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Avispa Midia

Pueblos indígenas registran más del 40% de desplazamientos forzados en México

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: 9,741 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares durante 2020 cuando se registraron 24 episodios de desplazamiento forzado, con 25 municipios afectados. Foto: Cuartoscuro.

Este martes (13), Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos, presentó sus observaciones preliminares tras la visita que realizó a México entre el 29 de agosto y 9 de septiembre pasado.

Entre los hallazgos que destaca la relatora se encuentra que más del 40% de los casos de desplazamiento forzado registrados en el año 2020 afectaron a las comunidades originarias. Aunado a ello, Jimenez-Damary resaltó su preocupación ante la ausencia de perspectiva intercultural y de género en la atención a mujeres indígenas desplazadas.

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Durante su visita a México, la relatora escuchó testimonios de personas desplazadas sobre la dificultad para acceder de manera oportuna al registro de víctimas, a nivel nacional y estatal, por los retos para obtener la “calidad de víctima”, debido a que a nivel federal y en la mayoría de los estados el desplazamiento arbitrario no está tipificado como delito.

Jimenez-Damary recibió información que dicho estatus solo es reconocido por las autoridades hasta que exista una recomendación por parte de organismos autónomos de derechos humanos. “Lo anterior, impide que las personas desplazadas internas accedan oportunamente a los servicios de atención que como víctimas deben ser proporcionados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas”, enfatizó la relatora.

De acuerdo a las observaciones de la funcionaria de la ONU, existe un enorme porcentaje de personas desplazadas internas que no acuden a las autoridades para presentar denuncias debido a la desconfianza en las autoridades o al temor a las represalias del crimen organizado. “Por lo tanto, es esencial que el reconocimiento de quienes son desplazados internos no se limite únicamente a los reconocidos jurídicamente como tales por estos mecanismos, sino también a los que no se acogen a ellos o no lo hacen”.

Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio

Por ello, entre los puntos que aborda la relatora se encuentra la solicitud al gobierno federal, con carácter de urgente, para la creación de un registro de víctimas de desplazamiento interno, tanto a nivel nacional como estatal. “Éste no solo debe incluir a quienes han sido reconocidos legalmente, sino también a quienes no cuentan con ese reconocimiento legal, pero son desplazadas de facto”, declaró Jimenez-Damary.

De acuerdo a la relatora, la creación de dicho registro permitirá la asignación de presupuesto suficiente para la atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado al interior de México. “El registro no debe otorgar un estatus legal, pero debe tener el propósito de facilitar la protección y la asistencia humanitaria de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas de las personas desplazadas internas”, recalcó.

La visita

El objetivo principal de la visita de Jimenez-Damary fue evaluar la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en el país debido a factores como la violencia, los conflictos agrarios, proyectos de desarrollo, la minería, tala ilegal, desastres ambientales, entre otros. Así, la relatora escuchó a víctimas de las comunidades afectadas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero.

La relatora subraya los testimonios sobre los impactos del desplazamiento en mujeres, migrantes, familiares de personas desaparecidas, miembros de pueblos y comunidades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTI.

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“El desplazamiento interno debido a la violencia o los desastres ha existido desde hace mucho tiempo en México, aunque haya sido recientemente reconocido,” mencionó Jimenez-Damary en referencia a que fue hasta el año 2019 cuando las autoridades mexicanas reconocieron la existencia del desplazamiento interno en el país.

“México no cuenta todavía con cifras nacionales oficiales, con información desagregada, que nos permitan conocer la magnitud del desplazamiento interno en el país, así como los distintos perfiles de las personas desplazadas”, destacó la relatora, quien durante su visita se reunió con funcionarios federales y estatales, así como con organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales.

El caso Chiapas

En el contexto de su visita, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) y el Indigenous Peoples Rights International (IPRI), compartieron un informe para la relatora de la ONU mediante el cual destacaron que desde 2010 se ha documentado el desplazamiento de 14 mil 476 personas en Chiapas.

“Recientemente, la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y, con ello, un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades, que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares”, resaltan las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Mediante el informe enfatizan que el Estado no ha efectuado acciones para diagnosticar las causas de este fenómeno y menos aún para erradicarlo. “Por el contrario, las acciones y discursos oficiales parecen negar que exista un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados”, denunciaron las organizaciones.

Familias desplazadas de Aldama, Chiapas. Foto: Sipaz

También destacaron que las mujeres están expuestas al acoso, la violación y tortura sexual como formas de violencia directa por parte diversos actores, quienes las despojan, persiguen, criminalizan y encarcelan. “Se enfrentan también al Estado Misógino que las ignora, las discrimina y las priva de los derechos de protección, asistencia humanitaria y reparación integral del daño”, subrayaron.

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Acerca de la situación de la niñez, las organizaciones señalaron que no existen datos oficiales respecto al desplazamiento para este sector de la población, pero “se calcula que tres de cada diez de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes, entre 4 mil 400 y 5 mil 500 de población total”.

Ante esta situación, las organizaciones sugieren a la relatora Cecilia Jiménez-Damaray a que exija al Estado mexicano respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía; implementar un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos, y cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas, entre otros puntos.

El informe completo sobre la visita de la relatora especial de la ONU se presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio del 2023.

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Avispa Midia

Comuneros de Michoacán responden amenaza de criminalizar a su Guardia Comunal

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Guardia Comunal de Santa María Ostula. Foto: Regina López

La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, quien ejerce el autogobierno y mantiene la operación de su Guardia Comunal desde el 2009, se ha manifestado después de que el pasado 6 de septiembre el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, amenazó con retirar los puntos de control que resguardan lxs integrantes de su sistema de seguridad comunitario.

Mediante comunicado, el gobernador de Michoacán anunció que retirará las “barricadas” en referencia a los filtros de seguridad que la comunidad nahua mantiene sobre la carretera federal 200. A su vez, el funcionario lanzó acusaciones para criminalizar a los civiles armados a quienes señaló de estar “al margen de la ley”.

En entrevista, integrantes del Consejo Comunitario de Ostula enfatizan las razones por las cuales mantienen la vigilancia en los accesos a su territorio. Lxs comuneros destacan el asesinato en 2015 de Hidelberto Reyes, niño de 12 años víctima de las agresiones que involucaran a siete elementos del ejército mexicano, quienes participaban en un operativo acompañados de policías y marinos para retirar un bloqueo carretero que mantenían lxs pobladores nahuas.

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El homicidio del niño Reyes a manos de militares que no han sido aprehendidos, selló la desconfianza de la comunidad nahua, quien mediante acta de Asamblea reiteró su rechazo a que cualquier gobierno externo ingrese a sus territorios con el pretexto de la seguridad. “Es la razón por la que nosotros no permitimos que ninguna fuerza del Estado entre a nuestra comunidad, así de claro”, sostuvieron lxs comuneros en entrevista con Avispa Midia.

La comunidad nahua también subraya que la Guardia Comunal no impide el libre tránsito en los controles que mantiene, además de que en ella no existen grupos delincuenciales que atenten contra la integridad de las personas. Al contrario, enfatizan que “defenderemos la existencia, funcionamiento y permanencia de nuestra Guardia Comunal y de nuestro sistema de seguridad comunitaria por ser éstas y no las corrompidas corporaciones de seguridad gubernamentales, la garantía de la vida e integridad de los habitantes de la comunidad y del municipio”.

Tras la amenaza del gobernador de Michoacán, el pasado jueves (8) habitantes de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, se manifestaron en el cuartel de la Guardia Nacional ubicado en las proximidades de la cabecera municipal. Ahí exigieron respeto a sus leyes internas que legitiman la operación de la Guardia Comunal, la cual en conjunto con las autodefensas de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila sostienen el sistema de seguridad comunitario en la región Sierra-Costa de Michoacán.

Minería, detrás de la amenaza

Según información de la Secretaría de Economía, sólo en el municipio de Aquila existen 101 concesiones mineras, de las cuales 58 se mantienen vigentes. De acuerdo al Servicio Geológico Mexicano, en los distritos mineros de Aquila y San Pedro existen yacimientos importantes de hierro, plata, oro, cobre y manganeso.

Destaca la compañía Las Encinas, S.A., quien cuenta con la concesión de casi 150 mil hectáreas, de las cuales extrae toneladas de hierro, abarcando de las montañas de la sierra indígena nahua desde el sur de Jalisco en la sierra de Manantlán hasta la costa de Michoacán. En el municipio de Aquila opera una mina a cielo abierto, cuyos materiales se envían a Estación Alzada de Colima para la producción de aglomerados y la sinterización de hierro en la planta peletizadora propiedad de Ternium México S.A. de C.V.

Michoacán es el principal productor de mineral de hierro de México y ya en 2013 el gobierno había suspendido momentáneamente las exportaciones de este mineral debido a que el estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, ubicado a poco más de 200 kilómetros de Ostula, era utilizado por el cártel de los Caballeros Templarios para exportar hierro ilegalmente hacia China.

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Ahora, detrás de la amenaza del gobernador, lxs integrantes del Consejo Comunitario apuntan al interés de la industria minera como una de las razones por las que se busca desarticular su sistema de seguridad comunitario.

“Nosotros tenemos (minería) por el perímetro norte de nuestra comunidad. En el municipio de Aquila es un terreno que tiene mineral. Pensamos que es la razón también por la que están tratando de someternos en este momento”, aseveran lxs comuneros quienes afirman que la comunidad nahua jamás vendió los terrenos donde se encuentran las concesiones.

Seguridad comunitaria

En la historia reciente de Ostula cobra relevancia el año 2009, cuando aproximadamente 2 mil comuneros tomaron la decisión de recuperar mil hectáreas de tierras de carácter comunal pertenecientes a la población nahua, pero que se encontraban en posesión de pequeños propietarios vinculados al cártel de los Caballeros Templarios.

En ese momento, cuentan lxs integrantes del Consejo Comunitario de Ostula, se vivía bajo el régimen de la narcopolítica pues el crimen organizado operaba bajo el cobijo de funcionarios y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes propiciaban la división del tejido comunitario además de actuar violentamente contra lxs nahuas que reivindicaban la recuperación de tierras. Entre los años 2009 y 2014 asesinaron a 34 personas y 6 más fueron desaparecidas, entre autoridades agrarias y líderes comunales, como parte de la respuesta violenta del narcotráfico y el Estado.

Lxs comunerxs subrayan que durante ese momento la seguridad, a cargo de la policía municipal de Aquila, contaba con personas foráneas, quienes no conocían el contexto de la región y, aún peor, trabajaban bajo órdenes del crimen organizado, razón por la cual decidieron expulsar al cuerpo de seguridad local y retomar la estructura comunal. En ese contexto cobra relevancia la consolidación de la Guardia Comunal, cuya tarea es la de proteger no solo a lxs habitantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula, sino también a otras poblaciones del municipio de Aquila.

Foto: Regina López

“Nuestra Guardia Comunal está avalada por una Asamblea General que es la que rige nuestras leyes de usos y costumbres”, explican lxs integrantes del Consejo Comunitario de Ostula quienes recalcan que la participación en el sistema de seguridad es una obligación de lxs comuneros al cumplir la mayoría de edad para prestar el servicio gratuito en beneficio de la población.

A su vez, el Consejo Comunal funciona como órgano donde se analizan y aprueban las propuestas que son enviadas a la Asamblea General, y donde resalta la determinación de mantener las funciones de la Guardia Comunitaria permanentemente.

Por su parte, el abogado Raymundo Martín considera que la intención de prohibir las actividades de la Guardia Comunal es “un atentado contra las prácticas autonómicas” de la comunidad nahua. Esto debido a que, a la par de las declaraciones del gobernador, existe en andamiento una reforma a la ley del sistema de seguridad pública de Michoacán, relacionada con la ley orgánica municipal, las cuales buscan otorgar validez solo a las guardias comunitarias que reconozca el Estado. No obstante, el sustento legal de las guardias recae en el artículo 2 de la Constitución mexicana, así como con tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Lxs comuneros afirman que cuando recuperaron sus tierras y fundaron el poblado de San Diego Xayacalán no tenían armas, pero ahora que cuentan con ellas no piensan desarmarse pues de ello depende su defensa en un contexto de gran violencia en Michoacán. Por ello, enfatizan su preocupación por las declaraciones del gobernador del Estado pues apunta a desintegrar una estructura fundamental para la seguridad de la comunidad nahua, “lo que nos lleva a abrigar la sospecha de que la complicidad entre crimen organizado e instituciones de gobierno sigue imperando”, aseveran mediante comunicado.

Paz, en medio de la zozobra

La comunidad de Santa María Ostula es un oasis en medio de la espiral de violencia que se registra en Michoacán. Mientras lxs comuneros nahuas aseguran que no existen homicidios en el municipio de Aquila donde opera la Guardia Comunal, en contraste, solo de enero a julio de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registra 1,270 asesinatos en el Estado, lo cual muestra un incremento sostenido pues comparado con el año 2018 el aumento es mayor al 70%.

La comunidad indígena de Ostula afirma que su lucha ha sido pacífica pero enérgica en la defensa de su territorio y organización. “Nuestra comunidad es una de las más seguras del país y en ella podemos vivir en un clima de paz y libertad, realizando nuestras actividades económicas y sociales cotidianas, pues, aquellos tiempos de violencia, miedo, zozobra y terror han quedado atrás”, enfatizan mediante comunicado público.

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“Él (gobernador) no entiende cómo nosotros estamos conformados. Creo que es el municipio más seguro del estado”, afirma uno de lxs comuneros entrevistados, quien incluso invita al gobernador a visitar la comunidad nahua; “que venga sin seguridad porque nosotros aquí se la vamos a dar”, asegura.

La población de Santa María Ostula asegura el sustento de su Guardia Comunal apelando al ejercicio de libre determinación y autonomía de la comunidad. Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) difundió este lunes (12) un comunicado en el que asegura que la organización de Ostula cuenta con protección en términos constitucionales en materia de derechos humanos, “cuyo cumplimiento corresponde al Estado Mexicano, en su responsabilidad de velar por los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas”.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 13 de septiembre 2022

ROMPIENDO FRONTERAS

–ABYA YALA: Porque no celebrar la independencia. FGER.

–WALLMAPU: Comunicado Público Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco frente al plebiscito constituyente de salida. Malleco.

–CHILE: Libertad a Marcelo Villarroel, anarquista preso en el estado chileno. Buskando La Kalle.

–ESTADO ESPAÑOL: Jara y Cris son dos de las seis sindicalistas de CNT condenadas a tres años y medio de cárcel por las concentraciones realizadas delante de la Pastelería Suiza de Gijón para señalar un conflicto laboral. CNT

–INGLATERRA: Muere en la impunidad, sin ser juzgada, la reina pirata.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

–MÉXICO POLITÉCNICO: Más de 15 escuelas en Paro por mejores condiciones para las tareas educativas. Redes

–MÉXICO MAGISTERIO: Conferencia de prensa de los maestros democráticos de la CNTE sobre el nuevo plan de estudios y la imposición de la Secretaria de Educación Púbica Leticia Ramírez Amaya. Noticias de abajo

–MORELOS: Tepoztlan en lucha contra la ambición capitalista para defender el territorio y el agua.

–MÉXICO MILITARIZACIÓN: Senado aprueba militarización de México. Avispa Midia

Música:

Que arda – Susana Cofre

Good save te queen – Sex pistols

Joven Rebelde – La furia

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Dinámicas del Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas e impactos diferenciados

Informe para CECILIA JIMÉNEZ-DAMARY, relatora especial de la Organización de las Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Forzados Internos.

Resumen Ejecutivo

En Chiapas, el problema del desplazamiento forzado ha tenido varias causas desde los sesentas hasta la actualidad, por diversos motivos entre ellos los conflictos religiosos, proyectos de desarrollo, y desastres natures, así como por violencia generalizada y sociopolítica de carácter contrainsurgente que dejó alredodor de 12 mil personas desplazadas en los noventa tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En la actualidad, el fenómeno puede tener como raíz añejos conflictos agrarios que iniciaron en los años setenta entre diferentes municipios y/o bienes comunales de la región de Los Altos, donde operan grupos armados con características similares de acción.

Desde el año 2010 a la fecha se ha documentado el desplazamiento de 14,476 personas en el estado de Chiapas. Más recientemente, la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y con ello, un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares.

Mujeres

Durante el desplazamiento forzado, las mujeres están expuestas al acoso, a la violación y a la tortura sexual, como formas de violencia directa por parte diversos actores, quienes las despojan, persiguen, criminalizan y encarcelan, fabricándoles delitos, revictimizándolas y poniendo en el desamparo a sus hijos e hijas para castigarlas. Se enfrentan también al Estado Misógino que las ignora, las discrimina y las priva de los derechos de protección, asistencia humanitaria y reparación integral del daño.

La indiferencia, el desprecio, el racismo y sexismo se extiende a fiscales, jueces, funcionarios y funcionarios del estado, quienes con sus políticas públicas patriarcales profundizan la marginalidad, la dependencia y la subordinación de las mujeres, más vulnerables.

Niños, niñas y adolescentes

No existen datos oficiales respecto al desplazamiento para este sector.  Se calcula que 3 de cada 10 de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes, entre 4400 y 5500 de población total.

Los impactos psicosociales del fenómeno en sus vidas son profundos al ser expuestos a situaciones de violencia extrema. Hay quienes no cuentan con documentos de identidad, lo que obstaculiza el acceso y exigibilidad de sus derechos, particularmente a la salud y educación en los nuevos lugares de residencia, y dificulta también todos los procedimientos para su reconocimiento como desplazados.

Situación en la frontera México-Guatemala

La creciente presencia del Crimen Organizado ha llevado a una agudización de los conflictos territoriales en regiones de frontera generando nuevos procesos de desplazamiento forzado en medio de disputas por el territorio del Crimen Organizado (CO).

No existen datos concretos de personas desplazados en el territorio fronterizo de Chiapas, sin embargo varios ejidos y comunidades han quedado atrapados en la disputa que mantiene el CO, que ante el riesgo a su vida y seguridad se han visto obligados a desplazarse de su tierra y su territorio. Hay que sumarle las personas quienes por años han radicado en esta región, al menos en dos generaciones, quienes nunca realizaron trámites para legalizar su estadía, de estas familias jamás se encontraran registros, pues su permanencia en territorio mexicano ha sido al margen de las leyes.

Ley de desplazamiento en Chiapas

En Chiapas en el año 2012 se promulgó la Ley de Prevención del Desplazamiento Forzado y Sobre los Derechos de la Población Desplazada, la cual ha tenido serios obstáculos para ser implementada de manera adecuada. En primer lugar, mandata la conformación de un Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado Interno, en medio de la ausencia de un reglamento que desarrolle los mecanismos ordenados por la Ley, así como un procedimiento claro para el reconocimiento del estatus de víctima del fenómeno, en medio de una ausencia de un fondo específico para su atención, además de carecer de un complemento de tipo penal que castigue a quien comete este crimen de lesa humanidad.

En los hechos se observa que el Estado no ha efectuado acciones para diagnosticar las causas de este fenómeno, y menos aún para erradicarlo. Por el contrario, las acciones y discursos oficiales parecen negar que exista un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados.

Situación de las personas defensoras de derechos humanos de las personas y comunidades víctimas de desplazamiento forzado

Las personas defensoras de derechos humanos asumen tareas de defensa y acompañamiento en torno al desplazamiento forzado que pone en riesgo su vida e integridad personal. En el trabajo de documentación al interior de los lugares de refugio para desplazados se exponen también a la falta de garantías de seguridad y protección que debería procurarles el Estado.

Cuando se trata de casos de desplazamiento ocasionado por violencia relacionada a enfrentamientos armados o Crimen Organizado, no cuentan con las condiciones para ingresar a los territorios afectados. Personas defensoras han sido agredidas al acompañar a víctimas de desplazamiento forzado.

Las organizaciones firmantes sugieren a la relatora las siguientes recomendaciones y exigencias al Estado mexicano:

  • Se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía.
  • Implementar un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos.
  • Cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas.
  • Consolidar el programa estatal, con perspectiva de género y niñez, para atender y prevenir el desplazamiento forzado en Chiapas.
  • Impulsar el funcionamiento y fortalecimiento de las Procuradurías de Protección estatal y municipal con perspectiva interseccional y de género, así como la capacitación de su personal y sensibilización en el caso de desplazamiento interno.
  • Que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para el estado de Chiapas genere un registro de víctimas del desplazamiento forzado interno con enfoque diferenciado.
  • Investigación y desarme de grupos armados,  se consigne a los responsables de los heridos, asesinatos y desplazamientos forzados.
  • Se garantice la integridad física y la protección de las personas defensoras   que acompañan a víctimas del fenómeno.
  • Rendición de cuentas por parte de las fiscalías ante avances de acuerdo a la normativa vigente.

Logos-ONGs

       
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Avispa Midia

Senado aprueba militarización de México

Fuente: Avispa Midia

Después de 12 horas de sesión, entre reparticiones de culpas y reclamos, la madrugada de este viernes (9) el Senado mexicano aprobó la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con el visto bueno del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena (Morena), el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, sin modificar una sola coma del proyecto enviado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el ejército mexicano asumirá las funciones administrativas, financieras y operativas del cuerpo de seguridad militar desplegado en México desde 2019.

“Se dotó a las Fuerzas Armadas del marco jurídico que pidieron por varios sexenios”, argumenta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que ha alertado acerca de los riesgos de la profundización de la militarización en las labores de seguridad pública en México.

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De acuerdo al Centro Prodh, la iniciativa profundiza la militarización de México pues también otorga el control a las Fuerzas Militares en aspectos sustantivos de la GN, además amplía la intervención del cuerpo de seguridad militar en tareas de investigación, labores de inteligencia y prosecución de delitos.

La organización de derechos humanos ha remarcado que la creciente participación de las Fuerzas Armadas en áreas de la vida pública, ajenas a su sector, implica riesgos de mayor corrupción y de politización del sector castrense.

Manifestantes exigen al Senado que rechace el proyecto de decreto de AMLO para integrar a la Guardia Nacional en las fuerzas armadas.

Mientras tanto, un bloque de legisladores integrado por partidos de la oposición anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra dicha reforma.

Militares con mayores atribuciones

Por mucho ésta no ha sido la única organización crítica de la medida. La Red Feminista Antimilitarista, que aglutina organizaciones internacionales y mexicanas, alerta que la iniciativa para reformar la Ley de la Guardia Nacional incluye la permanencia al personal castrense para seguir protegido por el fuero militar, a pesar de que constitucionalmente la GN sigue siendo de carácter civil.

Sobre este punto, el Centro Prodh, que ha dado seguimiento a denuncias de violaciones de derechos humanos por elementos de la GN, señala que “los casos que se presentan, dadas las inercias en el uso de la fuerza, no son investigados exhaustiva y prontamente por instancias civiles externas. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son complacientes cuando deben investigar abusos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”.

A pesar de que, en 2019, el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para proceder con la creación de la Guardia Nacional fue que dicho organismo respondería a mandos civiles adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la aprobación del decreto se militariza completamente la cadena de mando de la GN al quedar suscrito a la Sedena, lo cual viola el carácter civil que se le reconoce a dicha corporación de seguridad en el artículo 21 constitucional.

Protesta fuera del Senado durante el momento de la discusión del proyecto de decreto presidencial.

La Red Feminista Antimilitarista también señala que la reforma que dio creación a la GN establecía el uso, extraordinario y con condiciones y límites, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024, lo cual va en sentido contrario a la iniciativa impulsada por el presidente AMLO y los legisladores de su partido, Morena, quienes buscan concretar las labores del ejército en seguridad pública de manera permanente.

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Por otra parte, 29 integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) se posicionaron para rechazar la aprobación en el Congreso de reformas a leyes secundarias que “consolidan permanentemente a la Guardia Nacional bajo control militar en funciones de seguridad pública”.

Las comisiones estatales advirtieron que la incorporación de la GN a la Sedena reducirá el margen de acción de los organismos públicos de protección de derechos humanos pues  “se generará un vacío en la atención de las víctimas”,  toda vez que la atención de las quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Guardia Nacional no es competencia de los organismos locales sino de la CNDH, organismo que no se ha pronunciado sobre la incorporación de la GN a las Fuerzas Armadas.

Aplanadora

La aprobación del proyecto de decreto promovido por AMLO recorrió rápidamente los trámites en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, las cuales procedieron a enviar la iniciativa a votación en la cámara alta del Congreso.

Pese al llamado de distintas voces civiles, organizaciones y otras fuerzas políticas para convocar espacios de discusión para examinar a detalle la iniciativa, la mayoría de votos de Morena y sus aliados aceleró el trámite del decreto enviado por AMLO apenas el 2 de septiembre pasado.

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Entre los principales argumentos de los senadores a favor del decreto se enunciaron los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización del Inegi, la cual afirma que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional mantienen un nivel de confianza entre la población mexicana. De la misma manera, el proyecto de decreto argumenta que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana califica de “efectivo” el desempeño de la GN en 2022.

Para el Centro Prodh, la ausencia de visión estratégica – donde se privilegia la ocupación territorial en lógica castrense sobre la inteligencia y el fortalecimiento complementario de otros cuerpos policiales – permite la continuidad de la violencia, pese a la incorporación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

“El despliegue de fuerzas armadas es una medida de contención de presencia en territorio que no suple el otro gran componente que no estamos teniendo en este sexenio que es el de la acción decidida de la justicia, para desarticular redes criminales, con herramientas criminológicas del siglo XXI”, señaló Santiago Aguirre, director del Centro Prodh para entrevista con medios nacionales.

Más presupuesto

Según el Centro Prodh, con esta acción se dota de más recursos presupuestales a Sedena, quien no cuenta con controles externos civiles robustos para fiscalizar las denuncias por violaciones a los derechos humanos que involucran a elementos de la GN.

La Red Feminista Antimilitarista también alerta sobre la eliminación del control civil sobre el presupuesto de la Guardia Nacional, lo que le permitiría a la Sedena el uso discrecional de dichos recursos.

“El decreto otorga un poder sin precedentes a la Sedena. Le otorga recursos materiales, económicos y humanos que continuarán fortaleciendo a una secretaría que actualmente es la segunda institución con más plazas dentro de la administración pública federal, sólo después del Instituto Mexicano del Seguro Social”, advierte la Red.

Con la incorporación de la GN a la Sedena, el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) prevé que las Fuerzas Armadas contarán con un aumento de más de 60% de presupuesto para el año 2023, con más 160 millones de pesos, lo que equivale a los recursos destinados al valor total de 12 secretarías entre las que se encuentran la de medio ambiente, energía, hacienda, economía, entre otras. Con la aprobación del decreto se reforman cuatro leyes: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

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Comunidad Nahua de Cuentepec, Morelos

Exigencia de la comunidad Nahua de Cuentepec Morelos para la cancelación de concesiones mineras que existen en su territorio, así como petición de salud, educación, vialidades y seguridad en su comunidad

Cuentepec municipio de Temixco, Morelos a 07 de septiembre de 2022.

 

  1. CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS  

 

PRESENTE

Mediante el presente escrito, nos dirigimos a usted con el debido respeto que se merece, el C. CALIXTO SALAZAR GARCIA AYUDANTE MUNICIPAL DE CUENTEPEC MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS así como MODESTO SUÁREZ DOMINGUEZ, SIMON DOMINGO ESTRADA, FLORINO PACHECO TENORIO, FIDEL OLIVARES MOLINA en calidad de autoridades Ejidales y a los señores ALEJO ANALCO MORALES, ARNULFO DOMINGO FLORES y MALAQUIAS ESTRADA MARIACA en calidad de autoridades Comunales de Cuentepec, y en representación de esta comunidad por derecho propio señalando domicilio, correo electrónico y teléfono celular para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en: calle Emiliano Zapata sin número, Pueblo Cuentepec, Municipio de Temixco, Estado de Morelos, correo electrónico cuentepectosepan@gmail.com, 7774397017, ante usted exponemos lo siguiente:

  1. El pueblo indígena de Cuentepec, las tierras ejidales y las tierras comunales se encuentra en la sexta concesión de las 7 concesiones mineras de las empresas Esperanza Silver, Alamos Gold y Zacatecas Silver que abarcan los municipios de Temixco, Miacatlan, Xochitepec, Coatetelco y Cuernavaca. Nuestro territorio ancestral, nuestras vidas, nuestra cultura están en peligro de desaparecer, somos el único pueblo del estado de Morelos que conservamos nuestra lengua materna que es el náhuatl un 99.99%, nuestra vestimenta, nuestras tradiciones, nuestras ofrendas, hemos vivido en este territorio ancestralmente, nosotras y nosotros hemos cuidado este lugar, la flora, la fauna, sabemos de la importancia de cuidar la naturaleza y todo el legado cultural que exististe en ella, somos un pueblo que seguirá resistiendo y que seguirá luchando por su territorio. Señalamos que las y los habitantes se dedican a la agricultura, a la siembra del maíz, frijol, cacahuate, calabaza, sorgo, por lo que nos alimentamos de estas tierras, asimismo se recolectan frutos de temporada para consumo y en ocasiones para obtener ingreso para nuestros hogares. También en nuestro territorio se está llevando a cabo el programa de Sembrando Vida, con el cual seguimos cuidando los recursos naturales y nuestro territorio.

Por esto, exigimos que apoye a la comunidad nahua de Cuentepec la cancelación de las concesiones mineras que existen, que respeten nuestros derechos individuales y colectivos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, y así proteger a las futuras generaciones, a la paz, a la libre determinación  y a la autonomía, a la protección de nuestra cultura, que se respeten nuestros lugares sagrados ancestralmente y nuestra cosmovisión, a la consulta previa, libre e informada, el cual en ningún momento se nos consultó si queremos o no estas mineras, misma que ahora no lo estamos solicitando, porque ya no es previa a que se de las concesiones, entendemos que  el presidente de la república el Lic. Andreas Manuel López Obrador ha señalado que no se darán más concesiones, y que en este caso no estamos solicitando que no la den, solicitamos que se cancelen las que ya existen,  y al derecho de petición, mismas que son reconocidas en las leyes nacionales e internacionales, como son: los artículos 1, 2, 4, y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Así como se señala también en el DECRETO DONDE SE PROHIBE LA MINERIA, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VINCULADA AL PROYECTO INTEGRAL MORELOS Y PROYECTOS DE MUERTE EN EL TERRITORIO DEL PUEBLO NAHUA DEL ESTADO DE MORELOS aprobado los días 23 y 24 de abril del 2022 por los pueblos nahuas del Estado de Morelos. Misma que anexamos.

 

    1. Como siguiente punto, SOLICITAMOS DE MANERA URGENTE A MÉDICOS en el centro de salud, que atiendan las 24 horas del día, esto porque nos encontramos en una zona alejada y marginada de la ciudad, lo que obliga qué en la noche tenemos que trasladarnos a otra comunidad o hasta un hospital que queda a una hora de distancia, lo que pone en peligro al paciente y a los acompañantes, asimismo SOLICITAMOS MEDICAMENTOS para el centro de salud, porque se encuentra con muy pocos medicamentos, y porque la comunidad es de bajos recursos económicos lo que imposibilita que las personas que requieren medicamentos no pueden adquirirlos. Señalando además que se ha dado y sigue una epidemia de dengue hemorrágico desde el mes de abril hasta la fecha, en la que ha fallecido dos personas jóvenes, por lo que es urgente que se suministre de medicamentos y que el servicio de atención medica sea las 24 horas.
    2. La cantidad de habitantes de la comunidad ha incrementado, esto se ve reflejado en la cantidad de niñas y niños que asisten a la escuela primaria, misma que se están brindando clases en el turno matutino y vespertino, lo que ha ocasionado que no se puedan realizar otras actividades que requieren las y los alumnos para su desarrollo, y por ello le SOLICITAMOS EL APOYO PARA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA ESCUELA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA  donde las niñas y los niños pueda tener una educación de calidad sin ningún tipo de obstáculos, señalando que ya se cuenta con el espacio para la construcción.
    3. Señalamos, que nuestras calles de la comunidad se encuentran en muy mal estado, por lo que SOLICITAMOS SU APOYO PARA PAVIMENTACIÓN, en las calles: Vicente Guerrero (colinda con calle Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo), Francisco I. Madero (colinda con calle Aldaco y calle Morelos), Calle Morelos, Calle Emiliano Zapata Norte, Calle Leandro Valle, Calle Francisco Mendoza (colinda con calle Revolución Mexicana y Mariano Matamoros), calle insurgentes, calle Reforma, calle independencia oeste y Calle Obregón.
    4. Como séptimo punto, en nuestra comunidad falta que se proporcione más luminaria, existen algunos focos dañados y algunos faltan que sean colocados, por lo que SOLICITAMOS QUE SE APOYE CON LOS FOCOS en los postes de luz, para que de esa manera se pueda garantizar la seguridad en nuestra comunidad.
  • Además, el pueblo, el ejido y la comunidad agraria de Cuentepec, no reciben ningún tipo de recursos para el mejoramiento del nuestro entorno, por lo que SOLICITAMOS QUE NOS APOYE CON EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS CON CUNETA en los caminos: Tlalpatlaco hasta Tlalpatlaco, Tenango, camino de prensa, para este mejoramiento de caminos saca cosechas se requiere maquinaria de 8 o 9 toneladas y que pueda cortar tepetate y/o rocas.
  • Por último, SOLICITAMOS LA ACTIVACIÓN DEL MODULO O SECTOR DE POLICIAS, que se encuentra ubicada en la entrada de la comunidad, esto porque se ha presentado un alto índice de violencia, señalando que la comunidad se encuentra retirada del municipio por lo que se tarda en brindar el servicio solicitado.

 

Sin más por el momento, agradecemos su atención y estamos en espera de una respuesta favorable, que desde sus funciones que realiza nuestras peticiones sean revisadas y que en verdad se apoye a la comunidad. Que en todo momento se nos este informando de los avances de las peticiones en el correo electrónico y teléfonos señalados, así también el acompañamiento para la realización de cada uno de los puntos ya expresados este documento.

A T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

 

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  1. CALIXTO SALAZAR GARCIA

AYUDANTE MUNICIPAL DE CUENTEPEC

 

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  1. MODESTO SUAREZ DOMINGUEZ                   C. SIMON DOMINGO ESTRADA

PRESIDENTE DE BIENES EJIDALES                SECRETARIO DE BIENES EJIDALES

 

 

 

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Amazonia Real

El último indígena Tanaru será enterrado en la tierra donde siempre han vivido en el sur de Rondônia

Por Josi Gonçalvez

El cuerpo del último superviviente de su pueblo está siendo examinado en Brasilia, pero las autoridades dijeron que volverá a Rondônia. Los líderes temen las invasiones en la Tierra Indígena de Tanaru debido a la falta de demarcación del territorio y quieren que el lugar sea un monumento a la resistencia. Imagen de la maloca de la víctima indígena (Foto: Survival International/Divulgação)

 

Porto Velho (RO) – El cuerpo del último hombre de Tanaru encontrado muerto por un equipo de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) fue enviado el domingo 28 de agosto 2022 desde Porto Velho a Brasilia para un examen más detallado por los forenses del Instituto Nacional de Criminalística (INC) de la Policía Federal. De acuerdo con el Ministerio Público Federal, tan pronto como todos los exámenes se completen, el cuerpo del “indio del agujero”, como el único sobreviviente de la Tierra Indígena Tanaru (TI), ubicado en Chupinguaia, en el Cono Sur de Rondonia, a unos 533 kilómetros de Porto Velho, se conoció. Volverá a Rondonia y deberá ser enterrado en la zona donde vivía solo y aislado desde 1995. La fecha de su regreso aún no ha sido confirmada por Funai.

El grupo de expertos del INC tratará de detectar la causa de la muerte de la víctima indígena y también realizará exámenes toxicológicos y antropológicos forenses que puedan aportar algunas respuestas sobre la etnia del “indio del agujero”. El equipo es el mismo que trabajó en los informes de las víctimas de las catástrofes medioambientales de Brumadinho y Mariana, en Minas Gerais, y del activista indígena brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, asesinados en junio en el TI de Vale do Javari, en Amazonas.

Amazônia Real se enteró por un indígena de Rondônia, que pidió permanecer en el anonimato, que los “indios del agujero” eran monitoreados periódicamente cada tres meses por el Frente de Protección Etnoambiental de Guaporé (FPE-Guaporé), vinculado a la Coordinación General de Indios Aislados y Contactos Recientes (CGIIRC) de la FUNAI.

La vigilancia tenía por objeto verificar los movimientos del pueblo indígena Tanaru y las posibles invasiones de su territorio. Durante estas incursiones de vigilancia, se instaló una cámara para detectar la presencia y las acciones del indígena y registrar imágenes del mismo. La cámara se recogió al final de cada actividad.

El objetivo del intervalo de tiempo entre una visita y otra era evitar el tránsito de otras personas por el territorio para no contaminarlo con enfermedades no autóctonas. Según este indígena, el “indio del hoyo” parecía estar bien durante el último control realizado en mayo. Sin embargo, en la última acción de seguimiento, la semana pasada, fue encontrado muerto. Por ello, se estima que la muerte se produjo hace más de un mes. El equipo forense tendrá que determinar la fecha exacta.

Los indígenas Tanaru vivían en 8.070 hectáreas de territorio situado en un perímetro de aproximadamente 50 kilómetros entre los municipios de Chupinguaia, Corumbiara, Parecis y Pimenteiras do Oeste. En la región hay muchas explotaciones de producción agrícola y ganadera. Al no estar demarcado, el territorio está bajo la amenaza de invasiones y ataques.

El “indio del agujero” fue visto por primera vez en 1996 por el equipo del experto indígena Altair José Algayer, el mismo que encontró al indio aislado muerto en su hamaca la semana pasada. “Lo encontraron en la red y cubierto de plumas de guacamayo. Estaba esperando a morir, no tenía signos de violencia”, dijo el indigenista Marcelo dos Santos, que trabajó vigilando el territorio con Algayer, según publicó Amazônia Real. Le llamaban el “indio del agujero” porque cavaba dentro de la maloca, hecha de paja.

En 1998, el IT de Tanaru fue clasificado como de uso restringido por ordenanza (1.040/2015). La entrada, locomoción y permanencia de extraños en el territorio está restringida al personal de Funai. La ordenanza es válida hasta 2025, por lo que dentro de tres años expira esta normativa, que hace ilegal la exploración y entrada en estos territorios.

Según el informe, el indigenista informó que “la idea de la Funai es transformar el sitio en un centro de formación para actividades centradas en la protección de los indios aislados”. Según él, el MPF de Vilhena, Cono Sur de Rondonia, solicitará un estudio arqueológico de la zona para definir las estrategias que deben adoptarse en relación con el futuro de la tierra de Tanaru.

Según Funai, a lo largo de 26 años se encontraron 53 viviendas del pueblo indígena Tanaru y todas seguían el mismo patrón arquitectónico: una sola puerta de entrada/salida y siempre con un agujero en el interior de la casa.

En una entrevista para el programa Globo Amazônia, el experto indígena Altair José Algayer dijo que creía “que el agujero tiene un valor místico para los indígenas”, y que se alimentaban de “animales como el cerdo de monte, el jabuti y las aves, cazados con flechas o atrapados en trampas, y también de miel”.

Sensación de pérdida


Jefe André Karipuna (Foto: Alexandre Cruz Noronha/Amazônia Real)

André Karipuna, jefe del pueblo Karipuna en Porto Velho, capital de Rondônia, dijo que aunque no pertenece a la misma etnia que el “indio del agujero”, el sentimiento es de pérdida. “Es muy triste. Ellos también son mi gente. Es un familiar nuestro que se ha ido y debería haber tenido más protección. Pero, por desgracia, todos sufrimos mucha presión”, declaró.

Otro dirigente, Adriano Karipuna, activista ambiental indígena, culpa al presidente Jair Bolsonaro de la reducción y extinción de los pueblos indígenas. “El actual presidente ha cumplido todas sus amenazas de campaña y ha desguazado administrativa y financieramente a los organismos medioambientales. Intencionadamente. Nuestros territorios han quedado desprotegidos”, afirmó.

El líder indígena Karipuna considera que si el pueblo Tanaru hubiera tenido la protección del Estado no habría desaparecido. Adriano dice que, al igual que el “indio del agujero”, su pueblo ya ha estado al borde de la extinción. Hace medio siglo sólo había cinco Karipuna en Porto Velho.

“Mi pueblo es un pueblo de resistencia, casi nos extinguimos en los años 70 por culpa del sarampión, la tosferina y la varicela. Mis familiares también fueron asesinados, asesinados en 1912 en nombre de la economía, del desarrollo (construcción del Ferrocarril Madeira Mamoré – EFMM). El Estado brasileño debe mucho a la población indígena”, acusó Adriano Karipuna.

Según él, el pueblo karipuna consiguió mantenerse vivo en Rondônia gracias a medidas como el distanciamiento social de la civilización. Al pueblo de Tanaru le espera un destino diferente. Con la muerte del último habitante del TI Tanaru, los líderes de los pueblos indígenas de Rondônia están preocupados por el destino de la zona habitada por el “indio del agujero”.

Almir Narayamoga Suruí, líder del TI Sete de Setembro, en Cacoal, Rondônia, es reconocido internacionalmente por luchar contra las amenazas de los ocupantes ilegales, madereros, mineros y otros interesados en las tierras de los Suruís. Afirma que teme la invasión de la TI de Tanaru y piensa que la zona debería transformarse en un monumento a la resistencia de los pueblos indígenas. “Sería muy importante para los pueblos indígenas y también para Brasil, reconocer toda la resistencia de los pueblos indígenas frente a los desafíos y problemas que se enfrentan. Lucharemos por ello”.

El líder surui también refuerza que es necesario defender a los pueblos indígenas aislados que aún viven en el estado. “Tenemos que proteger y preservar las regiones donde habitan, definiendo estos territorios para ellos. Esto es lo que tenemos que hacer, para que esto (la extinción de un pueblo indígena) no vuelva a ocurrir en Brasil.

Adriano Karipuna imagina un futuro diferente para la Tierra de Tanaru. “Muchos pueblos indígenas buscan retomar sus territorios. Son ellos los que deben decidir si quieren ir a esta tierra”, dijo.

La escritora y educadora Márcia Mura, del pueblo Mura, dijo estar llena de tristeza por la muerte del indígena aislado y sentir una gran pena. “Sólo podía imaginar la soledad y el dolor que debió sentir todo este tiempo, huyendo, escondiéndose, sabiendo que podía ser asesinado en cualquier momento por invasores, terratenientes y asesinos. Sabiendo que era el último de su pueblo, esto es sumamente terrible”.

Márcia también defiende que el TI de Tanaru debe conservarse. “Creo que este territorio, que defendió hasta el último día de su vida, tiene que mantenerse como territorio indígena. Este territorio tiene que estar garantizado para los pueblos indígenas. No podemos permitir que los agricultores y los terratenientes ocupen esa zona.


Uno de los agujeros encontrados por Funai y realizados por los últimos indígenas Tanaru (Foto: Survival International/Divulgación)

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Josi
Josi Gonçalves

Josi Gonçalves es periodista con trabajos publicados para cadenas de televisión (Globo, Record, Rede TV), agencias de noticias (BBC, UOL, EFE), derechos humanos y salud mental (autismo, esquizofrenia). Es activista, feminista, madre y presentadora de televisión. Tiene experiencia en asesoría de prensa y comunicación en la gestión pública y privada y en periódicos impresos y digitales. Colabora con la agencia Amazônia Real de Porto Velho (RO) (Twitter: @josigoncalvess)

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Avispa Midia

Sentencia anula contratos de eólica que consideraba privadas tierras en el Istmo

Fuente: Avispa Midia

Once comuneros de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lograron en la justicia agraria la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que opera un parque eólico en Unión Hidalgo, un anexo del municipio de Juchitán de Zaragoza.

El fallo en contra de la eólica establece que las tierras donde la empresa levantó su complejo de generación de energía fueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.

La sentencia de nulidad reconoce que la Asamblea General de Comuneros de Juchitán de Zaragoza y sus anexos – Xadani, Chicapa, Unión Hidalgo, la Ventosa y el Espinal – es la única que puede determinar el uso, destino y disfrute de las tierras, ya que por su naturaleza todas son de uso común y son los únicos que pueden celebrar contratos de arrendamiento. Además, establece que Unión Hidalgo es una comunidad agraria e indígena que conserva sus usos y costumbres y en las que el 90% de la población habla zapoteco.

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Con la sentencia, Demex no está obligada a desmantelar el parque eólico ya que la empresa no pudo levantar sus generadores eólicos dentro de sus tierras, sin embargo, de acuerdo con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), que llevó a cabo el proceso jurídico, lanza el precedente para que cualquier comunero de todo el país pueda en el futuro declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una Asamblea General de Comuneros.

La resolución permite establecer que todos los contratos celebrados en contravención de la Ley Agraria pueden ser declarados nulos absolutos a petición de las y los comuneros, pero también de las partes que lo celebran, como los posesionarios y la representación comunal o ejidal.

El proceso judicial

En 2004, representantes de la empresa Demex llegaron a la comunidad de Unión Hidalgo para convencerlos de rentar sus tierras para la instalación del parque Eólico Piedra Larga I y II. De 2006 al 2011 la empresa Demex llevó a cabo la formalización de contratos de arrendamiento civil de las tierras con posesionarios de manera individual.

Comuner@s de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec.

El 11 de junio de 2013, 11 posesionarios y la representación de bienes comunales de Unión Hidalgo, asesorados por ProDESC, presentaron demandas agrarias en contra de la empresa Demex ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, en las que solicitaron se declarara la nulidad de los contratos celebrados con dicha empresa, por contravenir la Ley Agraria, ya que los contratos fueron indebidamente considerados propiedad privada cuando en realidad eran tierras comunales.

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De manera sorpresiva, el Magistrado del TUA Distrito 22 decidió declararse incompetente para conocer del caso por “razón de materia”, ya que consideró que la demanda debía tramitarse ante un juez civil.

Fue entonces que los afectados presentaron una demanda de amparo indirecto integrando el expediente 890/2013 ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. El 4 de febrero de 2014, el Tribunal Agrario la admitió a trámite, y el 21 de octubre de 2016 declaró válidos los contratos de arrendamiento celebrados por la vía civil argumentando “la buena fe de la empresa debido a que desconocía la calidad agraria de las tierras”.

Ante esta resolución, los 11 comuneros de Unión Hidalgo promovieron amparo directo contra la resolución, el cual fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. El 22 de junio de 2017 dicho Tribunal concedió el amparo y protección a los demandantes, y pidió al Magistrado del Tribunal Agrario 22 repusiera el procedimiento para el reconocimiento de las tierras como comunales y se respetaran las costumbres y especificidades culturales de la comunidad indígena inherente a la forma de suscripción de contratos.

Así, el 5 de agosto de 2022, dicha autoridad declaró la nulidad de los contratos de arrendamiento celebrados entre diversos posesionarios de la comunidad Unión Hidalgo con la empresa Demex.

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Avispa Midia

No cesó la noche Uribe: Continúa criminalización de manifestantes del Paro Nacional en Colombia

Fuente: Avispa Midia

por Cooperativa Tierra Negra

Desde Cooperativa Tierra Negra presentamos una serie de escritos para compartir sobre Colombia. En esta primera entrega abordamos lo que hemos vivido durante más de dos décadas de uribismo y lo que ha sucedido después del gran estallido social de 2021, pero en especial es una crónica sobre los presos políticos, porque hay hermanos y hermanas tras las rejas por el simple hecho de pensar y hacer diferente.


Los queremos libres

Wilson venía caminando de su trabajo esa mañana del miércoles del 15 de junio del 2022, muy temprano. Venía, porque trabaja como guarda de seguridad en turno nocturno. De repente lo abordó la fuerza pública diciéndole que quedaba bajo arresto por varios delitos como homicidio, secuestro, tortura, concierto para delinquir, porte y fabricación ilegal de armas, vandalismo e incendio.

Parecidos a este fueron los casos de otras ocho personas detenidas en la ciudad de Cali esa mañana. Esto debido al despliegue de un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que hace parte del llamado Plan Democracia 2022 “que tiene como objetivo, visibilizar el despliegue militar y el empleo de las capacidades del Ejército Nacional en apoyo de la gobernabilidad e institucionalidad,(…) en procura del normal desarrollo de los comicios y el libre ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos en el país.”

Dicho plan fue creado a raíz de varias afirmaciones que hizo el gobierno y altos mandatarios a respecto de presuntas “intenciones de generar actos de violencia (…) y de desconocer los resultados electorales”, según informaba el general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas. Un plan que tuvo despliegue a nivel nacional una semana antes del 19 de junio, día de las elecciones presidenciales en Colombia.

En total, nueve habitantes y líderes del sector conocido desde el Paro Nacional del 2021 como “Puerto Resistencia” fueron apresados en la ciudad de Cali, Colombia. Algo tienen en común estas nueve personas, y es que todas ellas hicieron parte de las movilizaciones del Paro Nacional, acontecidas desde abril del 2021. Sobre todo, de este sector, también llamado “PR”. Hicieron parte de las asambleas, de las ollas comunitarias, de los plantones culturales, de la recolección de insumos comestibles y médicos. Un año después de las movilizaciones, a días de realizarse las elecciones presidenciales más esperadas desde hace más de 30 años, son apresados estos jóvenes, líderes de su territorio y con acusaciones absurdas sobre crímenes atroces, que se semejan más al actuar de las fuerzas militares que de las comunidades barriales.

También hicieron parte de la seguridad de los manifestantes ante los embates de la Fuerza Pública, en lo que se conoció como Primeras Líneas, jóvenes encapuchadxs que luchaban por su defensa y la de su comunidad con elementos caseros ante todo el arsenal de la Policía, que desde el 2021 ha tenido un incremento del 5,3% en su partida presupuestal, unos 42,6 billones de pesos para la misma institución que está acusada de 44 homicidios en el marco de las protestas según Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz).

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Otra cosa tenían en común: desde el final de las protestas y bloqueos, se dedicaron a realizar labores comunitarias en los distintos barrios aledaños al sector, comprometidos con un cambio de su territorio. Y desde esta plataforma de trabajo comunitario y cultural decidieron ser parte de la campaña del Pacto Histórico, coalición política de Gustavo Petro y Francia Márquez en el Distrito de Aguablanca, un gran sector de la ciudad de Cali donde habita el 30% de la población caleña en condiciones socio-económicas muy difíciles.

Esta acción de persecución, difamación y acusación de crímenes es una práctica que en Colombia se conoce como “falso positivo judicial” y es especialmente usada contra líderes y lideresas sociales, periodistas críticxs, defensorxs de derechos humanos, ambientalistas o políticxs de la oposición. No es algo nuevo en Colombia.

El virus de Colombia se llama uribismo

Desde hace décadas venimos enfrentando la persecución criminal del Estado contra distintas personalidades y colectivos socio-políticos que hacen ejercicios de oposición a esta extrema derecha que en Colombia tiene nombre propio: Uribismo. Porque aunque la herencia de la guerra y las políticas de terror han sido pan de cada día en nuestro país, es importante decir que todas esas prácticas de guerra sucia se agudizaron mucho más en la primera década del siglo XXI, con la llegada al poder en el año 2002 de Álvaro Uribe Vélez, político que empezó su boyante carrera como miembro del Partido Liberal colombiano, pero que con el pasar de los años fue asumiendo posturas mucho más autoritarias y radicales, hasta crear un partido distinto con clara corriente de ultra derecha: primero “Partido de la U” y después, con ciertas escisiones, “Centro Democrático”.

Para hablar de este personaje fatídico y trascendental para el destino de Colombia habría que remontarse hasta los años ochentas del siglo pasado, cuando el narcotráfico en la nación suramericana comenzaba a llamar la atención de todo el planeta. Uribe fue primero Director de la Aeronáutica Civil de 1980 a 1982, desde donde autorizó vuelos internacionales a distintos miembros del Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Dicha información la ha demostrado el senador Iván Cepeda quien ha  realizado las investigaciones y denuncias que desde el 2014 han sido motivo de debate del Congreso Nacional y relacionan a la familia Uribe con el narcotráfico en diferentes épocas.

Después se desempeñó como alcalde de Medellín en 1982 aunque solo ocupó el cargo durante cinco meses ya que renunció por razones que aún suscitan controversia frente a su relación con el Cartel. Fue también concejal de la misma ciudad entre 1984 y 1986 y luego Senador de la República desde 1986 hasta 1994.

Durante sus años como miembro del legislativo, Uribe promulgó la creación de leyes que privatizaban varios derechos fundamentales de los ciudadanos, como las pensiones (ley 71 de 1988), las prestaciones y contratos laborales (ley 50 de 1990) y la salud (ley 100 de 1993).

También fue gobernador del departamento de Antioquia, uno de los más grandes del territorio nacional y que representa la segunda economía más fuerte del país, cargo que desempeñó de 1995 a 1997. Durante su mandato, en los campos antioqueños se fortaleció la creación de ejércitos paramilitares con el objetivo de enfrentar militarmente a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y cualquier posible “aliado” (comprobado o no) dentro de la sociedad civil.

Fue en su gobierno que se crearon las Cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, mayormente conocidas como Convivir. Hablamos de cooperativas creadas con el objetivo de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a una comunidad, las cuales mutaron rápidamente a grupos paramilitares, con ejercicios de violencia muy propios y supremamente degradantes, amenazantes y despiadados. A la fecha tres magistrados de la sala de Justicia y Paz ordenan investigar a Álvaro Uribe Vélez “por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”,dicta el tribunal.

Álvaro Uribe llegando a la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá, Colombia, 8 de octubre de 2019.

Los grupos paramilitares se convirtieron en ejércitos que arrasaron con territorios, masacraron y desplazaron mucha gente, como en la conocida internacionalmente Masacre del Aro, donde fueron asesinados 15 campesinos por parte de paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y, donde el líder de dicha organización Salvatore Mancuso, confiesa la participación del ejército y la gobernación de Antioquia en dicho operativo.

La carrera política de Uribe llega a su apogeo en el año 2002, cuando es electo presidente de la nación. Desde su presidencia el conflicto armado mostró su cara más atroz. Para nadie es un secreto que grupos armados como las AUC, el Bloque Metro o Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), grupos paramilitares que ocasionaban terror en los territorios campesinos del Urabá antioqueño, el Magdalena Medio, el Chocó o la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron grupos creados y auspiciados bajo el visto bueno de sus diferentes mandatos, e incluso sus mismos jefes desde prisiones estadounidenses han alegado en distintas ocasiones que existía un pacto entre las Fuerzas Armadas (Policía y Ejército), los paramilitares y distintos miembros de su gabinete, incluyéndolo a él como presidente de la República.

Las cifras hablan por sí solas: según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2002 y el 30 de junio de 2010 un total de 28,580 personas perdieron la vida en Colombia por razones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, también  documentó la violación del derecho a la vida de 18,368 personas que murieron por causa de ejecuciones extrajudiciales, homicidios socio políticos o desapariciones forzadas. Es justamente en su periodo presidencial que ocurren los mal llamados “falsos positivos”, más de 6,000 ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército presentadas como falsas bajas en combate para ganar favores y prebendas; también abunda la persecución a líderes sindicales, campesinos, ambientales, periodistas, políticos; despojo de tierras; privatización de derechos fundamentales de la sociedad. Su gobierno ha sido uno de los más sangrientos en la historia de Colombia.

En el 2010, su anterior Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quedó electo presidente y aunque hubo una gran división con este nuevo gobierno, muchas de las políticas nefastas del uribismo anterior prevalecieron. Podríamos decir que con la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, se marca una distancia total entre ambos gobiernos, pero la falta de garantías económicas y políticas reales para este proceso, la pobreza en aumento, la violencia arreciando y el narcotráfico en auge, demuestran que más que una ruptura entre ambos gobiernos, lo que hubo fue una continuidad suavizada de las mismas contradicciones y problemáticas.

En 2018, con ayuda de maquinarias económicas aliadas a poderes del narcotráfico, lo que se conoce en Colombia como la “Ñeñe-política”, por José Guillermo Hernández Aponte conocido como ‘El Ñeñe Hernandez‘ empresario con nexos con el narcotráfico, queda electo presidente Iván Duque. Su gobierno ha sido la vuelta atrás al uribismo más recalcitrante, al ser miembro del partido del ex-presidente y en cierta medida pupilo del mismo. El asesinato sistemático a lideresas y líderes sociales, la expropiación de tierras para proyectos extractivistas, los niveles de pobreza y desempleo, la devaluación del peso, los escándalos de violencia y corrupción por parte de distintos miembros de las Fuerzas Militares y políticos prominentes, son parte de su política de gobierno.

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Los datos de Indepaz arrojan que en los últimos cuatro años han sido asesinados 957 lideres sociales y defensores de los derechos humanos, al igual que 261 excombatientes. Del mismo modo, se contabilizan 313 masacres que dejan 1,192 víctimas. Tristemente son sólo una pequeña muestra de  todo lo ha sucedido en nuestro país durante el gobierno de Duque. Pero hubo tres hitos que marcaron su gobierno: el Paro Nacional del 2019, la pandemia de Covid del 2020 y el Paro Nacional del 2021.

Todo el poder para la gente

El 21 de noviembre del 2019 se vivió en toda Colombia una jornada de movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque, por muchas razones acumuladas por décadas en el país y ya nombradas arriba, en especial por la perpetuación del uribismo. El pueblo, agotado de tanta indiferencia por parte de la clase política y la élite económica, salió a las calles en masa, por miles, durante varios días a exigir que se le escuchara y la respuesta por parte del gobierno fue la represión violenta llevada a cabo por las Fuerzas Armadas: Policía, Ejército y ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios).

Al llegar la pandemia a lo largo del año 2020, la situación económica empeoró y el gobierno de Iván Duque presentó planes de salvamento a la banca privada y a empresas allegadas a su círculo económico y familiar, como fue el caso de Avianca, pero no hubo rescate para la pequeña empresa ni mayor inversión en la red hospitalaria que estaba colapsada o en la alimentación que escaseaba en la mayoría de hogares.

Esto acrecentó el déficit fiscal que ha aquejado por décadas a nuestro país y para rematar este paquetazo de medidas económicas criminales contra la clase popular, Duque quiso afrontar dicho déficit proponiendo una reforma tributaria a inicios del año 2021 que atacaba con gravámenes e impuestos altísimos a productos esenciales de la canasta familiar, como son las verduras, los lácteos, las carnes, la gasolina e incluso, los servicios de telecomunicaciones y funerarios.

Manifestaciones en el marco del Paro Nacional del 2021

A raíz de todo esto, se convocó para el 28 de abril del 2021 una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional en contra de este mal gobierno que ha sido la perpetuación del uribismo, un gobierno de sangre y muerte. Lo que pasó ese día y durante los dos siguientes meses fue algo inesperado, pero inevitable. El estallido social en Colombia caldeó y Cali fue el epicentro. Fue la ciudad donde más intensamente se vivieron las jornadas de movilización, bloqueo y protesta. Pero también donde más se sintió la represión y el brazo armado de la policía con dos de sus más violentas fuerzas de choque: el  ESMAD -fortalecido y formalizado por la administración de Uribe- y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

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Bogotá y Cali fueron las ciudades más afectadas por esta violencia sin precedentes contra lxs manifestantes. Según datos recogidos de Indepaz, hubo 96 agresiones oculares, 35 casos de violencia sexual, mil 661 victimas de violencia, 2,053 detenciones arbitrarias y 83 homicidios de los cuales 44 se han demostrado fueron ejecutados por la fuerza publica. El paro lloró sus muertos y luchó por sus derechos, logró frenar todo el país, toda la economía, todo el transporte, logró plantarle la mirada a un gobierno indolente y descarado de manera digna, frenando la reforma tributaria y bajando de su puesto al ministro de hacienda Alberto Carrasquilla. Pero en especial, el paro logró la unidad de comunidades, barrios y pueblos.

Es el paro nacional del 2021 lo más importante que le ha pasado a la sociedad colombiana, en especial a la juventud. Jóvenes que derribaron símbolos para crear monumentos, que descubrieron el buen comer en las ollas comunitarias que en cada esquina se levantaban, que descubrieron su aporte a la sociedad cuando toda oportunidad les había sido negada. Entonces hubo escuelas y bibliotecas donde antes habían puesto policiales, y se rompió el cemento para sembrar comida, las calles florecieron de cilantro, maíz, tomate y maracuyá, la atención médica se hizo propia, urgente, solidaria y humana. Todo cambió, hasta los lugares y las calles cambiaron de nombre y entonces hubo Loma de la Dignidad donde ante fue Loma de la Cruz, y Portal de la Resistencia donde antes fue Portal de las Américas y Puerto Resistencia donde antes era Puerto rellena. Y por primera vez el pueblo sintió que las calles eran suyas, porque se sintió seguro, porque hubo una primera línea que les cuidó y defendió cuando fue necesario.

Sueños tras las rejas

Todo esto tienen en común estos nueve jóvenes: haber sufrido el uribismo en todo su esplendor, haberse entregado al Paro Nacional con todas sus fuerzas para exigirle a un Estado por sus derechos, haber hecho campaña a la oposición, hoy partido gobierno, ser falsos positivos judiciales y estar tras las rejas, presos hace más de dos meses. Ellos son: Rolando Quintero Ramírez, Jhon Alejandro Hernández, Alejandro Blandón Ordóñez, Yeinshon Giner Hernández Realpe, Jofren Alberto Ordoñez Angulo, Anderson David Cifuentes Montaño, Wilson Stiven Murillo Ordoñez, Iván Ricardo Bermeo Carabalí y Diego Fernando Ángel Agudelo.

Para quienes crecimos dentro de estos 22 años de uribismo como Rolando, Jhon, Anderson o Diego, la violencia ha sido cultura popular, titular de noticia, pan de cada día, la hemos vivido en carne propia. La corrupción administrativa se ha vuelto casi como el aire que respiramos. Y la falta de oportunidades se vuelve el tema de conversación obligado cuando estamos charlando ocasionalmente en la calle. Demostrar la rabia en este último gobierno, contra este régimen de décadas, no era simplemente inevitable, era necesario. Por eso el Paro Nacional fue un Estallido Social. Y Jofren, como los otros jóvenes apresados, lo entendieron muy bien. Hoy están presos por ello.

Pero no sólo por ello, hoy Gustavo Petro y Francia Márquez han hecho historia. Han dejado de ser opositorxs de la institucionalidad, para volverse lxs máximxs exponentes de dicha institucionalidad. Presidente y vicepresidenta. Y es histórico para personas como los nueve compañeros de PR, quienes hicieron pedagogía política en pro de este gobierno, como parte de la campaña, razón que muchxs sospechan como motivo real de su imputación de cargos. También es histórico para lxs miles más que hemos vivido el uribismo de muchas maneras. Para muchxs, representa el fin de una era dictatorial en nuestro país, el fin de una noche larga. Muchos, muchas sueñan un cambio, pero lo cierto es que esperamos y seguimos esperando, que los nueve de PR puedan verlo y vivirlo en libertad.

Los nueve de PR hacen parte de una gran cantidad de presos políticos en nuestro país, más de 7 mil personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social, defender los derechos humanos o ambientales, o simplemente por estar en oposición al Estado. Como dijimos al inicio, esta es la primera entrega de tres textos sobre el contexto colombiano, el uribismo, el estallido social y los presos políticos, siendo este último tema nuestro asunto principal a tratar en nuestro siguiente texto.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 6 septiembre 2022

 

Rompiendo Fronteras

–CHILE Chile: Derrota de la política de abajo. Raúl Zibechi en Desinformemonos.

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–CDMX: Se realiza el Festival por la Vida y por las Paz en la UNAM para celebrar la autonomia zapatista. Noticias de abajo

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–OAXACA: Expulsan a refresquera local por saqueo de agua en San Bartolo Coyotepec. Redes.

–PODCAST CHIAPAS: Notifrayba – Desplazamiento forzado, presos políticos y justicia. Frayba.

Música:

¿Quién cuida al pueblo? – Varios artistas

Amapola – no hacen falta banderas

Gato e monte -Nuestro Incendio

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