SOLIDARIDAD CON LA LUCHA HISTÓRICA, LEGAL Y SOCIAL DE OSTULA POR LA RECONSTITUCIÓN DE SU TERRITORIO

AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS Y DE TRABAJO
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
AL PUEBLO QUE LUCHA Y QUE RESISTE
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades originarias de Michoacán a 7 de agosto de 2024.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, nos solidarizamos con la lucha histórica, legal y social que mantiene la comunidad indígena de Santa María de Ostula por la defensa y reconstitución de su territorio.

Desde tiempos inmemoriales, los hermanos náhuatl de la costa michoacana, han sostenido la posesión de su territorio y lo han defendido sobreviviendo a las guerras de despojo y exterminio que durante siglos han desplegado los malos gobiernos en la región, es una de las comunidades que más han padecido la represión masiva y selectiva, en tiempos recientes, por defender su autonomía y territorio, han sido asesinados 40 comuneros y desaparecidos 6 más, en todos los casos, prevalece la impunidad y la injusticia sistemática.

Los pueblos indígenas de #Michoacán reconocemos a Xayacalan como parte de la comunidad indígena de Ostula y como parte integral del territorio náhuatl de la costa sierra michoacana, toda vez que mantienen sus títulos primordiales emitidos durante la colonia, una resolución presidencial de 1964 y la posesión histórica y contemporánea de sus territorios.

La comunidad indígena de Santa María de Ostula es un ejemplo de dignidad, resistencia y lucha para todos los pueblos, actualmente, el caso se encuentra en el Poder Judicial de la Federación, en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito como Amparo Directo 463/2023, contra la sentencia del Tribunal Agrario de Colima, donde el aparato de justicia le dio el fallo a favor del grupo de pequeños propietarios de la Placita en un procedimiento lleno de irregularidades e inconsistencias.

Por estas razones, en el CSIM nos sumamos a la exigencia al Poder Judicial de la Federación para que resuelva haciendo justicia en favor de Ostula, quien se encuentra defendiendo no solo su territorio, si no reservas de agua, fauna y vida, que los intereses mineros, hoteleros, particulares y del crimen organizado quieren despojar.

¡Exigimos respeto y certeza jurídica para los pueblos originarios y sus territorios!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM
#OstulaVive

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Supongamos, sin conceder…

Agosto del 2024.

  Supongamos, sin conceder, que usted puede imaginarse lo siguiente:

   Usted nació en un pueblo originario.  En una comunidad adquirió su lengua, su cultura, su modo.  Todo esto lo hace diferente.  Para la antropología oficialista, su lengua es “dialecto” y su pueblo es “etnia”.  Usted es lo que los progresistas llaman “un indio”.  No importa su color de piel, porque en cuanto empiece a decir algo, notará el gesto de desprecio de su interlocutor no indígena.  Verá, también, cómo esa persona se lleva instintivamente la mano al bolsillo para darle una moneda.  Esa persona dará por sentado que usted es inferior, ignorante, sucio, pobre, supersticioso, manipulable… y tonto.  Pero, ni modos, así le tocó a usted nacer.  No importa qué haga, nada hará cambiar esa actitud del otro.  Así como culturalmente se es indígena, así también se es racista por cultura, aunque sea un racismo “cool”.

  Ahora supongamos, sin conceder, que su pueblo originario de usted, su lengua, su cultura, su modo pues, es el Cho´ol, pueblo de raíz maya, que habita en los surorientales estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y Campeche.

  Supongamos, sin conceder, que, como todos los pueblos originarios, usted ha sufrido desprecios, racismo, injusticias, golpes, engaños y burlas – además, claro, de desapariciones forzadas, encarcelamientos, violaciones y asesinatos -, sólo por ser quien es: un indígena cho´ol.

  Supongamos, sin conceder, que usted sabe que una parte de los pueblos originarios en Chiapas, incluyendo del pueblo Cho´ol, es parte de una organización llamada ezetaelene (también conocida como “los zapatistas de Chiapas” o “neozapatistas”, o “transgresores de la ley” o lo que esté de moda), que se alzó en armas el primero de enero de 1994, en lo que llamaron “el inicio de la guerra contra el olvido”, y acabó así con el plan de Carlos Salinas de Gortari de un Poder transexenal (antes era el sueño húmedo del salinismo, y ahora lo es del morenismo).

  Supongamos, sin conceder, que usted no es antropólogo ni historiógrafo oficialistas, es decir, que sabe que, durante siglos, los pueblos originarios han sido tratados por la modernidad (gobiernos y etapas distintas pero semejantes) con una mezcla de asco y pena ajena.  Y que sabe que dichos originarios existen, viven y luchan más allá de libros, museos, destinos turísticos, artesanías y discursos gubernamentales.

  Supongamos, sin conceder, que conoce usted que esos pueblos zapatistas están en rebeldía y resistencia porque han emprendido el camino de una construcción terrible y maravillosa: otro mundo, uno donde quepan todos los mundos.

  Supongamos, sin conceder, que usted, como Cho´ol, tuvo la mala suerte de nacer y vivir cerca de la finca de un personaje poderoso.

  Supongamos, sin conceder, que su nombre o gracia de usted es José Díaz Gómez, y está prisionero en una cárcel de Chiapas acusado de ser cho´ol y de… ser zapatista.

  Ahora, cambiando de canal, supongamos que usted puede tener acceso a lo que se dice en juzgados, estaciones de policía y cárceles de Chiapas.  No sin pena ajena usted escucha lo siguiente: “Es zapatista, de los que critican y no apoyan al presidente”.  “El jefe va a estar contento de que castiguemos a uno de los conservadores que se niegan a ser salvados por la modernidad y el progreso (o sea la 4T)”

  Ahora, supongamos, sin conceder, que su libertad de usted, cho´ol y zapatista, depende de múltiples factores: el humor del juez ese día, el ministerio público, la policía, los otros finqueros (es decir, además del que tiene su finca en Palenque), la necesidad que tienen hombrecitos grises de congraciarse con superiores que ni siquiera saben que existen.

  Supongamos que usted conoce que una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos (de ésas tan vilipendiadas por el supremo – junto a trabajadores de los medios de paga-), ha demostrado su inocencia de usted, y la parte acusadora ni siquiera puede presentar la mínima prueba en contra de su libertad -y de otros compañeros suyos que son perseguidos-.  Pero es inútil porque usted no es inocente de los 2 crímenes por el que lleva casi 2 años preso: ser indígena y ser zapatista.

  Ahora, supongamos, sin conceder, que usted va, simultáneamente, al zócalo de la Ciudad de México y contempla una estructura de hierro y cartón piedra que, se supone, sin conceder, es una réplica de una pirámide del pueblo maya.

  Supongamos, sin conceder, que usted entonces reflexiona y concluye que eso es el indigenismo en México: una simulación de cartón piedra como homenaje a un pasado lejano (y manipulable en la historiografía oficial), y miles de injusticias “administradas” por el gobierno en turno, en contra de pueblos originarios en el presente.  Para los gobiernos, los pueblos originarios son la materia prima para su fábrica de coartadas “históricas” … y de culpables.

  Ahora, supongamos, sin conceder, que le han encargado a usted -dada su capacidad y, sobre todo, a que no es un cho´ol zapatista-, dar una conferencia magistral, en la escuela de cuadros de EL PARTIDO, llamada “La revolución de las conciencias en la Cuarta Transformación”.

  ¿Se sentiría usted mal?  ¿Al menos incómodo?  ¿Fuera de lugar?

  ¿O, como la mayoría de sus correligionarios, se diría “todo sea por el bien del movimiento y para que la extrema derecha no regrese”, “los zapatistas tuvieron su momento, pero ya pasaron de moda”?

  ¿Entonces usted podría concluir que, si no fuera indígena, si no fuera zapatista y si no fuera crítico del gobierno en turno, estaría libre y no habría perdido dos años de su vida?

  Claro, todo esto suponiendo, sin conceder, que usted tiene imaginación, sensibilidad y sentido de la justicia.

  Y, claro, que usted no es un sinvergüenza.  O una sinvergüenza, (no olvidar la paridad de género).

Vale.  Salud y dejad de mirar hacia arriba, la lucha por la vida está abajo.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.

El Capitán.
Agosto del 2024.

P.D.- Todos los sistemas de justicia “modernos” son irreformables.  Se basan en un supuesto que es desmentido cotidianamente por la realidad: “todas las personas son iguales ante la ley”.  Y no, porque “quien paga, manda”.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

Como ha ocurrido en los últimos tres años ante la omisión de autoridades estatales y federales, una vez más la crisis provocada por los enfrentamientos entre grupos criminales en la frontera sur de Chiapas alcanza niveles alarmantes de violencia, ocasionando terror, muerte y desplazamiento forzado entre la población civil.

En las últimas semanas, desde distintos municipios de las regiones de la Sierra Madre y su vecina, la Frailesca, pobladores han lanzado llamados de auxilio mediante redes sociales para alertar sobre el incremento de las agresiones. Entre ellas, destacan las amenazas de coacción por parte de grupos armados, para que civiles participen en bloqueos carreteros, de secuestro de hombres y mujeres, así como de ejecuciones.

Desde el pasado sábado (20) y por medio de una acción urgente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT) confirmó el recrudecimiento de la violencia en comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala.

Mediante un comunicado, las organizaciones resaltaron que, por lo menos, desde el domingo 14 de junio, se registró un aumento en las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado quienes desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza.

Ante esta situación, la RedTDT llamó a las autoridades federales y locales para la intervención imediata y garantizar la protección de la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.

PRESENTACIÓN

En los últimos años se han intensificado las acciones por parte de los gobiernos y de las corporaciones transnacionales para apropiarse del territorio de los pueblos nativos, esta nueva colonización ha dado lugar a una creciente resistencia de nuestros pueblos ante la amenaza que significan estos megaproyectos para nuestra misma existencia. Algunos pueblos han logrado frenar esta nueva invasión, y en estas experiencias exitosas hemos encontrado dos factores de mayor importancia: La Resistencia local y las alianzas regionales e internacionales.

Actualmente en México nuestros pueblos vienen enfrentando condiciones muy adversas, diferentes megaproyectos como son:

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos.

Desde el año 2001 hemos mantenido una intensa movilización para contener los impactos de las obras de construcción y modernización de termoeléctricas, parques eólicos, gasoductos, tendidos eléctricos de alta tensión, autopistas, basureros, ferrocarriles y parques industriales.

En estos proyectos están involucradas directamente grandes corporaciones norteamericanas, canadienses, italianas, danesas, francesas, portuguesas, españolas, chinas y taiwanesas.

Enfrentar megaproyectos trasnacionales nos obliga a fortalecer tanto la resistencia local como el construir alianzas con pueblos y organizaciones de los pueblos nativos y de grupos ambientalistas de toda la región también buscar el relanzamiento de la alianza mesoamericana.

ANTECEDENTES

1.- La creciente expansión de las empresas trasnacionales sobre los territorios de los pueblos nativos es un fenómeno mundial significativo en los últimos treinta años.

A este proceso se le ha llamado La Nueva Invasión.

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), por sus siglas en inglés), Laura Richardson, apeló durante el Foro de Seguridad de Aspen 2024 que su país debería enfocarse a un nuevo “Plan Marshall” si los países del hemisferio occidental quieren recuperarse de la pandemia del COVID-19 y para mantener a raya la influencia de Rusia y, especialmente, de China.

El ‘Plan Marshall’ fue un ambicioso programa que implementó Estados Unidos (EEUU) para la reconstrucción económica de Europa en 1948, tras la segunda guerra mundial.

Durante 15º Foro anual del denominado Aspen 2024, celebrado en Colorado, entre el martes 16 al viernes 19 de julio, participaron altos funcionarios gubernamentales y militares de los Estados Unidos, así como sus homólogos de todo el mundo, altos ejecutivos de empresas, destacados académicos, periodistas, entre otros más. El tema central fue relacionado con seguridad nacional y política exterior.

Bajo esa línea, Richardson advirtió que tal vez algunos países hayan superado los efectos de la pandemia, pero, la mayoría se encuentra en una “grave recesión económica”, que supuestamente está siendo aprovechada por las inversiones de Rusia y China en la región.

Ver también:  Aumento de inversión China en América Latina preocupa al Comando Sur de EEUU

“Y nosotros no tenemos ese tipo de herramientas en nuestra maleta. ¿Cómo podemos ayudar? Creo firmemente que necesitamos un Plan Marshall para la región, o lo que es lo mismo, una ley de recuperación económica como la de 1948, pero en 2024, 2025”, puntualizó la General Richardson.

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Olmedo Carrasquilla Aguila, Colectivo Voces Ecológicas y Radio Temblor Internacional}

Panamá vivió, entre octubre y noviembre de 2023, una segunda gran explosión social desde la invasión de Estados Unidos al país, en 1989. Gremios docentes, sindicalistas, estudiantes, jóvenes y comunidades indígenas y campesinas protestaron contra la aprobación de un contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, para la explotación de una mina de 13 mil hectáreas ubicada en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, en la zona caribe del país, en la provincia de Colón.

Las protestas contra la minera se iniciaron desde hace años, pero fue el 20 de octubre de 2023 que se produjo el hecho decisivo, cuando la Asamblea Nacional de Diputados realizó debate de la propuesta, el Ejecutivo sancionó la Ley 406 ese mismo día y la hizo oficial mediante su publicación en la Gaceta Oficial. La Asamblea Nacional realizó los tres debates en tres días consecutivos, y al tercer día el Ejecutivo sancionó y publicó la ley en Gaceta.

A partir de entonces, las manifestaciones de descontento dejaron de ser aisladas. Durante 44 días, se produjeron protestas masivas en todo el país. En un informe elaborado por la Fundación para el desarrollo integral comunitario y conservación de los ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y la Red Nacional en Defensa del Agua Panamá, las organizaciones mapearon y documentaron las violaciones de derechos perpetradas por el Estado contra las manifestaciones, además de las estrategias utilizadas para criminalizar e impedir la acción de los manifestantes y organizaciones. 

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{En portada: Cientos de indígenas lencas se movilizaron en Tegucigalpa para exigir el reconocimiento de sus tierras ancestrales.}

Tras una semana de movilizaciones, más de 500 indígenas lencas pertenecientes a 12 comunidades del suroeste hondureño alcanzaron un acuerdo histórico con el Instituto Nacional Agrario (INA), por medio del cual el Estado se compromete a la titulación comunitaria de más de 9 mil manzanas de tierras en las que viven más de 900 familias.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que aglutina a las comunidades lencas, anunció el pasado viernes (19) la firma de un acta de entendimiento con las autoridades agrarias del país centroamericano.

El acuerdo fue anunciado tras las movilizaciones donde participaron representantes de las comunidades lencas de Montaña Verde, Limoncillo, El Achiotal, Río Blanco, Wise, El Naranjo, 1 de Agosto y Grupo Campesino Nueva Esperanza, quienes reivindican la posesión comunal de sus territorios.

“El Copinh estará vigilante del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el INA, asegurando el respeto e implementación de manera justa y pronta. De no cumplirse, se desarrollarán nuevas jornadas de exigencia y protesta en la capital. Esta vigilancia no solo es un deber, sino un compromiso con nuestras comunidades y con las futuras generaciones que dependen de la protección de nuestros territorios”, aseguró la organización mediante comunicado tras el anuncio de los acuerdos.

Fuente: Avispa Midia

Pueblos indígenas de Perú que forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se han declarado en estado de emergencia permanente luego del trágico asesinato de Mariano Isacama Feliciano, considerado líder del pueblo Kakataibo. 

Esta acción la han tomado al percibir una total inacción del gobierno frente a la creciente violencia que enfrentan al proteger sus territorios ancestrales, declara Aidesep.

Isacama era originario de la comunidad nativa de Puerto Azul, ubicada en la provincia del Manu, Madre de Dios, en la Amazonia peruana, y fue encontrado sin vida en la ribera del río Yúrac después de 24 días de no saber su paradero. 

El líder indígena había alertado a la comunidad y a organizaciones de derechos humanos sobre amenazas previas a su desaparición. De acuerdo con el certificado de necropsia, su muerte fue causada por un impacto de bala de un arma de fuego, además presentaba signos de tortura. 

Al lado de las comunidades que forman parte de la Aidesep, había sostenía un activismo férreo por la defensa de la Amazonía y contra actividades ilegales como la minería y la tala clandestina en la región. 

La Aidesep es una organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, a través de sus nueve organizaciones regionales de base, quienes han expresado un profundo descontento por la falta de justicia para las víctimas y la continua impunidad que rodea estos crímenes.

Las comunidades indígenas amazónicas han anunciado que, al ver la falta de justicia y la seguridad que debía brindar el Estado, se preparan para tomar otras medidas. Alertaron que se ven obligados a ejercer su derecho a la legítima defensa y “utilizar los medios en la misma proporción con la que nos atacan”, dejando caer toda la responsabilidad “al gobierno por las consecuencias”, dice el comunicado.

La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo advierte, asimismo, que una nueva modalidad del crimen organizado en la zona es dejar que se descompongan los cuerpos, con el fin de desaparecer las evidencias, para lo que requieren retrasar las búsquedas y trabajos de las fuerzas de seguridad públicas.

Con este caso, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registra 25defensores ambientales y líderes indígenas desaparecidos y asesinados desde el 2020. Cinco de las víctimas eran del pueblo kakataibo. En 2021 desaparecieron dos miembros de la comunidad cuyo paradero se desconoce hasta el momento. La violencia contra los pueblos originarios se expande en los últimos años en las regiones amazónicas Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín.

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Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se refugian en la población de Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}

Ante la ola de desalojos anunciados para ser ejecutados en la región norte de Guatemala, organizaciones sociales solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la crisis humanitaria la cual son objeto familias campesinas e indígenas víctimas de desplazamiento forzado.

Por ello, el pasado viernes (12), durante el 190 periodo de sesiones de la CIDH expusieron la problemática que, de acuerdo a los alegatos de defensores de derechos humanos, involucra disputas por la tenencia de la tierra, en un marco de irrespeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son objeto de desalojos violentos. 

Así lo señaló Daniel Cerqueira, director de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quien enfatizó que los desalojos son producto de la cooptación del sistema de justicia en Guatemala por parte de redes de corrupción. Acorde a Cerqueira, el objetivo de éstas es acaparar tierras indígenas y obtener títulos irregulares de propiedad, “haciendo uso generalizado del poder punitivo, criminalización y violencia contra comunidades que revindican y defienden sus territorios”.

Por su parte, Sandra Calel, maya Poqomchí integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), sostuvo que en Guatemala no existen desalojos pacíficos pues todos, judiciales o extrajudiciales, son conducidos de forma violenta. Además, señaló que los desplazamientos de las familias suceden de manera discriminatoria y racista pues se realizan sin notificación previa, lo que imposibilita la defensa de las comunidades para oponerse a los desalojos.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indigena de Gobierno
A la Sexta Mundial
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldia
A los organismos de derechos humanos
Al Pueblo de México
A los medios libres y autónomos

18 de julio de 2024

Hermanos y hermanas de México y del mundo: alrededor de las 8:49 a. m., del día de hoy, 18 de julio de 2024, el grupo narco-paramilitar los ardillos, asesinó a dos de nuestros hermanos cuando éstos llegaban al municipio de Chilapa. María de Jesús Pasado Margarito de 43 años y Alberto Verales Tepetitla de 32, de las comunidades de Alcozacán y Buenavista respectivamente, ambas pertenecientes al CIPOG-EZ.

Luego de que, apenas el pasado martes 15 de julio se lanzaran amenazas en contra de integrantes de nuestra organización, las amenazas se vuelven en realidad, en dolor y muerte para nuestras comunidades. Avisamos a las autoridades del estado de Guerrero de las amenazas, señalamos a los agresores y también la vinculación de éstos con las autoridades del estado. Nuevamente recibimos su indiferencia, su silencio y aquí están los resultados: los ardillos vuelven a asesinar a dos de nuestros hermanos ¿a caso nuestras vidas no les interesan? ¿no es responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero velar, al menos por la seguridad de quienes habitamos el territorio? ¿O es que para las autoridades Federales y del estado, Guerrero sólo es Acapulco y los sitios turísticos? ¿Por qué tanto desprecio a nuestros territorios, a nuestras vidas?

Queremos destacar que donde fueron asesinados nuestra hermana María de Jesús y Alberto Verales, es un lugar en el que hay presencia de la Guardia Nacional así como del la Secretaría de la Defensa Nacional; evidentemente también hay policías municipales, estatales y ministeriales, pero eso es igual a nada, pues muchos de éstos elementos trabaja para la delincuencia, por eso decimos que las autoridades municipales y estatales, están vinculadas a quienes asesinan y siembran el terror en el estado de Guerrero. Existe entonces la presencia de autoridades Federales: En Colotepec-Tula hay un filtro de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la entrada del Jaguey-Quechultenango hay otro filtro de la SEDENA, en el Ajo, entrada a Chilapa, para entrar al municipio, hay Guardia Nacional (GN) y miembros del ejército (SEDENA); luego entonces, decimos con mucha claridad que si hay ejecuciones en el estado de Guerrero, éstas ocurren con el beneplácito y el silencio cómplice de las autoridades Municipales, Estatales y Federales.

Queremos dejar claro que estamos solos, solas, que el ESTADO nos ha abandonado a nuestra suerte, que nos deja en manos de la delincuencia, tal como ocurre en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Colima, Oaxaca, Estado de México y en prácticamente todo el país. Es por eso que llamamos a los distintos organismos de Derechos Humanos y organizaciones, colectivos, de México y del mundo, a denunciar lo que ocurre en nuestro estado, en nuestro país; porque el gobierno actual, el de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dice que no pasa nada, que exageramos, que queremos manchar su gobierno, que las cosas están cambiando, así de fácil quiere borrar la sangre de nuestros muertos, de nuestras muertas; no sabemos si mantendría esa postura si los asesinatos fueran de algún gobernador o gobernadora, de sus hijos, de sus nietas, de su esposa o de él mismo; si la bala que nos mata fuera para alguno de sus seres queridos, estamos seguros y seguras que quien disparara esa bala, hubiera sido detenido inmediatamente ¿y por qué para nosotros y nosotras no hay justicia? ¿a caso nuestras vidas valen menos que las suyas?

Seguimos haciendo responsables de estas muertes y de lo que pueda ocurrir en las siguientes horas y días al presidente municipal de Chilapa, a Evelyn Salgado gobernadora del estado de Guerrero y al gobierno federal encabezado por Morena. Nos mantenemos en alerta máxima frente a estos ataques; aquí seguimos con nuestra historia de resistencia y nos mantendremos firmes, por la vida de nuestras comunidades.

Atentamente:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA