Fuente: Avispa Midia
^{Por CrimethInc. / Traducción por A Planeta}

En el siguiente análisis, exploramos qué podemos esperar del segundo mandato de Donald Trump y cómo podemos prepararnos para afrontarlo. Si sólo tienes tiempo para leer una parte, lee las propuestas para saber qué podemos hacer para resistir.

Es comprensible que mucha gente se sienta agotada ante la perspectiva de una segunda era Trump. Es fácil querer desconectar y disociarse. ¿Qué podemos hacer?.

Pero no sabemos cómo habría ido la primera era Trump si no hubiera sido por las formas en que millones de personas participaron en diversas formas de resistencia. Por difícil que fuera, podría haber sido mucho peor. No derrocamos el capitalismo ni abolimos la policía, pero evitamos que los fascistas tomaran las calles, e impedimos que Trump y sus partidarios llevaran a cabo gran parte de su agenda. Cualquiera que te diga lo contrario está tratando de ocultar nuestro poder colectivo.

Mientras confiamos en nuestra propia fuerza, nos hicimos personas más y más poderosas. Nuestras protestas impulsaron a otros a la acción, mostrando lo que estaba en juego y dónde era vulnerable el régimen. Nuestras acciones dieron forma a las narrativas públicas, contrarrestando los esfuerzos de Trump para determinar el discurso popular. Los disturbios resultantes dieron a la clase capitalista la impresión de que el reinado de Trump era malo para los negocios, minando su apoyo. Solo después de que aparentemente hubiéramos expulsado a Trump del escenario de la historia bajamos la guardia, permitiendo que nuestros movimientos sociales menguaran y creando una situación en la que el Partido Demócrata podría ceder el poder una vez más.

La lección está clara. Solo conseguiremos lo que ganemos con nuestro propio esfuerzo. La era Trump no fue una anomalía histórica. No ha quedado atrás. Seguimos en ella, y solo podremos superarla luchando.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{En portada: La deforestación y el uso masivo de agrotóxicos son las principales amenazas para la supervivencia de las abejas en Campeche. En la imagen, apicultores muestran la muerte masiva de estos insectos. Foto: Colectivo Maya de los Chenes.}

Apicultores mayas de Hopelchén, municipio del estado de Campeche, en la Península de Yucatán, obtuvieron una sentencia histórica la cual reconoce que las abejas poseen un valor en sí mismas por desempeñar un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas. Además, reconoce que las polinizadoras hacen parte del legado biocultural de los pueblos mayas, quienes han practicado la apicultura desde tiempos prehispánicos en la Península de Yucatán. El juicio de amparo fue presentado el 19 de mayo de 2023, en el marco del Día Mundial de las Abejas.

En su fallo, la jueza Cuarta de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, reconoció que las abejas tienen “un papel preponderante en la reproducción de plantas y son vitales para los sistemas agrícolas de producción de alimentos. (…) Y que los pueblos y comunidades indígenas han convivido por cientos y miles de años con distintos tipos de vegetación en un proceso de intervención constante de recolección, semidomesticación y domesticación”.

De acuerdo con el asesor jurídico de los apicultores mayas, Jorge Fernández Mendiburu, perteneciente al Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, no existe ninguna otra sentencia en el país que reconozca que la abeja merece una protección. “Eso es lo novedoso”, dijo.

A la 4a Asamblea de Pueblos Originarios en defensa del Agua y la Vida

Compañeras y compañeros

Desde los pueblos, comunidades, organizaciones y personas que conformamos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI) les enviamos un saludo a quienes se reúnen hoy en esta asamblea, a sus pueblos, comunidades y familias.

Por donde corre el agua que baja del volcán Popocatepetl junto con la que nace de manantiales y ameyales hemos visto cómo crece una lucha digna en defensa de la vida. Vimos cómo esa lucha que liberó el agua que tenían secuestrada Bonafont y Danone se entreteje con aquella que trata de evitar que el basurero de PRO-FAJ la siga envenenando y con aquellas que ya no están dispuestas a que esa agua se siga usando como mercancía y como privilegio de los centros comerciales y fraccionamientos de lujo que han invadido tierras agrícolas y territorios que son fundamentales para la salud de nuestros ecosistemas y nuestra vida comunitaria.

Vimos también cómo ha caminado esta asamblea desde las tierras que resisten a la depredación urbana en Cholula y Coronango, luego hacia esas tierras donde por el saqueo y el engaño apenas logra sobrevivir ese hermano mayor que es el Ahuehuete de Acuexcomac, y ahora aquí en Nealtican, sobre los pies de Don Goyo donde esperamos que su rugido se una a nuestro grito de resistencia que dice: ¡Ya basta de saqueo!

La resistencia es un camino difícil, peligroso, lleno de negociaciones mentirosas y palabras engañosas de los malos gobiernos y de quienes trabajan para ellos. Los engaños y simulaciones siempre se nos ponen como obstáculo, pero sabemos que la sabiduría de los pueblos siempre puede pasar por encima de eso.

Nosotras, nosotros, nosotroas en la ANAVI creemos que nuestro camino para resistir debe siempre llevar nuestro paso, el de la autonomía y la rebeldía, y nuestra mirada, esa mirada que ponemos sobre el horizonte de ese otro mundo que queremos, uno más digno para todo aquello que vive en este planeta. En ese camino que hacemos con cada paso de nuestra lucha y que hemos aprendido a caminar con personas y pueblos que luchan y que son nuestros referentes como los que forman parte del Congreso Nacional Indígena o como nuestras hermanas, hermanos y hermanoas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Santa Fe de la Laguna a 4 de diciembre del 2024

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS
A CLAUDIA SHEIBAUN PRESIDENTA DE MEXICO
A ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA GOBERNADOR DE MICHOACAN
AL CONSEJO SUPREMO INDIGENA DE MICHOACAN
AL CONGRESO DEL ESTADO

Quienes suscribimos, autoridades comunales, civiles y tradicionales de la comunidad originaria de Santa Fe de la Laguna, manifestamos que nuestra comunidad no ha sido consultada respecto a la iniciativa de reforma que recientemente ha presentado el gobernado. Asimismo, desconocemos un comunicado firmado por la coordinación comunal el día de ayer 3 de diciembre en donde se hacen pasar como autoridades de nuestra comunidad, ya que nuestra asamblea general, máxima autoridad de nuestra comunidad, no ha sido consultada.

Por lo anterior, aclaramos lo siguiente:

1. La coordinación comunal es únicamente un grupo administrativo y no tiene el carácter de autoridades, por lo tanto, carece de legitimidad para aceptar o respaldar propuestas que puedan afectar los intereses de nuestra comunidad.

2. Nuestra comunidad, en ejercicio de su derecho a la autonomía y libre determinación, exige que cualquier propuesta que nos afecte sea previamente sometida a consulta en nuestra asamblea general, conforme a nuestros usos y costumbres.

3.. Solicitamos al congreso del estado que antes de aprobar cualquier iniciativa, consulte a todas las comunidades originarias de acuerdo a las normativas vigentes y con apego a los derechos humanos, solicitamos una verdadera consulta que sea libre, previa, informada,de buena fe, culturalmente adecuada, vinculatoria, con miras a un consentimiento o a un no consentimiento. De no ser así, cualquier reforma será ilegal, no aplicable e ilegítima dentro de nuestros territorios indigenas

Sustento Jurídico:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM):

Artículo 2: XIV. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

^{En portada: Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking recorren pozos e infraestructura abandonada que perpetúan la contaminación en la región del norte de Veracruz. Foto: Regina López.}

El gobierno de la denominada Cuarta Transformación (4T), bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, recientemente lanzó su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, en cual figura una partida de 12 mil 364 millones de pesos para dar continuidad a cuatro proyectos de extracción de gas y petróleo no convencional, extraídos a través de método de fractura hidráulica, mejor conocido como fracking, que consiste en inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y un coctel de químicos para fracturar las rocas y liberar los hidrocarburos atrapados en ellas. 

Estos proyectos provienen de administraciones anteriores, que tenían por objetivo intensificar la explotación de hidrocarburos no convencionales para incrementar la producción, así como las reservas de petróleo y gas en el país. 

Con el presupuesto 2025, se destina 2,423 millones de pesos para el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), antes conocida como Paleocanal de Chicontepec. Otro proyecto es Burgos, al que se destina una suma 2,266 millones. Le sigue el Proyecto Integral Veracruz (PIV), con 7,420 millones de pesos; y el proyecto Miquetla, con 256 millones.

De acuerdo con un análisis elaborado por la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), junto con Engenera A.C. y Fundar Centro de Análisis e Investigación, la cantidad millonaria destinada a estos proyectos es contraria a los compromisos establecidos por la Cuarta Transformación de no permitir el fracking en territorio nacional. 

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Elementos militares resguardan la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio.}

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que será el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien asumirá el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando concluya sus funciones en la entidad federativa, a principios de diciembre. 

Las organizaciones alegan que no hubo transparencia en la elección, pues no se convocó a una consulta o diálogo. El anuncio fue realizado sólo una semana después de la llegada de Sheinbaum a la silla presidencial. 

Para Enrique Vidal del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), primero se debió reconocer que en los últimos seis años el INM se ha mantenido como una de las instituciones más corruptas e impunes del gobernador Andrés Manuel López Obrador. 

“Las personas siguen refiriéndose al INM como el cártel de migración por las formas con las que opera, por toda la extorsión, la corrupción y el soborno que sigue imperando día a día en los controles migratorios, en los permisos, en los trámites y dentro de las distintas instalaciones y campamentos o puestos de control”, explicó. 

Para quienes acompañan y defienden los derechos humanos, las personas migrantes siguen teniendo una percepción muy negativa del INM y se mantiene en los primeros lugares de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

“En la nueva administración vemos una continuidad, un discurso de derechos humanos pero que realmente no está fortalecido con mecanismos reales de protección de violaciones graves de derechos humanos, y tampoco se están anunciando cambios de fondo en cuanto al acceso a la justicia”, dijo Vidal.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{En portada: Autoridades comunales, de las 24 encargaturas de Ostula, compartieron lo que recuerdan de aquel 29 de junio de 2009 cuando recuperaron las tierras comunales y fundaron Xayakalan. Foto: Regina López}

En los próximos días, un tribunal con sede en Morelia, Michoacán, resolverá una demanda de amparo presentada por la comunidad nahua de Santa María Ostula, quien exige que se garantice judicialmente sus tierras frente a la invasión de personas que afirman ser pequeños propietarios. Como explica el abogado de la comunidad, Carlos González, el territorio en disputa, en el municipio de Aquila, se extiende por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales colindantes con el Océano Pacífico.

Las tierras fueron recuperadas por los comuneros de Ostula en el año 2009, las cuales estaban en manos de jefes del crimen organizado y de los “supuestos pequeños propietarios”, mismas que hoy la comunidad Nahua pide que se reconozcan legalmente como parte de su territorio.

Este es un momento decisivo para la resolución del conflicto. “En el marco del Estado nacional, del Estado mexicano, es la última instancia”, argumenta el abogado González. En caso de que emitan una resolución desfavorable a la comunidad indígena, se apelará ante los tribunales internacionales. “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos está enterado de la problemática de Ostula”, señala el abogado.

González define el conflicto social y agrario que se ha generado en Santa María Ostula, en los últimos 15 años, como uno de los más agudos de México. Ha dejado el saldo de al menos 40 comuneros asesinados y otras seis personas desaparecidas. Este contexto se agudizó a partir de que los comuneros iniciaron la recuperación de sus tierras en 2009, sobre todo, del lugar sagrado que nombraron como Xayakalan. “Actualmente resistimos el feroz acoso del Cartel Jalisco Nueva Generación”, dice un comunicado firmado por los integrantes de esta comunidad. 

En todos los casos de asesinatos fueron abiertas carpetas de investigación. “Pero no existen resultados”, informa el defensor legal de la comunidad.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Campesinos del Copinh se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia en el contexto del juicio contra Roberto David Castillo. Foto:Gustavo Amador.}

Más de ocho años después del asesinato de la líderesa lenca Berta Cáceres, este lunes (25) la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó las sentencias contra siete de las ocho personas condenadas tras juicios realizados entre 2018 y 2022, como autores materiales en el homicidio acontecido el 3 de marzo del año 2016.

Esta decisión responde a los recursos de casación, presentados por los acusados, quienes pretendían invalidar sus sentencias condenatorias. Así se ratifica las sentencias contra Douglas Geovanny Bustillo, ex militar y jefe de seguridad de la empresa Desarrollos Energeticos S.A. (DESA, propiedad de la familia Atala Zablah); Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Javier Hernández Rodríguez, militar; Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres Velásquez y Edilson Atilio Duarte, quienes recibieron condena desde el 2 de diciembre del 2019.

Mientras tanto, y pese a ratificar la condena de Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia, la decisión judicial modificó agravantes en la sentencia, lo que, argumenta el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), implica una reducción de su condena, la cual en el año 2022 le asignó 22 años y seis meses de prisión.

Castillo, quien presidió el consejo de Administración de la empresa DESA, también tiene pendiente el cumplimiento de otra condena, recibida apenas el pasado 15 de noviembre, en la cual fue sentenciado a otros cinco años de prisión por la causa Fraude sobre el Gualcarque, un caso donde fue encontrado culpable por cometer fraude, a título de cómplice y por el uso de documento falso a título de autor.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Claudia Sheinbaum, y Andrés Manuel López Obrador, realizaron un saludo a las Fuerzas Armadas de México, encabezado por el General Luis Crescencio, en el Colegio Militar de Tlalpan. Septiembre, 2024. Foto: Presidencia de México.}

Ante lo que denomina una crisis de derechos humanos en México, exacerbada por la inseguridad y el alto nivel de violencia homicida, la organización Amnistía Internacional (AI) presentó durante este noviembre un informe en el que apunta como indispensable la desmilitarización de la seguridad pública, estrategia profundizada durante las últimas dos décadas.

La organización defensora de derechos humanos enfatiza que, derivado de la estrategia de militarización, son constantes las violaciones a derechos humanos cometidos por instituciones de seguridad y defensa.

Una muestra de ello es que durante el periodo de 2019 hasta agosto del 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 1,893 quejas contra la Guardia Nacional y 2,279 contra la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre los hechos reclamados se encuentran actos de tortura y privación de la vida, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad y defensa.

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Estas violaciones a los derechos humanos, argumenta AI, demuestran el fracaso de la estrategia de seguridad, pues no solo no reduce el crimen y violencia, sino que ha creado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública. 

Aunado a estos abusos, durante 2022, una filtración de información de las Fuerzas Armadas reveló actos de espionaje y seguimiento contra actividades de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, entre ellas contra Amnistía Internacional.

En este contexto, la organización de derechos humanos asevera que la decisión para emplear a las fuerzas militares en labores de seguridad pública les ha permitido actuar en una lógica de conflicto armado. “El utilizar toda la fuerza del Estado en un espíritu de combate a un enemigo para intentar reducir el crimen y la violencia, sin atender factores sociales y culturales que propician dichos actos, es una medida que tiene – al máximo – limitados impactos positivos momentáneos y al corto plazo, pero que puede contribuir desde el inicio a la comisión de violaciones a los derechos humanos”, acusa AI.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

La Cámara de Diputados de México aprobó en la noche de ayer, 20 de noviembre, la reforma constitucional que extingue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en actividad desde 2002, y otros seis órganos autónomos. La aprobación se dio por 347 votos a favor, la mayoría de Morena y sus aliados, y 128 en contra por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Además de la desaparición del INAI, se votó la dilución del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

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La sesión continuará este jueves (21) con el debate de todas las reservas. Después la reforma avanzará al Senado de la República. La extinción de los organismos autónomos forma parte de un paquete de 20 reformas enviadas al poder Legislativo a inicios de año por el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). 

Por un lado, el discurso del gobierno y parlamentarios a favor de la reforma sostiene que las disoluciones de los órganos se traducirán en un ahorro anual de alrededor de 100 mil millones de pesos, los cuales serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Por otro lado, organizaciones de Derechos Humanos denuncian que es un retroceso, en el caso de la disolución del INAI, al derecho a la información. El Artículo19, tras la votación, posteó en sus redes sociales que la aprobación representa un grave retroceso para el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

“Hemos insistido en que esta decisión representa un grave retroceso en la apuesta democrática por abrir la información y el quehacer gubernamental, que echa por la borda décadas de avances en transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas impulsadas por la sociedad”, sostuvo en un comunicado firmado por Artículo 19 y otras dos organizaciones, Poder y el Observatorio Designaciones Públicas. 

Además, “la desaparición del INAI deja en desprotección a la ciudadanía ante la negativa de las autoridades de entregar información e implica la pérdida de millones de datos de interés público albergados en la Plataforma Nacional de Transparencia”, señalan.

Las actividades de las entidades disueltas serán asumidas por las Secretarías afines y otras dependencias del Ejecutivo. En el caso del INAI, sus diversas facultades se transferirían de manera fragmentada a la Secretaría de la Función Pública y sus equivalentes en los otros poderes y las entidades federativas.

En agosto de este año, la relatora especial sobre el derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères, y la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, lanzaron un comunicado sobre la iniciativa del gobierno mexicano. De acuerdo con las relatoras, la garantía efectiva de estos derechos se alcanza cuando el órgano responsable de garantizarlos se encuentra fuera de la esfera de influencia delpoder político. 

“Los Estados deberían propugnar procesos, mecanismos y herramientas que permitan al ciudadano ejercer sus derechos y obliguen a las autoridades, mediante los caminos institucionales, a cumplirlos. En este sentido, atomizar este órgano autónomo para que sus funciones sean desempeñadas por instituciones dependientes del Estado nulificaría el potencial que tiene como mecanismo de democratización del poder público”, manifestaron las relatoras.

Resaltan que es “notable la contribución internacional del INAI en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales, factores que juegan un papel fundamental en el fomento de una democracia saludable y robusta”.