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Este 12 de mayo, la comunidad de San Isidro los Laureles fue desalojada con violencia del predio que recuperaron el pasado 20 de diciembre. El desalojo se llevó a cabo por la policía junto con guardias blancas, que llegaron a las seis de la mañana a bordo de 40 carros, camionetas y tres camiones de la policía sectorial. Los agresores quemaron las pertenencias de los campesinos.

[podcast]https://radiozapatista.org/Audios/desalojoSanIsidroLaureles12may2016.mp3[/podcast]

Se trata de 60 familias, pertenecientes a la organización Semilla Digna, integrantes del Consejo Nacional Indígena y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En una denuncia en audio (escucha arriba), los campesinos se dicen preocupados por la integridad de las familias, por sus pertenencias y por sus cosechas.

Las 200 hectáreas de tierras recuperadas en diciembre de 2015 pertenecieron a sus antepasados, y en ellas muchos de sus abuelos y abuelas trabajaron en el corte de caña desde mediados del siglo pasado. Para saber más sobre San Isidro los Laureles y la recuperación de las tierras, escucha nuestro reportaje: La lucha por la tierra de San Isidro los Laureles.

Abajo, la denuncia escrita de San Isidro los Laureles:

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[:es]AL GOBIERNO FEDERAL MEXICANO
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÄN
A LA PGR
A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL EDO DE YUCATAN
A LA CNDH
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y LIBRES

Por este medio como trabajadores y trabajadoras de las ciencias sociales nos unimos a las voces nacionales e internacionales que han manifestado su indignación y repudio por el operativo realizado el día 3 de mayo de 2016 por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado de Yucatán para desalojar a una familia de su hogar en la comisaría de Chablekal a través del uso excesivo de la fuerza pública, incluyendo allanamiento violento y uso de gases lacrimógenos. Así como efectuando detenciones ilegales. Todo ello violatorio de los derechos humanos de los y las pobladoras de esa localidad. También condenamos las agresiones físicas y la detención arbitraria de los defensores(as) de los derechos humanos, Martha Capetillo Pasos y Jorge Fernández Mendiburu, miembros de Indignación,
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

A los y las agredidas, a la Unión de Pobladoras y Pobladores del Pueblo de Chablekal por el Derecho a la Tenencia de la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales, al Equipo Indignación A.C., y a las y los miembros del Congreso Nacional Indígena, les decimos que no están solos y que quedamos vigilantes y al pendiente de sus comunicaciones.

Exigimos:

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[:es]EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL.
JUNTAS DE BUEN GOBIERNO
BASES DE APOYO ZAPATISTAS
SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA RED CONTRA LA REPRESION Y LA SOLIDARIDAD

REPRESION Y DESPOJO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y JEFATURA DELEGACIONAL EN CUAUHTEMOC.

Los días 31 de marzo por la noche y madrugada del 1o. de abril del 2016, llegaron al EJE UNO NORTE/TEPITO, 500 granaderos y con ellos un equipo de asalto portando metralletas, despojándonos a 120 familias comerciantes de nuestra fuente de trabajo. El operativo se ejecutó en las estaciones del metro Garibaldi-Lagunilla, Lagunilla y Tepito, cercando con entarimados diez metros a la redonda en acera sur, y en lado norte más de 20 metros. Cuando nos sentamos en nuestros espacios de trabajo para impedir pacíficamente la infamia de que estábamos siendo objeto, los granaderos nos obligaron a levantar golpeando con los escudos y amenazando los funcionarios JOSE FRANCISCO ACEVEDO GARCIA, SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS DELEGACIONALES y HORACIO ROBLES OJEDA, DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO que comandaban el operativo. Metieron maquinaria roto-martillo para levantar el concreto, cortando una parte de los techos del corredor comercial.

Por la resistencia a la represión, desprecio y despojo de que fuimos objeto, se estableció una MESA DE TRABAJO con el gobierno capitalino. Se informó que el operativo continuaría de abril a agosto porque se pretende tener una zona comercial sustentable, segura con movilidad y moderna. Mediante un procedimiento burocrático se promete reubicación en lugares cercanos.

Nosotros les manifestamos a los funcionarios que continuaríamos con la resistencia civil y pacífica para lograr se respete nuestro derecho al trabajo digno como lo hemos hechos durante años, desde nuestro abuelos. No aceptamos la imposición porque se deja sin sustento a más de 500 NIÑAS, NIÑOS, JOVENES Y ANCIANOS QUE DEPENDE DE CADA LUGAR DE TRABAJO.

Marcelo Ebrard intento en 2007 , despojarnos y desalojar a más de 20 mil familias del barrio, con la intención de dejarlo a los grandes emporios financieros y comerciales como Wal-Mart, Mitsubishi, Palacio de Hierro, Martí, HSBC.., y demás. Pero la resistencia del barrio lo venció. Hacemos responsable de cualquier agresión al gobierno capitalino, ante la decisión de los comerciantes de organizarnos de manera autónoma e independiente.

ATENTAMENTE .

COMERCIANTES DEL EJE UNO NORTE
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[:es]Vemos las casas derribadas. Los árboles talados. Duele. Duele que los hogares se destruyan; el esfuerzo por levantar muros y techos; donde se hacían las reuniones con la familia y las amistades; donde las risas y el llanto, donde se descansa, donde se duerme y su sueña; los árboles por donde se jugueteaba, se caminaba, se pensaba. Vemos también la rabia. La rabia digna que muy bien ha nombrado el zapatismo; la injusticia, que lejos de arrodillarnos, nos llama a organizarnos; los rostros burlones de trajeados, de policías y granaderos que, como bestias carroñeras, roban, recogen las sobras entre los escombros; que lejos de atemorizar, llaman a la resistencia.

No importó que el 11 de febrero el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México halla concedido la suspensión de la construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan a favor de nuestras compañeras y nuestros compañeros de San Francisco Xochicuautla. No importó. Tampoco oímos los aullidos de los Ciros Gómez Leyva o de otros merolicos de los medios de paga, pidiendo que se aplique la ley mientras las maquinarias destruían los hogares de los indígenas de Xochicuautla. No los escuchamos. Sumemos las mediocres actuaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de la Representación de las Naciones Unidas. La razón la sabemos: la ley y la justicia son unos simples accesorios para quien puede pagarlas.

A la población no se le consulta, sino se le somete a los intereses, ya no digamos del “Estado”, sino de los grandes consorcios empresariales. Ahí está Grupo Higa y sus filiales que se han caracterizado por sus corruptelas y por depredar México. Sí, Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, de quien los llamados “Papeles de Panamá” nombra “el contratista favorito” del gobierno de México. Hinojosa Cantú ha alquilado los granaderos de Eruviel Ávila para realizar su jugoso proyecto carretero. ¿Y el Amparo? ¡Bah!

No es poco lo que enfrenta Xochicuautla. Es la agresión de un monstruo, es verdad, una Hidra, con tantas cabezas podamos imaginar, feroz, mortífera, que nos ataca cotidianamente y que hoy clava una de sus garras en territorio otomí: la Hidra Capitalista de la que nos alertan desde las montañas del Sureste mexicano. De ahí que, como Brújula Roja, mostramos nuestra solidaridad ante esta agresión, porque también combatimos a esa bestia; porque Xochicuahtla, pese a este golpe, no se ha rendido, porque su lucha, lo sabemos, es por la vida.

Brújula Roja

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La tarde del 15 de agosto el Gobierno del Distrito Federal clausuró de manera autoritaria el Multiforo Alicia; un espacio que ha significado para much@s jóvenes un punto de encuentro para diversas expresiones políticas, artíticas y culturales. En el Alicia se han dado cita grupos de música, presentaciones de libros y revistas, performance, proyección de documentales, actividades solidarias e informativas sobre l@s pres@s polític@s,  por mencionar algunos ejemplos.

Su cierre representa un caso más en la imposición de un modelo económico, social y político que por medio de la fuerza, la impunidad y la corrupción pretende hacer de la cultura una mercancía. Por ello no nos sorprende la alevosía con la que actúan, de fingir diálogo por un lado, mientras se prepara el terreno de la represión por el otro. Queda claro que las instituciones como interlocutores no sólo son inútiles, sino que no se puede confiar en ellas, simple y sencillamente porque carecen de ética y dignidad para cumplir con lo acordado. En suma, ese camino está vacío.

A la juventud en el sistema capitalista se le desprecia, persigue, encarcela, asesina y desaparece; por ello, espacios como el Alicia se vuelven necesarios como un pretexto para seguir construyendo alternativas a las grandes coorporaciones que mercantilizan la música, el arte y la cultura. El Alicia ha demostrado que existe una vasta propuesta social en esas materias.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
05 de marzo de 2015

Boletín de prensa No. 05

• Ineficiencia en la impartición de justicia motiva impunidad y violencia tolerada
• Desplazados, en su mayoría menores y mujeres, afrontan precarias condiciones alimentarias y de sanidad
• Autoridades de Yashtinin continúan con amenazas de agresión y muerte a familias desplazas de El Bosque

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información sobre el desplazamiento forzado de 300 personas, indígenas tseltales de la comunidad El Bosque, municipio de San Cristóbal de Las Casas. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de febrero cuando un grupo de personas de la comunidad de Yashtinin, del mismo municipio, amenazaron de muerte y con quemar las viviendas de las familias hoy desplazadas en una de las montañas de la región.

Testimonios refieren que el pasado 18 de febrero de 2014, habitantes de la comunidad El Bosque detuvieron a Aurelio Pech Palé y Julio Pech Muñoz, originarios de Yashtinin, quienes habían talado una hectárea de árboles de manera ilegal en terrenos de la comunidad El Bosque. Por este hecho, estas dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Zona Altos bajo la Averiguación Previa No. 64/AL54-T1/2015 por el delito de Ecocidio, y en su declaración manifestaron que habían talado la madera por órdenes del señor Santiago Ramiro Moshan Álvarez, Comisariado ejidal de Yashtinin.

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La brutal agresión del domingo 8 de febrero en contra de integrantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular (Cuep) que se encontraban en la acampada del Zócalo de la Ciudad simplemente para impartir cursos de preparación para el examen de admisión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) refleja un aumento en la brutalidad policíaca en Puebla, no sólo por la intensidad de los golpes y la gravedad de las lesiones que sufrieron los estudiantes, la agudización de la violencia se ve en un conjunto de elementos estratégicos que hacen que el desalojo y la agresión se asemejen más a una acción violenta de un comando del crimen organizado que a un operativo de seguridad, es decir que la policía cada vez tiende a actuar más como un grupo de sicarios que como una fuerza de seguridad.

Es alarmante que después de lo que se hizo brutalmente evidente en Iguala con la desaparición de los 43 estudiantes del a Normal Rural de Ayotzinapa, con esa herida aún sangrando, los gobiernos y los cuerpos de policía de otros lugares no replanteen sus estrategias y actitudes para enfrentar el creciente y legítimo descontento social, para ver  la necesidad de que los espacios públicos sean espacios de encuentro, expresión y debate, pareciera que más bien retomaron el ejemplo de la pareja Abarca y de aquella sangrienta noche de septiembre para convertirlo en un paradigma de la relación entre el gobierno y los ciudadanos, en particular los jóvenes y estudiantes, en una forma de imponer una especie de “orden” ornamental.

Es alarmante que en el desalojo los agresores no portaran uniforme ni algún distintivo visible que los acreditara como elementos de alguna corporación policíaca; que la policía poblana en lugar de mantener la seguridad del Zócalo permitiera que un numeroso grupo de choque armado con varillas, machetes y tubos pudiera golpear impunemente a quienes se encontraban en el Zócalo de manera pacífica.  Es terrible que frente al palacio de gobierno de Puebla el grupo de choque pudiera secuestrar a ocho jóvenes, torturarlos para después dejarlos en las afueras de la ciudad. Es trágico que lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa se utilice como ejemplo para generar terror en los jóvenes, para torturarlos. No es sorprendente, pero sí muy preocupante, que el gobierno Municipal de Antonio Gali y el estatal de Rafael Moreno Valle no sólo no haya impedido la agresión (si es que no la ordenaron), sino que en lugar de condenar los hechos de violencia contra los estudiantes e iniciar una ágil investigación de los hechos mantengan un silencio sepulcral.  Es triste que la BUAP no apoye las acciones de estudiantes que trabajan voluntariamente para apoyar a otros jóvenes que buscan tener una formación universitaria y se limite a emitir un comunicado ambiguo ante la agresión a sus alumnos.

Después de Chalchiuapan, de la muerte de José Luis Alberto Tlahuitle y los lesionados de aquel brutal episodio; después de Iguala, de los jóvenes muertos y de los 43 aún desaparecidos; después de toda la violencia que se vive y crece en el país, en Puebla las estrategias de seguridad pública empiezan a parecerse a las estrategias de terror de los cárteles del narcotráfico.

Desde el Nodo de Derechos Humanos exigimos que las autoridades estatales y municipales expliquen su relación con el grupo de choque y que tomen acciones claras y contundentes para evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir.

Nodo de Derechos Humanos

www.nodho.org
comunicación@nodho.org
Tw: @nodho
Fb: Nodo De Derechos Humanos

Poblado “PRIMERO DE AGOSTO”, Las Margaritas, Chiapas; a 29 de Diciembre de 2014.

Durante la madrugada del 7 de enero de este año compañeras y compañeros del Chanti Ollin fueron agredidos en su domicilio, centro de trabajo y de organización por un grupo de choque y por el Cuerpo de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Con gases lacrimógenos, toletes y escudos, el “democrático” gobierno perredista, encabezado por Miguel Ángel Mancera, demostró nuevamente como gobierna la “izquierda” electoral: utilizando grupos de choque; golpeando niños, niñas, mujeres, jóvenes; permitiendo la impunidad de policías –que actúan más como pandillas violentas de ladrones –  al robar bienes materiales y económicos durante sus “servicios”. Nuestras compañeras y nuestros compañeros de Chanti Ollin, que trabajan y construyen mundo en colectivo, fueron violentados, vejados, y sus recursos económicos, producto del trabajo común, se han convertido en el botín de los granaderos.

No hubo orden judicial alguna que avalara este acto represivo. La respuesta que recibieron en su domicilio fue: “la orden es partirles su madre”. Ni dentro de su legalidad ya son capaces de actuar. Fueron detenidos, a decir verdad, fueron secuestrados durante varias horas Esperanza Ortega Elvis, Alejandro López Miranda, César García Soto, Edgar López Ramírez, Fidel López Ramírez, Irving Trejo, Jonathan Méndez y N Gómez Ramos.

Gracias a la solidaridad de organizaciones, colectivos, grupos e individuos se ha ganado la libertad de todos ellos y se ha recuperado su espacio colectivo, instalándose un plantón para resguardar el inmueble.

Durante la noche del mismo miércoles 7, cuando un contingente del plantón se dirigía al Ministerio Público de la delegación Cuauhtémoc, la Demarcación Territorial 2, lugar donde se encontraban secuestrados nuestros compañeros, fueron agredidos y golpeados por cerca de 300 elementos de la policía del Distrito Federal.

La Red contra la Represión y por la Solidaridad condena estos actos represivos, producto de la ambición inmobiliaria, seguramente, de la que funcionarios del Gobierno del Distrito Federal se verán beneficiados; condena este intento de despojo, esta agresión contra la organización de abajo, que construye alternativas ante la fragmentación social, ante una ciudad que cada día excluye más a sus habitantes y propone nuevas formas colectivas de convivencia y sustento económico. Señalamos como responsables de estas agresiones contra Chanti Ollin a Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a Hiram Almeida Estrada, jefe del grupo violento y delincuencial que lleva el nombre de Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

¡Alto a las agresiones en contra de espacios autogestivos!
¡Sí a la ciudad de México que construye la gente de abajo y trabajadora!

Contra el despojo y la represión:
¡la Solidaridad!

Red contra la Represión y por la Solidaridad
(RvsR)

Esta mañana, 7 de enero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México desalojaron, con uso de violencia y sin orden de desalojo, el predio ocupado por el proyecto cultural Chanti Ollin. Alrededor de las 6:30 am un operativo de policías capitalinos, compuesto de varias patrullas y helicópteros, entró al inmueble, detuvo a algunas personas que vivían ahí y comenzó a lanzar por las ventanas pertenencias, muebles y objetos de trabajo.

Escucha la conferencia de prensa a las afueras del Chanti Ollin.

Hay varios heridos y se reportan 10 detenidos, aunque la lista de nombres por ahora se limita la siguiente:

Esta mañana, 7 de enero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México desalojaron, con uso de violencia y sin orden de desalojo, el predio ocupado por el proyecto cultural Chanti Ollin. Alrededor de las 6:30 am un operativo de policías capitalinos, compuesto de varias patrullas y helicópteros, entró al inmueble, detuvo a algunas personas que vivían ahí y comenzó a lanzar por las ventanas pertenencias, muebles y objetos de trabajo.

Escucha la conferencia de prensa a las afueras del Chanti Ollin.

Hay varios heridos y se reportan 10 detenidos, aunque la lista de nombres por ahora se limita la siguiente:

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