De acuerdo con el último reporte de Naciones Unidas (Noticias ONU, 10/8/2025), “Desde octubre de 2023, más de 61.000 personas han muerto, entre ellas 18.000 niños, y 151.000 han resultado heridas. La ONU también ha documentado la muerte de más de 500 trabajadores humanitarios”.

Este 31 de agosto, más de 20 embarcaciones partieron de Barcelona España, hacia la franja de Gaza en Palestina. La Global Sumud Flotilla (GSF) está acompañada por más de 300 activistas de 52 países,  los cuales conforman:

Una coalición de personas comunes y corrientes —organizadores, humanitarios, médicos, artistas, clérigos, abogados y marinos— que creen en la dignidad humana y en el poder de la acción no violenta.

En junio, lanzamos una movilización coordinada a nivel mundial por tierra, mar y aire. En verano, volvemos con una estrategia unificada: un objetivo y una coordinación global como nunca antes.

Nuestros esfuerzos se basan en décadas de resistencia palestina y solidaridad internacional. Aunque pertenecemos a diferentes naciones, religiones y creencias políticas, nos une una sola verdad: el asedio y el genocidio deben terminar.

Somos independientes, internacionales y no estamos afiliados a ningún gobierno o partido político. Nuestra lealtad es a la justicia, la libertad y la santidad de la vida humana.

En palabras de Greta Thumberg.

…esta historia también se trata de un  levantamiento global, de cómo la gente está dando un paso al frente cuando nuestros gobiernos no lo hacen… Esta misión es para desafiar el extremadamente violento sistema de negocios habitual y un sistema internacional que no cumple con el derecho internacional, ni impide que Estados como Israel cometan los peores crímenes de guerra posibles...

Dentro de la Global Sumud Flotilla, viaja una delegación de seis mexicanos y mexicanas, quienes comparten un objetivo en común: “romper el bloqueo de Israel y abrir un corredor humanitario”.

En palabras de Karen Castillo, quien forma parte de la delegación mexicana rumbo a Gaza:

“Hacemos una invitación a todas las personas en territorio nacional. Necesitamos que, durante  la duración de está misión, salgan a las calles, envíen mensajes a la embajada mexicana para exigir el paso de esta flotilla...”

Como parte de las acciones solidarias que acompañan esta iniciativa global, frente a las oficinas de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México, se realizó una jornada político-cultural para informar a la población en general sobre el objetivo de la  Global Sumud Flotilla y también para denunciar y cuestionar el silencio del Estado Mexicano ante el genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Palestina.

Ante el aviso de que Israel tratará como “terroristas” a las y los miembros de la Flotilla Sumud, se pide a la población en general que se mantenga atenta e informada sobre el trayecto de la flotilla. Y también se exige al gobierno de México que pida al Estado de Israel el paso seguro de las Flotillas, pues de eso depende la integridad de las y los activistas.

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
^{Foto de portada: Cuartoscuro}

Marcos normativos están siendo utilizados como herramientas de censura en México, alerta la organización Artículo 19 en la presentación de su más reciente informe Las Leyes como Mecanismo de Censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México, publicado este martes (26). La organización exige a las autoridades frenar el hostigamiento hacia la prensa “mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas”.

Entre enero y julio de este año, un total de 39 periodistas (28 hombres, 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. De acuerdo con la organización, las cifras muestran un incremento en el acoso judicial, conformando además un patrón que en promedio equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo a cada cuatro días. 

Desde el 2016, Artículo 19 ha alertado sobre esta práctica, sin embargo, lejos de haber un alto, los 51 casos de acoso judicial documentados en lo que va de este año han sobrepasado las cifras de años anteriores donde, desde el 2015, el año con mayor número de víctimas había sido el 2021, con 40 casos.

Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
^{Fotos por Aidesep}

Tras once años del asesinato de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto (región Ucayali), el Poder Judicial del Perú ratificó la sentencia contra los autores del crimen.

En un fallo que marca precedentes para casos de crímenes contra dirigentes indígenas, la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó, este lunes 25 de agosto, la pena de 28 años de cárcel por homicidio calificado a cuatro taladores ilegales, quienes aún no son capturados. 

Se teme que los asesinos escapen del país y la sentencia no se ejecute. Hay, además, un quinto acusado cuyo proceso se encuentra suspendido y de quién se desconoce su paradero.

“Tenemos información de que ya han intentado huir hacia Brasil. Si no se actúa de inmediato, la justicia podría volver a quedar impune”, señaló la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

En este largo proceso, los familiares de las víctimas se enfrentaron a obstáculos por parte de las autoridades, como la anulación de una primera condena en 2023, lo que significó el inicio de un nuevo juicio. La presión de las comunidades amazónicas para visibilizar el caso Saweto durante estos años fue clave. 

El crimen fue cometido el 1 de setiembre de 2014, cuando a Edwin Chota -un emblemático defensor de los territorios ashéninka-, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo los emboscaron cerca de la frontera con Brasil, adonde se dirigían para participar en una reunión internacional de líderes indígenas.

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

Desde Mediterráneo Occidental, en el Moll de la Fusta de Barcelona, un puerto que ha visto zarpar históricas travesías, una a una se preparan decenas de pequeñas embarcaciones civiles para partir este domingo (30). Su objetivo es desafiar uno de los bloqueos más bestiales del mundo contemporáneo: el del Estado israelí sobre la Franja de Gaza. Esta es la llamada Flotilla Global Sumud, una iniciativa que aspira a convertirse en la “mayor misión humanitaria” de la historia liderada por la sociedad civil global.

La palabra “Sumud” en árabe significa “firmeza” o “resistencia pacífica”, un concepto profundamente arraigado en la identidad palestina. Es esta la firmeza que marca el corazón y la razón de cada tripulante que sostiene esta coalición sin precedentes, compuesta por cuatro grandes alianzas internacionales: la Campaña Global para el Retorno a Palestina, la veterana Coalición de la Flotilla de la Libertad —cuya tragedia del Mavi Marmara en 2010 aún resuena—, el Convoy Sumud del Magreb y la Iniciativa Nusantara Sumud del Sudeste Asiático.

Hasta el momento se han sumado activistas provenientes de 44 países, desde Argelia, España, Italia, Grecia, Marruecos, Colombia, Brasil, México, EEUU, Arabia Saudita, Irlanda, entre otros. Nuevamente se suma a esta iniciativa la activista sueca Greta Thunberg, ya que en junio pasado, en un intento por romper el bloqueo con la entonces llamada Flotilla de la Libertad, fueron detenidos y deportados.

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
^{En portada: Ejercicios en el Curso Combinado de Orientación en la Selva entre Estados Unidos y Panamá en territorio panameño, en la Base Cristóbal Colón.}

Mientras se avivan los vientos de intervencionismo de los Estados Unidos (EEUU) frente a México y Venezuela, solo durante el mes de agosto, el Comando Sur realiza al menos tres ejercicios militares en diversos países de Latinoamérica. Estas acciones buscan afianzar su estrategia con la cual afirman van a contrarrestar lo que denominan como Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT, por sus siglas en inglés) o Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en inglés).

Desde el pasado 7 de agosto, la administración de Donald Trump, endureció su postura frente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, equiparándolo como presunto líder del llamado “Cártel de los Soles”. Ante ello, el Departamento de Estado de EEUU, bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio, anunció una oferta de recompensa de hasta 50 millones de dólares a quien brinde información que conduzca al arresto del mandatario de Venezuela. 

La oferta de recompensa, autorizada por el secretario en virtud del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, en inglés), se dio justo dos semanas atrás cuando el Departamento del Tesoro había designado al “Cártel de los Soles” como “Terroristas Globales Especialmente Designados” (SDGT), un estatus que permite congelar los activos del grupo en jurisdicción estadounidense y criminaliza cualquier transacción con él.

Es así que la situación ha escalado a una crisis tensa entre Estados Unidos y Venezuela, ya que Trump ordenó el despliegue de tropas militares estadounidenses hacia el Caribe, en las proximidades de las costas venezolanas. 

Según información confirmada por funcionarios de Defensa, el despliegue ordenado por el presidente Donald Trump incluye: el Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG), compuesto por los buques de desembarco anfibio USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio. También 4 mil infantes de Marina de la 22.ª Unidad Expedicionaria.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Ejido Agua Clara, Salto de Agua, Chiapas.
23 de agosto del 2025

A la lucha por la vida, por la rebeldía, por la defensa de la Madre Tierra y del territorio.

Nosotras y nosotros, integrantes del Colectivo Tsijil Ba Bij (Nuevo Camino) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Agua Clara, Salto de Agua, Chiapas, en el marco de nuestro 6º aniversario de resistencia y rebeldía, levantamos nuestra voz para denunciar y manifestar lo siguiente:

Conmemoramos lo ocurrido el 4 de agosto del 2019, cuando nuestra comunidad fue víctima de agresiones e intimidaciones por ser pueblo originario tzeltal, por defender los derechos humanos, la autonomía y el territorio. Aquella violencia buscó sembrar miedo, pero no logró arrancar nuestra dignidad. Hoy reafirmamos: no al olvido, sí a la resistencia. Aquí seguimos y aquí seguiremos.

Manifestamos nuestro rechazo total al megaproyecto de la autopista San Cristóbal – Palenque, impuesto sin consulta libre, previa e informada. Esta obra ha generado división en las comunidades y amenaza nuestra forma de vida. Nuestra tierra es raíz, alimento y futuro, no mercancía. Decimos fuerte: no aceptamos esta obra de muerte.

Exigimos justicia por el asesinato del Padre Marcelo Pérez el año pasado, y por nuestro hermano Simón Pedro Pérez López, integrante de Las Abejas de Acteal, asesinado el 5 de julio del 2021. Recordamos su palabra y su caminar, que son semillas de lucha que florecen en nuestros corazones.

Exigimos la liberación inmediata de nuestros hermanos tzeltales de San Juan Cancuc: Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, presos injustamente desde el 29 de mayo del 2022. Su encarcelamiento es parte de la criminalización contra quienes defienden la vida y la autonomía.

Denunciamos la mentira del gobierno que dice que en Chiapas se vive paz. La realidad es otra: continúan las desapariciones, los secuestros, los asesinatos de luchadores sociales y la militarización de nuestros territorios. No hay paz cuando hay guerra contra los pueblos.

Sabemos que enfrentamos una tormenta que destruye la naturaleza y amenaza nuestra vida. Pero también sabemos que organizadas y organizados podemos defender lo que nos pertenece. Por eso hacemos un llamado a todas y todos los pueblos, colectivos y organizaciones solidarias a unirnos en defensa de lo que da vida:

•  Defender nuestros derechos.
• Defender nuestra tierra.
• Defender la vida de nuestras hijas e hijos.

Nuestra lucha es no violenta, pero firme y decidida. Queremos un futuro digno para las generaciones presentes y futuras.

ATENTAMENTE

Colectivo Tsijil Ba Bij (Nuevo Camino)
Congreso Nacional Indígena – Agua Clara, Salto de Agua, Chiapas

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
^{En portada: Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón a las afueras del Juzgado de Huautla. Fotografías por David Peralta}

Este lunes (18) fue suspendida una audiencia en Huautla de Jiménez, cuya finalidad era dar seguimiento a los casos de tres miembros de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón. La razón de la suspensión se debió a que abogados de la Defensoría Pública Federal no se presentaron, debido a las modificaciones en la Reforma Judicial que implican, que este 1 de septiembre tomen posesión los nuevos titulares surgidos de la elección judicial el 1 de junio pasado.

Desde el 2014, Manuel Zepeda Cortés –expresidente municipal de Eloxochitlán—, su hija Elisa Zepeda Lagunas –diputada de Morena–, demás familiares y otros miembros de Eloxochitlán, han perseguido a integrantes de la Asamblea comunitaria porque representan una amenzan a su poder caciquil y a su empresa extractiva que se sustenta despojando al río Xanga Ndá Ge. Hasta el año pasado eran 40 los perseguidos políticos, pero a partir de junio de este año la lista aumentó a 56 personas -entre estas 8 mujeres- con 200 órdenes de aprehensión en su contra.

La audiencia que este lunes se vió suspendida correspondía al caso de Antonio, Adán y Gaspar, tres hombres mazatecos acusados de daño por incendio y robo desde el 2014. La Asamblea comunitaria espera una nueva fecha en el juzgado de Huautla de Jiménez, que será después del 1 de septiembre cuando la nueva administración esté instalada. Así mismo, determinaron que no tomarán acciones legales sin los defensores federales de confianza, para evitar retrocesos y enturbiar el caso.

Al tiempo que posponían la audiencia, les llegaba una noticia desde el Juzgado de Boca del Río Veracruz: la resolución en el expediente 989/2024 que declara la preescripción del delito para Francisco Durán, es decir, que la persecución judicial por los cargos de daño por incendio y robo en su contra llegó a su fin. Posteriormente, este miércoles (20), la abogada Argelia Betanzos viajó al juzgado en Veracruz para obtener la copia de la sentencia y poder corroborar la información notificada.

¡CHAVA VIVE, LA LUCHA SIGUE!
Nueve años de la muerte de Salvador Olmos García.
Siete años para que el Ayuntamiento aceptara su responsabilidad.
¡Fue el Estado!

BOLETÍN DE PRENSA
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Huajuapan de León, Oaxaca.
20 de agosto de 2025

¡CHAVA VIVE, LA LUCHA SIGUE!
Nueve años de la muerte de Salvador Olmos García.
Siete años para que el Ayuntamiento aceptara su responsabilidad.
¡Fue el Estado!

El Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) se pronuncia a nueve años del asesinato de nuestro compañero Salvador Olmos García “Chava”, periodista comunitario, defensor del territorio y la cultura de los pueblos, quien fue detenido y brutalmente asesinado por la Policía Municipal de Huajuapan de León, Oaxaca, la madrugada del 26 de junio de 2016.

Durante casi una década, la familia, amistades, organizaciones y colectivos hemos exigido justicia. Han sido años de litigio, burocracia, revictimización e impunidad que muestran cómo el sistema de justicia en México protege a los perpetradores y obstaculiza el derecho a la verdad.

En 2018, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) acreditó la responsabilidad del Ayuntamiento de Huajuapan de León a través de la Recomendación 03/2018. Sin embargo, fueron necesarios siete años de presión, demandas y sentencias judiciales para que el gobierno municipal aceptara su responsabilidad y anunciara una Disculpa Pública este 24 de agosto de 2025 en el Hemiciclo a Juárez.

Reconocemos este acto como un avance, pero no es suficiente. Una disculpa pública no devuelve la vida de nuestro compañero, no repara el daño y no sustituye la justicia que seguimos exigiendo.

Exigimos:

1. Cumplimiento integral e inmediato de la Recomendación 03/2018 emitida por la DDHPO.
2. Castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de la detención, tortura y asesinato de Salvador Olmos García.
3. Garantías de no repetición, el cese del abuso policial y el desmantelamiento de los pactos de impunidad que operan en Huajuapan de León.

Denunciamos:

Que durante estos nueve años, el Ayuntamiento de Huajuapan —encabezado hoy por Luis de León Martínez, hijo del expresidente municipal Luis de Guadalupe Martínez Ramírez— ha utilizado recursos públicos, relaciones políticas y poder institucional para obstaculizar la justicia y proteger a los responsables.

¡Una disculpa no es suficiente!
¡Justicia para Chava!
¡Justicia para su familia!
¡Basta de impunidad, castigo a todos los responsables!
¡Chava vive, la lucha sigue!

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Huajuapan de León, Oaxaca.
20 de agosto de 2025

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
^{Fotos por Jeny Pascacio}

La colectiva Madres en resistencia de Chiapas exige al gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas acciones reales de búsqueda de personas y cumplimiento de los acuerdos tomados en cada mesa de trabajo, desde diciembre de 2024. 

Después de la toma de protesta como gobernador, Eduardo Ramírez se comprometió a mantener “puertas abiertas” a las causas de desaparición forzada y feminicidios del grupo integrado por familias de diferentes municipios del territorio chiapaneco. 

“El propio Jorge Luis Llaven Abarca se había comprometido a estar en cada reunión, pero nada más en dos estuvo presente. Después fueron sólo simulaciones. Tratando de engañar con un pegue de ficha, simulando cateos. “Buscamos donde ellos quieren que busquemos, no donde nosotras proponemos”, agregan las integrantes de Madres en Resistencia en entrevista con Avispa Mídia. 

El 4 de agosto, la colectiva Madres en Resistencia, integrada por 14 familias de víctimas de desaparición forzada y dos de feminicidio, inició una huelga en la entrada del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, para exigir un diálogo directo con Eduardo Ramírez.

Hicieron varias acciones durante casi una semana que permanecieron a la intemperie con lluvia y altas temperaturas lo que afectó la salud de las integrantes de mayor edad, por lo que una de ellas tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
^{En portada: Protesta de campesinos en las inmediaciones del poder Judicial, en la ciudad de San Pedro Sula, para exigir justicia y castigo para los responsables materiales e intelectuales por el asesinato de Juan López.}

A un mes de cumplir un año de su asesinato, el pasado 14 de agosto estaba prevista la realización de la audiencia preliminar por el caso del defensor del territorio Juan López, religioso y líder social quien participó en diversas luchas por la recuperación de las tierras campesinas en el Bajo Aguán, norte de Honduras, así como por la defensa de la montaña Botaderos y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la industria minera.

Acorde a Ruy Barahona, portavoz del poder Judicial en la ciudad de San Pedro Sula, donde se realiza el proceso penal, la audiencia fue reprogramada debido a que el juez accedió a la petición de la defensa de dos de los tres imputados, quienes aludieron una posible indefensión, consiguiendo con ello la reprogramación de la audiencia para el siguiente jueves 21 de agosto.

En entrevista para Radio Progreso, la abogada Rita Romero del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCT), organización que López ayudó a fundar hace una década, denunció lo que calificó como negligencia institucional por parte del Ministerio Público. Esto debido a que, acusa, la Fiscalía entregó demasiado tarde un dictamen pericial realizado a los dispositivos telefónicos de los involucrados en el crimen, un informe que podría aportar pistas sobre los autores intelectuales.