derechos humanos
Joven migrante hondureño asesinado y otro herido por no pagar la cuota
México, D.F., 18 de julio de 2013
CON TRAGEDIA, TRAS TRAGEDIA, LLEGAMOS AL GENOCIDIO
Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador de Veracruz
Dr. Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Cámara de Senadores
Lic. Francisco Arroyo Vieyra
Presidente de la Cámara de Diputados
Lic. Miguel Angel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Lic. Jesús Murillo Karam
Procurador General de la República
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Al pueblo mexicano
El miércoles 17 de julio de 2013, se suscitó un nuevo atentado contra la población migrante que transita por México en el tren de carga. Este crimen se dio en el tramo de las comunidades de Popotla y Tlacuilolapan, Veracruz. Un joven migrante hondureño fue asesinado por herida de arma de fuego y uno más resultó herido por negarse a “pagar la cuota” que imponen grupos de la delincuencia organizada para poder dejarlos transitar en su travesía hacia el norte.
La noticia es una más de las tantas que se suman a los delitos que un sin número de veces hemos denunciado tanto los/as migrantes, como los/as defensores de derechos humanos de ésta población y del estado.
El famoso cobro de piso o extorsión, el secuestro, la amenaza de “sino pagan lo arrojan del tren”, son el pan nuestro de cada día para la población y en consecuencia para los más vulnerables entre los vulnerables como son los/as migrantes. La delincuencia organizada equipada con armas de grueso calibre domina de facto estas rutas ya de por sí tan violentadas por ellos/as.
Han pasado apenas tres meses desde aquél otro incidente en Cosoleacaque, en donde al menos 10 centroamericanos fueron arrojados del tren en movimiento por negarse a “pagar la cuota”, aquél percance que conllevó a que el gobierno del Estado de Veracruz con bombo y platillo anunciara un trabajo en conjunto con las autoridades federales, un compromiso por cuidar, proteger y salvaguardar la vida de éstas personas, que por mandato constitucional tiene la obligación de hacerlo, hoy se ve diluido ante hechos como este; como siempre, notas que hablaban de estrategias, de compromisos, etc., que sólo nos dejan ver, que todo eso ha sido mera fotografía.
Nos preguntamos como sociedad, como migrantes, como defensores/as de derechos humanos si el límite de personas migrantes muertas no ha sido completado, porque no existe otra explicación a tanta muerte y sangre derramada en México.
Todavía tendremos que ver morir y seguir gritando y denunciando lo que día a día acontece y donde nuestra única razón es que actúen y cumplan con su deber en apego a la ley y en aras de la justicia, que hagan algo para que este genocidio migratorio pare y dejen de seguir matando personas.
Exigimos que respondan a sus atribuciones y actúen en consecuencia para combatir las actividades criminales de estos grupos organizados que ya actúan a cualquier hora del día y en cualquier lugar; porque, reconocen que la autoridad no los persigue y en consecuencia los vuelve cómplices por acción u omisión ante tales atrocidades.
Ya no podemos esperar más, pactos van, pactos vienen, reforzamientos de obligaciones a las instituciones defensoras de derechos van, igual las políticas y estrategias de un México en paz y la realidad poco cambia…..ahora qué nos dirán….cómo responderán internacionalmente por un muerto extranjero que nuevamente pasará a ser un número más de los tantos que ya engrosan la cuenta en los saldos a deber de quienes tienen la obligación de garantizar la paz y la justicia. Es mito que la captura de líderes de cárteles cambien la crueldad que vivimos, la violencia hacia las personas migrantes es latente.
No es sólo con buenos escritos que las cosas cambiarán, necesitamos que se tomen políticas integrales, de libre tránsito y ordenado para ésta población, de promoción y desarrollo nacional, regional y global, que se investiguen las denuncias, que se aplique la inteligencia para detener a estos grupos criminales y a las autoridades cómplices que los permiten.
Necesitamos un verdadero compromiso y una vocación por proteger, cuidar y defender la vida de cualquier persona que está en territorio mexicano sin importar su status migratorio. La confianza no se compra con palabras sentidas o campañas políticas emotivas, sino con la garantía de que la justicia sea plena e integral para cualquier ser humano sin distinción.
Hoy nos lastima a todos los mexicanos esta agresión, pero nos duele de igual manera ver la opacidad y el trato que el gobierno local y federal le da a este tipo de situaciones, la indiferencia también vuelve cómplices a quien desde la responsabilidad de hacer guardar la ley y procurar la justicia hace caso omiso de hechos como este. Pedimos justicia, pero más aún exigimos acción permanente y comprometida en garantizar la seguridad de todos los que habitamos en el país, ese es su mandato, para ello fueron electos.
BASTA YA, NUNCA MÁS
ATENTAMENTE LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES
Comedor san José de Huehuetoca, Casa del Migrante Hermanos en el Camino, Colectivo Ustedes Somos Nosotros, Javier García, Las Patronas, Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, Alianza Mexicana por Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Carlos Bartolo, Km Migrante, Movimiento de Teólogas Anabautistas, Centro comunitario de atención al migrante y necesitado (CCAMYN), Salud Integral para la Mujer AC, Centro de Orientación del Migrante (COMI), Asociación Justapaz (Colombia), Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, Inc (AMEXCAN), Red de Veracruzanos en Carolina del Norte- Eastern North Carolina Latin-American Coalition (ENCLACO), Red de Mexicanos en Carolina del Norte, Nosotras somos tu voz, INSYDE, Hermanas del Servicio Social por una sociedad más justa, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Casa del migrante Nazareth AC (Tamps), Asamblea popular de familias migrantes, Mayra Irasema Terrones Medina, estudiante posgrado de sociología del Instituto Alfonso Velez Pliego BUAP, Lucero Mendizábal, educadora y periodista social, Eloy Rivas (Mexicanos Unidos por la Regularización, Cánada), Lucy Figueroa (consultora PREVENIR GLZ), Claudia Dary (USAC-Guatemala), Casa del Migrante “Jesús Esperanza en el Camino”, Denis Mata, Pastoral Social de la diócesis de Matehuala, Comisión de la Pastoral de Migrantes y Movilidad Humana de la Arquidiócesis de México, Casanicólas Casa del Migrante.
Foro Migraciones: Caridad Sin Fronteras AC, Carmen Fernández, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, Centro de Atención al Migrante (EXODUS), Centro de los Derechos del Migrante Inc., Centro de Derechos Humanos del Migrante AC, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, Centro de Reintegración Familiar de Menores Migrantes (Albergue del Desierto), Comité de Derechos Humanos de Tabasco AC, Estancia del Migrante González y Martínez, AC, FM4 Paso Libre, Frontera con Justicia AC (Casa del Migrante de Saltillo), Fundación Comunitaria del Bajío, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho AC, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación AC, Gisele Bonnici, Gustavo López Castro, Hugo Ángeles, INCIDE Social AC, Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración AC, Instituto para las Mujeres en la Migración AC, ITESO – Programa de Asuntos Migratorios, José Ascensión Moreno Mena, Karina Arias, La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, Manuel Ángel Castillo, Marcela Ibarra Mateos, Martha Rojas, Ofelia Woo Morales, Por la Superación de la Mujer AC, Red Mujeres del Bajío AC, Rodolfo García Zamora, Rosa Elizabeth García Ita, Servicio Jesuita a Migrantes México, (SMR) Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados, Sin Fronteras IAP, Siria Yuritzi Oliva Ruiz, Una mano amiga en la lucha contra el SIDA AC y Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC.
Hostigamiento a integrantes del Frayba en su trabajo de documentación
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de julio de 2013
Boletín No. 17
Hostigamiento a integrantes de este Centro de Derechos Humanos en su trabajo de documentación
Fiscalía Especializada en Derechos Humanos niega hechos de represión policiacas contra el Bloque Democrático
Durante el trabajo de documentación con las víctimas de la represión policiaca contra integrantes del Bloque Democrático de la Sección 7,documentalistas de este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) fueron obstruidos en sus labores, ademáshostigados por elementos de seguridad y profesionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Cabe mencionar que adentro las instalaciones se encontraban elementos de la Policía Ministerial y a las afueras elementos de la Policía EstatalPreventiva.
El día 2 de julio de 2013, personal de este Centro de Derechos Humanos, se encontraba en las instalaciones del ISSSTE, en Tuxtla Gutiérrez parahacer su trabajo de documentación y entrevistarse con dos personas heridas durante la represión policiaca del pasado sábado 29 de junio.[1] Almomento de ingresar, personal adscrito y guardias de seguridad del ISSSTE, actuaron de manera prepotente impidiendo la entrada. Después deexplicar la importancia de este tipo de trabajo y presentarle una intervención previamente hecha, se permitió ingresar sólo a una persona, singrabadora, laptop, cámara fotográfica y otras herramientas indispensables para este tipo de actividad.
Terminada la primera entrevista, limitando el tiempo a cinco minutos, se les negó la segunda, por lo que los documentalistas se retiraron de lasinstalaciones sin poder llevar a cabo el trabajo, así documentar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en contra de un maestro y unamaestra integrantes del Bloque Democrático de la Sección 7.
Por otro lado, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad en una intervención hecha por partedel Frayba, con fecha 1 de julio de 2013, nos contestó con un oficio No. DGOPIDDH/DCNDH/2060/2013, negando los hechos ocurridos el 29 de junio pasado y sosteniendo textualmente “no se tiene conocimiento de personas que hayan sido detenidos y puestos a disposición de la Representación Social en turno, como tampoco personas lesionadas y hospitalizadas”, ocultando lamentablemente las evidencias de losacontecimientos.
En otro evento, el día sábado 6 de julio de 2013, en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No.17, Playa de Catazajá unmedico colaborador del Frayba, se encontraba en esas instalaciones, con otra medica, para cumplir con su trabajo de revisar el estado de salud deAntonio Estrada Estrada, de San Sebastián Bachajón adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de LiberaciónNacional, cuando, en el momento de la revisión médica fue constantemente vigilado, hostigado por un custodio que repetidamente le tomaba fotoscon el pretexto de dejar constancia, así impidiendo el desarrollo de su trabajo.
Por todo lo expuesto, a este Centro de Derechos Humanos, nos preocupa la postura del gobierno en no facilitar, obstaculizar, hostigar el trabajo dedocumentación que se realiza. Por el contrario, resulta evidente, y es lamentable, que instancias creadas para vigilar el cumplimiento de lasobligaciones de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos se den a la tarea de encubrir responsables, funcionarios y empleados,además tergiversar los hechos. Todo esto, implica impunidad y la repetición de las violaciones a los derechos humanos.
Recordamos al gobierno de Chiapas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado respecto a este tema que “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de las y los defensores de derechos humanos”.[2]
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[1] Ver Boletín No. 16 Tortura y uso desproporcionado de la fuerza pública en operativo policiaco durante el XXVI Congreso Seccional Extraordinario de la Sección 7, disponible en: http://frayba.org.mx/archivo/boletines/130705_boletin_16_bloque_democratico.pdf
[2] Corte IDH, caso Lysias Fleury. Resolución del 7 de junio de 2003, considerando 5; caso Nieto Palma. Resolución de 9 de junio de 2004, considerando 8.





