A los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, México y el Mundo
A los Medios de Comunicación Oficiales, Libres o como se llamen
Al Congreso Nacional Indígena / Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Opinión Pública
Rechazamos la imposición y simulación de consultas indígenas para la instalación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar/Parques Industriales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Denunciamos la imposición y simulación de los procesos de “CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA” en las comunidades INDÍGENAS de San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec y Santa Maria Mixtequilla; llevadas a cabo (en orden de mención) los días 1°, 9, 15 y 16 de Mayo del presente año para la imposición de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS) del Megaproyecto Corredor Interoceánico,
Le pedimos a los medios de comunicación que no desinformen replicando la información del gobierno y sus medios pagados donde aplauden y dicen que “ya han sido aprobados los parques industriales”, esto es una completa mentira, los pueblos no hemos avalado ninguna consulta, puesto que en esta serie de consultas a modo, en las comunidades no ha participado ni el 5% de la población, quedándose la toma de decisiones en autoridades municipales y agrarias quienes previamente han dialogado a puertas cerradas con el gobierno estatal y federal como es el caso de Ixtepec, o han facilitado la falsificación de actas de asamblea como en San Blas Atempa.
Escucha o descarga el audio de la entrevista: (Descarga aquí)
Xalapa, Ver. 20 de mayo 2021. Una delegación de campesinos morelenses, junto a colectivos y organizaciones sociales, instalaron un plantón el día de ayer frente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al sur de la ciudad de Xalapa, para denunciar el robo de agua con la finalidad de alimentar canales privados por medio del Acueducto Cuautla. En la tarde de hoy, los ejidatarios invitaron a los medios libres en una entrevista previa a su rueda de prensa programada para el jueves 21 de mayo a las 9:00 hrs. frente al edificio de la Conagua.
Acompañados por colectivos de defensores del territorio de Veracruz, Puebla, Guerrero y de la capital, los ejidatarios de la región oriente de Morelos tomaron las instalaciones y pusieron una gran carpa y numerosas tiendas de campaña frente a las rejas metálicas de un edificio gubernamental vacío, “por el motivo que se han violentado nuestros derechos: la CFE nos ha arrebatado nuestra agua”, sin tener ningún permiso para conectar un acueducto ni para alimentar la termoeléctrica que está a punto de empezar a funcionar.
Uno de los representantes de los ejidos movilizados de Cuautla, Ayala y Tenextepango declaró que “el agua del río Cuautla ha sido históricamente parte fundamental para nuestra actividad que es agrícola, tenemos una zona con características muy especiales para la producción de alimentos: producimos elote, pepino, verdolagas, arroz, caña, es decir, esa parte de Morelos fue precisamente la cuna de la Revolución porque ahí de donde venimos nació el General Zapata, en el pueblo de Anenecuilco, y ahora resulta que nos imponen una termoeléctrica a diez kilómetros de Cuautla y Ayala; y conectan un acueducto sin consultarnos, sin explicarnos de lo que se trata, y ya de la noche a la mañana resulta que empiezan a bombear el agua a la termoeléctrica”.
Niños, jóvenes, trabajadores y ancianos de los ejidos del oriente de Morelos protestan frente a las instalaciones de Conagua en Veracruz
Foto de Portada: Protesta frente a la minera San Xavier, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Por Santiago Navarro F
El pasado miércoles (19 de mayo), el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuestionó en conferencia de prensa a los ambientalistas mexicanos sobre su actuar en torno a 1,609 concesiones mineras que han sido emitidas en territorio mexicano. Sobre todo, puntualizó que de 142 Áreas Naturales Protegidas que existen en México, en 68 de ellas hay concesiones mineras, esto abarca 1.5 millones de hectáreas. El presidente, en un arranque cuestionó, “¿qué hicieron los seudoambientalistas, conservadores?, ¿dónde están las denuncias?, ¿dónde están los amparos?”, en relación a estas concesiones.
De acuerdo con el informe que presentó la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presidida por María Luisa Albores González, durante los últimos 12 años que, califica como “el periodo neoliberal”, se anuncia que alrededor del 75 por ciento de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras.
Albores sostuvo que tan solo en el periodo de 2006 a 2018, en el caso del oro, se ha extraído “más de mil 59 toneladas de oro, que equivale a casi seis veces a lo que se extrajo en la época de la Colonia y Conquista”, de igual modo dijo que aconteció con la plata, se han extraído “48 mil 626 toneladas de plata, que es más del 90 por ciento de lo que se extrajo en esos más de 300 años en la Colonia”.
Por ello, el mandatario mexicano, arremetió argumentando, “miren, mil 609 concesiones mineras en zonas protegidas, 75 por ciento en áreas de protección de los recursos naturales, 63 por ciento de las reservas de la biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento en santuarios de flora, de fauna nativa, 15 por ciento en los parques nacionales”.
Y cuestionó, entonces ¿qué hicieron los seudoambientalistas, conservadores?, ¿dónde están las denuncias?, ¿dónde están los amparos?
Los ambientalistas conservadores
Lo que quizás no recuerda el presidente López Obrador es que, hasta se reunió con varios de estos ambientalistas, cuándo aún estaba en campaña. Un caso muy emblemático es el pueblo de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, dónde lo recibieron en tres ocasiones y le expusieron las problemáticas ambientales, que, hasta el día de hoy, ha ocasionado la Compañía Minera Cuzcatlán que opera a menos de 800 metros del pueblo. “Nos sentimos traicionados, porque nos dijo que iba a resolver el problema y simplemente nos ignoró”, comparte el ciudadano Felipe Martínez.
Minera Cuzcatlán es filial de la canadiense Fortuna Silver Mines y actualmente opera 5 de 31 concesiones que tiene en su poder, que abarcan más de 64 mil hectáreas. Junto a ella, la empresa Don David Gold México S.A. de C.V., filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC) abarca más de 100 mil hectáreas. Son las dos únicas empresas que tienen concesiones en fase de explotación en Oaxaca, pero han sido denunciadas por las afectaciones que han comenzado a experimentar los pobladores. Mientras que los empleos prometidos son de limpieza y de ayudantes, mal pagados.
Otro caso emblemático es la región del Soconusco en Chiapas, dónde el gobierno de Enrique Peña Nieto emitió 99 concesiones ubicadas principalmente sobre seis reservas ecológicas continuas, tres estatales: El Cabildo-Amatal, El Gancho-Murillo y Cordón Pico El Loro-Paxtal y tres federales: La Encrucijada-Volcán, Tacaná y El Triunfo. Una gran resistencia devino de diversos pueblos en esta región al enterarse de las concesiones, durante el gobierno de Peña Nieto, la respuesta fue la represión y la intimidación. Un problema que aún está latente.
Cuándo el mandatario mexicano pregunta ¿Dónde estaban los sudoambientalistas? Muchos de ellos, en resistencia. Mientras que a otros los amedrentaban y los amenazaban de muerte, o peor aún, los mataban. Tan solo en el periodo de 2012 al 2019 se registraron 83 asesinatos de ambientalistas, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Cartocrítica.
Los ambientalistas, principalmente campesinos e indígenas, que han sido asesinados en México no solo se han opuesto al sector minero, sino que también a los complejos de “desarrollo” que viene devastando ecosistemas y pueblos completos para dar paso a los grandes capitales. El riesgo, incluso de levantar la voz, siempre es latente. Como el asesinato del indígena Nahua, Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado frente a su casa un día después de denunciar, en un evento público en el estado de Morelos, los daños ambientales que provocaría el llamado Proyecto Integral Morelos (PIM), un ambientalista asesinado en el periodo de gobierno de AMLO.
Mucho se ha documentado ya de la devastación que va dejando el extractivismo minero, como el caso de la Minera Grupo México, quien, el 6 de agosto del 2014, derramó más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, una contaminación que persiste en la zona, en los cultivos y que está presente en diversas enfermedades entre los habitantes.
Al parecer, para el gobierno mexicano, la era neoliberal ha concluido, mientras que las empresas extractivas marchan viento en popa y especulan con sus explotaciones a futuro, mientras el Estado les de la seguridad legal para su explotación, por otra parte, a los pueblos promete más empleos.
El caso Sonora o el Caso de Oaxaca, con los últimos indicios de contaminación, es algo con lo que tendrá que lidear el gobierno actual. Pero, además, también con la explotación acelerada de más minerales que exige el mercado, porque son acuerdos delimitados por las políticas neoliberales, enmarcadas en un primer momento, en el Tratado de Libre Comercio y retomadas con el llamado Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC).
La Asamblea Permanente de Puente Madera, agencia del municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denuncia una serie de simulaciones e irregularidades en el proceso de consulta que aprobó la construcción de un parque industrial en su territorio, uno de los diez que están previstos en el marco del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con la Asamblea, hubo la falsificación de firmas de 50 comuneros de Puente Madera, así como se consideró la firma de dos personas fallecidas, “pruebas físicas con las que contamos y con las que hemos emprendido un proceso de juicio de nulidad de esta acta de asamblea”, sostiene en un comunicado la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera, por medio de su Asamblea.
Todo empezó, según los comuneros, con la Asamblea de Comuneros de San Blas Atempa que se llevó a cabo el pasado 14 de marzo. Fue convocada con el objetivo de “convencer a los comuneros a aprobar el Polo de Desarrollo”, afirma la Asamblea en su documento.
El actual comisariado de bienes comunales, desde que inició su cargo, no había realizado ninguna Asamblea. “Pero por la presión ejercida por el presidente municipal de San Blas, Antonino Morales Toledo, obligó a que se realizara, ocurriendo las primeras irregularidades con la falsificación de firmas de más de 50 comuneros pertenecientes a nuestra comunidad de Puente Madera, así como la firma de dos personas ya fallecidas”.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.
A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.
Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.
A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.
En el contexto de una creciente presión para la expansión de actividades mineras en sus territorios, comunidades Munduruku denuncian un aumento en las agresiones y violencia contra sus habitantes.
En medio de los estragos por la pandemia de Covid-19, l@s indígenas también señalan estrategias del gobierno federal para la manipulación y división comunitaria, así como la posible regularización de la minería en Tierras Indígenas (TI) mediante un proyecto de reforma constitucional.
La más reciente agresión consistió en un robo y sabotaje contra la embarcación de la asociación Wakoborũn, integrada por mujeres Munduruku. Este es el tercer ataque, en menos de un mes, realizado por mineros contra el pueblo indígena en la zona urbana de Jacareacanga, al suroeste del estado de Pará.
“Desde que comenzó el gobierno de Bolsonaro, las invasiones en nuestro territorio aumentaron mucho, trayendo más destrucción y enfermedad”, denunciaron organizaciones y comunidades Munduruku, en carta difundida el pasado 17 de abril.
El gobierno norteamericano de Joe Biden mantiene desde hace por lo menos un mes pláticas a puertas cerradas con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, sobre cambio climático y proyectos para la Amazonía. Un acuerdo entre ambos países que será anunciado en la cumbre sobre el clima, convocada por Biden para los días 22 y 23 de abril. El presidente de los Estados Unidos, en su campaña electoral, llegó a mencionar que buscaría recaudar 20 billones de dólares para la Amazonía.
Las negociaciones a puertas cerradas han generado protestas y manifestaciones de organizaciones sociales y de los pueblos indígenas en Brasil, que han buscado establecer una comunicación directa con el gobierno de los Estados Unidos.
Un grupo de 199 organizaciones publicó una carta al gobierno americano alertando sobre los riesgos que un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y el gobierno de Bolsonaro puede traer para el medio ambiente y los derechos humanos en Brasil.
Bolsonaro ha sido negacionista de la pandemia, lo que ha provocado en Brasil un aumento severo de muertes diarias por la enfermedad. Además, el mandatario brasileño ha promovido abiertamente las actividades económicas extractivas y la ganadería intensiva en la Amazonia. Sumado a ello, Bolsonaro ha difundido discursos de odio hacia pueblos indígenas, mujeres, la población negra y hacia la diversidad sexual.
Un ejemplo de la posición de Bolsonaro fue en 2019, al mantener una pasividad mientras los enormes incendios arrasaban con la Amazonia, esto provocó la deforestación en 222% en relación a 2018.
Además el gobierno brasileño ha militarizado la gestión de la Amazonía, es decir, los órganos públicos federales de gestión de la región están encabezados por militares.
La coordinación de territorios por la defensa de los glaciares denuncia a través de una declaración publica lo nefasto de la tramitación de la ley para la protección de los glaciares.
Los glaciares han sido enormemente afectados de manera irreversible por la gran minería a lo largo del todo el territorio. Un ejemplo de esto son los glaciares de Pascua Lama que fueron dañados criminalmente por la corporación Barrick Gold. Fue la presión de organizaciones sociales que venció y logró detener después de años de lucha con este delito contra el medio ambiente.
Autor: José Cárdenas
LA COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES DECLARA:
ALERTA GLACIAR: LA TRAMITACIÓN DE LA LEY, DE MAL EN PEOR
El oscuro camino que se vislumbra de la ley que pretendía proteger los glaciares de Chile.
Con Girardi transparentando su apoyo a una ley sin protección del ambiente periglaciar ni del permafrost, Allende, más preocupada de las consecuencias para la minería y un oficialismo que sigue defendiendo sus intereses, la tramitación de esta ley está entrampada en la disyuntiva de prohibir o no actividades en el ambiente periglaciar y permafrost.
La penúltima sesión de tramitación de la ley de glaciares del 31 de marzo deja mucho que desear tanto la clase política como del proyecto de ley propiamente tal y de su futuro en la Comisión de Medio Ambiente. Todo hace presagiar que las comunidades deberemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protección, tal como lo llevamos haciendo por más de 15 años. A menos que las cosas tomen otro rumbo, una vez más tendremos que bloquear una ley que, en lugar de resguardar este preciado ecosistema, en la práctica legaliza su intervención.
Con una primera escala en Uruguay, el 6 de abril, el Almirante Craig S. Faller, comandante supremo del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom por sus siglas en inglés), continuó su gira por Argentina los días 7 y 8, para realizar “donaciones humanitarias en representación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para apoyar” a los países que consideran como aliados para combatir la pandemia del COVID-19, informó en un comunicado la embajada estadounidense.
El Comando Sur es uno de los nueve comandos militares pertenecientes a Estados Unidos (EEUU). Abarca un área de influencia militar que comprende el Sur del continente americano, América Central y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida.
El comandante del Southcom sostuvo que su compromiso con Uruguay es “de militar a militar” y que “incluye programas de educación profesional y capacitación técnica, asistencia en respuesta a la pandemia y desastres naturales, la colaboración en las operaciones de mantenimiento de la paz”.
Faller se reunió con altos funcionarios del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Uruguay y también con funcionarios de gobierno. Entre otros temas, destacaron sus vínculos de defensa bilateral de larga data entre ambos países. El comandante sostuvo que cada año entre 30 y 40 oficiales uruguayos viajan a EEUU para recibir entrenamiento militar.
Aunque no todo fue un caluroso recibimiento para la comitiva estadounidense. Diversas expresiones de rechazo se hicieron notar. Entre ellas, La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad mostró su desprecio y sostuvo en un comunicado que “la historia de visitas de representantes del Comando Sur de EEUU a América Latina y el Caribe viene de la mano con intervenciones, agresiones militares, crímenes atroces contra nuestra gente”.
La uruguaya Mónica Riet, ex militante de la fracción política Frente Amplio de Uruguay, sostuvo para Avispa Midia que “no es extraña la visita del Comando Sur, porque desde el primer mandato de Tabaré Vázquez (expresidente 2005-2010 y 2015-2020) comenzaron con sus inversiones humanitarias en salud y educación, principalmente en barrios pobres como en Santa Catalina. Pero hubo varias denuncias de que lo que buscaban era establecer una base militar en Uruguay y establecer acuerdos y permisos para el uso de infraestructura bélica, como aeropuertos y puertos que pudieran servir para sus operaciones rápidas”.
Riet sostiene que su país “no ha sufrido de grandes catástrofes naturales porque contábamos con un sistema emergencia adecuado para nuestras necesidades. Pero el Comando Sur lo híper redimensionó con una de las primeras inversiones de un millón de dólares destinados al Sistema Nacional de Emergencia. Actualmente existen 10 centros que disponen de tecnología de punta que funcionan las 24 horas del día que tienen visión en tiempo real de lo que sucede en nuestro territorio”.
En su paso por Uruguay Faller y su comitiva también supervisaron los nuevos artículos donados para este país sudamericano en el marco del Programa de Asistencia Humanitaria de Southcom (HAP) para mitigar el impacto de la Covid-19. De acuerdo con la embajada de EEUU, hasta ese momento, el compromiso de donación gira en torno a USD 4.8 millones en asistencia para contrarrestar la pandemia. “Estas donaciones incluyen equipo de protección personal (PPE), suministros médicos, lechos de UCI, equipos de detección y monitoreo, y tres hospitales de campo”, puntualizó la embajada estadounidense en un comunicado.
La comitiva militar de EEUU estuvo 24 horas en Uruguay y 48 horas en Argentina, donde también realizó una serie de donaciones para sobrellevar el impacto que ha dejado la pandemia.
Argentina
Faller fue recibido en Argentina por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes recibieron la donación de tres hospitales móviles por un valor de 3,5 millones de dólares que se sumaban a otras donaciones que ha realizado el gobierno de EEUU durante la pandemia. “Juntos, hemos realizado 15 donaciones de asistencia humanitaria relacionadas con COVID-19 para apoyar la respuesta de Argentina a la pandemia, entregando equipo de protección, suministros médicos y herramientas de monitoreo y detección”, señalo el comandante del Southcom.
El sociólogo y periodista argentino Lautaro Rivara puntualizó para Avispa Midia que la visita de esta comitiva estadounidense en Argentina gira en torno a una mayor presencia de China y Rusia en la región, sobre todo por sus “inversiones e intercambio comercial. En el caso puntual de Rusia, es bastante notorio que la distribución de una vacuna bastante eficaz y económica como es la Sputnik V, esta siendo un vector de acercamientos con los países del Cono Sur”.
Certeramente como expone Rivara, en la declaración del Almirante Faller, emitida el pasado mes de marzo, la COVID-19 ha sido catalogada por el gobierno estadounidense como una “amenaza para el hemisferio occidental” y esto es un tema que implica a la Estrategia de Defensa Nacional (NDS por siglas en inglés) de los Estados Unidos. Pero también el comandante refirma lo que el Comando Sur viene sosteniendo desde el gobierno de Donald Trump, “estas amenazas incluyen actores estatales externos como la República Popular China, Rusia e Irán que buscan activamente aprovechar las democracias incipientes y frágiles en esta región”.
Para Faller existe una preocupación por el despliegue de China de 1 mil millones de dólares en préstamos a la región para adquirir vacunas para el COVID-19 y para mejoras a la infraestructura médica. Esto a implicado acuerdos que van avanzando con Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. “Esto endeudará aún más a la región con la República Popular China, que ya tiene 165 mil millones de dólares en préstamos”, sostiene el comandante en su declaración.
El mando supremo del Southcom remarca la preocupación ya que desde 2019 China ha superado a los EE. UU. como el socio comercial líder con Brasil, Chile, Perú y Uruguay, pero además se ha posicionado como el segundo socio comercial más grande de toda la región detrás de los EE. UU. “De 2002 a 2019, el comercio de la República Popular China con América Latina se disparó de 17 mil millones dólares a más de 315 mil millones, con planes de alcanzar los 500 mil millones de dólares en comercio para 2025”, alerta Faller.
“Hay una cierta hipocresía en criticar la diplomacia comercial de China y a la vacuna rusa. Como también se criticaba en su momento la famosa diplomacia petroleara de Hugo Chaves. Como si fuera mas positiva la diplomacia de las bombas, la intervención, la injerencia y los golpes de Estado que es la que suele practicar Estados Unidos”, puntualiza el sociólogo y periodista argentino.
Rivara advierte que hay que “prestar atención a la política de ayuda humanitaria en la región. Fue con esta política que intentó, a través de una cabeza de playa, la ocupación de Venezuela en el año 2019. También este recurso fue usado para explicar 15 años de ocupación de Haití. Vemos que estos discursos están renovando los viejos argumentos que han usado con la lucha contra el terrorismo, derechos humanos, la democracia y ahora parecen estar echando mano de un arsenal ideológico como es la ayuda humanitaria”.
El acercamiento de la comitiva militar estadounidense hacia territorio argentino se da justo días después que el gobierno de argentina, presidido por Alberto Fernández, anunció su retirada del Grupo de Lima, un cuerdo multilateral creado por representantes de catorce países que busca dar seguimiento y acompañar a la oposición venezolana y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. El gobierno argentino sostuvo que en el plano internacional se ha buscando “aislar” al gobierno de Venezuela y esto “no han conducido a nada”.
La amenaza transnacional hacia Estados Unidos
Faller, el alto mando del Southcom, sigue sosteniendo que Irán, Rusia y China son un riesgo para la región, sobre todo por elevar su presencia en el comercio, con tecnología e infraestructura. Son las mismas amenazas que se vienen contemplando desde que lanzó la llamada Estrategia del Teatro para ser ejecutada de 2017 hasta 2027, donde también se contemplan las amenazas denominadas Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles).
Esta estrategia de 2017, que fue reafirmada durante el gobierno del Donald Trump, el entonces comandante del Southcom, Kurt Walter Tidd, llevó acabo un despliegue de diversas políticas de “Ayuda Humanitaria”, que respondían, según Tidd, a una rápida respuesta a “cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano)”.
El documento de esta estrategia era claro al asumir que este escenario permitía “oportunidades para promover la seguridad y la estabilidad regional. Durante las últimas cinco décadas, Southcom trabajó con diligencia para obtener – y mantener – la confianza de la región. Ahora nos proponemos a desarrollar esta confianza para profundizar la cooperación bilateral y ampliar la cooperación a dimensiones trilaterales, multilaterales o transregionales”.
El despliegue de esta estrategia también contempló otros sectores como el de cultura, de educación, salud, el periodístico y académico en coordinación con interagencias ubicadas dentro de las Embajadas de los Estados Unidos. “Trabajando con coparticipes interagenciales como el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia, y colaborando con las ONGs y organizaciones intergubernamentales, empresariales y académicas nos permite avanzar hacia objetivos nacionales que serian imposibles de alcanzar sólo con el poder militar”, señalaba el documento del Southcom.
El nuevo gesto, tan oportuno por parte del Comando Sur, hacia Argentina y Uruguay, durante el contexto de la pandemia, no ha sido el único ni el último. También ha sido llevado acabo en otros países como Brasil, donde donó, en 2020, equipo por un valor de 12.5 millones de dólares para “mitigar los impactos socioeconómicos y en la salud, generados por la pandemia de la COVID-19, con especial atención en la Amazonía”, anunció la embajada en su momento.
En este mismo país, altos mandos del Southcom acompañaron, en septiembre de 2020, un simulacro de guerra en el norte de Brasil y frontera con Venezuela, donde se movilizaron más de 3 mil 600 militares brasileños.
Certeramente, tal y como lo plantea el propio Faller en su declaración, la región latinoamericana ha sido una de las más golpeadas por la Covid-19. Todos los países están a la espera de las vacunas, pero en la visita del Southcom para llevar “ayuda humanitaria” no figura ninguna vacuna. “Los motivos reales de la visita son estrictamente obvias, es en materia de seguridad y de cooperación militar”, afirma el argentino Lautaro Rivara.
En la declaración del comandante Faller, del mes de marzo pasado, reafirma, “nuestras alianzas regionales son vitales para la seguridad y la prosperidad en este hemisferio” y, agrega, “los hombres y mujeres de USSOUTHCOM trabajan duro todos los días junto con nuestros fuertes socios interagenciales e internacionales para interrumpir y degradar a estos adversarios, mientras mantienen la presencia, el acceso y la influencia de los EE. UU.”.
Estas son las últimas visitas oficiales a cargo de Faller como alto mando del Southcom, ya que será reemplazado por la teniente general Laura Richardson, quien ha sido nominada por Joseph Biden para ser la próxima comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Richardson participó en operaciones aéreas en la guerra de Irak y en Afganistán, además sirvió como asesora militar del exvicepresidente Al Gore (1993-2001). Hasta antes de asumir su cargo como alto mando del Comando Sur, ha sido también comandante general del Comando Norte de los Estados Unidos.
