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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
21 de abril de 2023

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Frente a la violencia desbordada en San Cristóbal de Las Casas, expresamos nuestra preocupación y exigimos que se garantice el derecho a la Paz, Garantías y respeto a la vida, integridad y seguridad de la población en riesgo inminente.

Quienes firmamos este pronunciamiento expresamos nuestra profunda preocupación por el incremento y excesiva violencia de grupos armados en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, con una población de más de 200,000 habitantes, quienes actúan con la aquiescencia, tolerancia y protección de funcionarios Estatales, afectando a la población en general. Exigimos se cumpla la obligación del Estado mexicano de proteger el derecho de los pueblos a la paz.

El día 17 de abril de 2023, alrededor de las 11:40 horas, la violencia en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, aumentó tras el asesinato de Jerónimo Ruiz, uno de los lideres de la organización conocida como la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH). Durante más de ocho horas, personas con armas de alto calibre detonaron ráfagas de disparos en varios puntos de la ciudad, quemaron al menos tres casas y asesinaron a otras dos personas, además de que se difundieron diversas amenazas y rumores en redes sociales. El clima de violencia provocó terror entre la población, lo cual llevó a que la tarde de ese día y el día siguiente escuelas de todos los niveles suspendieran clases, diversos comercios cerraron tras los hechos, y un alto porcentaje de habitantes se resguardaron en sus domicilios.

El propio Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, se refirió públicamente al escalamiento de violencia, con un mensaje discriminatorio en contra de personas indígenas y jóvenes de las periferias a quienes responsabilizó de la violencia, con ello promueve la estigmatización y criminalización hacia estas personas y comunidades, y legitima la violencia en su contra.[1]

A pesar de las constantes interpelaciones al Estado mexicano por la actual crisis de violencia en Chiapas, no ha habido una respuesta efectiva. Por el contrario existen diversas señales de colusión, minimización, o inacción, que incrementan el riesgo e indefensión para las víctimas y la sociedad en general, particularmente en niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas.

Es patente que la estrategia de seguridad implementada por el Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno no ha resuelto la problemática sino que ha generado una espiral de mayor violencia, por lo que es necesario generar alternativas desde la sociedad con una mirada de construcción de paz duradera.

Contexto

En la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas han proliferado organizaciones clientelares que administran de manera irregular mercados, transporte público, venta de tierras ocupadas y otras actividades económicas lícitas e ilícitas. Durante los últimos años ha sido evidente el vínculo de algunas de estas organizaciones con funcionarios Estatales y la delincuencia organizada, puesto que se encargan de controlar en diversos mercados el tráfico y venta de drogas, de armas de alto calibre, la trata de personas, la explotación de madera y materiales pétreos, robo de autos, pornografía, etc. Durante los últimos años estas organizaciones han utilizado armas de alto calibre para imponerse aumentando la violencia y la colusión entre empresas, crimen organizado y políticos.

Este fenómeno se enmarca en una conocida disputa actual entre carteles de la droga en el territorio de Chiapas, elevando el riesgo para los habitantes y las personas defensoras de derechos humanos en la región.

Es evidente que en el caso de San Cristóbal de Las Casas poderes fácticos utilizan a grupos criminales que, a través de acciones de terror, buscan controlar a la población y el territorio estratégico para las economías legales e ilegales de la delincuencia organizada.

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El día de ayer, 17 de abril de 2023, grupos armados se enfrentaron durante más de ocho horas en San Cristóbal de Las Casas, tras el asesinato de Gerónimo Ruiz, uno de los líderes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), que controlaba a los artesanos del mercado de Santo Domingo, y primo de Narciso Ruiz, quien controla el resto de los mercados de la ciudad, donde es sabido que se comercia con drogas, armas y “etnopornografía”.

Alrededor de las 11 am, al subir a su auto en las afueras de su casa en la zona norte de la ciudad, dos individuos en motocicleta realizaron varios disparos, que resultaron en su muerte. Casi inmediatamente, probables miembros de la Almetrach se concentraron para buscar a los asesinos y vengar la muerte de su líder, recorriendo las colonias de la zona norte en camionetas y motocicletas. Durante casi diez horas, la zona norte se vio inmersa en tiroteos con armas de grueso calibre, documentados por diversos testigos, que subieron los videos a las redes sociales, en los que perecieron por lo menos dos personas. También se reportaron vehículos y casas quemadas. Alrededor del Mercado Tiellemans, también se registraron balaceras, lo que causó el pánico en las calles del centro de la ciudad. La mayoría de los comercios cerró sus puertas, las escuelas cancelaron clases, y la población se encerró en sus casas.

A pesar de que el presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, aseguró que la Guardia Nacional, Ejército y Policía Municipal tomarían el control de la situación, las fuerzas de seguridad del Estado brillaron por su ausencia durante casi ocho horas.

Numerosas son las denuncias que vinculan al alcalde de San Cristóbal al crimen organizado. Desde hace ya unos tres años, el estado de Chiapas ha visto un incremento dramático de la violencia por grupos de la delincuencia organizada, con la patente complicidad de diversos funcionarios de gobierno.

Alrededor de las 10 pm, personal de la 31 Zona Militar, Guardia Nacional y Policía finalmente arribaron a la zona del conflicto y los grupos armados se replegaron.

La ciudad amaneció en un ambiente de tensa calma el día de hoy, con elementos del Ejército y Guardia Nacional custodiando la zona de conflicto.

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EUSTACIO ALCALÁ DÍAZ, OTRO ASESINADO MÁS VÍCTIMA DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO

06 de abril de 2023

Secuestrado el 01 de abril del presente cuando transportaba a 3 monjas provenientes de Aquila hacia su comunidad, Eustacio Alcalá Díaz, representante legal y férreo defensor de su territorio, de Huizontla, Municipio de Chinicuila, en el Estado de Michoacán, fue encontrado sin vida este 4 de abril. La Comunidad indígena nahua decidió en Asamblea emprender acciones legales en defensa de su territorio en contra de la explotación minera desde 2018.

El 21 de enero de 2022 la Comunidad nahua ganó un amparo promovido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que reconoce la violación a los derechos colectivos de San Juan Huizontla y declara la suspensión de los títulos de concesión minera a las empresas ArcelorMittal y Ternium.

Precisamente el 15 de enero de 2023 el líder comunal Antonio Díaz y el abogado Rafael Lagunes, quienes habían denunciado una posible “explosión de violencia por enfrentamiento entre comuneros y derramamiento de sangre” responsabilizando a la empresa Ternium de “meter las manos para dividir a la comunidad y sacar tajada”; desaparecieron en Aquila Michoacán después de estar en una Asamblea Comunal y hasta la fecha no se ha dado con su paradero.

No es ninguna casualidad que estas empresas mineras, como la mayoría, a lo largo y ancho del país estén siguiendo la misma estrategia de violencia contra las y los defensores del territorio que se oponen a sus proyectos de muerte, pues este es el modus operandi del modelo extractivo minero a nivel mundial que nos han impuesto para sembrar proyectos que a todas luces violentan los derechos de los pueblos, mientras los gobiernos en turno deliberadamente cierran los ojos dando un claro mensaje a las empresas de que tienen el permiso de delinquir, devastar y saquear con total impunidad.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos totalmente el asesinato del compañero Eustacio Alcalá, nos solidarizamos con la familia y la Comunidad de Huizontla, y exigimos a los tres órdenes de gobierno se investiguen los hechos y se castiguen a los responsables, así como un alto total a la violencia en contra de las y los defensores del territorio.

¡ALTO TOTAL A LA ACTIVIDAD MINERA EN NUESTRO PAÍS!

¡YA BASTA DE ASESINATOS Y DESAPARICIONES POR PARTE DE EMPRESAS MINERAS Y LA INACCIÓN DEL GOBIERNO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
inforema.mexico@gmail.com, www.remamx.org
Twitter: @MXREMA, Facebook: REMAMX

Fuente foto de portada: Saboteamos

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Texto y fotos: Heriberto Paredes | Pie de Página

Después de ser reportado como desaparecido, este martes se encontró el cuerpo de Eustacio Alcalá, defensor del territorio de la sierra costa michoacana. Sin pruebas, funcionarios del gobierno de Michoacán adelantan que el defensor era integrante de una organización criminal, una afirmación desmentida por la comunidad.

MICHOACÁN. – El cuerpo sin vida de don Eustacio Alcalá, de 66 años, defensor del territorio, fue encontrado hoy en las cercanías del camino que conduce a la comunidad de San Juan Huizontla, en el municipio de Chinicuila. Desde el pasado 1 de abril se reportó su desaparición tras ser comisionado para trasladar a 3 misioneras que se dirigían a la comunidad nahua a desarrollar tareas de evangelización.

Según los propios testimonios de las misioneras, sujetos armados interceptaron el vehículo en donde viajaban y se llevaron a don Eustacio. Poco después, elementos de la Guardia Nacional localizaron a las mujeres y la camioneta en donde viajaban inicialmente, sin embargo se negaron a buscar al defensor a menos de que tuviesen una denuncia ante un Ministerio Público.

Algunos habitantes de esta comunidad afirmaron que la Guardia Nacional estaba presente cuando se escucharon disparos en las cercanías de este camino, más o menos a 500 metros de donde ocurrieron los hechos y –a partir de lo dicho por testigos– “en lugar de ir a perseguir a los malandros se fueron a la comunidad”.

Sin un comunicado oficial, José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, declaró que uno de los posibles móviles del asesinato es “el parentesco con un miembro de la delincuencia organizada”. No hay indicio de que esto sea cierto, tanto en la comunidad como en la región, don Tacho, como se le conocía cariñosamente, era una persona muy participativa en Huizontla. Su familia y allegados no son miembros de ninguna organización criminal.

Las declaraciones del funcionario sólo afectan la imagen de don Tacho y no abonan a la seguridad en la comunidad. Se trataba de una persona querida y respetada en Huizontla y en toda la región por sus esfuerzos para lograr el bienestar de las personas.

El defensor ganó un amparo contra minera

Don Tacho fue miembro del Consejo Ciudadano de Chinicuila, una experiencia organizativa que veló por el cumplimiento de las tareas y compromisos de los gobiernos municipales y de las autoridades estatales. En el contexto de la lucha en contra de la organización criminal de los Caballeros Templarios, participó junto con muchas personas de la comunidad y de la región en los grupos de policía comunitaria que defendieron a la población y los recursos naturales que peligraban en ser explotados por la violencia organizada.

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Por Isaín Mandujano | Chiapas Paralelo

Obispos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas alertaron hoy del aumento de la narcoviolencia en Chiapas y la descomposición social que se vive en al menos 28 municipios del estado.

Ante ello, pidieron la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales para frenar también la persecución y las amenazas en contra la población civil ajena esta lucha por el territorio, pero sobre todo, demandaron que se cese la persecución contra defensores de derechos humanos.

En una conferencia de prensa, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, el obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro y su equipo pastoral de esta Diócesis, señalaron hoy que “se ha escuchado fuertemente como un grito en el desierto la situación de violencia estructural e institucionalizada con la presencia del crimen organizado, la proliferación de grupos armados, algunos haciendo la tarea de grupos de choque en Chiapas”.

Indicaron que “la disputa del territorio en Chiapas va deteriorando cada día más el tejido social, la explotación desmedida de los bienes naturales -como la reactivación de extracción minera; venta ilegal de madera, material pétreo y la gasolina-, la manipulación y el despojo de la dignidad de los pueblos originarios.

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Desde el sexenio de Felipe Calderón, México inició un camino de violencia y disputa territorial que se ha venido recrudeciendo y que ha llegado a niveles alarmantes, haciendo del país la nación más peligrosa para la defensa del territorio y para el periodismo en el mundo. A esto se le suma la crisis global provocada por la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania y sus terribles consecuencias para la economía mundial y la seguridad alimentaria, provocando nuevas formas de violencia.

Ante esto, la Plataforma para la Construcción de Paz en México organizó el Foro Internacional por la Construcción de Paz en México, que se llevó a cabo el 25 de octubre de 2022 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (ve el programa y l@s participantes aquí).

Las reflexiones propuestas en este foro son una contribución importante para sentipensar la espiral de violencia en la que nos encontramos y vislumbrar caminos posibles hacia la construcción de la paz.

Mesa 1 – Claves para la construcción de paz: una reflexión global

Para poder construir la paz, es necesario primero reflexionar sobre lo que significa la violencia desde enfoques locales hasta globales. Las mesas 1 y 2 incursionan en dichas reflexiones. Marta Ruiz, desde su experiencia como ex comisionada de la Comisión de la Verdad en Colombia, hace un recuento de los procesos de violencia en ese país. Así como la much@s de l@s ponentes, critica la participación del Estado en la reproducción de la violencia. Ante el argumento de que la violencia se reproduce gracias a la ausencia del Estado, ella afirma que, al contrario, la violencia se recrudece justamente cuando hay presencia del Estado, en su íntima relación con el crimen organizado y el paramilitarismo. Asimismo, identifica a la política de la “guerra contra las drogas” como un gran error histórico, que deja de lado una compreensión mucho más amplia de los factores sistémicos de dicha violencia y que conduce a la militarización y a la multiplicación de las violencias.

Luis Jorge Garay, académico y consultor internacional, también desde la experiencia colombiana, habló del cambio radical del crimen organizado en ese país desde la época de Pablo Escobar al presente, con la diversificación de las áreas de actuación y el papel de los cárteles transnacionales de origen mexicano ahora como distribuidores internacionales de la droga. Pero entender la violencia de los diferentes agentes del conflicto colombiano implica entender lo que él llama “institucionalidad extractivista”, la reproducción de la ilegalidad como una tradición nacional, en la que las élites se aprovechan de la violencia, intimidación y cooptación para apropiarse de los recursos nacionales.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, con participación en línea, apuntó hacia la lucha organizada de los pueblos como la única salida para la violencia. Nuevamente, criticó la asociación entre violencia y seguridad, que conduce a la militarización y al control por parte de las fuerzas del Estado y deja de lado los ejes fundamentales de justicia restaurativa, salud, educación, vivienda digna, trabajo, unidad en la diversidad, etc.

Mesa 2 – Seguridad, justicia y territorio. ¿Cómo detener la violencia?

¿Cómo entender la violencia y el Estado? ¿Es posible la política sin violencia? Según Max Weber, el Estado mantiene (o debe mantener) el monopolio de la violencia. Sin embargo, en América Latina sabemos lo que eso significa: violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y el ejército, el uso de dichas fuerzas para beneficio de los intereses de las élites dominantes y la íntima relación entre el Estado y el crimen organizado. La violencia, dijo Jenny Pierce, del London School of Economics en el Reino Unido, es rentable para el Estado, y la política del “enemigo interno” sirve para esos fines. El resultado es la violencia crónica que padecemos: guerra, narco, feminicidios, migración, violencia obstétrica por discriminación y la terrible mortandad de los hombres jóvenes pobres en Latinoamérica. Como caminos posibles hacia la construcción de la paz, sugiere lo que llama la “ilustración emocional”, a diferencia de la “ilustración racional” del Iluminismo; o, como dicen los pueblos mayas en Chiapas, el corazonar o el sentipensar. Al mismo tiempo, repensar la seguridad como una propuesta comunitaria: la seguridad humana, y no la seguridad del Estado.

Guillermo Trejo, de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, habló de la “zona gris de la criminalidad”, o sea, la intersección entre el Estado y la criminalidad. Una intersección que, explicó, se construyó en los 1970 con la guerra sucia en México. La guerra contra el narco iniciada en 2006 por Felipe Calderón multiplicó los cárteles y la violencia (de 5 cárteles pasamos a más de 200), al decapitar a las organizaciones criminales, que como resultado se dividieron en muchas facciones. Por otro lado, la zona gris se amplió muy considerablemente, llevando a una “guerra de todos contra todos”, un crecimiento de las economías ilícitas, que trafican con los recursos humanos y naturales, una feroz competencia por la gobernanza criminal, con violencia generalizada contra autoridades y candidatos locales, y violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y pequeños empresarios. Para hacer frente a esto, es necesario, como primer paso, identificar los actores y las estructuras criminales.

Como ilustración de lo que es posible hacer desde la sociedad organizada para enfrentar la violencia, Francisco Huaroco Tomás relató la experiencia de lucha y organización de Cherán K’eri en Michoacán, donde en 2011, a partir de un movimiento de mujeres para enfrentar a la delincuencia, decidieron expulsar a los partidos políticos y conformar la ronda comunitaria, un modelo de seguridad proveniente de los antepasados, enfocado en la autonomía y el autogobierno. Por otro lado, en 2015 se inició un proceso de prevención del narcomenudeo, trabajando con jóvenes en las escuelas.

Mesa 3 – Prácticas restaurativas, diálogo y reconstgrucción del tejido social

En el camino de prácticas restaurativas, diálogo y reconstrucción del tejido social, Lenin Torres relató la experiencia de CIAS por la paz (Centro de Investigación y Acción Social), fundado en 2015, y que ha trabajado en los municipios de Tancítaro, Cherán y Tangacícuaro en Michoacán; Parras, Coahuila; Huatusco, Veracruz; Celaya y Guanajuato capital en Guanajuato; y, Chalco en el Estado de México. Lina Ibáñez por su vez relató la iniciativa “Diálogos improbables” en Colombia, que se ha propuesto establecer diálogos con todas las fuerzas participantes en espacios en conflicto. Y Abel Barrera, del centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, relató la experiencia de la policía comunitaria de guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), que ha logrado frenar la explotación minera en partes del territorio guerrerense.

Mesa 4 – La dimensión cultural y espiritual de la construcción de paz

En la última mesa, se conjuntaron educación, espiritualidad y periodismo, como elementos fundamentales para la transformación de los mecanismos que justifican y respaldan el ejercicio de la violencia en la sociedad. Pietro Ameglio, activista y luchador social, enfatizó la necesidad de reflexionar (no sólo describir, sino analizar) como requisito para la acción. Nuevamente, criticó la asociación paz y seguridad, en vez de pensar la paz como justicia verdadera y dignidad. El Estado, explicó, necesita cuerpos aterrorizados incapaces de pensar. Nuestra tarea, al contrario, es de pasar del terror al miedo; el miedo siendo una herramienta que nos ayuda a sobrevivir y que, a diferencia del terror, no inmoviliza, sino que nos impulsa a actuar.

Marcela Turati habló de los grandes desafíos que enfrenta el periodismo en el país más peligroso para ejercer dicho oficio en el mundo, las carencias materiales y la inseguridad. Ante ese panorama, relató las muchas iniciativas vinculadas a la Red de Periodistas de a Pie, integrada en su mayoría por mujeres periodistas. Periodismo de investigación sobre las masacres de migrantes; historias de búsqueda de desaparecid@s; el proyecto Entre las cenizas: historias de vida en tiempos de muerte, que buscó rescatar historias de lucha y resistencia en medio de la mortandad de la guerra contra el narco; talleres sobre cómo cubrir el dolor (y cómo manejar el propio dolor), y la convocatoria Periodismo desde lo posible: historias desde los territorios.

Finalmente, Monseñor Rodrigo Aguilar, actual obispo de San Cristóbal de Las Casas, habló sobre la espiritualidad desde la visión cristiana.

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Comitán, Chiapas. 5 de julio. Habitantes de la ciudad de Comitán y comunidades vecinas, organizaciones civiles, así como integrantes de diferentes confesiones de fe, acudieron este martes a la peregrinación por la Paz y la Justicia, convocada por el Pueblo Creyente de la zona sureste. Dentro de sus peticiones están: el cese a la violencia, el respeto a los derechos humanos y justicia para los pueblos y comunidades que están viviendo el desplazamiento forzado.

La actividad comentaron los organizadores, fue convocada a nivel estatal por el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, para conmemorar el primer aniversario del asesinato de Simón Pedro Pérez López, quien en vida fue catequista y defensor de derechos humanos en el municipio de Simojovel e integrante de la Organización Civil Las Abejas de Acteal, de la cual fue presidente de la mesa directiva en el año 2020.

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Escucha y/o descarga aquí: (Descarga aquí)  

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación

¿Quiénes ponemos a los muertos?

9 de mayo de 2022.

La mañana del 6 de mayo aproximadamente a las 9 de la mañana, dos de nuestros hermanos, de las comunidades que integran al CIPOG-EZ, fueron desaparecidos. Marcos Campos Ahuejote de la comunidad de Xicotlán y Lorenza Chantzin Paxacuasingo de Acahuehuetlán fueron detenidos y desaparecidos. Nos quieren hacer creer “que su camioneta se salió de la carretera y murieron por un accidente automovilístico”, concluyó el gobierno. Fueron encontrados muertos con señales de tortura, la mañana del 7 de mayo en un lugar en el que los familiares y miembros de la organización ya habíamos buscado, sobre la carretera en un tramo con topes, por la mañana y sin que nadie lo notara, así de absurda la forma en la que el gobierno calla la verdad y protege a quienes nos han perseguido por años, asesinando, secuestrando y torturando a quienes pertenecemos a las 26 comunidades de la Montaña Baja de Guerrero y que formamos parte del CIPOG-EZ. La violencia sistemática, guerra de exterminio, el mal gobierno la transforma en accidentes automovilísticos.

Hoy como una escena cotidiana, recibimos los cuerpos de nuestros hermanos Marcos Campos Ahuejote y Lorenza Chantzin Pochacuacingo. Hoy las familias y nuestras comunidades lloran y honran a sus muertos.

Hoy mismo los malos gobiernos hacen como si no pasara nada, para ellos, para ellas, no representamos nada, sólo se incrementan las cifras de muertos, pero mientras no superen el número de muertos de la administración pasada, todo está bien, podrán presumir que en esta administración hubo menos muertos que en la pasada, el número de votantes permanece.

Hoy le decimos a los malos gobiernos que sabemos que ellos son los delincuentes, por acto o por omisión, pues saben que quienes nos matan “Los Ardillos”, están dentro de sus propias instituciones, son parte de la fiscalía, de las policías municipales y del gobierno de Guerrero. Ese grupo narco-paramilitar opera con total impunidad, instala retenes y asesina a nuestros hermanos y hermanas y eso lo sabe la gobernadora Evelyn Salgado, pero no solamente, pues el gobierno federal también guarda silencio frente a la muerte que recorre a nuestro estado y al país.

Hacemos responsable al mal gobierno Federal, al de Evelyn Salgado y a los gobiernos municipales por lo que nos pueda suceder a los coordinadores y promotores del CIPOG-EZ Jesús Plácido, Nicéforo Nava, Delfino Sánchez, Sixto Mendoza, Benjamín Sánchez, Prisco Rodríguez, Adán Linares, Guillermo Morales Hilario, así como a los niños y niñas, mujeres, hombres, abuelos y abuelas de nuestras 26 comunidades, pues se sabe de sobra que “Los Ardillos» se mueven y controlan los tramos que van de Tlapa a Chilapa, de Chilapa a Chilpancingo, de Chilapa a José Joaquín de Herrera. Los nombres de quienes han generado la violencia en la región son de sobra conocidos, “Los Ardillos”, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narco-paramilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario.

Llamamos a la ONU, a las Organizaciones de Derechos Humanos, a que denuncien los crímenes que el Estado Mexicano permite que ocurran a los habitantes de nuestras comunidades. Llamamos también a las organizaciones solidarias, a nuestros hermanos y hermanas de la Sexta, a seguir al pendiente de nuestra situación, tal como lo han venido haciendo.

No aceptaremos nunca que la tortura, la desaparición, los asesinatos, sean nuestro destino, por más que los malos gobiernos normalicen y oculten esos crímenes. Seguiremos en lucha por la vida de nuestras comunidades.

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

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