Su majestuosa ancestralidad es imponente. Se yergue como un gran guardián de un río que nace de entre las montañas de la sierra madre de Oaxaca, al sur de México. Su tronco parece una escultura esculpida que dejó a su paso el caminar del agua. Hoy, las raíces de este árbol conocido como Álamo están desnudas. Las entrañas del río llamado Xangá Ndá Ge (que significa ser de brazos abiertos) fueron desgarradas. Con maquinaria pesada y con camiones se han llevado las rocas y arena para ofertarlo al mejor postor.
En tiempos no muy lejanos este camino del agua era de gran respeto, “llegaba a desbordarse”, dicen los campesinos de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca -cuna donde nacieron los anarquistas Flores Magón.
La suerte echada de este árbol la comparte el resto de sus hermanos que, como si fueran una muralla, han estado siempre a la orilla del antiguo caudal, que hoy agoniza. “Ya murieron dos álamos enormes y algunos más se están secando”, alerta con cierta nostalgia el profesor jubilado Jaime Betanzos mientras señala, a una brigada de observación, el lugar donde desaparece el canto del afluente.
Justo donde señala el profesor, como por arte de magia, el agua deja de correr, se pierde entre las rocas, “es posible que, por el movimiento de las rocas y la arena, destaparon un sótano, ahí es hacia donde se está yendo lo que todavía queda del agua del río”, complementa el profesor.
En portada: Mujeres mazatecas por la libertad. Foto: Observatorio Memoria y Libertad
Era diciembre del 2014 y en Eloxochitlán de Flores de Magón, una comunidad en la Mazateca, Oaxaca, se percibía un ambiente amenazador, según relatos de sus habitantes. La Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, estaba reunida para elegir a su nuevo alcalde, pero fue interrumpida por una balacera, perpetrada por un grupo de la comunidad con intereses partidistas que, según pobladores, actuó bajo el mando de la familia del cacique local Manuel Zepeda Cortes.
El ataque desembocó en las muertes de Manuel Zepeda y Gustavo Estrada, un incendio, daños a la propiedad privada y detenciones. De ahí comenzó la persecución política, que lleva una década, en contra de las familias que integraban la Asamblea.
Sepa más sobre el conflicto y a la persecución de los mazatecos aquí.
La abogada y defensora comunitaria mazateca Argelia Betanzos, compañera, hija y hermana de personas perseguidas en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, a partir de su lucha se ha convertido en una de las principales voceras de la causa.
Argelia comparte para Avispa Mídia que, tras los hechos violentos del 2014, Manuel Zepeda Cortes, Vicente Zepeda Cortes, Gamaliel Zepeda Juárez, Dolli Irasema Betanzos Hernández y—la ahora diputada por Morena— Elisa Zepeda Lagunas, se presentaron ante la segunda sala penal como presuntas víctimas para conseguir la activación de decenas de órdenes de aprehensión contra habitantes de Eloxochitlán acusándolos de daño por incendio y robo. Una hazaña cometida bajo influencia del magistrado Ezequiel Raúl Gómez Martínez y Constantino Santiago Agustín, juez mixto de Huautla de Jiménez.
COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA DOMINGUEZ
De lo que digo a partir de este momento es solo mi responsabilidad y para ello solo tengo mi palabra. Escribo este comunicado desde mi comunidad, San Pedro y San Pablo Ayutla, recordando que Sandra Dominguez tuvo una doble raíz. El pueblo que la cobijó por parte de su padre fue San Isidro Huayapam Mixe, por parte de su mamá su raíz está aquí, en Ayutla Mixe, donde vivió parte de su infancia. Durante estos meses que han sido eternos, traté de prepararme para el peor escenario y es el que finalmente aconteció, nos arrebataron a Sandra. Quienes lo hicieron, buscaron generar un dolor perpetuo porque en el lenguaje del horror, la muerte ya no les es suficiente, porque la muerte cierra un ciclo y deja certeza, pero el desaparecer a alguien amplifica el dolor a través de la zozobra, arrebata la paz.
La desaparición forzada no existe por casualidad, el Estado a través de la historia ha usado la desaparición forzada como un mensaje político a sus disidentes, ahora el crimen organizado usa la desaparición forzada como una muestra de control y poder, pero esta situaciones no son excluyentes, cuando los intereses del Estado y los intereses del crimen organizado encuentran un enemigo en común sucede lo que ha sucedido con Sandra Dominguez, porque aunque la narrativa oficial gubernamental haya canalizado todo su esfuerzo y recursos a su alcance para imponer una versión que criminaliza al esposo de Sandra,y defender a personajes impresentables como a su funcionario Donato Vargas, lo único que ha hecho es obviar que se protege a quienes fueron señalados por Sandra.
Para que el crimen organizado y las células delincuenciales ejecutaran materialmente la desaparición forzada y el feminicidio de Sandra Dominguez, es porque hay una estructura institucional del gobierno oaxaqueño que facilitó en primera, su instalación, su operatividad y ampliación de actividades criminales en poblaciones donde el gobierno había mantenido a discrecionalidad el estado de sitio que poblaciones como María Lombardo llevan viviendo desde hace años, esto no es nuevo, el avance del crimen organizado hacia la zona Mixe por San Juan Cotzocón es innegable a pesar de que hace años denuncié esa realidad, el gobernador Alejandro Murat lo negó, ahora insistimos con este gobierno de Jara, quienes lo minimizaron nombrándolo como situaciones de violencia orquestadas por grupos generadores de violencia, cuidando de no nombrar lo que es un hecho: que en Oaxaca nos empieza a azotar el CRIMEN ORGANIZADO. Tuvo que desaparecer Sandra para que por primera vez, se atendiera y ejecutaran acciones de desarticulación en pueblos que venían siendo atormentados de hace mucho tiempo por la violencia.
La gente de la cuenca lo sabe, en el mixe bajo, toda la zona lo sabe, lo dicen con miedo, esos matones están protegidos por ministerios públicos, por agentes de investigación, por políticos y operadores políticos de la zona donde precisamente Sandra hacía activismo y era una figura incómoda porque llegó a documentar dichas alianzas y es una información que en su momento tendrá que salir a la luz. Sandra denunció a diversos funcionarios por su participación en grupos virtuales donde se agrede a mujeres indígenas, eso ya lo sabemos, ahí estuvimos hombro a hombro acompañándola. Pero poco se sabe de qué varios de esos funcionarios denunciados tienen vínculos con el crimen organizado que la desapareció precisamente en esa zona. No son dichos hay nombres, apellidos y cargos.
Pero a estas alturas, estamos ante la implementación de una verdad histórica, como sucedió con Ayotzinapa, la prioridad del gobierno oaxaqueño es dejar en claro que ellos no fueron, pero sin embargo, mantienen en el poder a quienes Sandra denunció con evidencias. Previamente dije: Es importante la participación de instancias federales para romper con el conflicto de interés que tiene el gobierno en el caso de la desaparición, afortudamente así fue, pero aún me parece muy lejano que vayamos a conocer la verdad, estoy seguro que las respuestas de lo que cuestionamos, que la verdad que buscamos no llegará pronto, que incluso sea transgeneracional.
No puedo decir tajantemente aún si a Sandra la desapareció y asesinó el estado, pero sí puedo decir, que a Sandra la desapareció y asesinaron el crimen organizado y operadores del gobierno oaxaqueño a los que Sandra había denunciado, llama la atención que el presunto responsable de su desaparición haya sido ejecutado en uno de los operativos, llama la atención que una detenida haya sido elemento policial, llama la atención el financiamiento a medios y bots que buscan a toda costa criminalizar e imponer la versión oficial.
Pero la historia de mi amiga y colega Sandra Dominguez no acaba con su muerte, de hecho, está iniciando, y no para ser una mártir, ni una bandera, que el país ya no necesita más perseguidos asesinados, comienza porque los efectos de su bondad, valentía, empatía, no son casualidad, están sembradas desde su mamá y compartidas con sus hermanas y hermano, desde su hija, que no descansaron hasta que Sandra regresara a casa, y esas virtudes las compartió con nosotros, sus amigos y amigas, con toda las personas que la conocieron y por ello su historia continúa en cada lucha, en cada buena acción, en cada acto de valentía, porque aunque su muerte es un mensaje claro de intimidación a quienes ponemos la palabra y el cuerpo para defender derechos humanos, vamos a transformar el miedo en valor y acción.COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA DOMINGUEZ.
Quiero agradecer a todas las personas que no soltaron el tema, que ayudaron a nombrarla en todos los espacios y pedirles que sigamos nombrando a Sandra porque si bien ha culminado la búsqueda física, sigue la búsqueda de verdad, reparación y justicia. Agradezco a la oficina del Alto Comosionado y a la Comisión de Desaparición de la ONU por prestar ojos y oídos a Sandra.
GRACIAS POR TODO MI QUERIDA AMIGA SANDRA DOMINGUEZ, AGRADEZCO ESE PRIMER MENSAJE CON EL QUE EMPEZÓ TODO.
11 de marzo, 2025. Durante su ceremonia del 8 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer un decálogo por la igualdad de género.
Entre las 10 medidas en razón de género está el establecimiento de 24 efemérides para reconocerlas en la historia; apertura de la sala de mujeres en la historia en Palacio Nacional, con 401 nombres de diferentes épocas, desde ancestras hasta forjadoras de la patria del siglo XXI. Entre ellas: Cristina Payán, la comandanta Ramona, Bety Cariño y Rosario Ibarra.
A esta iniciativa gubernamental, la familia de Bety Cariño responde:
“no aceptamos homenajes vacíos” y “discursos oportunistas” mientras las estructuras de poder “siguen protegiendo a los asesinos de luchadoras y luchadores sociales” Denuncian que el gobierno “pretende hablar de memoria, de la cual nos buscan despojar, en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero no hay memoria sin justicia”.
“Hoy el gobierno dice escuchar al pueblo, pero calla cuando exigimos castigo para los asesinos de Bety”, afirman las y los familiares y reiteran que “no hay transformación con impunidad”
Por eso denuncian “la hipocresía del gobierno de la 4T y su falsa memoria histórica”. Cabe recordar que tras la liberación de varios acusados de homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola en 2022, el crimen quedó en total impunidad en México.
Ante esta situación, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de justicia. Ambos defensores fueron asesinados por un grupo paramilitar en La Sabana, Oaxaca,
el 27 de abril del 2010, mientras acompañaban una caravana de paz y observación de derechos humanos, misma que se dirigía a la comunidad indígena de San Juan Copala.
¡¡¡ BETY CARIÑO VIVE EN LA LUCHA, NO EN LA SIMULACIÓN !!!
En portada: Pobladores Ayuuk de Mogoñe Viejo durante su participación en las acciones de protesta durante el campamento “Tierra y Libertad”, el cual fue desalojado violentamente en abril del 2023.
En días recientes, pueblos Ayuuk y Zapotecos del norte del istmo oaxaqueño se declararon en resistencia frente a los abusos y afectaciones provocadas por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en sus territorios. Pese a que en un inicio el gobierno federal les informó que los trabajos se limitarían a la modernización en las vías férreas, en los años recientes la instalación del megaproyecto ha provocado afectaciones severas debido a las obras de la Estación Mogoñe, que necesita adecuaciones para el tránsito de trenes de carga, que atraviesan su territorio.
Las y los ejidatarios Ayuuk de Mogoñe Viejo, en el municipio de San Juan Guichicovi, se han movilizado constantemente desde 2023. En febrero de ese año, los ejidatarios instalaron el campamento “Tierra y Libertad” como respuesta a lo que consideraron la imposición de las obras del CIIT. Durante 62 días, tiempo que se mantuvo el campamento, recibieron el apoyo de otras comunidades indígenas y activistas.
A pesar de acuerdos iniciales que limitaban el impacto del megaproyecto en los cercados y parcelas colindantes, las comunidades argumentan que ha ocasionado daños significativos y ha promovido desplazamiento forzado de familias zapotecas en Rincón Viejo, en el municipio vecino de Santa María Petapa.
Pobladores Ayuuk de Mogoñe Viejo durante su participación en las acciones de protesta durante el campamento “Tierra y Libertad”, el cual fue desalojado violentamente en abril del 2023.
Mediante asamblea realizada en enero del 2025, ejidatarios de Mogoñe Viejo decidieron reactivar las acciones de resistencia en el campamento dentro de su territorio, en las colindancias de las vías del tren, en el mismo lugar donde estaba el campamento “tierra y libertad”. Esto acontece al mismo tiempo que arrecia la criminalización contra habitantes del mismo ejido, así como de Rincón Viejo y contra defensores de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
Juana Ramírez, integrante de esta organización, expresa para Avispa Mídia que desde el año 2019, en el momento en que se realizaron las consultas para la construcción del CIIT, que califica como “simulación”, los pobladores han exigido diálogo con funcionarios y dependencias que participan de las obras, quienes se han negado a atender sus exigencias. Al contrario, como lo señala Ramírez, en el caso de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar, quien coordina las obras), han realizado permanentemente acciones de intimidación y amenazas contra la población indígena.
Persecución
Ramírez informa que las acciones de protesta actualmente están enfocadas en mantener actividades pacíficas en el campamento. Ella asevera que la criminalización se intensificó tras el desalojo violento, por elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y marinos, del campamento “Tierra y Libertad”, el 28 de abril de 2023, momento en que arreciaron acusaciones penales contra los indígenas que participaban de la resistencia al CIIT.
El abogado José Cayetano, también integrante de Ucizoni, detalla a Avispa Mídia que actualmente existen procesos penales contra 24 personas, a quienes, entre otros cargos, se les acusa por violación a la ley de vías generales de comunicación y delitos de invasión al derecho de vía relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Entre los demandantes se encuentra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT).
La ampliación del derecho de vía exigida por las autoridades amenaza viviendas y parcelas de familias en la región.
Acorde a Ramírez, fue en mayo del 2023 cuando se enteraron de la existencia de procesos penales contra, en ese momento, 16 personas. “La primera carpeta de investigación se deriva de la detención de los seis compañeros que fueron detenidos en el desalojo del campamento. La segunda carpeta se genera por el acompañamiento que brindamos a la manifestación pacífica que se mantenía en el campamento”, relata.
Ramírez señala que en el análisis de la defensa legal de la población Ayuuk se han percatado que existen irregularidades. “Dos de los procesos penales están compuestos por las mismas declaraciones. Es un copia y pega”, acusa la también litigante, además de enfatizar que en las acusaciones se señala que los manifestantes obstruían las vías del tren, “cuando nunca fue así”.
Está previsto que este miércoles (22) se realice la audiencia inicial contra ocho personas de la comunidad de Rincón Viejo dentro de la causa penal OAX/000574/2024. En ella, se formularán los cargos contra los acusados y se determinará cómo deberá continuar el proceso. Para ambos abogados de Ucizoni, la única salida viable es el desistimiento de las acciones legales y un diálogo abierto con las comunidades afectadas.
Mientras que el cuerpo presenta impactos de bala, aún se desconoce el móvil del asesinato que ocurre en el contexto de incremento de amenazas y la persecución judicial contra pobladores que resisten al CIIT.
Abusos, ignorados por la CNDH
Ucizoni ha promovido tres quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el CIIT. Sin embargo, estas quejas han sido desestimadas. “Nunca nos informaron sobre los avances de las investigaciones”, acusa Ramírez. Además, denuncia que personal de la CNDH intimidó a los habitantes de Mogoñe Viejo para que no presentaran más quejas.
La abogada Juana Ramírez relata que promovieron una primera queja por los abusos contra los pobladores de Mogoñe Viejo, a quienes durante una asamblea el 6 de mayo del 2022, con la representación de los responsables por las obras, se les informó que los trabajos se limitarían a cambios de durmientes, balastros y nivelación de terreno, sin afectar sus predios, situación que con el avance de las obras no se cumplió.
Ucizoni también promovió una queja por las afectaciones contra pobladores de Rincón Viejo y destaca la denuncia por las intimidaciones, durante una asamblea en enero del 2023, por parte de Mariano Avendaño Ulloa, representante del FITyel capitán Jorge Mario Bremont Zamorano. Fue en esa reunión donde, tras intimidaciones, los pobladores de Mogoñe Viejo fueron forzados a firmar un documento en el cual permitían los trabajos en las vías férreas correspondientes al tramo 2.3, de Paso Real Sarabia a Estación Mogoñe.
Trabajos para la ampliación del derecho de vía del tramo 2.3 de la Línea Z del CIIT.
En este documento, anexado en la queja dirigida a la CNDH, se constata que el derecho de vía se amplía hasta 35 metros por cada lado, es decir, 70 metros en total. Aún más grave es que los funcionarios añadieron una advertencia para cualquiera que se manifestara ante este hecho. “Por ningún motivo serán interrumpidos los trabajos por los colindantes. Persona que interrumpa los trabajos será denunciada ante el Ministerio Público Federal”, se lee en el acta de la asamblea.
A su vez, integrantes de Ucizoni levantaron una queja más por amenazas del crimen organizado y la criminalización de parte de las autoridades contra los defensores. Ante el cuestionamiento sobre la respuesta de parte de la CNDH, Ramírez asevera que no existió ninguna. “Les dieron carpetazo a las quejas. Nunca tuvimos información. Es evidente que hay también cierta discriminación hacia nuestra gente. Después que metimos las quejas, en mayo de 2024, personal de la CNDH asistió a Mogoñé Viejo. Asistieron a esta visita diciéndoles de que ya no presentarán más quejas, intimidándoles de que no estaban en su derecho de quejarse”, denuncia la litigante.
Para Juana Ramírez la situación es grave pues tanto defensores como pueblos indígenas son criminalizados por las acciones de protesta ante un megaproyecto que causa afectaciones ambientales y sociales. “Incluso, el gobierno federal nos acusa de invasores, cuando sabemos de por medio, que nuestros abuelos, abuelas que han habitado por mucho tiempo todo ese tramo, pues es una herencia que nos dejaron”, sostiene y, además, subraya que la exigencia actual es el desistimiento de la acción penal contra la población.
Mercancías, por encima de derechos humanos
La Línea Z del CIIT, una de las tres vías férreas que conforman el megaproyecto, conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, en el océano Atlántico y Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico y está operativa desde diciembre del 2023.
Acorde a un reporte del director general del CIIT, vicealmirante Juan Carlos Vera Minjares, en el periodo de un año, la Línea Z habría movilizado más de 231 mil toneladas de carga y más de 65 mil pasajeros. Ya desde junio de 2024, el gobierno federal, destacó que entre la carga transportada se encuentran materiales para la construcción como arcilla, cemento y arena, así como maíz.
Ese mismo mes, el FIT anunció con bombo y platillo el éxito de la primera operación de carga desde Salina Cruz, Oaxaca hasta Chinameca, Veracruz, un centro logístico de la agroindustria el cual recibió 13,500 toneladas de maíz blanco, procedentes de Sinaloa, para la empresa Grupo Maseca. Posteriormente, en agosto de 2024, se formalizó un acuerdo comercial con Grupo Minsa para el traslado de granos de maíz hacia su planta de harina en Jáltipan, Veracruz.
Ya en el último tramo del sexenio de López Obrador, el entonces secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, enfatizó que pese a que ya operan algunos tramos del CIIT aún proyectaban mantener obras complementarias, las cuales preveía concluir en el año 2025. Sobre todo, éstas se encaminan a concretar la estrategia prioritaria descrita en el programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 que busca fortalecer la infraestructura productiva en materia de transporte, logística, energía, hidrocarburos y telecomunicaciones.
Carlos Beas enfatiza que, pese a que la confrontación de los pueblos se da con el gobierno mexicano, éste no es el principal beneficiado, pues emprendimientos proyectados para el Corredor como gasoductos, generación de hidrógeno, desalinizadoras, productoras de energía fotovoltáica y eólica, entre muchos otros responden a intereses del gran capital trasnacional.
Beas detalla que las afectaciones por las obras del CIIT también son palpables en la zona sur del istmo, en lugares como Salina Cruz donde la población pescadora ya está siendo afectada por la instalación de un enorme rompeolas que modificó la actividad de la cual dependen las familias de la región. Por ello, lamenta que la imposición de un megaproyecto que se centra en la modernización de la infraestructura deja de lado las prioridades de la población local, además de incrementar la violencia, inseguridad y daños ambientales. “Es un proyecto transnacional que está siendo autorizado en México por el gobierno mexicano sin haberse realizado una manifestación de impacto ambiental seria”, denuncia.
Elementos de la Semar realizan acciones de intimidación y amenazas contra los pobladores inconformes con el CIIT.
El integrante de Ucizoni remarca que, previo a la fase actual, las poblaciones identifican la militarización del megaproyecto cuando, a finales del año 2023, se asigna a la Semar como coordinadora de las obras. “Entonces tenemos diferentes casos de criminalización en el Istmo: en Mixtequilla, donde hubo oposición hacia un parque industrial por los manejos de los recursos y los impactos que iba a tener, pues fueron encarceladas 9 personas. También el caso de los vecinos zapotecas de Puente Madera del municipio de San Blas Atempa”, destaca algunos de los conflictos sociales derivadas del CIIT.
A mediados del 2024, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que las tareas de seguridad están respaldadas por una Brigada de Infantería de Marina con 2 mil 512 elementos desplegados en cuatro batallones que cubren 21 unidades destacamentadas. Sólo en la Línea Z del ferrocarril se han desplegado al menos 1,800 militares y elementos de la Guardia Nacional para su resguardo.
Portada: Marcelino Miramón de regreso a Eloxochitlán, después de un año en prisión. Foto: Radio Zapote
Marcelino Miramón, mazateco indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue liberado la madrugada del pasado 20 de abril del 2024 después de pasar 11 meses en prisión.
Marcelino fue detenido el 22 de mayo del 2023, acusado del delito de incendio en la causa penal 16/2016. Su defensa argumentó desde un inicio que no había fundamentos legales para dictar la prisión de Marcelino ya que había precedentes dentro de la misma causa penal que demostraban que el delito de incendio no existía.
Desde ese momento, su esposa, Alejandra, y sus diez hijos e hijas emprendieron la lucha para arrancar la libertad de Marcelino Miramón junto con las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán.
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BOLETIN INFORMATIVO ¡EMERGENCIA EN LA CHONTAL BAJA!
Más de 200 ciudadanos de Guadalupe Victoria, Yautepec, Oaxaca, combaten el fuego en el punto denominado Río masa, mientras las brigadas de COESFO, CONAFOR Y LA GUARDIA NACIONAL, se han retirado del lugar.
Los comuneros alertan que, si el fuego no cesa, pondrá en riesgo el territorio comunal de San Miguel Chongos, San José Chiltepec, Santa María Zapotitlán, incluso San Pedro Huamelula.
Desde el 11 de abril del presente año, autoridades comunitarias de la región chontal, han venido exigiendo al gobierno federal y estatal, su intervención para sofocar el fuego, mientras sus ciudadanos y comuneros, combaten el fuerte incendio con los medios que tienen a su alcance.
El incendio no cesa. Las autoridades de San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria y San José Chiltepec, manifiestan que el fuego se intensifica. Alertan que el incendio ahora amenaza sus tierras entre los puntos denominados “Río masa, “ojo de agua” y “la mezcla”, los trabajos realizados durante los últimos días no han sido suficientes para combatirlos. La lumbre, rebasa las brechas cortafuego que han venido implementando. Las brigadas, enviadas por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Estatal Forestal (COESFO) se han retirado de San Miguel Chongos. Ayer, los elementos de la Guardia Nacional salieron de la comunidad, informaron, mientras el fuego sigue consumiendo el bosque que resguarda una importante biodiversidad del estado.
Las autoridades comunitarias de Guadalupe Victoria informan que más de 200 personas hacen todo el esfuerzo por sofocar el incendio, sin embargo, advierten que, en caso de no controlarlo, el fuego pondrá en riesgo el territorio comunal de otras comunidades aledañas, entre ellas Santa María Zapotitlán y San Pedro Huamelula en la parte baja de la región chontal.
A su paso por San Pedro Sosoltepec, el fuego ha consumido el 90% de sus tierras comunales, casi tres mil hectáreas. Quemó pequeños ranchos, mangueras de agua, importante ecosistema en donde viven diversos animales y plantas endémicas de la región. Los trabajos de siembras de frijol, hortalizas, entre otros, implementados por sus habitantes se echarán a perder por la falta de agua que conducían a través de las mangueras que fueron consumidas por el fuego. Comienza la preocupación colectiva para recuperarse de las afectaciones materiales, ambientales y emocionales que el siniestro les ha dejado.
Afortunadamente, la colaboración solidaria de la población de Santa Lucía Mecaltepec, San José Chiltepec, Santa María Candelaria, San Miguel Suchiltepec, San Matías Petacaltepec y 15 brigadistas enviadas por la CONAFOR a la comunidad de San Pedro Sosoltepec, evito que la población fuera desplazada. El riesgo para esta comunidad ha disminuido significativamente.
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Ante la emergencia que viven las comunidades chontales, por la expansión del fuego en sus territorios, la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y Tequio Jurídico A.C. informan:
Primero: La emergencia por la presencia del fuego continúa. Habitantes de las comunidades de San Pedro Sosoltepec,
Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Candelaria, San Matías Petacaltepec, San Miguel Suchiltepec, San José Chiltepec,
Guadalupe Victoria y San Miguel Chongos, se han organizado para combatir el fuego durante los seis últimos días. La ciudadanía, manifiesta un cansancio y agotamiento. Un promedio de 320 personas mantienen un trabajo intenso para combatir el fuego, en varios puntos.
Segundo: Las brigadas de apoyo, enviadas por el gobierno estatal y federal no son suficientes. Quince brigadistas de la Conafor apoyan en San Pedro Sosoltepec, cuatro hicieron presencia en San Miguel Chongos. Hasta este día, no se cuenta con la ayuda de la Guardia Nacional en el campo; ayer 16 de abril del año 2024, después del medio día, un helicóptero sobrevoló la zona de incendios. El fuego continúa devastando el bosque en los puntos denominados cerro de Laime entre San José Chiltepec, Guadalupe Victoria, San Miguel Chongos y San Pedro Sosoltepec:
https://www.facebook.com/100063573034312/videos/pcb.979549620840797/410367978447680. Otro punto de emergencia se ubica muy cerca de la comunidad de San Pedro Sosoltepec, en el cerro Gobernador.
Tercero: Con el trabajo solidario de las comunidades vecinas, el incendio, ha sido controlado en algunos puntos, sin
embargo, la emergencia continúa en la comunidad de San Pedro Sosoltepec, quienes han sido afectados en la mayor superficie de su territorio. El Agente municipal y el comisariado de bienes comunales, solicitan al gobierno que refuerce el apoyo de las brigadas y garantice atención aérea, ya que en caso de no controlar el fuego, se pondría en riesgo la vida de la población, por ello, no descartan evacuar a la población.
https://www.facebook.com/tequiojuridicoac/videos/1146684226370398.
Cuarto: Los ciudadanos y comuneros que está interviniendo directamente en el combate del fuego, manifiesta cansancio y afectaciones en la garganta y en el sistema respiratorio, debido a la exposición al humo y calor, durante varios días. No cuentan con los equipos adecuados de protección contra incendios, en medio de estas circunstancias, no cesan en los trabajos de combate al fuego. En razón a lo expuesto aquí, insistimos:
Al gobierno federal y estatal: Que a través de sus instancias correspondientes, refuercen las brigadas de apoyo contraincendios y envíen el apoyo aéreo correspondientes, para combatir el fuego en los puntos cerro de Laime, Ojo de agua y cerro gobernador. Además, generen las facilidades para que una brigada médica recurra a la zona para brindar auxilios en la atención de la salud de los ciudadanos. Por toro lado, solicitamos que incorpore desde este momento al programa de restauración ecológica toda la superficie afectada por el incendio e implemente las acciones de reparación del daño.
A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca:, solicitamos su intervención para efectos de monitorear las acciones y omisiones de las autoridades responsables de la atención de la emergencia y documentar
posibles violaciones a los derechos humanos.
A la ciudadanía en general: Pedimos su solidaridad para apoyarnos con víveres, alimentos, agua, materiales para primero auxilios, apoyo económico. Para ello, hemos instalado el centro de acopio en Casa Tequiana, ubicada en Calle Pinos Número 200-1. Esquina Calle Progreso, Col. El pilar San Jacinto Amilpas. Tel: 9515147506. Para ayuda económica pedimos enviarlo a Abel Sánchez Martínez. Banco Azteca, Clabe Interbancaria:1276 1001 3027 7005 17, Número de tarjeta: 4027 6658 3691 8970.
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El incendio en la región Chontal cada vez se aproxima a la población
El incendió que comenzó el pasado viernes (11) en la región indígena Chontal de Oaxaca, al sur de México, persiste. La Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y la organización Tequio Jurídico A.C. alertan, en un comunicado, que el incendio avanza hacia la población de, al menos, ocho comunidades.
Las comunidades vecinas han ido sumando y arriesgando la vida para contener el fuego. “Durante los últimos seis días, los habitantes se han organizado para combatir el fuego, pero el agotamiento es evidente entre los aproximadamente 320 ciudadanos que participan en estas labores”, detallan.
Brigadistas solidarios de las comunidades vecinas
Los brigadistas comunitarios ya presentan problemas respiratorios debido a la exposición prolongada al humo y al calor. A ello se suma la falta de equipos adecuados de protección. A pesar de ello, “continúan comprometidos con la extinción del incendio”, dicen.
Mientras tanto señalan que el apoyo del gobierno es insuficiente. “Solo quince brigadistas de la Conafor (Comisión Nacional Forestal) han sido desplegados en San Pedro Sosoltepec, mientras que únicamente cuatro se han presentado en San Miguel Chongos. La ausencia de la Guardia Nacional en el terreno y la llegada tardía de ayuda aérea plantean desafíos adicionales en el combate contra el fuego, que continúa devastando el bosque en múltiples frentes”, advierten los comuneros.
Se reporta que la comunidad de San Pedro Sosoltepec se mantiene en alto riesgo de evacuación. En esta comunidad “la situación es especialmente grave; las autoridades locales han solicitado al gobierno refuerzos en las brigadas y atención médica aérea, advirtiendo sobre la posibilidad de evacuación si la situación empeora”, se resalta en el comunicado.
Los brigadistas trabajan día y noche, están agotados y ya presentan problemas respiratorios
Las comunidades Chontales continúan exigiendo a los gobiernos federal y estatal su intervención, con más brigadas contraincendios, proveer apoyo aéreo adicional y garantizar atención médica para los ciudadanos afectados.
Ante la falta de respuesta inmediata, los pobladores de esta zona de riesgo piden a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, “intervenir para monitorear las acciones de las autoridades y documentar posibles violaciones a los derechos humanos”.
A la ciudadanía en general solicitan la solidaridad a través de la donación de víveres, alimentos, agua, materiales de primeros auxilios y apoyo económico. Para ello se ha establecido un centro de acopio en la llamada Casa Tequiana, ubicada en Calle Pinos Número 200-1, Esquina Calle Progreso, Col. El Pilar San Jacinto Amilpas, Oaxaca.
También han puesto a disposición una cuenta bancaria para apoyar económicamente, a nombre de Abel Sánchez Martínez, en Banco Azteca, con la Clabe Interbancaria: 1276 1001 3027 7005 17, y el número de tarjeta: 4027 6658 3691 8970.
La solidaridad y el apoyo son esenciales en momentos de crisis como este. La comunidad Chontal de Oaxaca necesita de todo el respaldo posible para superar esta emergencia y reconstruir sus vidas.
