En portada: Pobladores de San Juan Cancuc participan de una peregrinación rumbo al CERSS No 5 para exigir la liberación inmediata de los defensores tzeltales. Foto: Sipaz
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió semana pasada un dictamen dirigido al gobierno de México en el cual confirmó la criminalización y detención arbitraria de los defensores de derechos humanos tzeltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Augustín Pérez Velasco.
Originarios del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, los cinco presos políticos permanecen recluidos, desde hace más de tres años y dos meses, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) n° 5, acusados, sin pruebas contundentes y en medio de irregularidades, por el asesinato de una persona, sucedido en mayo del 2022.
El organismo de las Naciones Unidas emitió su opinión acerca del caso el 4 de abril del 2025, después de un análisis derivado de una visita al estado de Chiapas realizada en septiembre del año 2023 y, tras recibir información de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos a las autoridades mexicanas durante julio del 2024.
Criminalización
Acorde a una misiva firmada por nueve organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional, Front Line Defenders y el Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR), la opinión del pasado abril destaca una serie de violaciones a los derechos humanos contra los cinco presos, desde su arresto como durante el desarrollo de sus procesos judiciales.
¿A qué resistimos? Al capitalismo voraz, a la destrucción de los bienes comunales y en contra del despojo de tierras, ríos y lagos.
¿Cómo resistimos? Organizándonos a través de Asambleas Generales, formando Consejos de Gobierno Comunal y rescatando a las Rondas Tradicionales y a los Jueces Ancestrales.
Orgullosamente formamos parte del Congreso Nacional Indígena #CNI
Del 25 al 27 de julio de 2025 se reunieron en Chiapas 250 personas de 60 comunidades, organizaciones y redes provenientes de diferentes estados de México y de otros países para un Encuentro Internacional en Defensa de la Vida: el Maíz, el Agua, el Territorio y la Madre Tierra. El objetivo del encuentro fue compartir experiencias organizativas en defensa de la vida y pensar en común cómo hacer frente a los proyectos y megaproyectos, así como la militarización y el crimen organizado, que atentan contra la vida.
Tras tres días de encuentro, los presentes emitieron una declaratoria en la que analizan la situación actual que se vive en los territorios.
DECLARATORIA SÍ A LA VIDA, NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE
A la Sociedad Civil local, nacional e internacional A los organismos defensores de derechos humanos A los Estados y a los gobiernos del Planeta Tierra A los movimientos, luchas dignas y rebeldes A la prensa local, nacional e internacional
Estando presentes 250 personas, integrantes de 60 comunidades, organizaciones y redes nos reunimos los días 25, 26 y 27 de julio de 2025 en la comunidad Ahlan Muc’ul Ha’ (Abajo del Río Grande), en el municipio de Chilón, Chiapas, con el objetivo de compartir experiencias organizativas y comunitarias en las resistencias y en la defensa de la vida, el agua, el maíz, el territorio y la Madre Tierra.
Somos mujeres, hombres, jóvenas, jóvenes, mayores y mayoras, niños y niñas, reconociéndonos en nuestras diversidades culturales, generacionales, espirituales y sexo-genéricas.
Venimos de diferentes territorios de México, tales como Oaxaca, Coahuila, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Estado de México, Chiapas, así como Colombia, País Valenciano y Alemania.
Nos hemos encontrado para buscar juntes cómo hacer frente a los proyectos de muerte tejiendo con mayor fuerza nuestras alternativas que ya estamos construyendo en cada familia, comunidad, pueblo, región, territorio, organización y lucha.
Luego de tres días de compartir y analizar lo que sucede en nuestras regiones y en el mundo, DECLARAMOS Y REAFIRMAMOS que:
Nuestros territorios tienen una gran diversidad biocultural que nos han heredado nuestros ancestros y ancestras, las cuales están puestas en grave peligro a causa de un modelo de desarrollo extractivista que, bajo la lógica individualista, capitalista y patriarcal, nos está despojando de todo lo que nos da vida.
Reconocemos que sufrimos las mismas amenazas: a) la violación de nuestros derechos como mujeres, niñeces, jóvenes, jóvenas, hombres, diversidades sexo-genéricas, pueblos y Madre Tierra; b) la militarización de nuestros territorios por las diferentes fuerzas de seguridad local, regional y nacional, así como, c) la presencia del crimen organizado y su complicidad con los gobiernos y los Estados.
Denunciamos que, en todos nuestros territorios, se nos imponen proyectos sin el consentimiento de los pueblos e instrumentalizando las consultas para efectuar y consumar el despojo. También denunciamos cómo de forma sistémica se instiga, desde el poder institucional y los poderes fácticos, la división comunitaria a favor de las empresas capitalistas.
En un mundo que está agotado sabemos que nuestro enemigo es el mismo y por eso declaramos que no estamos a favor del desarrollo colonialista y patriarcal porque nunca ha funcionado para nosotros y nosotras.
GRACIAS A LAS COMPARTICIONES QUE REALIZAMOS, hemos conocido de viva voz la lucha que las mujeres y los pueblos de los municipios que conforman el MODEVITE (Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio), el Gobierno Comunitario de Chilón, así como de su Pluriversidad Autónoma Comunal Yutsilal Bahlumilal-Gobierno Comunitario Ch’ich’.
El MODEVITE nos ha compartido su experiencia de más de 10 años de resistencia contra la Autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque, mal llamada “la Carretera de las Culturas”. Esta lucha resonó junto a las luchas de comunidades y organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca contra el Corredor Interoceánico, la presa Margarita Maza de Juárez y las concesiones mineras. Desde el sureste de Coahuila compartieron la resistencia contra el basurero de residuos tóxicos industriales, ilegal y clandestino y la defensa del agua del arroyo San Miguel. Las compañeras de Hidalgo compartieron la lucha contra el parque solar que se quiere establecer en ciudad Sahagún y la contaminación del agua en Tula, proveniente de los desechos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Desde el norte de Veracruz se denunció la distribución gubernamental de fertilizantes y agrotóxicos que enferman la tierra y la salud de las comunidades.
A la par conocimos por parte de Crianzas Mutuas Colombia la defensa de los ríos en el municipio de Suárez en el valle del Cauca. De ese mismo país, nos trajeron las palabras de las luchas del Cabildo de Taganga, Santa Marta, realizada por las comunidades de pescadores de la costa atlántica colombiana quienes luchan por defender sus maritorios.
Hemos compartido nuestros dolores, pero también nuestras esperanzas y fortalezas: nuestra organización comunitaria tejida a través de nuestros sistemas normativos, nuestras espiritualidades y ceremonias, así como el trabajo colectivo comunitario que sostiene las alternativas que caminamos en nuestra cotidianidad.
Hemos tejido nuestra capacidad de compartir y de soñar en medio de las violencias y guerras que nos atraviesan.
DENUNCIAMOS
las estrategias de los gobiernos, partidos políticos, élites empresariales y caciques locales que buscan desestabilizar nuestras organizaciones comunitarias para despojarnos de nuestros territorios, a favor de sus intereses capitalistas.
En esta guerra que se vive en todo el territorio nacional, el capitalismo y el estado mexicano, en sus tres niveles de mal gobierno, se articulan para despojar a las comunidades la tierra y el agua.
Empresas e instituciones criminales traficantes del agua, que involucra al ejecutivo, legislativo y el poder judicial coludidos con cacicazgos locales y grupos paramilitares que lucran con la vida hacen uso de la represión a través de sus fuerzas armadas legales e ilegales desde la Guardia Nacional, policías, marinos, y otros grupos armados, con estrategias de contrainsurgencia de criminalizacion, ordenes de aprehensión, detenciones arbitrarias y otros crímenes de estado que intentan frenar la resistencia de los pueblos que se organizan, luchan y resisten para defender la Vida y el Territorio.
En este foro, convocado por la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida – Congreso Nacional Indígena, se presentarán tres casos de resistencia de pueblos originarios que en construcción de autonomía defienden su territorio ante las amenazas del mal gobierno y de los empresarios que pretenden despojar el agua y la tierra;
1. El caso de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca; donde compañeras y compañeros se han organizado durante más de cuatro décadas por la defensa de la autonomía, y durante más de una década por la defensa del río Xangá Ndá Ge, víctima de extracción pétrea de parte del cacique Manuel Zepeda; en consecuencia, la comunidad mazateca ha sido reprimida históricamente por los cacicazgos locales en contubernio con las instituciones gubernamentales; actualmente sufre el recrudecimiento de la persecución con más de 200 órdenes de aprehensión impulsadas por la diputada morenista Elisa Zepeda Lagunas, bajo delitos prescritos, contra más de 50 personas defensoras comunitarias, entre ellas ocho mujeres.
2. El caso de la comunidad originaria de Santiago Mexquititlán, Querétaro; que aún ejercen la autonomía y autodeterminación en algún grado de su territorio y que en acuerdos de asamblea comunitaria defienden el agua y su territorio en contra la Comisión Estatal de Agua , la Conagua , la CFE, SADER y otras dependencias que el estado crea y legítima para despojar el agua de los pueblos, de sus pozos y otros cuerpos de agua y entregárselos a las empresas sobre todo la industria y dejar a comunidades enteras sin el vital liquido por varios meses. En ese tenor empresas y el estado atentan una y otra vez en contra de la integridad física de quienes asumen vocerías o cargos comunitarios para el ejercicio de estos derechos que en lo que van del 2019, han documentado por lo menos 25 detenciones arbitrarias como víctimas directas y otras víctimas que han acompañado vinculados a esta defensa del agua y territorio de Santiago Mexquititlán en Querétaro, sin hacer mención de otras violencias de intentos de desaparición forzada e intentos de ejecución extrajudicial y agresiones de grupos paramilitares armados como actos de tortura. Tal es el caso de Estela Hernández. Víctima de detención arbitraria descarada por parte de la POES, policías municipales de Amealco y otras regiones y militares con actos de tortura y robo de pertenencias y documentos oficiales. Destacamos las condiciones que violenta el estado: La condición de defensora de los derechos sobre todo al agua y territorio, como mujer, por ser de pueblo originario, por su ideología política zapatista.
3. El caso de la comunidad nahua de Xoxtla, en la región cholulteca, Puebla, pueblo que ha defendido su agua contra la empresa traficante: Conseciones Integrales «Agua de Puebla». En sus asambleas públicas esta comunidad ha sido hostigada por la marina, ejército y diversas policías estatales. El pasado 1 julio, la Fiscalía General del estado de Puebla detuvo al compañero Renato Romero, quien fue acusado por dicha empresa de daños a propiedad privada y a las vías de comunicación, la presión de los pueblos y organizaciones logró su liberación, sin embargo, la CAPUFE giró nuevas denuncias contra los compañeros Pascual Bermúdez y Renato Romero.
En este contexto de violencia estatal de capitalismo sangriento es necesario e imprescindible que los pueblos sigamos organizados y hombro con hombro resistir en defensa del territorio para seguir existiendo.
La invitación a escuchar la digna rabia de estos pueblos que defienden la vida es de suma importancia. El cual será el próximo lunes 28 de julio de 2025, a las 7:00 pm, en la transmisión virtual de la página de Facebook: Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
En 2022, el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) decidió crear la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, para unir y fortalecer las luchas en defensa del agua, la vida y el territorio de forma autónoma y libre de manipulaciones y utilización oportunista por parte del Estado. En agosto de ese año se llevó a cabo la primera sesión. Desde entonces, un total de cinco asambleas se han realizado en diferentes territorios.
Según el análisis del CNI-CIG y de la propia Asamblea, las iniciativas de la llamada “Cuarta Transformación” representan una exacerbación del despojo hídrico y territorial. El Plan Hídrico, que, según su evaluación, “no es otra cosa que robar el agua de las comunidades indígenas y de las colonias populares para entregarla a las grandes industrias”; el Plan México, que “encarna ocho megaproyectos energéticos, desviación, relleno, invasión y desaparición de arroyos, humedales, lagunas, el cauce y pérdida del caudal del río, reventa del agua tratada para la producción industrial”; los “planes de justicia” y su racismo sistémico; el reordenamiento territorial y sus afectaciones para los pueblos originarios y las colonias populares urbanas, “quienes son desplazados forzadamente con la gentrificación y/o con la violencia de los cárteles con la finalidad de entregarla a los criminales de traje”.
Al mismo tiempo, la violencia crece en el país: desapariciones forzadas, ataques paramilitares y del crimen organizado, militarización extrema y criminalización y agresiones contra defensores del territorio y de los derechos humanos.
Ante esta realidad, convocan a la 6a Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, que se llevará a cabo el 18 y 19 de octubre en el pueblo de Loma de Bácum de la Nación de la Tribu Yaqui, Sonora.
Los incendios forestales en la Amazonía superaron en el año 2024 los máximos registros históricos, concentrándose en Bolivia y Brasil, puntualmente en áreas de expansión del monocultivo de soya y la ganadería.
En total, el fuego y la deforestación destruyeron 4,5 millones de hectáreas de bosques primarios, según las observaciones satelitales del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). El impacto sin precedentes en el territorio amazónico supera alarmantemente las 3,4 millones de hectáreas perdidas en 2016, la mayor cantidad hasta entonces.
De las 2,8 millones de hectáreas arrasadas solamente por incendios el año pasado en toda la Amazonía, el 95% se localiza solo en Brasil y Bolivia.
“El acontecimiento político dominante del 2024 fue la temporada de incendios que batió récords en toda la Amazonía. Los registros son especialmente significativos dado que la Amazonía ha experimentado varios años de incendios intensos en las últimas dos décadas. El más notable se produjo en 2016, tras el fenómeno de El Niño Godzilla. Sin embargo, las condiciones extremas de sequía de 2023 y 2024, asociadas a El Niño, superaron esos puntos de referencia anteriores, creando condiciones extremas”, señala el MAAP.
Ejidatarios de los municipios de Jiménez de Teúl y Sombrerete en el estado de Zacatecas denunciaron a autoridades federales, estatales y municipales por realizar una reunión a sus espaldas, donde trataron el tema de la presaMilpillas,que pretende desviar 47 millones de metros cúbicos de agua anuales para abastecer la zona urbana industrial del Estado.
Presa Milpilllas es uno de los proyectos de infraestructura del Plan Nacional Hídrico, que pretende entrar en acción bajo una inversión greenfield, es decir, una forma de inversión foránea directa en el país, que se refiere a la creación o instalación de un proyecto desde cero, que no depende de infraestructura existente. Tiene una inversión estimada en $9,117,230,000 (MXN), según la plataforma oficial “Proyectos México”, que vincula proyectos de infraestructura y energía con inversionistas nacionales y extranjeros.
El motivo oficial para construir la presa es llevar agua, durante los próximos 50 años, al corredor Fresnillo-Zacatecas para un mayor consumo de agua en beneficio de 514 mil habitantes, así como disminuir la sobreexplotación de acuíferos por parte del sector público-urbano. La situación actual del proyecto se encuentra en la etapa de “pre-inversión” y en sub-etapa de “preparación”. Los inicios de operatividad están previstos para el 2028.
Aunque presa Milpillas es un proyecto anunciado desde 2015 por el ex gobernador priista en Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, fue hasta abril de este año que el tema volvió a cobrar vida. En abril de este año (2025), por acuerdo del gobernador actual, David Monreal, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la presa está incluida en el Plan México.
Mientras en la tarde del último domingo (20) el presidente municipal de Oaxaca, Raymundo Chagoya, recorría el centro histórico para supervisar las obras de las calles Aldama y Las Casas, que hacen parte de la “revitalización” del centro histórico, a unas pocas cuadras de allí, en el Zócalo de la ciudad, se daba el mitin de cierre del Encuentro Nacional contra la Gentrificación, iniciado el miércoles, 16 de julio, cuya finalización de las actividades, que se extenderían hasta el lunes (21), fue adelantada por cuestiones de seguridad.
La integrante del Observatorio Memoria y Libertad, Karen Castillo, una de las organizaciones convocantes de este encuentro, señaló que documentaron la “presencia y el acoso policial durante todo el encuentro; varios de nosotros fuimos perseguidos por patrullas pues intentando salir del encuentro y dirigirnos a nuestros hogares”. De igual manera, durante el encuentro en el Zócalo, dos policías estatales se metieron en el mitin e hicieron captura de imágenes de los participantes.
Las obras de embellecimiento urbano que supervisaba Chagoya fueron inauguradas la misma tarde del domingo, seguido de un acto festivo al tono del megaevento de la Guelaguetza, que se lleva a cabo durante todo el mes de julio en la ciudad, con la presencia masiva de turistas nacionales e internacionales en el centro histórico de esta ciudad. En la inauguración de las obras estuvieron el gobernador Salomón Jara y la indígena oaxaqueña elegida en el contexto de la Guelaguetza como la Diosa Centéotl, la mazateca Patricia Casiano Zaragoza.
Fuente: Avispa Midia Por Isabel Ortega Foto de portada: Isabel Ortega
Elsa sueña con tener un vivero de árboles endémicos. Eso la llevó a estudiar ingeniería forestal y, con ello, a conocer alternativas para cuidar y restablecer el suelo. Sabía que quería hacer algo para inclinar un poco la balanza del daño ambiental en el territorio donde habita, y necesitaba sustrato para producir árboles. Había que empezar por un lugar: hacer composta.
En Magdalena Apaxco, aproximadamente a una hora del centro de la ciudad de Oaxaca, México, está el terreno del proyecto Hagamos Composta, del cual hace parte Elsa, un espacio que llama la atención entre el paisaje de cerros partidos en esta parte del Valle de Etla, una zona históricamente dedicada a la extracción de cantera amarilla para construcción.
Al llegar a sus instalaciones, lo primero que se observa es la ausencia de olores distintos a los de la vegetación de la zona, solo al acercarnos un poco a alguna de las compostas, se puede percibir un poco el calor y los olores que emanan del proceso. Tampoco hay muchas moscas, ni se perciben lixiviados en el terreno, los únicos residuos visibles se encuentran en un par de decenas de cubetas al centro del terreno, recolectados el día anterior. Este espacio es, a todas luces, algo muy distinto a un basurero.
Hagamos Composta Oaxacaes un proyecto de mujeres surgido en 2021 dentro de una red nacional que ofrece un servicio de pago para la recolección de residuos orgánicos domésticos y su correspondiente transformación en composta. Un año después de su creación, incorporó el compostaje de heces fecales de perros y gatos, un servicio que, por la normatividad sanitaria, no puede ser cumplido por el sistema de recolección de residuos sólidos de los municipios.
Es el caso de la modificación a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que aumenta el control indebido a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de restringir la acción ante problemáticas desatendidas o generadas por los gobiernos.
Las condiciones ambientales y de salud pública son críticas, con el 31,5 % de la población nacional expuesta a niveles peligrosos de metales tóxicos. El cambio en la norma permite al Estado bloquear el financiamiento proveniente de otros países a colectivos organizados para acceder a justicia.
