COMUNICADO URGENTE DE LAS ORGANIZACIONES DE RESISTENCIA DEL PUEBLO MUNDURUKU

El pueblo munduruku pide responsabilidad a las fuerzas de seguridad del Estado para proteger a las personas, líderes y jefes que se oponen a la invasión de mineros ilegales en la región.

Esta mañana se produjeron manifestaciones a favor de la minería ilegal, incentivadas por el municipio de Jacareacanga, y dirigidas contra los grupos de la Fuerza Nacional y de Policías federales desplegados en la región. Los manifestantes intentaron quemar los equipos de las policías, y fueron respondidos con bombas de gas. Como los mineros y los grupos indígenas cooptados no pudieron con la policía, fueron a atacar las casas de nuestros líderes.

Fue allí donde la violencia contra nuestro pueblo traspasó todos los límites. Esta tarde, 26 de mayo, alrededor de las 12:30 horas, la aldea Fazenda Tapajós, donde vive la coordinadora de la asociación Wakoborun, Maria Leusa Kaba, fue invadida por mineros armados y atacada, disparándose contra las casas y las personas. Se incendiaron dos casas, la propia casa de la coordinadora y la de su madre, jefa de la aldea. La información es que nadie resultó herido, pero todos están en estado de shock.

La promesa ahora es ir a la aldea de Ademir Kaba y Ana Poxo, líderes de nuestro pueblo, y hacer lo mismo. Necesitamos operativos policiales para arrestar a los criminales que nos atacan y mantener a salvo a nuestros líderes para que realicen su trabajo, y expulsar a los invasores de nuestras tierras, de lo contrario esto nunca terminará.

Es inaceptable que aún con la presencia de la Fuerza Nacional en la región, la aldea de uno de nuestros principales líderes haya sido invadida por hombres armados que transportaban galones de gasolina, y que incitan al odio contra todos nosotros. Tememos por la vida de quienes luchan incansablemente por defender la vida del pueblo Munduruku y el futuro de todos en este planeta.

Al defender el río limpio y el bosque en pie, estamos siendo víctimas de la política de muerte de este Gobierno, que nos deja a merced de mineros armados dentro de nuestro propio territorio.

Hacemos un llamado urgente a la presencia de la Policía Federal para prevenir más violencia, asesinatos y masacres resultantes del fomento de las actividades mineras ilegales y de la impunidad de los delincuentes, como vemos que está sucediendo en los Yanomami y Mundurukania.

Nuestra gente solo quiere VIVIR EN PAZ y QUE NUESTROS DERECHOS SE RESPETEN. No somos nosotros los que pedimos violencia. Solo pedimos la protección de nuestras tierras y de las vidas indígenas por parte del Estado, como lo manda la Constitución Federal. Gritamos por ayuda.

FIRMAN: Movimiento Munduruku Ipereg Ayu, Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborun, Asociación Da’uk, Asociación Arikico, Concejo Indígena Alto Tapaós Munduruku – CIMAT

Solicitamos al Estado brasileño garantizar la vida, integridad y seguridad personal de las personas, líderes y jefes que se oponen a la invasión de mineros ilegales en la región y se investigue las violaciones a derechos humanos cometidas en las comunidades.

Más información del Movimento Munduruku aquí: https://bit.ly/3vz0ssu

25 de Mayo del 2021, desde la Toma del INPI, CDMX

COMUNICADO DE PRENSA

A los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, México y el Mundo
A los Medios de Comunicación Oficiales, Libres o como se llamen
Al Congreso Nacional Indígena / Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Opinión Pública

Rechazamos la imposición y simulación de consultas indígenas para la instalación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar/Parques Industriales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Denunciamos la imposición y simulación de los procesos de “CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA” en las comunidades INDÍGENAS de San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec y Santa Maria Mixtequilla; llevadas a cabo (en orden de mención) los días 1°, 9, 15 y 16 de Mayo del presente año para la imposición de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS) del Megaproyecto Corredor Interoceánico,

Le pedimos a los medios de comunicación que no desinformen replicando la información del gobierno y sus medios pagados donde aplauden y dicen que “ya han sido aprobados los parques industriales”, esto es una completa mentira, los pueblos no hemos avalado ninguna consulta, puesto que en esta serie de consultas a modo, en las comunidades no ha participado ni el 5% de la población, quedándose la toma de decisiones en autoridades municipales y agrarias quienes previamente han dialogado a puertas cerradas con el gobierno estatal y federal como es el caso de Ixtepec, o han facilitado la falsificación de actas de asamblea como en San Blas Atempa.

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Video de la entrevista aquí.

Escucha o descarga el audio de la entrevista:
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Xalapa, Ver. 20 de mayo 2021. Una delegación de campesinos morelenses, junto a colectivos y organizaciones sociales, instalaron un plantón el día de ayer frente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al sur de la ciudad de Xalapa, para denunciar el robo de agua con la finalidad de alimentar canales privados por medio del Acueducto Cuautla. En la tarde de hoy, los ejidatarios invitaron a los medios libres en una entrevista previa a su rueda de prensa programada para el jueves 21 de mayo a las 9:00 hrs. frente al edificio de la Conagua.

Acompañados por colectivos de defensores del territorio de Veracruz, Puebla, Guerrero y de la capital, los ejidatarios de la región oriente de Morelos tomaron las instalaciones y pusieron una gran carpa y numerosas tiendas de campaña frente a las rejas metálicas de un edificio gubernamental vacío, “por el motivo que se han violentado nuestros derechos: la CFE nos ha arrebatado nuestra agua”, sin tener ningún permiso para conectar un acueducto ni para alimentar la termoeléctrica que está a punto de empezar a funcionar.

Uno de los representantes de los ejidos movilizados de Cuautla, Ayala y Tenextepango declaró que “el agua del río Cuautla ha sido históricamente parte fundamental para nuestra actividad que es agrícola, tenemos una zona con características muy especiales para la producción de alimentos: producimos elote, pepino, verdolagas, arroz, caña, es decir, esa parte de Morelos fue precisamente la cuna de la Revolución porque ahí de donde venimos nació el General Zapata, en el pueblo de Anenecuilco, y ahora resulta que nos imponen una termoeléctrica a diez kilómetros de Cuautla y Ayala; y conectan un acueducto sin consultarnos, sin explicarnos de lo que se trata, y ya de la noche a la mañana resulta que empiezan a bombear el agua a la termoeléctrica”.

Niños, jóvenes, trabajadores y ancianos de los ejidos del oriente de Morelos protestan frente a las instalaciones de Conagua en Veracruz

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Por Ñaní Pinto

La Asamblea Permanente de Puente Madera, agencia del municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denuncia una serie de simulaciones e irregularidades en el proceso de consulta que aprobó la construcción de un parque industrial en su territorio, uno de los diez que están previstos en el marco del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la Asamblea, hubo la falsificación de firmas de 50 comuneros de Puente Madera, así como se consideró la firma de dos personas fallecidas, “pruebas físicas con las que contamos y con las que hemos emprendido un proceso de juicio de nulidad de esta acta de asamblea”, sostiene en un comunicado la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera, por medio de su Asamblea.

Todo empezó, según los comuneros, con la Asamblea de Comuneros de San Blas Atempa que se llevó a cabo el pasado 14 de marzo. Fue convocada con el objetivo de “convencer a los comuneros a aprobar el Polo de Desarrollo”, afirma la Asamblea en su documento.

El actual comisariado de bienes comunales, desde que inició su cargo, no había realizado ninguna Asamblea. “Pero por la presión ejercida por el presidente municipal de San Blas, Antonino Morales Toledo, obligó a que se realizara, ocurriendo las primeras irregularidades con la falsificación de firmas de más de 50 comuneros pertenecientes a nuestra comunidad de Puente Madera, así como la firma de dos personas ya fallecidas”.

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Por Renata Bessi | Avispa Mídia

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.

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A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.

Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.

A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.

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Por Aldo Santiago

En el contexto de una creciente presión para la expansión de actividades mineras en sus territorios, comunidades Munduruku denuncian un aumento en las agresiones y violencia contra sus habitantes.

En medio de los estragos por la pandemia de Covid-19, l@s indígenas también señalan estrategias del gobierno federal para la manipulación y división comunitaria, así como la posible regularización de la minería en Tierras Indígenas (TI) mediante un proyecto de reforma constitucional.

La más reciente agresión consistió en un robo y sabotaje contra la embarcación de la asociación Wakoborũn, integrada por mujeres Munduruku. Este es el tercer ataque, en menos de un mes, realizado por mineros contra el pueblo indígena en la zona urbana de Jacareacanga, al suroeste del estado de Pará.

“Desde que comenzó el gobierno de Bolsonaro, las invasiones en nuestro territorio aumentaron mucho, trayendo más destrucción y enfermedad”, denunciaron organizaciones y comunidades Munduruku, en carta difundida el pasado 17 de abril.

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Por Renata Bessi

Foto de Portada: Santiago Navarro F.

El gobierno norteamericano de Joe Biden mantiene desde hace por lo menos un mes pláticas a puertas cerradas con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, sobre cambio climático y proyectos para la Amazonía. Un acuerdo entre ambos países que será anunciado en la cumbre sobre el clima, convocada por Biden para los días 22 y 23 de abril. El presidente de los Estados Unidos, en su campaña electoral, llegó a mencionar que buscaría recaudar 20 billones de dólares para la Amazonía.

Las negociaciones a puertas cerradas han generado protestas y manifestaciones de organizaciones sociales y de los pueblos indígenas en Brasil, que han buscado establecer una comunicación directa con el gobierno de los Estados Unidos.

Un grupo de 199 organizaciones publicó una carta al gobierno americano alertando sobre los riesgos que un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y el gobierno de Bolsonaro puede traer para el medio ambiente y los derechos humanos en Brasil.

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Bolsonaro ha sido negacionista de la pandemia, lo que ha provocado en Brasil un aumento severo de muertes diarias por la enfermedad. Además, el mandatario brasileño ha promovido abiertamente las actividades económicas extractivas  y la ganadería intensiva en la Amazonia. Sumado a ello, Bolsonaro ha difundido discursos de odio hacia pueblos indígenas, mujeres, la población negra y hacia la diversidad sexual.

Un ejemplo de la posición de Bolsonaro fue en 2019, al mantener una pasividad mientras los enormes incendios arrasaban con la Amazonia, esto provocó la deforestación en 222% en relación a 2018.

Además el gobierno brasileño ha militarizado la gestión de la Amazonía, es decir, los órganos públicos federales de gestión de la región están encabezados por militares.

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La coordinación de territorios por la defensa de los glaciares denuncia a través de una declaración publica lo nefasto de la tramitación de la ley para la protección de los glaciares.

Los glaciares han sido enormemente afectados de manera irreversible por la gran minería a lo largo del todo el territorio. Un ejemplo de esto son los glaciares de Pascua Lama que fueron dañados criminalmente por la corporación Barrick Gold. Fue la presión de organizaciones sociales que venció y logró detener después de años de lucha con este delito contra el medio ambiente.

LA COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES DECLARA:

ALERTA GLACIAR: LA TRAMITACIÓN DE LA LEY, DE MAL EN PEOR

El oscuro camino que se vislumbra de la ley que pretendía proteger los glaciares de Chile.

Con Girardi transparentando su apoyo a una ley sin protección del ambiente periglaciar ni del permafrost, Allende, más preocupada de las consecuencias para la minería y un oficialismo que sigue defendiendo sus intereses, la tramitación de esta ley está entrampada en la disyuntiva de prohibir o no actividades en el ambiente periglaciar y permafrost.

La penúltima sesión de tramitación de la ley de glaciares del 31 de marzo deja mucho que desear tanto la clase política como del proyecto de ley propiamente tal y de su futuro en la Comisión de Medio Ambiente. Todo hace presagiar que las comunidades deberemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protección, tal como lo llevamos haciendo por más de 15 años. A menos que las cosas tomen otro rumbo, una vez más tendremos que bloquear una ley que, en lugar de resguardar este preciado ecosistema, en la práctica legaliza su intervención.

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