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A 527 años del inicio de la resistencia y rebeldía de los pueblos originarios contra la invasión colonial, la guerra del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos siguen trayendo muerte y destrucción en todo el mundo y ponen en riesgo a todas las formas de vida en el planeta tierra.

Particularmente en México, con la mentira de querer erradicar la pobreza del sur del país, el gobierno de López Obrador en pleno contubernio con las mafias empresariales, la delincuencia organizada y los partidos políticos de todos los colores, retoma el viejo sueño de Porfirio Díaz y los planes de todos los gobiernos neoliberales desde Salinas de Gortari, ofreciendo el territorio nacional al capital global.

Frente al desastre nacional y mundial, La Asamblea Nacional e Internacional del Congreso Nacional Indígena / Concejo Indígena de Gobierno y adherentes a la Sexta, Redes de Resistencia y Rebeldía, organizaciones y colectiv@s “El Istmo es Nuestro”, reunida en Juchitán, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los días 6, 7 y 8 de septiembre del 2019

CONVOCAMOS a los pueblos, organizaciones y personas de México y del Mundo a que, de acuerdo con los modos y tiempos de cada organización, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS en el marco de la

Jornada global de lucha

En defensa de la Vida y de Nuestros Territorios

“SAMIR FLORES VIVE”

el 12 de octubre de 2019.

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Cada 30 de agosto, Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas, en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx) realizamos una acción nacional que este año se replicará en 18 ciudades de México y 3 países de Centroamérica para exigir búsqueda, verdad, justicia y paz.

A lo largo del camino de la búsqueda de nuestros seres queridos encontramos que las desapariciones no son aisladas, que cada vez somos más colectivos, más familias, cada vez hay más fosas, más cuerpos sin identificar. Hoy, se cuentan más de 40 mil personas desaparecidas, más de 37 mil personas sin identificar. Estas cifras no son sólo números, son vidas, son historias, son miles de familias que viven en incertidumbre y son cifras que todos los días aumentan.

Si bien reconocemos la buena voluntad del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, es necesario que esa buena voluntad se convierta en acciones concretas, que no exista un límite presupuestario para la búsqueda, que todas las autoridades federales, estatales e instituciones de Gobierno se coordinen y se comprometan. Es indispensable que el fiscal general de la república –quien hasta el momento no ha recibido a las familias– actúe porque su trabajo es fundamental para buscar y poder acceder a la justicia. Las familias hemos generado propuestas para dar solución a la problemática de la desaparición y pedimos a las autoridades que las lleven a cabo:

1. Creamos la Ley sobre desaparición de personas: pedimos que se implemente correctamente en los estados y que se le asigne presupuesto para que funcione eficazmente.
2. Que la búsqueda sea inmediata: se debe de crear los protocolos de búsqueda para que las Fiscalías y Comisiones Locales de Búsqueda se puedan coordinar para la búsqueda efectiva y bajo la presunción de vida.
3. Ante la crisis de identificación forense, pedimos que se cree un “Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense” con recursos propios, apoyo internacional, técnico y financiero, que incluya una perspectiva transnacional para la identificación de personas extranjeras desaparecidas en México.
4. Las familias requerimos acciones y que la impunidad termine, para que las desapariciones dejen de suceder.  #BastaDeImpunidad
5. Que todo lo anterior se haga con la participación de las familias porque #SinLasFamiliasNo.

Estas propuestas están respaldadas por más de 100 mil firmas ciudadanas que exigen que se regresen a casa a las miles de personas desaparecidas en el país. México quiere verdad y justicia, no pararemos hasta encontrarles.

Atentamente

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México está integrado por más de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 22 entidades federativas de México y de tres países de Centroamérica.

Colectivos de familiares:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES; Buscando Desaparecidos México, BÚSCAME; Colectivo BCS Sin ellos No AC (Baja California Sur); Colectivo Con Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz (Guanajuato); Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Colectivo 21 de Mayo (Tamaulipas); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo Uniendo Esperanzas (Estado de México); Uniendo Cristales, A.C; Colectivo el Solecito de Veracruz; Colectivo Solecito Córdoba; Colectivo Solecito Cardel; Colectivo Solecito Tierra Blanca; Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos Zona Sur (Veracruz); Colectivo Juntos por Hidalgo; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM “Alzando Voces” (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A. C.; Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte y Zona Norte “Las Rastreadoras” (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Desaparecidos Querétaro; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familias Enlaces Xalapa (Veracruz); Familiares de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Ciudad de México); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) (Chihuahua); Familiares de mujeres desaparecidas acompañados por el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) (Chihuahua); Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia (Chihuahua); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica (Veracruz); Búsqueda María Herrera Xalapa; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos –Región Sureste (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos – Región Laguna (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Madres en Búsqueda Coatzacoalcos (Veracruz); Madres en Búsqueda Belén González (Veracruz); AFAMIDEG- Asociación de Familiares de Personas Migrantes Desaparecidas de Guatemala, A.C; COFAMIPRO- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras; COFAMICENH- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras; Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz; Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A.C.; Justicia Tamaulipas A. C.; De frente hasta encontrarte A.C Tamaulipas; Colectivo de Familiares y Amigos Desaparecidos en Tamaulipas; Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando Tamaulipas; Red Eslabones por los Derechos Humanos: Eslabones Nuevo León, Eslabones Estado de México, Eslabones Morelos y Eslabones Michoacán; Red Nacional de Enlaces; Regresando a Casa Morelos; Rastreadoras por la Paz (Sinaloa): Colectivo Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos; Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos (Sinaloa); Sabuesos Guerreras, A.C. (Sinaloa); Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de los 70´s de Sinaloa; Una Luz de Esperanza (Sinaloa); Voces Unidas por la Vida (Sinaloa); Familias Unidas en Busca de una Esperanza (Zacatecas); Familias Unidas por Nayarit, AC.; Guerreras Buscadoras de Sonora; Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros (Nayarit); Zacatecanos por la Paz (Zacatecas); Unidas por el Dolor (Sinaloa).

Acompañado por 35 organizaciones de la sociedad civil de distintas entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México.

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El 23 de agosto de 2019, se realizará la Audiencia Inicial de Formulación de Imputación y Vinculación a proceso en contra de los policías Orday Rodríguez Vilchis y Edgar Zavala Gutierrez y los que resulten responsables, por el delito de Tortura, cometido en agravio del Sr. Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo. (Francisco) El acto tendrá lugar en la sala B del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, para la atención de delitos no graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, México.

Los policías perpetradores de la Tortura a Francisco, que exhortamos sean vinculados a proceso, se encuentran adscritos a la Comandancia Regional Zona Centro, de la Dirección General de la Policía Especializada, dependiente de la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas. Sus nombres constan en el expediente penal 50/2015 como los agentes aprehensores que presentaron a Francisco ante el Ministerio Público, de la Fiscalía de Distrito Centro, en Chiapas de Corzo. (Fiscalía)

La mañana del 29 de mayo de 2015, Francisco salió de su casa en el barrio La Alberca, municipio de Venustiano Carranza, a trabajar su milpa. A unos metros de su vivienda, personas vestidas de civil que él identificó como policías, lo privaron de su libertad y desaparecieron. De acuerdo a su testimonio, durante la detención y traslado fue torturado física y psicológicamente: «Pensé que me iban a matar porque me golpeaban mucho en la cabeza». Posteriormente lo llevaron a la Fiscalía en Chiapa de Corzo donde se intensificó la Tortura: golpes en diversas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza, el cuello y las costillas, además de recibir descargas eléctricas. En este lugar el Ministerio Público ignoró las señales de Tortura.

Francisco permaneció durante tres años, cuatro meses, en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados Núm. 14 «El Amate», en Cintalapa de Figueroa. Según el auto de formal prisión del Juez Primero del Ramo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutierrez, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, fue acusado de robo con violencia agravada y daños, por Domingo Sebastián de la Torre Gómez, ex comisariado ejidal, por hechos ocurridos el 21 de abril de 2015. (1)

Las secuelas de la Tortura se intensificaron por las condiciones carcelarias, que a su vez agravaron el estado de salud de Francisco. Peritos independientes que aplicaron el Protocolo de Estambul, el 13 de noviembre de 2015, corroboraron los daños físicos y psicológicos, los cuales persisten a la fecha y le obstaculizan trabajar la tierra y desarrollar su ser como campesino. Entre las consecuencias de la Tortura se encuentran también los impactos al proyecto de vida familiar y las rupturas comunitarias en Francisco como integrante del Pueblo Maya Tsotsil. Además, él refiere que su encierro le afectó espiritualmente en la relación con su territorio.

El 21 de septiembre de 2018, Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo logró su libertad por reconocimiento de inocencia, con el apoyo de una amplia red nacional e internacional de organizaciones defensoras de derechos humanos. Más de 5 mil cartas que se enviaron desde Francia, presionaron a la Fiscalía Contra la Tortura para avanzar la investigación que hoy posibilita el vincular a proceso a policías perpetradores. (2)

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Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios Libres y Alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Hermanas y hermanos:

A 10 años de que la mal llamada “Suprema Corte de Justicia de la Nación” (SCJN), ordenara la liberación masiva de los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal, hoy en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, cuna de los paramilitares, ha vuelto explícitamente la violencia en contra de integrantes de Las Abejas de Acteal.

Antier 10 de agosto de 2019, fueron destruidas con violencia las casas y pertenencias de nuestros compañeros: José Vázquez Entzín, Antonio Ramírez Pérez 2^O, Alonso Ruiz López, Alonso Jiménez Méndez y Pedro Jiménez Méndez, por partidistas del Verde Ecologista. En esta agresión participaron aproximadamente 200 personas encabezadas por el agente municipal Manuel Jiménez Ruiz del barrio “Río Jordán” de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros.

La violencia empezó como a las 6:05 de la tarde cuando llegaron a la casa de nuestro compañero Alonso Ruiz López, ex Mesa Directiva de nuestra Organización, y le destruyeron la casa.

A las 6:22 de la tarde destruyeron la casa de Alonso Jiménez Méndez. A las 6:34 destruyeron la casa de Antonio Ramírez Pérez, también ex Mesa Directiva; como su casa era de material, la destruyeron con marro, rompieron bultos de cemento, destruyeron herramientas de albañil así como ropas. La mamá del compañero Antonio tuvo una crisis nerviosa y se cayó en el patio.

A las 6:57, se dirigieron a casa de nuestro compañero José Vázquez Entzín, también ex directivo de Las Abejas, destruyéndole su casa, así como libros y fotos de la lucha de Las Abejas a los que le prendieron fuego; además tenía una tienda de abarrotes que saquearon totalmente y también cortaron los telares que tenía para tejer nagua como sustento.

En la noche del 10 de agosto, 8 compañeros adultos y 2 niños se fueron a refugiar en Acteal, sede de Las Abejas, pero las mujeres, y el resto de las niñas y niños se quedaron en Los Chorros, refugiados en casas de familias no involucradas en el conflicto. En total quedan en “Río Jordán” 25 personas, que son mujeres (una compañera está a punto de dar a luz y otra compañera de la tercera edad se encuentra mal de salud) y niños.

Los antecedentes de este acontecimiento se encuentran desde noviembre de 2015, cuando nuestros compañeros de Las Abejas de Acteal del barrio “Río Jordán” no aceptaron un programa gubernamental y cargos del comité de la clínica de salud, en donde sólo se atienden mujeres partidistas que son beneficiadas por el programa asistencialista “PROSPERA”. En represalia, los partidistas les cortaron el suministro de agua y electricidad a 2 familias de nuestra Organización.

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• Riesgo a la vida, integridad y seguridad de 4 familias tsotsiles del Congreso Nacional Indígena.

Cuatro familias de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), quienes son parte del Congreso Nacional Indígena, (CNI) fueron agredidas y desplazadas forzadamente de la Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

Según información con la que cuenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba,) el día 10 de agosto de 2019, aproximadamente a las 16.54 Hrs., un grupo de 200 personas de la colonia Miguel Utrilla, simpatizantes del Partido Verde Ecologista, atacaron violentamente a integrantes de Las Abejas de Acteal, testimonios refieren lo siguiente:

El día de hoy, 10 de agosto, autoridades de la Colonia Miguel Utrilla Los Chorros, Barrio Rio Jordán, municipio de Chenalhó en compañía de alrededor de 200 personas simpatizantes del Partido Verde Ecologista, atacaron violentamente a 4 familias integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, así como a sus bienes materiales.

Aproximadamente a las 4.54 de la tarde pasaron a la casa de Alonso Jiménez Méndez, como no lo encontraron amenazaron con quemar la casa. A las 6.05 irrumpieron violentamente en la casa de Alonso Ruiz López, ex mesa directiva de 2018, ya dentro de la casa planeaban si destruir un tanque de agua o tirar la casa.

A las 6:22 de la tarde destruyeron la casa de Alonso Jiménez Méndez, a las 6:34 destruyeron la casa de Antonio Ramírez Pérez, ex mesa directiva. A las 6.57, se dirigieron a casa de José Ramón Vázquez Entzín, donde también se escuchó que estaban destruyéndola.

Este ataque se da en el contexto de la marcha-peregrinación que realizarán Las Abejas de Acteal, el próximo lunes 12 de agosto de 2019, fecha en la que se cumplen 10 años de la liberación de los autores materiales de la masacre del 22 de diciembre de 1997.

Es preciso recordar que la colonia Miguel Ultrilla Los Chorros del municipio de Chenalhó, es donde proliferaron los grupos armados en los 90’ y donde persisten las estructuras de aprendizajes violentos, de ahí surgieron los autores materiales que perpetraron la Masacre de Acteal. Además desde 2015 la situación ha sido recurrente, las agresiones hacia integrantes de Las Abejas de Acteal son cada vez con hechos de mayor violencia¹.

En un contexto regional de espirales de violencia generalizada, con más de 7 mil víctimas de desplazamiento forzado, donde las acciones de los gobiernos estatal y federal son deficientes, el riesgo a la población se profundiza. Situación que se extiende en Los Altos de Chiapas, en municipios como Aldama, Chalchihuitán, entre otros.

Por lo anterior exigimos al Estado mexicano a:

Garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las y los integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Aplicar los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Internos en el estado de Chiapas, para asegurar el respeto a los derechos humanos de la población.

Atender la conflictividad de raíz, para detener los actos de agresiones, destrucción, hostigamiento y demás violaciones a los derechos humanos hacia integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

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                                                Grupos con armas de fuego sitian a 7 menores de edad, 2 mujeres y 8 hombres.

Dos familias pertenecientes al Pueblo Tseltal, integrantes de la organización Tsijibä bij (Nuevo Camino), que forman parte del Congreso Nacional Indígena, se encuentran sitiadas por grupos con armas de fuego y vinculadas con autoridades del ejido Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas, México.

El 4 de agosto de 2019, aproximadamente a las 7 de la mañana, un grupo de personas encabezadas por las autoridades ejidales, agredieron físicamente a Pedro Díaz Pérez y Sebastián Díaz Pérez habitantes de Agua Clara, quienes se refugiaron en sus domicilios con sus familias.

Posteriormente los agresores realizaron disparos de armas de fuego, lanzaron piedras a las casas de las familias, golpearon con un machete a María Guillén y amenazaron con violar a una menor de edad.

De acuerdo a testimonios, aproximadamente a las 12 del día, personas vinculadas a una organización en la región, arribaron en varios vehículos portando armas de fuego, rodearon las casas, las rociaron con gasolina y amenazaron a las 2 familias con quemarlas. En riesgo 7 menores de edad, 2 mujeres y 8 hombres.

El lunes 5 de agosto, familiares de las personas sitiadas acudieron a la Fiscalía del Ministerio Público de Salto de Agua, a poner la denuncia formal por los hechos de violencia, el Ministerio Publico solicitó que tenían que llegar las víctimas el día miércoles 7 de agosto a ratificar la denuncia, lo cual representa una omisión para proteger la vida, la seguridad e integridad personal de las familias.

Por lo anterior el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas urgimos al Estado mexicano a:

Garantizar la vida, seguridad, integridad personal y libertad de las 17 personas que se encuentran sitiadas y con amenazas en el ejido Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, en la región norte de Chiapas. Así como de las demás familias que integran la organización Tsijibä bij (Nuevo Camino), habitantes del Ejido Agua Clara, que pertenecen al Congreso Nacional Indígena.

Investigar de manera urgente y efectiva los hechos de violencia y sancionar a los responsables.

Cesar actos de agresiones, hostigamientos e intimidaciones a comunidades de Pueblos Originarios integrantes del CNI, respetando su derecho a la autonomía y al territorio, en Chiapas y México.

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                             Exhortamos a investigar 13 casos que se encuentran ante la Fiscalía Contra la Tortura, en Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, además de otras violaciones a derechos humanos, en cinco casos de presos integrantes del Pueblo Tsostil, en reclusión en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 05, en San Cristóbal de Las Casas y No. 10, en Comitán de Domínguez, Chiapas, México.

Adrián Gómez Jiménez, Juan de La Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el CERSS No. 05; y Marcelino Ruiz Gómez, en el CERSS No. 10 se encuentran en ayuno como parte de las acciones civiles y pacíficas de protesta que iniciaron el 15 de marzo de 2019, en demanda de su libertad inmediata. Durante más de 4 meses han denunciado públicamente la Tortura durante su detención, violaciones al debido proceso en la investigación, tratos crueles en sus condiciones carcelarias, violaciones a su derecho a la protesta, así como riesgo a su salud y vida.

Estas cinco historias forman parte de 20 denuncias públicas de Tortura, de las cuales 13 casos (1) se encuentran en registro de atención, en la Fiscalía Contra la Tortura, (Fiscalía) perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.

De acuerdo a la documentación, que incluyó revisión de los expedientes penales de Adrian, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, el Frayba registró la Tortura como método de investigación con el objetivo de autoinculpación que viola derechos humanos a integrantes de Pueblos Originarios, en un sistema penitenciario discriminatorio. Algunas de las pratrones de tortura que este Centro de Derechos Humanos encontró son: privación sensorial, desnudez, golpes en diferentes partes del cuerpo, asfixia, toques eléctricos y amenazas de muerte hacia ellos y sus familiares.

Los 5 presos expresaron en diferentes momentos de su proceso jurídico que fueron torturados, en uno de los casos desde hace 15 años, sin que se iniciara una investigación inmediata de los hechos. Los responsables de estas violaciones a derechos humanos son los agentes aprehensores, en su mayoría elementos policiacos de diversas corporaciones estatales, así como Fiscales del Ministerio Público, peritos especializados y jueces que fueron omisos ante la denuncia.

La ineficacia en la procuración de justicia mantiene en la impunidad el delito de Tortura en los casos de Adrian, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, quienes además viven en entornos torturantes en encierro. Lo cual contraviene la Ley general para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, donde se establece que: «Serán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos».(2)

Por lo anterior el Frayba exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas:

Dictaminar la libertad de Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo y German López Montejo, víctimas de Tortura y otras violaciones a derechos humanos entre ellas la Privación Arbitraria de la Libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial; además de faltas al debido proceso legal como: a la debida diligencia, a la presunción de inocencia, a la fundamentación y motivación.

A la Secretaría General de Gobierno de Chiapas:

Liberar a Juan de La Cruz Ruiz y Marcelino Ruiz Gómez, por las violaciones a derechos humanos que se encontraron en la revisión de sus expedientes, especialmente la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes.

A la Fiscalía Contra la Tortura solicitamos:

Investigar eficazmente los 13 casos que se encuentran en registro de atención desde el 1 de abril de 2019.

Recordamos al Estado mexicano que urge garantizar las medidas necesarias para cesar la Tortura como una práctica sistemática cotidiana que en Chiapas vulnera especialmente a integrantes de Pueblos Originarios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
1 de agosto de 2019
Boletín No. 17

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Por: KéHuelga

El pasado viernes 12 de julio nuestro compañero Luis Fernando Sotelo, preso político del gobierno de Mancera, obtuvo su libertad. Fueron más de 4 años que estuvo injustamente preso por apoyar la demanda de aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Su detención fue irregular, el proceso judicial nunca logró comprobar su participación en la acción que se perseguía judicialmente, a pesar de ello, la procuraduría de injusticia capitalina lo mantuvo recluido.

Fue gracias a su resistencia, coraje y sabedor de su inociencia que se mantuvo firme en su lucha, muchas compañeras y compañeros se sumaron a su lucha por la libertad, entre ellas las compañeras que conformaron el Comité Luis Fernado libre! quienes acudieron todas las semanas a visitarlo al Reclusorio Sur de la Ciudad Monstruo.

Organizaciones como la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, Tejiendo Organización Revolucionaria, las compañeras de la cooperativa Vendaval, organizaciones y colectivos que luchan junto con el Consejo Indígena de Gobierno, compañeras y compañeros que lucha en el moviento anticarcelario, la CGT del Estado Español, el café Zapata Vive, entre muchas otras, participaron en los mitines realizados en los juzgados y en la SCJN y en la marchas convocadas para exigir su liberación.

Finalmente este 12 de julio, el compañero Luis Fernando abandonó el Reclusorio Sur en compañía de su familia, compañeras y compañeros quienes cantaron, lanzaron consignas y lo abrazaron para darle la bienvenida. Luego de abrazar a su familia, el compañero quemó el uniforme que tuvo que usar en estos años y dio un mensaje de agradecimiento a la organizaciones y compañerxs presentes y recordó que aún quedan muchos presos políticos en el país, invitando a mantener la lucha por su liberación.

¡Abajo los muros de las prisiones!

¡Presxs políticxs LIBERTAD!

Fuente: KéHuelga.net