Quinta Parte: LA MIRADA Y LA DISTANCIA A LA PUERTA.
Octubre del 2020.
Supongamos que es posible elegir, por ejemplo, la mirada. Supongamos que usted puede librarse, así sea por un momento, de la tiranía de las redes sociales que imponen no sólo qué se mira y de qué se habla, también cómo mirar y cómo hablar. Entonces, supongamos que usted levanta su mirada. Más arriba: de lo inmediato a lo local a lo regional a lo nacional a lo mundial. ¿Lo mira? Cierto, un caos, un desbarajuste, un desorden. Entonces supongamos que usted es un ser humano; vaya, que no es una aplicación digital que, velozmente, mira, clasifica, jerarquiza, juzga y sanciona. Entonces usted elige qué mirar… y cómo mirar. Pudiera ser, es un supositorio, que mirar y juzgar no sean lo mismo. Así que usted no sólo elige, también decide. Cambiar la pregunta de “eso, ¿está mal o bien?”, a “¿qué es eso?”. Claro, la primera cuestión lleva a un debate sabroso (¿todavía hay debates?). Y de ahí al “Eso está mal –o bien- porque yo lo digo”. O, tal vez, hay una discusión sobre qué es el bien y el mal, y de ahí a los argumentos y citas con pie de página. Cierto, tiene usted razón, eso es mejor que recurrir a “likes” y “manitas arriba”, pero le he propuesto cambiar el punto de partida: elegir el destino de su mirada.
Por ejemplo: usted decide mirar a los musulmanes. Puede usted elegir, por ejemplo, entre quienes perpetraron el atentado contra Charlie Hebdo o entre quienes marchan ahora por los caminos de Francia para reclamar, exigir, imponer sus derechos. Puesto que usted ha llegado a estas líneas, es muy probable que se decante por los “sans papiers”. Claro, también se siente usted en la obligación de declarar que Macron es un imbécil. Pero, obviando ese rápido vistazo hacia arriba, usted vuelve a mirar los plantones, campamentos y marchas de los migrantes. Usted se pregunta por el número. Le parecen muchos, o pocos, o demasiados, o suficientes. Ha pasado de la identidad religiosa a la cantidad. Y entonces usted se pregunta qué quieren, por qué luchan. Y aquí usted decide si acude a los medios y las redes para saberlo… o les escucha. Suponga que les puede preguntar. ¿Les pregunta usted su creencia religiosa, cuántos son? ¿O les pregunta por qué abandonaron su tierra y decidieron llegar a suelos y cielos que tienen otra lengua, otra cultura, otras leyes, otro modo? Tal vez le respondan con una sola palabra: guerra. O tal vez le detallen lo que esa palabra significa en su realidad de ellos. Guerra. Usted decide investigar: ¿guerra dónde? O, más mejor. ¿por qué esa guerra? Entonces le abruman con explicaciones: creencias religiosas, disputas territoriales, saqueo de recursos o, simple y llanamente, estupidez. Pero usted no se conforma y pregunta por quién se beneficia de la destrucción, del despoblamiento, de la reconstrucción, de la repoblación. Encuentra los datos de diversas corporaciones. Investiga a las corporaciones y descubre que están en varios países, y que fabrican no sólo armas, también autos, cohetes interestelares, hornos de microondas, servicios de paquetería, bancos, redes sociales, “contenido mediático”, ropa, celulares y computadoras, calzado, alimentos orgánicos y no, empresas navieras, ventas en línea, trenes, jefes de gobierno y gabinetes, centros de investigación científica y no, cadenas de hoteles y restaurantes, “fast food”, líneas aéreas, termoeléctricas y, claro, fundaciones de ayuda “humanitaria”. Usted podría decir, entonces, que la responsabilidad es de la humanidad o del mundo entero.
Al CCRI-CG EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los medios de comunicación, independientes, alternativos o como se llamen.
Al pueblo de México y al Mundo.
Herman@s.
12 DE OCTUBRE. 528 AÑOS DE RESISTENCIA
*JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y CONTRA LA GUERRA AL EZLN, LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
Este 12 de octubre, se cumplen 528 años del mal llamado Encuentro de Dos Mundos; este aniversario que para unos pocos es motivo de festejo, para nosotros los pueblos originarios y los pobres de México, es una fecha que nos recuerda el inicio del sufrimiento, de la destrucción de nuestras culturas y el despojo de nuestras tierras y de los bienes que en ellas existen. Pero también es un día en el que celebramos la Resistencia Digna de nuestros pueblos, rememoramos qué en estos 528 años, nuestros abuelos y abuelas, nuestros padres y madres han luchado para defender lo nuestro, es una fecha que tiene un gran valor simbólico, por ello y frente a la grave situación que vivimos y ante la urgente necesidad de levantar la voz y exigir sean respetados los derechos de nuestros pueblos, los estamos convocando a sumarse una gran jornada de movilización nacional.
Vivimos una larga noche que dura ya 528 años, tiempo donde los invasores y sus descendientes han sometido con violencia y engaños a muchos de nuestros pueblos, no son pocos los que han sucumbido ante la avaricia y la sed de ganancia de los poderosos, mientras muchos otros, la gran mayoría sobreviven en medio de la pobreza, la violencia y la discriminación.
Nuestros pueblos dieron su esfuerzo y su sangre para expulsar al conquistador español, sin embargo, una vez independientes, nuestras gentes no encontraron la libertad; ofrendaron a sus hijos para expulsar a los invasores norteamericanos y franceses, pero siguieron sufriendo despojos y violencia; se levantaron en contra del Dictador Díaz, al que derrotaron, pero los gobiernos que asesinaron a Flores Magón, a Villa y a Zapata han estado al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros. A pesar de tanta lucha, nuestras gentes siguen enfrentando día a día la violencia, la miseria y los atropellos de los poderosos.
Eran las cinco de la mañana del día 18 de Julio del 2020 cuando treinta hombres fuertemente armados, portando distintivos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), ingresaron a la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz en el Departamento de la Atlántida, Honduras.
Dicho grupo está involucrado en un supuesto operativo en el cual se allanaron siete viviendas y secuestraron a cinco personas de la comunidad, entre ellos líderes y un miembro del patronato. De acuerdo a testimonios de la comunidad, los elementos que se identificaron como agentes de la DPI tenían plenamente ubicadas a las personas, sus viviendas y las de sus familiares cercanos.
En entrevista con Miriam Miranda, coordinadora garífuna de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) comenta: “la primera persona detenida fue el Sr Gerardo Mizael Róchez Cálix, luego de un allanamiento a su vivienda. Posteriormente, el operativo se dirigió́ a la casa del presidente del patronato, el Sr. Alberth Sneider Centeno, quien también fue detenido luego de ingresar de manera violenta a su vivienda. En tercer lugar se dirigieron a la vivienda del Sr. Suami Aparicio Mejía García, en este lugar, agredieron a su madre y a su hermana. Luego, el padre del Sr. Martínez Álvarez condujo a los perpetradores al lugar donde se encontraba su hijo. En este lugar, el Sr. Milton Joel Martínez Álvarez fue privado de la libertad además de una quinta persona, de nombre Junior Rafael Juárez Mejía”.
Para entender este asedio de Juan Orlando Hernández (JOH), presidente de Honduras, en contra de las comunidades Garífunas, también es necesario entender los antecedentes que le dieron las bases a este narcogobierno para atacar, destruir y exterminar a los Garífunas.
Desde inicios del siglo XX existe un plan de despojo, desprecio y desplazamiento sistemático contra las comunidades Garífunas. Esto inició cuando las compañías bananeras se apropiaron de los territorios Garífunas a través de la concesión de los 100 años. Décadas después, en los años 70s y 80s, con la Reforma Agraria, los militares se apoderaron de otra porción del territorio Garífuna y junto con el Instituto Nacional Agrario (INA) se lo entregaron a los portentosos empresarios de la palma aceitera.
El 29 de octubre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH”) el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros contra la República de Honduras (CIDH, 2015). La misma fue admitida el 14 de marzo.
Miriam relata que: “A partir del golpe de Estado del año 2009, el Congreso Nacional golpista y sus actuales herederos (JOH), no han cejado en forjar leyes al servicio del capital foráneo en detrimento de los intereses del pueblo hondureño y en especial al más del 80% del territorio Garífuna. Desde julio del 2009, Honduras se convirtió en un epicentro del narcotráfico en el istmo además de pasar a ser el país más violento del planeta. Es entonces cuando iniciaron los ataques, amenazas, criminalización y asesinatos en contra de líderes defensores de los territorios Garífunas, durante el juicio ante la Corte IDH en el 2015.
En los dos casos de la Sentencia mencionados, el Estado de Honduras negó la condición indígena y tribal de la comunidad Garífuna, argumentando: “la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz no es una comunidad originaria de Honduras o de la región, por lo cual no puede ser considerada como un pueblo indígena”, y que, “por el hecho de no ser un pueblo originario no puede invocar el derecho a tierras ancestrales”. Con eso el Estado también reflejó no solo su desprecio al pueblo Garífuna sino su negativa para el cumplimiento de las sentencias, que no es más que devolverles el territorio robado a las comunidades beneficiarias”, señala Miranda, fue hasta el 8 de octubre de 2015 cuando la CIDH declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la violación al derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz y sus miembros.
Además, la Corte ordenó al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.“Después de la sentencia de la Corte, los presidentes de patronatos se convirtieron en objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, para con ello ceder en la exigencia del cumplimiento de esta”,recuerda Miriam Miranda.
La comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, se ubica en el departamento de Atlántida, municipio de Tela, a orillas del mar Caribe. Es de carácter rural y cuenta con una población aproximada de 10.000 habitantes. El origen del Pueblo Garífuna data mucho antes de la invasión colonial, tiene sus raíces en los pueblos indígenas Arawako y Karina. De la unión de estos pueblos emergieron los Kariphunas (caribes), quienes también se mezclaron con ancestros de origen africano.
En 1797, fue desplazado, despojado y exiliado de su territorio original y espiritual, llegando el 12 de abril del mismo año a la Isla Roatán y de ahí se dispersaron a tierra firme en el territorio de lo que hoy es la costa norte hondureña y hacia la costa del Caribe de Guatemala, Nicaragua y Belice. Según la tradición oral, el Garífuna nunca fue esclavizado, es el único pueblo negro en las Américas que mantiene una lengua propia diferente a las lenguas de la colonia.
San Juan Garifuna. Foto por Angel Huerta 2017
Las comunidades Garífunas han sido blanco de despojo desde hace mucho tiempo, por lo cual Miriam Miranda realiza un recuento sobre el asedio.“El primer hecho de invasión fue cuando el 6 de julio de 1969 la empresa MACERICA adquirió un terreno de unas 50 hectáreas situado en el lugar denominado “Río Plátano; seguido, entre agosto de 1993 y julio de 1995 la Municipalidad de Tela vendió́ aproximadamente 44 hectáreas de tierras de la comunidad a favor de la empresa IDETRISA. El 15 de enero de 1997, la Corporación Municipal de Tela acordó traspasar al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Municipalidad de Tela 22.81 manzanas ubicadas en el territorio de la Comunidad.”
“En el 2000, el Congreso Nacional de manera inconsulta crea el área protegida y parque nacional Punta Izopo (Decreto No 261-2000), cediendo la administración a la organización no gubernamental PROLANSATE. Más adelante, la venta de 39,611.02 m2 de tierra a favor de la empresa Punta Hisopo Resort R.L de C.V. Desde el 2013 la construcción del proyecto turístico de Playa Escondida y el de “Laguna Negra” ,señala Miriam.
Triunfo de la Cruz. Foto por Martín Stoianovich
Desaparecidos
El 19 de julio de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y distintas organizaciones de la sociedad civil condenaron la desaparición forzada del defensor de los derechos del pueblo Garífuna Alberth Sneider Centeno, Presidente del Patronato de la comunidad de Triunfo de la Cruz y miembro activo de la OFRANEH y de las demás personas que fueron secuestradas junto con él.
“El objetivo principal de esta desaparición era el compañero Alberth Sneider Centeno. Snaider (como lo llamamos)”, nos comenta Miriam, “él estaba haciendo una lucha frontal por el cumplimiento de la Sentencia de la CIDH y por la recuperación del territorio invadido por autoridades de la municipalidad de Tela, proyectos habitacionales, la Fundación PROLANSATE y los palmeros de la región. Dos más de los compas, eran familiares y compañeros del Presidente del Patronato y que lo habían acompañado en más de alguna vez en esas acciones de lucha. Los dos restantes eran allegados a la comunidad y muy poca información tenemos sobre su vinculación con las acciones de la comunidad.”
La razón de nuestra afirmación, continúa Miranda: “es que Snaider había denunciado constantes amenazas en su contra y el Estado no hizo nada para protegerlo. Y, además, los patronatos son los garantes de salvaguardar los títulos comunitarios. En el título definitivo que otorgó el INA a la comunidad de Triunfo de la Cruz el 26 de septiembre del 2001, se establece que constituye un patrimonio inalienable de la comunidad, excepto en los casos en que la transferencia de dominio se haga a favor de miembros de la comunidad, con aprobación de la Junta Directiva del Patronato. Por esta razón, en 2005 la Municipalidad de Tela promovió un patronato paralelo al electo por la comunidad, situación que se mantuvo hasta el año 2010.”
El 6 de agosto de 2020, la CIDH notificó al Estado de Honduras la Resolución adoptada por la Presidencia de la Corte que requiere la adopción de medidas urgentes en el caso de las Comunidades Garífunas de Honduras del Triunfo de la Cruz y Punta Piedra Vs. Honduras. En su resolución, la Presidenta Jueza Elizabeth Odio Benito resolvió: “Requerir al Estado de Honduras que adopte todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero de las cinco personas secuestradas, que adopte todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida, e integridad personal de los integrantes de las Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra.”
Además que “el Estado de Honduras desarrolle colectivamente acciones de defensa de los derechos del pueblo Garífuna, así mismo el Estado deberá coordinar inmediatamente con los beneficiarios de estas medidas, o sus representantes, la planificación e implementación de las mismas y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de su ejecución”.
Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha requerido al Estado de Honduras en dos ocasiones, en estos más de 60 días de la desaparición de los cinco integrantes de la comunidad Garífuna . La CIDH ha llamado al Estado a que adopte todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero de Junior, Milton, Suami, Gerardo y Albert y que presente información actualizada a la Corte sobre las medidas de protección que fueron adoptadas a más tardar el 28 de septiembre de 2020.
Triunfo de la Cruz. Foto por Martín Stoianovich
El Estado omiso
Sin embargo Miriam acusa que “El Estado se ha mantenido hermético y no ha querido brindar ninguna información, argumentando que no quieren entorpecer la investigación. Lo único que ha dicho el Estado es que tienen avances significativos, sin embargo, estos avances no se han comunicado ni a los familiares de las víctimas, ni a la OFRANEH. El caso se encuentra actualmente en la Fiscalía Especializada de Delitos Contra La Vida de San Pedro Sula, que trabaja de manera coordinada con la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, así ́ como con la asesoría de un experto de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural. Además, está involucrada la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras.”
Por su parte, el Estado de Honduras en la información vertida hacia la CIDH asegura que “El Estado no controvirtió dicha información, únicamente mencionó que ponía en duda la verdadera identidad de los secuestradores que podrían haber utilizado indumentaria utilizada por la Dirección Policial de Investigaciones, y que aún se encuentra investigando esos hechos. Asimismo, el Estado aportó información sobre un análisis de riesgo que se efectuó el 20 de marzo de 2020 a Alberth Sneider Centeno que dio como resultado un riesgo grave”.
Por su parte, la Corte expresa que“además, el Estado reconoció que no se habían implementado medidas de protección a favor de los integrantes de esa comunidad e indicó que, en vista del contexto, se ha determinado tener acercamientos con líderes garífunas y se tiene previsto iniciar acciones preventivas mediante un trabajo integral con los defensores de las comunidades garífunas y el equipo de Prevención y Análisis de Contexto de la Dirección General del Sistema de Protección, con la finalidad de tratar los riesgos estructurales a los que se puedan ver expuestos.”
Por otro lado, Miranda asegura que “hace más de tres semanas ha manifestado el Estado que tiene un testigo protegido y que además tiene la pista de los perpetradores y que en los próximos días estaría ejecutando detenciones relacionadasal caso. Hasta la fecha se desconoce el paradero o los avances en la investigación de la búsqueda”.
“Asimismo el Comité contra la Desaparición Forzada de la las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, ha requerido al Estado hondureño para que adopte medidas orientadas a la búsqueda de los muchachos desaparecidos, que brinde protección a los familiares e involucrar a los representantes de la comunidad y las víctimas en la investigación. Además pide enviar información al Comité sobres las medidas adoptadas por el Estado con relación a estas preocupaciones y recomendaciones antes del día 3 de septiembre de 2020, lo cual no tenemos información si el Estado envió esta información”, señala Miranda.
“La situación actual es aún más alarmante”, apunta la coordinadora de la OFRANEH pues “ya no se trata de criminalización o persecución, lo que están haciendo es desaparecer y asesinar a nuestros líderes y lideresas. Tal como lo hemos señalado, en el 2019 para acá más de 25 miembros de la comunidad Garífuna han sido asesinados y la mayoría estaban ligados a alguna lucha de defensa del territorio. Lo más reciente, el asesinato de un líder de la comunidad de Punta Piedra, el señor Antonio Bernárdez, justo en el territorio en litigio por la invasión de terceros y rodeado de palma africana.”
De acuerdo a la organización Global Witness en su informe publicado el 29 de Julio de 2020 llamado “Defender el Mañana,La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente”, destaca que “en Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018 a 14 en 2019, convirtiéndolo en el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019, considerando los asesinatos per cápita. A su vez, es el país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales contra activistas.”
Triunfo de la Cruz. Fotos por Martín Stoianovich 2017
Megastar Development Corp, Inomin Mines, G79 Gold79 Mines Ltd, Minaurum Gold se unen a la lista de más de 400 concesiones vigentes en Oaxaca
Por Daniel Arellano Chávez
En este espacio revelamos que la empresa transnacional Minaurum Gold tiene la intención de avanzar sobre las tierras de la selva de los Chimalapas, con una “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”. Sin embargo, no es la única empresa interesada en territorios del estado de Oaxaca, y esto lo demuestra la intensa actividad de trasferencia, adquisición y compra de concesiones mineras realizada durante el mes de agosto de 2020, por las mineras G79 Golden 79 Mines Ltd, Inomin Mines y Megastar Development.
Medios especializados en el sector minero transnacional, publicaron el 5 de agosto: “Aura Resources Inc. se complace en anunciar que de conformidad con una resolución aprobada por su junta directiva el 28 de julio de 2020, la Compañía cambió su nombre a “Gold79 Mines Ltd.”, de esta manera concesiones mineras establecidas en Oaxaca cambian el nombre del titular, sin que esto sea regulado por el gobierno federal y las instituciones encargadas del sector.
Para tener idea de lo que ocurre con una sola concesión minera, el territorio de Taviche concesionado, con otras delimitaciones, nombres de lote u asociaciones derivadas para muestreos y exploraciones; ha estado en manos o interés de las siguientes empresas: Aura Silver Resources Inc, Intrepid Mines Ltd, Pan American Silver Corp, Minaurum Gold, Newstrike Capital Inc, Maverix Minerals, Fortuna Silver Mines.
Gary R. Thompson, ahora presidente de G79 Gold79 Mines Ltd declaró: “Estoy emocionado de asumir el cargo de presidente y convertirme en un accionista importante de Gold79. Nuestro objetivo es crear valor para los accionistas aumentando nuestro sólido equipo técnico y haciendo un seguimiento de los éxitos de exploración anteriores. Tres de nuestros proyectos prioritarios “.
El “Higo Blanco”
Entre los territorios que la nueva empresa minera presume como proyectos, se encuentran 986 Hectáreas de los municipios de San Pedro Taviche y San Jerónimo Taviche. El proyecto minero llamado Higo Blanco, ubicado en Taviche Oaxaca, es “propiedad” en 80% de otra empresa minera, llamada Minaurum Gold y 20% “propiedad” de G79 GOLD79 MINES LTD, las exploraciones realizadas con anterioridad en los años 2009 y 2011, señalan que existe una mineralización “robusta” de plata, significa que por cada tonelada de territorio, la empresa obtendrá de medio gramo a 1 gramo de plata, lo que en términos de explotación minera es redituable, además en el territorio existe oro aún en menor proporción por tonelada.
La Gitana y Peña Blanca
Inomin Mines por su parte compró los proyectos denominados La Gitana y Peña Blanca ubicados en Oaxaca, a la empresa Gunpoint Exploration en agosto de 2020, pagando con un millón de acciones, 25 mil dólares en efectivo y una regalía de 1.5% del valor de la explotación a la anterior empresa posesionaria de la concesión, lo que significa un beneficio directo para sus propietarios e inversionistas, dado que las acciones de la empresa dieron un salto de 700% en su valor financiero, sin embargo esta transacción no deja un solo centavo en el territorio concesionado ni para la administración del gobierno federal.
En La Gitana, 38 barrenos perforaron las tierras de Yautepec encontrando oro y plata. Peña Blanca por su parte a unos escasos kilómetros presenta mineralización de oro y plata dentro de un sistema que alcanza una extensión de 9km.
Inomin Mines aún tiene que detallar sus planes para los proyectos, pero dijo que “sistemas mineralizados que no han sido sometidos a pruebas en Peña Blanca requerirán seguimiento.”, es decir se torna inminente una ola de exploraciones mineras en este territorio.
Rama de Oro, Magdalena y Yautepec
Megastar Developmen Corp por su parte anunció también en agosto de 2020, “que ha modificado los acuerdos de opción mediante los cuales la Compañía puede adquirir una participación íntegra del 100% en los proyectos Rama de Oro, Magdalena y Yautepec (los “Proyectos”), ubicados en el estado de Oaxaca, México, mediante la extensión de las fechas de vencimiento para los gastos de exploración en cada Proyecto.”
Los gastos por el proyecto Rama de Oro fueron de US $ 350,000, los compromisos de gastos de Magdalena y Yautepec, ascendieron a US $ 310,000 y un agregado de US $ 12,500 al vendedor, quien es un director de otra Compañía minera, es decir un total de 672 MIL 500 Dólares, un equivalente a 14 millones 721 mil 25 pesos mexicanos, de los cuales una vez más ni la administración federal, ni las comunidades afectadas reciben un solo centavo.
“Nos complace tener la flexibilidad del tiempo adicional para cumplir con los compromisos de exploración en nuestros proyectos, dados los desafíos del mercado de 2019 y las restricciones de COVID-19 de 2020”, declaró Dušan Berka, CEO de Megastar. Esperamos reanudar el trabajo de campo para seguir avanzando en nuestros éxitos de exploración en las primeras etapas de estos proyectos de primer nivel “.
La forma de actuar de las empresas transnacionales es bien sabida, una combinación de corrupción, tratos clandestinos con autoridades que venden a sus pueblos, presiones de otros órdenes de gobierno sobre las comunidades, tanto desde el ámbito estatal y federal, hasta llegar al hostigamiento, la amenaza, la represión auxiliándose de fuerzas estatales y no estatales, hasta llegar al asesinato.
La empresa señala que en los territorios de Oaxaca, “los representantes de Megastar están volviendo a interactuar con los líderes comunitarios en cada una de las tres áreas del proyecto. Mientras tanto, se están finalizando los planes para las próximas etapas del trabajo de campo que darán seguimiento al exitoso trabajo de exploración realizado en 2019. La Compañía asesorará a los accionistas una vez que se haya establecido un plazo firme para este trabajo.”
En plena pandemia en un ambiente de creciente violencia y crisis económica en Oaxaca, las mineras transnacionales siguen generando ganancias con base a las concesiones mineras bajo su control. El oro batió un récord al transarse en US$2.061,50/oz en la sesión matutina del 7 de agosto en Londres, mientras que la plata alcanzó un máximo de siete años al cerrar en US$28,33/oz esa misma jornada.
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En Canadá se complacen con el anuncio de una nueva empresa minera, en Oaxaca los pueblos se mantienen a la expectativa sobre qué sucederá en sus territorios. “Nos están sentenciando a una muerte segura” afirmaron en su denuncia las autoridades de Magdalena Ocotlán, al señalar la contaminación ambiental por un derrame químico el pasado 10 de julio de 2020 y el anterior ocurrido en octubre de 2018, que legalmente para la empresa Fortuna Silver Mines solo tuvo por sanción, una multa por 800 mil pesos de parte del actual gobierno federal, la expansión de las mineras mantiene en alerta a las poblaciones de los Valles Centrales.
El Panorama Minero del Estado de Oaxaca, documento publicado en los últimos días de 2018 por la actual administración del gobierno federal, reconoce 427 concesiones mineras vigentes; mientras estas no sean canceladas, la especulación financiera, que genera ganancias económicas para las corporaciones continuará, a la vez los pueblos que son afectados y muchas veces concesionados sin siquiera saberlo, seguirán en la incertidumbre sobre qué ocurrirá con su territorio y por ende con la vida de sus habitantes, Oaxaca es un claro ejemplo de esta situación.
En tiempos de emergencia ambiental y climática la defensa de las selvas del mundo se vuelve una responsabilidad global. El papel ecológico que juegan estos ecosistemas es fundamental para el equilibro planetario y por lo tanto son territorios clave para disminuir los impactos de los cambios globales, incluido el cambio climático. Entre otras muchas funciones, son grandes reservorios de agua dulce y permiten fijar cantidades de CO2 muy superiores a las de otros lugares. En definitiva, evitar la desaparición de las regiones más biodiversas del planeta es esencial para que la especie humana pueda aspirar a un futuro sostenible. Además, el derecho de las diversas formas de existencia y la libre determinación de los pueblos que habitan y cuidan estas selvas desde hace miles de años no es negociable. No podemos permitir que las ansias de enriquecimiento de una minoría privilegiada y las demandas excesivas de materiales de la sociedad industrial sirvan de excusa para acabar con un patrimonio tan valioso. El agotamiento de los recursos no se soluciona extrayendo más hasta esquilmar todo el planeta, sino consumiendo menos y reciclando los materiales que ya se han utilizado.
En esta ocasión se trata de la selva de los Chimalapas ubicada en el sur de México (istmo de Tehuantepec, Oaxaca) que está amenazada entre otras cosas, por megaproyectos mineros a cielo abierto. Estas actividades extractivas generarían enormes impactos ambientales en uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta, alterando miles de hectáreas de selva y contaminando las importantes masas de agua dulce que existen en este territorio que alcanza 594.000 hectáreas de propiedad comunal.
Atendiendo a esta realidad, demandamos a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México:
Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México niegue definitivamente el permiso de exploración para el megaproyecto minero denominado “Santa Marta”, promovido por la empresa canadiense Minaurum Gold Coper.
Que la Secretaría de Economía del Gobierno de México no otorgue las cuatro solicitudes de concesiones mineras que se encuentran en tramite, cuya superficie abarca aproximadamente 107.383,63 hectáreas (aunque afectaría a mucho más territorio) de dónde pretenden extraer oro (Au), plata (Ag), cobre (Cu) y plomo (Pb).
Que el Gobierno de México junto con los organismos internacionales respeten y reconozcan los derechos inalienables de propiedad comunal del territorio (incluyendo el subsuelo) por parte de los pueblos indígenas zoques (Angpøn) que habitan y cuidan la selva de Los Chimalapas desde hace milenios.
Que el Gobierno de México junto con los organismos internacionales articulen las medidas necesarias para el reconocimiento de los valores ecológicos y bioculturales de este territorio, y para su protección efectiva asegurando así la vida del pueblo indígena zoque de Chimalapas.
Expresamos de este modo nuestro apoyo y nuestra solidaridad internacional con la defensa del territorio del pueblo zoque, porque salvar la selva de Los Chimalapas es dar un paso más en la defensa del planeta, la vida y la humanidad.
Para firmar (antes del 7 de Septiembre) rellenar el siguiente formulario https://forms.gle/rB8DTBQMqH5onHx56 o enviar un correo electrónico a selvachimalapas@gmail.com incluyendo los siguientes datos: personal académico o investigador (nombre y apellidos, país, institución a la que pertenecen, y/o grupos de investigación), profesionales (nombre y apellidos, país, profesión, institución/empresa), ecologistas, defensoras y defensores del territorio (nombre y apellidos, país, y organización o pueblo). Artistas (nombre y apellidos, país, y expresión artística que realizan). Organizaciones y colectivos (nombre, siglas y país).
Comunicado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua
Morelos-Puebla-Tlaxcala
10-09-20
● DECLARACIÓNES DEL GOBIERNO FEDERAL SON MENTIRAS: NO ESTAN TODOS LOS AMPAROS RESUELTOS, APENAS SE HA RESUELTO EL 8% DE MANERA DEFINITIVA, EXISTEN VIGENTES 6 SUSPENSIONES
● ALERTA DE DERECHOS HUMANOS: LA DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE IMPLICA UN AVISO DE REPRESIÓN VIOLENTA EN CONTRA DE QUIENES ESTAMOS LUCHANDO CONTRA EL PIM
● OMISIÓN DE JUSTICIA: NO SE HA RESUELTO EL CASO DE SAMIR Y LAS VIOLACIONES A LOS DDHH COMETIDOS POR EL PROYECTO
● PEDIMOS DIALOGO PUBLICO: PRESIDENTE, QUEREMOS, UNA HORA DE DIALOGO EN SU MAÑANERA
El día de hoy 10 de septiembre, en su rueda de prensa mañanera, Andrés Manuel López Obrador declaró que la termoeléctrica en Huexca estará ya funcionando para el mes de diciembre ya que “TODOS LOS PROCESOS LEGALES SE HAN RESUELTO”.
Andrés Manuel utiliza su posición de poder para mentir, manipular y violar la ley para impulsar un proyecto que hemos demostrado los pueblos afectados tanto desde lo legal como en lo ambiental los graves daños que traerán a las personas y a los territorios que habitamos cerca del volcán Popocatépetl.
El presidente dice que todos lo procesos legales están resueltos, que ya no hay problema legal, le decimos que deje de mentir, no es cierto, el Proyecto Integral Morelos de los 17 amparos activos que matenía en el primer semestre del 2020 se mantienen 15 amparos, solo el 8.5% se ha resuelto de manera definitiva, de las 8 suspensiones con efectos definitivos (en lo que dura el amparo y sus recursos), siguen vigentes 6. Los dos que declara la Ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, hoy Secretaría de Gobernación, representan 2 de 8 suspensiones que se resolvieron de una manera muy cuestionable.
Actualmente existen al menos 3 suspensiones de plano que impide el uso del agua para la termoeléctrica de los ejidos de Moyotepec, Tenextepango y Valle Velazquez, 1 suspensión más que impide la descarga de las aguas de purga de la termoeléctrica interpuesto por la comunidad de Huexca, 1 suspensión de plano mas del ejido de Amilcingo que impide el funcionamiento del Gasoducto Morelos y otras mas que, mas que suspensión, es una sentencia que amparó a las comunidades de Atlixco con el Gasoducto Morelos ordenando se realice la consulta, siendo el caso que la consulta no ha finalizado y por lo tanto no se puede volver a violar su derecho a una consulta libre, previa, de buena fe y adecuada culturalmente. En total seis suspensiones de hecho, 91.5% de los procesos abiertos está lejos de haber llegado al final del debate jurídico nacional.
Las organizaciones indígenas, campesinas y urbanas, de la sociedad civil que abajo firmamos, manifestamos nuestro enérgico repudio a la escalada de descalificación y provocación montada por el gobierno federal contra las organizaciones y comunidades que defienden de diversas maneras los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos mayas de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, sus comunidades y sus habitantes.
Para el Presidente de la República solo hay liberales y conservadores, en nuestro aporte a su comprensión de la realidad queremos decirle que nosotros no encuadramos en ninguna de esas categorías, los pueblos indígenas somos comunales y en consecuencia no comulgamos con las
propuestas de desarrollo capitalista que se fundamentan en la propiedad privada.
El Concejo Indígena de Gobierno- Congreso Nacional Indígena repudiamos el cobarde ataque de integrantes del grupo paramilitar llamado Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que el pasado sábado 22 de agosto alrededor de las 11:00 de la mañana robaron y quemaron las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, que se encuentra ubicado en el sitio conocido como crucero de Cuxuljá, Municipio Autónomo Lucio Cabañas, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.
La organización paramilitar ORCAO ha mantenido desde hace años una presión y violencia constante sobre las comunidades zapatistas; como es el caso del Municipio Autónomo Moisés Gandhi, para detener la organización autónoma, privatizar las tierras que han costado la lucha y organización de los pueblos originarios bases de apoyo zapatistas, para amedrentar y amenazar a las y los compañer@s que desde abajo vamos apostando por la esperanza, como las diversas agresiones en contra de compañeros del Congreso Nacional Indígena, que fueron violentados y secuestrados por paramilitares de ORCAO, los Chinchulines y gente del partido MORENA.
Denunciamos la guerra que, desde arriba, se está desplegando en contra de la organización de las comunidades zapatistas, al mismo tiempo que arriba los malos gobiernos buscan imponer, por todo el país, mega proyectos de muerte a los que nos oponemos y nos opondremos, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestros territorios y permitir la destrucción que prometen los poderosos.
Hacemos responsables de estos hechos a la organización paramilitar ORCAO, al partido MORENA, al gobierno del estado y al gobierno federal, que no han dejado de sembrar la violencia en la región con el fin de golpear no solo a nuestras hermanas y hermanos de las comunidades bases de apoyo del EZLN, sino a todos los pueblos que soñamos la lucha por la vida, con sanar a nuestra madre tierra y no dejar que se privatice, que no regresen nunca más los patrones capitalistas y los malos gobiernos a los territorios autónomos zapatistas y que esa luz siga floreciendo en los territorios de los pueblos originarios del CNI- CIG y toda la humanidad.
Hacemos un llamado a las y los compañer@s de redes de apoyo y redes de resistencia y rebeldía a pronunciarnos y movilizarnos contra la guerra de exterminio, que se agudiza peligrosamente en contra de nuestras hermanas y hermanos de los pueblos zapatistas, que nos enseñan a nunca dejar de sembrar rebeldía y esperanza.
Atentamente
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca Mas Un México Sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno
Estamos buscando financiar colectivamente la construcción de la casa de la familia Flores Velázquez, en la comunidad de Amilcingo, Morelos.
La casa será la materialización del agradecimiento y la retribución de un poquito de todo lo que dio Samir a su pueblo, a los pueblos que lo conocieron y a la gente que lo conocimos. Es parte de lo que dejó sembrado. El “Proyecto Samir” es un acto de justicia no sólo para la familia Flores Velázquez o la comunidad de Amilcingo o los pueblos de Morelos: la construcción de la casa aporta a la dignidad y a la justicia…
Este proyecto comenzó en el 2019, después del asesinato de Samir Flores Soberanes, participante de la resistencia comunitaria de su pueblo por la defensa de la vida, la tierra, el agua y el territorio. Como parte del cariño y cuidado colectivo hacia su familia -su compañera, hijas e hijo- nos hemos organizado para construir colectivamente la vivienda que habían imaginado junto con Samir.
