resistencia
(Español) Comunicado sobre audiencia de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco
A los pueblos de México
A las organizaciones de derechos humanos
A los medios de comunicación
A la Sexta Nacional e Internacional
El Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, alertamos del nuevo intento de criminalización de la defensa del territorio de la comunidad autónoma de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, por parte de autoridades judiciales y ministeriales del norte de Jalisco, que en cambio, han solapado y garantizado la impunidad a quienes despojan y roban tierras comunales, a quienes intentan asesinar y amenazan de muerte a comuneros y comuneras, apedrean a ancianos para quitarles los terrenos donde siembran y trabajan.
El día de 7 de septiembre de 2021, se realizará en el municipio de Colotlán la audiencia en la que se pretenden fincar delitos fabricados por provocadores al servicio del cacique Fabio Flores Sánchez, alias La Polla, a la tesorera del comisariado autónomo de bienes comunales Esmeralda Bañuelos Pérez; acciones derivadas de los intentos de violentar la manifestación pacífica que la comunidad realizó el pasado 12 de mayo de 2021, en que una persona de nombre Paola Reyes Rojas, llegó a insultar a los manifestantes de la comunidad indígena que exigían que se ponga un alto a la impunidad ante el intento de homicidio de las autoridades agrarias, y que se detenga el robo de tierras comunales.
Ese día, con el pretexto de que se habían rayado carteles de propaganda del partido entonces gobernante, esa persona agredió verbal y físicamente a la tesorera de la comunidad, lo que no interrumpió la agenda de exigencia de sus derechos. Al finalizar la movilización pacífica, patrullas municipales trasladaron a la agresora a la agencia del ministerio público en Villa Guerrero, Jalisco, para que levante una demanda por delitos inexistentes, abriendo la carpeta de investigación 158/2021-J, que brincándose cualquier protocolo legal, sin derecho de audiencia y sin ninguna acción conciliatoria como marca la ley, consignó el caso al Juzgado de Control del municipio de Colotlán, Jalisco, que inició la causa penal 63/2021.
No es la primera vez que el Ministerio Público de Villa Guerrero, y el Juzgado de Colotlán actúan en contra de los comuneros y autoridades de Azqueltán, pues incluso, aunque existen numerosas carpetas de investigación por denuncias interpuestas por la comunidad ante delitos graves, flagrantes, evidentes y públicos, como amenazas de muerte, ataques armados, robo de tierras con violencia o intento de homicidio, estos permanecen en absoluta impunidad. Principalmente el cobarde ataque en el que Fabio Flores Sánchez y un violento grupo que lo acompañó, intentó asesinar a las autoridades comunitarias el pasado 3 de noviembre de 2019.
Ya en otras ocasiones, dichas autoridades judiciales y ministeriales han actuado solapando graves violaciones a los derechos humanos como tortura y desaparición forzada perpetrada por autoridades municipales, acciones que han denunciadas ante las instancias correspondientes sin que se haga justicia, así, se ha consignado un comunero de Azqueltán, quien fue privado de su libertad mediante prisión preventiva por hechos similares, en el contexto de provocaciones hechas contra las y los comuner@s.
Como Congreso Nacional indígena – Concejo Indígena de Gobierno, permanecemos atentos y llamamos a las organizaciones, colectivos y pueblos solidarios con la lucha de San Lorenzo de Azqueltán a ver, escuchar, y actuar en consecuencia ante cualquier nueva injusticia que se pretenda, la cual no tenemos duda, tiene como objetivo la privatización y despojo del territorio comunal y desmontar la autonomía construida con esfuerzo y sacrificio durante años. Por lo que hacemos nuestras las siguientes exigencias:
1. Que se garantice la no criminalización de la protesta social y la defensa del territorio que realiza la tesorera del comisariado de bienes comunales de San Lorenzo de Azqueltán, Esmeralda Bañuelos Pérez2. Que se garantice el pleno respeto a las garantías individuales y derechos humanos de la comunera Esmeralda Bañuelos Pérez3. Se detenga la escalada de represión y criminalización a la defensa del territorio de San Lorenzo de Azqueltán.Atentamente
Septiembre de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno
(Español) Defensores y defensoras del COMDHSM y periodistas documentan violaciones a derechos humanos contra caravana migrante en la frontera sur
04 de septiembre de 2021
DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL COLECTIVO DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO DE DERECHOS HUMANOS DEL SURESTE MEXICANO – COMDHSM Y PERIODISTAS SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO Y DENUNCIANDO LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS QUE SALEN DESDE TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO.
Desde el 28 de agosto el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio. En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso.
Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales. Esta situación llevó a las personas migrantes a ejercer su legítima defensa frente a las agresiones que son de público conocimiento.
Frente a esta situación de violencia contra personas defensoras y periodistas y, por ser beneficiarias de medidas de protección, de manera reiterada se ha solicitado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Secretaría de Gobernación que garantice la seguridad a defensores, defensoras y
periodistas, quienes acompañamos documentando estos actos de violación a derechos humanos sin obtener una respuesta oportuna. En este sentido, por ser beneficiarias de medidas de protección, existe una obligación reforzada del Estado mexicano de velar por nuestra integridad física y nuestra vida, obligación que no está siendo cumplimentada.
Destacamos que, a pesar de los actos de represión, las personas se siguen rearticulando y autoconvocando para continuar con su legítimo reclamo de buscar protección y una vida digna. Estas son las mismas razones que les obligaron a salir de sus países de manera forzada. Así como las personas continuarán con su camino, las personas defensoras y periodistas continuaremos acompañándoles para visibilizar su situación y asegurarnos que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos de todas las personas que habitan el territorio mexicano.
Por ello, como personas defensoras y periodistas hacemos un llamado a no criminalizar la defensa de derechos humanos, a no cometer actos violentos y de hostigamiento como ya han ocurrido y hemos denunciado públicamente. En efecto, tenemos el derecho a defender derechos humanos en un entorno seguro y propicio, el cual dista de la realidad en la cual nos encontramos en Chiapas.
A su vez, llamamos al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a que hagan un alto a la represión, detención y violencia que se ejerce contra personas desplazadas de manera forzada y a brindar estrategias reales que resuelvan las causas de fondo que provocan este desplazamiento, es decir, la resolución de trámites de regularización migratoria, la garantía de acceso al sistema de refugio y a la vinculación con actores que se han puesto a disposición para crear acciones de asistencia humanitaria que contrarresten las condiciones de marginación en la que se encuentra la población.
Llamamos a seguir fortaleciendo la solidaridad entre las comunidades, a generar procesos de empatía y apoyo a las personas que desde sus países de origen son obligadas a huir para salvar su vida, buscar protección y luchar por una vida digna y que hoy lo siguen haciendo en México enfrentando las violencias institucionales para hacer valer el derecho más fundamental que es la vida digna.
Por último, llamamos a la Comunidad Internacional, especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Procedimientos Especiales de la ONU y a otras organizaciones de la sociedad civil a que nos apoyen en la visibilización de lo que está sucediendo y que le exijan al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
#AltoALaViolencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional
#AltoALaViolencia a quienes acompañan y visibilizan las Violaciones a Derechos Humanos #Defensoras #Defensores y #Periodistas
FIRMAMOS: Redes, colectivos, organizaciones y personas