Resumen: de la segunda participación zapatista en el Encuentro de Resistencias y Rebeldías,
día 5 de agosto del 2025

Previously

  En una sorpresiva mirada al pasado, a nuestros anteriores, los pueblos zapatistas revalúan su presente y los problemas que afrontan.  A raíz de su asistencia a la Asamblea de los Muertos, las comunidades inician un análisis profundo de su forma de gobierno autónomo.  Los muertos les han advertido sobre la copia de la pirámide opresora.  Porque llegará el día en que los vivos tendrán que rendir cuentas ante los muertos.

  Con eso en mente, se dan a la tarea de criticar y autocriticar las fallas en el funcionamiento de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y las Juntas de Buen Gobierno.  En asambleas comunitarias se denuncian corrupciones, robos, malversaciones, inconsecuencias, burocracias y, de plano, chingaderas de algunos turnos de autoridades.  De una vez, no se puede creer.  Los señalamientos son implacables y se aportan pruebas.  Se determinan y aplican los distintos castigos y sanciones.

  Pero el análisis autocrítico no para ahí.  Se ve que el modelo de gobierno autónomo está replicando la figura piramidal que el pinche sistema impone en las partes del todo.

  Como un viento que inicia como brisa, aumenta su intensidad y se convierte en huracán, la condena crece.  Jóvenas y jóvenes con distintas lenguas madres, de raíz maya, discuten, intercambian ideas, análisis, pensamientos, propuestas.  La sentencia es común: “a la chingada el pirámide”.

  En común y organizados, los pueblos zapatistas echan abajo su pirámide, desaparecen los MAREZ y las Juntas de Buen Gobierno.  Comprometen así su lucha para el derrumbe y destrucción de todas las pirámides.  Especialmente de la pirámide madre: el sistema capitalista.  Frente a un criminal mundial: resistencia y rebeldía en las partes del todo, declaran.

  Los rumores se confirman: la pirámide es desnudada con fuego y es derribada.  Sobre sus escombros, un montón de gente baila y canta.  Pero sólo por un momento, hay que seguir luchando.  Hay que ser mirada y oído frente a los semejantes en sus diferencias, las partes del todo que resiste, y se revela y rebela contra el sistema.

  Las comunidades zapatistas seguirán buscando una forma de relación comunitaria que no sea piramidal… en común y organizadas.

  Pero creo no basta con el presente y el pasado.  Tal vez habrá que mirar también el futuro…

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

El Capitán.
Jefe del Departamento de Resúmenes, Síntesis y Spoilers Zapatudos.
México, agosto del 2025.

Fuente: Avispa Midia

Por Rocío Heredia

Saúl Rosales Meléndez es un líder indígena y defensor del bosque, originario de la comunidad nahua San Pedro Tlalcuapan, localidad perteneciente al municipio de Chiautempan en el estado de Tlaxcala. Antes de su aprehensión, hace tres años, Saúl habitaba en las faldas de Matlalcuéyetl, una preponderante montaña en el centro-oriente de la ciudad. Desde ahí, Saúl se dedicaba a trabajar la tierra y a su tienda de abarrotes además de integrar el grupo de guardabosques de su comunidad, nombrado Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan (CSRMT). Debido a su ardua labor comunitaria, en 2022 fue electo como presidente de San Pedro.

Alicia Meléndez, esposa del defensor territorial, originaria de San Pedro y dedicada a las labores del hogar, comparte para Avispa Mídia que poco después de la elección de su esposo como presidente, el 15 de abril del 2022, mientras en la comunidad celebraban el “Viernes Santo” – día clave en la celebración cristiana de la Semana Santa -, sobre la calle Constancia, dos personas intentaron robar una vivienda. Pobladores lograron detener a uno y lo llevaron a la presidencia, pero debido a los ánimos del momento, lo sacaron para después lincharlo entre aproximadamente 400 personas. Fue la primera vez que en la comunidad recurrieron a ese tipo de solución para un conflicto.

Rosales no se encontraba en la localidad hasta que recibió una llamada por parte de su secretaria, quien le informó sobre la detención de un presunto ladrón. De camino a San Pedro, Rosales se comunicó con el director de seguridad del municipio para solicitar apoyo. En la comunidad la gente estaba alterada al punto de sustraer al acusado y desconocer a Saúl como presidente para luego retenerlo en la presidencia. Horas más tarde lo liberaron y se entera del linchamiento.

Tres meses después de los hechos, Saúl fue detenido bajo el cargo de homicidio calificado y preso en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, pues le impidieron llevar su proceso penal en libertad el cual duró 1 año y 8 meses.

El 25 de marzo del 2024, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, sentenció a Saúl a 20 años de prisión luego de un juicio lleno de irregularidades: tomaron testimonio de dos policías y un comandante de la policía municipal que afirmaron la presencia de un grupo conformado por al menos 400 personas y la nula actuación de las autoridades ante el temor de ser agredidas. También omitieron tres testimonios más donde afirmaron que Saúl trató de calmar a la multitud y entregar a la persona detenida, pero esto fue imposible debido al coraje e intensidad de la gente.

Posterior al dictamen del Tribunal de Enjuiciamiento, el 8 de julio de 2024, Rosales apeló la sentencia condenatoria. No obstante, la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala confirmó el veredicto sin advertir violaciones procesales ni de derechos humanos en el caso.

Una de las últimas acciones legales que tomó Rosales fue que, ante la falta de opciones para su defensa, el 23 de diciembre de 2024, presentó una demanda de amparo en contra de la resolución de apelación, a la cual se le dio el número de amparo directo 5/2025 ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito.

Falta de perspectiva intercultural

Las juezas que dictaminaron la sentencia de Rosales se basaron en la idea estereotipada de que el ‘acto de linchar’ forma parte de los usos y costumbres del pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan. En suma, y pese a no contar con pruebas suficientes, de acuerdo a la defensa jurídica de Rosales, las juezas afirmaron que el defensor ambiental no actuó de manera diligente para evitar el homicidio de la persona y que, por el contrario, este auxilió al grupo de personas reunidas al exterior de la presidencia de la comunidad.

Familiares de Rosales aseguran que las autoridades judiciales no realizaron una investigación efectiva para recabar pruebas que les hicieran saber cuáles son los usos y costumbres de San Pedro Tlalcuapan y sus formas de resolución de conflictos, por lo que se confirma que hubo una ausencia de perspectiva intercultural en el caso.

Alicia ha observado que las instancias encargadas de impartir justicia en Tlaxcala, “no cuentan con personas preparadas o con el conocimiento sobre la perspectiva intercultural” y, además, afirma que la negativa de incluir esta perspectiva en el proceso de Rosales, responde a la conveniencia de las autoridades, pues de “aplicarla él saldría libre”.

A lo largo de los tres años que la comunidad lleva buscando justicia para Saúl, ha aprendido que hay una situación permanente de falta de respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, discriminación y persecución sobre todo para quienes defienden sus territorios, comparte la esposa del defensor territorial.

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Un pretexto para frenar la defensa territorial

Rosales ha sido uno de los líderes en la defensa de La Malinche, una zona reconocida como Área Natural Protegida desde 1938, que alberga al menos 937 especies de flora y fauna, de acuerdo con su programa de manejo. En 2019, los guardabosques comunitarios solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para mitigar la plaga del escarabajo descortezador, pero no hubo atención al caso y San Pedro Tlalcuapan perdió aproximadamente el 80% de su bosque.

De acuerdo con el CSRMT, hubo empresas contratadas por el gobierno estatal para aprovechar la plaga y talar árboles con fines comerciales. Dicha situación generó un ambiente tenso entre autoridades y guardabosques.

Culpar a Rosales de homicidio en un linchamiento cometido colectivamente, fue tan sólo un pretexto para llevarlo a prisión por su labor como defensor territorial y de su comunidad, afirma Alicia.

Además de Rosales, el tiaxca (servidor comunitario) y defensor territorial Raymundo Cahuantzi también fue detenido. En marzo del 2024 Cahuantzi fue puesto en libertad después de permanecer en prisión un año y 7 meses junto a Saúl.

Sobre la repercusión que la detención de Saúl generó en el pueblo, Alicia considera que “afectó a la comunidad ya que el era nuestro representante, y pareciera que fue un escarmiento a los pueblos y/o colectivos por levantar la voz y defender el territorio”.

Solidaridad con Rosales

La lucha por la justicia y libertad para Saúl Rosales ha sido acompañada por la solidaridad de varios colectivos y organizaciones. Alicia reconoce que “son diversos colectivos y organizaciones a nivel local, nacional e internacional” quienes los han apoyado, entre estos: “el Centro Fray Julián Garcés, el Centro Prodh, la red TDT, La RAE, Geo-grafías comunitarias, Territorios de Paz de Colombia, entre otros, así como diversas comunidades de Tlaxcala y de toda la república”.

Frente al temor de que la resolución para Saúl se retrase más tiempo debido a que con las elecciones judiciales, del pasado 1 de junio, la conformación del Tribunal Colegiado cambiará en el mes de septiembre de este año, familiares e integrantes del CSRMT realizaron la mañana del pasado martes (5) una manifestación pacífica a las afueras de Ciudad Judicial en Tlaxcala, para exigir una inmediata resolución.

Al calor de la manifestación, Marisol Flores García directora del “Centro ‘Fray Julián Garcés’ Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.” emitió un oficio dirigido a los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, documento en el que expone las irregularidades en el caso de Rosales y exhorta a los magistrados a emitir un resolutivo con base en la aplicación de “los más altos estándares en materia de derechos humanos y de interculturalidad”.

La comunidad de San Pedro Tlalcuapan, grupos solidarios y familiares de Saúl continuarán organizándose para la planeación de diversas acciones en busca de justicia. Alicia invita a la sociedad en general a sumarse a la exigencia de libertad para Rosales y a no callar ante las injusticias.

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

El defensor de los derechos humanos de la comunidad migrante en Chiapas, Luis García Villagrán, fue detenido el martes (5) y trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR) en Tapachula, un día antes de la salida del éxodo de personas con necesidades de protección internacional. A las 7h de este miércoles (6) se confirmó la salida de la nueva caravana desde Tapachula hacia el centro del país. 

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Según las primeras versiones, este martes (5) Villagrán asistió a una asamblea para ultimar detalles del inicio del “Éxodo de la justicia”, desde el parque Bicentenario, en Tapachula. El grupo busca acceder a los trámites para el refugio y visas humanitarias en México.

Posteriormente, nadie tuvo contacto con él hasta que se comunicó con su familia para confirmar la detención por presunto tráfico de personas. “Esto fue repentino”, señalaron familiares en entrevista con Avispa Mídia.

Las autoridades continúan sin informar sobre los fundamentos legales del arresto de García Villagrán, pese al despliegue de un operativo militar que permaneció vigilante en las inmediaciones del Centro de Justicia Penal Federal, por la posibilidad de protestas por parte de la comunidad en movilidad humana.

La familia solo recibió un boletín informativo del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), donde se lee que el defensor fue detenido cerca del parque Bicentenario. 

“Pero no hemos tenido más información. Solo sabemos que es obra del gobierno traidor; el gobierno sigue fabricando delitos y se está ensañando con él”, dijeron los familiares y recordaron que no es la primera vez que García Villagrán es acusado de delitos que no cometió.

Autoridades agrarias, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales, convocan al Foro regional: “Defensa del Territorio y Autonomía frente a Megaproyectos en la Chontal e Istmo”, a realizarse el 9 de agosto en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

Las comunidades chontales e istmeñas enfrentan una ola de despojo disfrazada de desarrollo: minería, proyectos turísticos, concesiones de agua y el Corredor Interoceánico amenazan sus territorios y formas de vida.

Ante este contexto, las autoridades comunitarias, organizaciones, colectivos, defensoras y defensores del territorio invitan a este foro regional “para escucharnos, compartir experiencias, estrategias y articularnos como pueblos para la defensa de la propiedad social, la vida comunitaria y nuestra autonomía”.

Con estas mismas reflexiones tanto similares como urgentes, en días pasados se celebró en Chiapas el “Encuentro Internacional en Defensa de la Vida: el maíz, el agua, El territorio y la madre tierra”, en el que se denunció que los territorios de los pueblos originarios se encuentran amenazados por los megaproyectos de los gobiernos federal y estatales, la militarización y la presencia del crimen organizado.

“Nuestros territorios tienen una gran diversidad biocultural que nos han heredado nuestros ancestros y ancestras, las cuales están puestas en grave peligro a causa de un modelo de desarrollo extractivista que, bajo la lógica individualista, capitalista y patriarcal, nos está despojando de todo lo que nos da vida“.

“Los territorios de los pueblos originarios se encuentran amenazados por los megaproyectos de los gobiernos federal y estatales, la militarización y la presencia del crimen organizado”.

En el caso de Oaxaca se mencionaron las luchas de comunidades y organizaciones de la sociedad civil contra el Corredor Interoceánico, la presa Margarita Maza de Juárez y las concesiones mineras.

Resumen: de la primera participación zapatista en el
Encuentro de Resistencias y Rebeldías, día 4 de agosto del 2025:

  En la asamblea de una comunidad zapatista, están discutiendo cómo se van a organizar por los problemas que hay en los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno.  Entonces llegan unos enviados de la asamblea de nuestros muertos y muertas, quienes murieron luchando por libertad y justicia.  Esos enviados citan a la asamblea de vivos a que rindan cuentas frente a los caídos en tantos años de lucha.  Los vivos quieren mandar una comisión, pero les dicen que no, tienen que asistir todos y todas.  En la asamblea de los caídos les explican a los vivos cómo ha sido la lucha por siglos, que luchan y mueren y siempre queda alguien arriba, en la punta de la pirámide.  Entonces los muertos les demandan a los vivos que no repitan lo mismo, que no copien o calquen lo que da el sistema de la pirámide.  Les dicen que ellos, los vivos, tienen que ver que valió la pena la lucha y no terminar en lo mismo de antes.

  (No sé ustedes, pero creo que están juzgando y sentenciando la pirámide.  ¿Será absuelta o condenada?  No sé, pero creo que algo significa esa construcción que flanquea la presentación teatral y que algo va a pasar.  Oh, lo sé, es sólo un supositorio, alentado por los rumores que llegan a esta capitanía de puerto.  Así que habrá que esperar las siguientes partes para tener la imagen del todo).

El Capitán.
Agosto del 2025.

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
^{En portada: Las tasas de desnutrición están aumentando en Gaza. Foto: Mohammed Nateel}

Durante la última semana de julio de este año 15 países occidentales llamaron a reconocer un Estado de Palestina, situación que desató una discusión entre ministros a través de plataformas virtuales, mientras la población gazatí es amenazada mortalmente por el hambre.

Actualmente el Estado de Palestina tiene un estatus de “Estado Observador” no miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo anterior significa que puede participar en la mayoría de los procedimientos de la ONU, pero no puede votar en la Asamblea General ni presentarse a órganos de esta asociación. 

Al finalizar una conferencia ministerial para la solución de dos estados (palestino e israelí), realizada el pasado 28 de julio en la ONU con sede New York, cancilleres de 15 países firmaron un comunicado titulado “Llamado de New York”, en el que expresan su voluntad de reconocer el Estado de Palestina e invitan al resto de países a sumarse. 

Cuatro días antes, Emmanuel Macron, presidente en Francia, compartió a través de redes sociales su intención por reconocer oficialmente al Estado palestino en la próxima Asamblea Generalde la ONU, a realizarse en septiembre de este año.

Fuente: Avispa Midia
Por Isabel Ortega

_{En portada: Una trabajadora de Google laborando al interior de un centro de datos ubicado en EEUU. Cada vez más, esta infraestructura está siendo construida en otros países latinoamericanos.}

A través del informe Acciones para la justicia ambiental desde infraestructuras tecnológicas autónomas y comunitarias, organizaciones y colectivas que trabajan para construir alternativas dentro del internet denunciaron los impactos ambientales y sociales del actuar de las corporaciones tecnológicas y sus infraestructuras.

El pasado 17 de julio, se presentó este trabajo, resultado de una investigación participativa llevada a cabo por Sursiendoy Mayfirst Movement Technology, dos organizaciones que trabajan por los derechos digitales colectivos a través del acompañamiento y la provisión de servicios digitales a organizaciones y defensores del territorio y de derechos humanos.

Bajo la premisa de que “no hay centros de datos sin tierra ni agua”, el informe describe cómo las infraestructuras tecnológicas, como los centros de datos, impactan los territorios y las comunidades locales a través de la extracción de recursos y la degradación ambiental.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de San Juan Cancuc participan de una peregrinación rumbo al CERSS No 5 para exigir la liberación inmediata de los defensores tzeltales. Foto: Sipaz}

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió semana pasada un dictamen dirigido al gobierno de México en el cual confirmó la criminalización y detención arbitraria de los defensores de derechos humanos tzeltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Augustín Pérez Velasco.

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Originarios del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, los cinco presos políticos permanecen recluidos, desde hace más de tres años y dos meses, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) n° 5, acusados, sin pruebas contundentes y en medio de irregularidades, por el asesinato de una persona, sucedido en mayo del 2022.

El organismo de las Naciones Unidas emitió su opinión acerca del caso el 4 de abril del 2025, después de un análisis derivado de una visita al estado de Chiapas realizada en septiembre del año 2023 y, tras recibir información de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos a las autoridades mexicanas durante julio del 2024. 

Criminalización

Acorde a una misiva firmada por nueve organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional, Front Line Defenders y el Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR), la opinión del pasado abril destaca una serie de violaciones a los derechos humanos contra los cinco presos, desde su arresto como durante el desarrollo de sus procesos judiciales.

¿A qué resistimos? Al capitalismo voraz, a la destrucción de los bienes comunales y en contra del despojo de tierras, ríos y lagos.

¿Cómo resistimos? Organizándonos a través de Asambleas Generales, formando Consejos de Gobierno Comunal y rescatando a las Rondas Tradicionales y a los Jueces Ancestrales.

Orgullosamente formamos parte del Congreso Nacional Indígena #CNI

Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM

Del 25 al 27 de julio de 2025 se reunieron en Chiapas 250 personas de 60 comunidades, organizaciones y redes provenientes de diferentes estados de México y de otros países para un Encuentro Internacional en Defensa de la Vida: el Maíz, el Agua, el Territorio y la Madre Tierra. El objetivo del encuentro fue compartir experiencias organizativas en defensa de la vida y pensar en común cómo hacer frente a los proyectos y megaproyectos, así como la militarización y el crimen organizado, que atentan contra la vida.

Tras tres días de encuentro, los presentes emitieron una declaratoria en la que analizan la situación actual que se vive en los territorios.

DECLARATORIA
SÍ A LA VIDA, NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE

A la Sociedad Civil local, nacional e internacional
A los organismos defensores de derechos humanos
A los Estados y a los gobiernos del Planeta Tierra
A los movimientos, luchas dignas y rebeldes
A la prensa local, nacional e internacional

Estando presentes 250 personas, integrantes de 60 comunidades, organizaciones y redes nos reunimos los días 25, 26 y 27 de julio de 2025 en la comunidad Ahlan Muc’ul Ha’ (Abajo del Río Grande), en el municipio de Chilón, Chiapas, con el objetivo de compartir experiencias organizativas y comunitarias en las resistencias y en la defensa de la vida, el agua, el maíz, el territorio y la Madre Tierra.

Somos mujeres, hombres, jóvenas, jóvenes, mayores y mayoras, niños y niñas, reconociéndonos en nuestras diversidades culturales, generacionales, espirituales y sexo-genéricas.

Venimos de diferentes territorios de México, tales como Oaxaca, Coahuila, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Estado de México, Chiapas, así como Colombia, País Valenciano y Alemania.

Nos hemos encontrado para buscar juntes cómo hacer frente a los proyectos de muerte tejiendo con mayor fuerza nuestras alternativas que ya estamos construyendo en cada familia, comunidad, pueblo, región, territorio, organización y lucha.

Luego de tres días de compartir y analizar lo que sucede en nuestras regiones y en el mundo, DECLARAMOS Y REAFIRMAMOS que:

Nuestros territorios tienen una gran diversidad biocultural que nos han heredado nuestros ancestros y ancestras, las cuales están puestas en grave peligro a causa de un modelo de desarrollo extractivista que, bajo la lógica individualista, capitalista y patriarcal, nos está despojando de todo lo que nos da vida.

Reconocemos que sufrimos las mismas amenazas: a) la violación de nuestros derechos como mujeres, niñeces, jóvenes, jóvenas, hombres, diversidades sexo-genéricas, pueblos y Madre Tierra; b) la militarización de nuestros territorios por las diferentes fuerzas de seguridad local, regional y nacional, así como, c) la presencia del crimen organizado y su complicidad con los gobiernos y los Estados.

Denunciamos que, en todos nuestros territorios, se nos imponen proyectos sin el consentimiento de los pueblos e instrumentalizando las consultas para efectuar y consumar el despojo. También denunciamos cómo de forma sistémica se instiga, desde el poder institucional y los poderes fácticos, la división comunitaria a favor de las empresas capitalistas.

En un mundo que está agotado sabemos que nuestro enemigo es el mismo y por eso declaramos que no estamos a favor del desarrollo colonialista y patriarcal porque nunca ha funcionado para nosotros y nosotras.

GRACIAS A LAS COMPARTICIONES QUE REALIZAMOS, hemos conocido de viva voz la lucha que las mujeres y los pueblos de los municipios que conforman el MODEVITE (Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio), el Gobierno Comunitario de Chilón, así como de su Pluriversidad Autónoma Comunal Yutsilal Bahlumilal-Gobierno Comunitario Ch’ich’.

El MODEVITE nos ha compartido su experiencia de más de 10 años de resistencia contra la Autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque, mal llamada “la Carretera de las Culturas”. Esta lucha resonó junto a las luchas de comunidades y organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca contra el Corredor Interoceánico, la presa Margarita Maza de Juárez y las concesiones mineras. Desde el sureste de Coahuila compartieron la resistencia contra el basurero de residuos tóxicos industriales, ilegal y clandestino y la defensa del agua del arroyo San Miguel. Las compañeras de Hidalgo compartieron la lucha contra el parque solar que se quiere establecer en ciudad Sahagún y la contaminación del agua en Tula, proveniente de los desechos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Desde el norte de Veracruz se denunció la distribución gubernamental de fertilizantes y agrotóxicos que enferman la tierra y la salud de las comunidades.

A la par conocimos por parte de Crianzas Mutuas Colombia la defensa de los ríos en el municipio de Suárez en el valle del Cauca. De ese mismo país, nos trajeron las palabras de las luchas del Cabildo de Taganga, Santa Marta, realizada por las comunidades de pescadores de la costa atlántica colombiana quienes luchan por defender sus maritorios.

Hemos compartido nuestros dolores, pero también nuestras esperanzas y fortalezas: nuestra organización comunitaria tejida a través de nuestros sistemas normativos, nuestras espiritualidades y ceremonias, así como el trabajo colectivo comunitario que sostiene las alternativas que caminamos en nuestra cotidianidad.

Hemos tejido nuestra capacidad de compartir y de soñar en medio de las violencias y guerras que nos atraviesan.

DENUNCIAMOS

las estrategias de los gobiernos, partidos políticos, élites empresariales y caciques locales que buscan desestabilizar nuestras organizaciones comunitarias para despojarnos de nuestros territorios, a favor de sus intereses capitalistas.