AL CCRI CG EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Herman@s Tod@s

Con la llegada de la “Cuarta Transformación”, su política de gobierno incrementó la militarización hacia los pueblos y comunidades indígenas, especialmente en territorio zapatista. Los grupos paramilitares y el crimen organizado operan con toda impunidad como garantes de la imposición no solo de megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos; están al servicio del Estado y el gran capital para llevar a cabo el despojo del territorio, la Madre Tierra y la vida.

En medio de su “FARSA ELECTORAL”, miramos que, en las últimas semanas, nada importa que no sean sus votos, sus encuestas, sus debates, sus cifras y sus preferencias electoral; pero, sobre todo, su estrategia para atacar y descalificar a sus enemigos, como estategia de campaña.

Este 2 de junio, no está en disputa una “democracia”, mucho menos de izquierda. Lo que realmente está en disputa, es un poder económico y político, que busca sostenerse con la militarización, con la impunidad, y con la acumulación de riqueza en las manos un@s cuant@s al servicio de las grandes transnacionales. Su plan es sostener esta “Transformación de Cuarta”, con una GUERRA CAPITALISTA contra los pueblos y comunidades indígenas.
Ante la impunidad y violencia impuesta en nuestros territorios, desde la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida…

DENUNCIAMOS
Primero: En los últimos años las agresiones a las comunidades autónomas zapatistas han ido en aumento. En la región de Moisés y Gandhi, municipio oficial de Ocosingo la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) ha atacado a las Bases de apoyo del EZLN (BAEZLN) lo que ha provocado desplazamientos forzados, tortura, desaparición forzada e intentos de homicidio.

En lo que va del año fueron desplazadas forzadamente 28 personas BAEZLN, habitantes del Gobierno Autónomo Local, comunidad La Resistencia, la cual ya había sufrido desplazamiento forzado en 2022 por un ataque. En enero de este año fueron destruidas la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas, siembras cercanas, robo de una tienda y otros bienes de la comunidad, en el poblado Emiliano Zapata fue quemado un potrero de las bases de apoyo. En febrero, integrantes(ORCAO) realizaron más de 100 disparos hacia la comunidad autónoma zapatista de Moisés y Gandhi, más de 100 disparos con arma de fuego de alto calibre.No olvidamos que en mayo de 2023, Jorge López Sántiz BAEZLN fue víctima de una agresión armada que puso en grave riesgo su vida.

El dinero de los programas sociales ha servido para armar y empoderar a grupos criminales como la ORCAO aumentando la violencia hacia las comunidades autónomas zapatistas. En Chiapas como en el resto del país, el programa sembrando envidia ha agudizado la violencia por la disputa de la tierra, pues los ejidos y comunidades se confrontan, con el fin de acceder a los apoyos económicos individualizados que el programa ofrece.

La simulación de reforestación es el pretexto para despojar a los pueblos de las tierras de uso colectivo mediante la destrucción de la organización social y sus formas de vida, es decir, se busca romper la resistencia, facilitando la entrada de proyectos de muerte a favor del gran capital,con ayuda de las fuerzas represivas del estado, policía, Guardia Nacional y Ejército.

Los ataques de los grupos criminales son permitidos y solapados por el estado mexicano en sus tres niveles de gobierno. La guerra integral de desgaste contra la autonomía zapatista, empezada desde hace décadas por los diferentes partidos políticos, ha sido intensificada durante este gobierno de la cuarta simulación.

Segundo: Desde el 2020 la Comunidad otomí residente en la CDMX tomó las instalaciones del mal llamado Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en demanda de una vivienda justa. Desde el inicio de la toma, el hostigamiento por parte del Estado ha sido permanente; cortes de luz, un violento intento de desalojo en octubre del 2023 y el reciente señalamiento y criminalización al compañero Diego García Bautista quien acompaña la digna lucha de la comunidad otomí, así como presencia de judiciales en los alrededores del domicilio del compañero y de la misma Casa de los Pueblos muestra el desprecio del traidor Adelfo Regino Montes director del INPI y del gobierno de la cuarta transformación.

La Comunidad Otomí residente en la CDMX han sido constantes y firmes en el acompañamiento a todas las luchas justas, y son un ejemplo de organización, dignidad y resistencia. Por ello el mal gobierno dirige sus estrategias y ataques en contra de las y los compañeros.

Tercero: En Puebla, los pueblos de la región cholulteca sostienen un plantón para impedir la entrada de basura al relleno sanitario de San Pedro Cholula, un negocio criminal con el que se enriquecían empresarios y funcionarios. Desde el pasado 21 de marzo, al basurero no ha entrado ni un kilo más de basura y en respuesta a la resistencia de los pueblos cholultecas el gobierno envió un operativo con más de 500 policías y grupos de choque para forzar la entrada de camiones recolectores de basura, policías estatales y municipales dispararon en contra de los habitantes que resisten en las barricadas para impedir la entrada de dichos camiones, y tras muchas horas de represión dirigida hacia el plantón y barricadas, las unidades de policía y guardia nacional así como los camiones de basura se retiraron.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes y el secretario de gobernación Javier Aquino Limón continúan defendiendo los intereses de la empresa ProFaj Hidro Limpieza, la cual operaba en el basurero, arremeten contra los pueblos abriendo carpetas de investigación y órdenes de aprehensión en contra de pobladores de la región. Sin embargo, la lucha de los pueblos cholultecas continúa y haciendo valer su autodeterminación y autonomía, no darán marcha atrás.

En este sexenio la violencia del Estado se recrudeció contra los pueblos cholultecas: Miguel López Vega primer preso político de la 4a transformación y Alejandro Torres Chocolatl perseguido, ambos defensores del río Metlapanapa. No olvidamos el operativo con más de 500 elementos de la guardia nacional, policía estatal y municipal para desalojar a los pueblos de Altepelmecalli y entregar las instalaciones a la empresa criminal Bonafont Danone, tampoco olvidamos la represión de la policía estatal y municipal en el pueblo de San Lucas Nextetelco contra quienes se opusieron a la construcción de un complejo policiaco.

Cuarto: A casi 10 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, del gobierno solo se sigue recibiendo desprecio. Tras numerosas investigaciones en las que se apunta como parte fundamental de la desaparición la participación del ejército, se ha negado a los padres y madres la entrega de documentos de la SEDENA que son clave para el hallazgo de los normalistas. Desde el ejecutivo federal se ha señalado al abogado Vidulfo Rosales como “enemigo del sistema” – una cruenta persecución a compañeros que durante casi 10 años no han dejado la lucha por encontrar con vida a los 43 normalistas.

Quinto: Más de 116 mil desaparecidxs es la cifra con la que cierra el gobierno. La mayoría de los casos sin avances en la búsqueda, son las madres buscadoras y familiares quienes han realizado el cruel trabajo de encontrarles, en muchos casos han encontrado solo restos y con presión a las instituciones para que hagan los procesos de reconocimiento, se ha logrado dar con sus familias para otorgarles un poco de paz. Pero miles y miles de familias siguen sin saber nada de quienes les fueron arrebatados. Las madres y familiares están en constante riesgo de ataques por grupos criminales, policía, ejército alentados por el desdén con que el ejecutivo federal se refiere a ellas. Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio manchado de la sangre de 7 madres buscadoras que fueron asesinadas por buscar a sus hijos.

Sexto: En 2023 México detuvo a 782.176 migrantes, el récord histórico. Ninguna de esas personas ha cometido un delito. Migrar y buscar asilo es un derecho humano e internacional. La violacion, secuestro, extorsion y asesinato de migrantes es muy comun. 6 de 10 mujeres son violadas en su camino por México. Según datos oficiales, cada mes, cerca de 41 migrantes en México son víctimas de robos, secuestros, extorsión, chantaje, trata y retención ilegal. Sin embargo, el número real es muchísimo más alto; no denuncian por miedo, falta de derechos, y porque muchas veces es el propio INM el que está extorsionando y entregándoles al crimen organizado.
Exigimos justicia y reparación integral del daño a las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023. El INM dejó morir a 40 migrantes – fue un crimen del estado. Las estaciones migratorias son en realidad cárceles para personas inocentes y deberían eliminarse.

Séptimo: La libertad de expresión e investigación es castigada con la muerte en este país, en el último sexenio 56 periodistas y comunicadores comunitarios fueron asesinados por hacer pública la verdad. México es ahora uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. El ejecutivo federal legitima la violencia hacia el periodismo, quienes muestran una postura crítica hacia su gobierno y sus nexos criminales.

Octavo: El patrón sistemático de criminalización, es una auténtica fábrica de culpables, más aún cuando se trata de pueblos indígenas que defienden la tierra y el territorio. El racismo y desprecio es el motivo para impedir el ejercicio de los derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación. La fábrica de culpables se caracteriza por la impunidad con la que operan las instancia de ejercer la procuración de juticia:
• Colusión entre Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del estado
• Participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indígena utilizada para el control de los pueblos.
• Acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos
• Detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN); un Poder Judicial cómplice inactivo.
• Detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, y principalmente, la criminalización de defensores de la madre tierra y el territorio, amenazan a toda la comunidad, es un mecanismo de represión, con la intención de anular a quienes defienden el derecho a la vida, desde su propia identidad, sus formas de organizarse y desde sus autonomías como pueblos originarios.
Ejemplos sobren:

JOSÉ DÍAZ
José Díaz Gómez indígena Cho´l y campesino, es rehén del Gobierno Del Estado de Chiapas y víctima de la fábrica de culpables, como represalia a su adherencia política zapatista. Está encarcelado injustamente desde el 25 de noviembre de 2022, acusado falsamente de robo ejecutado con violencia.

José fue detenido arbitrariamente, con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva. En la fiscalía le obligaron a poner su huella y firmar varios papeles en blanco. No fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni por un abogado. Los jueces y fiscales extienden el proceso y la prisión preventiva oficiosa (prisión sin sentencia).

La salud y por ende la vida de José está en riesgo por hacinamiento carcelario, y precaria atención médica. Él comparte la celda con otras 18 personas en un espacio de aproximadamente 3 pr 3 metros; presenta dificultar para dormir -solo logra conciliar el sueño 2 o 3 horas al día-; lo que da cuenta de la existencia de condiciones inhumanas de reclusión, dicho más claramente, sobrevive en condiciones de TORTURA.

PRESOS DE SAN JUAN CANCUC.
Los defensores mayas tseltales de San Juan Cancuc: Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, están encarcelados injustamente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, desde hace dos años por haber resistidO, mediante la organización comunitaria, a la militarización de su territorio y la instalación de megaproyectos, como la presa hidroeléctrica y la súper carretera San Cristóbal- Palenque. La Fiscalía de Justicia Indígena les fabricó delito y todos fueron condenados a 25 años de cárcel por homicidio calificado, a pesar de haberse evidenciado en los juicios que las pruebas eran inconsistentes al tratarse de un delito fabricado.

SAÚL ROSALES MELÉNDEZ.
En julio del 2022 fue arrestado el presidente comunitario de San Pedro Tlalcuapan, con el falso cargo de homicidio. Saúl Rosales había participado en la defensa del bosque de la Matlalcuéyetl y esa fue la verdadera razón del castigo que ahora el Estado le impone. El pasado 15 de marzo fue sentenciado a 20 años de cárcel.

PRESOS DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN.
Tras 9 años de lucha y resistencia, el pueblo digno de Eloxochitlán de Flores Magón ha arrancado al Estado las libertades de 4 compañeros presos acusados falsamente de homicidio por parte del mal gobierno de Oaxaca y la familia Zepeda pese a los múltiples amparos ganados. Quedan 3 compañeros presos por los cuales seguimos exigiendo libertad inmediata: Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán.

KARLA Y MAGDA.
En abril del 2022 Karla y Magda fueron detenidas en medio de un megaoperativo para desalojar a la Okupa Cuba realizada en las instalaciones de la CNDH. Dicha okupa se realizó en solidaridad con las madres de mujeres asesinadas a quienes dicha institución despreció y dejó en el olvido. Acusadas de delitos que no cometieron (robo agravado, daño a la propiedad y delitos contra la salud), Karla y Magda permanecieron 10 meses encerradas en la prisión de Santa Marta Acatitla. La presión de familiares y colectivas solidarias lograron su libertad en febrero del 2023, sin embargo su carpeta de investigación se reabrió por nuevas acusaciones, con lo cual corren el riesgo de volver a prisión.

Noveno: La estigmatización también ocurre a las organizaciones que defienden los derechos humanos tal es el caso del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), descalificados reiteradamente por Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras al calificarlos de conservadores y exagerar la violencia que reportan dichas organizaciones.

Estas declaraciones ponen en riesgo a las personas defensoras, ya que no se puede negar que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y el periodismo. Entre enero de 2019 y febrero de 2024 se han registrado al menos 103 asesinatos de personas defensoras de la tierra, más de 40 periodistas,además 38 personas defensoras o periodistas fueron desaparecidas, 25 recuperaron su libertad y 13 siguen desaparecidas.

Hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reprime y desacredita a todo aquel que no piensa como él, como en el pasado lo hicieron los malos gobiernos de los diferentes partidos políticos.

Ante los embates del gobierno y el capital en contra de quienes defendemos la vida, la libertad y la dignidad, Nosotrxs respondemos con autonomía y autodeterminación. Desde este espacio de encuentro y organización, hacemos nuestra la iniciativa zapatista, para que sin importar calendario y/o geografía, nos sumamos al proceso de construcción de “EL COMÚN Y LA NO PROPIEDAD”. Hacemos nuestra, la defensa del Decreto que prohíbe la existencia de basureros, la extracción de agua para fines industriales y la contaminación de la misma en la región cholulteca; el Decreto que prohíbe la minería en Morelos; la lucha y resistencia de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”; la toma del pozo de Barrio Cuarto en Santiago Mexquititlán; la recuperación de la biblioteca de San Gregorio Atlapulco, hoy Tlamachtiloyan; la defensa del río Santiago en Jalisco; la exigencia de remediación de los rellenos sanitarios en Santa María Coapan, Puebla y los Laureles, Jalisco; la unificación nacional de familias buscadoras; la instalación del Campamento universitario por Palestina en la UNAM; la decisión de los pueblos llevada a la acción por la defensa de la vida y el territorio.

Hacemos nuestras las exigencias por la libertad de todos los presxs políticxs; exigimos la inmediata presentación con vida de nuestros 43 Normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos forzadamente por el Ejército y los más de 116 mil desaparecidos en México, justicia para Verónica Guerrero, Justicia para Samir Flores Soberanes y todos los defensores del territorio, periodistas, mujeres y madres buscadoras asesinadas.

ATENTAMENTE

Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos
Agua, Tierra y Libertad
Zapata Vive, la Lucha Sigue
Samir Vive la Lucha Sigue
Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas
Hasta que la Dignidad y la Justicia se hagan costumbre
Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos
Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
Viva el Congresos Nacional Indígena, CNI-CIG
Libertad para Saúl Rosales Meléndez, de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala
Libertad para José Díaz, Base de Apoyo Zapatista
Libertad para Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán, Marcelino Miramón
del Pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
Libertad para David Hernández de Puente Madera, Oaxaca
Un Nosotrxs sin Estado
No al Tren Maya
No al Proyecto Integral Morelos
No al Corredor Interoceánico

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Fuente: Chiapas Paralelo

Por Angeles Mariscal

El catequista, Ignacio López, su esposa Isidra y al menos 5 integrantes de su familia, quienes pobladores me dijeron q se negaron a trabajar para criminales en la zona, están entre los 11asesinados por sicarios en NuevaMorelia, Municipio de Chicomuselo, en la Sierra de Chiapas. pic.twitter.com/c2lg9WQrKX

— Mariana Morales (@MarianaMorale_s) May 15, 2024

“Ignacio, candidato a Diaconado de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y Teresita de Jesús, una joven catequista de niños y niñas; además de 9 personas de su familia fueron masacrados en la comunidad Nueva Morelia, en Chicomuselo por uno de los cárteles de la droga.”

La masacre contra 11 personas de la familia de Ignacio, catequista de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas de Chiapas y candidato a Diaconado -el cargo más alto que se le da a un seglar-, fue una acción directa. Fue un ataque dirigido. ¿Por qué? “Por siempre resistir, por no ser parte de las filas de ninguno de los dos grupos”.

Los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa (CDS) mantienen una disputa por el control de varias regiones de Chiapas, entre ellas la sierra, donde se ubica la comunidad Nueva Morelia, del municipio Chicomuselo. Ahí a la población la obligan a tomar partido, a participar en bloqueos, a darles alimento y parte de la ganancia de sus cosechas. A quien se niega, lo consideran su enemigo.

Así lo cuenta una persona cercana a la familia, quien narra a este medio de comunicación cómo sucedieron los hechos.

Explica que no tienen certeza de cuál de los dos cárteles fue el que los asesinó, porque desde el día 8 de mayo ambos sostenían enfrentamientos en las zonas cercanas a Nueva Morelia. En ese lugar, desde enero pasado, unas 700 personas decidieron desplazarse, abandonar la comunidad. Ese mes se dio el primer enfrentamiento.

El 12 de mayo a la población de Nueva Morelia ya le habían cortado los servicios de agua, luz, internet. Ese domingo, un grupo a bordo de varias camionetas entró al pueblo y se dirigió directo a la casa del papa de Ignacio; eran alrededor de las 17:30 horas.

En esa casa se habían refugiado 11 personas: “el papá de Nacho (Ignacio), Nacho y su esposa, su hermana que está en silla de ruedas, Teresita de Jesús, cuñada de Nacho, Yojari, una joven sobrina de Nacho”. A todas las mataron.

A un grupo lo colocaron afuera de la casa y ahí les dispararon. Otros alcanzaron a correr al interior de la vivienda, pero también les dispararon.

Luego le prendieron fuego a la casa, por lo que algunos de los cuerpos tienen quemaduras. El grupo de hombres armados permanecieron muchas más horas ahí. Todavía grabaron las imágenes de los cuerpos tirados y la casa incendiándose. Las imágenes las compartieron en sus redes sociales.

El lunes por la mañana aún se encontraban en la zona, impidiendo que personal de la Fiscalía de Justicia levantara los cuerpos.

Hasta el martes, personas allegadas a la familia lograron acercarse. En un papel blanco escribieron el nombre de las personas asesinadas: Alfonzo, 73 años; Tere (Teresita de Jesús), 28 años; Dolores nació el 28 de marzo de 1968; Rosalinda, 56 años; Yojari (la más joven) nació el 18 de septiembre de 2006; Ignacio nació el 22 de julio de 1972, Isidra el 15 de mayo de 1970; Urbano el 6 de enero de 1982; y Brandi, otra joven de la que no se tiene certeza de cuántos años tenía.

Teresita de Jesús no solo era la cuñada de Ignacio, también era catequista de niños y niñas, la persona encargada de la formación religiosa de quienes iban integrándose a la Parroquia de Chicomuselo.

Ella misma era un joven de ojos negros y brillantes. En la fotografía con la que la población de Nueva Morelia la quiso recordar -para borrar quizá la imagen de su cuerpo ensangrentado, tirado boca abajo sobre la tierra-, se le observa con una sonrisa suave y una cabellera negra y ondulada.

• Por qué los mataron- le pregunto a persona cercana a la familia
• El grupo armado llegó directo a la casa del papá de Nacho y ahí los ejecutaron. (Los mataron) por siempre resistir, por no ser parte de las filas de ninguno de los dos grupos (el CDS y el CJNG). Pidieron ser libres (…) se oponían a la extracción minera.

La familia de Ignacio y cientos de personas más de la comunidad Nueva Morelia también formó parte de los grupos ambientalistas que durante años se opusieron a la extracción de la mina La Revancha, concesionada a la Compañía Minera Caracol SA de CV. Sin embargo, en el marco de la disputa entre cárteles, uno de los grupos inició la extracción de manera ilegal, porque la población nunca autorizó el uso de sus tierras.

Feligreses de la Parroquia de la Diócesis de San Cristóbal también denunciaron esta situación a través de diversos comunicados públicos. Desde 2022 sostuvieron reuniones con la Subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno federal para pedir su intervención y detener el avance de los cárteles y la extracción minera ilegal.

• ¿Cómo están ahora, con esta masacre? – les pregunto con torpeza.
• Queremos ser visibles, queremos que nos escuchen (…) duele mucho el corazón.

Este miércoles Ignacio, Teresita de Jesús y los otros 9 miembros de su familia fueron sepultados, juntos; en ataúdes de colores que colocaron sobre la tierra rojiza.

Este mismo día entró un convoy del ejército mexicano a la zona, “entraron junto con gente del MAIZ-CJNG, tiraron bombas a la gente que está cuidando la comunidad Piedra Labrada. Tienen sitiadas varias comunidades”, explicaron los pobladores, desesperados porque las autoridades no los protegen, al contrario, para la población de la sierra hay un vínculo entre autoridades y grupos criminales.

Así enterraron este miércoles 15 de mayo a las 11 personas civiles masacradas el pasado lunes 13 de mayo, por un grupo del crimen organizado en la comunidad de #NuevaMorelia #Chicomuselo #Chiapas, esto, en medio enfrentamientos que se siguen registrando en comunidades y montañas… pic.twitter.com/X6pb2IYfc6

— Isaín Mandujano (@isain) May 16, 2024

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Marcha del pueblo Nasa con la Guardia Indígena al frente.} 

El departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, vive un contexto de emergencia humanitaria debido a diversos acontecimientos violentos contra poblaciones indígenas que, desde enero hasta abril de 2024, han escalado en la región. 

Así lo denuncian organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes hacen un llamado al Estado colombiano para accionar y garantizar la integridad ante los ataques que, consideran, violan la autonomía y derechos colectivos del pueblo Nasa.

Acorde al llamado de alerta, las comunidades permanecen en estado de vigilancia. Destacan el asesinato de la lideresa Carmelina Yule Paví, acontecido durante marzo y denunciado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Las poblaciones indígenas acusan a grupos armados, como el denominado “Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central”, agrupación de disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como los responsables por el homicidio.

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La organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) detalla que esta situación de emergencia se inscribe en el contexto de la violencia armada que continúa afectando a pueblos indígenas tras la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre del 2016.

Según un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), durante el año 2023 más de 58 mil hombres y mujeres pertenecientes a diversos pueblos indígenas fueron víctimas de hostigamientos, confinamientos y desplazamientos forzados. El reporte resalta que los mayores perpetradores de violencia hacia los pueblos indígenas de Colombia fueron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 42,700 víctimas; Fuerza Pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional) con 6,551 y las disidencias de las FARC con 3,448.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) estima que al menos 37 líderes indígenas fueron víctimas de la violencia en Colombia durante 2023. 

IPRI enfatiza en su informe de 2022 Violencia, impunidad y criminalización contra pueblos indígenas de Colombia, sobre la actuación de grupos armados dentro de los territorios de pueblos indígenas, “asesinando a guardias indígenas y autoridades, reclutando de manera forzada a niños, niñas y adolescentes indígenas, imponiendo confinamientos forzados y desplazando a personas indígenas de sus territorios”.

La organización de derechos humanos sostiene que el 90% de los casos permanecen en impunidad, lo que fomenta que los atentados contra las poblaciones indígenas se sigan perpetrando. “Las y los hermanos de los pueblos indígenas caucanos -mayoras y mayores, infancias y el propio territorio- no son actores del conflicto, sino víctimas del mismo y, como tales, merecedores de especial protección”, puntualiza IPRI.

Escalada

La escalada de violencia durante el pasado abril alcanzó niveles alarmantes con sucesos como el secuestro de comuneros nasa del Reguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá, según denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). 

Ante la privación de la libertad de los comuneros Luis Ángel Liz y el menor de edad Estiven Quinto, la comunidad de Pisimbalá se movilizó y mediante la guardia indígena y miembros de la comunidad rescataron a los indígenas. En su denuncia, el CRIC enfatizó que ante estos hechos, “no permitirán más desarmonías en nuestros territorios”. 

El CRIC señaló como responsable por los daños físicos y psicológicos de sus comuneros al grupo armado Dagoberto Ramos y exhortaron a la comunidad internacional para pronunciarse para frenar la violencia sistemática contra los pueblos del Cauca.

En una carta de solidaridad desde México, organizaciones sociales sostienen que, solo entre el 1 de enero al 31 de marzo de este 2024, se ha registrado el asesinato de 26 personas en la región. En la misiva destacan que entre los homicidios se enuentran los casos de ocho sabedores ancestrales perpetrados durante los últimos dos años.

Además, externaron su preocupación en cuanto al reclutamiento forzado por actores armados de niños, niñas y/o adolescentes, menores de 18 años, la mayoría en el norte del Cauca. “En el año 2022 se llevó un registro de al menos de 250 casos, en el año 2023 al menos de 153 casos y en lo ocurrido del año 2024 se lleva un registro de 27 menores de edad reclutados”, detallan.

Las organizaciones internacionales comunicaron su apoyo a las decisiones tomadas por el Plan de Vida Proyecto Nasa (Toribio, Cauca), a las que se sumó la Cxhab Wala Kiwe-Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) para realizar control de su territorio, como administrar justicia para los responsables de estas graves vulneraciones, y “descontaminar el territorio de toda publicidad alusiva a las organizaciones armadas con el objetivo último de defender la vida”.

Suspensión de cese al fuego

Estos actos violentos acontecen en un contexto de incremento de enfrentamientos entre grupos armados y cuerpos de seguridad en diversas zonas del Cauca luego de que, el pasado marzo, un decreto firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, suspendió el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) el cual había establecido una tregua entre el gobierno colombiano y las disidencias de las FARC en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Ya en septiembre del 2023, disidencias de las FARC asaltaron el municipio de Jambaló, al norte del departamento, donde incluso robaron un banco y se enfrentaron a elementos de seguridad pública. Recientemente, el 17 de abril, otro grupo de disidencias de las FARC, conocido como “Carlos Patiño”, atacó la estación de policía de Jambaló donde asesinó a un soldado. Apenas el pasado domingo (12), el Frente Dagoberto Ramos liberó a dos fiscales, una civil y un soldado a quienes habían privado de su libertad desde el pasado 20 de abril.

Además, durante los primeros días de abril se reportó una emboscada en plena vía Panamericana que saldó con un policía muerto y siete heridos. Días después, el 12 de abril, un carro bomba fue detonado en las cercanías de la estación de policía del municipio de Miranda. La explosión dejó cuatro personas heridas, así como varias viviendas cercanas al lugar de la detonación, además de que provocó desplazamientos debido al miedo por nuevos enfrentamientos.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Casas incendiadas durante el ataque contra población civil en el ejido Nueva Morelia.}

La crisis humanitaria, producto de la violencia que desborda en la región fronteriza de Guatemala con Chiapas desde hace tres años, ha escalado en días recientes con el incremento de enfrentamientos entre grupos armados y la ejecución de once civiles en la comunidad de Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas.

Pobladores de la región fronteriza señalan que, desde el pasado jueves (9), grupos armados presuntamente miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS) han incrementado sus actividades en la región, particularmente en las comunidades de Piedra Labrada y Lázaro Cárdenas, donde se registró un aumento de los enfrentamientos violentos.

El lunes (13) las agresiones por el control de los territorios en la Sierra Madre de Chiapas derivaron en la masacre en Chicomuselo. Mediante denuncias anónimas e imágenes compartidas en redes sociales se confirmó la ejecución de los civiles.

Por su parte, medios nacionales refieren que fuentes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas informaron que entre las víctimas se registra el asesinato de dos servidoras de la iglesia católica. Una denuncia anónima a la agencia EFE asevera que entre las víctimas se encuentra un joven de 15 años, cinco hombre y cinco mujeres.

Medios locales resaltan que, pese a las advertencias de la población hacia las autoridades por la incursión de los grupos armados desde la semana pasada, no se efectuaron operativos para contener la violencia, aún cuando el Cuartel del 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) se encuentra a 28 kilómetros de Nueva Morelia.

Un día después de la divulgación de las ejecuciones, en un breve comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) confirmó los asesinatos y aseguró que un grupo conformado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional se apersonaron en el lugar de los hechos para el levantamiento e identificación de los cadáveres.

“Para garantizar la paz en la zona se realiza las investigaciones por lo que el Grupo Interinstitucional lleva a cabo patrullajes en la región con el propósito de fincar responsabilidades”, aseguró la FGE.

Minería, en el centro de la disputa

Como este medio ha documentado, desde finales del año 2022, grupos armados han incursionado en el ejido Nueva Morelia para, por medio de intimidaciones, extraer barita de una mina que fue clausurada por no contar con permisos ambientales.

Para mayo de 2023, Avispa Mídia registró que grupos del crimen organizado operaban en la región, primero para recoger la barita que había sido extraída por la minera canadiense Blackfire Exploration y que fue abandonada en un local conocido como “La Plataforma”. 

Reportes anónimos aseguraron que, meses después de la evacuación de dicho material, los grupos armados reactivaron las operaciones mineras sin que ninguna autoridad se presentara en el lugar.

Cabe destacar que, cansados de la violencia que azota la región, el 12 de octubre del 2023 miles de pobladores de Chicomuselo salieron a las calles a protestar para exigir un cese a la crisis que se vive en la región fronteriza. No obstante, días después de la manifestación, un grupo armado asesinó al profesor Artemio López Aguilar, quien participó como coordinador de la marcha contra la narcoviolencia.

En Chicomuselo existen 10 concesiones mineras vigentes y dos vencidas, pero desde el año 2009, tras el asesinato del activista ambientalista Mariano Abarca, se detuvo la extracción de barita.

Testimonios recopilados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en un informe presentado en febrero de este año, refieren que continúa la extracción del mineral con la anuencia de autoridades ambientales y cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional.

Pese a que la región está sumida en la violencia, la cual ha provocado el desplazamiento de miles de personas, hasta el cierre de esta edición resalta el silencio de parte de los gobiernos estatales y federales sobre la masacre.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

15 de mayo de 2024

Alerta y preocupación ante los hechos de violencia y la lamentable masacre de 11 personas de la población civil en el ejido Nueva Morelia, Chicomuselo

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, junto a organizaciones de la sociedad civil hemos venido denunciando de manera reiterada la situación de violencia que se vive en el estado de Chiapas, e insistido en las graves afectaciones e impactos contra la población civil que se encuentra rehén de las disputas por el control del territorio por parte de la delincuencia organizada en la región frontera y sierra.^[1]

Este Centro de Derechos Humanos recibió información referente a los hechos acontecidos el 13 de mayo del 2024 en el ejido Nueva Morelia, del municipio de Chicomuselo; en donde un enfrentamiento entre grupos antagónicos de las estructuras criminales dejó el lamentable saldo de al menos 11 personas de la población civil asesinadas (5 mujeres y 6 hombres), de las cuáles dos eran catequistas de la Iglesia católica.

Los testimonios refieren que los recientes enfrentamientos comenzaron desde el viernes 10 de mayo en las localidades de Lázaro Cárdenas y Nueva Morelia, ambas del municipio de Chicomuselo, lo que habría originado también el corte de la energía eléctrica, e incomunicación, así como el desplazamiento forzado de familias; al día de hoy alertamos que esta violencia se extiende a otras comunidades vecinas.

Recordamos que el pasado 4 de enero grupos antagónicos de la delincuencia organizada se enfrentaron en Nueva Morelia, lo que dejó como saldo el desplazamiento forzado de mas de 700 personas. Este ejido se encuentra dentro de una región estratégica para el control y extraccion de los recursos minerales, en este territorio se localiza la Mina Ampliación La Revancha, operada de acuerdo a testimonios por grupos criminales.

El deber del Estado mexicano no debe reducirse a abrir una carpeta de investigación, si no que tiene que garantizar la debida diligencia de la misma, asi como asistirles todos los derechos a las víctimas. Ante los hechos, tanto el Gobierno Federal como el Estatal tienen la obligación urgente de proteger a la población civil en medio de la agudización de la violencia en la región frontera y sierra, que está dejando como saldo graves afectaciones y riesgos a la vida, seguridad e integridad física, mental y emocional.

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^[1] Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio, y graves violaciones a los derechos humanos. Informe de organizaciones de la Sociedad Civil sobre la violencia en la región Frontera. 2024. Disponible en: https://grupotrabajofronterachiapas.org.mx/

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AL CCRI CG EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Herman@s Tod@s

Con la llegada de la “Cuarta Trnaformación”, su política de gobierno incrementó la militarización hacia los pueblos y comunidades indígenas, especialemente en territorio zapatista; así mismo, los grupos paramilitares y el crimen organizado operan con toda impunidad como garantes de la imposisión no solo de megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos; están al servicio del Estado y el gran capital, para llevar a cabo el despojo del territorio, la Madre Tierra y la vida.

Por otro lado, en medio de su “FARSA ELECTORAL”, miramos que en las últimas semanas, nada importa que no sean sus votos, sus encuestas, sus debates, su cifras y sus preferencias electorale; pero sobre todo, su estrategia para atacar y descalificar a sus enemigos, como estaregia de campaña. Este 2 de junio, no está en disputa una “democracia”, mucho menos de izquierda (como de por sí venden la idea), lo que realmente esta en disputa, es un poder económico y politico, que busca sostenerse con la militarización, con la impunidad, con los privilegios y con la acumulación de riqueza en las manos un@s cuant@s al servicio de las grandes transnacioanles; es decir, su plan es sostener esta “Tranformación de Cuarta”, con una GUERRA CAPITALISTA contra los pueblos y comunidades indígenas.

La guerra de exterminio que vivimos en México se manifiesta de muchas formas, cada vez más sanguinarias, basta señalar la impunidad y encubrimiento que hace López Obrador para no tocar al ejército y mucho menos para cumplir su promesa de campaña respecto a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; el impune asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes que a escasos 80 días de haber tomado posesión, le arrancaron la vida por oponerse al Proyecto Integral Morelos; la detención, desaparición, encarcelamiento y sentencia condenatoria de cinco defensores tseltales originarios del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, por un delito que no cometieron; la urgente necesidad de medidas cautelares para evitar daños irreparables en la salud y vida de José Díaz, Base de Apoyo del EZLN; el despojo y saqueo del agua en muy diversos territorios de pueblos y comunidades indígenas.

Reiteramos, que en esta farsa electoral, se ha incrementado flagrantemente la violación a los Derechos Humanos, el hostigamiento, la represión, la persecución política, amenazas y criminalización de la lucha social, ejemplos sobra: los Pueblos de la región Cholulteca que luchan contra un basurero de muerte; la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX que exigen el derecho a la salud, educación, trabajo, alimentación y a una vivienda digna y decorosa y, recientemente, la acción represiva que se ha orientado en contra del compañero Diego García de UPREZ Benito Juárez, quien junto con la comunidad otomí, sostienen la Toma del INPI, por más de tres años y medio sin encontrar respuesta a sus demandas. De igual manera, el desprecio y la criminalización que desde las mañaneras se impone contra las madres buscadoras, que mientras ellas toman las calles para exigir la presentación con vida de sus hij@s, a otras madres las celebran como si en este país no pasara nada con l@s desaparecid@s; la prisión sin sentencia que a manera de tortura, se impone en contra de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca; las amenazas y asesinatos contra periodistas, que en la mayoría de los casos sigue impune; la criminalización, difamación, represión y desprecio contra las madres y padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, en especial en contra de su abogado Vidulfo Rosales, quien ahora lo miran, como “enemigo del sistema”; el desprecio institucional en contra l@s migrantes a quienes les impusieron, por órdenes de Estados Unidos, otro muro fronterizo que empieza en el río Suchiate; la persecución y hostigamiento en contra de defensores de Derechos Humanos; la violencia que vivimos día a día, de los cárteles del narcotráfico y l@s más de 100 mil desaparecid@s en México; todo ello, como ejemplo de una guerra capitalista que nos imponen.

Por lo anteriormente expuesto, convocamos a las organizaciones sociales, redes, colectiv@s, pueblos originarios y comunidades indígenas, a los hombres y mujeres de buen corazón, a participar en el…

Foro:
EN MEDIO DE LA FARSA ELECTORAL,
LA GUERRA CAPITALISTA CONTRA LOS PUEBLOS
18 de mayo, 11:00 Hrs. Casa delos Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”
Av. Méxio-Coyoacán 343, Col. Xoco. Benito Juarez. Metro Coyoacán.

Participan:
– Carlos González García, de la Coordinación General del CNI-CIG
– Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el relleno sanitario y en defensa del Agua
– Diego García Bautista, UPREZ Benito Juárez
– Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX
– Madres y Padres de Ayotzinapa
– Ana Enamorado – Movimiento Migrante Mesoamericano
– Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán
– Mariela Vázquez – Jornadas contra la criminalización y por la libertad

ATENTAMENTE

Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos
Agua, Tierra y Libertad
Zapata Vive, la Lucha Sigue
Samir Vive la Lucha Sigue
Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas
Hasta que la Dignidad y la Justicia se hagan costumbre
Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos
Viva el Elército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
Viva el Congresos Nacional Indígena, CNI-CIG
Libertad para Saúl Rosales Meléndez, de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala
Libertad para José Díaz, Base de Apoyo Zapatista
Libertad para Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán, Marcelino Miramón
del Pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
Libertad para David Hernández de Puente Madera, Oaxaca
Un Nosotrxs sin Estado
No al Tren Maya
No al Proyecto Integral Morelos
No al Corredor Interoceánico

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Congreso Nacional Indígena

#NuestraLuchaEsPorLaVida
#ALTOalaGUERRAcontralosPueblosZAPATISTAS
#asambleanacionalporelagua

Fuente: Avispa Midia

por Yazvelin Alinares Nardo 

Después de que el 6 de mayo de 2024 Israel ordenara la evacuación de los palestinos que vivían en la ciudad de Rafah, anteriormente llamada “zona segura”, se presentaron diversas manifestaciones alrededor del mundo. 

En la Ciudad de México se dio cita a una manifestación pacífica frente a la embajada de Israel, donde alrededor de 200 personas se concentraron para pedir justicia por la libertad de las y los palestinos, llamando a las autoridades a cortar toda relación con Israel con la intención de visibilizar el desacuerdo ante el genocidio palestino y la exigencia mundial para que se consiga un cese al fuego inmediato y permanente. 

A la embajada acudieron diversos manifestantes con veladoras blancas, mantas con consignas y banderas de Palestina. Después de clamar justicia y libertad para las niñas y niños palestinos, se guardaron 21.5 minutos de silencio como símbolo de luto por los 215 días que han transcurrido desde el inicio del genocidio en Gaza. 

Pasadas dos horas de protesta, la movilización continuó su camino por Paseo de la Reforma con el fin de crear un convoy seguro para el regreso de todas y todos los manifestantes, y para hacer más visible el rechazo a la guerra de Israel contra el pueblo palestino. 

Esto ocurre tras el asesinato de más de 35,000 víctimas y el actual acorralamiento en la zona de Rafah tras la evacuación de la última área que resguardaba al menos a 80,000 personas, las cuales ya habían sido desplazadas anteriormente. 

Durante la caminata, algunas vallas que se encontraban cercando la embajada de Israel en México fueron desplegadas y arrastradas durante el trayecto como símbolo de la lucha por derribar los muros fronterizos y el peso que los miles de palestinos han cargado durante estos meses para sobrevivir. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Sobrevivientes del conflicto armado interno se reúnen frente a la Corte Suprema, antes de una audiencia en el juicio por genocidio Ixil, en Ciudad de Guatemala, marzo de 2024. Foto: Cristina Chiquin} 

En Guatemala se realizan las audiencias en el juicio por genocidio contra Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor y quien se desempeñara como general del Ejército del país centroamericano entre los años de 1978 y 1982.

Es durante ese periodo que organizaciones sociales e indígenas señalan fueron cometidos crímenes de lesa humanidad contra la población campesina e indígena, en el marco del conflicto armado interno que se desarrolló entre 1960 a 1996.

Acorde al informe Guatemala Nunca más, coordinado por la iglesia católica en 1998, sólo en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, ubicados en el departamento de El Quiché y donde radican comunidades mayas ixiles, el número de víctimas por la contrainsurgencia militar es de 12,400 personas.

De acuerdo a la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA, por sus siglas en inglés) solo en la época del gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982, la política de genocidio saldó con más de 1,700 víctimas de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad por las operaciones militares desplegadas en la región maya ixil.

Por estas acusaciones, además de Lucas García, de 91 años, también se juzgará a Manuel Antonio Callejas y Callejas, quien se desempeñara como jefe de inteligencia militar y a quien se le juzgará en otro proceso debido a que argumentó demencia. Los dos acusados ya fueron condenados en el año 2018, acusados por violación, tortura y desaparición forzada de la activista política Emma Molina Theissen, así como por la desaparición forzada de su hermano, acontecida en 1981.

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A pesar de que se anunció el inicio de las audiencias desde enero de este año, fue hasta el mes de abril que comenzaron las presentaciones de las pruebas y testimonios. Tras el anuncio de la separación de los juicios, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), organización que representa a las víctimas, declaró que, hasta el momento, han muerto 40 ancianos y mujeres “sin ver la justicia y frente a un Estado que sigue negando nuestra memoria del genocidio”.

El juicio

El juicio por genocidio contra la población Ixil es realizado por el Tribunal de Mayor Riesgo y prevé la participación de 125 testigos, entre ellos 30 mujeres víctimas de violencia sexual. Además, se contempla la presentación de 160 peritajes presentados por 80 peritos de los cuales 14 son expertos internacionales.

Mediante conferencia de prensa, al anunciar el inicio de las audiencias programadas para marzo, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala señaló que entre las pruebas se presentarán, además de los testimonios de víctimas, documentos militares, algunos de ellos desclasificados por parte del Departamento de Estado de los EEUU con los cuales respaldan las acusaciones contra Lucas García.

Cabe destacar que, si bien desde el año 2000 la AJR presentó la denuncia penal, fue hasta los años 2018 y 2019 que el caso fue judicializado con el proceso penal contra tres miembros de la cúpula militar, durante el gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 a 1982. Así, fue hasta el año 2020 cuando el poder judicial guatemalteco aceptó las acusaciones contra Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas y César Octavio Noguera Argueta, este último fallecido el 21 de noviembre de ese año.

Genocidio, nunca más

Acorde a la AJR, cuando Lucas García dirigía el Ejército en los años 1981 y 1982 – durante el gobierno de su hermano, el presidente Romeo Lucas García – fue el responsable de ordenar más de 30 masacres, así como de la destrucción de 23 aldeas en la región maya ixil.

Por su parte, la defensa del general retirado ha negado los cargos y, acorde a medios internacionales, han solicitado al tribunal la sentencia absolutoria con libertad inmediata.

El actual juicio se suma a los previos procesos penales que han investigado los crímenes de lesa humanidad acontecidos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Acorde a Jo-Marie Burt, investigadora de la Oficina em Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), los tribunales guatemaltecos han determinado en dos ocasiones que el Ejército de ese país cometió una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, encabezado por el general fallecido Efraín Ríos Montt.

Montt fue delcarado culpable por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil, en el norte de Guatemala, en el año 2013, aunque posteriormente la Corte de Constitucionalidad anuló la condena de 80 años de prisión. 

A su vez, en el año 2018 un tribunal determinó por unanimidad que el Ejército guatemalteco cometió genocidio contra comunidades maya ixil. Sin embargo, José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar y miembro del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, quien fuera juzgado en ese proceso fue absuelto de todos los cargos.

Las audiencias en el juicio deben ser finalizadas en el mes de junio, por lo que desde su inicio, en marzo, organizaciones como la AJR han realizado un llamado de solidaridad, nacional e internacional para respaldar a las víctimas y sobrevivientes y así garantizar un proceso justo que evite la impunidad.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Niños y jóvenes, hijos de campesinos, descansan después de jugar futbol en las tierras recuperadas de la cooperativa El Chile. Foto: Santiago Navarro F}

A la par de un camino de terracería yacen pequeñas estructuras de madera. Cubiertas con nylon, cuentan con techos de lámina y hojas de palma. Champitas, les llaman a estos albergues que ocupan cientos de familias campesinas para defender la recuperación de estas tierras de manos de la industria de palma aceitera, en el valle del Bajo Aguán, municipio de Tocoa, que fueron designadas en los años 70s a la reforma agraria y acaparadas durante los 90s por Corporación Dinant.

Hace ya 16 meses que aquí la resistencia es cotidiana. Pero la lucha por estas tierras es mucho mas añeja. Wendy Castro, joven de 26 años y madre soltera, quien nos muestra la recuperación, por parte de la cooperativa El Chile, aborda las razones de su presencia: “somos hijos, sobrinos, nietos de socios anteriores que fueron afectados por el despojo de las tierras de reforma agraria”, cuenta sobre la legitimidad de sus acciones.

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