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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Parte III

Violencia Paramilitar en los Agronegocios

La proliferación de actores armados no estatales en casos de disputas y conflictos territoriales se puede observar en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo. Según una base de datos del Monitor de Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras, “entre 2009 y 2019, cerca del 40 por ciento de todos los casos agrarios involucraron agresiones por parte de actores armados no estatales que resultaron en diversas formas de violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos”.

Comencemos con el sector agroindustrial, particularmente las plantaciones de palma de aceite en el Valle del Bajo Aguán. Esta es una de las regiones más fértiles de América Latina y también la más mortífera para los defensores de la tierra y el medioambiente. Entre los años setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva (Carasik, 2017).

Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant – propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.

Desde el año 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán.

Esta organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.

El Valle del Bajo Aguán fue la ubicación del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) financiado por los Estados Unidos, que participó en el entrenamiento de los Contras nicaragüenses y el Ejército salvadoreño desde 1950 hasta 1980. Actualmente, el Valle del Aguán sigue siendo un sitio altamente militarizado donde los Batallones 14 y 15 de las fuerzas armadas han establecido una presencia permanente como parte de la Operación Xatruch II y III (Bird, 2013).

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El operativo militar-policial de estilo contrainsurgente ha desplegado más de 8.000 efectivos desde 2011, con el objetivo de combatir la violencia relacionada con los conflictos territoriales en la zona. Según un portavoz del operativo: “Esta es una fuerza pacificadora… Somos una fuerza que escuchará a ambas partes, para ayudarlas a llegar a un acuerdo de convivencia pacífica apoyado por nosotros de acuerdo con nuestras responsabilidades bajo la ley”. (Ramsey, 2012).

Sin embargo, el personal del operativo en realidad protege exclusivamente a los grandes propietarios a costa de los pequeños agricultores. “Las fuerzas de Xatruch protegen las plantaciones de palma de aceite junto con la pertinente seguridad privada, desalojan por la fuerza a los campesinos, intimidan a los residentes locales y acosan sexualmente a las mujeres, sin ofrecer protección a las víctimas de la violencia, dijeron en entrevista los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria.

Según testimonios locales, las fuerzas de Xatruch cosechan el fruto de la palma en la finca Paso Aguán, lo que parece ser un pago en especie de Corporación Dinant, financiada por el Banco Mundial (Bird, 2016).

Operativo de la policía para desalojo de familias campesinas ι Marzo 2019

El Bajo Aguán también alberga un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de activistas en defensa de la tierra o sus familiares (Defensores en Linea, 2016).

Además, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidación, destrucción de viviendas, cultivos y ganado, y otras formas de agresión han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos forzosos, así como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios públicos.

En este entorno altamente militarizado, los actores más comunes que participan en la violencia paramilitar han sido los guardias de seguridad privada y las bandas criminales locales.

Según las observaciones de 2013 del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, en el Valle del Aguán hay una “presunta participación de empresas de seguridad privada, contratadas por terratenientes, en violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos y violencia sexual”, (HRW, 2014).

El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) – Raúl Castillo, José Luis Sauceda, Ciriaco Monoz, Teodoro Acosta e Ignacio Reyes García – fueron masacrados por fuerzas de seguridad privadas de la empresa Orión, contratada por Corporación Dinant. Dinant admitió públicamente que sus guardias de seguridad privada habían llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; HRW, 2014).

Al participar en acciones que normalmente están restringidas a las fuerzas de seguridad del Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), así como en acciones que son ilegales, como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada juegan un papel muy importante en el mantenimiento de un clima de miedo entre los residentes locales.

Un miembro del movimiento Gregorio Chávez, con sede en la comunidad de Panamá, municipio de Tocoa, da un ejemplo de ello: “al otro día la guardia de la corporación Dinant paró a un niño de 12 años y lo tiró al suelo y le quitó una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco iba a dejárselo al papá, el papá lo había mandado en la mañana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo paró la guardia de corporación Dinant y lo tiró y lo esculcó, y le esculcó la maleta, ‘¿Qué llevas aquí, no le llevas alguna arma a tu papá?’, ‘no’ le decía el niño temblando, ‘no, no, aquí está la maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi’, estas son las cosas”, dijo en entrevista campesino Gregorio Chávez.

Por supuesto, estos no son casos específicos de la región del Aguán sino patrones encontrados en todo el país. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina Álvarez fue asesinada por guardias de seguridad privada de la empresa CRAE´S, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa Cerro Escondido que se habían asentado en la tierra hace más de un año para cultivar alimentos (Iniciativa Mesoamericana, 2020).

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No sólo las luchas de los movimientos rurales (así como de otros sectores sociales como se mostrará más adelante) se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales como usurpación de tierras, posesión ilegal de armas, alteración del orden público, y terrorismo.

En 2011, el jefe de la policía que trabaja junto a las operaciones militares de Xatruch declaró que grupos armados extranjeros de Venezuela y Nicaragua se habían infiltrado en el Bajo Aguán para capacitar a los campesinos locales con el fin de desestabilizar el país (La Prensa, 2011). En la misma línea, el coronel Germán Alfaro, que dirige Xatruch III, afirmó que las “bandas criminales” armadas con fusiles AK-47 recibieron $7.500 de los grupos campesinos, para apoderarse de las plantaciones de palma de aceite y ponerlo a disposición de los campesinos.

No se ha presentado evidencia de esto (HRW, 2014). Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Actualmente, hay al menos 6.200 trabajadores rurales o pequeños agricultores en Honduras que enfrentan cargos de usurpación de tierras (WOLA, 2019). A partir de 2018, estos casos son gestionados por los Tribunales de Jurisdicción Nacional especiales, entidades creadas en 2010 para delitos de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero.

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CERSS No 10
Comitán, Chiapas, México.

Comunicado de presos indígenas en lucha

Organización Vineketik en Resistencia adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la sociedad civil nacional e internacional
A la Sexta nacional e internacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A los medios de comunicación
Al Pueblo Creyente
A las organizaciones independientes
Al pueblo de México y del mundo

Hermanas y hermanos compañeras y compañeros reciban saludos combativos desde nuestro lugar de lucha y resistencia.

Desde estas cuatro paredes que nos encontramos cautivos por las injusticias expresamos nuestra solidaridad a nuestrxs hermanxs de la comunidad Nuevo San Gregorio, municipio autónomo Lucio Cabañas. Por la caravana de observación y sanidad para retomar los trabajos en el campo y cultivar los alimentos que nos proporciona nuestra madre tierra para la conservación de la vida de las familias más vulnerables como los niños niñas mujeres y ancianos.

Por otro lado agradecemos a los acompañamientos de SIPAZ y SWEFOR, los derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas y demás organizaciones y colectivos de estar pendiente de nuestrxs hermanxs.

Atentamente
Organización Vineketik en Resistencia
Marcelino Ruiz Gómez.

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Este sábado 23 de enero de 2021, fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).

El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.

Las autoridades de la agencia de Paso de la Reyna, mencionaron que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, el agente dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad.

En este contexto, desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.

La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río.

En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras.

El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.

Debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

Por lo anteriormente expuesto, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos y brindar atención a quienes hacemos esta denuncia. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que abra la carpeta de investigación correspondiente, sin descartar ninguna de las causas mencionadas en el presente escrito. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina.

“Ríos para la vida, No para la muerte”

Atentamente

Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 24 de enero de 2021.

Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec.
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM
Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA
Ecosta Yutu Cuii

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de enero de 2021

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Las Abejas de Acteal a través de sus nuevas autoridades, damos gracias a Dios Padre y Madre por permitirnos estar con vida en este año nuevo. Así también, agradecemos a todos los hombres y mujeres que no se cansan de luchar, a quienes no se les duerme su conciencia y que están al tanto de todo lo que está sucediendo en nuestro país.

Por eso, en este año nuevo nos sentimos renovados para seguir en la resistencia y luchando por la paz, la justicia y la vida. De esta manera, reafirmamos que vamos a seguir luchando y trabajando en la defensa de la vida, la madre tierra y los derechos humanos, continuando con nuestro método de lucha No Violenta, pues esta es nuestra misión desde que nacieron Las Abejas hace 28 años. Es así que hoy decimos al mundo que nuestra lucha y organización continúan. Y por todo esto, también Las Abejas de Acteal nos adherimos y hacemos nuestra la declaración POR LA VIDA a la que ha decidido convocar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Es por ello también que en este día nos encontramos de nueva cuenta en Acteal, para recordar que la masacre de nuestros 45 hermanos y hermanas brutalmente asesinados, más los 4 bebés quienes fueron sacados del vientre de sus madres por el grupo paramilitar priista de Chenalhó, bajo las órdenes de Ernesto Zedillo Ponce de León el 22 de diciembre de 1997, sigue impune. Es por eso que bajo ningún motivo vamos a olvidar ni abandonar a mitad de camino la búsqueda de justicia y verdad para Acteal. Reconocemos y agradecemos a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal quienes siguen firmes y decididos hasta encontrar una justicia verdadera. Entre ellos están los hijos e hijas de nuestro hermano catequista, jefe de zona y mártir Alonso Vázquez, que se han convertido en su voz y nos siguen mostrando el camino que él inició para seguir denunciando las injusticias que hace el gobierno y salir delante de manera autónoma, sin hacerle el juego al gobierno, resistiendo y no aceptando sus migajas, como el único camino para garantizar que crímenes como el de Acteal no se vuelvan a repetir y se pare verdaderamente la violencia y el sufrimiento del pueblo.

Queremos reiterar que la Solución Amistosa y la disculpa pública que ofreció el Gobierno
Federal no es justicia, y no vemos que por su parte tengan voluntad de hacer justicia, sino que sólo abonan a la división entre los sobrevivientes y familiares que siguen luchando por justicia. Las Abejas de Acteal y los sobrevivientes que pertenecen a nuestra organización no se han dejado engañar por el gobierno, por lo que no aceptamos el dinero que ofrecieron como reparación del daño causado a las familias de los masacrados, mientras los responsables permanecen impunes y premiados por sus crímenes. Las Abejas no nacieron para buscar beneficios personales. ¿De qué nos sirve tener dinero u obras de infraestructura si en el mundo se sigue asesinando a gente inocente, si los que luchan por defender la vida, la paz, su cultura y su tierra son masacrados, desaparecidos o encarcelados?

Desde Acteal, volvemos a recordarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sigue pendiente la emisión del informe de fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal). Creemos que la publicación de los resultados de sus investigaciones en el caso es lo único que verdaderamente puede ayudar a que se reconozca la verdad sobre lo que ocurrió y que se castigue a los responsables materiales e intelectuales, para que este crimen de lesa humanidad no vuelva a repetirse en Chenalhó, en Chiapas ni en ninguna otra parte del mundo.

Es indignante ver en México cómo los poderosos pueden gozar de privilegios e impunidad en el sistema de justicia mexicano. La prueba más amarga es la inmunidad que otorgó la Fiscalía General de la República (FGR) al Gral. Salvador Cienfuegos al decidir no ejercer acción penal contra él. En cambio, cuando un defensor o defensora de derechos humanos, que denuncia y lucha contra las políticas represivas del mal gobierno, es encarcelado, se pide que se le juzgue con todo el peso de la ley. Un ejemplo claro es que el mismo día que la FGR exoneró al Gral. Cienfuegos, estaba acusando y pidiendo pena máxima para Kenia Hernández, defensora de derechos humanos y feminista de Guerrero, cuyo único delito es haber participado en una protesta. Aunque Cienfuegos es responsable de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para la FGR esto no es nada grave. Esto sólo demuestra cómo el gobierno actual le está dando todo el poder al Ejército y, como todas las administraciones anteriores, no tiene ninguna intención de investigar y castigar realmente a quienes son responsables de delitos graves en nuestro país.

También queremos denunciar cómo el mal gobierno en turno aprovecha la pandemia generada por el Covid 19. Por un lado, nos dicen que nos encerremos en nuestras casas, pero sus megaproyectos como la construcción del mal llamado “Tren Maya”, la carretera San Cristóbal-Palenque, o el “Proyecto Integral Morelos y otros, no se han cancelado sino que aceleran su construcción. Ante estos megaproyectos de muerte, nos da gusto que tomando todas las precauciones necesarias, se pueda realizar la 5a Asamblea entre el CNI y el CIG, que se llevará a cabo en la Quinta Piedra, Ejido de Tepoztlán, Morelos, los días 23 y 24 de enero de 2021, pues es muy necesario articular la resistencia a los megaproyectos y continuar fortaleciendo juntos nuestras autonomías, a pesar de la pandemia. Por ello, desde la sede de Las Abejas de Acteal en territorio tsotsil saludamos a nuestras hermanas y hermanos que participarán en esta Asamblea y estaremos atentos a los resolutivos que tomen.

También nos alegra que a pesar de la paralización que existe por la pandemia, el pasado 4 de enero nuestros hermanos del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) hayan podido movilizarse en el municipio de C’ancuc, Chiapas, para repudiar la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque y la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional, colocando letreros en varias de sus localidades. Sabemos que la Guardia Nacional es el brazo armado de las empresas trasnacionales que son las únicas beneficiadas con los megaproyectos. Por eso quieren construir sus cuarteles ahí donde han visto que existen pueblos originarios dispuestos a defender su vida y su territorio del despojo que los empresarios quieren hacer, trayendo división a nuestros pueblos, destrucción, contaminación y militarización, abriendo caminos para sus represas y centros turísticos.

Además del avance de las imposiciones de los megaproyectos por parte del gobierno federal, éste ha permitido que los paramilitares ataquen a las luchas y proyectos autonómicos, como es

el caso del reciente ataque armado contra comunidades de bases de apoyo del EZLN en Moisés Gandhi, por parte del grupo paramilitar de la ORCAO el pasado 18, 20 y 21 de enero.

El recuento de la violencia, represión e impunidad que ya hicimos, son sólo ejemplos de muchos otros casos que están ocurriendo actualmente en nuestro país. Podemos darnos cuenta de ellos a través de las denuncias que han hecho otros pueblos, organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos en todo México.

Ante todo lo anterior, miramos y pensamos que el sistema capitalista y las acciones políticas y económicas tanto del gobierno en turno como el de los políticos corruptos y los militares, son cada vez más destructivas e inhumanas. Por ello pensamos que urge detener estos planes de muerte, con organización, con acciones concretas porque queremos seguir con vida y porque queremos vivir libres en nuestro propio territorio y queremos vivir sin guerra. ¡Ya basta de destrucción de la humanidad y de la Madre Tierra!

También queremos invitar a todas las personas de buena voluntad a luchar contra los privilegios en el sistema de justicia mexicano y para que se acabe la impunidad, como la que claramente está disfrutando el Gral. Cienfuegos. En lugar de que goce de la inmunidad que le otorgó la FGR, levantemos la voz y exijamos que este militar responsable de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de otros crímenes graves contra la humanidad, sea condenado. Y no nada más Cienfuegos, pues nosotros también hemos demandado la investigación y castigo al Gral. Enrique Cervantes Aguirre, quien es uno de los autores intelectuales de la Masacre de Acteal y responsable del Plan de Campaña Chiapas 94, que a 23 años de este crimen de Estado, sigue impune.

Lo que proponemos no es cosa sencilla, sabemos que nos estamos enfrentando y luchando para que se castigue a los grandes poderosos y ex gobernantes de México, y sobre todo, a los altos mandos del Ejército mexicano quienes -ya es muy claro- mandan en este gobierno y en el país. Pero, no se nos olvide que somos millones de mujeres y hombres en nuestro país, sólo falta que nos despertemos y que ya no permitamos más impunidad, violaciones a nuestros derechos humanos y burlas a nuestra dignidad.

Quizá nuestra palabra de este día parece inalcanzable porque no es fácil lo que demandamos y deseamos, ¿pero quién lo va a hacer si no luchamos y si no hacemos nada nosotros y nosotras? Con esta nueva directiva recordamos especialmente el compromiso que nuestra organización ha heredado de nuestro hermano Alonso Vázquez Gómez para seguir denunciando las injusticias y construyendo la paz, para seguir resistiendo y luchando contra la violencia, caminando del lado de los pobres y marginados, teniendo en Dios nuestra fuerza, no en el gobierno ni en el dinero.

Y no queremos cerrar nuestra palabra de este día, sin mencionar a nuestro querido Jtotik Samuel en su Aniversario, ya que gracias a él nos despertó la conciencia. Fue él quien nos mostró el camino para defender nuestros derechos como pueblo originario y a defender la vida. Les anunciamos que a 10 años de su ausencia física entre nosotros, realizaremos una jornada de ayuno y oración en su memoria y como agradecimiento de todas sus enseñanzas, por lo que les pedimos que estén pendientes de la convocatoria que sacaremos muy pronto.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, reiteramos que nuestra lucha por la justicia, la paz y la vida continúan.

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias      Gerardo Pérez Pérez

                                                                Presidente       Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez       Pedro Pérez Pérez

                                                          Tesorero sub              presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

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Por Aldo Santiago

Ante el avance de una nueva caravana migrante procedente de Honduras, el gobierno mexicano decidió reforzar la militarización de la frontera sur con Guatemala. Con ello, México busca impedir el tránsito a miles de personas quienes salieron desde San Pedro Sula con dirección hacia los EEUU el pasado 15 de enero.

Como parte del operativo fronterizo se ha registrado el despliegue de cientos de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), así como soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y efectivos de la Guardia Nacional (un cuerpo de seguridad también compuesto por militares), tanto en las inmediaciones del río Suchiate, en Chiapas, como en el cruce fronterizo ubicado en El Ceibo, Tabasco, en donde se colocó una guardia permanente.

En contexto ⇒ Desastre humanitario a un año del acuerdo migratorio entre México y EEUU

Durante un acto oficial realizado el mismo 15 de enero en la frontera entre Chiapas y Guatemala, Francisco Garduño, comisionado del INM, justificó el despliegue militar. “Así vamos actuar en esta ocasión. Y así garantizar una migración en nuestro territorio nacional, que debe ser ordenada, segura y regular con respeto a los Derechos Humanos y con políticas humanitarias”.

En contraste, Rubén Figueroa, miembro coordinador del sureste en el Movimiento Migrante Mesoamericano, criticó el operativo militar realizado por el Estado Mexicano en contra de lxs migrantes.

“Metrallas de la 4ta transformación. Por un lado el gobierno mexicano condecoró con la medalla de la impunidad a (Salvador) Cienfuegos, por el otro hace alarde de su músculo militar en la ribera del Río Suchiate, contra los desterrados, contra los sin techos”,

PUBLICÓ EN SU CUENTA DE TWITTER.

La frontera de EEUU, cada vez mas al sur

Cabe recordar que desde el 18 de junio del año 2019 y bajo presiones económicas de la administración de Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó a más de 6,000 elementos militares de la Guardia Nacional, quienes han permanecido en cuarteles del estado fronterizo de Chiapas para contener el flujo migratorio hacia los EEUU.

El reciente despliegue militar en México sucede después de que el gobierno de Guatemala recurriera, en repetidas ocasiones, al uso de la violencia por parte de sus cuerpos de seguridad en un intento desesperado por frenar el avance de lxs migrantes, quienes hasta este miércoles (20) se encontraban varadxs en el departamento guatemalteco de Chiquimula.

Actualmente, el gobierno de Guatemala mantiene alrededor de 20 retenes en todo el tramo de la frontera El Florido hasta Tecún Umán, donde se encuentran elementos de la policía civil así como también efectivos del ejército guatemalteco para reforzar el bloqueo para lxs migrantes.

“La reacción de los gobiernos es impedir ese tránsito y lo hacen de manera militar, es lo que vemos hoy en día, esa frontera que está del sureste del sureste de México con Guatemala. Es lamentable que haya un retroceso en derechos humanos, que obliga a las personas a continuar en una vida de miseria y a buscar rutas aún más peligrosas”,

RECALCÓ EL INTEGRANTE DEL MOVIMIENTO MIGRANTE MESOAMERICANO.

Cartografía antimigrante

Desde el envío de los cuerpos militares a la frontera sur de México, el gobierno federal en coordinación con funcionarios estatales ha consolidado un esquema de contención contra lxs migrantes procedentes de Centroamérica.

Un mapa elaborado por las investigadoras del Observatorio del Colegio de la Frontera (Colef), Dolores París Pombo y Angélica Zambrano, demuestra una vasta red para la vigilancia, detención y deportación de miles de migrantes quienes han intentado cruzar México con destino a los EEUU. “Los fuertes cinturones de contención migratoria instalados en el sur de México provocan que los migrantes centroamericanos se queden durante meses o años varados en las cercanías de la frontera sur de México”, compartió la investigadora Dolores París Pombo sobre su trabajo cartográfico.

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El mapa señala el refuerzo de retenes militares y policiacos en siete cruces fronterizos entre México y Guatemala, donde destacan los ubicados en Puerto Chiapas, Ciudad Hidalgo, Chetumal y Nuevo Orizaba.

Tan sólo en los estados de Chiapas y Oaxaca se han instalado al menos 15 retenes militares a lo largo de las vías del ferrocarril de la “bestia” y en las principales carreteras que conducen al centro y norte de México. Además de que se mantiene la operación de siete retenes migratorios en Chiapas, ubicados en las carreteras con destino hacia Coatzacoalcos, Ixtepec, Villahermosa y Palenque.

Este esquema implementado por el gobierno de la autodenominaba “Cuarta Transformación” representa un blindaje contra el éxodo migrante e incluye también la operación de siete retenes a cargo de la Secretaría de Marina Armada de México, los cuales buscan evitar el uso de las rutas marítimas por parte de lxs migrantes centroamericanos, caribeños, africanos e incluso asiáticos que buscan alcanzar los EEUU.

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Cierre de refugios

El surgimiento de la más reciente caravana migrante solo era cuestión de tiempo. La crisis económica derivada por la pandemia por el Covid-19 en 2020, se sumó a la devastación que dejaron a su paso, tanto el huracán Iota y Eta en noviembre del año pasado, dejó un saldo de 94 muertos y afectó a más de 4 millones de personas en todo Honduras.

Particularmente grave fue la afectación de la zona norte y caribeña del país, donde se concentran las industrias más importantes de su economía. Y es justo en la mayor ciudad de dicha región industrial, San Pedro Sula, desde donde salieron 3,500 personas -y que en su andar llegó aglutinar a más de 9 mil- con dirección hacia los EEUU.

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Si el cruce hacia, y a través de México, representa un reto mucho mayor con el despliegue militar  en la frontera sur, así como por la violencia de grupos criminales quienes acechan a lxs migrantes, a ello se suma el cierre forzoso de por lo menos 40 albergues debido a la pandemia del Covid-19, según información de Reuters.

Durante años, dichos espacios han ofrecido refugio a miles de migrantes, quienes viajan hacia el norte de México a pie y cargando pocas pertenencias. Sin embargo, desde marzo de 2020, los albergues han cerrado temporalmente o reducido sus operaciones para impedir la propagación de la COVID-19.

Por citar un ejemplo, la Casa del Migrante de Saltillo, en el estado de Coahuila, al norte del país, dejó de aceptar nuevos migrantes y solicitantes de asilo por un periodo mayor a siete meses.

Para octubre, el refugio reanudó sus labores solo para cerrar nuevamente en diciembre luego de un brote de Covid-19 el cual provocó la muerte al fundador del lugar. Por ello, decenas de migrantes decidieron levantar un campamento fuera del sitio, además de organizar su propia seguridad para evitar las agresiones del crimen organizado presente en la ciudad.

Nuevo acuerdo migratorio México-EEUU

Con la reciente transición en la presidencia de los EEUU, son muchas las expectativas sobre un cambio en las políticas migratorias de Joe Biden, quien ha prometido abandonar los programas “inhumanos y basados en el miedo” implementados durante los últimos cuatro años por la administración de Donald Trump.

Entre las acciones contempladas por el equipo de Biden se prioriza la cancelación del veto de viajes a países musulmanes, así como la puesta en marcha de un equipo para reunir cerca de 600 niños detenidos y separados de sus padres, quienes fueron deportados a Centroamérica, provocando la perdida del vinculo familiar.

Otra de las estrategias anunciadas por la nueva administración buscará aprobar en el Congreso una reforma migratoria para regularizar hasta 11 millones de migrantes quienes viven en EEUU desde hace ocho años y aún no cuentan con documentación que acredite su estancia legal. No obstante, el mismo equipo de Biden no espera que dichos planes sean prioridad de discusión en el Congreso, quien primero deberá debatir un juicio político a Trump.

Por el momento, este miércoles (20), en el primer día de la nueva administración, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando en el que ordena la suspensión durante 100 días de las expulsiones de “ciertos no ciudadanos con orden de deportación para asegurar que tenemos un sistema de aplicación de la ley de inmigración justo y eficaz, centrado en la protección de la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”.

Dicha pausa en el proceso de deportación responde a la necesidad del nuevo gobierno de canalizar los recursos para implementar medidas urgentes y controlar la pandemia del Covid-19 que ya ha causado la muerte a más de 400 mil personas en el país norteamericano.

Aún con las buenas intenciones del nuevo presidente de los EEUU, aún es temprano para anticipar la aprobación de sus propuestas, en un momento en el que el racismo y el discurso antimigrantes en ese país se ha hecho más visible que nunca. Lo que es seguro es que mientras tanto, el trabajo sucio para reprimir y contener al éxodo migrante recae en las fronteras militarizadas de México y cada vez más de Guatemala.

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Por Sare Frabes

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• Garantizar la vida, integridad de Bases de Apoyo y respeto a la autonomía zapatista.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), ha recibido información de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva, Caracol 10 “Floreciendo la semilla rebelde”, con sede en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, México, en donde informan que desde el 18 de enero de 2021, hasta el día de hoy integrantes de la Organización Regional de
Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) han agredido con disparos de armas de fuego a la comunidad de Moisés Gandhi del Municipio Autónomo Lucio Cabañas.

El 18 de enero de 2021, desde las 15:30 hrs hasta las 18:00 hrs., integrantes de la ORCAO retomaron las agresiones con disparos de armas de fuego contra las casas de la comunidad Moisés Gandhi. Fueron “alrededor de 170 disparos de calibres grandes y 80 disparos de calibres pequeños.” El 20 de enero de 2021, a las 16:00 hrs y 22:30 hrs. se registraron nuevas
agresiones.

El día de hoy, aproximadamente a las 00:30 hrs, 02:10 hrs. y 02:55 hrs. nuevamente se registraron disparos contra las casas de la comunidad. La Junta de Buen Gobierno ha informado que en estos ataques han participado por lo menos 20 integrantes de la ORCAO de las comunidades San Antonio, Cuxuljá, San Francisco y 7 de febrero municipio de Ocosingo.

Desde abril de 2019, la comunidad de Moisés Gandhi ha sido agredida por parte de integrantes de la ORCAO resultando en destrucción de bienes y agresiones físicas y verbales. Para marzo de 2019, comenzaron agresiones con armas de fuego con dirección a la comunidad. El 22 de agosto de 2020, saqueo e incendio de la bodega de café ubicada en el Centro de Comercio
“Nuevo Amanecer del Arcoiris en el crucero de Cuxuljá. El 8 de noviembre de 2020, integrantes de la ORCAO secuestran a Félix López Hernández, Base de Apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi, quien fue liberado después de 4 días.

El Frayba hace un llamado al Estado mexicano para que intervenga de manera inmediata y cesen las agresiones hacia la comunidad Moisés Gandhi del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, ya que la vida e integridad de las mujeres, niñas, niños y hombres del Pueblo Maya Tseltal se encuentra en riesgo. Las acciones emprendidas deberán respetar la jurisdicción, autonomía y libre determinación de las Junta de Buen Gobierno Zapatistas.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la siguiente  acción urgente:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

21 de enero de 2021

Acción urgente No. 01

Nuevas agresiones armadas de la ORCAO a la comunidad Moisés Gandhi

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Por Santiago Navarro F.

En días recientes de este mes de enero, el segundo año de la pandemia por el virus Covid-19, en los Estado Unidos se dio a conocer que el multimillonario norteamericano Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha comprado a través de la empresa de inversiones Cascade Investments, más de 97 millones 933 mil 925 hectáreas de tierras de cultivo. Gates ahora es el mayor propietario de tierras agrícolas en este país, pero su estrategia abarca el resto de América Latina, África y Asia, hacía dónde ha extendido la misma iniciativa que otra empresa del ramo, Bayer, para “ayudar a los pequeños agricultores y acelerar el desarrollo de tecnologías de vanguardia”.

La multinacional Bayer, quien produce investigación para la industria farmacéutica, mejoramiento de semillas, pesticidas, abonos e ingeniería genética, se fusionó en 2006 con la gigante de las semillas, Monsanto. Las acciones que la familia Gates mantenía en Monsanto antes de ésta compra superaban 500 mil acciones por valor de más de 23 millones de dólares estadounidenses, los cuales también se fusionaron con Bayer.

En su momento, esta multinacional afirmó que la adquisición de Monsanto sería “una gran oportunidad para crear un líder agrícola global (…). Esta transacción unirá las plataformas de Semillas y Tratamientos, Protección de cultivos, Biología y Agricultura digital. En concreto, este negocio combinado se beneficiará del liderazgo de Monsanto en semillas y tratamientos y de la línea de productos de protección de cultivos de Bayer (…)”, señalaba el comunicado de prensa difundido por la empresa en mayo del 2016.

Actualmente Bayer esta presente en los cinco continentes del planeta y desplega diversas estrategias en torno al sector agroindustrial. Esta multinacional asegura que el 97% de los agricultores del mundo cultivan en menos de 10 hectáreas de tierra, aproximadamente 550 millones de pequeñas granjas en Asia, África y América Latina. Estos agricultores “producen aproximadamente un tercio del suministro de alimentos del mundo y, en los países de ingresos bajos y medios, producen un poco más de la mitad de las calorías consumidas”.

No obstante, Bayer sostiene que estos “pequeños agricultores” necesitan elevar y tecnificar el nivel de su producción para hacer frente al cambio climático y al crecimiento de población. “Como líder mundial en agricultura, estamos en una posición única para ayudar. Es por eso que, para 2030, nos comprometemos a empoderar a 100 millones de pequeños agricultores en regiones en desarrollo mejorando el acceso al conocimiento, productos, servicios y asociaciones agronómicas”, afirma esta empresa.

Ver también: EEUU aprovecha escenario de Covid19 para acelerar presencia en la Amazonía brasileña

Coincidentemente, cuando los contagios de Covid-19 se expandían en el planeta y hacia la población más vulnerable, en enero de 2020, la fundación de Gates anunció su nueva incursión hacia la agricultura  a través de su estrategia bautizada como “The Bill &  Melinda Gates-Agricultural Innovations LLC”, también conocida como Gates Ag One. Gates Ag One fue creada como una subsidiaria de la Fundación Gates y dirigida por Joe Cornelius, el ex director de desarrollo de tecnología, nutrición y alimentos en Bayer Crop Science. Cornelius, en la década de 1990, también fue Director de Desarrollo Internacional en Monsanto.

La nueva organización de Gates justifica su iniciativa argumentando que todos tienen derecho a vivir una vida saludable y productiva, pero “muchas de las personas más pobres del mundo, aquellas que se ganan la vida con la agricultura, no tendrán esa oportunidad a menos que puedan acceder a las innovaciones necesarias para adaptarse a los desafíos causados por el cambio climático”.

Contrario a ello, el informe llevado a cabo por Navdanya International llamado Puertas a un Imperio Global, afirma que Gates apoya “la agricultura industrial que utiliza el 75% de la tierra mientras que proporciona menos del 20% de nuestros alimentos. A este ritmo, si la participación de la agricultura industrial y los alimentos industriales en nuestra dieta se incrementa hasta el 45%, tendremos un planeta muerto. Y uno sin vida ni alimentos”.

Gates Ag One se presenta como una organización sin fines de lucro que persigue, según el comunicado oficial, promover descubrimientos tecnológicos de alto impacto que puedan ayudar a los pequeños agricultores a adaptarse al cambio climático para que sean más productivos en una forma resiliente y sostenible. “Sin estas innovaciones, los agricultores se verán obligados a adoptar prácticas cada vez más insostenibles para alimentar a sus familias mientras se enfrentan al cambio climático”, afirma el comunicado de esta iniciativa.

Para lograr estos objetivos, según Gates Ag One, colaborará con un grupo diverso de socios locales, regionales e internacionales, “incluidas universidades, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado, gobiernos, organizaciones internacionales y otros, para poner mejores tecnologías a disposición de los agricultores que más las necesitan”.

AgTech Accelerator y la Agenda 2030

Al igual que Bayer, Gates Ag One, sostiene que busca “empoderar a  los  pequeños  agricultores” con estas tecnologías hasta el año 2030, hacia donde se han trazado los 17 objetivos desarrollo sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, en su programa llamado Agenda 2030. De tal forma que en esta agenda se ha considerado estratégico invertir en los pequeños productores para “Fomentar el progreso y alcanzar las metas de las ODS”, según el Informe de la ONU llamado Transformar el Mundo a Través de la Alimentación y la Agricultura.

En septiembre del 2018, en Nueva York, durante la reunión con el Secretario General de la ONU, abocada al financiamiento de la Agenda 2030, Bill Gates, subrayó el importante papel que juega la inversión privada, al enfatizar “que las organizaciones filantrópicas también pueden ser socios clave para promover metodologías e instrumentos innovadores para abordar los desafíos en la erradicación de la pobreza. Algunos ejemplos de tales innovaciones incluyen: “subvenciones de desafío” para estimular nuevas ideas; incentivos para reducir el riesgo de inversiones en tecnologías prometedoras, como inversiones de capital en empresas emergentes de biotecnología para prevenir y tratar enfermedades infecciosas”.

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En la plataforma de la Fundación Bill&Melinda Gates se anuncia que parte de sus acciones es invertir en un programa de aceleración para la implementación de esta tecnología llamada AgTech Accelerator, que entre otras tecnología trabaja con la modificación genética de semillas y plantas, fungicidas sintéticos entre otros. Los inversionistas que participan financiando este proyecto incluyen a Bayer, Syngenta Ventures, Alexandria Venture Investments, ARCH Venture Partners, Flagship Ventures, Harris & Harris Group, Inc., Hatteras Venture Partners, Mountain Group Capital y Pappas Capital.

“AgTech Accelerator ha reunido a un grupo diverso de constructores de empresas experimentados y exitosos para crear y gestionar la próxima generación de empresas emergentes basadas en las tecnologías centradas en la agricultura más prometedoras del mundo”, dijo Geoff Kneen, Ph.D. de Bayer.

Seún datos de Bayer esta tecnología es uno de los principales agentes de cambio en la actualidad y desde el 2015, “la inversión en tecnología en agricultura, también conocida como AgTech, alcanzó los 4,600 millones de dólares”.

Desde el año 2017, en América Latina, se viene acelerando la tecnificación de la agricultura con celulares inteligentes, computadores y drones para elevar a la productividad a mayor escala, con semillas modificadas genéticamente, con químicos y biología sintética. En Argentina, por ejemplo, se implementa mediante un programa promovido desde el gobierno titulado “AgTech. El nuevo paquete tecnológico del sector agropecuario”. Mientras en Brasil, hasta 2019, ya contaba con mil 125 empresas de AgTech, según el estudio “Radar Agtechs Brasil 2019”.

En México se ha creado una plataforma llamada AgtchMex, la cuál sostiene que, “es una red integrada por 200 emprendedores, productores, investigadores, inversionistas, gobierno y ONGs. Tenemos la misión de acelerar la adopción de la tecnología para impulsar el desarrollo sustentable del campo mexicano. Creemos que no puede ser un esfuerzo en una sola parte de la cadena. La innovación nace de las perspectivas de diversos actores”.

Bayer asume que ya se viene dando esta llamada “revolución tecnológica” y que “ya es una realidad en América Latina, la región que puede ser la principal proveedora de alimentos del mundo. Está conectado por teléfonos inteligentes que ya representan el 60% de los 690 millones de conexiones en redes móviles y por el aumento de la cantidad de drones en campo”.

La multinacional Bayer también puntualiza que estos nuevos escenarios permitirán nuevos mercados. “Estamos realizando pruebas en campos experimentales para hacer evolucionar nuestra cartera”, agrega la multinacional.

El despliegue de su iniciativa se da en diversas geografías del planeta, dónde también trabajan con Cargill, la mayor comerciante agrícola del mundo de productos como soja y carne, responsable de la deforestación en la Amazonía. “No trabajamos solos: el acercamiento a los pequeños agricultores se realiza en colaboración con socios como, Technoserve, Solidaridad y The Bill & Melinda Gates Foundation, particularmente para brindar capacitación y apoyo a estos pequeños productores”, asumieron los directivos de esta multinacional en  la Conferencia del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO en 2013.

La fundación Bill & Melinda Gates se muestra optimista y señala que las nuevas inversiones en el desarrollo de productos “pueden ampliar las soluciones disponibles para los pequeños agricultores. Si bien muchos desafíos relacionados con el desarrollo agrícola y el cambio climático se pueden abordar con los enfoques disponibles actualmente, otros desafíos requieren soluciones innovadoras. Con mayores inversiones en investigación y una variedad de otras intervenciones críticas, incluidos enfoques sostenibles para la gestión de la tierra y el agua, seguros asequibles y acceso a los mercados”.

Esta fundación asegura que los pequeños agricultores pueden tener acceso a estás tecnologías para adaptarse al cambio climático. Pero la misma ONU sostiene que son los pobres los que siguen suministrando el 80% de los alimentos a nivel mundial. “En muchos países, la agricultura sigue siendo el mayor empleador y el principal sector económico; es decir, la pobreza rural representa un gran problema y una gran oportunidad al mismo tiempo”, señala la ONU en su informe Trasformar el Mundo a Través de la Alimentación y la Agricultura.