Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Cristian Leyva}

El Ejido de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, al sur de México, retomó la posesión de sus tierras el 1 de abril de 2025. En este territorio se explotó oro y otros minerales desde el año 2007, primero por la empresa Leagold Mining y por último con  Equinox Gold. Horas después de que la empresa anunció en un comunicado la “suspensión indefinida” de sus operaciones en su mina Los Filos, los comunitarios retomaron sus tierras de uso común. 

La canadiense Equinox Gold, que cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York, asegura que la continuidad de Los Filos dependía de acuerdos con tres comunidades locales: Mezcala, Xochipala y Carrizalillo, siendo que esta última se rehuso a firmar los convenios. La canadiense argumenta en su comunicado que, “la «Compañía» ha suspendido indefinidamente las operaciones en su Mina Los Filos en Guerrero, México, tras la expiración de su acuerdo de acceso a la tierra con la comunidad de Carrizalillo el 31 de marzo de 2025”.

En una misiva que han lanzado los comuneros de Carrizalillo argumentan que la empresa omitió en su comunicado que mantenía una postura ventajosa, “absurda y usurera”.

Los comunitarios afirman que la empresa aún tiene pendiente los acuerdos de remediación, y por tanto, “tendrá que negociar su grotesca suspensión indefinida y tendrá que atender lo que la ley le plantea en el plan de cierre y post cierre de minas, si es que no quiere entrar en controversias legales, perder su concesión y le sean confiscados los bienes que hoy están dentro de nuestro territorio”, anuncian los integrantes del municipio de Eduardo Neri, Cariizalillo.

La comunidad advierte que existe la posibilidad de que la empresa apele a que tiene todo en orden, no obstante, denuncian que Equinox Gold “tampoco dirá nada de su bomba de tiempo, llamada pasivo ambiental, que no tiene una sola acción de cierre integral como dice la ley o como lo citan de forma imperceptible en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)”.

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{En portada: Campamento del pueblo Munduruku para detener el flujo de soja, mercancía clave del agronegocio que se expande en la amazonía brasileña. Foto: movimiento Munduruku Ipereğ Ayũ}

Desde el pasado martes (25), caciques, cacicas, líderes, guerreros, infancias y chamanes del pueblo Munduruku mantienen un bloqueo en la carretera transamazónica ubicada en la ciudad de Itaituba, estado de Pará, norte de Brasil, para exigir la derogación de la Ley 14.701 la cual establece la tesis jurídica del Marco Temporal.

Ampliamente defendida por el agronegocio y las industrias extractivas, la tesis del Marco Temporal propone que los pueblos indígenas sólo tendrán derecho a la demarcación de sus tierras si los mismos estuvieran ocupando dichos territorios en el momento de la promulgación de la Constitución Federal brasileña, el 5 octubre de 1988.

El pueblo Munduruku, como muchas otras comunidades en Brasil, considera esta tesis como una violación a sus derechos como pueblos originarios, pues ignora la ocupación ancestral de sus tierras mucho antes de la formación del propio estado brasileño, así como el hecho de que diversos pueblos indígenas han sido desplazados forzadamente de su territorio por el propio gobierno y empresas.

La ley fue aprobada en octubre del 2023 y, pese a que el presidente Lula da Silva emitió un veto en su contra, el Congreso Nacional anuló la acción del ejecutivo en diciembre del 2023. Para abril del 2024, el Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués), determinó la suspensión, en todo Brasil, de los procesos judiciales que discuten la constitucionalidad del Marco Temporal hasta que dicho tribunal se manifiestre sobre el tema.

En agosto del 2024, el ministro Gilmar Mendes, miembro del STF, instaló una mesa de conciliación, la cual ha sido rechazada por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), quien decidió retirarse de la mesa por considerarla una negociación “forzada e ilegítima” de sus derechos. A pesar de la retirada de la representación indígena, la mesa continúa sus trabajos.

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Integrantes del Modevite anunciaron la presentación de amparos contra las “consultas” recientes del gobierno estatal para autorizar la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal.}

Por la violación reiterada a los derechos humanos, trece municipios mayas presentaron dos amparos contra los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas y para exigir la información sobre los impactos ambientales, culturales y sociales relacionadas con la construcción de la autopista Palenque – San Cristóbal de Las Casas. 

El 17 de febrero de 2025, Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, publicó en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos sobre la consulta pública que no contemplan la forma efectiva en la que las comunidades indígenas van a participar para garantizar su derecho a la libre determinación. 

Al día siguiente, se emite la convocatoria para preguntar sobre la construcción del primer tramo carretero de este proyecto Palenque-Ocosingo y el 23 de marzo colocaron tres casillas en las cabeceras municipales de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Chilón y Ocosingo. 

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Como resultado, este 31 de marzo interpusieron los dos amparos: el primero, reclama la inconstitucionalidad de los lineamientos, por la razón fundamental de la doble dimensión en la discriminación hacia pueblos y comunidades indígenas. 

En otras palabras, los lineamientos no fueron consultados a los pueblos y comunidades antes de elaborarse y de ser publicados. En su contenido, tampoco establece de manera específica el proceso de participación y su aplicación es homogénea. 

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{Foto de portada por Felipe Correia}

En la región Agreste del estado de Pernambuco, nordeste de Brasil, más específicamente en la región del Planalto da Barborema, formado por un conjunto de tierras altas, el viento sopla fuerte y constante. En estas tierras se asentó hace nueve años el mayor complejo eólico del Estado, el Vientos de São Clemente, perteneciente a la empresa Casa dos Ventos, que integra a Echoenergia, una subsidiaria del grupo Equatorial, formado por grandes fondos de inversión, como es el Black Rock, con sede en Nova York. 

Cuando la empresa llegó provocó conmoción en la región con promesas de progreso. “Hubo una festividad. Se decía que la región iba a ayudar en el desarrollo de la nación, y en la transición energética”, se acuerda João do Vale, agente de la Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil.

No tardó mucho, alrededor de un año tras la instalación de los 120 aerogeneradores en tierras campesinas de los municipios de Pedra, Capoeiras, Caetés y Venturosa, para que la gente se diera cuenta de que las promesas no se cumplirían y de los impactos que estaban causando. 

Los aerogeneradores, en parte, fueron instalados muy cerca de las casas, en muchos casos a tan solamente 100 o 150 metros, lo que condicionó a los campesinos a vivir con un ruido constante, arriba del permitido por ley, en las 24 horas del día. Además de un polvo blanco lanzado por las aspas que, según relato de los campesinos, causa problemas respiratorios y en la piel. 

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{Fotos por Jeny Pascasio}

Madres buscadoras y organizaciones de la sociedad civil urgen atención a las niñas, niños y adolescentes (NNA), víctimas directas y secundarias de la violencia criminal en diferentes territorios de Chiapas, donde los cárteles actúan con la participación de agentes del Estado.

Oscar González Balleza, responsable de Incidencia en Melel Xojobal A.C., advierte en entrevista con Avispa Mídia que las estadísticas comparadas en un periodo de cuatro años, a la fecha, muestran un incremento significativo en violencias sistemáticas contra NNA.

De acuerdo al registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en un rango de edad de cero a 20 años, siete personas fueron desaparecidas en 2021; 16 en 2022; 59 en 2023; y 130 en 2024. Los municipios chiapanecos con más reportes pertenecen a las regiones del Soconusco, Metropolitana, Meseta Comiteca, Sierra Mariscal, Los Llanos y Selva.

La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), durante los primeros 45 días de 2025, contabilizó un total de 90 fichas de búsqueda, de las cuales el 40% corresponden a infantes y adolescentes, es decir, en ese periodo desaparecieron 37, casi uno por día.

José Encinos, del área de Defensoría de Melel Xojobal, hizo hincapié que los datos oficiales muestran la urgencia de justicia y paz, aunque no reflejan la realidad, visto que, resulta complejo demostrar los estragos de estas violencias en términos cuantitativos. 

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking durante visita a la comunidad totonaca de Ojital Viejo, donde derrames de hidrocarburos han dañado fuentes de agua, tierras y salud de los habitantes de la región. Foto: Santiago Navarro F.}

Durante el pasado fin de semana, integrantes de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) visitaron la región del Totonacapan, al norte de Veracruz, donde pudieron constatar los daños al ambiente y a la salud de sus habitantes debido al uso reiterado del fracking, también conocido como fractura hidráulica, técnica que consiste en inyectar una mezcla de agua, arena y químicos mediante alta presión para liberar hidrocarburos de entre las rocas del subuselo.

La delegación, compuesta por abogados e ingenieros ambientales, investigadores y observadores procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, así como de miembros de organizaciones de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), realizaron un recorrido durante el sábado (22) para atestiguar las condiciones de la infraestructura petrolera en la región. 

Con ello, los observadores pudieron constatar el mal estado y abandono de pozos, deterioro de gasoductos y centrales de almacenamiento y distribución, cuyos efectos perceptibles son la contaminación de tierras, agua y suelo, así como los daños a la salud de las comunidades que viven en territorios convertidos en zonas de sacrificio al norte de Veracruz.

De acuerdo a lo observado por la ALFF, las evidencias en el terreno no dejan duda acerca de que en la región se ha implementado reiteradamente la fractura hidráulica. Datos de la asociación civil CartoCrítica lo confirman, al referir que han detectado, por lo menos, 7,879 pozos fracturados en México. 

Incluso, acorde a Manuel Llano, de dicha asociación, existen ambigüedades para el reconocimiento entre pozos convencionales y aquellos que no son categorizados como tal, cuya extracción es realizada por medio de fracking. 

En proyectos como el denominado Aceite Terciario del Golfo (ATG) y el Proyecto Integral Veracruz, ambos en dicho estado, se realizan perforaciones horizontales y se utilizan métodos que en la práctica constituyen fracturación hidráulica, utilizando millones de litros de agua que, pese a ello, son considerados convencionales.

Fuente: El SurAcapulco
Por Tryno Maldonado

Existe una fecha que en México las autoridades ignoran. El 24 de marzo la ONU conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Se antoja como un recordatorio incómodo para gobiernos que prefieren el olvido a la justicia. En México, ese día pasa entre discursos vacíos y cifras maquilladas, mientras fosas clandestinas como el rancho Izaquirre en Teuchitlán, Jalisco, siguen brotando y se convierten en símbolos de un Estado que sistemáticamente desaparece, extermina y emplea similar de cantidad de recursos y de poder para borrar las evidencias. Las madres buscadoras que recorren esos terrenos con picos y palas saben que, a diferencia de los gobiernos que usan la palabra para mentir, la verdad no es algo abstracto: se materializa diariamente en los huesos calcinados, en los zapatos abandonados, en las mochilas vacías con logotipos y leyendas partidistas, en las prendas rotas, en los dientes humanos que algún fiscal “perdió” en el expediente. Pero, si no bastara, hoy, incluso, el dolor de los casi 200 colectivos de madres buscadoras es criminalizado por el movimiento partidista que prometió dar verdad y justicia a la crisis de desapariciones.

El rancho Izaquirre, descubierto en 2021 gracias a la insistencia de colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco, funciona como un espejo de la impunidad de los gobiernos mexicanos. Según lo reportó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las fiscalías estatales llegaron antes que los peritos independientes, alterando el terreno donde después se encontrarían restos humanos calcinados y mezclados con cal. “Llegamos a ver huellas de maquinaria pesada y áreas que parecían recién removidas”, declaró Ana Karen López, integrante del colectivo Hasta Encontrarles.

La respuesta institucional ha seguido un guión conocido: primero la negación, luego la minimización. El 23 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un pronunciamiento en el que denunciaba cómo la Fiscalía de Jalisco ha retrasado por meses la entrega de resultados periciales. Paralelamente, las madres buscadoras enfrentan campañas de desprestigio desde instancias federales: desde acusaciones de “profanación” hasta señalamientos de que “obstaculizan” las investigaciones oficiales o que, llanamente, ellas mismas realizaron un montaje y una campaña para desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum.

El rancho Izaguirre como campo de exterminio, sin embargo, no es una excepción: es el modelo. Entre 2006 y 2024, de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, más de 140 mil desaparecidos evidencian que el horror es sistémico. Nos hemos cansado de llamarlos “los desaparecidos de Calderón” , “los desaparecidos de Peña” y “los desaparecidos de AMLO” (7 mil más si contamos los casos de desapariciones que van en el sexenio de Sheinbaum), pero son los desaparecidos de un necro-Estado mexicano podrido hasta la médula. Hoy, como hace diez años, ha vuelto el viejo reclamo en todo el país: Fue el Estado. Es el Estado. Las fosas son eso: el síntoma más aterrador de una necro-política de Estado.

Las fiscalías cómplices son una pieza capital de este entramado. Las autoridades limpiaron el rancho Izaguirre en dias pasados antes de permitir de vuelta el acceso a familias, “Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio”, denunciaron las madres buscadoras al atestiguar la profunda manipulación del lugar. “lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor”. La mentira institucional perdura. El gobierno de Sheinbaum, como el de Peña NIeto, como el de AMLO, como el de Calderón, primero negó, luego minimizó. Como con Ayotzinapa, como con los 72 de San Fernando. El guión es el mismo hasta la ignominia: “no pasó. Bueno, pasó, pero no fue tanto. Es decir, sí fue, pero ya estamos investigando”.

No “llegaron todas”, como afirma la presidenta Claudia Sheinbaum: las madres buscadoras se siguen enfrentando por propia mano al monstruo institucional que ahora ella encabeza. Este patrón no es exclusivo de Jalisco. Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, ha señalado que “el Estado mexicano gasta más recursos en limpiar su imagen que en limpiar las fosas”. La afirmación cobra fuerza al revisar casos como Ayotzinapa, donde Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, ha sido acusado por organizaciones como Centro Prodh y Serapaz de boicotear las pesquisas internacionales. Esa misma estrategia se replica en Teuchitlán por el mismo fiscal: dilación, opacidad y criminalización de quienes buscan.

Aunque esa actitud de indolencia y estrategia de gobierno no es para sorprenderse. El silencio sobre la crisis de desapariciones de parte de Sheinbaum siempre ha sido ensordecedor. Un análisis de las 100 propuestas para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación (disponibles en la plataforma digital de Sheinbaum) revela que el tema de desaparecidos no apareció nunca, ni como subtema en seguridad ni en su horizonte de derechos humanos, Esta omisión resulta particularmente grave. Y ya ante el estallido del tema, trata de parchar con propuestas viejas, insuficientes, y sin escuchar, de nuevo, a las víctimas.

Sin verdad no puede existir democracia. Y los casi 200 colectivos de víctimas -cifra de la ONU en 2023- son humillados e ignorados una y otra vez por la 4T en su búsqueda por verdad. Las madres buscadoras en su dignidad lo saben: la justicia no vendrá de arriba. Por eso cavan sin descanso aún a riesgo de sus propias vidas. Por eso, en pleno 2025, el rancho Izaguirre se ha convertido en el primer gran monumento de los gobiernos de las Cuarta Transformación: un monumento olímpico a su total impunidad, aquiescencia y complicidad

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Acción en ciudad de México por el luto nacional por los campos de exterminio hallados en Teuchitlan, Jalisco. Foto por Regina López}

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, México, denunció el domingo (23), por medio de un comunicado, que están siendo víctima de una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes tras dar a conocer crematorios clandestinos. “Después de descubrir los hornos de Teuchitlán, hemos sido objeto de una serie de ataques cibernéticos y de manipulación de la información”, sostienen.

Un operativo de búsqueda encabezado por este colectivo, el pasado 5 de marzo de 2025, encontró cientos de restos humanos calcinados, además de prendas de ropas, zapatos y pertenencias de personas, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con los activistas buscadores, se han creado audios, videos, imágenes, capturas falsas de WhatsApp utilizando inteligencia artificial para editar voces e imágenes de algunos miembros del colectivo. “Estos materiales falsos buscan manipular la opinión pública y dañar nuestra reputación”.

A las madres, padres y familias buscadoras de Jalisco y todo México,
A Tod@s l@s que buscan a quienes nos faltan.

Desde el color de la tierra que somos el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, junto a las organizaciones, colectivos e individuos que han decidido suscribir la presente carta, con dolor y rabia hacemos nuestro el luto que inunda los campos y las ciudades ante las más de 124 mil personas desaparecidas; y con respeto nos dirigimos a todas y todos los que de forma incansable buscan entre la muerte a quienes nos esconde el poder criminal que gobierna este país.

Nos dirigimos a quienes no buscan permiso para existir, porque su existencia es resistencia. No piden perdón por buscar, porque en su búsqueda está la verdad que el sistema quiere ocultar, porque nos enfrentamos a un enemigo que no solo quiere nuestras vidas, sino también nuestro futuro.

Repudiamos la campaña de desprestigio y criminalización que hacen al unísono gobiernos corruptos y grupos delictivos en contra de las madres, padres y familias buscadoras; campaña que está dirigida a generar condiciones para la represión por parte de los gobiernos o sus narco-paramilitares, capaces de engendrar crímenes de lesa humanidad como el horror del crematorio clandestino de Teuchitlán, Jalisco, que aunque le llamen como quieran y pretendan justificarlo criminalizando a las víctimas, es un centro de exterminio al servicio del capital, el mismo que sostienen y protegen quienes dicen gobernar este país. Observamos indignados como esta estrategia de desprestigio y criminalización es la similar a la que los militares y el gobierno federal han ensayado en los años anteriores en contra de las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa y sus asesores, otra herida viva, otro infierno desatado por este narcoestado.

Los pueblos que somos, vemos como los cárteles criminales y sus grupos armados, de manera notable el Cartel Jalisco Nueva Generación, son protegidos por los gobiernos; como les otorgan impunidad y apoyo a través de las fiscalías, los jueces y los cuerpos de seguridad pública, incluidos los militares. Y estos cárteles son también los invasores agrarios, son los guardias de la mina, del parque eólico, los que venden el agua de los pueblos, los que ejecutan la obra pública y administran municipios, regiones y estados enteros, los que apuestan a la privatización de la tierra y le ponen precio, los que dividen y confrontan a nuestras comunidades, los que inundan de droga los territorios indígenas, los que roban maderas preciosas, los que administran y operan la trata de seres humanos, los capataces del trabajo esclavo en maquiladoras y agroindustrias, los que hacen de la muerte de niños y jóvenes su estrategia de expansión.

La violencia que hoy vivimos para hacer posible todo eso que el gobierno disque de izquierda llama desarrollo, cuatro te o cuatro letras, no la habíamos vivido más que en las sangrientas guerras a las que hemos sobrevivido. Los mercenarios al servicio del capitalismo avanzan imponiendo un mundo gobernado por el dinero y la muerte. Los campos de exterminio, los paramilitares, las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas son parte de la misma maquinaria que despoja, asesina y desaparece.

Frente a este infierno y en nombre de los que nos faltan, en nombre de la dignidad y valentía que nos enseñan las y los colectivos de madres, padres y familias buscadoras, levantamos la voz y la memoria, responsabilizando al Estado mexicano, a sus instituciones y a los intereses capitalistas que lo sostienen, de cualquier daño a las madres, padres y familias buscadoras. Su lucha es nuestra lucha, porque en ella está la defensa de la vida, la tierra y la autonomía que son raíz de la esperanza colectiva.

Hermanas y hermanos de las familias buscadoras, de los colectivos incansables de madres y padres:

Nosotros somos pueblos originarios que habitamos la tierra que sangra.

Escuchamos el viento que grita el dolor y honramos el fuego de la vela que con esperanza no se apaga, dibujando los nombres de los que se llevaron.

Porque quienes buscan no son silencio, son semilla.

No son lágrimas, son memoria.

No son derrota, son horizonte.

Porque en cada paso, en cada grito, en cada mano que se une, hay un mundo sagrado que nace, convirtiendo el luto en lucha y construyendo, desde abajo, la verdad y la justicia.

Llamamos a los pueblos originarios, a las comunidades en resistencia y a la sociedad consciente a levantar la voz y la memoria, emitiendo comunicados, haciendo acciones, murales, ceremonias y palabras que exijan justicia. Porque en la memoria de nuestros desaparecidos está la semilla de un mundo nuevo, donde el capital no gobierne, donde la vida valga más que el dinero y donde los pueblos florezcamos libres.

¡Por los que no están, por los que buscan, por los que resisten!
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Por la reconstitución integral de nuestros pueblos!
¡Nunca más un México sin nosotros!

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

Un nuevo informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registra la continuación de la crisis humanitaria en Chiapas, caracterizada por la violencia armada y criminal en un contexto de inacción del Estado, que permite la sucesión de desplazamientos forzados, desapariciones y ataques contra defensores de derechos humanos.

El documento titulado “Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal”, presentado la tarde de este miércoles (19) en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, enfatiza que existen regiones enteras del Estado que se han convertido en un sitio donde el crimen organizado ha consolidado el control sobre el territorio, las poblaciones e, incluso, estructuras políticas.

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Para las y los miembros del Frayba, el caso en el sureste mexicano no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia nacional en la que, al menos, 19 de los 32 estados que conforman el país se encuentran en medio de la violencia criminal generada por la delincuencia organizada.