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Embajador de EEUU encabeza reunión en Oaxaca para avanzar con el Corredor Interoceánico

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El martes (20) ocurrió en Oaxaca el sexto encuentro de gobernadores del sur-sureste de México, encabezado por el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, junto a representantes del sector económico, como Visa, Amazon, Facebook, AT&T, META, Google, Mercado Libre, FEMSA y Oxxo.

El objetivo de estos encuentros ha sido, según el embajador de Estados Unidos, abordar las oportunidades de “desarrollo” para la región.

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“Nuestros gobiernos federales, en asociación con líderes regionales del sector privado, han organizado cinco reuniones conjuntas (sexta con la actual) con los gobernadores de los estados del sur de México para promover la cooperación público-privada para promover las oportunidades de inversión, el desarrollo económico y los objetivos ambientales y climáticos”, sostuvo el embajador Salazar.

De todos los proyectos que están en curso en esta región, el más importante, según el anfitrión del evento, el gobernador de Oaxaca Alejando Murat, es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“Estamos aquí para seguir construyendo, con el apoyo de nuestros hermanos de los Estados Unidos, el andamiaje para consolidar proyectos de impacto global que van a catapultar el comercio y las energías”, afirmó Murat, quien agradeció a los EEUU el respaldo para “detonar el desarrollo del sur-sureste por medio” de dicho proyecto.

El gobernador destacó que la relación histórica con los Estados Unidos es cercana y “debe serlo aún más ahora en que los nuevos tiempos requieren un trabajo en equipo para sacar adelante temas de la agenda común como el comercio, la inversión y la migración (…) Estamos listos para seguir haciendo equipo con los Estados Unidos”.

Murat envió un mensaje a los inversionistas, algunos de los cuales ya presentaron un programa de inversión, como la empresa Amazon, para darles seguridad a sus negocios. “Nosotros les vamos dar la seguridad a través del TMEC [Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá] de cualquier inversión de sus empresas en cuestiones de seguridad ante situaciones irregulares por el tema bélico, comercial (…). Aquí van a tener la posibilidad de producir cualquier producto, moverlo a Asia, a Europa y, por supuesto, a Estados Unidos y Canadá”.

Tema recurrente en la reunión, la seguridad también fue mencionada por Salazar. Hay la necesidad de “unir esfuerzos para enfrentar el reto compartido de la seguridad, porque con seguridad, hay prosperidad”.

“Resultados históricos”

En un comunicado, Salazar sostuvo que en cada encuentro “hemos tenido resultados históricos”. En esta última reunión, Amazon anunció la generación de 900 empleos en el sureste, que permiten conectar a la región con Estados Unidos y Canadá, a través de las tecnologías y la digitalización.

Por su parte, META anunció un programa de “capacitación a miles de personas para aprovechar las oportunidades que surgen de nuestra integración a través de una fuerza laboral bien preparada que pueda construir un mejor futuro”.

Nuevo gobernador

Salomón Jara Cruz, el gobernador electo de Oaxaca, también estuvo presente en la reunión y aseguró que continuará con la política y trabajo que viene realizando Murat. “Vamos a trabajar para que nuestro estado sea motor del desarrollo nacional y del sur del país”, dijo Cruz quien reafirmó su proyecto de industrializar Oaxaca.

“En Oaxaca no tenemos como economía la industria, somos mas comerciales, mas de servicios. Este proyecto [Corredor Interoceánico] es un proyecto estratégico para el sur-sureste, hasta para Centroamérica”, compartió.

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Además de la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico por un tren, el Corredor prevé la construcción de 10 zonas económicas especiales de por lo menos 300 hectáreas y que tendrán beneficios fiscales y regulatorios.

Otros temas

Entre los temas en discusión estuvo la “crisis migratoria y cómo afecta a la región y a Oaxaca”, con el objetivo de discutir, según un comunicado de gobierno, “las estrategias de fortalecimiento del estado de derecho, así como de desarrollo social y económico que permiten disminuir los impactos negativos de este fenómeno”.

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Uno de los paineles del encuentro fue nombrado “Muéstrame el Dinero: Opciones de Financiamiento Internacional y de Estados Unidos”, en el cual organizaciones financieras como la U.S International Development Finance Corporation (FDC), la United States Trade and Development Agency (USTDA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la IFC del Banco Mundial explicaron cuáles son sus sectores prioritarios y criterios para brindar financiamiento.

Participaron del encuentro los gobernadores de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, además del presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, y el director de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Siliceo Valdespino.

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Avispa Midia

México continúa bajo presión de tratados comerciales para privatizar semillas

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

México está bajo presión para firmar un convenio internacional que debe restringir el derecho del campesino y de los indígenas a guardar, intercambiar o vender semillas nativas o criollas. Incluso sus casas y campos pueden ser revisados, sus cultivos y cosechas pueden ser destruidos, sin orden judicial, con el acompañamiento de fuerzas militares. El objetivo es garantizar el derecho de propiedad de las semillas, patentadas y privatizadas generalmente por grandes empresas, como Bayer-Monsanto.

La presión viene del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), firmado en 2018, y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), firmado en 2019, que obligan a México a adherirse, en máximo 4 años, al acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV). En las comisiones del Congreso de la Nación un proyecto de reforma a la Ley Federal de Variedades Genéticas se tramita de manera a incorporar el contenido de la normativa internacional a las leyes nacionales.

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“Eso seria anteponer los intereses mercantiles sobre los derechos humanos. Así como el interés privado por encima del público. Todo ello bajo el argumento de que los derechos de Obtentor impulsan la innovación, la inversión, la generación y transferencia tecnológica”, sostuvo Alejandro Espinosa Calderón, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El impacto que podría causar dicha aprobación abarca la mayoría de las unidades de producción en México. La Encuesta Nacional Agropecuaria, de 2017, revela que las unidades de producción en México, que se estima utilizan semillas criollas, es del 77.5%.

Reglas más rígidas

La UPOV es una organización creada en 1961 y constituye un medio legal mundial para establecer figuras de apropiación de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales a través de patentes. A lo largo de estas décadas la organización ha creado normas para regir la propiedad intelectual sobre la biodiversidad y las semillas que se constituyen en un documento que le llaman acta.

El acta de la UPOV ha sido revisada y actualizada en los años 1972, 1978, 1991 con una tendencia marcadamente privatizadora de la biodiversidad y de las semillas. Hoy están vigentes dos versiones, el acta de 1978 y el acta de 1991. La mayoría de los países de América Latina han suscrito el UPOV 1978, pero en los últimos años los países que han suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos han sido obligados a suscribir el acta de 1991.

De acuerdo con German Alonso Vélez Ortiz, del Grupo Semilla, una organización de Colombia que lucha contra la incorporación del acta UPOV 1991 en la legislación de su país, dicha acta es mucho más restrictiva que el documento de 1978.

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“Posibilita apropiarse de todas las variedades campesinas e indígenas que hoy existen, pues todas ellas pueden ser ‘descubiertas’ por un Obtentor no campesino o su empleador, luego de tomarlas de los campos de agricultores, las reproduzcan, realicen algún nivel de selección, las homogenice (“poner a punto”) y luego las privaticen”, explica Ortiz.

La UPOV 1978 reconoce el derecho de los agricultores a reproducir, vender o guardar semillas protegidas, con la autorización y mediante un pago al ‘Obtentor’ de la propiedad intelectual; mientras la UPOV 1991 no reconoce y restringe totalmente el derecho del agricultor a guardar intercambiar y vender las semillas privatizadas, incluso la cosecha y sus productos pueden ser propiedad del ‘Obtentor’ de la variedad.

Además, la versión más reciente del acta permite extender la propiedad privada sobre otra variedad que es “similarmente confundible” a aquella que se privatizó.

Transgénicos en México

En 1996, México promulgó la Ley Federal de Variedades Vegetales. Un año después se adhirió al acta UPOV 1978 como parte de los compromisos adquiridos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Mientras en otros países de América Latina la siembra de transgénicos se inició en 1990, en México la autorización de la siembra experimental de maíz transgénico ocurrió en 2009.

Maíz nativo en México

En 2012, empieza la siembra comercial de la soya transgénica que, si bien se detuvo por la defensa de los apicultores mexicanos y productores de Yucatán, “lo daños y secuelas de aquella autorización aún continúan”, sostiene Calderón.

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Diversos estudios han reportado la contaminación transgénica de poblaciones nativas de maíz y algodón, “un gran riesgo para las variedades de esta especie ya que México es centro de origen y domesticación y diversificación”, evalúa Calderón.

En 2005, se publicó la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Con ella, de 2005 a 2018, se otorgaron, de acuerdo con el representante de Conacyt, permisos para la liberación al ambiente del algodón y maíz transgénico a unas pocas empresas. “Estas empresas también patentan estos transgénicos en otros países precisamente derivado de la pertenencia al acta UPOV 1991”.

Presión de los Estados Unidos

Los pactos, los convenios y los tratados de libre comercio han sido, según Ortiz, cruciales para la privatización de las semillas. “Han sido el instrumento para despojar los bienes comunes y han limitado la posibilidad de que las comunidades puedan guardar, sembrar, compartir y reproducir su propia semilla”.

Además del Convenio UPOV, están el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya, el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos. “En su conjunto son un sistema de leyes y normas vinculadas con la propiedad intelectual sobre biodiversidad y semillas, con patentes o derechos de ‘Obtentor’, y también con un sistema de restricciones y vigilancia que va del registro a la certificación de semillas y que construye una serie de cercos, a los que hoy se suma la digitalización, para ir impidiendo que la gente pueda relacionarse libremente con sus semillas”, explica el miembro del Grupo Semilla.

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Los Estados Unidos han incluido en todos los acuerdos de libre comercio la obligación de que los países suscriban el Convenio UPOV 91. La Unión Europea y Japón hacen lo mismo, explica Ortíz.

“Para Estados Unidos los tratados de libre comercio deben aplicar patentes a todos los ámbitos del comercio (sin excepciones, ni exclusiones), especialmente sobre materia viva y conocimiento asociado. Los países que suscriben tratados comerciales adquieren la obligación de realizar ‘esfuerzos razonables para otorgar patentes a plantas’”.

Colombia: un espejo

Una vez que Colombia firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, se adhirió al Convenio UPOV 1991, y se crea una ley para reglamentar su contenido en las leyes nacionales.

Después de manifestaciones en todo país, la Corte Constitucional declaró que la ley era inexequible, es decir imposible de llevar a efecto, por no haber sido consultada previamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Sin embargo, ha habido presiones directas del gobierno de los Estados Unidos para que la ley sea aprobada. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en un reporte especial, afirma: “Colombia aún necesita hacer avances adicionales en compromisos relacionados con la propiedad intelectual, en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, en particular las disposiciones con respecto a la responsabilidad de los derechos de autor y adhesión al Acta de 1991 de la UPOV 91”.

Por otro lado, Colombia posee la Ley de Certificación de Semillas, la cual protege los derechos ‘detentores’ y se complementa con las legislaciones que controlan la comercialización de las semillas. “Solo se puede comercializar semillas certificadas y registradas. Los agricultores no pueden vender sus semillas criollas en los mercados locales por no ser semillas certificadas”, explica Ortiz.

Con leyes de este tipo, “los gobiernos establecen estándares de calidad y sanidad definidos por las empresas de semillas y les permite controlar el mercado de semillas; determina quiénes y bajo que requisitos pueden mejorar y conservar, producir, usar, intercambiar y comercializar semillas; se prohíbe y convierte en delito la reproducción, intercambio y comercialización de semillas; se imponen multas por la comercialización de semillas ‘no legales’”.

Guardianes de la diversidad

Las semillas nativas y criollas son bienes comunes de los pueblos y comunidades. “Desde épocas ancestrales han sido compartidas en las comunidades, han circulado libremente, sin restricciones, sin controles externos, para producción, uso y difusión. Han sido recibidas por nuestros antepasados para ser entregadas a nuestros hijos como garantía para su soberanía alimentaria”, apunta Ortiz.

El modelo de desarrollo que existe en el mundo ha hecho que gran parte de la agrobiodiversidad, más de 75%, haya desaparecido en el ciclo pasado, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

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Los campesinos conservan más de 7 mil cultivos, mientras la agroindustria se enfoca en 150 especies. Solo cinco cultivos de la revolución verde y biotecnológica sustentan su producción y la alimentación global.

“La diversidad genética y el conocimiento milenario de los pueblos originarios y comunidades indígenas se utiliza como lucro por entidades privadas alrededor del mundo para desarrollar otras variedades en un proceso que se distingue por la uniformidad. Eso conduce a mecanismos de apropiación de variedades que deben ser de dominio público y favorecen la propiedad intelectual, el provecho económico de unos pocos. El avance de grandes capitales y corporaciones llevan al surgimiento de organizaciones como la UPOV”, resume Calderón.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 20 de septiembre 2022

ROMPIENDO FRONTERAS

—PANAMÁ: Hablan los medios alternativos y radios comunitarias [Serie radiofónica] Radio Temblor.

—GRECIA:  Sube la tensión en las calles de Atenas contra la «Policía Universitaria», cuerpo creado para patrullar los campus con el objetivo de vigilar y reprimir toda actividad política anticapitalista. Perseus999 Y @savvaskarma

—COLOMBIA: No cesó la noche Uribe: Continúa criminalización de manifestantes del Paro Nacional en Colombia. Avispa Midia.

—COSTA RICA: Sobre el Segundo Informe a Violaciones a Derechos Humanos en el Sur de Costa Rica en afectación a pueblos indígenas. Entrevista a Nery Chavez.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

—MÉXICO Ayotzinapa 8 años de un Estado Criminal. Fuertes jornadas de protestas en Guerrero y siguen ahora en CDMX. Exigen fin a las «mentiras históricas».

—MICHOACÁN CDMX: Comunidades indígenas de Michoacán se movilizan en defensa de las autonomías frente a la Corte. CNI

—MICHOACÁN Amenazan con desarmar a las guardias comunales del municipio autónomo de Ostula. Desinformemonos.

—MANTA POR #16AñosDeImpunidadMilitar ¿Para cuándo nuestra independencia del Ejército? Acción del colectivo de mujeres #HastaEncontrarte de Guanajuato, para protestar contra la militarización del país.

—OAXACA: Continua campaña por la Libertad de los presos de Eloxochitlan con murales en Oaxaca y una serie de lecturas de la obra epistolar de Ricardo Flores Magón.

—OAXACA: Pronunciamiento  de indignación por ataque a organización popular por grupo armado de choque adepto a las autoridades locales. Varios heridos y desaparecidos. Varias Organizaciones oaxaqueñas.

—CHIAPAS:  Amenazas y agresión durante documentación en el Poblado de Nuevo San Gregorio. Frayba

música:

la trova pank -llueve

Yezli Mic – Legalice

Ayotzinapa – Sonora Criminal

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CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN

Movilización nacional en defensa de las autonomías!: CSIM

A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL PUEBLO DE MÉXICO

AL ESTADO MEXICANO

 

Ciudad de México a 19 de septiembre de 2022.

 

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, Consejo Libre y Autónomo de los Pueblos Originarios de Michoacán, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, Asamblea General de Autoridades Indígenas de 65 comunidades originarias, por medio del presente, declaramos conjuntamente lo siguiente:

 

Por decisión de Asamblea General de Autoridades, el #CSIM se moviliza el día de hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación #SCJN en defensa de las autonomías indígenas, las cuales sostenemos, son un derecho histórico, colectivo, constitucional e internacional de nuestros pueblos. Consideramos que las recientes resoluciones emitidas por la SCJN respecto a las controversias constitucionales de los ayuntamientos de Tangamandapio y Nahuatzen, representan un grave retroceso a los derechos colectivos de las comunidades y una traición a los pueblos indígenas.

 

Ante estas resoluciones que atentan en contra de los autogobiernos indígenas, respondemos comunalmente con tácticas jurídicas, políticas, sociales y legislativas. Hoy, en lo social, realizamos una movilización nacional, desde nuestros pueblos, venimos a decirle a la SCJN que no permitiremos qué transgredan nuestro derecho a la autonomía, que tanto ha costado a muchos pueblos y comunidades originarias. Es herencia de las luchas de los abuelos en el camino.

 

En lo jurídico, presentaremos una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque pensamos que el reconocimiento de un derecho, no debe ser en detrimento de otro. En lo político, fortaleceremos los procesos de autonomía, creando más autogobiernos, la semana pasada reiniciamos la autodeterminación de la comunidad de Sicuicho y continuaremos esta semana con el pueblo de Pamatácuaro. En lo legislativo, en el Congreso de la Unión, presentaremos iniciativas de ley para el reconocimiento pleno y constitucional de las autonomías y los Consejos de Gobierno, así mismo, en el Congreso de Michoacán presentaremos iniciativas para que las encargaturas del orden, es decir, pueblos indígenas pequeños, puedan acceder al presupuesto directo y no sean discriminados en la entidad.

 

Finalmente, exigimos a la #SCJN que resuelva las subsiguientes controversias constitucionales en materia indígena, conforme los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. ¡Exigimos respeto a la libre autodeterminación de las comunidades indígenas! ¡Nunca más un México sin nosotros!

 

¡RESPALDO TOTAL A LAS LUCHAS POR LA AUTONOMÍA Y DEFENSA DEL TERRITORIO!

 

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pronunciamiento de PADUC en su quinto aniversario

A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES
AL PUBLICO EN GENERAL.

PRONUNCIAMIENTO

Hace  5 años, éramos victimas de extorsiones, de intimidaciones y de falta de respeto hacia nuestros derechos humanos, del libre tránsito de nuestros productos del campo.

Al día de hoy, ya no solo abarca el libre tránsito de nuestros productos del campo, tenemos comisiones de ganadería, transporte, derechos humanos, agraria, luz y una comisión de salud.

Nuestros objetivos como organización es la defensa de nuestros derechos y nuestros usos y costumbres como pueblos originarios.

Estamos conformados por comunidades, rancherías de los municipios de Palenque, Ocosingo, Chilón, Salto de Agua, la Libertad, Benemérito de las Américas, Playas de Catazajá, así como comunidades pertenecientes a los municipios de Emiliano Zapata y Tenosique, Tabasco.

Como organización buscamos orientar, proteger, proponer y asesorar a nuestros pueblos originarios, actuamos de forma civil y pacífica, buscamos siempre el respeto mutuo ante las instituciones gubernamentales. Nuestros valores es impulsar  el respeto a la diferencia, no buscamos conflictos, buscamos siempre la paz social en nuestros territorios.

Somos independientes de las instituciones de gobierno y de los partidos políticos.  Buscamos nuestra autosustentabilidad en el trabajo y colaboración de quines integramos la organización.

Como organización PADUC somos respetuosos de las demás organizaciones sociales, movimientos o grupos que se organizan para defender sus derechos, pero no compartimos las acciones que se realizan a través de la violencia. Nuestras acciones son a través del diálogo, lucharemos a través de la fuerza de nuestra palabra y la concientización.

Queremos enfatizar nuestra postura como organización ante los sucesos en que estamos viviendo hoy, el alto índice de violencia en los territorios de los pueblos indígenas, los desplazamientos forzados, la persecución a los defensores de la tierra y de los derechos humanos, como es el caso de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, del ejido san Jerónimo Bachajón, municipio de Chilón, por protestar ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Por lo que exigimos se cancele el proceso judicial en su contra.

Sufren la cárcel los hermanos Manuel Sántiz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, defensores de derechos humanos de la parroquia de San Juan Cancuc. Por lo que exigimos su total libertad.

Condenamos la persecución del párroco Marcelo Pérez Pérez integrante de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, por su labor en defensa de los más desprotegidos.

Nuestro andar es y siempre será a favor de la justicia y de la paz. A las personas, comunidades y pueblos que integran nuestra organización les exhortamos a que nos dediquemos  a trabajos lícitos y honestos, a construir la vida digna de las personas.

Agradecemos a todas y todos los que estamos aquí marchando, que vinieron desde comunidades muy lejanas, que se levantaron temprano, que tomaron su morral y su pozol para caminar y estar aquí en esta acción. Hermanos, hermanas, estamos aquí por dos objetivos:

Primero, nuestras voces claman Si  a la paz, No a la violencia en nuestros municipios, en Chiapas, en México y en el mundo.

El segundo es, celebrar el quinto aniversario de nuestra organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres. En estos cinco años hemos ido aprendiendo para mejorar nuestra organización.

Enviamos un saludo a todos nuestros integrantes, a las demás organizaciones sociales que luchan por la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y a toda persona que lucha por los derechos humanos.

Como organización exigimos:

Respeto a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas
Respeto a los usos y costumbres que dan vida
Respeto a nuestros derechos humanos
Respeto a nuestra identidad social, cultural, costumbres y tradiciones
Ato a la criminalización y persecución a los defensores de derechos humanos

Palenque, Chiapas, 18 de septiembre de 2022.

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Radio Zapote

Padres y Madres de los 43: Nuestra solidaridad con los damnificados y las victimas

Ayotzinapa, Guerrero,a 19 de septiembre de 2022.-

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos continuamos en nuestra jornada de lucha a días de cumplirse ocho años de su desaparición forzada.

Dadas las condiciones de devastación que sufre la población de Guerrero y Acapulco a consecuencia del paso de la tormenta tropical Lester, a los damnificados les expresamos nuestra solidaridad y nos unimos a su exigencia al gobierno estatal y federal de dar respuestas mediante un fondo de apoyo suficiente para restaurar los daños que sufren las familias.

Por tales razones hemos decidido suspender nuestras actividades de protesta que se tenía programada para este día en el puerto de Acapulco y concentraremos los contingentes en la Ciudad de México para continuar con nuestra lucha y exigencia de presentación con vida de nuestros hijos.

La Normal Rural de Ayotzinapa y las madres y padres de los 43, estarán siempre al lado de la gente de abajo que como nosotros sufre ya por la acción de los malos gobiernos o por las inclemencias de la naturaleza y la inacción de gobiernos insensibles e indiferentes a nuestro dolor.

Atentamente

 

Comité de Padres y Madres de los 43

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Avispa Midia

Quilombolas recuperan tierras tras 40 años de monocultivos de eucalipto en Brasil

Fuente: Avispa Midia

por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

En portada: Suzano Papel e Celulose, la mayor multinacional productora de celulosa del mundo, se “disculpó” durante una reunión con miembros de la comunidad quilombola Angelim II, después de haber invadió su teritorio situado en Sapê do Norte, en Espírito Santo. Con una operación de corte de eucalipto, de forma totalmente inesperada, provocó miedo e inseguridad a los quilombolas, quienes resistieron la invasión. Junio del 2021

Las comunidades quilombolas de Sapê do Norte, Brasil, viven un proceso violento ante la expansión de los monocultivos de eucalipto a gran escala. Después de muchas dificultades, iniciaron un proceso para recuperar sus tierras y el agua en sus territorios. Y la lucha por recuperar lo que les pertenece continúa. A continuación, compartimos un diálogo entre el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) y dos activistas quilombolas para reflexionar sobre este difícil pero fértil proceso de resistencia.


El territorio quilombola (comunidades formadas por descendientes de personas africanas que fueron sometidas a la esclavitud y escaparon para fundar quilombos en el Brasil colonial e imperial) de Sapê do Norte, en el estado de Espírito Santo, Brasil, ocupaba una extensa área en los actuales municipios de São Mateus y Conceição da Barra. En esa zona vivían alrededor de 12,000 familias. Las que permanecieron se dividen en 34 comunidades reconocidas por la Fundación Cultural de Palmares, pero todavía hay muchas otras en situación de invisibilidad, sin el certificado que acredita el reconocimiento de las comunidades quilombolas.

Estas comunidades quilombolas fueron expulsadas de sus territorios tradicionales a través de un violento proceso de colonización impulsado por el Estado y luego, en la década de 1970, con la llegada de la empresa Aracruz Celulose (posteriormente conocida como Fibria y actualmente Suzano S.A.) y la expansión de sus plantaciones de monocultivo de eucalipto a gran escala. Con el respaldo del Estado, y en nombre del “desarrollo”, se vieron obligadas a trasladarse a la periferia de los municipios de la región. Otras permanecieron cercadas por plantaciones de eucaliptos.

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En medio de las dificultades cotidianas, los quilombolas siguen luchando contra las diversas formas de violencia a las que se enfrentan. En 2007 iniciaron un proceso colectivo para recuperar el agua, los cultivos y la vida comunitaria. Han pasado 15 años desde que consiguieron recuperar algunas de sus tierras en Sapê do Norte. Y la lucha por recuperar lo que les pertenece continúa.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) dialogó con Flávia, de la comunidad Angelim II, mujer, madre y activista quilombola, y con João de Angelim, también activista quilombola, agroecólogo e investigador quilombola. Sus palabras y experiencias en las llamadas retomadas (procesos de recuperación de sus territorios) nos dejan muchas lecciones y reflexiones sobre el difícil pero fértil proceso de resistencia de las comunidades quilombolas en el territorio de Sapê do Norte.

WRM: ¿Cómo empezó la historia de las retomadas en Sapê do Norte?

João: Las comunidades quilombolas llevan años resistiendo. Primero, ante la llegada del cultivo de eucalipto a la región, mediante la lucha por el territorio, a través de la justicia, con estudios e informes técnicos que pudieran garantizar que la comunidad recuperara parte del territorio que le fue quitado abruptamente. Pasaron los años y no veíamos ninguna posibilidad de recuperación. Llegamos a la conclusión de que sería necesario dar algunos pasos, presionar, señalar algunos lugares que demostraran que algo malo ocurrió cuando la empresa de celulosa y papel llegó y se apoderó de las tierras.

Luego, a través de la Comisión Quilombola, que cuenta con representación de todas las comunidades, junto con otros movimientos sociales que tenían más experiencia en realizar ocupaciones de tierras, como el MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra), se realizaron las primeras reuniones. Y así empezaron las retomadas.  La primera ocurrió en 2007, en la comunidad de Linharinho, con el objetivo de recuperar el agua, los alimentos y el suelo.  Hoy esa comunidad reclama 3,500 hectáreas de tierra.

Pero hay que considerar que la retomada ocurre en un contexto de una reparación social y ambiental que nunca llegó a suceder. ¿Cuántas personas murieron por haber sido expulsadas de Sapê do Norte? El Estado brasileño tiene que entregar los títulos (de propiedad) a las comunidades quilombolas, cuyas tierras son mucho más grandes que las que están en proceso de recuperación. Pienso que esta sería la verdadera justicia. No va a abarcar todos esos años que han pasado, pero nos va a posibilitar una alternativa en el futuro. Si uno tiene tierra, tiene libertad. No se puede seguir permitiendo que Suzano destruya el territorio de Sapê do Norte, ni ninguna otra región.

Flávia: La primera retomada en el territorio de Sapê do Norte, que se dio en la comunidad de Linharinho, fue muy difícil. Fue la primera vez que tomamos la decisión y dijimos: “mira, si el Estado no nos entrega, si no nos devuelve nuestras tierras, entonces vamos a iniciar un proceso de recuperación”.

Contamos con una gran organización, con asesoría jurídica y con el apoyo de aliados. Pero, al final, estaba el operativo policial, con furgones, con perros…fue muy difícil. Resistimos como pudimos y, gracias a Dios, no perdimos a nadie. El Estado, representado por la policía, vino con toda su fuerza, armado, y muchas personas de la comunidad fueron detenidas.

Después nos quedamos un tiempo sin emprender nuevas retomadas.

Foto: Asociación Quilombola de Productores Ecológicos de Angelim II (Aquipoa)

En el año 2010 hubo retomadas en São Domingos y Angelim I. Más recientemente las hicimos en la cuenca de Angelim, en las comunidades de Angelim 2, Angelim 3 y Angelim Disa –Angelim es el río que da nombre a las comunidades. Aunque vengan algunos policías, ahora ya conseguimos que no venga toda la fuerza armada. Estamos mejor preparados y contamos con una red de aliados que hacen su parte para apoyarnos. Y conseguimos evitar que nos criminalicen por recuperar los territorios.

WRM: ¿Cómo se organizan ustedes antes y después de las retomadas?

Flávia: En Sapê do Norte, tenemos la Comisión Quilombola, con representantes de todas las comunidades.  Tenemos reuniones mensuales. Cuando vamos a recuperar tierras, todo se piensa desde ese espacio, con el apoyo de todas las comunidades. Hacemos una lista de entidades que nos apoyan e informamos a todas, y también siempre pedimos asesoramiento jurídico.

Hoy en día, conocemos nuestros derechos y somos capaces de tener el mismo diálogo que un abogado. A pesar de eso, cuando llegamos al lugar de la retomada, los policías, con sus prejuicios, no aceptan que una quilombola como yo pueda dialogar con ellos. Siempre solicitan la presencia de un abogado. Muchas veces el abogado está por estar, pero somos los quilombolas los que realmente hablamos, porque somos nosotros los que vivimos acá y sabemos cuáles son nuestros derechos. Hoy tenemos algunos abogados que nos defienden muy bien, con uñas y dientes, que llevan mucho tiempo con nosotros. Siempre están con nosotros. Hacemos un llamado a los movimientos, los consejos y la secretaría de derechos humanos –aunque no se vea mucha acción por parte de la secretaría.

Así que todos los movimientos se enteran de que va a haber una determinada acción dentro de una comunidad en particular, a una hora determinada, y entonces todos se mantienen alerta.  Los que pueden venir, vienen; los que no pueden, nos apoyan desde sus localidades.

Y también hay una organización inicial en el momento de la acción. Quien puede, lleva plantones, semillas, lo que quiera y pueda contribuir para que realmente podamos ocupar ese espacio que está desocupado o con eucaliptos. Y también organizamos placas de identificación del territorio para delimitar el espacio, con el número de los procesos judiciales y artículos de la ley que nos da el derecho a la tierra. El día de la retomada es un día de tensión, de mucho trabajo, hasta que llega la policía. Claro, no hay ninguna retomada sin que la policía llegue. Ahí empieza el proceso de negociación, que, gracias a Dios, vamos ganando todos, y la policía se va.

Labores de reforestación en las recuperaciones de tierras quilombolas, donde se involucran desde niños y adultos. Foto: Aquipoa

La comunidad que va a recuperar la tierra tiene que estar bien movilizada y articulada para que haya gente todos los días, vigilando, trabajando, para que no lleguen al día siguiente y destruyan todo lo que se hizo el primer día. La retomada de Angelim II tuvo lugar el 19 de diciembre de 2020.

João: La retomada de Linharinho fue rápidamente reprimida. No hubo la oportunidad de sembrar el cultivo. Pasamos tres años pensando en una estrategia de cómo hacer una retomada que fuera más permanente. Así, en 2010, la retomada ocurrió en dos comunidades: São Domingos y en Angelim I, un mes después.

La estrategia en Angelim I fue que no nos quedáramos todos en el territorio en recuperación. Entrábamos, plantábamos y nos íbamos. Lo que sucedió en esa primera área fue su consolidación. No hubo interrupción por parte de la policía, ni aislamiento del área, logramos crear caminos y maniobras a través del diálogo directo y otras estrategias de resistencia. En São Domingos utilizamos la misma estrategia. Con el paso del tiempo fuimos eliminando los eucaliptos y cultivando una agricultura de base alimentaria más adaptable a la situación del suelo.

WRM: ¿Cómo el agua se volvió tan importante en esta lucha?

João: En una de las investigaciones realizadas por el movimiento quilombola aquí en Sapê do Norte, en 2002, se constató la desaparición de unos 200 arroyos y humedales en la región. La gente muchas veces ni siquiera tenía agua para beber.

En la retomada de Angelim I, hicimos una acción cerca de una zona húmeda. Después, en 2014 y 2015, vivimos un periodo de mucha sequía. Volvimos a la zona húmeda, ya con menos eucaliptos, pero no lo suficiente. La gente empezó a quitar los eucaliptos. A partir de ese momento, la región ganó otra forma. La lluvia llegó, el suelo se volvió más húmedo y las cosas empezaron a suceder.

En ese momento pasamos a observar lo que estaba ocurriendo en la región: donde estaban las personas, donde se regeneraron los manantiales, el agua estaba ocupando los puntos que antes estaban secos. Uno de los ejemplos más claros es el arroyo Córrego da Velha Antônia, que había desaparecido y que ya hemos conseguido recuperar parcialmente. Esto es algo muy gratificante.

Los cuerpos de agua ahora tienen más agua, con un volumen significativo, gracias a las retomadas, en que más de 400 familias del entorno han retirado los eucaliptos. En esta pequeña muestra vimos brotar el agua, algo que no ocurría durante muchos años. La gente empezó a pescar. En un lugar donde antes no había peces, empezaron a aparecer.  Se empieza a poder navegar en un lugar en el que no había agua. Estamos hablando de un solo arroyo, pero hay cientos de arroyos y ríos afectados aquí en la región. Imagínate la abundancia que había antes de los eucaliptos. Es decir, el gran problema que tenemos es el monocultivo de eucaliptos, que hace con que no tengamos agua; que los ríos no tengan agua.

El tema del agua es inconmensurable; lo hemos tratado como el principal vínculo entre todos los que estamos aquí.

Flávia: En realidad, todo lo que teníamos aquí en el territorio era tierra, agua y bosque. Eso era todo lo que teníamos para sobrevivir. No teníamos otra forma de subsistir. Por eso decimos que el bosque es nuestra madre y el río es nuestro padre. Siempre nos han mantenido. Cuando conocí el río, todavía había muchos peces, había lianas en el bosque, pero hoy nuestra mayor dificultad, en todo el territorio de Sapê do Norte, es la falta de agua.

En Angelim 2 había 105 familias, hoy son 40. Desde que llegaron, las empresas talaron todo el bosque, y poco después llegó la plantación de eucaliptos. El agua y los peces empezaron a disminuir y a morir por envenenamiento. Los manantiales comenzaron a secarse.

El monocultivo de eucaliptos seca el agua de los arroyos e inmediatamente utiliza ese espacio para plantar más eucaliptos, acercándose al manantial hasta que el río se seca por completo. También está la cuestión de las represas, que siempre se construyen por encima de nuestras comunidades, dejando sin agua a los arroyos que se encuentran en la parte inferior. En períodos de mucha sequía, el agua evapora, los ríos se vuelven tierra. Las plantaciones de eucalipto se abastecen con camiones cisterna. Van a las represas, llenan los camiones cisterna y riegan los eucaliptos, las plantaciones de eucalipto. Por esto hacen represas: para tener agua abundante todo el año.

Fotografía: Santiago Navarro F

Ni siquiera tenemos agua para beber, es algo cruel. Cuando estoy en los espacios donde están los organismos ambientales del Estado e incluso el actual gobierno, suelo decir que es vergonzoso dejar a más de mil familias en un territorio sin agua para beber.

Tenemos muchos problemas por la falta de agua. Una parte de la comunidad se abastece con un camión cisterna enviado por la alcaldía, pero no consideran la alternativa de quitar los eucaliptos que están cerca de las cabeceras de los ríos, disminuir la cantidad de veneno utilizada (para que tengamos acceso a agua limpia), en lugar de pasar años y años abasteciéndonos con camiones cisterna.

En las comunidades de Angelim 1, Angelim 2 y Angelim 3, solo con recuperar las tierras y reducir el cultivo de eucaliptos, no fue necesario trabajar en la recuperación de los manantiales (específicamente), pues no sería posible recuperar todos los manantiales en tan poco tiempo. Trabajamos en la recuperación de algunos de los manantiales más estratégicos para hacer avanzar el proceso. Pero con solo eliminar parcialmente los eucaliptos, el agua ya empieza a brotar.  Es increíble. En los manantiales en que hace un año no había agua, ahora vuelven a tener. Eso demuestra que lo que seca nuestros manantiales es el eucalipto, aunque ellos digan que no, que el eucalipto es una planta como cualquier otra. ¿Lo es? Sí, pero se trata de un monocultivo. Si hubiera alguna diversidad, tal vez no secaría el agua como ahora.

WRM: En ese proceso de retomada, ¿fue importante el apoyo de los movimientos y organizaciones de la región y los aliados internacionales?

Flávia: Muy importante. Siempre tuvimos esta percepción. Cuando estamos solos, la empresa arremete con fuerza, son muy violentos. Pero como tienen “un nombre que mantener”, como dicen, cuando se dan cuenta de que no estamos solos, quieren mantener el diálogo.

Hoy tienen otra forma de dialogar con nosotros porque son conscientes de que no estamos solos. Y cuando van a la mesa de diálogo, dicen que nosotros somos los agresivos. Siempre es así. Pero el apoyo de las comunidades y de las personas de fuera de Sapê do Norte es esencial. Estamos en un proceso de sostener una red de apoyo con cada uno de los movimientos. Tenemos que ir de la mano de todos para que nunca nos quedemos solos.

João: La lucha quilombola ya surge como una lucha conectada; de denuncia, con alianzas. La lucha quilombola de Sapê do Norte es conocida internacionalmente. Lo más importante para fortalecer esta lucha fueron las alianzas que tenemos a nivel nacional e internacional, aunque las retomadas se autogestionen, con el poder de decidir qué hacer, qué cultivar, qué comer. Todo ello ocurre gracias a este bloque que nos defiende desde los derechos humanos, desde la FASE (Federación de Organismos de Asistencia Social y Educativa) de Espírito Santo, que siempre fue una de nuestras socias, desde los movimientos sociales sin tierra, del MST, en todas las redes en que se articula, la Red Alerta contra el Desierto Verde, el WRM y tantos otros grupos aliados en las redes de América Latina. Tratamos de articularnos para sentir siempre el dolor de los demás, conscientes de lo puede suceder en nuestros territorios.

Intentaron separarnos, ahora queremos acercarnos, estar cerca del río y recuperar el bosque que nos quitaron. El vínculo con el bosque era tan íntimo y valioso que los lugares tenían nombre y se respetaban simbólicamente. Hoy se habla de la protección de los bosques, de las zonas de reserva legal, de las APP (Áreas de Preservación Permanente), pero eso no es suficiente ni comparable con lo que eran los bosques verdaderos.

WRM: ¿Cuáles fueron los principales retos en esta lucha?  

Flávia: Como mujer, hay muchos retos. La mujer tiene que ser militante, madre, ama de casa. En mi caso, tengo dos hijos, y fue mucho más desafiante porque recién había dado a luz. Mi hijo tenía cuatro meses cuando hicimos la retomada. Soy una lideresa de primera línea, dependo del apoyo de las personas. Pero solo confían en el proceso si estoy presente. Entonces yo tenía que estar presente, así que mi hijo y yo estuvimos en todas las retomadas. Es muy agotador, sufrimos. No en la comunidad, porque la comunidad nos da todo el apoyo cuando tenemos un hijo, toda la gente lo cuida.

También sufrimos prejuicios, por ser mujer, negra, quilombola, agricultora, pobre. Generalmente la empresa nos subestima mucho. Piensan que esta mujer, yo, no tengo capacidad para participar en un proceso de negociación, por lo que tengo que estar afirmando todo el tiempo quién soy, para que no nos subestimen o intenten arremeter con fuerza contra la comunidad. Los prejuicios son muy visibles. El día en que ocurrió la agresión contra un compañero, les pregunté si podían imaginarse lo que sucedería si hubiera sido él quien hubiera atacado a alguno de ellos (el personal de Suzano), todos blancos, dónde nuestro compañero estaría ahora. Estaría en la cárcel, seguro. Pero como fue un hombre blanco que atacó a un hombre negro, no pasa nada: dicen “lo siento” y “a dialogar”. ¿Habrían dialogado con nosotros en ese momento si hubiera pasado lo contrario? La resistencia es cotidiana, siempre hay que estar atento.

Otra cosa que me preocupa mucho son las amenazas. Yo siempre tengo miedo en el territorio. Debido a mi participación en el movimiento de derechos humanos, toda la coordinadora tiene un cuidado especial conmigo, una cuestión de vida o muerte. Aquí no hay señal de teléfono, solo tengo acceso a internet cuando estoy en casa. Cuando salgo, nadie sabe dónde estoy. No salir sola, no salir por la noche, no dejar solos a los niños en casa. Es un gran reto tener que estudiar, por la noche tengo que ir a la universidad, pero ¿cómo puedo volver a casa si no puedo caminar sola por la noche? Hay todo un proceso que todavía estoy tratando de manejar.

João: La empresa siempre está buscando una artimaña. En cada proceso de retomada, la empresa salía con un proyecto o con programas para desviar la atención.  Eso ocurrió muchas veces, generando un enfriamiento de la lucha. En ese mismo período, cooptaron quilombolas y líderes, ofreciendo puestos de trabajo, presentando algunos programas, afirmando que era lo mejor para la comunidad.

Lo que ocurrió en algunas de las retomadas fue que, a medida que se consolidaban las áreas en recuperación, fueron llegando personas que no eran quilombolas y que, de algún modo, lograron instalarse. Y, muchas veces, por no comprender la lucha por el territorio y la lucha quilombola, crearon un diálogo torcido y confundieron el proceso. Tuvimos grandes dificultades con eso. Recientemente, en 2020, sufrimos un ataque masivo de invasiones en el territorio de las comunidades, por parte de grupos organizados no quilombolas. Fue necesario tomar una posición, porque ellos estaban eligiendo algunas localidades y contando nuestra historia, como si fueran nosotros, y calificando a esas localidades como áreas de retomada. Algo peligroso. Fue necesario separar cuáles eran las áreas recuperadas en las que estábamos participando, con un poco de la filosofía que tenemos como movimiento. Al final, esas personas (no quilombolas) tuvieron que irse.

Comunidad quilombola de Angelim II. Foto: Aquipoa

Mantener las áreas en recuperación también supone un reto debido a la invisibilidad que tenemos en las políticas públicas. Como trabajamos en autogestión, no tenemos el apoyo de políticas públicas, no tenemos el apoyo de casi nadie. Trabajamos con los agricultores, con los quilombolas que están en el campo casi como un esfuerzo directo por parte de ellos. Y eso está siendo un gran diferencial, está haciendo posible “extraer la leche de la piedra”, cuando se decía que no iba a salir nada. Fue posible volver a tener agua donde no había, tener comida donde no había, tener bosques, volver a criar animales donde en el pasado había muchos.

Otro desafío tenía que ver con la capacidad de rebrote del eucalipto: una capacidad enorme.  Después de diez años, tenemos lugares en los que aún no fue posible eliminar los residuos de los eucaliptos. Los más de 40 años de uso intensivo de maquinaria pesada, de cientos de kilos de glifosato, de toneladas vertidas en las cabeceras de los ríos, en las aguas, dejaron el suelo en muy malas condiciones. Y ahora tenemos que regenerarlo, recuperarlo. La agroforestería siempre formó parte de la vida quilombola.  Pero para regenerar el suelo es necesario conocer el lugar, recuperar la ancestralidad, analizar lo que tiene relación con el entorno y lo que no. Saber qué sembrar, saber qué dejar crecer.

WRM: ¿Qué consejos podrías dar a otros pueblos que se enfrentan a un proceso similar de recuperación de tierras o aguas?  

Flávia: Aquí, en Brasil, creo que no vamos a tener tierras si no las recuperamos. Así que la primera cosa: hay que recuperar la tierra. Pero para hacer eso, hay que tener una organización mínima para no acabar intentándolo sin éxito. Tenemos que estar conectados, trabajar en red, aunque sean redes fuera del estado o del país. Es muy importante tener apoyo en red, estar en contacto con el Ministerio Público Federal, con la Defensoría del Estado, con los consejos de derechos humanos, porque son las instituciones del Estado con las que podemos conseguir algún apoyo jurídico. También es muy importante preocuparse por la vida de nuestros defensores.

Y nunca rendirse, ¿verdad? Porque si renunciamos a cualquier proceso de lucha por nuestros derechos, de una forma u otra, vamos a morir. Si no somos defensores, nos van a fusilar porque somos negros, o nos vamos a morir de hambre porque no tenemos nada que comer, o nos vamos a morir de frío porque no tenemos dónde vivir. Siempre tenemos que estar atentos y tratar de mantenernos vivos.  La prioridad es la vida, no rendirse y trabajar en red. Los apoyos son muy importantes.

João: No dejar de sembrar, no dejar de creer, seguir adelante. En muchos momentos habrá dificultades, pero mientras haya un manantial que necesita ayuda, no podemos quedarnos solo en el discurso. Es necesario actuar. No se puede esperar que la decisión salga de la pluma de un juez, porque él no siente en su piel cómo se están contaminando los de abajo.

Las retomadas hoy son una realidad, y al igual que nos atrevimos a hacerlas, nos atreveremos a mantenerlas. El tiempo transcurrido nos ha permitido reflexionar y comprender mejor la coyuntura. No es fácil comprender un aislamiento de más de 40 años sin acceso a la tierra. Y cuando se abre esta posibilidad, es normal que surjan crisis y confusiones. Las retomadas nos han enseñado eso, y estoy muy agradecido por haber comprendido mejor este gran plan, que funcionó. Y que está demostrando que es el camino que seguir.

Creo que lo más importante fue poner fin al silencio que existía en medio de los eucaliptos, asfixiando a las comunidades que estaban aisladas. Se rompió un silencio que impedía a la comunidad entrar o atravesar parte de una zona de eucaliptos para llegar a un arroyo sin temer a la vigilancia –que aún se mantiene, pero que tenía un control mucho mayor (en el pasado). Entonces, se rompe ese silencio y se restablecen los vínculos comunitarios.

Puedo ver las tierras de los pueblos de todo el mundo, de nuestros hermanos indígenas, de las comunidades tribales de cada país, que se unan y encuentren fuerzas juntos. Hay momentos difíciles, pero nuestro gran enemigo son los grandes proyectos que vienen a ocupar las tierras, las aguas; a matar a nuestros pueblos. Así que, en primer lugar, unión y acción local. Todos los días, si es posible.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Amenazas y agresión durante documentación en el Poblado de Nuevo San Gregorio

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
14 de septiembre de 2022.
Boletín No. 29

•    El gobierno de Chiapas propicia la impunidad y la violencia en los territorios.
•    Destrucción y despojo continúa contra Bases de Apoyo Zapatista. 

La comunidad Nuevo Poblado San Gregorio (Nuevo San Gregorio), municipio de Huixtán, es territorio recuperado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se encuentra en la región Altos de Chiapas, vulnerado por la violencia y bajo un continuo asedio por parte de un grupo agresor, quienes han fraccionado las tierras y despojado el 95% de las tierras que forman parte del territorio colectivo del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas , del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” en Chiapas, México.

En el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), hemos documentado de nueva cuenta cómo este grupo actúa con total impunidad, saqueando casas y la escuela autónoma donde destruyen y despojan, lo que constata la omisión y aquiescencia de los gobiernos federal y estatal, donde los grupos delictivos actúan con toda normalidad en el aumento de violencia y agrediendo la autonomía zapatista.

Los hechos de violencia continuada perpetrada el 8 de septiembre de 2022, en la que constatamos el robo de una casa y escuela autónoma, el cual se dio alrededor de las 14:11 hrs., empezó el saqueo por un grupo de personas que robaron los bienes tanto de la casa como de la escuela zapatista donde se llevaron insumos de trabajo para el campo, escolares y para la vida diaria. El saqueo duró cerca de 4 horas.

El 10 de septiembre, al acudir a documentar el asedio, robo y saqueo hacia la casa y escuela zapatista, nuestra estancia fue vigilada; cuando salíamos de la comunidad, al tomar el camino de terracería a la altura de Rancho Alegre, fuimos objeto de agresiones por personas que infirieron agresiones verbales, además trataron de obstruir la carretera con un tronco de madera y autos estacionados en el camino. Lo anterior configura el aumento de la violencia, junto a una búsqueda de obstaculizar el trabajo de observación y documentación de derechos humanos y la solidaridad frente a las acciones de contrainsurgencia contra la autonomía zapatista que coloca el escenario en un contexto complejo que puede derivar en desplazamiento forzado interno, así como otros hechos graves y costos de difícil o imposible reparación.

Nos preocupan los hechos que prefiguran el territorio violentado por el sentido de acumulación y de odio hacia los pueblos zapatistas que van construyendo vida digna desde la autonomía. Insistimos en convocar a la solidaridad nacional e internacional que exprese el repudio de las agresiones hacia los pueblos en lucha y resistencia, en específico de Nuevo San Gregorio ante la persistente necedad de seguir vulnerado los territorios zapatistas.

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Camino al Andar

Comunicado urgente: Alto a la amenaza del gobierno de Michoacán contra la Guardia Comunal de Ostula

Publicado en Camino al Andar

14 de septiembre de 2022
Por Llegó la Hora de los Pueblos

La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, quien ejerce el autogobierno y mantiene la operación de su Guardia Comunal desde el 2009, se ha manifestado después de que el pasado 6 de septiembre el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, amenazó con retirar los puntos de control que resguardan lxs integrantes de su sistema de seguridad comunitario.

Mediante comunicado, el gobernador de Michoacán anunció que retirará las “barricadas” en referencia a los filtros de seguridad que la comunidad nahua mantiene sobre la carretera federal 200. A su vez, el funcionario lanzó acusaciones para criminalizar a los civiles armados a quienes señaló de estar “al margen de la ley”.

La comunidad nahua de Ostula reiteró su rechazo a que cualquier gobierno externo ingrese a sus territorios con el pretexto de la seguridad. Y respondió que la Guardia Comunal no impide el libre tránsito en los controles que mantiene, además de que en ella no existen grupos delincuenciales que atenten contra la integridad de las personas. Y reiteraron que “Nuestra Guardia Comunal está avalada por una Asamblea General que es la que rige nuestras leyes de usos y costumbres”.

Enfatizaron que “defenderemos la existencia, funcionamiento y permanencia de nuestra Guardia Comunal y de nuestro sistema de seguridad comunitaria por ser éstas y no las corrompidas corporaciones de seguridad gubernamentales, la garantía de la vida e integridad de los habitantes de la comunidad y del municipio”.

Exigieron respeto a sus leyes internas que legitiman la operación de la Guardia Comunal, la cual en conjunto con las autodefensas de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila sostienen el sistema de seguridad comunitario en la región Sierra-Costa de Michoacán.

Como colectivo, nuestra preocupación se incrementa por la grave situación de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Michoacán la cual ha enfrentado y logrado contener, la Guardia Comunal de Ostula…

Se trata de una amenaza que implica violación grave a la autonomía y libre determinación consagrada tanto en el artículo 2º constitucional como en el ámbito internacional. El gobierno de Michoacán se apoya en una reforma a la ley del Sistema de Seguridad, relacionada con la ley orgánica municipal, que pretende que solo se permita operar a las rondas y guardias comunales de comunidades con “autogobiernos” reconocidos por el Instituto Electoral y que ejerzan presupuesto directo. Condicionantes que deberían ser decididos por cada comunidad que así decida y lo solicite y no una imposición externa y generalizada.

 Por lo anterior, exigimos que el Gobierno del Estado de Michoacán se abstenga de violentar y suspenda toda acción que tenga como fin desarmar, difamar, estigmatizar, desmantelar o criminalizar a la Guardia Comunal de Santa María Ostula.

Colectivo de Apoyo al CNI-CIG –EZLN, Llegó la Hora de los Pueblos

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Avispa Midia

Pueblos indígenas registran más del 40% de desplazamientos forzados en México

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: 9,741 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares durante 2020 cuando se registraron 24 episodios de desplazamiento forzado, con 25 municipios afectados. Foto: Cuartoscuro.

Este martes (13), Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos, presentó sus observaciones preliminares tras la visita que realizó a México entre el 29 de agosto y 9 de septiembre pasado.

Entre los hallazgos que destaca la relatora se encuentra que más del 40% de los casos de desplazamiento forzado registrados en el año 2020 afectaron a las comunidades originarias. Aunado a ello, Jimenez-Damary resaltó su preocupación ante la ausencia de perspectiva intercultural y de género en la atención a mujeres indígenas desplazadas.

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Durante su visita a México, la relatora escuchó testimonios de personas desplazadas sobre la dificultad para acceder de manera oportuna al registro de víctimas, a nivel nacional y estatal, por los retos para obtener la “calidad de víctima”, debido a que a nivel federal y en la mayoría de los estados el desplazamiento arbitrario no está tipificado como delito.

Jimenez-Damary recibió información que dicho estatus solo es reconocido por las autoridades hasta que exista una recomendación por parte de organismos autónomos de derechos humanos. “Lo anterior, impide que las personas desplazadas internas accedan oportunamente a los servicios de atención que como víctimas deben ser proporcionados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas”, enfatizó la relatora.

De acuerdo a las observaciones de la funcionaria de la ONU, existe un enorme porcentaje de personas desplazadas internas que no acuden a las autoridades para presentar denuncias debido a la desconfianza en las autoridades o al temor a las represalias del crimen organizado. “Por lo tanto, es esencial que el reconocimiento de quienes son desplazados internos no se limite únicamente a los reconocidos jurídicamente como tales por estos mecanismos, sino también a los que no se acogen a ellos o no lo hacen”.

Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio

Por ello, entre los puntos que aborda la relatora se encuentra la solicitud al gobierno federal, con carácter de urgente, para la creación de un registro de víctimas de desplazamiento interno, tanto a nivel nacional como estatal. “Éste no solo debe incluir a quienes han sido reconocidos legalmente, sino también a quienes no cuentan con ese reconocimiento legal, pero son desplazadas de facto”, declaró Jimenez-Damary.

De acuerdo a la relatora, la creación de dicho registro permitirá la asignación de presupuesto suficiente para la atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado al interior de México. “El registro no debe otorgar un estatus legal, pero debe tener el propósito de facilitar la protección y la asistencia humanitaria de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas de las personas desplazadas internas”, recalcó.

La visita

El objetivo principal de la visita de Jimenez-Damary fue evaluar la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en el país debido a factores como la violencia, los conflictos agrarios, proyectos de desarrollo, la minería, tala ilegal, desastres ambientales, entre otros. Así, la relatora escuchó a víctimas de las comunidades afectadas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero.

La relatora subraya los testimonios sobre los impactos del desplazamiento en mujeres, migrantes, familiares de personas desaparecidas, miembros de pueblos y comunidades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTI.

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“El desplazamiento interno debido a la violencia o los desastres ha existido desde hace mucho tiempo en México, aunque haya sido recientemente reconocido,” mencionó Jimenez-Damary en referencia a que fue hasta el año 2019 cuando las autoridades mexicanas reconocieron la existencia del desplazamiento interno en el país.

“México no cuenta todavía con cifras nacionales oficiales, con información desagregada, que nos permitan conocer la magnitud del desplazamiento interno en el país, así como los distintos perfiles de las personas desplazadas”, destacó la relatora, quien durante su visita se reunió con funcionarios federales y estatales, así como con organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales.

El caso Chiapas

En el contexto de su visita, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) y el Indigenous Peoples Rights International (IPRI), compartieron un informe para la relatora de la ONU mediante el cual destacaron que desde 2010 se ha documentado el desplazamiento de 14 mil 476 personas en Chiapas.

“Recientemente, la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y, con ello, un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades, que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares”, resaltan las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Mediante el informe enfatizan que el Estado no ha efectuado acciones para diagnosticar las causas de este fenómeno y menos aún para erradicarlo. “Por el contrario, las acciones y discursos oficiales parecen negar que exista un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados”, denunciaron las organizaciones.

Familias desplazadas de Aldama, Chiapas. Foto: Sipaz

También destacaron que las mujeres están expuestas al acoso, la violación y tortura sexual como formas de violencia directa por parte diversos actores, quienes las despojan, persiguen, criminalizan y encarcelan. “Se enfrentan también al Estado Misógino que las ignora, las discrimina y las priva de los derechos de protección, asistencia humanitaria y reparación integral del daño”, subrayaron.

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Acerca de la situación de la niñez, las organizaciones señalaron que no existen datos oficiales respecto al desplazamiento para este sector de la población, pero “se calcula que tres de cada diez de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes, entre 4 mil 400 y 5 mil 500 de población total”.

Ante esta situación, las organizaciones sugieren a la relatora Cecilia Jiménez-Damaray a que exija al Estado mexicano respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía; implementar un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos, y cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas, entre otros puntos.

El informe completo sobre la visita de la relatora especial de la ONU se presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio del 2023.

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