Hoy, 5 de septiembre, durante una movilización en defensa de los pueblos originarios y contra la criminalización en Xochimilco, la Fiscalía y cuerpos represivos realizaron detenciones y desapariciones forzadas en un contexto de represión violenta. Esta manifestación, que era libre y pacífica, tenía como objetivo exigir el retiro de la denuncia penal contra Hortensia Telésforo, quien ha defendido el territorio de su comunidad.
Un grupo de 30 golpeadores, portando armas blancas, atacó a manifestantes de varias organizaciones sociales frente a la Alcaldía de Xochimilco. La compañera Mayahuel, de Xochimilco, fue brutalmente agredida y arrestada, mientras otras compañeras de la radio y medios libres, junto con integrantes de pueblos originarios, también fueron atacadas. Se reportan 8 heridos, incluyendo agresiones sexuales, rostros ensangrentados y el robo de equipo. Las autoridades se niegan a informar sobre el paradero de los detenidos.
Entre las personas desaparecidas y detenidas están:
Anselma Margarita Francisco
Roberto Rodrigo Contreras (Gato)
Jorge Manuel Cancino García
Uriel García Rosas
Penélope Estefanía Galicia Argumedo
Anselma Margarita Francisco fue brutalmente golpeada en el rostro frente a testigos y torturada para silenciarla. Las autoridades ahora niegan que haya estado detenida.
¡Exigimos la aparición inmediata de Anselma, Gato, Jorge, Uriel y Penélope, así como justicia para todos los agredidos! Responsabilizamos directamente al Jefe de Gobierno, Martí Batres, y a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX por orquestar esta represión violenta en contra de quienes defendían el territorio.
Hacemos un llamado urgente a todas las redes, organizaciones y personas solidarias, a nivel nacional e internacional, a sumarse a esta exigencia de justicia. ¡No permitamos que la violencia institucional y la impunidad sigan desapareciendo a quienes luchan por la vida y los territorios!
Exigimos el cese inmediato de la criminalización de la autonomía y de quienes, como Hortensia Telésforo, defienden la vida. ¡Hortensia Telésforo no está sola!
Responsabilizamos a la Fiscalía 2 de Xochimilco y al gobierno de cualquier daño a la integridad física y psicológica de nuestros compañeros desaparecidos.
Recordamos que hoy, en el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, decidieron atentar contra la valentía de mujeres como Anselma que defienden sus territorios y derechos, a pesar de la represión que enfrentan. Tno olvidamos que el 30 de agosto conmemoramos a las víctimas de desaparición forzada, sin olvidar lo significativo que es septiembre para la lucha contra la violencia de Estado, especialmente por nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa y que aún así el gobierno asesino decide reprimir.
#HortensiaEsResistencia
#DefenderLaVidaNoEsDelito
#AltoALaCriminalización
#AltoALaGuerraContraLosPueblos
#PorqueVivosSeLosLlevaronVivosLosQueremos
#ApariciónInmediata
Atentamente
ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA Y ORGANIZACIONES Y PUEBLOS SOLIDARIOS
-Proceso judicial irregular podría despojar a la comunidad indígena nahua de 2 mil 760 hectáreas de su territorio y cederlas a privados
– La Suprema Corte tiene la oportunidad de hacer justicia y reconocer el territorio ancestral
La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), organizaciones nacionales como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH), la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (IMDEC); e internacionales como el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) en México y Front Line Defenders (FLD) presentaron cartas de respaldo en favor de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, Michoacán, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En las cartas manifiestan su preocupación por las persistentes irregularidades del proceso judicial que pretende arrebatarle 2 mil 760 hectáreas de su territorio a Santa María Ostula. Estas inconsistencias han sido señaladas por la comunidad indígena que desde 2023 emitió el amparo directo 463/2023 para el reconocimiento de la titularidad de sus tierras ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del décimo primer circuito de Morelia, Michoacán.
Esta es la última instancia a la que Ostula puede acudir para resolver el conflicto agrario que permanece desde el año 2004. El sistema judicial ha emitido resoluciones desfavorables hacia la comunidad, dando la pauta para que los “pequeños propietarios” tengan la posibilidad de despojar de su territorio a sus dueños ancestrales. Ante la resolución desfavorable más reciente, la comunidad de Santa María Ostula promovió un juicio de amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en Morelia, Michoacán, del cuál se espera una respuesta en las próximas semanas.
“Se han identificado, en el marco del proceso legal, múltiples violaciones al debido proceso: en particular, la negativa a contar con su propio perito y el incumplimiento de términos legales. Indebida notificación a las partes: La comunidad no fue debidamente notificada, lo que afecta su capacidad de defensa así como el incorrecto estudio y evaluación de pruebas que incluyen títulos, trabajos técnicos, resoluciones del caso, planos y actas, que no fueron correctamente valoradas” señala la carta entregada por las organizaciones nacionales.
Por su parte, las organizaciones que integran el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México, señalan que los derechos a la libre determinación, a la autonomía, al autogobierno y a las tierras, territorios y recursos, están íntimamente relacionados entre sí. Por lo tanto la violación a uno de ellos, implica la vulneración del resto. Reconocen su preocupación sobre las inconsistencias en el proceso: desde el abuso de autoridad de funcionarios del tribunal por la falta de traductores y mecanismos culturalmente apropiados para notificar a las autoridades indígenas, así como de engaños para obligarles a firmar documentación que les afectaba en el proceso judicial.
Finalmente le recordaron a la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal que las relatorías Especiales en materia de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus dos visitas oficiales a México han señalado que “La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios.” y que “Los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, deben agilizar los mecanismos existentes para asegurar la implementación de las sentencias dictadas a favor de los pueblos indígenas”.
Así, las agrupaciones exhortan a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la Ciudad de Morelia, Michoacán y a la SCJN a que impartan justicia y que se reparen las graves violaciones cometidas en contra de la comunidad: “La pérdida de estas tierras tendría un impacto devastador en la comunidad, afectando su sustento económico, sus prácticas culturales y su cohesión social y más preocupante, sentaría un precedente de despojo avalado a favor de pequeños propietarios y en contra de las comunidades indígenas que son el sustento de nuestro país”.
Las organizaciones firmantes señalan que esta es la última oportunidad para que el sistema judicial haga justicia y reconozca la posesión de las tierras ancestrales de Ostula, pues sus habitantes dependen de ellas para el mantenimiento de sus costumbres, tradiciones, autonomía y autodeterminación.
El Estado tiene la obligación y la oportunidad de generar condiciones de paz y seguridad para la población. Los grupos delincuenciales y de “pequeños propietarios” buscan despojar al Pueblo de su territorio de Xayakalan para apropiarse de la riqueza natural con la que cuentan, lo que además generaría el desplazamiento de cientos de familias que habitan en este terreno en disputa y se sumaría a la larga lista de agravios de los cuales la comunidad es víctima, entre los que destacan los 42 asesinatos y 5 desapariciones en contra de los y las comuneras de Ostula.”
Firmas
Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA). Articulación de pueblos, comunidades, colectivos y organizaciones civiles, con presencia en 19 estados de la República. Integrantes: Campeche: Ejido Miguel Colorado Champotón, Unión de Ejidos en defensa del Territorio Maya, Observatorio de violencia social y de género, Colectivo Vidas, Mujeres por un Nuevo Amanecer, REDMYH A.C., Colectivo Maya de los Chenes; Chiapas: Proyecto Educador Comunitario Indígena, región VI Selva Cañadas, Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio-Ocosingo (MODEVITE Ocosingo), Comunidad Suclumpa Salto de Agua Chiapas, Gobierno Comunitario de Chilón centro de atención Bachajon: 1. Centro Bachajón,2. Xlemlajanten, 3. Las Limas, 4. San Sebastian Bachajon, 5. Yulub-max, 6. San Martín Cruzton,7. Jalal 1 Sección, 8. Las conchita, 9. Joybe yetal wits, 10. Pataliha, 11. Yaxtelha, 12. Uxyoquet, 13. Julba Pimil San Sebastian, 14. Chic abantelho, 15. San marcos uhaayil, 16. Ti cantelha, 17. Julbacpimil, 18. San pablo Chalam chén, 19. Yax winie, 20. Primavera, 21. Uhcayil, 22. Centro Cacualha, 23. Jetoaquil, 24. Ahlan Cacualha, 25. Waleha sil, 26. San Martin Pino Suárez, 27. Israel, 28. Carmen Cacualha, 29. Coral Ch´en, 30. Nich´ te´el, 31. Nueva Palestina, 32. Nuevo Tepeyac, 33. San Marcos Buena Vista, Gobierno Comunitario de Chilón, centro de atención C’ubwitz: 1. Sacun C’ubwitz, 2. Sacun Saquila, 3.Bawitz Jerusalén, 4. Jol sacun, 5. Sacun palma, 6. Sacun San Pedro, 7. Yochibja, 8. Q’uicisal, 9. Onteel, 10. Axupja, 11. Jol Axupja segunda Sección, 12. Mojón, 13. C’anal Ulub, 14. Nup’ha, 15. Laguna Verde, 16. Crucero Saquila, Tianguis Campesino, CDH Fray Pedro, Bienes Comunales de la Selva Lacandona BCZL, Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE), 20 De Noviembre, Santa Cruz La Reforma, Red Ambiental en Defensa de los Humedales de San Cristóbal, Enlace Capacitación y Comunicación región Ocosingo,Organización de los Pueblos Autónomos Maya de los municipios de Salto de Agua, Palenque, Tumbala y Yajalon; Chihuahua: Bosques San Elías Repechique, Huitosachi, Bacajípare, CONTEC, A.C.; Ciudad de México: Coordinadora Agua para todas y todos, agua para la vida, Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C., Fundación para el Debido Proceso DPLF, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Colectivo de Abogadas, Oxfam México, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible CCMSS, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Enlace Comunicación y Capacitación Ciudad de México; Estado de México: Comunidad de Tepetlaoxtoc, Pueblo Indígena Otomí de San Francisco Magú, Concejo Comunitario de San Jerónimo Amanalco, Texcoco, Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) – Atenco; Guerrero: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Huehuetán municipio afromexicano por el principio de la Libre Determinación, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Enlace Comunicación y Capacitación región Guerrero; Jalisco: San Lorenzo Azqueltán, Comunidad de Indígena de Tepizoac, San Juan de los Potreros; Michoacán: Defensores Comunitarios de Nahuatzen, Santa María Ostula, Xamoneta colectiva, Cherán Habitantes de la Comunidad Purhépecha de Comachuén, Carapan, Ésheni (Pichátaro y Zirahuen), Cheranatzicurín, Sevina; Nayarit: NuIwari A.C., Asamblea Permanente de la Comunidad Náayeri de Jazmín del Coquito; Oaxaca: Enlace Región Tlaxiaco, San Sebastián Ocotlán, San Jacinto Ocotlán, Tejas de Morelos,San Felipe Apóstol, San Matías Chilazao, San Jacinto Chilateca, Maguey Largo, Oaxaca El porvenir, Oaxaca, Servicios del Pueblo Mixe (SER A.C.), Enlace Comunicación y Capacitación A.C., Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), San Isidro Zegache, La Barda Paso de Piedras, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol, Santa Ana Zagache, San Pedro Mártir, San Martín Tilcajete, San Pedro Apóstol, Asunción Ocotlán, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), CDI Flor y Canto A.C.,Comité en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO); Puebla: Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios; Yucatán: U Yich Lu’um, Kanan derechos humanos; San Luis Potosí: Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij A. C., SEDEPAC Huasteca, Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina, Observatorio Indígena, Centro Ceremonial Teenek, Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina COCIHP, Autoridades de comunidades de los municipios de Axtla, Coxcatlan, Huehuetlán y Xilitla, Xochitzotlajmani, Kichaj, una luz para el desarrollo participativo en la Huasteca A.C.; Sonora: Pueblo de Vícam; Quintana Roo: Colectivo Maya Balaam; Veracruz: Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorio, Colectivo Altepee (istmo de Veracruz).
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH)
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Las organizaciones que integran el Espacio OSC son: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.
Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero); Colectivo Emancipaciones (Michoacán); Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA (Puebla); Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, (Yucatán); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Jalisco); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA (Oaxaca).
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (IMDEC)
Red Solidaria de Derechos Humanos
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
(Integrada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Agua y Vida, mujeres, derechos y ambiente (Chiapas); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC),(Oaxaca); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Frontera con Justicia A.C. Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León (Guanajuato) Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)(Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
Fue a la hora del pozol. Las compañeras insurgentas me platicaron de los múltiples accidentes, caídas y choques forzados en sus aprendizajes de andar en bicicleta.
Lo de choques forzados es explicable: cuando perdían el control de la bicicleta y se olvidaban de frenar, elegían rápidamente dónde estrellarse para, así, detenerse. En veces un árbol, otras el portón de un potrero y, las más de las veces, una zanja.
Les pregunté por qué no mejor sólo frenar. Así me respondieron: “De por sí lo pensé, pero la bici no entiende lo que pienso. Hasta le grito, pero no obedece y se sigue, y entonces entra mi miedo”, explicaba una compañera mientras la sanitaria le hacía curación de los arañazos y heridas que consiguió, ya lo imaginarán, cuando decidió “detenerse” contra un alambre de púas. Sí, podía ser peor, ahí cerca abundan las cuevas.
“Pero si te avisaron”, le dice otro compa, “clarito lo escuchaste al pájaro”.
¿Qué pájaro?, pregunté.
“Es un pájaro que te avisa que algo malo puede pasar. No es que de por sí va a pasar, sino que tal vez pasa si no estás alerta y preparado.”
De ahí siguió una discusión sobre el nombre del pájaro. Unos decían que “Tii”, otras que “Titil” o “Titil Mut”. El Subcomandante Insurgente Moisés, que maneja otra variante de la lengua tzeltal, dijo que es “T´í”.
“En cho´ol le decimos “Tyi’j”, me informa una compañera, “cuando lo encontramos en el camino empieza a gritar, como que si fuera que se asusta y rápido se va volando. Y ahí donde dicen eso de que está avisando que algo malo va a pasar”
Dos compas insurgentes mecánicos (uno de vehículos automotores y el otro de bicicletas), me explicaron: “que sea que te alerta, te avisa, te advierte que algo malo puede pasar. Por ejemplo, que hay nauyaca, o viene carro, o que se va a ponchar la llanta…”
“O que te vas a caer de la bici”, agregan mientras miran el desastre que el “frenado radical” dejó en el brazo de la compañera.
“No es que va a pasar, como quien dice, irremediablemente. Pero te avisa y ahí tú ves si le haces caso o no”.
Después de multitud de anécdotas (casi todas ellas de cuando su niñez), que confirmaban los avisos del pájaro “T´i”, quedaron discutiendo: una compañera decía que “depende, si es que hace tres veces y como que está muy apurado, es que está cerca la desgracia y, ni modos, tienes que prepararte”. Otra: “pero si regresa y hace así (ella prolonga el monosílabo del canto, “tiiii”), quiere decir que era su mentira o que ya pasó el peligro”.
Unos días después, antes de iniciar la práctica con la bicicleta, el pájaro cantó varias veces. Todos lo escucharon, pero pensaron que el peligro era para alguien más, no para ellos en lo individual.
Por supuesto que alguien se cayó y se raspó la rodilla.
“Es que no lo hiciste caso al pájaro, si claro te está diciendo que te puedes caer”, le reclaman.
“Sí lo hice caso, pero pensé que no a mí me va a pasar, sino a ti porque no limpias la cadena y la tienes toda oxidada”, se defiende.
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En todas las partes de ese todo que llamamos “Planeta Tierra”, la naturaleza advierte, alerta, avisa que algo malo puede pasar. Las ciencias y las artes replican la advertencia.
Hay quien entiende y se prepara.
Hay quien entiende, pero piensa que no es a él al que le va a pasar.
Hay quien entiende, pero se dice a sí mismo que él usa automóvil particular y no bicicleta.
La Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco hace público el presente comunicado. Externamos este texto como una denuncia pública ante la criminalización del Estado, en especial de la Alcaldía Xochimilco, hacia la defensora del territorio Hortensia Telésforo, a quien buscan criminalizar por su participación activa en las actividades comunitarias del San Gregorio y en especial por su participación en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco.
Exigimos a la Alcaldía Xochimilco que desista esta criminalización, pues la Tlamachtiloyan, antes biblioteca comunitaria, pertenece al pueblo originario de Atlapulco por decreto presidencial y su recuperación es una demanda que se mantiene desde la represión de diciembre de 2022 por la usurpación de este espacio por parte de la administración de José Carlos Acosta.
¡La defensa del territorio y la autonomía, no son un crimen! ¡Aquí estuvimos, aquí estamos, aquí estaremos! ¡Fuera la alcaldía, viva la autonomía!
Asamblea Nacional por el Agua y la Vida Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac
A los medios de comunicación, organizaciones sociales y de derechos humanos
Al Congreso Nacional Indígena
A los pueblos indígenas de México y del mundo
Y a la sociedad en general
Exigimos la presentación con vida de Sergio Rivera Hernández y responsabilizamos al Estado mexicano.
El 23 de agosto de 2018, Sergio Rivera Hernández, defensor del agua y del territorio, activista indígena nahua, fue víctima de desaparición forzada en la Sierra Negra de Puebla. Sergio, padre de familia y mecánico de profesión, dedicó su vida a la defensa del agua y el medio ambiente, enfrentando el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, impulsado por la empresa minera Autlán, el cual representa una grave amenaza para los ríos y ecosistemas de la región.
Sergio Rivera Hernández no solo luchaba por su comunidad, sino por el derecho de todos los pueblos indígenas a decidir sobre el uso de sus tierras y recursos naturales. Su desaparición es un trágico ejemplo de la violencia sistemática que enfrentan los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México, donde intereses económicos suelen imponerse sobre la vida y los derechos de las personas.
Ante esta situación, exigimos:
1. La inmediata presentación con vida de Sergio Rivera Hernández. Responsabilizamos al Estado mexicano por su desaparición y demandamos justicia ante la evidente falta de imparcialidad y corrupción que han permitido que sus captores permanezcan impunes. Exigimos su localización y el castigo de los responsables.
2. La protección efectiva de todos los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.Es indispensable garantizar la seguridad de quienes, como Sergio, arriesgan sus vidas para proteger sus territorios y recursos ante el constante acoso y amenaza de megaproyectos destructivos en todo el país.
3. El cese total de la criminalización y represión de los movimientos sociales que se oponen a proyectos extractivos. Exigimos también un alto inmediato a la guerra contra las comunidades zapatistas y el respeto irrestricto a los derechos de las comunidades indígenas ante cualquier amenaza.
4. El fin de la impunidad en casos de desaparición forzada en México. El Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, investigando y sancionando a los responsables de estos crímenes con todo el rigor de la ley.
Sergio Rivera Hernández es una víctima de la guerra contra los pueblos indígenas y de los intereses económicos que prevalecen en nuestro país. Exigimos justicia y la presentación con vida de nuestro hermano.
Santiago de Chile, los aires del gobierno de Daniel Boric, quien asumió el poder en 2022, parecen de conciliación. Este jueves (29), la general Laura Richarson del Comando Sur y el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos (EEUU), Charles Q. Brown, se reunieron con líderes de defensa del cono sur para discutir desafíos de seguridad y la cooperación en el marco de la Conferencia de Defensa Sudamericana 2024 (SOUTHDEC 24). Además, también posaron para la foto junto a Maya Fernández Allende, la nieta del ex presidente Salvador Allende, quien fue derrocado mediante un golpe de Estado en complicidad con el país norteamericano.
Este evento, donde se congregaron líderes de defensa de 10 naciones, fue realizado entre 27 y 29 de agosto en Chile, patrocinado por el Comando Sur (SOUTHCOM), centrado, principalmente, en cómo “las nuevas tecnologías pueden fortalecer la defensa y la soberanía hemisférica en un contexto de crecientes desafíos globales”, anunciaron los mandos de las fuerzas armadas de EEUU.
El Comando Sur es uno de los seis comandos unificados de EEUU, responsable de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, América Central y América del Sur.
Esta fue la primera visita de Brown en Chile y la cuarta de Richardson. En esta ocasión se reunieron con la Ministra de Defensa chilena, Maya Fernández Allende, la nieta del ex presidente Salvador Allende, el mismo que fue derrocado por las Fuerzas Armadas lideradas por Augusto Pinochet, quien recibió apoyo de Estados Unidos.
Desde antes del golpe, EEUU ya venía interviniendo en la vida política del país al saber que Allende sería ganador en las elecciones presidenciales, con tácticas propagandísticas y campañas de acción política, incluso, “la CIA [Agencia Central de Inteligencia] se centró en provocar un golpe militar”, puntualiza el Informe sobre las actividades de la Task Force chilena de la CIA, del 15 de septiembre a 3 de noviembre de 1970, un documento desclasificado.
Es así que, según el memorándum preparado por la CIA, en Washington, el 18 de noviembre de 1970, se da la orden para que “la CIA tratara de impedir el ascenso del marxista Salvador Allende” el 15 de septiembre de 1970.
En la actualidad es bien conocida la participación de EEUU en el golpe militar de Chile, a través del llamado «Proyecto FUBELT», “nombre clave de las operaciones encubiertas para promover un golpe militar y socavar el gobierno de Allende”, rezan los documentos desclasificados.
El gobierno del general Augusto Pinochet, quien dirigió el golpe, duró al menos 17 años con un saldo de más de 3 mil personas desaparecidas o asesinadas y más de 38 mil presos políticos, a quienes emplearon técnicas de tortura.
Hoy, ese contexto histórico parece que se ha esfumado. Desde el año 2023 un grupo de congresistas estadounidenses presentó una resolución en la que se disculpa por su participación en en el golpe de Estado y pidió que más documentos fueran desclasificados. Esto se dio en la víspera de la participación de Boric en la 78ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, en septiembre de 2023.
“Amistad”
Es así que con el evento SOUTHDEC 24, ambos gobiernos mandan el mensaje de conciliación y amistad. Por otro lado, la comandante del Southcom, Richardson, destacó el impacto negativo de los “gobiernos autoritarios” y las organizaciones criminales transnacionales en la región, haciendo referencia a Venezuela. “Los gobiernos autoritarios y comunistas están socavando la democracia y alimentando la inestabilidad”, por ello llamó a fortalecer la cooperación en defensa.
Además, la general Richardson arremetió contra el gobierno de Nicolás Maduro resaltando que “la democracia y sus valores fundamentales permanecen bajo ataque globalmente, y no tenemos que mirar más allá de Venezuela, donde Nicolás Maduro sigue socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano”.
Richardson hizo énfasis en la necesidad de implementar lo que ella denomina como una Imagen Operativa Espacial Común y el Conocimiento del Dominio Mejorado, iniciativas diseñadas para mejorar la sincronización y la capacidad de respuesta en el entorno espacial integrado a la inteligencia artificial. Ampliando el teatro de operaciones hacia el espacio, como un nuevo dominio de poder, con implicaciones profundas para la dinámica global.
En el SOUTHDEC 2024 también fueron temas de discusión el cambio climático, el tráfico de drogas y la migración irregular, considerados como “amenazas para la seguridad”. La conferencia subrayó la importancia de una respuesta conjunta para “fortalecer la resiliencia económica y la estabilidad democrática en América del Sur”.
Además de Chile, hubo la participación de delegaciones de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam. También participaron como observadores representantes de Canadá, Francia y el Reino Unido.
También participó las guardias nacionales de Connecticut, Florida, Georgia, Kentucky, Nueva York, Carolina del Sur y Texas. Así como la Junta Interamericana de Defensa, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en materia de Seguridad (WHINSEC), el Centro William J. Perry y el Colegio Interamericano de Defensa y el Mando Espacial de los Estados Unidos.
En portada: Manifestación contra la participación de Deutsche Bahn en el proyecto ferroviario y portuario GPM, frente a su sede, en Berlín. 31 de mayo de 2024. Foto: Stefanie Hess.
La empresa Grão-Pará Maranhão (GPM), de capital portugués, está llevando a cabo la construcción de un complejo industrial y portuario privado – el Terminal Portuario de Alcântara (TPA) -, en la Ilha do Cajual, estado de Maranhão, nordeste de Brasil, donde viven comunidades tradicionales quilombolas – descendientes de antiguos pueblos africanos esclavizados-. El proyecto prevé la ocupación de casi 15 millones de metros cuadrados, equivalente a 87% de los territorios quilombolas de la región.
El objetivo es exportar productos producidos desde la selva amazónica y la sabana del cerrado, como la soja, el mineral de hierro, el cobre, el gas de fracturación hidráulica y el hidrógeno, a China, Europa y EEUU.
Desde hace ocho años, GPM avanza con el proyecto. Las comunidades impactadas sostienen que no han sido consultadas. Además, el proyecto sigue sin una evaluación de impacto ambiental.
“La construcción del puerto provocará impactos socioambientales significativos en la región, en bosques y en áreas de conservación, en ríos y en el mar [costa atlántica, que preserva el mayor cinturón de manglares contiguo e intacto del mundo.], además de la expulsión de comunidades de sus territorios”, sostiene un comunicado del Conselho Indigenista Missionário (Cimi), una de las 18 organizaciones que hacen parte de la Articulación Anti Proyecto Grão Pará-Maranhão (Anti GPM). La Ilha do Cajual es una zona de invernada de aves migratorias norteamericanas.
Vista de los manglares de la bahía de São Marcos y la isla de Cajual, al fondo. Foto: RdR/ Klaus Schenck.
El proyecto prevé también la construcción de un ferrocarril privado de mercancías de 520 kilómetros, el EF-317, que se adentraría en la región amazónica. La empresa estatal alemana de ferrocarril, Deutsche Bahn (DB), participa en el proyecto. Su filial, Grupo DB E.C.O., ha firmado un memorando de entendimiento con GPM para desarrollar y explotar conjuntamente el ferrocarril.
El ferrocarril, que cruzará 22 municipios de Maranhão, impactará seis comunidades indígenas (territorios oficialmente demarcados de Alto Turiacu, Akroá Gamela, Arariboia, Awa, Caru y Pindaré), dos comunidades quilombolas (Alcântara y Tanque de Valenca), así como 16 comunidades resultado de programas de reforma agraria y 22 comunidades (Alcântara, Bequimão, Peri Mirim, Palmeirândia, São Bento, São Vicente Ferrer, Olinda Nova do Maranhão, Matinha, Viana, Pedro do Rosário, Penalva, Monção, Zé Doca, Governador Newton Bello, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bom Jardim, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Amarante do Maranhão, São Francisco do Brejão, Açailândia).
Ubicación del terminal portuario TPA en la isla de Cajual y el muelle en la bahía de São Marcos en el Océano Atlántico.La zona de mareas de la mitad norte de la isla está bordeada de manglares. Elaborado por RdR usando Google Earth + TUBS CC BY-SA 3.0 DEED.
“Los riesgos de contaminación del aire y de las aguas, de ríos e igarapés, daños a viviendas y el aumento de riesgo de accidentes, como atropellamientos y mutilaciones, que pueden resultar en muerte, también son preocupaciones de las comunidades de la región”, informa el Cimi.
Presión Social
La organización Salva la Selva, que hace parte de la Articulación Anti-GPM, está llevando a cabo en Alemania una campaña para que la alemana Deutsche Bahn se retire del proyecto.
El 31 de mayo de 2024, organizó una manifestación frente a la sede de la empresa, en la Potsdamer Platz de Berlín, junto con la organización brasileña Justiça nos Trilhos, el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), Kooperation Brasilien (Kobra) y Misereor. Además, presentó una reclamación en contra de la participación de la filial de DB E.C.O. Group en el proyecto GPM.
Salva la Selva, en un comunicado, sostiene que el departamento de reclamaciones de DB ha dado curso al proceso de reclamación, pero el resultado es aún completamente incierto. “El presidente del consejo de administración y consejero delegado de DB, Dr. Richard Lutz, nos respondió mediante un escrito, que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente es un principio importante para DB; que DB se toma muy en serio nuestras preocupaciones y que ‘deben cumplirse varios requisitos adicionales antes de que DB considere participar en el proyecto’”.
Mientras tanto, directivos de las filiales de DB, junto con trabajadores del proyecto GPM, están participando en reuniones con ministros, políticos, funcionarios gubernamentales y parlamentarios brasileños para sacar adelante el proyecto.
Salva la Selva también mantiene una campaña de recaudación de firmas “para decirle a Deutsche Bahn que se retire inmediatamente del proyecto en la región amazónica”. La petición está abierta desde 1 de agosto de 2024 y ya lleva más de 25 mil firmas de personas y organizaciones de todo el mundo.
Inversiones
El GPM busca actualmente inversores y préstamos para llevar a cabo el proyecto ferroviario y portuario. La embajadora de la Unión Europea (UE) en Brasil, la diplomática alemana Marian Schuegraf, confirmó, en respuesta a una consulta escrita por Salva la Selva, que su delegación se había reunido con los promotores del proyecto Grão-Pará Maranhão (GPM).
En abril de 2024, la embajadora de la UE encabezó una delegación de 19 embajadores de países de la UE al estado de Maranhão. El programa incluyó una visita al actual puerto de exportación de Itaqui, situado cerca de la ciudad de São Luís, capital de Maranhão, justo enfrente de la Ilha de Cajual. La delegación de la UE también visitó el distrito de Alcântara, al que pertenece la isla donde se construirá el puerto.
En este contexto, artículos aparecidos en la prensa en Brasilsugieren que el GPM podría llegar a financiarse a través de la iniciativa Global Gateway de la Comisión Europea. Dicho fondo pretende financiar hasta 2027 con 300.000 millones de euros, proyectos que resultan estratégicos para la UE en todo el mundo.
De acuerdo con un levantamiento de Salva la Selva, la página de Global Gateway dedicada a Brasil y la hoja informativa sobre el país de Global Gateway de abril de 2024 identifican cuatro “iniciativas emblemáticas”, entre ellas “Transporte multimodal y movilidad: construcción de infraestructuras portuarias y ferroviarias para reducir las carencias de infraestructuras existentes y conectar Brasil con Europa”.
Según estudios recientes, la agricultura, en particular de soja, es el principal motor de la deforestación en Brasil; según datos del Gobierno, la superficie deforestada en 2023 será de 9.064 kilómetros cuadrados, un área 3,5 veces mayor que el Gran Londres o más de 11 veces mayor que la ciudad de Nueva York.
En portada: Vecina de San Juan Chapultepec, Oaxaca, mostrando el agua que recibe de la red pública. Foto por Santiago Navarro F
Las lluvias que han abarcado los Valles Centrales de Oaxaca, al sur de México, durante los últimos dos meses, han sido capaces de borrar temporalmente la experiencia de las intensas olas de calor, la sequía y la falta de agua que ha padecido esta entidad. Pero la realidad “no es así”, alerta Juan José Consejo del Instituto Naturaleza y Sociedad de Oaxaca (Inso).
“Tenemos más de 8 mil años en los Valles. (…) Ahora vivimos una crisis de agua que pone en riesgo la viabilidad de la ocupación humana en este territorio”, señala el director del Inso, una de las 28 organizaciones que forman parte del Observatorio Ciudadano/comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA).
La discusión pública sobre la crisis hídrica en Oaxaca se reavivó en las últimas semanas tras la declaración del gobernador de este Estado, Salomón Jara Cruz, quien presentó ante la presidenta electa Dra. Claudia Sheinbaum, la propuesta de reanudar la construcción de la Presa Paso Ancho para “dotar” de agua a la zona metropolitana de Oaxaca, que incluye 22 municipios.
Hace 12 años, en 2012, las obras para la construcción de esta presa fueron iniciadas en los municipios San Vicente Coatlán y Sola de Vega – en la zona suroeste del estado, en la transición de los valles centrales de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur – con el entonces gobernador Gabino Cué. En 2014 las obras fueron suspendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Además de Profepa, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) resolvió desechar la autorización que implicaba la afectación de una superficie de 1.0251 hectáreas, porque “no presentó información técnica y documentación legal”. En su momento esta acción fue emprendida contra la empresa que llevaba la obra, Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. Las autoridades documentaron en su momento que ya se había afectado una superficie de 2.0174 hectáreas de vegetación de selva baja caducifolia y de encino.
Este proyecto fue retomado desde el pasado mes de enero de 2024, en el Congreso de Oaxaca, donde el ingeniero Nezahualcóyotl Salvatierra López, secretario de infraestructuras, detalló que esta obra debería ser considerada como uno de los “proyectos que proponemos obtenga la categoría de proyectos estratégicos” ya que, según, “pudiese ser la solución para atender de manera definitiva en el largo plazo el agua en la zona metropolitana (de Oaxaca)”.
Para Consejo una crisis tan compleja no puede ser resuelta por una obra, un decreto, aunque así lo suelen hacer los políticos. “Requiere de un conjunto muy bien elaborado de medidas de carácter legal, técnico, administrativo, económico. Alguna vez nos referimos a estos proyectos fracasados que tratan de revivir como regreso de los zombis. Se trata de cosas ya muertas que quieren volver a caminar”, sostiene.
Las organizaciones reunidas en el Observatorio exigen que se hagan públicas las informaciones sobre el proyecto y que se respete el derecho de las comunidades de ser informadas y consultadas. “No hay la información siquiera de dónde va a estar ubicada, cuántos municipios tiene que cruzar el acueducto [alrededor de 90 km] y lo que implica para estos municipios. Además, no sabemos qué va a pasar con las comunidades que están río abajo de la presa, porque el agua se va a retener por medio de la obra”, señala Mauricio del Villar Zamacona, del Foro Oaxaqueño del Agua.
“Tenemos que conocer el proyecto”, dice Consejo, pero hay elementos característicos de proyectos cómo estos que “seguimos viendo como elementos insalvables”. Por ejemplo, son obras muy caras y suelen tener un tiempo de vida corto en relación con lo que cuesta construirlas, “no rebasa 20-25 años, después se vuelven inútiles”.
Inequidad agrava la crisis
La posible reactivación del proyecto se da en una coyuntura a nivel nacional en donde hay diversos movimientos sociales que están pugnando, “sobretodo por el papel que está jugando la Comisión Nacional del Agua al impulsar este tipo de proyectos que son proyectos cuya viabilidad está en tela de juicio”, sostiene Nadir Hernández, de la organización Flor y Canto. “Sobretodo porque siguen generando esquemas de inequidad en el acceso al agua. Es decir, se le sigue dotando de agua a las empresas, a las grandes urbes, y quienes siguen sufriendo el despojo de agua en sus propios territorios son las comunidades y pueblos indígenas. Ellos son los menos beneficiados en estos tipos de proyectos”.
Otra demanda es la revisión del sistema de concesiones de agua. “Es un sistema que está diseñado para el despojo de agua. Otorga a grandes concesionarios, grandes empresas, a particulares, el acceso y libre aprovechamiento de las aguas del subsuelo. Esto ha generado la mala distribución”, agrega Hernández.
Los políticos, principalmente, utilizan el argumento de que “no hay de otra, hay que traer agua de otro lado”, ironiza Consejo, para justificar las grandes obras. “Quisiera enfatizar que, sí, tenemos de otra, yo mas bien diría, de otras. En realidad, desde hace mucho tiempo se ha propuesto un conjunto de medidas para atender de manera adecuada el problema del agua que son mas baratas, en muchas ocasiones mas rápidas que esta obra, y sin dudas son más sensatas desde el punto de vista social y ecológico”, explica.
Enmarca algunas de ellas. Conservar las esponjas, las zonas de captación de agua que todavía existen en los Valles Centrales; activar proyectos y programas de cosecha de lluvia; reparar las redes de agua potable; asegurar que el agua se limpie y se evite ensuciar; establecer sistemas de ahorro de uso y reciclamiento del agua. “Lo que quiero enfatizar es que, sí, tenemos propuestas concretas a presentar en una discusión que debe ser pública y abierta para enfrentar un problema que nos toca a todos”.
¿Dónde está?
Villar Zamacona sostuvo que el Observatorio tuvo acceso al valor del presupuesto que se está ejerciendo en 2024 para el tema del agua en Oaxaca. “Hay una bolsa importante de dinero relacionada con el agua. Alrededor de 8 mil millones de pesos. No sabemos exactamente en qué se está ejecutando este recurso”.
Te puede interesar – Fracaso Millonario: La historia oculta del agua potable en OaxacaTambién sostuvo que al final de febrero de este año hubo una conferencia por parte del gobierno del Estado, donde se dijo que a principios del año que entra, 2025, debe iniciar la obra de Paso Ancho.
En portada: Habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo registran actividades ilegales en dos bancos de materiales dentro de tierras de uso común. En la imagen, elementos de la Guardia Nacional atestiguan la reanudación de operaciones del sitio “El Barrancón”, sin intervenir. Esto ocurrió el 8 de agosto del 2024, una semana antes de la inspección frustrada de Propaeo.
En el marco de las obras ejecutadas en el estado de Oaxaca para rehabilitar la Línea K, uno de los tres tramos que integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, por donde atraviesan las vías férreas, han señalado la operación irregular, en dos sitios dentro de sus tierras comunales, cuyo objetivo es extraer materiales pétreos para la construcción del megaproyecto.
Aunque miembros de la comunidad zapoteca presentaron denuncias, desde octubre del 2023, ante autoridades ambientales de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo), no fue hasta marzo del 2024 cuando, por medio de la demanda de amparo 54/2024 interpuesta por habitantes de la comunidad zapoteca, un juez de distrito resolvió suspender la operación del banco denominado “El Barrancón” debido a que no se acreditó vigencia en su permiso de impacto ambiental.
Acorde a las visitas de vigilancia realizadas por habitantes de Unión Hidalgo tras la resolución, para el mes de abril las obras en el banco de materiales cesaron. Sin embargo, en registros recientes, durante los primeros días de agosto, pobladores atestiguaron la reanudación de las labores de extracción en dicho sitio.
Labores de extracción de material pétreo durante enero del 2024.
Según testimonios de la comunidad zapoteca, ante las recientes denuncias públicas de la población, debido a la reanudación del saqueo y explotación de materiales pétreos, fue que la Propaeo envió a dos inspectores para verificar el sitio.
Así, el pasado jueves (15), funcionarios adscritos a la Propaeo visitaron la comunidad de Unión Hidalgo para realizar una inspección cuyo objetivo, establecido en el expediente PROPAEO/CPA/DQDA/0109/2023, tendría que verificar si Gustavo Manzo Denes, quien se ostenta como propietario del lugar, cuenta con la autorización vigente en materia de impacto ambiental para llevar a cabo la extracción de materiales.
Los inspectores, quienes cuentan con facultades para clausurar el sitio en caso de encontrar daños al ambiente, arribaron al lugar denominado “El Barrancón” acompañados de habitantes de la comunidad zapoteca, quienes atestiguaron en ese momento la presencia de maquinaria pesada para la extracción de materiales.
Transporte de la Propaeo utilizada por los inspectores durante su visita al banco de materiales “El Barrancón” el pasado 15 de agosto del 2024.
Testigos de los hechos aseguran que en el lugar se apersonó el dueño del predio, junto a personas armadas, quienes amedrentaron a los presentes impidiendo con ello la labor de las autoridades ambientales. Ante el incremento en las agresiones, e incluso amenazas de muerte proferidas, los funcionarios interrumpieron la inspección y huyeron del lugar.
Debido a la violencia de integrantes del crimen organizado, quienes retuvieron a una persona de la comunidad en el lugar de los hechos, amenazando con quemarla, fue que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La institución integró la carpeta de investigación 25329/FIST/JUCHITAN/2024 contra Gustavo Manzo Denes – quien de acuerdo al expediente 0174/2018 de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Estado de Oaxaca se reconoce como propietario del banco -, y otros que resulten responsables por las agresiones.
Según cálculos de los habitantes de Unión Hidalgo, hubo la extracción diaria de 200 metros cúbicos de materiales procedentes de “El Barrancón”. Aunado a ello, destacan la irregularidad en la supuesta propiedad del banco de materiales, pues argumentan que existe una resolución presidencial de 1964 para reconocer y titular 68,11254 hectáreas como bienes comunales de Juchitán y sus anexos -al cual pertenece la comunidad de Unión Hidalgo-, un territorio donde no puede existir propiedad privada.
Imagen satelital del banco de materiales “El Barrancón” ubicado en Loma Lope, Oaxaca.
Sin embargo, señalan que, pese a haber informado de esta situación a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quien coordina las obras del CIIT, los militares firmaron un contrato para la extracción de los materiales mediante un particular. “El problema es que el particular compró protección del crimen organizado”, sostienen testigos de los hechos.
Acorde a los testimonios, pese a las llamadas de auxilio que los presentes emitieron, ningún cuerpo de seguridad se hizo presente. Al contrario, testigos sostienen que elementos de la Guardia Nacional, quienes se ubican a menos de una hora de distancia, mantienen comunicación cercana con los miembros del crimen organizado involucrados en la extracción de materiales en los dos sitios donde operan.
Funcionarios de la Propaeo, contactados por este reportaje, se rehusaron a compartir información sobre los hechos registrados durante la visita de inspección realizada el pasado 15 de agosto.
Reclamos
Para exigir el cumplimiento de la suspensión en la extracción de materiales pétreos, durante agosto, habitantes de Unión Hidalgo presentaron ante el Poder Judicial Federal un Incidente de incumplimiento a la suspensión -un recurso legal en el que incluyeron evidencias de la operación ilegal de actividades extractivas en dos bancos de materiales ubicados en tierras comunales zapotecas.
En el documento, consultado por este reportaje, señalan como responsable a la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste S.A. de C.V. (GFS) quien, en colaboración con Semar y el CIIT, realiza las labores para rehabilitar las vías férreas. En total, éstas atravesarán 472 kilómetros desde el Istmo de Tehuantepec rumbo a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, donde de acuerdo al Quinto Informe del Gobierno de Rutlio Escandón, se ubicará el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en Chiapas -el onceavo del CIIT-, con una superficie de 523 hectáreas.
La empresa GFS también es señalada por el ecocidio producto de la tala de más de 11 mil árboles nativos, entre ellos, especies protegidas por la NOM 59 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Además de las extracciones en “El Barrancón”, se registra también el caso del banco de materiales ubicado en la Loma del Estero Guié, también dentro de tierras comunales en los límites de los municipios de Juchitán y de Unión Hidalgo, Oaxaca.
Loma del Estero Guié se localiza al suroeste de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo.
Acorde al recurso de incidente, presentado ante el Poder Judicial, en el Registro Agrario Nacional no existe ningúna inscripción de acta de asamblea que destinara a la Loma del Estero Guié para asentamiento humano o para parcelar, por lo que ésta se considera como tierra de uso común.
En dicho sitio, el pasado 15 de junio habitantes detectaron la extracción de material pétreo con la operación de cuatro máquinas pesadas y haciendo uso diario de convoys integrados por hasta 50 transportes de carga.
En el lugar, también se registró el uso de explosivos, según argumentan las pruebas incluidas en el recurso legal. “Al extraer, diariamente y durante un periodo prolongado, grandes rocas en convoys de volteos de gran capacidad, empleando dinamita indiscriminadamente, se está despojando a la comunidad de la propiedad, posesión y disfrute de la Loma del Estero Guié. Y se está causando un daño de imposible reparación”, refiere el documento presentado ante el Poder Judicial Federal.
Convoy de volteos
Según pobladores, otra demanda de amparo, con expediente 126/2024-IV-B promovida en marzo de este año 2024 por las comunidadades agrarias de Unión Hidalgo y Chicapa de Castro, ya había frenado la operación del banco ubicado en la Loma del Estero Guié. Esto debido a que las comunidades obtuvieron una resolución en abril para que las autoridades responsables se abstuvieran de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente de las comunidades agrarias zapotecas.
Sin embargo, después de mes y medio sin registrar extracciones, el banco de materiales en el Estero Guié volvió a operar de manera irregular. Habitantes de Unión Hidalgo refieren que, tal como sucede con “El Barrancón”, la Semar reconoce a un particular como propietario del sitio, a pesar de ser tierras comunales, con lo que facilitó un contrato para la extracción de material pétreo.
Habitantes de Unión Hidalgo denuncian que, el gobierno, en su afán por avanzar en las obras del CIIT, está comprando materiales robados procedentes de dos sitios dentro de sus tierras comunales. “Se están robando el material de esos bancos y el gobierno federal los está comprando para utilizarlos en la Línea K”, comparten testigos para Avispa Mídia.
Acceso al Banco Pétreo Irregular justo antes de subir el Puente Estero Guié.
Acorde a los testimonios, los materiales extraídos del banco “El Barrancón” están siendo utilizados para los trabajos de rehabilitación de la Línea K, específicamente, para las labores comprendidas entre los kilómetros 47 al 52, donde se emplean para crear el espacio que une los terraplenes con los puentes por donde recorrerá el tren con destino hacia la frontera con Guatemala.
*La identidad de todos los entrevistados se resguarda por cuestiones de seguridad.
En portada: Debido a la rápida erosión costera y el aumento del nivel del mar, El Bosque, Tabasco, ha sido etiquetada como la primera comunidad en México en ser desplazada por los efectos del cambio climático. Foto: Santiago Navarro F.
por Carlos Tornel y Pablo Montaño*
Caminamos algunos metros antes de que uno de los vigilantes de la escuela primera nos dejara entrar a uno de los huertos que se están construyendo en varias comunidades y territorios carboníferos en el estado de Coahuila, norte de México. El huerto, uno de tres que ya se han construido, es parte de una serie de proyectos que organizaciones locales como Familia Pasta de Conchos proponen para avanzar hacia una transición energética que rechaza la noción de que este proceso implica solamente un cambio tecnológico –es decir, pasar de combustibles fósiles a tecnologías bajas en carbono– sino que implica un cambio de mentalidad hacia el cuidado de la vida.
“Los huertos son un acto simbólico”, me dice una de las organizadoras, “son un pretexto para hablar, para repensar qué papel tiene la energía en nuestros territorios y cómo podemos construir un futuro en donde no sea sinónimo de saqueo, violencia, impunidad y muerte”.
El huerto es parte de una iniciativa que se llama ‘sembrando transición’ un esfuerzo de la organización por posicionar una visión relacional con la energía. “Para nosotros el huerto es la alternativa al camino que hemos caminado por más de 18 años, esperando a que el Estado responda por la muerte de mineros y los impactos que esto ha dejado en sus familias y en la comunidad. El huerto es un símbolo de que otro mundo es posible y que la energía no viene solamente del carbón, sino de la posibilidad de repensar nuestras sociedades basándonos en el cuidado”, dice una de las organizadoras del huerto.
El “Huerto Inexplicable” que se construyó en el bachillerato CECyTEC en Barroterán, Coahuila. Crédito de la fotografía: Organización Familia Pasta de Conchos.
El caso de Barroterán en el norte de Coahuila es tan sólo uno de los muchos lugares en México que se han convertido en una zona de sacrificio, es decir, lugares que han sido abandonados o contaminados en exceso en nombre de un bien mayor, usualmente abstracto, como el progreso, el crecimiento económico o –y de manera más reciente y controversial– el ‘desarrollo sostenible’.
Las zonas de sacrificio no sólo se refieren al ámbito natural o el de lo no-humano, es decir paisajes, flora y fauna y la naturaleza en general que suelen ser convertidos en “recurso” o “servicios” para ser designados como “extraíbles”, sino también de comunidades y formas de vida que en los ojos de la visión unidimensional del desarrollo se presentan como “problemáticas”, “subdesarrolladas” e incluso “retrogradas”. Esta visión, la cual tiene un origen profundamente colonial, es la que se suele movilizar para justificar el despojo, la contaminación, la degradación de la naturaleza e incluso su destrucción.
Por lo general, estas zonas suelen ser designadas sacrificables a través de otros nombres: “corredores industriales”, “zonas económicas especiales (ZEE)”, “polos de desarrollo”, “polos de desarrollo para el bienestar”, etc. son algunas de las designaciones más recientes.
Estas zonas suelen eliminar las protecciones legales, las cuales pueden ser modificadas como una forma de incrementar la inversión extranjera directa, fomentar la participación de empresas e industrias y garantizar algunos “beneficios económicos”, como el empleo. Como lo estipula el Colectivo Geocomunes, estas modificaciones se utilizan como una forma de ‘”legalizar” el saqueo de los territorios y permitir la participación del sector privado a través de modificaciones al marco legal, como se puede evidenciar en los cambios a la Ley Minera en 1992, el TLCAN de 1994, la Ley de Bioseguridad en 2005, la Ley de Inversión Extranjera (2012), la Ley de Asociación Pública-privada (2012), la reforma energética (2016) y de manera más reciente, la declaración de megaproyectos prioritarios y su carácter prioritario para el desarrollo (2018-2024).
Por razones de seguridad y considerando que México es uno de los países más violentos para personas defensoras del territorio –las estimaciones indican que al menos 185 personas han sido asesinadas desde el 2018– lxs defensorxs del territorio y activistas entrevistadxs para este texto permanecen anónimos.
La proliferación de zonas de sacrificio en México
El concepto de las zonas de sacrificio no es algo nuevo. Originalmente, el concepto se utilizó durante la guerra fría en los Estados Unidos para referirse a aquellas zonas que se volvían inhabitables por la contaminación creada por la radiación y la minería de uranio.
No fue sino hacia mediados de la década de los setentas que el concepto fue apropiado por comunidades indígenas y pueblos originarios en los Estados Unidos para denotar la forma en la que territorios indígenas se convirtieron en campos de pastoreo, desplazando y despojando del acceso a sus territorios, al tiempo que se borraban sus costumbres, conocimientos y formas de estar en el mundo.
Durante las décadas de los ochentas y noventas, es decir, durante el auge del periodo neoliberal, varios movimientos de justicia ambiental retomaron el concepto para denunciar el racismo que está inscrito en su creación.
Esta lógica permitió hilar de forma espacial la proximidad de ciertos grupos a puntos en donde se concentra la contaminación del suelo, el aire y el agua como la consecuencia de un modelo de desarrollo desigual y no como una simple casualidad. Por ejemplo, la presencia de comunidades afroamericanas, de personas más pobres y migrantes cerca de basureros tóxicos, corredores industriales o plantas de quema o procesamiento de combustibles fósiles como termoeléctricas o refinerías. Es el caso del corredor conocido como el “callejón del cáncer”, en el estado de Louisiana, EUA, en donde se concentran más de 90 refinerías en territorios principalmente habitados por comunidades afroamericanas y de bajos ingresos.
El racismo ambiental detrás de las zonas de sacrificio constituye una designación ya ampliamente desarrollada, investigada y trabajada. Las comunidades indígenas y subalternas de este país han utilizado el concepto como una herramienta de denuncia, haciendo notar cómo lo “sacrificable”, para quienes ven estos espacios como vacíos, desperdiciados o mal aprovechados, es para ellxs lo “sagrado”, es decir, como una forma de denunciar la herramienta colonial del modelo de desarrollo que elimina todo aquello que no vea como una forma de valor.
En América Latina el concepto suele estar asociado no sólo a los puntos en el espacio y su proximidad a zonas contaminadas o a los puntos de origen de dicha contaminación, sino a un modelo de desarrollo extractivo que produce impactos positivos para algunas minorías, desplazando los costos espacial y temporalmente para las mayorías. Desde la proliferación de residuos tóxicos asociados a la minería y la gran industria, así como la contaminación del agua, tierra y aire a sus alrededores.
En México, la declaración de ZEE de 2017 creó enclaves especializados con exenciones legales y fiscales para atraer la inversión extranjera directa, con la justificación de aliviar la pobreza en “areas históricamente descuidadas”. Similar a iniciativas regionales pasadas como el Plan Puebla-Panamá, las ZEE representan una estrategia de desdibujamiento del Estado para interconectar espacios de tránsito y fomentar el desarrollo en la región mesoamericana.
Sin embargo, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en 2018, trajo un cambio en el discurso. Las ZEE se renombraron como “polos de desarrollo para el bienestar”, con el objetivo de atraer inversión y mejorar las capacidades productivas para el desarrollo económico y social en áreas adyacentes a proyectos de infraestructura regional a gran escala o “zonas o corredores libres”, con incentivos fiscales aumentados para las empresas.
Según el investigador Darcy Tetreault, la promesa de AMLO de “terminar con el neoliberalismo” ha sido socavada por la retención del marco institucional general establecido durante el periodo neoliberal posterior a 1992. Pese a la cancelación de políticas como las subastas de energía a largo plazo, las rondas de licitación de petróleo y el cese de nuevas concesiones mineras, permanecen sin cambios la distribución de recursos, los incentivos fiscales y los mecanismos de captura de rentas. El gobierno ha redirigido su atención a las empresas estatales, invirtiendo fuertemente en un proyecto de “soberanía energética” e intensificando la exploración de hidrocarburos y capacidades de refinación. Esto incluye la construcción de una megarefinería en Tabasco y la adquisición de una planta de refinación en Texas, EUA.
Al mismo tiempo el gobierno de AMLO ha disminuido notablemente el presupuesto para agencias ambientales y regulatorias, militarizado proyectos extractivos y de construcción, con un efecto paralizador y desarticulador de la protesta social y ha desplegado programas de investigación y desarrollo como tácticas contrainsurgentes, es decir, como estrategias para socavar la resistencia y la oposición y disciplinaraquellos que se muestren en contra.
Este enfoque subraya la importancia de la infraestructura a gran escala en la reconfiguración geopolítica de México, evidente en iniciativas como el “Corredor Interoceánico” en Oaxaca y Veracruz, el “Tren Maya” en el sureste mexicano y el Plan Sonora, que sirve a los intereses de relocalización cercana (nearshoring) de EE.UU., asegurando acceso a microprocesadores, vehículos eléctricos, plantas de baterías y recursos naturales y laborales, incluidos el litio, el agua y las reservas energéticas.
Aún cuando una reflexión de los orígenes de las zonas de sacrificio en México requeriría un repaso de la historia y política del país. Suficiente decir que la política federal de los últimos 30 años demuestra cómo es posible identificar el origen de la proliferación de estas zonas de sacrificio, las cuales suelen ser denunciadas por comunidades de primera línea, es decir, las primeras afectadas por la contaminación que proviene de estas grandes industrias.
Ahora bien, con el advenimiento y la aceleración de la crisis climática, estas zonas no se pueden reducir simplemente a aquellas afectadas por la contaminación, sino que comienzan a manifestarse como una forma de neo-colonialismo y de desplazamiento de costos para asegurar la “mitigación” o “adaptación” al cambio climático.
Aunque es difícil calcular el número de zonas como estas en México, la organización Conexiones Climáticas ha propuesto una categorización de estas zonas en tres. Primero, aquellos lugares cercanos o próximos a las fuentes de contaminación o a los puntos en donde se concentra dicha contaminación de agua, aire o agua. Segundo, aquellas zonas en donde la noción del desarrollo sustentable o la “transición verde” se ha convertido en una nueva forma de contaminación, despojo o afectaciones. Tercero, aquellas zonas que se convierten en espacios inhabitables a través de un desplazamiento de los impactos socioecológicos por medio de la exacerbación de los efectos de la crisis climática. Siguiendo esta formulación a continuación presentamos algunos ejemplos de estas zonas.
Zonas de sacrificio por proximidad y metabolismo
Las Zonas de Sacrificio Metabólicas implican la desvalorización de ciertas formas de vida en favor de las creadas por la economía dominante. Esta es una característica clave de las grandes ciudades, las cuales tienen relaciones metabólicas complejas de flujos de materiales, energía e información que tienen impactos desiguales en otros lugares en múltiples escalas espaciales y temporales. Estos sistemas están arraigados en relaciones de poder que revelan cómo ciertos lugares están posicionados para convertirse en zonas de sacrificio en respuesta directa a actividades/demandas de otros lugares.
Ejemplos de este tipo de zonas de sacrificio son numerosos y difíciles de calcular. Sin embargo, en lugares como Tula, Hidalgo, la cuenca del Río Santiago en el estado de Jalisco y otros lugares como Petacalco, Guerrero, demuestran una clara designación como zonas de sacrificio donde se acumulan una multiplicidad de formas de impacto debido a la proximidad de estos lugares a grandes urbes que externalizan su entropía y la presencia de la gran industria y puntos de quema intensiva de combustibles fósiles.
La ciudad de Tula, a tan sólo 120 kilómetros de la ciudad de México, se encuentra inmersa en lo que varios han descrito como un ‘infierno ambiental’: una refinería, una termoeléctrica, un corredor industrial y el desagüe del Túnel Emisor Oriente (TEO) son responsables de la degradación del aire, el suelo y el agua. “En buena medida”, me dice uno de los activistas que se han dedicado a atraer atención a la situación de la ciudad, “nosotros recibimos todo el desperdicio de la Ciudad de México, así sea en forma de basura física o en aguas residuales o en emisiones que producen la mala calidad del aire. Nosotros nos quedamos con el suelo, el agua y el aire degradado que es necesario para satisfacer lo que parece ser una imparable demanda de energía en forma de gasolina, diesel y electricidad, así como materiales como el cemento que requiere la ciudad”.
Imagen de la Presa de Endhó en el Estado de Tula y de la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica de Tula en la ciudad.
“Nosotros estamos malditos por la geografía”, dice uno de los habitantes de Tula, quien desde el 2014 se ha organizado con otras organizaciones para tratar de denunciar los impactos en su territorio al visibilizar la relación metabólica entre Tula y la Ciudad de México. “Nos ha tocado, quedarnos con el desperdicio de la ciudad de México, porque todo lo que se genera aquí va de regreso para allá, incluso las aguas residuales regresan en forma de comida a la Ciudad de México”.
En total, según las estimaciones del grupo de científicos que en 2019 organizaron el Toxitour alrededor de varios corredores industriales dentro del país, se estima que las afectaciones a la población van desde la proliferación de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y digestivas, afectando a más de un millón de personas dentro del Valle del Mezquital.
Las comunidades del Salto y Juanacatlán, en Jalisco, en torno a la cuenca del Río Santiago también concentran uno de los sitios más contaminados del país. De acuerdo con el informe del Toxitour la cuenca concentra las descargas de alrededor de 1,000 empresas manufactureras, metalúrgicas, químico-farmacéuticas, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas en la zona de Toluca-Lerma y alrededor de 700 empresas en la zona Ocotlán-El Salto. La cuenca recibe además las descargas de las zonas industriales de Guanajuato, de la refinería de Salamanca y el drenaje del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La población expuesta directamente a estos contaminantes es alrededor de medio millón de habitantes.
Desde el 2006 la organización un Salto de Vida se ha mantenido en resistencia contra la contaminación del río, así como un proceso sistemático de denuncia por ser una zona de sacrificio en nombre del crecimiento económico y el desarrollo de corredores industriales. “La afectación a la salud es lo que nos ha movido, la recuperación del río es parte de este esfuerzo. Pero nuestra defensa del territorio ha buscado detener procesos de despojo que continúan insistiendo en contaminar esta zona, desde inmobiliarios y energéticos”,dice uno de los defensores del territorio. “Nuestra relación con las autoridades ha demostrado no sólo el desinterés del Estado sino la forma en la que por décadas han privilegiado a la industria, negando los impactos a las poblaciones, que en sus ojos son excedentes”, dice uno de los defensores.
Dos Imágenes del Salto en Juanacatlán. Lo que en 1909 se denominó como el ‘Niágara Mexicano’ en comparación con la contaminación documentada a lo largo del río en 2021.
Ante la falta de interés y la desacreditación de los impactos en la salud de las personas, la organización se ha dedicado a documentar y, a través de varias colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil y centros académicos, ha comprobar los impactos y daños ambientales en la cuenca. “Este proceso ha obligado al Estado a reconocer los impactos que ha generado pero, al mismo tiempo, ha servido para articular un proceso de rechazo y resistencia al despojo que aún sigue vigente aquí”, menciona uno de los defensores. “A través de amparos y otros medios también hemos logrado detener el desarrollo de plantas de ciclo combinado y otros intentos de despojo por parte de la industria inmobiliaria.” Este proceso ha generado una larga historia de resistencia, un proceso de denuncia que muestra que la región ha sido sacrificada en nombre del crecimiento económico y la generación de riqueza para las empresas mexicanas y extranjeras.
Otro ejemplo de esta condición es Petacalco, en Guerrero. La central termoeléctrica Plutarco Elias Calles se construyó hace 30 años bajo el argumento de traer un beneficio económico a la zona. Desde entonces las comunidades, casi todas pescadoras y agricultoras, han sido poco a poco expulsadas de sus territorios a otras ciudades como Tulancingo en busca de trabajo.
No es sino a partir del 2021 que un grupo de personas han comenzado a documentar los impactos que tiene la planta en el territorio. En buena medida, los impactos se incrementaron durante ese año debido a una veda de venta de combustóleo para el uso en barcos y buques comerciales que incentivó un regreso a la quema de combustóleo para la generación de electricidad. Aunque no se sabe con exactitud cuánto combustible se quema en cada una de las plantas en México, sabemos que al menos el 33% de la refinación de Pemex es combustóleo debido a que el petróleo crudo que extrae es cada vez más pesado. La pérdida del mercado de buques y barcos, así como la situación de emergencia producida por la pandemia de la COVID-19 en 2020-2021 impulsó el uso del combustóleo como una forma de mantener los precios de la luz estables.
Desde entonces el colectivo Juntos por el bienestar de Petacalco ha sostenido un proceso de documentación de la contaminación del agua, aire y suelo. “Aquí hemos visto cómo llueve ceniza. También es posible ver los derrames de combustible en los cuerpos de agua y aunque aquí los dolores de cabeza y las enfermedades estomacales son más frecuentes las autoridades aún se rehúsan a declarar esta área como una zona de sacrificio”, me dice una de las defensoras del territorio. “Las autoridades nos han dicho que aquí todo está en norma”, menciona uno de los miembros del colectivo. “En realidad, varias organizaciones han venido a medir la calidad del aire y del agua y nos han dicho que estamos muy lejos de estar cerca de las normas adecuadas. Además, lo que nosotros vemos y vivimos – la muerte de los peces, las enfermedades de las personas que aquí viven -, esto no lo contabilizan e incluso parece no importarles”.
Imagen de la desembocadura del río Zacatula en Petacalco con la Central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles en el fondo.
Zonas de Sacrificio Verde
En medio de la crisis climática y las crecientes presiones por abandonar los combustibles fósiles para avanzar hacia una transición energética “verde”, “sostenible” o “justa”, están reconfigurando espacios para asegurar acceso a ciertas zonas con alto potencial de aprovechamiento –por ejemplo solar o eólica– así como para asegurar el acceso a ciertos minerales críticos, como el cobalto, el litio, el cadmio o algunas tierras raras, necesarias para garantizar esta transición.
Aunado a esto, propuestas como los Nuevos Pactos Verdes (Green New Deals) en el norte global han capturado el discurso y la imaginación en torno a la idea de la “transición”. Esto ha generado un nuevo “consenso de descarbonización” como lo llaman los investigadores Breno Bringel y Mariestela Svampa, que sirve para establecer un nuevo consenso capitalista que reconfigura los extractivismos ya existentes mediante una estrategia de “acumulación por descarbonización”, es decir, una forma de mercantilizar lo que antes era inaccesible para el capitalismo como es el viento, la luz solar, los “bonos de carbón” o la conservación misma. Este fenómeno, también denominado “extractivismo verde”, implica el sacrificio de espacios, territorios y poblaciones para garantizar el abastecimiento, transporte, instalación y operación de infraestructuras y programas “bajos en carbono”, así como el tratamiento al final de la vida útil de los residuos materiales relacionados.
Las zonas de sacrificio verdes implican la identificación de lugares y poblaciones que serán afectados por el traslado de costos y ocupaciones (neo)coloniales justificados bajo el desarrollo de políticas para acelerar la transición energética y la mitigación o adaptación al cambio climático. Lo “verde” de esta categorización refleja el daño que emana de la infraestructura de bajo carbono.
El investigador Alexander Dunlap, por ejemplo, cuestiona la renovabilidad de infraestructuras bajas en carbono como paneles solares y turbinas eólicas, pues su cadena de suministro depende de los combustibles fósiles y la explotación de “minerales de transición”.
De esta forma es posible desarrollar formas directas (materiales) e indirectas (psicosociales) de extractivismo que hacen posible la extracción mediante estrategias que buscan moldear las mentes y el comportamiento humano, gestionar el desacuerdo y fabricar el consentimiento. La instrumentalización de la causa humanitaria del cambio climático y la novedad de lo “verde” dependen de cadenas de suministro sucias, ingeniería social y maniobras contrainsurgentes por parte de actores estatales y corporativos, para lucrar con los esfuerzos de mitigación. En resumidas cuentas, podemos afirmar que no existe un solo panel solar o turbina eólica que no haya sido fabricado con combustibles fósiles, desde la minería de los metales que lo componen, hasta su fabricación y ensamblaje mismo.
El ejemplo más claro es el “Tren Maya”: un proyecto de transporte ferroviario que abarca 1,500 km cruzando cinco estados del sureste de México. El proyecto cuenta con una inversión de más de 200 mil millones de pesos y debería estar listo a finales de este año. Sin embargo, el “Tren Maya” no es ni maya ni sólo un tren. Al transportar pasajeros, aumentará el número de turistas en un área ambientalmente frágil y su carga movilizará la extracción y el transporte de combustible a través de la península, según declaraciones de la propia administración del proyecto, el 80% de la carga del tren ha sido adjudicada a PEMEX.
El Tren Maya es parte de un conjunto de megaproyectos de infraestructura que buscan ‘desarrollar’ la región al interconectar y reordenar el sur y sureste del país. A escala local, el tren ha privatizado y parcelizado tierras comunales a gran escala, desarraigando la autonomía comunitaria al erosionar en la región los medios de vida y la cohesión de comunidades campesinas e indígenas.
Los “polos de desarrollo” planeados en la infraestructura física del tren –que incluye 12 paradas y 9 estaciones–, otorgan incentivos especiales a empresas privadas e incrementan indirectamente la desposesión de tierras para permitir la expansión de empresas privadas de vivienda urbana, turismo, agroindustria, infraestructura energética y minería.
Al mismo tiempo, el Tren forma parte de un megaproyecto para el “desarrollo” del sureste de México, que incluye una nueva refinería en Tabasco y lo que se conoce como el Corredor Interoceánico, que interconectará los dos océanos a través de otro tren. Como ha argumentado Geocomunes, el proyecto expandirá los mercados americanos, europeos y asiáticos, ya que el área posee al menos el 84% de todas las reservas probadas de petróleo, además de otros minerales, agua, tierra y biodiversidad “desperdiciados” y propensos a la inversión. Además, el que estas áreas hayan sido declaradas “zonas libres”, con reducciones en impuestos e inversiones facilitadas, facilita controlar y explotar una fuerza laboral barata representada por la población migrante que cruza la frontera sur.
La justificación del tren ha sido llevar un desarrollo sostenible para “aumentar los beneficios económicos del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, proteger el medio ambiente, desalentar actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies, y promover la planificación del uso de la tierra en la región”. No obstante, como menciona un defensor de la tierra, “llamar al proyecto ‘sostenible’ no es más que una continuación de lo que ya ha estado sucediendo aquí: la mercantilización de la cultura maya, que se está convirtiendo en una mercancía en nombre de un bien mayor: el crecimiento económico, los empleos, el turismo, el desarrollo”.
Bajo el velo de la ‘sostenibilidad’, el gobierno federal ha aprobado dos centrales eléctricas adicionales de gas en Mérida y Valladolid, un nuevo gasoducto que traerá gas de esquisto (Puerta al Sureste) desde EE.UU. y la expansión del gasoducto Mayakan. “El tren es lo que articula estos proyectos, es la pieza faltante del rompecabezas para lograr la integración del proyecto colonial y de desarrollo en la península que ha estado en curso en los últimos 500 años. Durante años, esta tierra había sido ‘inexpugnable’, porque la gente se negaba a ser categorizada como desechos. Irónicamente, fue AMLO, un llamado ‘izquierdista’ con el argumento de traer ‘desarrollo sostenible’, quien logró convencer a algunas personas de que “necesitan desarrollo”.
Tramo 5 del Tren Maya. Fuente: https://lapoliticambiental.com.ar/contenido/4325/ecocidio-del-tren-maya-la-obra-requirio-la-tala-de-mas-de-10-millones-de-arboles
Zonas de sacrificio por la violencia climática
El tercer tipo de zona de sacrificio describe lugares que se han vuelto inhabitables por los efectos lentos y acumulativos del cambio climático. Como argumenta Farhana Sultana, la colonialidad climática se experimenta “a través de continuas degradaciones ecológicas que son tanto abiertas como encubiertas, episódicas y rampantes.” Es decir, la colonialidad climática persiste de tres maneras. Primero, mediante la extracción de recursos y degradación de la naturaleza al convertirla en una forma de trabajo no pagado. Segundo, al convertir a las personas y territorios en sitios vulnerables a los impactos del calentamiento, tachando sus formas de vida como problemáticas, en necesidad de ser mejoradas, por ejemplo, a través de la mitigación, la adaptación o la resiliencia. Tercero, al destruir sistemáticamente ecosistemas tangibles y espirituales de pueblos y otras formas de vida que se convierten en un obstáculo para la transición o la mitigación.
Los legados coloniales se manifiestan en el saqueo de territorios, pero también en las desigualdades de los orígenes y las consecuencias de desastres no-naturales. En América Latina, este fenómeno abarca comunidades marginadas y empobrecidas, es decir aquellos territorios convertidos en las zonas de sacrificio del capitalismo de carbono, explotadas, desposeídas y convertidas en vulnerables por Estados ricos, corporaciones trasnacionales y grandes industrias.
En El Bosque, una comunidad de Tabasco, confluyen los ríos Grijalva, Usumacinta y el Golfo de México. Sus habitantes, aproximadamente 200 personas, han sido tradicionalmente pescadores. “Vimos por primera vez que el mar se acercaba en 2007, pero no sabíamos por qué estaba sucediendo”, comenta una de las personas que habitaban la comunidad. “Fue hasta 2019, cuando comenzamos a contactar a organizaciones de la sociedad civil, que nos ayudaron a entender que ésta es la consecuencia del cambio climático”. Debido a la rápida erosión costera y el aumento del nivel del mar, El Bosque ha sido etiquetada como “la primera comunidad en México en ser desplazada por los efectos del cambio climático.”
En México, el número de zonas de sacrificio climáticas es difícil de calcular. Varios entrevistados manifestaron que el Estado obliga a presentar evidencia en sus propios términos. Entonces, lo que se ve, lo que cuenta y lo que se mide sólo cuenta si es reconocido por las estrechas definiciones creadas por el Estado. A pesar de ello, en El Bosque, “lo que la gente ha experimentado es la violencia acumulada de siglos de desarrollo y supuesto progreso”, establece un entrevistado de la sociedad civil, “esto es responsabilidad de una forma de progreso basada en los combustibles fósiles, de la cual el gobierno, las industrias y los ricos comparten una parte de la culpa”, dice.
La experiencia de la población local ha sido invisibilizada, al desestimar su vulnerabilidad por las autoridades y al actuar de manera reactiva y torpe en la reubicación. “Nos han dejado sin pasado, sin presente y sin futuro, no tenemos historia, es como si el mar lavara nuestra forma de vida, algo que ahora no podemos transmitir a nuestros hijos”, como me comentó una de las personas de la comunidad desplazada.
El Bosque, Tabasco. Foto: Conexiones Climáticas.
Desde 2022, El Bosque ha solicitado en vano a las autoridades estatales y federales una “reubicación inmediata, planificada, justa y digna”. En 2024, una red de comunidades afectadas por el clima y organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que la comunidad declaró: “no podemos seguir presentando el cambio climático como un problema futuro, lo estamos viviendo todos los días y hemos sido directamente afectados por la violencia que conlleva”, expresó un entrevistado. “Hemos sido sacrificados en todos los sentidos de la palabra, lo perdimos todo y no podemos seguir existiendo como teníamos la intención de hacerlo. Por eso no es sólo cuestión de ser reubicados, lo que necesitamos es que las personas, el gobierno y las empresas comprendan que fuimos desplazados violentamente por sus acciones, así que es mi forma de vida contra otras, pero somos nosotros quienes tenemos que pagar el precio”.
El saber hacer eco-político: zonas de sacrificio como una herramienta de lucha
En los últimos 50 años, las zonas de sacrificio han resultado de la reorganización espacial surgida de políticas neoliberales lideradas por el Estado para impulsar el crecimiento económico, el libre comercio y la inversión extranjera directa. El colectivo Geocomunes ha documentado extensamente los impactos socioecológicos de minería, industria, infraestructura energética y agroindustria en México, destacando una tendencia de reorganización territorial impulsada por la construcción de infraestructura energética, industrial y de transporte.
México ha registrado más de 560 conflictos ambientales con al menos 211 documentados en el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), hasta abril de 2024. En cuanto a defensores del medio ambiente y de la tierra, la organización Global Witness ha documentado más de 180 asesinatos, cifras conservadoras. Otras organizaciones, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), han documentado más de 500 ataques a defensorxs en la última década.
Existe un esfuerzo por hacer que la tierra sea “legible” para la extracción. Esta tendencia se ha intensificado en los últimos 50 años mediante iniciativas de redefinición territorial a gran escala destinadas a “abrir” o “incorporar” regiones enteras en la agenda de desarrollo. Destacan aquí los megaproyectos que buscan reorganizar el territorio para garantizar la integración y el flujo de recursos, así como el potencial de desarrollo del continente.
Sin embargo, de cara a esta violencia, a la contaminación y al despojo, también han surgido resistencias. En 2019, varios movimientos sociales organizados a través de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales organizaron el “Toxitour“, una caravana de organizaciones ambientales, científicas y laborales nacionales e internacionales para denunciar los altos niveles de toxicidad y destrucción causados por corporaciones apoyadas por el despliegue de corredores industriales del gobierno federal.
La coalición de organizaciones formuló una ‘epidemiología popular’ para desafíar el ‘sentido común’ hegemónico que ha moldeado sus vidas como sacrificiales, en oposición a las valoraciones desplegadas por los programas de desarrollo y objetivos del gobierno como el crecimiento económico, la soberanía o el empleo.
Cubriendo 2,637 km en siete estados del centro de México, el Toxitour atravesó áreas designadas por el Plan Nacional de Desarrollo de 1996 para corredores industriales, que incluyen industrias automotrices, aeroespaciales, químicas, cementeras, alimenticias y textiles. El tour fue la culminación de casi quince años de resistencia comunitaria, un desafío a las autoridades que continúan ignorando el sufrimiento porque no encaja en sus formas burocráticas.
De manera similar, la Caravana ¡El Sur Resiste! (CSR), organizada por más de 10 movimientos indígenas y defensores de la tierra en 2023, recorrió siete estados del sur de México, destacando el impacto de los ‘polos de desarrollo’ que los principales megaproyectos de infraestructura de AMLO –el “Tren Maya”, el “Corredor Interoceánico” y el gasoducto “Puerta al Sureste”– tendrán en la remodelación de la región, abriendo oportunidades de inversión, militarización, turismo, minería y desarrollo urbano. La caravana coincidió con un fallo histórico del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN), que responsabilizaba al Estado mexicano por violar los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, que durante mucho tiempo ha cuidado su territorio. Este fallo exige la suspensión inmediata del ‘Tren Maya’, la desmilitarización de los territorios indígenas, el cese del acoso contra los defensores de la tierra y la preservación de la naturaleza.
Mina Lorena Navarro y Verónica Barreda han utilizado el concepto de zonas de sacrificio para denotar no sólo los impactos socioecológicos derivados del modelo de acumulación y producción del capitalismo contemporáneo, sino para denotar la forma en la que diversas redes socioecológicas han montado una resistencia en torno al despojo y a la progresiva contaminación de sus territorios por el modelo de desarrollo hegemónico.
Navarro y Barreda utilizan el concepto para caracterizar las luchas de aquellos afectados y/o dañados por la explotación y el despojo a lo largo del sur gobal. Ilustran cómo tanto el Toxitour como la CSR abarcan luchas por la tierra aparentemente desarticuladas para fomentar una “conciencia ecopolítica” crítica, exponiendo las injusticias inherentes a la explotación del capital y su externalización en zonas de sacrificio.
Las redes comunales han forjado memorias colectivas intergeneracionales para denunciar el sacrificio y contextualizarlas dentro de procesos de producción de su vida cotidiana. Al hablar de “zonas de sacrificio”, diversas redes en todo México están denunciando ahora la toxificación y las políticas ambientales racistas mediante la organización de diversas prácticas de resistencia, buscando mitigar, sanar y/o restaurar el daño corporal/territorial, el agua y el aire, así como crear otras formas de bienestar y dignidad mediante la autogestión. Estos esfuerzos demuestran un resurgimiento de la agencia política para desafiar la lógica sacrificial oficial del “desarrollo”. Sin embargo, esta resiliencia no está exenta de tensiones y contradicciones, mientras las comunidades navegan adversidades diarias.
El conocimiento eco-político visible en procesos como el Toxitour, la CSR y la creación de huertos en Coahuila reflejan no solo la posibilidad de imaginar una transición energética de manera diferente, sino también la necesidad de resistir y proponer un cambio que vaya más allá del fin de los combustibles fósiles. Este cambio se enfoca en una transformación radical del pensamiento, colocando en el centro la necesidad de repensar nuestra relación con la naturaleza, el territorio y la capacidad de imaginar otros mundos más allá del capitalismo y su vertiente extractiva, sea esta “verde” o “gris”. Como mencionó una de las personas entrevistadas: “Lo que nos queda es seguir resistiendo, tejiendo redes y aprendiendo de otros procesos y territorios. Solo así seremos suficientes para proponer un modelo alternativo, uno que esté nutrido de diversas luchas”.
