ENCUENTRO EN DEFENSA DEL AGUA, EL TERRITORIO Y LA VIDA
18 Y 19 DE AGOSTO TLANIXCO, ESTADO DE MÉXICO
Convocatoria
Invitamos a todas las comunidades, pueblos, organizaciones y activistas que defienden el agua y la tierra del despojo, el saqueo y la privatización capitalistas de gobiernos y empresas, a compartir sus experiencias de lucha y organización, así como sus necesidades y dificultades. Buscamos crear un espacio de fraternidad, vinculación y acción que nos permita superar la represión y el aislamiento que tanto le interesa a los que destruyen nuestro país.
El Encuentro en defensa del agua y de la vida, es un esfuerzo que impulsamos diversas organizaciones. Hacemos este llamado con profundo respeto y admiración por todas las luchas que se levantan en el país; su ejemplo y dignidad nos animan a realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para aprender de sus batallas.
Con entusiasmo, buscamos reforzar nuestros vínculos solidarios para apoyarnos en todo lo que la lucha nos demande, así como ustedes y miles de personas de forma totalmente desinteresada han levantado el puño cada vez que el Estado ha pretendido golpearnos, encarcelarnos o perseguirnos, queremos impulsar un espacio para ¡entre todos! hacernos más fuertes, más conscientes y más hermanos en esta lucha por un país justo e igualitario. Así respondemos a los golpes del gobierno, con más lucha, más organización, mayor unidad y más consciencia de nuestros derechos.
¿Cómo surge el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca?
Esta iniciativa surge a partir de los acuerdos generados en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” realizado en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, los días 23 y 24 de febrero de 2018. En dicho encuentro participamos alrededor de 60 comunidades y 36 organizaciones que actualmente están enfrentando los embates del modelo extractivista. En dicho encuentro analizamos que es importante empezar a articularnos para fortalecer nuestra defensa, además de enjuiciar al Estado y las empresas mineras por sus acciones.
¿Por qué realizar un juicio popular comunitario?
En las últimas dos décadas el proyecto neoliberal-extractivista se ha profundizado en México, impulsando diversos proyectos de muerte, amparados en tratados y acuerdos comerciales internacionales y una legislación que permite una violación sistemática a los derechos de pueblos y comunidades. Dentro de estos proyectos se encuentra la minería como uno de los ejes principales del modelo, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.
GeoComunes: geografía colaborativa en defensa de los bienes comunes
Los diez decretos de reservas de agua de 2018, se basan en una nueva regionalización hidrológica del país decretada en 2016, que reconoce 757 cuencas hidrológicas comprendidas por 37 regiones hidrológicas, frente a las 731 cuencas reconocidas entre 2010 y 2013.
Estos decretos suprimen 30 vedas decretadas sobre 99 cuencas hidrológicas entre 1931 y 1954 (además de una veda de 2012 sobre la Presa La Concordia) pertenecientes a diez regiones hidrológicas, y establecen zonas de reservas de aguas nacionales superficiales sobre 194 cuencas.
Un estudio detallado de estos decretos requiere el análisis por cuenca del volumen de agua considerado como reserva (flujo mínimo ecológico) y el volumen de agua destinado para aprovechamientos y concesiones.
Por lo pronto, este mapa muestra las diez regiones hidrológicas comprendidas por los decretos y las 194 cuencas sobre las que se establecieron las zonas de reservas de agua, en relación con actividades extractivas y productivas y las áreas de influencia de las Zonas Económicas Especiales.
Análisis de Dr. Rodrigo Gutiérrez, IIJ-UNAM:
Análisis sobre los decretos de reserva de agua. Rodrigo Gutiérrez
El 5 de junio de 2018 el presidente de la República firmó 10 decretos con los que se modificó el régimen de veda de 289 cuencas hidrológicas del país. Lo que presentamos es un análisis de la situación jurídica de dichos decretos, así como de algunas posibles consecuencias derivadas de los mismos que han generado preocupación entre la sociedad civil y la academia.
Conviene comenzar señalando que en el país existían miles de millones de metros cúbicos de agua en las 289 cuencas a debate que, antes de que se firmaran los decretos, se encontraban bajo el régimen de veda. Ello implicaba que no podían ser utilizados ni aprovechados por ningún actor en tanto que dicho régimen impedía a la Conagua otorgar concesiones. Por lo tanto, toda esa agua quedaba intocada y era para uso exclusivo de la naturaleza. Las vedas son instrumentos jurídicos que buscan evitar que las actividades humanas afecten bienes comunes que tienen problemas de escasez o sobreexplotación.
Los decretos de la Conagua cambiaron ese régimen restrictivo del agua por uno más laxo, denominado régimen de reserva que, con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Aguas Nacionales, permite concesionar y asignar el agua para tres usos distintos: a) uso doméstico o público urbano; b) generación de energía eléctrica para servicio público; c) garantizar flujos mínimos para la protección ecológica.
Los decretos en cuestión fueron firmados el “Día Mundial del Medio Ambiente” y publicitados por parte del gobierno como una medida para garantizarle en el futuro agua a la naturaleza. Ello no deja de ser paradójico si se toma en cuenta que la veda es el instrumento que protege con mayor rotundidad los flujos del líquido para el medio ambiente. También es verdad que otro porcentaje mucho menor del agua se reservó para uso público urbano, bajo el argumento de que la población crecerá en el futuro y requerirá acudir a estos cuerpos de agua. Esto último generó las primeras preocupaciones debido a que bajo el rubro de uso público urbano se podría otorgar agua a actores privados que desarrollan sus actividades en las ciudades.
Sin embargo, lo que más preocupó a la ciudadanía es que el volumen de agua decretado bajo el régimen de reserva es menor que el volumen total liberado. En otras palabras, los decretos liberaron más agua de la que se reservó. Ello significa que un porcentaje del agua liberado de la veda entra en el régimen ordinario de concesiones y, por lo tanto, la Conagua puede entregar enormes volúmenes del líquido a actores privados que lo soliciten.
Por esta razón es que la palabra “privatización” apareció en el debate público. Y si bien es cierto que el decreto en sí mismo no privatiza al agua, sí permite que la Conagua lo entregue a privados que hacen negocio directa o indirectamente con el líquido.
La suspicacia y preocupación que ha manifestado la comunidad académica y la sociedad civil encuentra parte de su explicación en el hecho de que la Conagua es el órgano administrativo que concentra, sin contrapesos ni participación, la mayor capacidad de decisión sobre toda el agua en el territorio nacional. Se trata de una institución altamente centralizada que por ello ha sido fuertemente cuestionada (Sánchez Meza, 2010), incluso por la Auditoría Superior de la Federación que ha subrayado el deficiente funcionamiento de los Consejos de Cuenca que son los únicos espacios formales de participación.
Además de ello, la Ley de Aguas Nacionales reconoce al agua como un bien de seguridad nacional, por lo que toda la información relativa a ella puede ser reservada (como de hecho ocurre).
Ambos elementos dan como resultado una estructura de gestión centralizada y sin transparencia del agua a nivel nacional, lo que es un terreno fértil para la corrupción. Esto último ha sido denunciado desde múltiples espacios, subrayando el otorgamiento privilegiado de concesiones de agua a industrias, embotelladoras, mineras, inmobiliarias y otros grandes usuarios, poniendo en riesgo el derecho humano al agua.
La suspicacia aumenta si se toma en cuenta que el actual gobierno, desde el inicio de su gestión, construyó jurídicamente, a través de las reformas estructurales, importantes acuerdos y alianzas con el sector empresarial nacional y transnacional de los hidrocarburos convencionales y no convencionales (fracking), la electricidad y otros. El Pacto por México, a través del cual se lograron las reformas estructurales, es un acuerdo político para seguir abriendo en México los mercados del petróleo, los minerales, el gas, la electricidad; todo ello requiere millones de metros cúbicos de agua para poder fructificar.
En conclusión, si bien es cierto que los decretos en cuestión son legales y en estricto sentido no privatizan el agua, también es cierto que dicha decisión, que afecta a la mitad de las cuencas en el país, se realizó sin contrapesos, sin consulta, bajo un régimen centralizado, de nula transparencia y que además le permiten a la Conagua disponer de millones de metros cúbicos que podría entregar al actor que ella decida.
Cuetzalan del Progreso, Puebla a 2 de junio de 2018.
Desde julio de 2016 y hasta diciembre de 2017 ocurrieron ocho agresiones contra personas, comunidades u organizaciones defensoras del medio ambiente en Puebla, con lo que la entidad se ubicó como la segunda del país con más casos de este tipo, solo después del Estado de México donde hubo 10 ataques, según la el informe del Centro Mexicano de DerechoAmbientaldado a conocer en este año.
En lo que va de este año en el país al menos se han registrado el asesinato de 4 defensores de la tierra y el territorio. Guadalupe Campanur, el compañero Manuel Gaspar Rodríguez, Miguel Vázquez y el pasado miércoles, Adrián Tihuilit.
Ante la insistencia de instancias internacionales de derechos humanos en su preocupación por el papelque ha jugado el estado mexicano en cuanto al trato para con los defensores de derechos humanos, las autoridades mexicanas han sido omisas. No terminan de comprender las autoridades mexicanas en todos los niveles, que el ejercicio de los derechos humanos debe pasar de ser una mera declaración a la posibilidad de proporcionar un ambiente de libertad y de igualdad y cumplir con ellos con principio básico de garantizar la dignidad del ser humano a través de respetar ciertos derechos mínimos que le son reconocidos a los individuos en su sola condición de seres humanos.
La sierra norte del estado de Puebla es una de las más ricas en cuanto a diversidad bilógica y cultural del estado, a raíz de la reforma energética y de la política de despojo e imposición que han promovido las autoridades en su tres niveles de gobierno desde 2013, igualmente la sierra norte ha sido parte del estado más afectada en cuanto a concesiones mineras (equivalente al 28% del territorio poblano), proyectos hidroeléctricos (8 con algún tipo de permiso), fracking (10 mil 92 pozos proyectados) y otros proyectos de infraestructura para el desarrollo de empresas nacionales y extranjeras, según información de la organización PODER, (www.colaboratorio.org) y Jaime Patiño Ruíz, ex presidente de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (http://www.e-consulta.com/nota/2017-08-24/sociedad/mas-de-10-mil-pozos-planean-perforar-con-fracking-en-puebla-denuncian).
Jornada en defensa de la tierra y en contra del aeropuerto
Los pueblos a la orilla del agua invitan a participar en los talleres y la feria de la salud que se llevarán a cabo todos los domingos del 27 de mayo al 24 de junio del 2018.
Habrán actividades recreativas para personas de 0 a 99 años.
Para mas información escribir a: todossomosatenco@gmail.com
La ampliación de la frontera extractivista en Bolivia empuja al despojo de territorios y formas de vida indígena campesinas. La lucha de las mujeres es la base de las resistencias que se despliegan.
El marco general de la lucha campesina en Tariquía es un escenario de profundización y expansión de la frontera extractivista en Bolivia, la cual avanza inexorablemente hacia zonas sobre todo de la Amazonía o tierras bajas. Los proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera, de explotación minera y las políticas favorables al agronegocio, son acompañados por mega proyectos de infraestructura, como carreteras, hidroeléctricas además de un proyecto de tecnología nuclear ejecutado por la empresa rusa ROSATOM.
Los acuerdos para impulsar la producción de biocombustibles así como los anuncios sobre las “astronómicas” reservas de gas shale en Bolivia, representan una expansión de lo que podríamos llamar el régimen de acumulación extractivista, que recurre a técnicas intensivas, como el fracking, de arrasamiento y transformación de territorios a zonas “de sacrificio”, para capitales millonarios de empresas transnacionales que pueden pagar los costos de estas formas de extracción extremas.
La apuesta del gobierno boliviano y su régimen político y económico, por la maximización de la obtención del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías por explotación de recursos no renovables, implicó la expansión exponencial de la frontera petrolera en estos últimos doce años. Datos del Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB, muestran que de 2.1 millones de hectáreas destinadas a actividades petroleras e hidrocarburíferas el año 2006, se pasa 29 millones de hectáreas el 2017.(1)
A los pueblos Ikoot y Binnizá de San Dionisio del Mar
Al pueblo de México
A los medios de comunicación
El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno enviamos nuestro apoyo y solidaridad con los hermanos y hermanas de la comunidad de San Dionisio del Mar, Oaxaca.
Repudiamos el cobarde ataque que personas priistas, bajo las órdenes de la presidenta municipal Teresita de Jesús Luis Ojeda, realizó en contra de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad Ikoot de San Dionisio del Mar, Oaxaca, ocurrido el pasado jueves 29 de marzo durante la celebración de las tradiciones de semana santa en la comunidad y que dejó a cinco compañeros heridos por armas de fuego.
Sabemos que detrás de los intentos por sembrar la violencia está la intensión de concretar el despojo a favor de los intereses capitalistas apostados en la región del Istmo de Tehuantepec, a los cuales los pueblos Ikoot y Binnizá, con su histórica organización, han resistido con determinación desde el año 2012, en que detuvieron la invasión por la empresa Mareña Renovables, que pretendía imponer aerogeneradores que despojan de esos territorios a las comunidades.
Al Congreso Nacional Indígena
A los medios de comunicación
A las organizaciones sociales
A los pueblos indígenas de México y el mundo
A la opinión pública
Al pueblo istmeño
La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio manifiesta su repudio a las agresiones realizadas contra integrantes de la Asamblea General de Pueblo de San Dionisio del Mar por pistoleros a cargo de la actual presidenta municipal Teresita de Jesús el pasado 29 marzo, al atacar a balazos a compañeros de la Asamblea de San Dionisio del Mar, durante la celebración de las festividades del Judío, resultando de ese ataque 5 compañeros heridos, estos actos se inscriben en una escalada de agresiones contra los defensores y defensoras del territorio en nuestro Estado.
Asimismo, manifestamos nuestro apoyo a la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar quienes desde hace varios años han estado desarrollando y acompañando conjuntamente con otros pueblos de la región, una fuerte lucha contra el despojo de nuestro territorio para la imposición de los proyectos eólicos, especialmente el proyecto de Mareña Renovables. Sabemos que esta agresión se enmarca en una ofensiva del estado contra las comunidades indígenas para imponer sus proyectos de despojo y muerte.
Riesgo de mayor confrontación derivado del ataque armado contra defensores de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar
5 heridos de bala durante celebraciones de Semana Santa.
Condenamos la violencia contra defensores de la tierra y el territorio del pueblo Ikojts
El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. manifiesta su preocupación ante el ataque armado sufrido por integrantes de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar el pasado 29 de marzo y donde resultaron heridos 5 personas, una de ellas permanece hospitalizada actualmente. La asamblea comunal echó abajo el proyecto de la empresa Mareña Renovables que pretendía construir uno más de los parques eólicos que invaden la zona lagunar del Istmo de Tehuantepec.
HECHOS:
La noche del 29 de marzo del año en curso cinco personas integrantes de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar resultaron heridas de bala como resultado de un ataque cometido por simpatizantes de las autoridades municipales. El ataque ocurrió desde el domicilio de la Sra. Sandra Isabel Castellanos Díaz, secretaria general del PRI municipal, en calles principales de la población donde como cada año, se celebraban ritos populares relacionados con la Semana Santa. El recorrido del judío es costumbre del pueblo y participan en él hombres y mujeres de todas las edades.
Los heridos Luis Daniel A. M. (16 años), José de Jesús G. R. (18), Ovaldo T. E. (19), Daniel R. M. (38) y Teodosio G. G. (4 5 ) fueron trasladados para su atención médica a Juchitán, donde uno de ellos fue intervenido ante lo delicado de su estado de salud. En el ataque fueron usadas escopetas cuyos proyectiles se impactaron contra las personas y mototaxis en el lugar. Pobladores afirman se trató de una emboscada, pues fueron atacados también con piedras en un lugar oscuro y donde ya los esperaban.
Hacemos énfasis en la falta de actuación de la autoridad local , pues la policía municipal no llegó al lugar, esto puede constituir violaciones al derecho a la integridad física, a la cultura y al acceso a la justicia, pues a más de 72 horas de los hechos, no hay ningún detenido, a pesar de que víctimas y testigos en el lugar lograron identificar a Cesáreo Castellanos Vázquez, Rómulo Ramos Gallegos, Crisoforo Torres Castellanos y Pedro Castellanos Noriega, como las personas que portaban escopetas y una pistola que fueron accionadas contra la población, se escucharon al menos 12 disparos .
N os preocupa que estos hechos de violencia contra población civil ocurran a pocas semanas de realizarse las elecciones generales, incluidas las autoridades municipales de San Dionisio del Mar. Este ataque hasta ahora impune, incrementa el riesgo de una confrontación mayor en la población.
Recordamos que esta es la segunda ocasión en que miembros de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar son atacados con armas de fuego. En diciembre del año 2014 una persona también resultó herida por arma de fuego durante hechos de violencia ocurridos durante la realización de unas elecciones extraordinarias que finalmente fueron suspendidas.
Por todo lo anterior,
Responsabilizamos a la autoridad municipal de San Dionisio del Mar de la escalada de violencia en la población y de cualquier daño a la integridad física que integrantes de la Asamblea puedan sufrir por parte de sus seguidores.
Exigimos una investigación pronta, expedita y apegada a derecho del ataque armado sufrido por 5 integrantes de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, así como atención médica para cada uno de ellos, pues a 3 de los 5 no les fueron extraídas las postas .
Exhortamos a las autoridades estatales y federales a atender la problemática interna de la comunidad, toda vez que en este clima de impunidad, puede generar nuevos hechos de violencia con consecuencias lamentables.
Insistimos, la conflictividad en San Dionisio del Mar se gestó a raíz del intento de instalación del parque eólico de Mareña Renovables, hoy Eólica del Sur, en 2012; la Asamblea General del Pueblo ha defendido su Territorio desde ese año.
