La asamblea general de ciudadanos del ejido Nueva Morelia, localizado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, denuncia que el retiro ilegal de la bauxita, por hombres armados, sin el permiso de la comunidad, continúa.

La minera canadiense Blackfire Exploration explotó una de las diez concesiones hoy vigentes en Chicomuselo, la mina La Ampliación La Revancha, hasta 2009, ubicada en el ejido Grecia, al lado del ejido Nueva Morelia.

La minera había pedido permiso al ejido Nueva Morelia para guardar el material que sacaba en el ejido Grecia, señaló uno de los habitantes de la comunidad para Avispa Mídia. Después que la minera dejó el territorio, en 2009, parte de este material permaneció clausurado.

El ejido Nueva Morelia es controlado por hombres armados desde el pasado sábado 20 de mayo, como reportan habitantes de la localidad, por el grupo paramilitar MAIZ, vinculado al Cártel de Sinaloa, el objetivo es la retirada de la bauxita almacenada en este ejido. Las entradas y salidas del pueblo fueron bloqueadas por integrantes de esta agrupación.

La toma del ejido por paramilitares dio inicio días antes del inicio de los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, en la región de la Frontera Comalapa, extendiéndose hasta Chicomuselo, causando varias muertes desde el 25 de mayo, secuestros, bloqueos carreteros y de caminos, expulsión de comunidades y reclutamiento forzado de hombres jóvenes.

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Como parte de los acuerdos de la asamblea general de ciudadanos del ejido Nueva Morelia, realizada el 1 de junio, los habitantes emitieron un documento direccionado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República, en el cual solicitan que Sedena y GN “realicen labores de vigilancia en los caminos que conducen de Chicomuselo al ejido Grecia, para mantener el orden y la seguridad y, si fuera el caso, procedan a las detenciones de personas armadas y las remitan a las autoridades competentes”.

Piden que la intervención sea apegada “de manera estricta al respeto de los derechos humanos señalados en el Pacto Federal, absteniéndose de atentar contra los pobladores, hombres, niños, niñas, mujeres, ancianos y ancianas de nuestro Ejido”, señalan.

Esto porque “los pobladores tememos que los soldados y guardias del Ejército y GN, se metan sin permiso a nuestras casas, o quieran tomar posesión de nuestros bienes, o hacer lo que quieran porque tienen la fuerza y las armas; ya que, por desgracia, sabemos por las noticias que, en otros lugares y parte de la república mexicana, el Ejército no tiene buena reputación, y hay quejas contra elementos de esa corporación por abusar de su poder”.

Como reveló Avispa Mídia, ya el 18 de mayo se había solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por medio de un oficio, la “inmediata intervención de las instituciones correspondientes de impartir justicia para activar protocolos de protección para las personas defensoras, así como el resguardo inmediato por parte de la Guardia Nacional, cuerpos de seguridad del estado y municipio, para salvaguardar y proteger a las personas quienes están siendo directamente amenazadas, así como para quienes han sido hostigados por dicho grupo”, se sostiene en el documento.

El oficio fue enviado a la CNDH por el Despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), un día después que hombres armados se presentaron en el ejido Nueva Morelia para “avisar” que iban a intervenir en el territorio de la comunidad para retirar los materiales mineros.

“No se presentaron pidiendo permiso, como otros habían hecho antes, sino que ahora dijeron: <entramos porque entramos, si se meten con nosotros pues ya saben lo que les va a pasar>”, relató un habitante del ejido.

Hasta el momento no hubo ninguna intervención por parte de instituciones estatales ni federales.

Fuente: Avispa Midia

Por Nolan Peltz

^{Familiares de Miguel Peralta exigen cese a la persecución política en su contra, y libertad para los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón}

La libertad de Miguel Peralta Betanzos pende de un hilo. Indígena mazateco, defensor comunitario, anarquista, Peralta es uno de los treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón que han enfrentado persecución política y/o encarcelamiento tras violencia en el municipio indígena mazateco en 2014.

El 14 de diciembre de ese año, una campaña de represión y terror caciquil llegó a su punto culminante cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado mientras se reunía para elegir a una autoridad municipal en el centro del pueblo. La violencia subsiguiente dejó varios heridos y, poco después, una persona fue declarada muerta en circunstancias inciertas.

La represión siguió inmediatamente. Treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria fueron acusados de diferentes delitos relacionados con los acontecimientos de ese día. Los cargos no corresponden a los responsables de la violencia, sino que señalan a quienes han participado activamente en la asamblea comunitaria, resistiendo la influencia caciquil y de los partidos políticos en la comunidad, luchando por la autonomía y la toma de decisiones en colectivo.

Actualmente, ocho integrantes de la asamblea comunitaria permanecen encarcelados en diferentes prisiones del estado de Oaxaca: Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Omar Morales, Francisco Durán, Marcelino Miramón y Paul Reyes, la mayoría de los cuales lleva años sin sentencia. Además, permanecen activas trece órdenes de aprehensión contra integrantes de la asamblea comunitaria, incluyendo una contra Miguel Peralta, quien ya tiene una sentencia condenatoria pendiente en su contra de cincuenta años.

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Encarcelamiento y persecución de Miguel Peralta

Como miembro activo de la asamblea comunitaria y opositor a la influencia del caciquismo en Eloxochitlán, Miguel Peralta se vio envuelto en la ola de represión. Peralta fue detenido el 30 de abril de 2015 en la Ciudad de México, casi cinco meses después del ataque de diciembre de 2014. Estuvo incomunicado durante 20 horas antes de ser ingresado a la prisión en Tlaxiaco, Oaxaca, acusado de homicidio y tentativa de homicidio. De Tlaxiaco fue trasladado a la cárcel en Cuicatlán, Oaxaca.

El 26 de octubre de 2018, después de más de tres años en prisión a la espera de una sentencia, Miguel Peralta fue condenado a cincuenta años, treinta por homicidio y veinte por tentativa de homicidio. La sentencia fue dictada por el Juez Juan León Montiel del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, en lo que el grupo de apoyo a Miguel Peralta argumentó ser un claro caso de corrupción judicial. Fue el primero de los treinta y cinco acusados de Eloxochitlán en recibir una sentencia condenatoria.

Tras una apelación de sus abogados, esa sentencia de cincuenta años fue recovado, ya que a Peralta no se le concedió el derecho a estar presente en su audiencia final. La segunda audiencia final de Peralta se celebró el 19 de septiembre de 2019. Ese día hizo público un comunicado en el que iniciaba una huelga de hambre exigiendo su libertad:“Una vez más okupo mi cuerpo como un arma de lucha contra la injusticia. A partir de hoy…dejaré de consumir alimentos. Huelga de hambre: menú. Mi desayuno serán los bocadillos de la paciencia. Mi comida el buffet de la resistencia. Mi merienda el plato fuerte de la solidaridad. Mi cena el postre de la libertad”

El 14 de octubre de 2019, tras mucho movimiento en las calles y casi un mes en huelga de hambre, Peralta fue absuelto de ambos cargos y liberado de la cárcel de Cuicatlán. Había pasado poco más de cuatro años y cuatro meses en prisión.

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Más de dos años después, tras una apelación de la parte acusadora, el 4 de marzo de 2022 se revocó de nuevo la libertad de Peralta y se giró una orden de reaprehensión por la misma sentencia de cincuenta años. Su libertad había sido revocada en la Tercera Sala Penal, por los Magistrados Humberto Nicolás Vázquez, Sonia Luz Ireta Jiménez y Sofía Altamirano Rueda.

El 25 de agosto de 2022, sus abogados interpusieron un amparo a esta última resolución. Al principio, el 1 de marzo de 2023, el amparo fue asignado a la magistrada Elizabeth Franco Cervantes en el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Oaxaca. El 26 de mayo de 2023, un nuevo magistrado fue nombrado al caso, el C. Victor Hugo Cortes Sibaja. De acuerdo con la ley, el magistrado tiene 90 días hábiles para resolver el caso, lo que pone el plazo legal en los siguientes meses.

Cacique-partido político-Estado

El caso de Eloxochitlán y Miguel Peralta ejemplifica los vínculos inequívocos entre los caciques locales, los partidos políticos y el poder estatal. La familia Zepeda, incluyendo a Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas, han sido la columna vertebral de estas fuerzas.

A principios de 2010, con el respaldo del partido político Convergencia, Manuel Zepeda lanzó una campaña para presidente municipal, comprando votos y haciendo alianzas políticas para capturar el poder. En las elecciones de noviembre de 2010, Zepeda ganó la presidencia municipal con un tercio de los votos. Contrario a la costumbre en la comunidad, Zepeda rechazó la integración del cabildo con los candidatos del segundo y tercer lugar, buscando el poder supremo en la comunidad.

En el transcurso de su mandato de tres años, Manuel Zepeda llevó a cabo una campaña de represión contra los integrantes de la asamblea comunitaria, buscando desarticular la organización comunitaria que amenazaba su control del poder. También Zepeda estuvo involucrado en la extracción de arena, grava y rocas del río local para beneficiar a sus empresas, junto con las de sus aliados. Además, fue citado para declarar sobre una cuenta pública de recursos municipales de mas de 20 millones de pesos.

El 24 de noviembre de 2014, Manuel Zepeda y su grupo ocuparon el palacio municipal, corriendo al recién electo presidente municipal y estableciéndose en el poder de la comunidad. Su principal intención era evitar rendir cuentas por el desvió de fondos municipales. La ocupación del palacio municipal condujo directamente a los hechos del 14 de diciembre de 2014.

Después del ataque, y aprovechando la persecución política contra los integrantes de la asamblea comunitaria, junto con la desarticulación del tejido comunitario como consecuencia de la represión, Elisa Zepeda Lagunas, hija de Manuel Zepeda Cortés, se abrió paso hacia el poder. En una elección comunitaria completamente ajena a las formas tradicionales de toma de decisiones en la comunidad, Zepeda fue electa en abril de 2016 como presidenta municipal, asumiendo el poder en 2017.

Sin embargo, en una clara señal de que su intención no era servir a la comunidad de Eloxochitlán, sino utilizar el cargo público como trampolín político, Zepeda se postuló al congreso del estado como diputada local por el partido político MORENA, ganando la elección en julio de 2018, y tomando el poder en noviembre del mismo año.

Durante sus tres años en el cargo, Zepeda también fungió como presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. Como sugiere el abogado de Miguel Peralta, “en ese cargo, Elisa se relacionaba con el Fiscal, con los Ministerios Públicos, con jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado.” Se codeaba con los mismos que anularían la libertad de Miguel poco después.

Tras la derrota en su intento de reelección en junio de 2021, Zepeda ya había consolidado su posición en el aparato del partido político MORENA. Fue nombrada Secretaria de Mujeres del gobierno de Salomón Jara que tomó el poder en Oaxaca el 1 de diciembre de 2022. Desde estos diversos cargos públicos, Elisa Zepeda ha ejercido su poder político y sus conexiones judiciales para mantener la represión y la persecución en contra de los integrantes de la asamblea comunitaria.

La continua represión y persecución de los integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón ejemplifica no sólo la corrupción de ciertos funcionarios públicos, sino una hostilidad general del Estado-nación mexicano hacia las comunidades indígenas. A través de los caciques locales, el poder del Estado es capaz de desarticular la organización comunitaria, las luchas por la autodeterminación y la defensa del territorio. Y a través del poder estatal, los caciques adquieren los recursos económicos y políticos para dominar sus comunidades y escalar la estructura del poder estatal. En este caso, todas estas fuerzas se entrecruzan en la figura de Elisa Zepeda, y el partido político MORENA.

¡Ni condenadxs! ¡Ni perseguidxs! Acciones por la libertad 

En abril de 2023, el Grupo de Apoyo por la Libertad de Miguel Peralta lanzó la campaña solidaria “Ni condenadxs, ni perseguidxs: acciones por la libertad”, exigiendo la revocación de la sentencia de cincuenta años contra Miguel Peralta y una sentencia de libertad firme.

La campaña también busca solidaridad y apoyo para los ocho presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, junto con otras luchas contra las cárceles y la represión del Estado en México y todo el mundo.

Atendiendo al llamamiento a la solidaridad, el preso político indígena yaqui Fidencio Aldama compartió un audio desde la prisión de Ciudad Obregón, Sonora, en la que expresaba su solidaridad con Miguel Peralta. Aldama, que está condenado a catorce años de prisión por resistirse a la construcción de un gasoducto en territorio yaqui, relaciona su caso con el de Miguel Peralta:

“Ante esta condena y persecución política, me hago solidario a este caso, haciendo un llamado en contra la injusticia que está apareciendo a mi compañero Miguel Peralta. Un caso similar al mío. Porque defendemos nuestro territorio y nuestra autodeterminación, y nuestros usos y costumbres, nos encarcelen injustamente por la intervención del poderío y ligado con ello la participación de corrupción, para intimidarnos para así ellos los aliados de dinero salir y cumplir con su objetivo”.

Grupos de apoyo a presxs políticxs y proyectos de medios independientes están organizando un cadenazo radial el 3 de junio de 2023, con la intención de arrojar luz sobre el caso de Miguel, y articular diferentes luchas contra la represión y la persecución política. Ese mismo día, el grupo de apoyo a Miguel Peralta está convocando a acciones de solidaridad. Su mensaje es claro: ¡Revocación de la condena de cincuenta años! ¡Libertad absoluta para Miguel Peralta!

^{Foto: La Tinta}

La guerra de despojo que viven los pueblos en el mundo recién empieza y va a durar mucho tiempo. La alerta fue lanzada por el escritor y activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina, Raúl Zibechi, durante el Encuentro Internacional El Sur Resiste, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), en Chiapas. “Por más que ha avanzado (el capital), todavía hay mucha tierra que no controla, por eso digo que el despojo va para largo”.

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En los países donde se han hecho estudios sobre la propiedad de la tierra, comenta, se ha revelado que el 40%, es decir 4 de cada 10 hectáreas, aún no está en las manos ni de la oligarquía, ni de las corporaciones, ni del gran capital.

Un caso es el de Brasil. Existen análisis bastante rigurosos, sostiene, los cuales revelan que el 40% de las tierras en el país son tierras de reforma agraria, de los pueblos negros e indígenas, tierras que son reservadas por el Estado como parques naturales o reservas de conservación, aquellas tierras que son de los pequeños campesinos, además de tierras donde están los pescadores tradicionales.

Hay países que sobrepasan el 40%. Un ejemplo es Colombia. “Los pueblos originarios tienen un tercio de las tierras reconocidas por la Constitución, además de las tierras donde están los pueblos negros, las reservas naturales. Probablemente en Colombia sea más de 50%”, analiza.

Las guerras de despojo son estructurales del capitalismo. “Hoy el capitalismo no puede vivir sin estas guerras. Hoy el capitalismo no puede actuar sin violencia contra los pueblos. Hay que despojar, hay que matar, hay que asesinar; y, por lo tanto, el militarismo llegó para quedarse”.

En la izquierda siempre “habíamos desconfiado de los militares, pero ahora los progresistas de América Latina defienden a las fuerzas armadas”. México es el paradigma más brutal de la militarización, sostiene, cuando les da a las fuerzas armadas la construcción de las grandes obras.

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Y eso está pasando en Argentina también. “Las Fuerzas Armadas no podían salir en público porque cometieron un genocidio durante la dictadura, y ahora el gobierno progresista argentino decreta que ocho grandes emprendimientos extractivos se militarizan, algo que ningún gobierno, ni la derecha, ha podido hacer”.

En Colombia, donde hay un nuevo progresismo con el gobierno de Gustavo Petro, ya se hizo una alianza con las Fuerzas Armadas de EEUU para “defender” la Amazonía.

El narcotráfico hoy también es sistémico, analiza. “Estamos ante un período en el cual hay un entrelazamiento entre el narco y el capital. El narco y el Estado. El narco y las Fuerzas Armadas. A tal punto que sería muy difícil establecer una línea, dibujar una frontera y decir esto es narco, esto es burguesía”.

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Entonces el diagnóstico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la Cuarta Guerra Mundial, que se ha hecho hace más de dos décadas, “nos parece totalmente acertado y totalmente correcto; se vive una guerra de despojo contra los pueblos para ‘limpiar’ el territorio, y remodelarlo a imagen y semejanza de los intereses del capital”.

Sostén de la lucha

Zibechi ha entendido en toda su vida que la base de la autonomía de los pueblos era las tierras en común. “Y, por supuesto, las tierras comunales son bien importantes, son fundamentales para que pueda haber pueblos en resistencia”, sostiene.

Pero hoy entendió, cuenta, que la base de la tierra comunal y de las autonomías es la espiritualidad de los pueblos. “La espiritualidad es lo que nos permite sostenernos en el tiempo largo; la principal victoria es que llevamos 500 años. Y es capaz que haya que estar otros 500 más”.

Hay un cuento que lo escribe el Subcomandante Marcos, un diálogo con el viejo Antonio, que dice que la lucha es como un círculo. “Empieza en un lugar pero nunca termina. Y esto ¿qué tiene que ver con la espiritualidad? Si la lucha nunca termina, quiere decir que no hay un objetivo final, la toma del palacio. No hay una victoria final. No hay un triunfo final”.

La idea de triunfo final, señala, es una idea muy católica, muy cristiana, incorporada a la lucha social. “Si la lucha es un círculo que nunca termina, la espiritualidad es lo que nos sostiene en este tiempo largo”.

La Internacional Comunista habla de la lucha final. “La lucha final es entrar en el palacio, tomar el poder. Y se considera que tomar el poder es sinónimo de hacer la revolución. Gracias a los pueblos originarios y gracias a los aportes de los compañeros del EZLN hoy sabemos que no hay una lucha final, sino un círculo”.
El escritor sostiene que es necesario superar la idea del cálculo político de costo-beneficio, el pragmatismo político. “Porque sino siempre vamos a estar volviendo a esta ideología capitalista, a estos valores capitalistas, que son centrales en la dominación”.

Zibechi cita como ejemplo las guerras de Guatemala y El Salvador. “Vemos como a la lucha de los pueblos originarios se le montó encima un aparato de vanguardia y este aparato de vanguardia – de varones blancos, académicos – actuó de una manera, como solemos decir, pragmática. En cierto momento, hizo un cálculo de costos y beneficios, como el capitalismo lo hace. Y lo hicieron y negociaron, en una situación deplorable, porque no cambió nada”.

Para superar la lógica del pragmatismo, la espiritualidad de los pueblos es central, defiende. “Si queremos ser verdaderamente rebeldes, luchar por cambios de fondo, tenemos que superar esta lógica del cálculo, que es siempre individual”. Continúa: “La espiritualidad nos coloca en otro lugar, no material, profundamente humano para poder ir más allá de las contradicciones materiales”.

Todo lo que “vemos hoy es que viene una enorme tormenta, que ya está en marcha, un terremoto infernal sobre nosotros. No podemos construir barreras materiales contra eso (…) podemos unirnos y darnos los brazos y entregarnos a la vida ya a la madre tierra, con la esperanza de que ella nos indique el camino”.

A 51 meses del asesinato del indígena náhuatl Samir Flores Soberanes, defensor de los bienes comunales de su pueblo, amenazados por los proyecto del Plan Integral Morelos (PIM), pueblos, colectivos y organizaciones denuncian la simulación de la Fiscalía de Morelos en las investigaciones de su asesinato, ocurrido el 20 de febrero de 2019.

Javier “N”, el Temalaco, es acusado por la Fiscalía General de Morelos como uno de los cuatro autores materiales del asesinato. Integrante de la diligencia del Partido del Trabajo en Morelos, junto con su hermano, se reportó en medios de comunicación una segunda detención del Temalaco por secuestro y narcotráfico el 16 de septiembre de 2019.

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El Temalaco ya llevaba en la cárcel dos años, cuando el Fiscal Uriel Carmona anunció el 30 de septiembre de 2021 su detención como un avance en las investigaciones del asesinato de Samir. Fechas en que justamente el presidente de la República venía a anunciar la inauguración de la termoeléctrica. “Pero el teatro se les cayó y el presidente no inauguró la termoeléctrica y se evidenció “el chivo” que tenían ya preparado en su asqueroso discurso de justicia y avances en la investigación por el cobarde asesinato de Samir”, sostiene el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA – MPT).

La coadyuvancia legal de la familia de Samir, a cargo del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, con el objetivo de avanzar con las investigaciones, solicitó diversos actos de investigación y pruebas que pudieran dar paso a comprobar la responsabilidad, o no, del acusado y principalmente los motivos del asesinato, sin que fuera atendida debidamente por la Fiscalía, haciéndose, “literalmente `pendeja´”.

Se solicitó realizar un “correcto análisis de contexto del motivo por el cual asesinaron a Samir, el cual está vinculado a su trabajo como comunicador indígena y defensor de derechos humanos, así como la integración de pruebas que puedan cumplir con la función de comprobar la acusación que formula la fiscalía contra el Temalaco”, dice el comunicado.

En la última audiencia, la Fiscalía formulaba una acusación detallada de la participación de Javier “N” en el asesinato de Samir, detalles, según el Frente, que no existen en la carpeta de investigación y no se comprueban con las pruebas que ofrece. “Con esa inconsistencia de acusación y pruebas la Fiscalía pretende llevar a juicio al Temalaco, abriendo la puerta para su liberación en la sentencia del juicio o mediante impugnaciones que pudieran suceder”.

La Fiscalía del Estado de Morelos “no tiene una investigación seria y sólida en el caso de Samir y es por ello que exigimos sea cumplida la palabra del presidente de la República de que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República”.

Exigen que el caso lo atraiga la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), ya que Samir era un comunicador indígena y su asesinato está vinculado a la difusión y trabajo periodístico que hacia en la radio con respecto al PIM.

“Nuestro enojo se mira con el enojo de nuestro guardián, el volcán Popocatépetl, quien hoy nos recuerda que no somos nada frente a él, que su ejército y derramamiento de sangre para imponer una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto no son nada frente al volcán, que su farsa nos puede costar millones de vidas y pérdidas materiales”, señala el frente de pueblos.