Estudiosos y defensores de derechos humanos coinciden que en los últimos años se ha acelerado la militarización en México y su proceso de institucionalización por medio de reformas constitucionales, leyes y decretos presidenciales.

La medida más reciente se dio el miércoles (9) con el Senado de México emitiendo la declaratoria de aprobación de la reforma que extiende hasta 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. La reforma modifica el decreto de reforma constitucional de 2019 que creó la Guarda Nacional, y que determinaba la militarización hasta 2024.

En una de las conferencias de prensa que realiza todas las mañanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a los críticos de la medida, “no quieran los autoritarios pasar como defensores de Derechos Humanos. Utilizaban al Ejército para tareas de seguridad nacional sin fundamento constitucional. Son unos reverendos hipócritas”.

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Por ser una reforma constitucional, el proyecto necesitó, además de la aprobación del Congreso de la Unión, ser avalado, mínimamente, por la mitad de los 32 congresos estatales; 20 lo aprobaron. Ahora solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Anteriormente, en septiembre de 2022, el Congreso había aprobado la propuesta del presidente de transferir a la Guardia Nacional, que por la Constitución debería tener un carácter civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su campaña electoral AMLO hizo la promesa de cambiar la estrategia de seguridad llevada a cabo por sus antecesores, justamente porque desplegaron a las fuerzas armadas en tareas policiales. Ahora niega que las acciones de su gobierno están militarizando el país.

“Una de las narrativas que hemos escuchado es que las fuerzas armadas han cambiado y que, por eso, seria excesiva nuestra preocupación [de los organismos de Derechos Humanos]”, sostuvo Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), durante conversatorio sobre militarización en México promovido por el Diálogo Interamericano y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Aguirre enmarcó algunos cambios y también continuidades en relación a gobiernos pasados. Un primer dato es que el número de efectivos desplegados en el territorio nacional es mucho mayor en el presente. “En la administración de Felipe Calderón eran alrededor de 50 mil efectivos militares desplegados y hoy son alrededor de 90 mil”, sostiene.

Además, el actual gobierno ha otorgado a las Fuerzas Armadas funciones del Ejecutivo, como responsabilidades en obras públicas y en proyectos de políticas públicas.

La continuidad destacada como más relevante por Aguirre es la ausencia de controles civiles externos que aseguren la rendición de cuentas de los militares. De hecho, “eso se ha profundizado”, dijo.

Cuando hay una violación de derechos humanos cometida por el Ejército, la Marina y, ahora, por la Guardia Nacional, deben entrar en escena varios controles para investigar estos hechos, de manera que los responsables rindan cuentas.

Por un lado, están los controles internos de las propias instituciones castrenses. “Estos nunca han funcionado en México, porque hay un espíritu de cuerpo que propende a la impunidad”, sostuvo.

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La Guardia Nacional, por ejemplo, creada en el sexenio de López Obrador, como menciona Aguirre, incluyó un área de asuntos internos “muy fuerte en el diseño legal, incluso la Ley de la Guardia Nacional dice que el nombramiento de la cabeza de esta área le corresponde al presidente”. Sin embargo, cuenta, se puso en la mano de un ex general con antecedentes de haber participado de casos de tortura. “Desde luego nada bueno iba a ocurrir con esta unidad”.

Por otro lado, están los controles externos civiles. “Estos son débiles”, califica. Uno de ellos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), registró entre 2019 y agosto 2022, 1,560 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); 308 contra la Secretaría de Marina (Semar) y 1,613 contra la Guardia Nacional. “Pero solo ha emitido 15 recomendaciones en estos años sobre las fuerzas federales”.

En relación a otros controles, como la Fiscalía General de la República o el poder judicial, “todos se auto inhiben cuando se trata de las Fuerzas Armadas”. Al día de hoy hay alrededor de “28 sentencias condenatorias federales por eventos de violación de derechos humanos contra las Fuerzas Armadas, cuando hay mas de 10,700 quejas en los últimos años”, sostiene.

Lo que Aguirre llama de auto inhibición también “la podemos ver con respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene diez asuntos muy importantes sobre estos cambios legales recientes relacionados con la militarización, sin resolverse”.

Los controles parlamentarios tampoco están funcionando, según su evaluación. Para citar un episodio reciente, tenían que comparecer ante el poder legislativo el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina para explicar la reciente vulneración de la seguridad digital del Ejército y no lo hicieron. “Se negaron a comparecer ante el poder legislativo y llamaron a los diputados a comparecer en privado en las instalaciones de la secretaria de la defensa”.

Más violencia

La investigadora del Programa de Política de Drogas, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sara Velázquez, sostiene, con base en investigaciones desarrolladas por su programa, que cuando el Ejército ejerce funciones de seguridad pública, el número de homicidios a nivel municipal aumenta en hasta 9%. “Hay una correlación entre despliegue militar y aumento de homicidios”, explicó la investigadora durante el conversatorio.

También identificaron la correlación entre militarización y letalidad. Las Fuerzas Armadas tienden a recurrir de manera más común al uso ilegítimo de la violencia letal. El Ejército suele matar mas personas que hieren o detiene, relata.

“En 2021, el Ejército reportó matar a 5 civiles por cada uno que detenía. Es un índice de letalidad muy preocupante. Los militares actúan con la lógica de guerra, cuando en labores de seguridad pública se espera que las instituciones detengan o inhabiliten sin matar a las personas, de manera que sea el poder judicial quien determine si son o no ‘criminales’”, señala Velázquez.

Para Aguirre, el opuesto a la militarización es el fortalecimiento de la perspectiva civil en seguridad, pero sobre todo el opuesto a la militarización es la justicia. “Tener fiscalías y, sobre todo, una fiscalía federal capaz de desestructurar redes criminales”.

^{En portada: Un soldado estadounidense observa mientras un helicóptero de asalto AH-64 Apache vuela por encima durante un patrullaje por los campos petrolíferos de Suwaydiyah en la provincia de Hassakeh, al noreste de Siria. 13 de febrero de 2021}

“A medida que se desaten la hambruna, las enfermedades y las catástrofes derivadas del cambio climático abrupto, las necesidades de muchos países excederán su capacidad de respuesta. Eso generará una sensación de desesperación, que probablemente desemboque en una agresión ofensiva para recuperar el equilibrio (…). Las perturbaciones y los conflictos serán características endémicas de la vida”.

Este fue el diagnóstico de un estudio encargado en 2003 por el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los EEUU, a la consultora Global Business Network. La advertencia era que el cambio climático podría conducir a una “nueva Edad Media”.

La concepción que se fue consolidando principalmente en la última década por los Estados del norte mundial y por organismos transnacionales, como la alianza militar de los países del norte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es que el cambio climático es un ‘multiplicador de amenazas’ o un ‘catalizador de conflictos’ y que, por lo tanto, socavará la seguridad mundial y, consecuentemente, la seguridad interna de estos países.

Un memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, de 2016, sobre los efectos del cambio climático en la seguridad nacional, describe los efectos de la crisis climática para los próximos 20 años: el aumento de las tensiones sociales y políticas, efectos adversos sobre los precios y la disponibilidad de los alimentos, inundaciones de las costas, aumento de las migraciones, aumento de los riesgos para la salud humana y escasez de agua.

Señala que los países con “instituciones políticas débiles, con malas condiciones económicas, o donde otros factores de riesgo en términos de conflictos políticos ya están presentes, serán los más vulnerable a la inestabilidad relacionada con el clima”.

En un escenario previsto de guerra, la crisis climática ha sido incorporada a la lógica militar, pasando a ser considerada como un problema de seguridad. “Antes creían que el cambio climático era soft power [poder blando, término inglés para describir la capacidad de un actor político para incidir en las acciones de otros] pero ahora se han dado cuenta de que es una cuestión vital”, declaró Annalena Baerbock, ministra de exteriores de Alemania, durante la cumbre de la OTAN, en junio de 2022, compuesta por 30 países de la zona norte del Atlántico.

Concretamente, lo que se ha llamado seguridad climática se integra cada vez más en las estrategias de seguridad nacional, en la planificación de la defensa, las evaluaciones de inteligencia y los planes operativos militares de organizaciones como la OTAN, países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y bloques como la Unión Europea.

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“A medida que la destrucción ambiental se agudiza y la disponibilidad de fuentes energéticas disminuye, la respuesta militar se ve fortalecida”, sostiene la socióloga y especialista en economía ambiental, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), Maritza Islas Vargas.

En los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama, en su último año de gobierno, en septiembre de 2016, en el memorándum presidencial Cambio Climático y Seguridad Nacional, “ordena a los departamentos y agencias federales que garanticen que los impactos relacionados con el cambio climático se consideren plenamente en el desarrollo de la doctrina, las políticas y los planes de seguridad nacional”.

Su sucesor, el expresidente Donald Trump, puso en cierta pausa la securitización de la crisis climática; sin embargo, una de las primeras medidas del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue la retomada de dicha política.

En una orden ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, de enero de 2021, resalta que “es política de mi Administración que las consideraciones climáticas sean un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Establece que el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto “considerarán las implicaciones de seguridad del cambio climático (…) al desarrollar la Estrategia de Defensa Nacional”.

Ordena que el director de inteligencia nacional prepare estimación “sobre los impactos del cambio climático en la seguridad nacional y económica” y que distintos órganos de seguridad realicen “un análisis de las implicaciones de seguridad del cambio climático que se pueden incorporar en el modelado, la simulación, los juegos de guerra y otros análisis”.

A partir de enero de 2022, el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto pasaron a tener que presentar una “actualización anual, a través del Consejo de Seguridad Nacional, sobre el progreso realizado en la incorporación de las implicaciones de seguridad del cambio climático en las normativas y procesos” que involucran la seguridad de los Estados Unidos.

De acuerdo con el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y autor del libro ‘Geopolítica, espacio poder y resistencia en el siglo XXI’, David Herrera Santana, el Pentágono trabaja con la concepción de que es necesario adaptarse “a lo que ya está, ya que las disrupciones sociales y políticas son inevitables; a partir de esta adaptación hay que producir un sistema resiliente, un sistema capaz de sostenerse, de reproducirse, de mantenerse, a pesar de las disrupciones que se revelen en el futuro”.

La OTAN sigue la misma lógica. En junio de 2022 volvió pública la actualización de su “concepto estratégico”, que establece su estrategia militar y de seguridad para 10 años, en el que se detallan las amenazas que enfrentan sus aliados y explica cómo pretende enfrentarse a ellas. Por primera vez, la crisis climática es considerada como uno de los retos de seguridad.

“Es un hecho lamentable pero inevitable que el cambio climático aumentará considerablemente los riesgos para la seguridad de nuestros ciudadanos. Los militares de la OTAN, y la Alianza en su conjunto, desempeñarán un papel activo y sustancial para ayudar a abordar estos riesgos”, describió en un informe de 2022 el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Herrera Santana enfatiza que es importante entender el contexto de la militarización en los días de hoy, sin olvidar que no se trata de algo completamente nuevo.

“La guerra es el escenario y el eje de articulación del mundo capitalista. La guerra es la fundación del estado moderno y del sistema mundial. La guerra es una constante que se vuelve política, que se normaliza, que se hace cuerpos, se hace escala, se hace una cotidianidad. Lo que estamos viviendo hoy es una reestructuración de estas formas militares”, con el enfoque ‘verde’.

Justificación para el intervencionismo

El aumento de los conflictos por acceso a los recursos derivado de la agudización de la crisis climática es una proyección recurrente en los informes de seguridad e inteligencia.

En el documento Cambio Climático y la Seguridad Internacional, de 2008, el entonces Secretario General del Consejo de la Unión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana Madariaga, subrayó que de los conflictos potenciales más significativos por los recursos se deriva de una intensificación de la competencia por el acceso a los recursos energéticos y su control.

“Debido a que gran parte de las reservas mundiales de hidrocarburos se encuentran en regiones vulnerables a la incidencia del cambio climático y debido a que muchos Estados productores de petróleo y gas hacen frente ya a desafíos sociales, económicos y demográficos de importancia, la inestabilidad aumentará probablemente”, menciona Madariaga.

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Además, previó acertadamente desde hace 14 años que “a medida que, por efecto del cambio climático, se abran regiones anteriormente inaccesibles, se intensificará la carrera por los recursos”, hecho que está ocurriendo con el deshielo glaciar en los polos, por ejemplo, que deja al descubierto recursos minerales nuevos.

El mandatario alerta que, si la comunidad internacional no hace frente a las amenazas, “la incidencia del cambio climático dará a las a la política del resentimiento entre los
mayores responsables del cambio climático y los más afectados por el mismo (…)”.

Recomienda que, en especial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G8 (el grupo de los ocho – Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) así como en los organismos especializados de las Naciones Unidas, centren su “atención en los riesgos para la seguridad relacionados con el cambio climático”.

Para la socióloga Islas Vargas, incorporar el problema climático o ambiental a la lógica militar “permite justificar el intervencionismo en territorios con amplia disponibilidad de combustibles, minerales, agua, tierra”. A su vez añade que “las zonas de provisión de recursos se vuelven áreas de conflicto; las resistencias socioambientales, objetivos de guerra o potenciales enemigos”.

Las organizaciones FUHEM Ecosocial y el Transnational Institute (TNI), en su estudio Aproximación a la seguridad climática: Los peligros de militarizar la crisis climática, también alertan sobre los riesgos de las soluciones a la crisis climática basadas en la seguridad. “El problema fundamental cuando se considera el cambio climático como un asunto de seguridad es que se responde a una crisis provocada por la injusticia sistémica con soluciones de ‘seguridad’, configuradas en una ideología e instituciones concebidas para buscar el control y la continuidad”.

Además, las soluciones basadas en la seguridad excluyen otras soluciones de tipo colaborativo. “En esta época en que controlar el cambio climático y
garantizar una transición justa exigen la redistribución radical del poder y la riqueza, la
estrategia de seguridad busca perpetuar el statu quo”.

¿Quién gana con el militarismo verde?

De acuerdo con el estudio de FUHEM Ecosocial y TNI, las ventas acumuladas de la industria de armas se duplicaron entre 2002 y 2018, de 202,000 millones de dólares a 420,000 millones de dólares, y grandes empresas, como Lockheed Martin y Airbus, ampliaron su ramo de negocio a todos los ámbitos de la seguridad.

La industria prevé, según el mismo estudio, que el cambio climático y la inseguridad, que traerá aparejada, impulsarán aun más esas ventas. En un informe de mayo de 2021, Marketandmarkets pronosticó que el sector de la seguridad nacional tendrá más ganancias debido a “condiciones climáticas dinámicas, el aumento de las calamidades naturales, el énfasis del Gobierno en las políticas de seguridad”.

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Otro factor es que las fuerzas militares de todo el mundo son los mayores contaminantes del planeta – por ejemplo, un informe del Congreso de Estados Unidos indica que el Pentágono es el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo; y el 16% del presupuesto del departamento de defensa de los Estados Unidos está destinado a la protección militar de transporte de combustible.

En torno al 66% de las misiones militares de la Unión Europea están relacionadas con asegurar la extracción y el transporte de combustibles fósiles, de acuerdo con estudio de la organización Ecologistas en Acción.

Entonces lo que están planteando es una transición energética de las propias fuerzas militares, presumiendo un militarismo ‘verde’. Por ejemplo, en 2010, de acuerdo con el informe de las organizaciones, Boeing obtuvo un contrato por 89 millones de dólares con el Pentágono para desarrollar el avión no tripulado SolarEagle, que tiene la ventaja de considerarse una tecnología ‘verde’.

Otro ejemplo mencionado en el estudio es que, en 2013, el Pentágono invirtió 5 millones de dólares para desarrollar balas sin plomo que, según las declaraciones de un portavoz del ejército de Estados Unidos, “pueden matarte o dispararle a un objetivo sin peligro para el ambiente”.

Afectación a las estructuras militares

Otra preocupación recurrente en los diferentes reportes militares son las consecuencias del cambio climático en las instalaciones e infraestructura militares, ya sean fijas o desplegadas.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses, por ejemplo, registran que han perdido más equipos e infraestructuras militares por las catástrofes naturales que por los conflictos armados de Afganistán e Irak juntos.

Un informe del Pentágono de 2018 revela que la mitad de 3,500 zonas militares padecían los efectos de seis categorías clave de fenómenos meteorológicos extremos, como marejadas ciclónicas, incendios forestales y sequías. Identificaron 1,774 bases expuestas al aumento del nivel del mar. Una de ellas, la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, es uno de los mayores centros militares del mundo y padece inundaciones anuales, según el estudio de las organizaciones.

La OTAN también ha manifestado dicha preocupación, “tendremos que adaptar nuestro equipo, formación, instalaciones, operaciones, tecnologías y asociaciones, con el fin de mantener nuestra eficacia operativa en el clima cambiante”.

^{En portada: Greenpeace cuestiona a BP sobre su slogan “más allá del petróleo” en un contexto del mayor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos.}

Las principales empresas de hidrocarburos, entre ellas ExxonMobil, Chevron, British Petroleum (BP) y Shell, han incluido un sinnúmero de programas y supuestos estudios científicos en sus sitios web que ofrecen soluciones frente al cambio climático.  Un ejemplo de ello lo muestra el sitio web de ExxonMobil, donde se enfatiza la necesidad del uso de energía a nivel planetario y por ello, resaltan ser “pioneros en nuevas investigaciones y buscan nuevas tecnologías para reducir las emisiones (de CO2)”.

No obstante, el pasado mes de septiembre la congresista estadounidense Carolyn B. Maloney, junto a Ro Khanna, presentaron un informe al Congreso de Estados Unidos (EEUU) donde develan que esta empresa eliminó de sus documentos internos la afirmación sobre su plan para aumentar la producción en 1,000% en el estado de Delaware, conocida como la cuenca del Pérmico.

La denuncia presentada por los congresistas se enfoca en lo que denominan como una campaña de desinformación sobre el cambio climático y sus efectos por parte de estas empresas, ya que “han sabido desde fines de la década de 1970 que sus productos contribuyen al cambio climático”, puntualizan.

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Pero en lugar de tomar medidas, desde la década de 1990, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, el Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) y la Cámara de Comercio de EEUU se unieron “contra posibles regulaciones sobre el cambio climático y presionaron al gobierno de los EEUU para descarrilar acciones climáticas internacionales para reducir las emisiones contaminantes de carbono”, informaron los parlamentarios.

No fue sino hasta el año 2021 que, en una audiencia, los ejecutivos de los combustibles fósiles admitieron bajo juramento “que el cambio climático es real, que la quema de combustibles fósiles contribuye a ello y que es una amenaza existencial para el planeta”. Aunque ninguno de ellos se comprometió a poner fin a su producción, por el contrario, invirtieron en otras estrategias para desviar la atención.

Lavado verde

“Necesitamos reinventar el negocio de la energía”, declaró en su discurso el director ejecutivo de BP en la Universidad de Stanford en marzo de 2002. En ese mismo tenor el directivo remarcó, “necesitamos ir más allá del petróleo”, siendo ésta una de sus principales premisas publicitarias durante las dos ultimas décadas.

BP ya sostenía desde el año 2002 que habían reducido sus “emisiones de gases de efecto invernadero en un 10 %”, pero la investigación presentada por los congresistas arremete contra la empresa al asumir que lo que han logrado hasta el momento es un “lavado

verde” a través de “publicidad engañosa”.

BP ha apostado por el llamado Uso y Almacenamiento de la Captura de Carbono (CCUS por sus siglas en inglés) como una herramienta para cumplir con los objetivos del Acuerdo Climático de París, pero, contradictoriamente, esta tecnología permite continuar con la explotación y uso de hidrocarburos, por ejemplo, en “industrias de uso intensivo de energía”, agregan el documento presentado al parlamento estadounidense.

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Según las empresas con esta tecnología el carbono capturado se puede utilizar “para mejorar la recuperación de petróleo”, es decir, para ser inyectado en los pozos petroleros y hacerlos más productivos. Esta misma estrategia es utilizada por la petrolera Shell con su programa Sky scenario, que según esta corporación “describe lo que creemos que es una ruta tecnológica, industrial y económicamente posible hacia adelante, consistente con limitar el aumento de la temperatura promedio global a muy por debajo de los 2°C desde los niveles preindustriales”.

Actualmente, solo la empresa Exxon opera una instalación de captura de carbono, en Schute Creek, Wyoming. A su vez es socia de una instalación en Australia y una más en Qatar. Durante la vida útil de las instalaciones de Schute Creek “solo ha capturado y almacenado el 3 % de su dióxido de carbono bajo tierra”, que al ser inyectados a los pozos desgastados continúan provocando las mismas emisiones, asevera el informe. Mientras, el proyecto de Australia ha fallado repetidamente en alcanzar su objetivo de almacenamiento en aproximadamente un 50%.

Mientras que estas empresas se han comprometido en sus discursos a reducir de manera integral las emisiones, los congresistas puntualizan que esto es incierto al no considerar “la quema de los combustibles fósiles que venden y que representan aproximadamente el 90% de las emisiones de la industria”.

Una muestra es ExxonMobil, que se supone ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 75 millones de toneladas, “en realidad, casi todo el dióxido de carbono que Exxon ha secuestrado se ha vendido a otras compañías de combustibles fósiles para inyectar en sus campos de petróleo agotados”, detalla el informe.

En diciembre de 2021, Exxon prometió que para 2030 alcanzaría emisiones de carbono al punto cero en sus operaciones en la cuenca Pérmica, ubicada en Nuevo México y el oeste de Texas. “Esta promesa es engañosa, porque solo cubre fugas, quema y otras emisiones operativas de CO2 y excluye la gran mayoría de las emisiones de la quema de los productos de petróleo y gas que Exxon extrae en la región”, arguyen los parlamentarios.

De hecho, en febrero de 2022, Exxon se comprometió a seguir aumentando su producción en la cuenca con la extracción de un millón de barriles de petróleo por día hasta 2024, frente a 460 mil barriles diarios que producía en 2021.

En septiembre de 2021, cuando inició esta investigación, se enfocó principalmente a lo que denominan “campaña de desinformación climática y lavado verde de la industria de los combustibles fósiles”, develando así el engaño de las industrias, sobre todo, al asumir su apoyo al Acuerdo de París. Este conjunto de empresas fue citado a una audiencia el 8 de febrero de 2022. “Se invitó a los miembros de los directorios de Exxon, Chevron, Shell y BP a testificar en esta audiencia, junto con científicos y defensores del clima, pero se negaron a comparecer”, señala la investigación.

Por su parte, los congresistas, argumentan que las promesas climáticas y la publicidad ecológica “se centran en tecnologías que las empresas han admitido en privado están a décadas de distancia para su implementación”.

Falsas alternativas

Exxon gastó al menos $68 millones de dólares en publicidad en una supuesta investigación sobre la producción de biocombustibles a base de algas.  Los congresistas alegan que esta supuesta alternativa es “engañosa”, porque se requieren millones de toneladas de algas para la producción de este tipo de energía, algo que la empresa no menciona, ya que, de lo contrario, atraería la atención del sector científico.

Por tanto, los congresistas sustentan que las compañías de petróleo y gas han tratado de crear la impresión “de que están tomando medidas ambiciosas para reducir las emisiones, sin hacerlo realmente”.

La estrategia de los gigantes del petróleo, según los parlamentarios, se basa en trucos contables, lenguaje engañoso y tácticas de demora, al grado de que se han comprometido públicamente a reducir sus gases de efecto invernadero a “cero netos” para 2050. Pero en realidad, “las compañías de combustibles fósiles se han comprometido a reducir un pequeño porcentaje de las emisiones de sus propias operaciones y disminuir la llamada “intensidad de carbono” de sus operaciones, una medida engañosa que permite que las emisiones totales de la empresa continúen aumentando con la producción de combustibles fósiles, sostiene la investigación.

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De tal modo que las empresas de los combustibles fósiles vienen desplegando, con mucha precaución, una maquinaria publicitaria “para pintar la imagen de la industria como limpia y aliada con aquellos preocupados por el cambio climático, una táctica conocida como lavado verde”, puntualiza el informe.

Los documentos recabados por el equipo de la investigación muestran que “las promesas de las empresas se basan en tecnologías no probadas” que más bien están funcionando como “una licencia social para seguir produciendo combustibles fósiles en las próximas décadas”.

Las empresas que más han contaminado con emisiones desde 1988 son: ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Peabody, Total y BHP Billiton. Las principales empresas estatales incluyen Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil, Coal India, Pemex y CNPC (PetroChina).

Las emisiones de carbón de China están representadas por el estado, en el que los productores estatales clave incluyen Shenhua Group, Datong Coal Mine Group y China National Coal Group.

El lunes (7), elementos de la Policía Nacional acompañados de militares hondureños ejecutaron un violento desalojo contra la comunidad de Punta Gorda, población garífuna establecida hace más de 225 años en la isla de Roatán, caribe hondureño.

Habitantes de la comunidad registraron el accionar violento de los elementos de seguridad y militares, quienes golpearon a los garífunas que se manifestaron contra el desalojo. Según el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda, el saldo del operativo fue de 50 garífunas con heridas considerables y 15 heridos de gravedad.

También se registró la detención de seis personas, integrantes del Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda. Estas son Melisa Martínez, Dorotea Arzú, Luis Moisés Dolmo, Richard Martínez, Keyder Tishany González y Abad Gómez.

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En testimonio recogido por el medio Contracorriente, la defensora Melisa Martínez, también integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, denunció que ella y sus compañeros sufrieron golpes por parte de miembros de la seguridad pública del Estado de Honduras y destacó que uno de ellos se encuentra herido de gravedad.

El operativo, señalaron los habitantes, responde a denuncias contra la comunidad de Punta Gorda por el supuesto delito de usurpación de tierras en el departamento de Islas de la Bahía.

No obstante, el Comité calificó el desalojo de “ilegal, violento, cobarde y racista”, debido a que, en apego al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el Pueblo Garifuna es titular de derechos de propiedad y dominio sobre las tierras y recursos que ha ocupado ancestralmente y, por tanto, tiene derechos a ser reconocidos juridicamente como los dueños legitimos de su territorio, constituyendo con ello ilegal y racista cualquier desalojo forzoso”.

Mediante comunicado, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda reiteró que los habitantes de dicha comunidad no son invasores, ni usurpadores de tierras, sino son los dueños legítimos del territorio ancestral garífuna.

Desalojos

El violento desalojo también fue calificado como ilegal por la Ofraneh. Miriam Miranda, coordinadora de dicha organización, reiteró que existen antecedentes jurídicos establecidos por la CIDH en los cuales condena las usurpaciones territoriales padecidas por el pueblo garífuna, quien se estableció principalmente en la costa atlántica de Honduras antes de la creación de dicho Estado centroamericano.

Mediante redes, la Ofraneh destacó que Punta Gorda es una comunidad garífuna que carece de título comunitario, por lo cual no es la primera vez que acontece un intento de desalojo contra su población. En abril de 2011, un grupo de 60 policías realizaron el desalojo de 12 familias de la localidad. Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el desalojo, basado en el uso de la fuerza, fue provocado también por militares que aseguraron ser propietarios de terrenos y ordenaron destruir las casas ubicadas en la zona.

Durante el actual desalojo, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda condenó la “actitud servil de los representantes departamentales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), quienes, en vez de ponerse del lado de las víctimas, aprovechando el ‘jalón’ de la Policia Nacional, respaldaron y legitimaron este violento desalojo”.

En cuanto a la situación de los integrantes presos del Comité, Miriam Miranda difundió este martes (8) por la mañana, que las seis personas fueron trasladadas al Juzgado de Roatán, “para ser sometidos a un juicio totalmente ilegal, ante un sistema judicial, racista y espurio”. Ante esta situación, el Comité demandó la liberación inmediata de sus integrantes, por lo cual convocó a una asamblea general de urgencia en las tierras recuperadas por la comunidad de Punta Gorda.

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“Si no liberan a nuestros compañeros y compañeras cerraremos el acceso a cualquier tercero que pretenda pasar por la calle principal de nuestra comunidad, incluidos trabajadores, turistas, buses, carros particulares o cualquier otro transporte hasta que liberen a nuestras hermanas y restituyan nuestro territorio ancestral”, sostuvieron los garífunas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenó la violencia contra las poblaciones que defienden legítimamente sus territorios ancestrales. También se posicionó la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras contra los “elementos de violencia institucional del gobierno de Xiomara Castro para atacar a la comunidad garífuna más antigua de este territorio.

Por su parte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn) se solidarizó con los habitantes de Punta Gorda. Así mismo repudió las acciones del Poder Judicial hondureño y exigió se investiguen “las acciones corruptas de jueces del Juzgado de Leras de Islas de La Bahía y las acciones violentas de la Policía Nacional”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también condenó la detención y las agresiones cometidas este lunes (7).

Experimento

La isla de Roatán se encuentra en la mira del proyecto de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES)  bajo la construcción del proyecto Próspera, iniciativa puesta en marcha desde mayo del 2020, el cual pretende la consolidación de la primera ciudad modelo de Honduras.

Próspera Economic Development Platform promueve el proyecto para el desarrollo de la ciudad con enfoque en turismo médico, educación superior, viviendas sostenibles y la diversificación de la economía de la isla. Entre las principales atracciones del proyecto se encuentra la oferta de exenciones de impuestos sobre ingresos extranjeros, maniobra para atraer inversiones internacionales.

Sin embargo, la iniciativa de las ZEDES, apoyada por la administración del ex presidente Juan Orlando Hernández, recibió un revés en abril del 2022 cuando el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica que les dio sustento legal. La acción de los congresistas fue resultado de la movilización social que criticó el proyecto por considerar que se cedían territorios a inversores extranjeros.

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Recientemente, el pasado jueves (3), Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico, informó que la ZEDE Próspera está preparando una demanda por daños y perjuicios valorada en 10,700 millones de dólares en contra del Estado de Honduras tras la derogación de la Ley.

Al mismo tiempo, el pueblo garífuna espera la visita de una misión de la CIDH a finales de noviembre, quien harán una visita in situ para conocer la situación de comunidades en conflicto por su territorio, pues situaciones similares a lo que acontece en Punta Gorda suceden en territorios garífunas de Tela, en comunidades de San Juan y Triunfo de la Cruz.

Pese a que desde el año 2015 existen sentencias de la CIDH que obligan al Estado de Honduras a resarcir el daño resultado de la violación de derechos al territorio de comunidades garífunas, fue hasta abril de este 2022 que el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, difundió su interés por comenzar a cumplir dichas sentencias favorables a las comunidades afroindígenas.

Para la Ofraneh, el incumplimiento de estas sentencias ha derivado en el incremento de la violencia contra las poblaciones garífunas, quienes durante los últimos años han reportado asesinatos y desapariciones de defensores de sus territorios ancestrales.

^{En portada: Familias desplazadas de Santa Martha, municipio de Chenalhó, se manifiestan contra la impunidad de los ataques armados en la región.}

En los últimos días de octubre, familias desplazadas violentamente de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en Chiapas, se manifestaron en San Cristóbal de las Casas para exigir la desarticulación de grupos armados, la aparición con vida de personas desaparecidas y el retorno seguro a su lugar de origen.

Los indígenas tzotziles tuvieron que abandonar un centenar de viviendas debido a que el pasado 29 de septiembre un grupo armado de Chenalhó atacó su comunidad, tras lo cual reportaron 244 personas desplazadas de todas las edades, niños, mujeres y ancianos.

Durante la marcha difundieron que, tras el ataque, el cual duró más de cuatro días, contabilizaron 15 personas desaparecidas, así como el asesinato de siete adultos y tres menores de edad. Las familias recorrieron el centro de San Cristóbal para exigir castigo a los asesinos, el cese de la impunidad y justicia ante la situación de violencia en la región de los Altos de Chiapas.

Los indígenas desplazados se encuentran refugiados en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio de Chenalhó donde desde principios de octubre han recibido ayuda humanitaria, la cual no es suficiente, sobre todo por la situación de vulnerabilidad de los niños.

De acuerdo con datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre los años 2010 y 2021 se registró el desplazamiento forzado de 14 mil 476 personas en al menos 15 municipios del estado de Chiapas.

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Entre las organizaciones que realizan el registro se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) para quien el conflicto en Chenalhó existe por el inadecuado deslinde territorial, por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, entre los pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha en Chenalhó. A esto se suma la omisión para resolver dicha situación por parte del Estado, lo que ha permitido la continuación del conflicto entre las comunidades indígenas.

En Chenalhó existe presencia paramilitar debido a las operaciones de contrainsurgencia después del levantamiento armado en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y destaca el número de familias desplazadas del municipio vecino de Chalchihuitán, donde debido a la violencia se ha reportado el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

Crisis

En comunicado difundido en octubre, el CDH Frayba señala la responsabilidad del Estado mexicano por la omisión ante los ataques y el mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en los Altos de Chiapas. Según el Frayba, estos “amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia”.

La organización de derechos humanos destaca que en diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, debido a que “actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico”.

Desde el año 2011, el CDH Frayba ha documentado 40 conflictos donde destaca la operación de grupos armados, de los cuales 33 casos registraron el uso de armas de alto calibre. La mitad de estos eventos se desarrollaron en los Altos de Chiapas, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.

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Según Frayba, los actores que participan en los ataques son diversos, “desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional”.

Para la organización son varias las causas de esta crisis de violencia. Entre ellas destaca que la descomposición social actual es producto de conflictos políticos-militares irresueltos, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.

“La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales”, enfatiza la organización.

^{En portada: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca.}

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

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Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

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Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.