró que la digna rebeldía es capaz de resistir los cobardes madruguetes de quienes ven en el etnocidio una oportunidad para hacer de la ciudad un negocio o un botín electoral.

La soberbia, racismo e incapacidad de Marti Batres de ver el México que existe más allá de sus mezquinos proyectos le impide ver una verdad muy simple, nunca antes un edificio público había servido más a los pueblos indigenas de México que desde que el del INPI fue liberado por la comunidad Otomi. Lanzó éste operativo porque en su lógica el Estado es un patrimonio y el edificio del antes Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas es de los funcionarios y burócratas en turno, no de los pueblos indigenas.

Para quienes gobiernan arriba lo indigena sólo les interesa cuando puede mercantilizarse como folcklore en los teatros y museos, como artesanía en las boutiques para turistas o como un conjunto de símbolos que usan con oportunismo e hipocresia cuando los tiempos electorales lo requieren, sea
haciéndose pasar por Otomies como Xochitl Gálvez o con escenas manipuladoras com de López Obrador entregando un bastón de mando a Claudia Sheinbaum.

Visto desde arriba, el edificio deberia ser el INPI para poder repartir limosnas a los pueblos que se busca desaparecer con megaproyectos extractivos. Para quienes luchan desde abajo ese edificio ha sido
un centro de diálogo entre pueblos, de fortalecimiento de sus identidades políticas, de organización de la defensa de sus territorios y de los ecosistemas que habitan y protegen.

El intento de desalojo usando al presuntamente desaparecido cuerpo de granaderos de la policia de la Ciudad de México y el paso de unos motociclistas disparando son un aviso, como muchos otros que han precedido a tragedias y crímenes de Estado. Arriba se avecina una pelea sucia y mentirosa llamada proceso electoral en donde las élites se disputarán quien va a administrar y monetarizar el infierno, una pelea que se seguirá pagando abajo con dolor y sangre.

Arriba tienen prisa por eliminar a todo aquello que no les sirve para controlar votos y ganar elecciones, sean comunidades Zapatistas en Chiapas o edificios ocupados en la Ciudad de México. Abajo, en todo el mundo, los ojos de gente honesta y digna están mirando directamente a la Casa de los Pueblos y Comunidades “Samir Flores”, vigilando que ese edificio pueda seguir sirviendo para y a quienes debe servir.

Nodo de Derechos Humanos (NODHO)

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A los pueblos y gobiernos de México y del mundo.
A los organismos de derechos humanos.
A los medios de comunicación.

Denunciamos que desde hace algunas horas un numeroso contingente de granaderos del gobierno de la Ciudad de México está tratando de desalojar con violencia a la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México de la Casa de los Pueblos «Samir Flores Soberanes» (antes edificio central del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas), incluidos niños, mujeres y ancianos indefensos.

Recordamos que este espacio está «tomado» por la Comunidad Otomí desde hace tres años exigiendo vivienda y un conjunto de derechos básicos, exigencias ante las cuales el gobierno ha guardado un vergonzoso silencio.

A tres años de la toma del INPI, ésta es la respuesta del gobierno hacia lxs compañerxs, ésta es la política del Estado hacia los pueblos originarios.

Llamamos a las organizaciones y colectivos solidarios con las luchas del CNI y de los pueblos originarios a no dejar sola a la Comunidad Indígena Otomí en estos momentos.

Exigimos a los gobiernos de la Ciudad de México y federal a detener este violento desalojo.

!!!ALTO AL DESALOJO DE LA CASA DE LOS PUEBLOS SAMIR FLORES SOBERANES!!!
!!!ALTO A LA GUERRA CONTRA NUESTROS PUEBLOS!!!

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!!!
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!!!

México, 16 de octubre de 2023.
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Gráfica de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes}

La organización de derechos humanos Front Line Defenders, en un comunicado, denunció que defensores del territorio de los pueblos nahuas del municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, articulados en la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, han sido objeto de ataques en años recientes por su defensa del territorio.

Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes es una organización integrada por 20 pueblos nahuas del valle de Puebla que históricamente han luchado contra violaciones de derechos humanos y despojo causado por la presencia e implementación de proyectos extractivos en sus territorios.

El último ataque sufrido es la represión ocurrida en el pueblo de San Lucas Nextetelco el 2 de octubre de 2023, durante una protesta en contra de la construcción de un complejo de seguridad pública en la comunidad.

Este complejo fue licitado, sin consulta alguna, por el gobierno del Estado de Puebla el pasado 5 de septiembre y tiene estimado concluir la construcción en el mes de diciembre de este año 2023, con un piso financiero mínimo de 8 millones de pesos.

La construcción del complejo de seguridad se da en un contexto de “un preocupante aumento de la militarización y la creciente construcción de complejos de seguridad y cuarteles militares en comunidades en el país donde existen resistencias y oposición a megaproyectos y en donde no ha habido consulta, previa, libre e informada”, alerta la organización.

El 2 de octubre de 2023, personas que se presentaron como empleados de DECOSA, la empresa que presuntamente se ha contratado para construir el complejo de seguridad, llegaron al pueblo de San Lucas Nextetelco, relata la organización. Los trabajadores se retiraron del lugar después de que los integrantes de la comunidad les entregaran un acta de la asamblea en oposición a la obra del complejo de seguridad, en el cual decidieron rechazar el proyecto.

Más tarde ese mismo día, sobre las 16h, esos mismos trabajadores volvieron al pueblo de San Lucas Nextetelco, llevando una máquina excavadora. Custodiada por elementos de la Policía Estatal de Puebla, rompieron el portón y comenzaron a trabajar.

Esto llevó a que integrantes del pueblo alertaran al resto de la comunidad, quienes acudieron a protestar e intentar impedir que siguiera la construcción del complejo de seguridad. Después de esto, llegaron al lugar un grupo de personas que presuntamente son movilizadas por el gobierno municipal de Juan C. Bonilla y que han sido identificadas previamente por la comunidad como “golpeadores”, señala Front Line Defenders.

Este grupo comenzó a agredir físicamente a integrantes de la comunidad, incluyendo a jóvenes y a adultos mayores que se manifestaban de manera pacífica. Llegaron más integrantes de San Luchas Nextetelco a fin de apoyar a los manifestantes, se enfrentaron con la policía y esto llevó al eventual retiro de los golpeadores y de los elementos de la Policía Estatal. Como forma de protesta, la comunidad decidió cerrar la carretera federal a la altura de San Lucas Nextetelco durante alrededor de 6 horas.

Otros ataques

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena
A los pueblos de México y el mundo,
A las personas, colectividades y pueblos que defienden la Vida

El 12 de octubre de 1492 una nueva historia comenzó a escribirse: la Historia de la Dignidad Indígena. La fuerza y determinación de los pueblos originarios, aquella cultivada por más de 531 años, adquiere hoy nuevos sentidos: la resistencia anticolonial de los más primeros, la defensa de sus territorios y modos de habitar el mundo, son fuente de conocimiento e inspiración en la lucha contra el capitalismo depredador y ecocida.

En toda América, la historia de las luchas por la libertad y la justicia están marcadas por las resistencias de los pueblos indígenas. En México, resistieron a la guerra de conquista, fortalecieron a los ejércitos populares en la guerra de Independencia, lucharon contra el imperialismo norteamericano y sus intentos expansionistas, fueron parte de la resistencia contra el imperio francés, contra la dictadura porfirista y tuvieron un papel fundamental en la guerra de Revolución en los ejércitos encabezados por Villa y Zapata. Durante el régimen priísta, los pueblos originarios nutrieron a los ejércitos populares y de liberación nacional. Con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, y la formación del Congreso Nacional Indígena, el 12 de octubre de 1996, los pueblos indígenas pasaron a la ofensiva contra la integración neoliberal y su acelerado despojo. Y como en el pasado, los pueblos indígenas resisten hoy al neodesarrollismo que intenta disfrazar el despojo de bienestar.

En los espejos de la realidad de la guerra que enfrentan quienes ancestralmente cuidan y defienden la madre tierra frente al despojo y la explotación capitalista y patriarcal; en los espejos del desprecio por sostener la dignidad de existir siendo quiénes son contra los intentos coloniales de exterminio; en los espejos de la persecución política, la desaparición, la cárcel y el asesinato por luchar, organizarse, resistir y cuidar la Vida. En esos espejos se refleja la guerra capitalista contra la naturaleza y la Vida, una guerra que hoy llena de sangre todo el territorio nacional y mundial.

La dimensión histórica del desafío de los pueblos zapatistas y del Congreso Nacional Indígena puede apreciarse en el sentido mismo de la Acción Global que estos días se realiza en más de 50 lugares del mundo: hacer frente a la guerra contra los pueblos de México y del Mundo. Exigir alto a la guerra contra las comunidades zapatistas y los pueblos del CNI. Luchar y organizarnos contra el avance de la militarización en México. Organizarnos para detener el avance y apertura de megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, o el Corredor Transístmico. Defender el agua, la diversidad, la comunidad, la tierra, la vida digna.

A unos meses de que un sexenio más de mal gobierno termine, ante las múltiples evidencias de que mientras la hidra capitalista sea quien gobierne detrás de cualquier color, cualquier partido, el llamado de los pueblos marca un rumbo y un destino de dignidad. La guerra en México es una guerra contra la vida. Sus actores son los grupos del crimen organizado, los cuerpos represivos del Estado, formales e informales, la clase política en su conjunto, el Estado y sus instituciones que viven de la corrupción. Un Narco Estado Capitalista, como dicen CNI.

Y es que, aunque arriba pretenden ocultarla, abajo los pueblos vivimos cotidianamente esa guerra. Y para muestra de la brutalidad contra los pueblos originarios, un dato que apenas dimensiona el horror: en lo que va del actual sexenio, de este que prometió transformación, 50 compañeros y compañeras pertenecientes a organizaciones y pueblos vinculados al Congreso Nacional Indígena han sido asesinados y otras 6 personas se encuentran desaparecidas. Esto en los casos que tenemos denuncias y se han confirmado. A estos dolores, hay que sumar la prisión política, tortura, secuestros, desplazamientos forzados, amenazas, difamaciones mediáticas contra personas defensoras del territorio.

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