PLAN MICHOACÁN: DISCRIMINATORIO, UNILATERAL Y ENGAÑOSO

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

AL GOBIERNO DE MICHOACÁN

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán a 10 de noviembre de 2025.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Gobiernos de diversos partidos políticos han gobernado México y Michoacán y ninguno ha podido resolver la crisis de inseguridad, violencia y derechos humanos en que vivimos. Históricamente han convertido a nuestra entidad en un laboratorio de “políticas de seguridad” y “planes nacionales y estatales”, desde la “guerra contra el narco” con el “Operativo Conjunto Michoacán”, pasando por la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán” con la imposición de un “Virrey”, hasta el “Plan de Justicia P’urhèpecha”, el “Plan Lázaro Cárdenas del Río” y ahora el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en este contexto, estamos cansados y hartos de tanta incapacidad, inseguridad, injusticia e impunidad sistémica.

Ante la conformación del Plan Michoacán, exigimos enérgicamente al Estado mexicano, que no sea un acto de simulación como lo que acontece con el “Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha” donde no tiene un presupuesto propio para su operación, ni brinda ninguna justicia, toda vez que las comunidades solicitaron la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos, Asesinados y Encarcelados de los Pueblos Indígenas, esto para los más de 70 casos de autoridades tradicionales y comuneros que han sido reprimidos o criminalizados por defender los bosques, el territorio o sus comunidades, sin embargo, a la fecha no ha sido instituida, ni mucho menos, hay obras de infraestructura realizadas o acciones de alto impactos para los pueblos. De igual forma, solicitamos el inicio y acompañamiento de un juicio internacional en contra de la Corona Española por el genocidio, saqueo y brutal explotación que significó el periodo colonial, pero el Gobierno Federal se ha mostrado incapaz ante esta solicitud histórica.

Ahora, denunciamos públicamente que para la conformación del Plan Michoacán, no fueron consultadas debidamente las comunidades, toda vez que únicamente convocaron a 48 de 500 que existen en la entidad, dándoles únicamente una “participación” de 2 minutos por cada pueblo para exponer sus problemas. Así mismo, manifestamos que ninguna de las propuestas de las comunidades con autogobierno, fueron tomadas en cuenta en este plan, tales como el reconocimiento constitucional de los Jueces Tradicionales, el incremento en los fondos de seguridad comunales, la dotación de armamento y equipamiento, la formación de un cuerpo de seguridad para cuidar los bosques o la instauración de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, entre otras sentidas demandas ¿Para que simulan consultar a los pueblos indígenas? ¿Por qué solo convocan a algunas comunidades?

En síntesis, el Plan Michoacán es discriminatorio, unilateral y engañoso, por lo que exigimos categóricamente que se consulte apropiadamente a todos los pueblos originarios y se incorporen sus exigencias, finalmente, invitamos a todas las comunidades a movilizarnos hasta lograr sea respetada su palabra.

Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

El profesor indígena Isai Shuuk Shawit fue asesinado en la provincia de Datem del Marañón (región Loreto), en la Amazonía peruana. 

El dirigente del pueblo Awajún, presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI), luchaba por la educación intercultural bilingüe y los derechos de los docentes de comunidades originarias. 

El entorno de la víctima denuncia que recibió amenazas por su defensa de las plazas de docencia bilingüe, las que el Estado ha desfinanciado e intentado reducir en los últimos años.

Isai vivía en la comunidad nativa Sachapapa, distrito de Manseriche. Loreto es una de las regiones más peligrosas para líderes de pueblos indígenas en el Perú. Actualmente, hay al menos 226 defensores en riesgo en todo el país, principalmente en la Amazonía. El cuerpo del luchador social fue encontrado con signos de violencia, la madrugada del viernes 7 de noviembre, en la carretera Pastaza. 

“Su compromiso con la educación intercultural bilingüe y la defensa de los derechos de los docentes indígenas deja un legado de lucha y servicio a su pueblo. La vida de cada dirigente y defensor indígena es valiosa y debe ser protegida”, manifestó el Gobierno Territorial Autónomo Awajún en un comunicado.

Proyectos de ley contra educación intercultural

En el Congreso se presentó en 2024 un proyecto de ley para aprobar el nombramiento excepcional de docentes que solo hablan español en plazas de educación intercultural bilingüe.  Este año las organizaciones indígenas vienen protestando contra la propuesta legislativa.  

“Estamos dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias nuestra abnegada Educación Intercultural Bilingüe (EIB) porque desde generaciones nos la heredaron nuestros antepasados”, expresó la Organización de Maestros Bilingües Nomatsigenga y Ashaninka de Pangoa (Omabinoap).

En ninguna comunidad de la Amazonía peruana se cumple por completo el modelo de Educación Intercultural Bilingüe, de acuerdo a un informe de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Solo el 20% de estudiantes indígenas de nivel inicial y primario acceden a escuelas con docentes que hablan su lengua originaria y recursos educativos enfocados en su identidad cultural.

En 2022, el Ministerio de Educación anuló el dominio de la lengua originaria, formación en educación intercultural y conocimiento de la cultura local como requisitos para postular a plazas de EIB. Las protestas en la Amazonía y comunidades andinas consiguieron que el Ejecutivo elimine las modificaciones. 

Las organizaciones indígenas defienden la educación bilingüe como una prioridad en sus plataformas de luchas. Esperan los resultados que determinen las causas de muerte, realizados en otra región debido a que en Datem del Marañón no cuentan con medicina forense. 

Fuente: El Salto Diario

Por Jan Blažek

Los ataques contra el zapatismo son funcionales al avance de los megaproyectos y al control territorial, opina este antropólogo y comunicador mexicano con amplia experiencia como investigador en varios territorios mexicanos.

Francisco De Parres Gómez es un antropólogo, comunicólogo y fotógrafo mexicano, que se desempeña como investigador posdoctoral en la Universidad Veracruzana donde, desde hace años, se dedica al estudio de la relación entre arte, política y movimientos indígenas como los zapatistas. Sobre estos temas ha publicado publicó el libro Poéticas de la resistencia: arte zapatista , estética y decolonialidad (CIESAS-UDG, 2022) así como Arte y política en el zapatismo contemporáneo: Una relación indisoluble (CLACSO, 2022).

Coordinó tambiénInternacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías. En su investigación actual, De Parres analiza el contraste entre las prácticas estético-políticas orientadas a la defensa de la vida y el territorio, y las expresiones estéticas y culturales de la necropolítica de figuras neofascistas como Javier Milei, Nayib Bukele o Jair Bolsonaro.

¿Cuál es el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en relación con el Zapatismo y movimientos sociales?
Como ha observado Raúl Zibechi en casos afines, el sexenio de AMLO mostró que los llamados gobiernos progresistas suelen golpear con mayor dureza a los movimientos. MORENA no abrió un espacio amplio para la diferencia, sino un multiculturalismo acrítico funcional al sistema, centrado en la categoría de “ciudadanía”. Aunque México reconoce 68 pueblos originarios, no se implementaron políticas diferenciadas para pueblos indígenas y afrodescendientes según sus territorios. Se impuso, además, la espectacularización, el racismo y la exotización de la política hacia los pueblos: una apropiación simbólica de demandas zapatistas y retorno al indigenismo de Estado. Pese al discurso de ser un triunfo “de abajo”, se desdeñó al Zapatismo, al movimiento feminista, a madres y padres buscadores, a periodistas críticos y a migrantes.

En lo estructural, se profundizó el neoliberalismo: corporativización de movimientos, ruptura del tejido comunitario y atomización clientelar de recursos. Los proyectos “Sembrando Vida”, que fue rebautizado en comunidades como “sembrando envidia/latas” por sus efectos divisorios y ambientales, y el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, no resolvieron de raíz la precariedad. Aunque prometió regresar al ejército a los cuarteles, la institución más favorecida presupuestalmente fue la militar y la presencia armada se normalizó. La gobernabilidad se basó en “mesas” asimétricas, cooptaciones y asistencialismo: la “cuarta transformación” no desmontó las estructuras del neoliberalismo, las reforzó bajo el discurso progresista. El zapatismo, por su insistencia en la autonomía y la crítica frontal al Estado, sigue siendo la voz más incómoda. El saldo no es una ruptura sino la confirmación de que el Estado, incluso en versión progresista, sigue siendo colonial y asfixia a los movimientos que desbordan sus márgenes de control; los cambios duraderos nacen desde los pueblos.

¿Y qué tal la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum? A finales del año pasado declaró que con los zapatistas hay respeto, pero que defenderá el proyecto de MORENA.
El sistema luce el rostro de una mujer científica sin alterar la lógica del poder. Sheinbaum se presenta como progresista, pero sostiene un horizonte militarista y neoliberal: no planea desmontar la acumulación ni el “progreso” capitalista. Mantiene la narrativa de inclusión mientras se profundiza la militarización y la colusión Estado–crimen. Recurre a frases zapatistas y puede parecer que los movimientos llegaron al gobierno, pero lo que avanza es el extractivismo, el control poblacional y la subordinación comunitaria. En vez de priorizar salud y educación, se robustecen dispositivos de control como la CURP con biométricos como mecanismos de vigilancia.

Como con AMLO, hay que situarla en la reconfiguración global: policrisis (clima, economía, guerra) a las que el imperio responde extendiendo la muerte para sostener la acumulación. El Subcomandante Galeano advirtió que los misiles que hoy caen en Gaza podrían caer mañana en nuestras ciudades si no se cambia de rumbo. El Zapatismo propone otro horizonte: un internacionalismo de los pueblos y las diferencias. En 2021, la “Travesía por la Vida” recorrió 19 países europeos y enlazó luchas del pueblo Sami, okupas, anarquistas, sindicatos, trabajadoras sexuales y migrantes. La trampa actual es creer que la transformación vendrá desde arriba: continúan megaproyectos, deuda ecológica y militarización con retórica de derechos; las alternativas reales nacen desde abajo. Mientras el Estado se militariza y vigila, los pueblos siguen construyendo caminos de autonomía y de vida.

¿Podemos centrarnos en la seguridad en Chiapas? ¿Hubo ataques directos del Estado en territorio zapatista con Obrador o Sheinbaum?
En meses recientes, el poblado autónomo zapatista Belén, en el Caracol 8 “La Luz que Resplandece al Mundo” (Dolores Hidalgo, Ocosingo), sufrió despojo violento. La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas denunció incursiones desde abril de 2025 con participación de grupos civiles acompañados por Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal de Ocosingo y Fiscalía estatal, presentadas como “conflicto agrario”. Hubo quema de casas, robos y despojo documentado incluso por canales oficiales. Es clave: las tierras habían sido indemnizadas por el Estado tras 1994 y hoy se trabajan en común por comunidades zapatistas y no zapatistas; cerca se levanta un quirófano autónomo de acceso comunitario. Es otra incursión con presencia militar en gobierno de Claudia Sheinbaum, la primera, en abril de 2025, terminó con la liberación de dos bases de apoyo por presión social. Todo confirma un cerco estatal de facto sobre el territorio.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido como ‘Frayba‘, reportó al menos 13 bases de apoyo desplazadas y afectaciones a campesinos no zapatistas de la milpa común; el objetivo es convertir territorio recuperado en “tierra privada”, en un contexto de militarización con cuerpos de élite como las FRIP o “pakales”. A las violencias superpuestas (enfrentamientos, trata, desplazamientos, desapariciones) se suman prácticas de control: fotogrametría aérea sobre comunidades autónomas; vínculos de grupos de entrenamiento policial con el Mossad revelados por Guacamaya Leaks; y, durante el festival Rebel y Revel (Arte), patrullajes de la Guardia Nacional ante miles de personas.

“El Estado puede negar una guerra contra el EZLN, pero el cerco es permanente, lo que demuestra que la contrainsurgencia es parte de un engranaje transnacional“

La guerra también opera con balas ideológicas: campañas que difunden absurdos como el “uranio” en territorio zapatista para estigmatizar e aislar. Los propios zapatistas han descrito Chiapas “al borde de la guerra civil”; el Frayba lo documenta reiteradamente. El Estado puede negar una guerra contra el EZLN, pero el cerco es permanente, lo que demuestra que la contrainsurgencia es parte de un engranaje transnacional. En medio de este tablero, las comunidades zapatistas quedan expuestas a múltiples fuegos: la violencia criminal, la militarización estatal y la descomposición comunitaria que provocan estas dinámicas.

Jalisco ahora controla la frontera y la disputa con Sinaloa arrecia. ¿Cómo afecta a Chiapas y a las comunidades?
El asedio del crimen organizado —ya señalado por el Subcomandante Moisés— hoy se entrelaza con operativos estatales y despojos “legales”. La pugna CJNG–Sinaloa convierte la frontera sur en corredor logístico para drogas, armas, trata y extorsión, mientras el Estado vigila, patrulla o irrumpe en zonas autónomas con pretextos agrarios. El resultado es un cerco múltiple: violencia criminal, militarización oficial y destrucción del tejido comunitario. La estética narco (corridos, lujo ostentoso, hipersexualización) penetra simbólicamente la vida cotidiana, intentando sustituir la lógica del común por la del miedo y el consumo. El caso Belén ejemplifica cómo este tablero criminal–estatal presiona para privatizar tierras recuperadas y trabajadas colectivamente.

El panorama se agrava con fenómenos como el primer cártel indígena, el Cártel de Chamula, integrado por pobladores tzotziles y señalado por el “etnoporno” en el que mujeres indígenas son abusadas y videograbadas, extremo de la violencia colonial y patriarcal sobre cuerpos indígenas y femeninos, ahora capitalizada en clave delincuencial. El crimen organizado funciona como corporación del capitalismo: no es desvío del orden, es parte de la acumulación por desposesión militarizada y delincuencial (como plantea Gilberto López y Rivas), inserta en cadenas globales de lavado. La frontera sur opera como corredor migratorio, ruta de drogas, enclave de trata y laboratorio de disciplinamiento social. El crimen organizado debe entenderse, como una de las corporaciones más eficaces del capitalismo. En este panorama, la autonomía zapatista es un acto radical de defensa de la vida.

Sobre la “guerra civil” y los grupos armados: ¿hay confrontaciones directas entre zapatistas y estos grupos?
No hay reportes de enfrentamientos abiertos entre el EZLN y otros actores, pero sí ataques sistemáticos y operativos de despojo que erosionan la base material de la autonomía (quema de casas, robo de cosechas, destrucción de proyectos colectivos), hoy con participación de fuerzas estatales y paramilitares. Históricamente operaron Máscara Roja, Los Chinchulines y “Paz y Justicia”; en tiempos recientes, la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Histórica) intensificó agresiones. Se han documentado envenenamientos de estanques comunitarios, muerte de ganado y destrucción de cultivos. No es violencia “espontánea”: es una estrategia de desgaste para forzar dependencia del Estado o sometimiento a poderes locales.

¿Los paramilitares tienen relación con el Estado?
Sí, estructuralmente. Desde los noventa, la contrainsurgencia promueve o tolera grupos “civiles” y ejecuta despojos con cobertura militar–policial–ministerial. Belén lo ilustra: incursiones con Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal de Ocosingo y Fiscalía; resoluciones exprés; despojos difundidos incluso por vías oficiales. Así se externaliza la violencia y se blinda la impunidad, instalando la idea de que la autonomía es “ilegal” y que el común puede privatizarse. Es necropolítica contemporánea: decidir quién vive y quién es expulsado.

El imperio de la muerte aspira a ser total, pero la lección zapatista —para ciudades y periferias, para Occidente y el Sur global— es clara: incluso en la guerra se construyen Otros mundos. En Chiapas no sólo se disputa el destino de un pueblo, sino la posibilidad de imaginar colectivamente una vida más allá del capital.

Al debilitar la autonomía, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes corporaciones

Los ataques contra el zapatismo son funcionales al avance de los megaproyectos y al control territorial. Al debilitar la autonomía, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes corporaciones. Lo que se presenta como un conflicto local en realidad es una pieza clave de la necropolítica capitalista que busca borrar cualquier alternativa que ponga la vida y la autonomía por encima del lucro.

Jérôme Baschet, en su libro La experiencia zapatista, describe que la reciente transformación de las instituciones autónomas invirtió la pirámide y daba mayor poder a las comunidades locales. ¿Cómo evalúas estos cambios?
Estos cambios se anunciaron en el marco del 30 aniversario del levantamiento, en 2024, y representan un ejercicio sumamente interesante dentro de la construcción de la sociedad autónoma zapatista. Entre las transformaciones más significativas estuvo la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). Antes, varios pueblos formaban una comunidad, varias comunidades un Municipio Autónomo y, a su vez, varios municipios conformaban un Caracol. Sin embargo, después de años de práctica, las propias comunidades reconocieron que esa estructura no siempre garantizaba el principio del “Mandar Obedeciendo”. Hubo fallas y, en ocasiones, una concentración de poder en las Juntas de Buen Gobierno. Por eso decidieron descentralizar, devolver la toma de decisiones a las bases y fortalecer el nivel comunitario. Así nacieron los Gobiernos Autónomos Locales (GAL), donde las resoluciones se toman de manera más directa y cercana a las necesidades del territorio.

Los Gobiernos Autónomos Locales (GAL) permiten responder a esa diversidad, adaptando las decisiones a cada contexto. La autodeterminación sigue enmarcada en los principios zapatistas

Yo interpreto esta transformación como una profundización radical de la autonomía. El territorio zapatista nunca fue homogéneo ni compacto: hay pueblos enteramente zapatistas, y otros donde solo una familia mantiene la adhesión al EZLN. Los GAL permiten responder a esa diversidad, adaptando las decisiones a cada contexto. La autodeterminación sigue enmarcada en los principios zapatistas, pero las particularidades ahora dependen de cada sujeto colectivo. Esto permite que la autonomía se viva de manera más flexible y encarnada en la realidad cotidiana de cada comunidad, sin depender de una estructura centralizada que pueda volverse rígida.

Las coordinaciones ya no estarán en manos de las 12 Juntas de Buen Gobierno, sino que se articularán a través de colectivos vinculados a los GAL. Esto no significa una disolución de la autonomía, sino una redistribución y una expansión de su alcance. En este sentido, la reorganización se puede leer también como una estrategia de defensa territorial, de diversificación de las economías y de fortalecimiento del común. La tierra puede ser cultivada por cualquier persona o comunidad siempre que no esté ligada al crimen organizado o a los grupos paramilitares. Así, la estructura no solo se abre, sino que extiende la lógica comunitaria de resistencia a otros pueblos, aunque no se reconozcan como zapatistas.

Pienso que los GAL encarnan apertura, no se trata de levantar muros de pertenencia, sino de tejer redes de cuidado y resistencia que protejan el territorio frente a las múltiples amenazas. Después de tres décadas de caminar la autonomía, el EZLN ha demostrado que no tiene miedo de transformar sus propias estructuras, de reconocer errores y de reinventarse a sí mismo. Esa capacidad de autocrítica es, en sí misma, un gesto revolucionario. Mientras los Estados reproducen jerarquías coloniales y se aferran a formas rígidas de poder, los pueblos zapatistas ensayan, corrigen y vuelven a ensayar.

A los pueblos originarios de México

Al Congreso Nacional Indígena

A las organizaciones de derechos humanos

A los colectivos solidarios que han acompañado nuestra lucha

A los medios de comunicación

A unos días de que nuestra Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, celebre el 12º aniversario del nombramiento de autoridades autónomas, surgen nuevos ataques por parte de supuestos pequeños propietarios que pretenden arrebatarnos la tierra, por lo que una vez más, y las veces que sean necesarias, decimos que la tierra que hemos defendido desde hace siglos, no se vende: se defiende.

Denunciamos que el día 4 de noviembre, personas armadas a bordo de una camioneta Ram color gris —dos de ellas, portando un gafete que no mostraron, asegurando ser policías investigadores, pero no dijeron su nombre o cargo, ni mostrar documento alguno— intentaron desalojar a compañeros comuneros que trabajaban en distintos puntos de nuestra comunidad. Amenazaron de muerte, robaron bienes y buscaron desalojar a quienes trabajaban la tierra comunal.

Alrededor de la 10:30 horas llegaron al predio comunal conocido como El Sabino Quemado, sin notificar a los comuneros titulares de dicho predio y sustrayendo una motobomba de 5 caballos de fuerza, buscando después a los comuneros en sus casas para advertirles verbalmente que “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños” y que “el juicio agrario les vale madre”, que si los encontraban dentro del predio, los iban a detener. Sin embargo, el paraje Sabino Quemado, y la posesión otorgada mediante acuerdo de la asamblea general hace tres años, es parte de la posesión tradicional legítima de esas tierras, que desde tiempos inmemoriales ha estado bajo el resguardo de la comunidad.

Más tarde, cerca de las 11:30 horas, las mismas personas llegaron a la cabecera comunal, al predio conocido como Cueva del Mosco, donde otros dos comuneros trabajaban escarbando un pozo. “¡Lárguense, hijos de su puta madre!”, les gritó uno de los agresores mientras les apuntaba con su arma. “¡Y no corran porque me los quiebro!”, añadió, picándole con el rifle la espalda a uno de los compañeros.

Los comuneros también fueron víctimas de robo. Bajo amenaza, los obligaron a cargar materiales y herramientas de construcción en la camioneta que traían. Incluso los forzaron a levantar las motocicletas que ellos mismos habían tirado instantes antes, para que condujeran delante del vehículo hasta la cabecera municipal, donde los hicieron descargar los bienes robados en la agencia del Ministerio Público.

Exigimos la inmediata e incondicional devolución de los siguientes bienes sustraídos por los supuestos policías:

14 costales de cal

1 costal de cemento

1 carretilla

4 palas

3 talaches

1 cizalla

2 marros

1 martillo

1 cuchara de albañil

1 niveleta

1 pinza

2 cintas métricas

1 azadón

5 kg de alambre recocido

3 kg de clavos

1 barra

1 motobomba de 5 caballos de fuerza

Hacemos responsable de la integridad de los compañeros agredidos a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco, donde presuntamente se habrían ordenado estas acciones ilegales. Desde ese momento, y hasta la emisión de este comunicado, se nos ha negado información sobre la supuesta carpeta de investigación.

Exigimos al Gobierno del Estado de Jalisco y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de nuestros terrenos comunales, que pertenecen al pueblo tepehuano y wixárika, y que se encuentran en trámite de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, pues somos los dueños ancestrales e históricos de nuestro territorio, amparado por el título virreinal del año 1733.

Hacemos un llamado a los pueblos originarios de México, al Congreso Nacional Indígena, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos y medios solidarios que han acompañado a Azqueltán, para que nos mantengamos alerta y, en la medida de nuestras capacidades y voluntades, hagamos visible la voz de que nuestra comunidad, San Lorenzo de Azqueltán, NO ESTÁ SOLA.

Atentamente

Desde el fondo del Cañón de Bolaños

¡Nunca más un México sin nosotros!

Noviembre de 2025

Comunidad Indígena Autónoma, Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de

Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.

Comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con relación al violento ataque en contra de los compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores

A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los medios libres e independientes,

A quienes caminan la palabra de la vida.

Comunicado urgente:

Con profundo dolor y rabia, denunciamos que el pasado 31 de octubre de 2025, autoridades e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) fueron atacados con armas de fuego por el grupo criminal Los Ardillos, esto al dirigirse a una asamblea en Ayahualtempa, Guerrero. En este ataque armado, que se prolongó por alrededor de 10 horas, fueron asesinados tres policías comunitarios del sistema de los Pueblos Fundadores, integrantes del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF y 7 más se encuentran heridos de gravedad. Adicionalmente, durante el ataque, la camioneta en la que se trasladaba el compañero JESÚS PLÁCIDO GALINDO, integrante de nuestra Comisión de Coordinación y Seguimiento y quien fue blanco de la agresión, recibió múltiples impactos de bala, de los cuales afortunadamente resultó ileso. Las comunidades del CIPOG-EZ han denunciado reiteradamente que estos grupos criminales operan bajo la protección y complicidad de autoridades estatales y federales.

Las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, organizadas en el CIPOG-EZ, conformado principalmente por nahuas, me’phaa, na savi, ñomndaa y mestizos, enfrentan desde hace años una ofensiva sistemática de violencia narco-paramilitar. En lo que va de la última década se contabilizan la dolorosa cifra de 66 integrantes asesinados y 23 compañeros más desaparecidos, víctimas de la violencia extrema ejercida por los grupos criminales, como Los Ardillos, que actúan en complicidad con gobiernos de todos los colores para despojar a las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero de su territorio. Esta violencia busca imponer el despojo territorial y castigar la digna lucha del CIPOG-EZ por la vida, la autonomía y la justicia, frente a un sistema capitalista que ha sembrado miseria, explotación y violencia en sus comunidades.

En Guerrero y en el país, gobiernos, grupos criminales y empresas capitalistas son la misma cosa; y han convertido a las comunidades del CIPOG-EZ en blanco permanente de ataques, mientras los responsables directos gozan de impunidad. Se trata de una estrategia de guerra, que combina represión, militarización, criminalización y asesinatos a mansalva para desarticular la organización comunitaria.

No hay excepciones, tanto los gobiernos municipales, el del estado, cuya gobernadora guarda nexos directos con los líderes criminales, como el gobierno federal, son responsables, por su omisión y complicidad, de la violencia criminal y paramilitar contra las comunidades del CIPOG-EZ, la CRAC-PC-PF y el compañero Jesús Plácido Galindo. Son sus instituciones de seguridad y justicia, quienes protegen a los grupos criminales e impiden el ejercicio de la autonomía indígena.

Exigimos castigo para los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y del asesinato de los tres compañeros policías comunitarias de Ayahualtempa, así como por los otros 63 integrantes del CIPOG-EZ asesinados, por los 23 compañeros desaparecidos y por los cientos de heridos y desplazados, por las viudas y los huérfanos víctimas de esta guerra.

Las balas que asesinan a nuestros compañeros no podrán destruir su ejemplo ni apagar la dignidad de los pueblos que defienden la vida. Cada agresión confirma que el estado mexicano, ahora con el criminal y mentiroso ropaje de la Cuarta Transformación, continúa su guerra contra los pueblos, una guerra que busca quebrar la autonomía, imponer el miedo y abrir paso al despojo, pero los pueblos siguen en pie, como raíz que no muere y como flor que renace en la tierra herida.

Desde nuestras geografías, llamamos a las comunidades, colectivos, organizaciones solidarias y personas de buen corazón a mantenerse atentas y solidarias ante la alarmante situación de violencia contra nuestros hermanos y hermanas del CIPOG-EZ.

La palabra y la lucha de los pueblos no se callarán. Porque nuestra raíz es profunda, y porque nuestros muertos, nuestras compañeras y compañeros caídos, nos enseñaron a no tener miedo.

ATENTAMENTE
NOVIEMBRE DE 2025
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA – CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES
AL PUEBLO DE GUERRERO Y DE MÉXICO

01 de noviembre 2025

Ayer, 31 de octubre 2025, autoridades de las comunidades pertenecientes a la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y del Consejo Indígena Y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) acudieron a una asamblea comunitaria en la comunidad de Ayahualtempa, que la autoridad de Ayahualtempa había solicitado con una semana de anticipación, con el fin de abordar el tema de coordinación entre las comunidades de Amatitlán, Ayahualtempa y los Pueblos Fundadores. Al llegar a la comunidad a las 10:00 a.m. para la asamblea, las autoridades de Amatitlan y de los Pueblos Fundadores fueron recibidos con balazos por parte de un grupo de crimen organizado conocido como Los Ardillos que operaba dentro de la comunidad de Ayahualtempa, asesinando, secuestrando y extorsionando a integrantes de la comunidad y emboscando y amenazando a pobladores de la comunidad de Amatitlán y de sus alrededores. En esta balacera inicial, varios resultaron heridos.

Ante estos acontecimientos el Gobierno del Estado intervino en la comunidad de Ayahualtempa, donde detuvieron a tres de los líderes delincuenciales. Llegaron con un operativo de Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército por la intervención del Subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros.

La policía comunitaria también logró detener a 14 miembros de dicho grupo, que serán reeducados bajo el reglamento interno de la CRAC-PC-PF y la asamblea del Territorio Comunitario, que tenían órdenes de aprehensión del Comisario de Ayahualtempa. Esto incluye la detención de Luis Morales Rojas, quien se autodenomina líder de la policía comunitaria de Ayahualtempa. Este ha sido desconocido por las autoridades de Ayahualtempa y la policía comunitaria por ser miembro del crimen organizado que opera en la zona.

La balacera duró más de 10 horas y resultó en el asesinato de tres policías comunitarias, entre ellos el hijo del comisario de Amatitlán, así como al menos 7 heridos de bala de gravedad. Por cuestiones de seguridad, no daremos nombres de nuestros compañeros caídos ni heridos.

Entre el ataque también tres balas impactaron a la camioneta proveída por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al compañero Jesús Plácido Galindo quien estaba en el pueblo dando acompañamiento a las comunidades y sus autoridades en su función de defensor de derechos humanos, de los pueblos y del territorio. Esto se califica como un atentado directo en contra de la integridad física del promotor y sus escoltas del Mecanismo.

La Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y el Consejo Indígena Y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) retoman control de la comunidad de Ayahualtempa, junto con las autoridades de Ayahualtempa y Amatitlán, sacando al crimen organizado y su cabecilla Evaristo Bolaños de Jesús “El Mariguano” o “El Maizero”, quien tenía sometido a la población y las autoridades municipales de Ayahualtempa y quien extorsionaba, asesinaba, violaba y secuestraba a compañeros y compañeras para entregarlos al grupo de crimen organizado, Los Ardillos. La asamblea de Ayahualtempa, realizada anoche a las 9:00 pm optó por de aquí en adelante pertenecer al sistema de seguridad de los Pueblos Fundadores para mantener la paz, la tranquilidad y para mantener la seguridad integral de los pueblos y sus mujeres, hombres, niñas, niños, abuelas y abuelos.

Cabe mencionar que nuestro sistema de seguridad comunitario se basa en nuestro derecho como pueblos indígenas a la autodeterminación y de regirnos bajo nuestros usos y costumbres según el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley 169 de la OIT. Nuestro sistema de seguridad comunitario también es respaldado por la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero. La asamblea del Territorio Comunitario prohibe estrictamente la siembra, cultivo, traslado, venta y consumo de drogas de cualquier tipo.

¡NO NOS RENDIMOS!
¡NO NOS VENDEMOS!
¡NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!
¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

ATENTAMENTE
Autoridades y comunidades pertenecientes a la CRAC-PC-PF
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)

Denuncia Pública que no solo resulta ser una amenaza velada y Pública, sino un ataque directo a la integridad y seguridad de nuestro compañero Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena, CNI-CIG.

El día de ayer, 30 de octubre de 2025, en el Congreso de la Ciudad de México, se llevó a cabo la Mesa de Trabajo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, (IPDP).

Esta Mesa de Trabajo, tenía como objetivo anunciar la aparición pública del PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025-2045, para su lectura, reflexión, análisis y consulta ciudadana.

Más allá del contexto y la justificación que dieron los diputad@s del Congreso y Alcaldes de la Ciudad de México para abordar el tema…!

Hoy queremos denunciar los siguiente:

En el uso de la palabra, la C. Diputada por Tláhuac y Milpa Alta, integrante de la mal llamada 4a Transformación, Judith Venegas Tapia, no acudió a esta Mesa de Trabajo, para debatir respecto al tema. Acudió para DENUNCIAR, CRIMINALIZAR, SEÑALAR Y AMENAZAR VELADA Y PÚBLICAMENTE a nuestro Compañero y Abogado, Carlos González García, integrante de la Coordinación General del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, CNI-CIG. Con ello, pone en riesgo la integridad y seguridad de nuestro Compañero.

Para su mayor conocimiento, acá dejamos parte de la transcripción de de las palabras de la DIP. Judith Venegas Tapia, señaló al respecto…

Empezó hablando de su experiencia de cuando fue Alcaldesa en Milpa Alta…, se refirió a que hubo un “PROBLEMA FUERTÍSIMO, EL CIERRE DE LA CARRETERA A SAN PEDRO CUANDO ENTRARON LOS POLICÍAS Y HUBO INCENDIOS EN Y SAN GREGORIO”, y quiero comentarles que..

“ATRÁS DE TODOS ESTO, VA A SALIR…”

“ANÓTENLO…”

“SE LLAMA EL LIC. CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA”

“HA SIDO ENEMIGO HISTÓRICO DE TODO ESTO QUE SE INTENTA HACER…”

“EL SE SE LEVANTÓ Y FUE A LEVANTAR A LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS. EL ERA EL QUE ESTABA ATRÁS DEL MOVIMIENTO EN CONTRA DE LA DRA. CLAUDIA (SHEINBAUM), QUE EN ESE MOMENTO ERA NUESTRA JEFA DE GOBIERNO”

…

“ES IMPORTANTE PORUE ESTE SR. SALE A LA LUZ, Y ÉL ES …, LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM, NUESTRA PRESIDENTA ‘LO TRAE DEBIDAMENTE’…, LO TRAE…, SABE QUIÉN ES ÉL, SÁBE QUE SE VA A LEVANTAR, SABE QUE EN CUANTO HAYA ESTO, EL VA A SALIR A LA LUZ PÚBLICA.”

“ÉL ACOMPAÑÓ EN SU MOMENTO AL MOVIMIENTO ZAPATISTA, CUANDO LLEGÓ A MILPA ALTA…”, “EL LLEGÓ AHÍ CON EL MOVIMIENTO ZAPATISTA, CUANDO LLEGÓ MARCOS”. “ENTONCES SÍ ES UN HOMBRE QUE TIENE INCIDENCIA, SI ES UN HOMBRE QUE PUEDE MOVER, Y EN CUANTO VEA ESTO, VA A IR A TRANSMITIR.”

…

Por lo anteriormente expuesto, desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, donde además se Construye El Común”, la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, integrante del Congreso Nacional Indígena, CNI-CIG../

Denunciamos y condenamos enérgicamente, que la Cuarta Transformación encabezada por Claudia Sheinbaum, en el ámbito federal y por Clara Brugada en el ámbito local, así como los Diputad@s que integran el Congreso de la Ciudad de México, se conduzcan con amenazas y denuncias públicas en contra de quienes consideran su adversarios.

Denunciamos y es lamentable que siga criminalizándose la lucha social, pues el compañero Carlos González García,-y eso lo sabe bien Claudia Sheinbaum-, toda su vida ha acompañando al movimiento indígena y campesino de este país.

El compañero, es abogado especialista en derecho agrario e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, CNI-CIG.

Denunciamos y responsabilizamos, la Dip. Morenista, Judith Venegas Tapia, por sus señalamientos, que no solo representa una amenaza velada y pública; representa un ataque directo a la seguridad e integridad de nuestro compañero.

Condenamos su racismo, discriminación y desprecio que la Cuarta Transformación y sus tres niveles de Gobierno tiene contra los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas. Pues el pasado 10 de agosto del año en curso, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Traidor de los Pueblos, Adelfo Regino Montes titular del INPI y su compinche, Hugo Aguilar Ortiz, Ministro Presidente de la SCJN, celebraban las reformas al Art. 2 Constitucional, que a su modo, “reconocen a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas como sujetos de derecho público y les otorga autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio”.

Esto contraviene el reconocimiento que hacen en su mal llamada reforma constitucional, al señalar que el Compañero Carlos fue a levantar a los pueblos originarios, negándoles su derecho a pensar, negando su autonomía y negando su autodeterminación.

Denunciamos, que la Dip. Judith Venegas Tapia, pasa por alto, desconoce o simplemente, padece de ceguera legislativa, al señalar que el compañero Carlos González García “está atrás” de la digna resistencia de los pueblos de Milpa Alta, Tláhuac o Xochimilco. Se equivoca Sra. Diputada, con reformas o sin reformas a modo, los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, han resistido por más de 533 años a la Guerra de Exterminio Capitalista.

Denunciamos y condenamos la torpeza política con la que se conduce la supuesta “representante del pueblo”, la Dip. Judith Venegas Tapia, pues sabemos que no habla a título personal, habla en nombre de la 4T, por lo tanto asimismo que han declarado que el Compañero Carlos González es “enemigo histórico” de su Transformación. También reitera que Claudi”A” Sheinbaum lo “trae debidamente” ubicado?, señalado?, perseguido?, vigilado?, observado?…

Condenamos que la lucha, resistencia, autonomía y dignidad de nuestr@s Herma@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, hoy se convierta en un señalamiento torpe y estúpido por el solo hecho de caminar y acompañar su digna rabia. Y porque en medio de la tormenta que impone la Cuarta Transformación y el Sistema Capitalista y Patriarcal, ellos construyen el Común y un mundo donde quepan muchos mundos.

Toda nuestra solidaridad y apoyo al Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno, CNI-CIG, pues una agresión y ataque a uno de sus integrante, representa un ataque y agresión al Congreso Nacional Indígena, CNI. Que en la Víspera de cumplir 30 años, recibe ataques y agresiones de la Cuarta Transformación.

PD. Lo que Dip. No mencionó, es que la Comunidad Indígena Otomí, residente en la CDMX, quien cumplió recientemente 5 años de haber tomado las oficinas del INPI, hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, también estuvimos ahí, y vamos a seguir estando con los pueblos originarios de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, le guste o no le guste Sra. Diputada. La autodeterminación y Autonomía de los Pueblos, la decidimos nosotros, por encima de su Congreso de la Ciudad.

Por la reconstitución integral de nuestros Pueblos

Nunca más un México sin nosotros

Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas

Zapata Vive, la Lucha Sigue!

Atentamente

Comunidad Indígena Otomí residente en en la CDMX

Em português abaixo.

PRONUNCIAMIENTO

¡ALTO AL NECROCAPITALISMO CONTRA LAS FAVELAS, LAS PERIFERIAS Y LOS PUEBLOS DE BRASIL Y DEL MUNDO!

En la madrugada del martes 28 de octubre de este año de 2025, comenzó lo que ya se ha convertido en la mayor masacre registrada en la ciudad de Río de Janeiro, con 138 muertos hasta la última actualización. La operación, denominada Operación Contención, fue ejecutada por la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro (PMERJ), según informó el gobernador Cláudio Castro. La acción se llevó a cabo en los complejos de favelas de Penha y del Alemão, en la Zona Norte de la ciudad, una región densamente poblada, principalmente por comunidades populares y personas negras y pardas, con el objetivo oficial de cumplir órdenes de arresto contra líderes e integrantes de la organización narcotraficante Comando Vermelho (CV).

La Región Metropolitana de Río de Janeiro (RMRJ) cuenta con aproximadamente 12 millones de habitantes, casi 7 millones de ellos residentes en la capital, integrando 21 municipios. El principal eje de desplazamiento de trabajadores y trabajadoras es la Avenida Brasil, vía estratégica que atraviesa los complejos de favelas foco de la operación. Con la movilización de 2,500 soldados, el gobierno estatal y su policía generaron días de terror en toda la ciudad: numerosas calles fueron cerradas, el transporte público se interrumpió, y quienes lograron llegar a sus lugares de trabajo no pudieron regresar a sus hogares con facilidad. Este escenario evidencia un ejemplo extremo de cómo no se debe gestionar la seguridad en una metrópoli.

Frente a estos hechos y a la complejidad de abordar una región estigmatizada por su violencia, se destacan varios puntos esenciales. Primero, Río de Janeiro, antigua capital de la república, tiene su geografía marcada por la presencia predominante de personas negras, especialmente en favelas y periferias, lo que genera una diferenciación sistemática en la manera en que el Estado implementa sus políticas de seguridad en estos territorios. Constituye la historia de Brasil la criminalización, judicialización y persecución a todas las culturas, conocimientos, prácticas y territorialidades negras. Segundo, la ciudad alberga una red compleja de actores que disputan territorios urbanos: grupos narcotraficantes de distintas organizaciones, milicias paramilitares, y redes de control de apuestas ilegales, que compiten por el control territorial, frecuentemente mediante enfrentamientos armados.

El tercer elemento clave es la estigmatización de la violencia y la reproducción de políticas de exterminio estatales durante décadas. La historia colonial del origen de la Policía Militar – un instrumento de la élite blanca para controlar las personas esclavizadas, fugitivas, los recién libertos, todas explotadas en la economía política capitalista. La policía de Río de Janeiro se encuentra marcada por corrupción y acciones letales en las favelas, desafiando los derechos fundamentales de sus habitantes, y respaldada por una cobertura mediática que legitima la narrativa de la “guerra contra las drogas”. Sus agentes patrullan fuertemente armados, incluso en días ordinarios, evidenciando un estado de tensión territorial permanente en amplias zonas de la ciudad. La guerra racista y de clase es también ideológica. El racismo como tecnología de poder está en las noticias, en cada palabra que racializa el crimen, lo pega diariamente al cuerpo negro, mientras los blancos jamás son tratados como “criminales” o “terroristas”, son tratados con respeto, aunque sean criminales. Los muertos negros son anónimos, mientras los policiales tienen nombre, familia, y en la muerte, son homenajeados con rituales dignos. El Estado no solo es cómplice del miedo, sino su fuente. Las violencias o violaciones a derechos humanos son constantes, además de las operaciones policiales: agresiones físicas, omisión de socorro, invasiones a casas, uso de residencias como trampas, la destrucción de inmuebles y bienes. El Estado genera terror e inseguridad al transformar las comunidades en zonas de guerra. Pero no garantiza políticas de prevención, infraestructura, educación, vivienda digna y toda suerte de servicios públicos.

En un contexto de crisis política estatal, con cinco exgobernadores arrestados en los últimos nueve años, y ante el endurecimiento de políticas neoliberales en los territorios cariocas, la operación puede interpretarse como una estrategia electoral. Parte de la población respalda la radicalización de las acciones policiales, la violación sistemática de la Constitución y el debilitamiento de los aparatos estatales encargados de garantizar derechos fundamentales para el pueblo. La acción militar responde a un intento desesperado del grupo político en el poder estatal de fortalecerse de cara a las próximas elecciones utilizando cuerpos brutalizados como espectáculo y promesa de seguridad pública.

Por otro lado, ninguna teoría o concepto logra capturar con precisión el malestar generalizado de la ciudadanía carioca y de la población brasilera en general. La noción de “vida desnuda” o la “zona del no-ser” de Fanon resuena con los 74 cuerpos encontrados por la población en áreas boscosas, algunos decapitados, víctimas que los agentes militares ni siquiera tuvieron la decencia de tratar a estas personas como seres humanos; soldados de la Edad Media habrían mostrado más honor. Personas privadas de su derecho a un juicio conforme a la Constitución, cuya sentencia fue determinada por agentes del mismo Estado, quienes empuñaban fusiles y ametralladoras en lugar del martillo de la justicia. Esto ocurre en un país donde la pena de muerte fue oficialmente abolida en 1988.

Los casos de matanzas en Río de Janeiro, así como en Gaza y Sudán, entre otros lugares del mundo, nos alertan sobre la violencia del capitalismo en su modelo neoliberal. Las bases éticas y morales que sustentan este sistema están en entredicho y, desde su origen, no se sostienen ante la reproducción del poder y el modelo de acumulación de capital. La libertad, la igualdad y la fraternidad son valores que nunca han estado presentes para los pueblos colonizados y racializados, para los que la modernidad sigue siendo hoy en día sinónimo de barbarie y colonialismo.

¡ALTO A LA MASACRE EN LAS FAVELAS Y LAS PERIFERIAS!
¡ALTO A LA FALSA GUERRA CONTRA LAS DROGAS!
¡ALTO AL NECROCAPITALISMO CONTRA LAS FAVELAS, LAS PERIFERIAS Y LOS PUEBLOS DE BRASIL Y DEL MUNDO!

En medio de los fragmentos, los escombros y el luto social, con todo el dolor del mundo, seguimos luchando por la vida, la dignidad y el territorio.

Grupo de trabajo “Cuerpos, Territorios, Resistencias”, GT CUTER CLACSO,
30 de octubre de 2025.

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PRONUNCIAMENTO

BASTA AO NECROCAPITALISMO CONTRA AS FAVELAS, AS PERIFERIAS E OS POVOS DO BRASIL E DO MUNDO!

Na madrugada do dia 28/10 (terça-feira), iniciou o que já se tornou a maior chacina ocorrida na cidade do Rio de Janeiro (138 mortos até a última atualização), uma megaoperação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) batizada de Operação Contenção, segundo o governador do estado Cláudio Castro. A ação policial foi realizada nos complexos de favelas da Penha e do Alemão, na Zona Norte da cidade, região densamente povoada, principalmente por classes populares e pessoas pretas e pardas, onde o objetivo seria cumprir mandados de prisão contra líderes e integrantes da organização narcotraficante Comando Vermelho (CV).

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) possui cerca de 12 milhões de habitantes, sendo quase 7 milhões moradores da capital, integrando 21 municípios. A rota de deslocamento principal das trabalhadoras e trabalhadores é a Avenida Brasil, via importantíssima da cidade que passa pelos complexos de favelas alvos da operação. Com uma mobilização de 2,5 mil soldados, o governo do estado e sua polícia causaram dias de terror em toda a cidade, pois muitas vias foram fechadas, coletivos urbanos deixaram de circular, e aquelas e aqueles que conseguiram chegar aos trabalhos não conseguiram voltar para casa tão facilmente. Este cenário é um exemplo de como não se deve conduzir a política de segurança em uma grande cidade.

Diante desses fatos e da complexidade de abordar uma região estigmatizada pela violência, destacam-se vários pontos essenciais. Primeiro, o Rio de Janeiro, antiga capital da República, tem sua geografia marcada pela presença predominante de pessoas negras, especialmente nas favelas e periferias, o que gera uma diferenciação sistemática na forma como o Estado implementa suas políticas de segurança nesses territórios. A história do Brasil é marcada pela criminalização, judicialização e perseguição de todas as culturas, conhecimentos, práticas e territorialidades negras. Segundo, a cidade abriga uma complexa rede de atores que disputam territórios urbanos: grupos de narcotraficantes de diferentes organizações, milícias paramilitares e redes de controle de apostas ilegais (jogo do bicho), que competem pelo controle territorial, frequentemente por meio de confrontos armados.

O terceiro elemento-chave é a estigmatização da violência e a reprodução de políticas estatais de extermínio ao longo de décadas. A história colonial da origem da Polícia Militar – um instrumento da elite branca para controlar pessoas escravizadas, fugitivas, recém-libertadas, todas exploradas na economia política capitalista. A polícia do Rio de Janeiro é marcada pela corrupção e ações letais nas favelas, desafiando os direitos fundamentais de seus habitantes e apoiada por uma cobertura midiática que legitima a narrativa da “guerra contra as drogas”. Seus agentes patrulham fortemente armados, mesmo em dias normais, evidenciando um estado de tensão territorial permanente em amplas zonas da cidade. A guerra racista e de classe também é ideológica.

O racismo como tecnologia de poder está nas notícias, em cada palavra que racializa o crime, colando-o diariamente ao corpo negro, enquanto os brancos nunca são tratados como “criminosos” ou “terroristas”, são tratados com respeito, mesmo que sejam criminosos. Os mortos negros são anônimos, enquanto os policiais têm nome, família e, na morte, são homenageados com rituais dignos. O Estado não é apenas cúmplice do medo, mas sua fonte. A violência e as violações dos direitos humanos são constantes, além das operações policiais: agressões físicas, omissão de socorro, invasões de casas, uso de residências como armadilhas, destruição de imóveis e bens. O Estado gera terror e insegurança ao transformar as comunidades em zonas de guerra. Mas não garante políticas de prevenção, infraestrutura, educação, moradia digna e todo tipo de serviços públicos.

Em meio a uma crise política do Estado, onde cinco ex-governadores foram presos nos últimos nove anos, além do recrudescimento das políticas neoliberais em territórios cariocas, é possível analisar a operação como uma estratégia eleitoreira. Isso porque parte significativa da população adere ao discurso de radicalização das ações policiais, ao não cumprimento da Constituição, e ao deterioramento de outros aparelhos estatais de garantia de direitos do fundamentais para o povo. A ação militar atende a uma tentativa desesperada, do grupo político que está no poder estadual, de se fortalecer para as próximas eleições utilizando corpos brutalizados como espetáculo e promessa de segurança pública. 

Por outro lado, não há conceitos, teorias ou textos que consigam expressar com exatidão o mal-estar geral do povo carioca, e da população brasileira em geral, nestes últimos dias. Talvez pensar na “vida nua”, ou na “zona do não-ser” (de Frantz Fanon), tenha relação com os 74 corpos encontrados nas matas pela população. Corpos que os agentes militares não tiveram nem a decência de tratar como seres humanos; soldados da Idade Média teriam mais honra. Pessoas que morreram sem direito a serem julgadas segundo a Constituição, tendo sua sentença decidida por agentes do mesmo Estado, que, em vez do martelo da justiça, empunhavam fuzis e metralhadoras. Isto em um país onde a pena de morte foi oficialmente erradicada em 1988.

Os casos de chacinas no Rio de Janeiro, assim como em Gaza e Sudão, entre outros lugares do mundo, nos alertam para a violência do capitalismo em seu modelo neoliberal. As bases éticas e morais que fundamentam este sistema estão em xeque, e desde sua origem não se sustentam em face à reprodução do poder e do modelo de acumulação de capital. Liberdade, igualdade e fraternidade são valores que nunca se fizeram presentes para os povos colonizados e racializados, para os quais a modernidade se realiza ainda hoje como barbárie e colonialismo.

FIM AOS MASSACRES NAS FAVELAS E PERIFERIAS!

FIM À FALSA GUERRA CONTRA AS DROGAS!

FIM AO NECROCAPITALISMO CONTRA AS FAVELAS, PERIFERIAS E POVOS DO BRASIL E DO MUNDO!

Em meio aos cacos, escombros e ao luto social, com toda a dor do mundo, seguimos lutando pela vida, pela dignidade e pelo território. 

Grupo de trabalho “Corpos, Territórios, Resistências”,
GT CUTER CLACSO, 30 de outubro de 2025.

Foto de portada: REUTERS/Ricardo Moraes

29 de octubre de 2025

La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México – Unión Europea organiza, del 29 de octubre al 7 de noviembre, una delegación internacional integrada por europarlamentarias, organizaciones solidarias de Alemania, la Agencia Catalana de Cooperación, el Fons Català de Cooperación, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, la Federación Interamericana de la Abogacía, la Asociación Libre de Mujeres Abogadas, el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia) y las asociaciones Mujeres Pa’lante y La Garriga Sociedad Civil de Cataluña.

“Tejer Diálogos, Defender Derechos” es el nombre de este viaje de cooperación internacional, que tiene el objetivo de fortalecer el diálogo entre México y la Unión Europea, promover la cooperación internacional y conocer de primera mano la situación de los derechos humanos, las personas defensoras y la paz en el país a través de una visita solidaria a México por parte de la delegación.

La visita busca visibilizar la importancia de la cooperación internacional entre países, posicionar en la agenda global los desafíos en materia de migración, así como los que enfrentan quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo, e incidir ante autoridades sobre la necesidad de garantizar su protección y su derecho a la participación política.

Asimismo, resalta que la colaboración entre sociedad civil y cooperación internacional debe ser transparente, responsable y orientada a resultados concretos, reconociendo a las personas defensoras de derechos humanos como actores esenciales para la justicia y la paz.

“En México persisten altos niveles de violencia e impunidad, reflejados de manera alarmante en la violencia de género y los feminicidios que diariamente cobran la vida de mujeres y niñas. Esta realidad evidencia la urgencia de fortalecer la cooperación internacional para proteger a quienes defienden los derechos humanos y exigen justicia en contextos cada vez más adversos”, señaló Diana Riba i Giner, Europarlamentaria.

Durante la visita, la delegación sostendrá reuniones con personas legisladoras, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Fiscalía General de la República, así como con organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y local, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y el Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

También se visitará Tapachula, Chiapas, para conocer la situación de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como a personas defensoras criminalizadas en San Juan Cancuc y personas arbitrariamente privadas de la libertad; también se conocerá más acerca de la situación de Kenia Hernández, defensora amuzga injustamente presa en el Estado de México.

En México, desde 2023 a la fecha han sido documentados al menos 47 asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas en posible relación con su labor, de acuerdo con información de organizaciones que integran el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De esas, 16 tenían medidas de protección vigentes al momento de los hechos. La situación de las mujeres defensoras en el país es especialmente alarmante; con base en el registro de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en este mismo periodo se ha documentado el asesinato de de 18 mujeres defensoras de derechos humanos, la mitad de ellas eran buscadoras (9) y cuatro de ellas eran defensoras de las disidencias sexo-généricas (4).

La visita es organizada por la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea, conformada por 15 redes y organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional. Los resultados de este viaje de cooperación y diálogo se presentarán en una conferencia de prensa ante medios de comunicación el próximo jueves 6 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y ante autoridades europeas en las próximas semanas.

Contacto de prensa:
Sandra Suaste Avila- Coordinación de comunicación de la Red TDT
comunicacion@redtdt.org.mx – +525641601331
Espacioosc@gmail.com – +52 444 434 07 97

La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México – Unión Europea se constituye por: (1) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos; (2) Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos; (3) Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); (4) Grupo de Trabajo de Política Migratoria; (5) Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas; (6) Red por los Derechos de la Infancia en México; (7) EU-Lat Network; (8) Organización Mundial contra la Tortura; (9) Brigadas Internacionales de Paz – México; (10) Servicio Internacional para la Paz ; (11) Movimiento Sueco por la Reconciliación SWEfor; (12) Transnational Institute; (13) ACAT Francia; (14) CAREA e.V.; y (15) Taula per Mèxic.

La entrada Boletín de prensa. Delegación internacional visita México para fortalecer la cooperación en derechos humanos y protección a personas defensoras y periodistas se publicó primero en Taula per Mexic. Navegación de entradas

San Cristóbal de Las Casas,

a 27 de octubre de 2025

La Plataforma para la Construcción de Paz en México es una articulación conformada en 2020 por organizaciones mexicanas y aliadas internacionales, con el propósito de enfrentar los desafíos de la violencia generalizada en el país y sus consecuencias. En los últimos años, Chiapas ha experimentado un repunte de violencias, lo que ha exigido a la Plataforma mantenerse atenta a lo que ocurre en el estado como parte del compromiso adquirido, concretando este acercamiento en su Primer Encuentro Presencial, realizado en 2022. Hoy celebramos el Cuarto Encuentro de la Plataforma para la Construcción de Paz en México, reafirmando nuestro compromiso colectivo de seguir impulsando la paz.

Los días 20 y 21 de octubre del año en curso, sucedieron varios eventos en Chiapas que demuestran que la paz sigue siendo un concepto a debatir para implementar estrategias que respondan con profundidad al anhelo de tantos. Mientras el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, convocaba a una marcha en Chicomuselo titulada “la paz que ha regresado”, clamores de justicia y paz se estuvieron escuchando en otras partes del estado.

En los Altos de Chiapas, miles de feligreses convocados por el Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas peregrinaron en San Andrés Larrainzar a un año del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, una voz que en todo su sacerdocio luchó por la paz, la verdad y la justicia, motivo por el que fue asesinado. En la peregrinación se corearon consignas como “queremos paz, no simulación”, “alto al crimen organizado”, “fuera cárteles de Chiapas”, “basta de tanta impunidad” y “basta de tanta corrupción”…

Mientras tanto, en Tuxtla Gutiérrez, las compañeras de la colectiva Madres en Resistencia seguían en su plantón frente a la Fiscalía del estado exigiendo respuestas sobre sus familiares víctimas de feminicidio o desaparecidos, y doña Edith Domínguez enterraba a su hijo desaparecido en junio pasado, cuyo cuerpo había sido finalmente encontrado.

Aunque nos referimos a ejemplos concretos, para quienes defendemos los derechos humanos y la paz; y documentamos situaciones de violencia y violaciones de derechos humanos en Chiapas o en otras latitudes, no cabe duda que la paz sigue siendo un pendiente y un horizonte todavía lejano para la mayor parte de la población aquí, y en otros lugares.

En el caso de Chiapas, si bien podemos observar otra forma de atender las situaciones de violencia estructural con nueva estrategia del gobernador Eduardo Ramírez, consideramos que ha sido basada en una lógica de pacificación y en acciones coercitivas que pueden tener resultados parciales. Sin embargo, no han permitido acabar de desmantelar, desarmar o judicializar a los grupos delictivos, o de implementar otras acciones en clave de justicia que permitan romper con los pactos de impunidad. Si bien ha habido una reducción de los enfrentamientos armados, mayor libertad de tránsito y se han detenido a algunos presuntos delincuentes, vemos acciones de contención más que solución. Vemos comunidades desplazadas, sin condiciones de seguridad para regresar a sus territorios debido a la presencia de grupos delictivos. Vemos víctimas que no se atreven a denunciar por miedo a represalias, lo cual pone en tela de juicio las declaraciones gubernamentales en el sentido de que Chiapas se ha vuelto el segundo lugar más seguro del país. Además varias de las acciones que se llevaron a cabo conllevaron violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y tortura. Por otro lado, aunque han bajado la cantidad de homicidios (registrados) siguen aumentando los casos de desaparición y desaparición forzada. Observamos con especial preocupación las cifras de desapariciones de niños, niñas y adolescentes en el estado.

El discurso de “paz” oficial invisibiliza los problemas estructurales vigentes. Más que un contexto de paz, la mayor parte del estado se está volviendo nuevamente una zona silenciada. En este sentido, vemos con preocupación la omnipresencia de cuerpos de seguridad en todo el estado que pueden acabar de inhibir la expresión de legítimas preocupaciones y demandas.

Como organizaciones acompañantes, reafirmamos nuestra convicción de que la verdadera paz no se construye desde la contención ni el silencio, sino desde la verdad, la justicia, la reparación y la participación activa de las comunidades. Apostamos por una paz que no sea solo la ausencia de violencia, sino la presencia plena de derechos, de condiciones de vida dignas y de un Estado que escuche y proteja a su gente.

En este Cuarto Encuentro de la Plataforma para la Construcción de Paz en México, renovamos nuestro compromiso con ese horizonte de esperanza: una paz que no se imponga, sino que se teja colectivamente desde la memoria, la organización y la vida.

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