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Foto: del Twitter de Gabriela Coutiño

• Riesgo de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa.
• El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la educación.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información por parte de las alumnas y alumnos de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá” y sus familiares, que el 18 de mayo de 2021, se encontraban repartiendo volantes a la altura de la caseta de cobro de la carretera Chiapa de Corzo – San Cristóbal de Las Casas, cuando policías de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, efectuaron un operativo de desalojo con uso excesivo de la fuerza pública. Este mismo hecho se repitió en el tramo conocido como La Pochota y en el Libramiento Norte Poniente en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En el operativo fueron detenidos 74 mujeres y 21 hombres, quienes fueron trasladados a la Fiscal General del Estado (FGE).

En la FGE se les impidió la comunicación con sus familiares. Fue hasta el día 19 de mayo de 2021, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en compañía de sus familiares tuvieron acceso y documentaron de las lesiones de los estudiantes, durante la privación arbitraria de la libertad y en su permanencia en la FGE, posteriormente no se les permitió volver a verlos. Durante la noche de este mismo día fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 14, El Amate, sin que los familiares recibieran información sobre la situación jurídica de los estudiantes.

Posterior a la detención se instaló una mesa dialogo con la Secretaría General de Gobierno quienes han condicionado la libertad de las y los alumnos a cambio de no volver a realizar ninguna manifestación ni emitir crítica al gobierno.

Desde hace varios días, las alumnas y alumnos han realizando diversas movilizaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exigiendo demandas educativas, entre ellas que el examen de ingreso se realice de manera presencial y no vía internet, cumpliendo con las normas sanitarias frente a la pandemia, debido a que la mayoría de los aspirantes provienen de comunidades rurales sin acceso a equipo de computo e internet.

El Frayba manifiesta su preocupación debido al uso excesivo de la fuerza pública y la aplicación de diversos delitos como Motín, Pandillerismo, Robo con Violencia, Daños y Ataques a la Vías de Comunicación para criminalizar el derecho a la libertad de manifestación. Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de criminalización de la libre manifestación, señalando además que los cortes de ruta, el copamiento del espacio público, e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales, pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión.1

Las y los alumnos detenidos se encuentran en espera de la audiencia de vinculación a proceso, en donde el Juez determinará si existen elementos para someterlos a un proceso penal corriendo el riesgo de la prisión preventiva oficiosa que los mantenga privados ilegalmente de la libertad, por lo que exigimos al poder judicial del estado la liberación inmediata de los estudiantes a fin de que no se continúe criminalizando su ejercicio a la libre manifestación.

Exigimos además al Estado mexicano garantizar la vida, integridad y seguridad personal de las 74 mujeres y 21 hombres estudiantes detenidos y se investigue las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y escriban a las autoridades mexicanas a fin de evitar violaciones a derechos humanos contra los estudiantes.

Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”

Lee la petición

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2021
Acción urgente No. 5

Descarga la Acción urgente aquí: Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”

Maureen Clare Murphy

Human rights groups are calling for an urgent investigation by the International Criminal Court as Israel’s merciless pounding of Gaza enters its second week.

More than 200 Palestinians in the Strip have been killed since last Monday, including 60 children and 34 women, according to Al Mezan, a human rights group based in the territory.

Three of the women were pregnant when they were killed, according to the UN’s human rights office.

The fatality count is expected to rise as people remain under the rubble and unaccounted for two days after heavy airstrikes on residential areas of Gaza City overnight Saturday.

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Los ejidatarios y sus familias tseltales de los ejidos San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, históricamente han sido defensores de su tierra y territorio contra la militarización y los megaproyectos; la incursión militar y establecimiento de bases y cuarteles militares en territorios indígenas a partir del levantamiento armado en 1994 trajo consigo un despojo territorial. Como ofensiva por parte del Estado mexicano para desarticular el movimiento y la organización sociocomunitaria del pueblo tseltal de Bachajón, municipio de Chilón, enfrentó los efectos negativos de la presencia militar en su territorio como la prostitución, el consumo de drogas, aumento del alcoholismo y la división comunitaria que se acentuó con el tiempo. Con base en su experiencia en la defensa de su territorio así como de su cultura comenzó de nueva cuenta una lucha en contra de nuevas formas de invasión y militarización territorial, como lo es la construcción del Cuartel General de la Guardia Nacional en la comunidad de Juculton, lo cual se hizo en contravención a los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la consulta y a lo no militarización de su territorio.

De acuerdo a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, la implementación de cualquier tipo de proyecto ya sea por parte del Estado o de particulares, tiene como obligación el efectuar una consulta con la finalidad de que los pueblos den su consentimiento de manera libre e informada. La forma organizativa de los pueblos originarios, tiene como base a su autoridad máxima la Asamblea, misma que está prevista por las leyes mexicanas. Sin embargo, autoridades de los tres niveles de gobierno omitieron su responsabilidad puesto que no generaron los mecanismos necesarios para la realización de una consulta, libre previa e informada y con ello, recoger el consentimiento del pueblo tseltal de Chilón sobre la construcción de una de las bases de la Guardia Nacional previstas en la actual administración en el estado de Chiapas.

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La misión de la Iglesia es ser “abogada de la justicia y defensora de los pobres” DA 395 y no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia” DA385, así afirman los obispos de Americalatina.

Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de todo el mundo, hoy 18 de mayo 2021, doy mi palabra como Sacerdote Indígena, Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la Pastoral social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Así como es de conocimiento público, el 15 de octubre del 2020, los ejidatarios del municipio de Chilón: San Gerónimo y San Sebastián, a las 10 de la mañana en Crucero Temo municipio de Chilón se estaban formando para una manifestación pacífica con el objetivo de exigir la no intervención en la elección de sus autoridades de sus ejidos el Presidente de Chilón Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo ahora candidato para la presidencia municipal de Chilón por el partido MORENA.

Como respuesta del Sr. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo fue la represión brutal y criminalización; en esa represión fueron detenidos José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano.

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A nuestros hermanos y hermanas tseltales de Chilón
A los Pueblos Originarios de México y el Mundo
A las organizaciones Sociales
A los Defensores de derechos humanos nacional e internacional
A los medios de comunicación

Los ejidatarios y ejedatarias de San Jerónimo Bachajón y de San Sebastián Bachajón nos dirigimos a ustedes para denunciar lo siguiente:

En el año 2019 sufrimos como pueblo la imposición de un comisariado nombrado por el actual presidente municipal de Chilón Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, no respetando nuestras formas propias de elegir nuestras autoridades agrarias.

El día 15 de octubre 2020, nos manifestamos en el crucero Temó en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y por la exigencia del reconocimiento de nuestras autoridades agrarias. Como a las 10 de la mañana la policía municipal de Chilón, la Policía Estatal con apoyo de la Guardia Nacional empezaron a agredirnos con piedras, palos gases lacrimógenos, todos ellos estaban armados, golpeando a los ejidatarios, ejidatarias y vehículos, causando lesiones, daños materiales y la detención arbitraria de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano.

Nuestros compañeros fueron detenidos y torturados, luego llevados a la comandancia de la policía de Ocosingo. Después los trasladaron al Centro de reinserción social de sentenciados del mismo Ocosingo. El día 17 de octubre por la mañana sin ninguna explicación fueron trasladados como delincuentes al Amate.

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Elijah J. Magnier

Los extraordinarios enfrentamientos entre los palestinos e Israel son una prueba de una situación paradójica que no acabará pronto. El enfoque israelí de lo que está ocurriendo parece formal y engañoso. El jefe del Estado Mayor israelí, Aviv Kochavi, dijo: “Hamás no ha evaluado adecuadamente la gravedad de nuestra respuesta, ya que la Franja de Gaza se enfrenta a una enorme intensidad de ataque que no se ha visto hasta hoy”.

Tel Aviv reveló que había bombardeado más de 1 mil 500 objetivos y destruido decenas de edificios en la asediada ciudad de Gaza. Sin embargo, Israel nunca se dio cuenta de que los grupos de resistencia palestinos habían introducido nuevos misiles de largo alcance y habían aumentado significativamente la potencia de fuego, con un ritmo de más de 150 cohetes disparados a diario y simultáneamente. Los palestinos registraron más de 100 edificios alcanzados en Israel, y Gaza introdujo una nueva amenaza al lograr bombardear desde el primer día Jerusalén y Tel Aviv.

Se trata de un cambio fundamental en las reglas de enfrentamiento, de bombardear gradualmente y evitar bombardear Tel Aviv, que el Eje de la Resistencia está acostumbrado a observar. Por primera vez se lanzaron nuevos misiles, uno bajo el nombre de “Al-Qasim” (llamado así por el comandante iraní Qassem Soleimani, responsable del suministro de armas a los palestinos), de 400 kilogramos, y el otro misil, “Ayyash” (llamado así por “Yahya Ayyash”), con un alcance de 250 kilómetros.

Khaled Meshaal, representante de Hamás en el extranjero, no dudó en afirmar que “la resistencia se ha beneficiado de Irán, de sus misiles y de su experiencia, y las organizaciones de Gaza se han beneficiado del contrabando de armas y de tecnología militar”.

La operación israelí “Guardián de los Muros” fracasó frente a la “Espada de Jerusalén” palestina a la hora de introducir una nueva ecuación de disuasión. Como en todas las guerras, Israel consiguió destruir instalaciones, tierras agrícolas, edificios civiles, bancos, vías públicas y edificios para los medios de comunicación locales y extranjeros. Esto indica que la resistencia palestina ha logrado reducir el banco israelí de objetivos altamente sensibles, como solía ocurrir en guerras pasadas. La incapacidad israelí para determinar la ubicación de los lanzadores de cohetes y el paradero de los altos mandos militares significa que las instituciones civiles son ahora el objetivo predilecto de Israel.

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CERSS No 10

Comitán Chiapas México

Comunicado de los presos indígenas en lucha
Organización Vineketik en Resistencia adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Acanalador del EZLN

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A la sociedad civil nacional e internacional
A la Sexta nacional e internacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A los medios de comunicación
Al Pueblo Creyente
Al pueblo de México y del mundo

En esta Gira de nuestrxs hermanxs hacia Europa para llevar y compartir las semillas. Semillas de resistencia y por la vida, para sembrar paz, amor y dignidad de nuestros pueblos. Para compartir nuestro mundo con otros mundos del mismo lenguaje e historia mutuas de resistencia y digna rebeldía, donde las palabras son de esperanza y luz, para alumbrar los caminos para un solo caminar, que llevan nuestros corazones es decir nuestros pensamientos y sentimientos.
Y desde este rinconcito les decimos que no están solxs ni van solxs que los vamos acompañando.

¡Viva el EZLN!

Atentamente

Marcelino Ruiz Gómez

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Por Ángel Huerta

El pasado miércoles, 12 de mayo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan), en Guerrero, realizó una conferencia de prensa para informar los resultados de la Misión de Observación que documentó la situación de violencia en la región de la Montaña, una de las siete regiones que conforman el estado de Guerrero, al sur de México.

La misión escuchó testimonios de casos graves de violencia por parte de familias de personas desaparecidas, casos de violencia de género, de agresiones a personas defensoras y periodistas. Abel Barrera, director de CDHM Tlachinollan, señaló que “es de extrema indenfensión la situación en que se encuentran, sobre todo, compañeras, niñas, jóvenes, adultas, mujeres de la montaña de Guerrero (…), en un marco de complicidad y violencia, de inacciones de las autoridades”,  señaló Barrera.

En mayo del 2020, International Crisis Group, organización independiente que trabaja para prevenir guerras, publicó su informe “La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México”, donde expone que “desde el 2014 hasta el 2018, hubo en Guerrero 544 desapariciones forzadas, es decir, desapariciones que involucraron la participación de funcionarios estatales u oficiales de seguridad, más que en cualquier otro lugar del país”.

En el documento señala que las organizaciones criminales asesinaron a cinco activistas de derechos humanos y ambientales tan solo en el 2019. Los periodistas también están en la mira. Desde el 2000, 24 han sido asesinados en Guerrero, el quinto número más alto en todo el país. La más reciente víctima fue Víctor Fernando Álvarez, “un periodista de Acapulco quien fue descabezado en abril del 2020 después de que recibiera amenazas de un grupo criminal local.”

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«Como Pueblo Creyente les invitamos a Unirse a las Jornadas de Oración del 16 al 30 de mayo, para pedir por que encontremos caminos de diálogo y reconciliación que nos lleven a la paz con justicia y dignidad.»

Lee la palabra aquí: Pueblo Creyente, llamado a la Paz

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Por Sare Frabes

Organizaciones de derechos humanos en Colombia han denunciado este martes (4) que “el Estado colombiano declaró guerra armada en contra de las manifestaciones pacíficas” que ocurren en todo país, con epicentro en Cali, desde el 28 de abril. La organización Temblores registró hasta hoy al menos 31 manifestantes muertos, 216 personas víctimas de violencia física, 814 detenciones arbitrarias, 21 víctimas de agresiones oculares y 10 casos de violencia sexual.

“A la gente que está protestando le está tirando a matar. A la gente que está llorando su muerto le está tirando a matar. A la gente que está auxiliando a los heridos le está tirando a matar. A la gente de derechos humanos le está tirando a matar. Al pueblo de Cali le están tirando a matar”, sostuvo un defensor de derechos humanos, durante rueda de prensa en la mañana de este martes (4), para denunciar la brutal represión a los manifestantes de Cali en la noche de ayer (3). 

“Necesitamos denunciar públicamente que ayer en Cali hubo un despliegue de la policía que utilizó armas de fuego y disparó indiscriminadamente contra cientos de manifestantes y además contra los equipos de derechos humanos y de salud. Es necesario rechazar la respuesta militar a la protesta social”, sostuvo uno de los representantes de las organizaciones de derechos humanos.

Según ellos, hasta el momento de la conferencia de prensa se desconocía las cifras de heridos, detenidos y muertos después del ataque de la policía en la noche de ayer. “No pudimos hacer nuestro trabajo, tuvimos que protegernos en las casas de vecinos. No hay garantía para el trabajo de derechos humanos en estos momentos.” 

Los defensores relataron que eran más de 30 efectivos de la policía disparando directamente contra las personas. “Exigimos que el Estado en sus distintos niveles asuman la responsabilidad de la masacre que se está perpetrando en Cali.”

Las organizaciones reportaron que hubo ataques a los periodistas que intentaban registrar la operación militar. “La casa donde les estaba dando resguardo también fue impactada”. 

Las ambulancias también han sido blanco de la fuerza policial. “Están tiroteando a las ambulancias. No les están dejando ingresar a recorrer los heridos. Están sacando a los heridos de los hospitales y no sabemos para dónde están llevando estas personas lesionadas”.

Además, informan las organizaciones, que se está organizando grupos de personas civiles para actuar con arma de fuego en contra de los manifestantes. “Hemos visto grupos de personas en camionetas saliendo a atacar a los manifestantes. Y todo eso con la complicidad de las fuerzas del estado”.

El gobierno “en lugar de estar dando solución a los problemas estructurales, su reacción es la represión, la muerte y la criminalización”, sostienen las organizaciones.