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Avispa Midia

El Mozote: 41 años sin justicia por la peor masacre en Latinoamérica

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Manifestantes en el 41 aniversario de la masacre de El Mozote en El Salvador

Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Mozote, acompañados de oganizaciones salvadoreñas de derechos humanos, realizaron manifestaciones para reclamar el fin de la impunidad para los responsables de la que es considerada una de las mayores masacres ocurridas en Latinoamérica.

Según un Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas del año 1993, entre los días 9 y 13 de diciembre de 1981, miles de elementos del Ejército salvadoreño ejecutaron la “Operación Rescate”. Encabezados por el batallón Atlacatl, entrenado por EEUU, el despliegue militar ocurrió en poblaciones del noreste del departamento de Morazán con el pretexto de buscar un campo de entrenamiento guerrillero.

Acorde a registros del país centroamericano aquella incursión militar saldó con por lo menos 1,730 víctimas. De ellas, 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las víctimas y 29 fueron desplazadas forzadamente por la violencia.

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Para el año 2017, el gobierno de El Salvador reconoció que de entre las personas ejecutadas, 558 eran niños quienes fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes. Además, 712 personas que sobrevivieron al ataque huyeron a diferentes regiones del país y hacia Honduras para evitar ataques futuros.

“Trajeron a toda la gente a este parque con engaños de que vendría la Cruz Roja”, señala una guía en el memorial de El Mozote donde se registran los nombres de las víctimas. Foto: Juliana Bittencourt.

“Los asesinos quieren que olvidemos para garantizar su impunidad” y “Ayudemos a romper las cadenas de la impunidad”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes en el 41 aniversario de la matanza ocurrida a menos de 200 kilómetros de la capital del país.

Las jornadas para conmemorar la masacre iniciaron el sábado (10) con una caminata desde la población de Arambala hasta El Mozote. Ahí las personas colocaron ofrendas florales en el monumento donde están escritos algunos de los nombres de las víctimas.

Amnistía inconstitucional

Hasta el día de hoy, ni una sola persona ha sido juzgada por los graves crímenes cometidos en El Mozote y otras regiones de El Salvador durante la guerra civil entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Entre los años 1980 a 1992, se registraron más de 75,000 muertos, 7,000 desparecidos y miles desplazados por la violencia que llegó a un cese de fuego con la firma de la paz en 1992. Para 1993, la Comisión de la Verdad de la ONU informó que las fuerzas militares, así como escuadrones de la muerte respaldados por el gobierno, habían cometido el 85% de las violaciones a derechos humanos.

Días después de la difusión de esta información, la Asamblea Legislativa salvadoreña, en aquel momento dominada por el partido derechista ARENA, aprobó la Ley de Amnistía de 1993 la cual impedía la investigación, el procesamiento y el encarcelamiento de los responsables de crímenes de guerra.

No fue hasta el 8 de marzo de 2011, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditara la responsabilidad de los ataques al Estado de El Salvador por numerosas violaciones a los derechos humanos, cuando se promovió el enjuiciamiento de los responsables por las masacres.

Para octubre de 2012, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que condenó al Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote y ordenó una serie de medidas para reparar los daños causados. Ya en julio de 2016, la Corte salvadoreña declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, permitiendo con ello la reapertura del caso en los tribunales del país centroamericano.

Contrainsurgencia promovida por EEUU

La masacre de El Mozote aconteció apenas siete semanas antes de que la administración del presidente norteamericano, Ronald Reagan, tuviera que presentar al Congreso de los EEUU una certificación de cumplimiento de los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño.

Para Reagan, El Salvador representaba un frente contra el avance del comunismo en Latinoamérica, por lo cual su gobierno se había comprometido a mantener la ayuda militar para el país centroamericano. De acuerdo a Terry Karl, profesora de estudios latinoamericanos de la universidad de Stanford, esto llevó a la administración de Regan a realizar un “sofisticado encubrimiento” de la masacre de El Mozote.

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En un testimonio de abril de 2021, Karl reveló que el gobierno de Estados Unidos ocultó la presencia de el sargento mayor Allen Bruce Hazelwood, asesor militar estadounidense en Morazán, junto con el coronel Domingo Monterrosa cuando comenzó la masacre.

Rufina Amaya, campesina sobreviviente de la masacre de El Mozote denunció las atrocidades cometidas por el ejército salvadoreño. Foto: Juliana Bittencourt

Como parte del encubrimiento también se involucraron el entonces Secretario de Defensa Casper Weinberger y Colin Powell, ex asistente militar de alto rango. En 1983, Powell y Weinberger formaron parte de una misión de investigación en El Salvador que concluyó que Estados Unidos debía seguir entrenando y financiando al ejército salvadoreño aún después de que el ejército salvadoreño, con ayuda estadounidense, masacrara a civiles en El Sumpul y en El Mozote.

Entre los años de 1980 y 1982, la ayuda militar estadounidense a El Salvador aumentó de 6 a 82 millones de dólares, lo cual alentó una campaña de tierra arrasada que derivó en la matanza de civiles, perpetrada por batallones salvadoreños de élite creados y entrenados por Estados Unidos.

Estado incumplió

En los actos para recordar el 41 aniversario de la masacre de El Mozote estuvo presente la procuradora salvadoreña de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Recién electa en octubre de 2022, y sobre quien pesan acusaciones por nepotismo, su actuación ha restado importancia a las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción que vive El Salvador desde marzo de este año.

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Presente ante organizaciones y sobrevivientes de la masacre, la funcionaria reconoció queel Estado salvadoreño incumplió con la misión de investigar las masacres y sancionara las personas responsables.

Desde el 9 de junio de 2017, el caso de la Masacre de El Mozote se encuentra en la fase de investigación en un tribunal de San Francisco Gotera, al oeste del país, desde donde se ha convocado a más de 40 testigos.

“Meses después de la firma de la paz en 1992, nosotros nos venimos acá”, cuenta una de las guías del memorial de El Mozote quien aún no nacía cuando su madre abandonó el lugar cercado por militares. Foto: Juliana Bittencourt

En 2021, una reforma del presidente Bukele a la Ley de la Carrera Judicial, la cual cesa a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, separó al juez Jorge Guzmán Urquilla, quien conducía la causa penal por la masacre de El Mozote, estancando con ello el proceso aún a pesar de las múltiples pruebas acusatorias.

La causa penal a cargo de Guzmán contra más de una docena de mandos militares, incluidos algunos miembros de la cúpula militar de la época, estaba a punto de pasar a juicio. Pese a que la causa fue retomada por la jueza Mirtala Portillo, el proceso no avanza.

De acuerdo con medios locales, en el caso se encuentran imputados 15 militares retirados. Pese a que, en un principio eran 17, tres de ellos fallecieron y posteriormente uno más fue imputado. Entre el grupo de militares implicados se encuentra el ministro de Defensa, José Guillermo García, condenado en Estados Unidos y deportado a El Salvador y Jesús Gabriel Contreras, ex jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército.

“En este tiempo, a 41 años, seguimos pidiendo justicia (…) creemos que este año ha sido bien complicado y que es el momento que, no solo El Mozote y la Asociación, sino que El Salvador entero pueda alzar la voz y pedir justicia sobre el caso”, detalló para medios internacionales Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y cuya hermana de 12 años fue asesinada.

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Comité de padres y madres de los 43

Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa: Alto a la persecución contra Ayotzinapa

Ayotzinapa, Guerrero a 13 de diciembre de 2022.- El día de ayer como todos los años los estudiantes de Ayotzinapa, familiares y organizaciones sociales marcharon por la ciudad de Chilpancingo al parador del Marqués para exigir justicia para Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes asesinados en este lugar en una protesta que realizaban en el año 2011.
Cuando regresaban a la escuela normal rural por la carretera Chilpancingo- Tixtla en el punto conocido como el túnel fueron interceptado por unas patrullas de policías estatales de las que descendieron agentes armados apuntando al autobús y con violencia gritaban a los alumnos “hijos de su puta madre bájense”, ante tal actitud y con los antecedentes de agresión con los que actuan, los estudiantes pidieron al conductor del autobús que acelerara la marcha y que nadie descendiera de él. Situación a la que los policías empezaron a disparar al autobús logrado darle varios impactos al motor por lo que no pudo continuar su marcha. Los estudiantes tuvieron que descender y al hacerlo los policías intentaron golpearlos y detenerlos, pero ellos repelieron la agresión con lo que pudieron lograr abrirse paso y llegar a la Normal. Al día de hoy dos estudiantes están heridos y reciben atención médica.
Las madres y padres de los 43, reprobamos esta agresión a todas luces injustificable. Este gobierno soslaya que los estudiantes han sido víctimas de varias agresiones policiales con saldo de muertes que lamentar. Los excesos y la brutalidad policíaca han truncado la vida de más de 50 estudiantes de Ayotzinapa, sin que los responsables hayan pagado por estos crímenes, por el contrario, se sigue criminalizando a los jóvenes. Se les acusa de tomar autobuses, de hacer bloqueos en Chilpancingo y otras protestas fuertes que no gustan al gobierno y a la clase caciquil de Guerrero, pero nadie exige justicia por los asesinados, el gobierno del estado no pide la presentación de los desaparecidos, ni verdad y justicia por los 43. No alcanzan a entender que las protestas tienen su origen en la persecución histórica, los asesinatos y desapariciones de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Como padres y madres de los 43 reprobamos que este gobierno actúe a la vieja usanza de los anteriores y acuda a la mentira, a la manipulación de la información y a criminalizar a los estudiantes, lejos de reconocer los excesos que el día de ayer cometieron los policías.
Por donde se le mire, la intervención policíaca fue ilegal toda vez que se usaron y se detonaron armas de fuego contra el autobús donde viajaban los estudiantes poniendo en riesgo sus vidas.
Nuevamente una nueva tragedia estuvo a punto de ser ocasionada por la reacción virulenta y armada de los cuerpos policíacos, por lo tanto, exigimos se investigue y se sancione a los policías y la cadena de mando que incurrieron en esta acción criminal. No hacerlo es generar un marco permisible para la reedición de graves violaciones a los derechos humanos, tales como la desaparición de los 43.
Lejos de que este gobierno reabra las investigaciones por los asesinatos del 12 de diciembre y que se sume a las exigencias de verdad y justicia por los 43, arremete con brutalidad policial contra los jóvenes y los criminaliza.
Por todo lo anterior, exigimos:
– Que se investigue al secretario de seguridad pública por el uso de armas de fuego y exceso de la fuerza en la contención de la protesta del día de ayer y se finquen las responsabilidades correspondientes.
– Alto a la persecución contra la normal rural de Ayotzinapa.
– Castigo a los culpables de asesinar a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y de otras.
– Verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos.
Atentamente
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Comité de padres y madres de los 43
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Organización campesina de la Sierra del Sur | O.C.S.S. – CNI-CIG

Solidaridad de la Organización campesina de la sierra del Sur Coyuca de Benítez con Ayotzinapa frente a las acciones represivas del estado de Guerrero

Repudiamos la agresión directa con armas de fuego de parte de elementos policiales del estado de Guerrero en contra de estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa, al retirarse de la jornada de movilización en conmemoración del 11 aniversario de aquel trágico suceso en donde 2 compañeros, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverri de Jesús, fueron asesinados por policías federales en Chilpancingo Gro.

La policía y los medios de comunicación oficialista se encargarán de difundir la versión de que los estudiantes retenían elementos policiales en sus camiones razón por la cual estos elementos abrieron fuego contra los camiones donde se trasladaban los normalistas. La crueldad de las fuerzas policiales completamente acreditadas por los gobiernos estatal y nacional en su constante afrenta al normaismo rural raya ya en el descaro al hacerse presente en una conmemoración de asesinato a normalistas buscando replicar esa trajica memoria.

Hacemos un llamado a la sociedad en general a mantenerse alertas de los comunicados de la FECSUM y a ser críticos con la información oficial y solidarios con los estudiantes.

¡A las normales rurales, las quieren desaparecer, nosotros con lucha y sangre, las vamos a defender!
Viva el normalismo rural!
¡Presentación con vida de los 43 normalistas!
Organización campesina de la Sierra del Sur coyuca de Benítez

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
O.C.S.S. – CNI-CIG

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Avispa Midia

Oaxaca, el estado más peligroso para defensores de derechos humanos en México

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Miembros de la comunidad de El Rebollero participan en un homenaje al activista Samir Flores, asesinado en 2019. Los pobladores zapotecas resisten ataques de paramilitares que pretenden abrir paso a la minería en San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.

El estado de Oaxaca se ha convertido en el estado más peligroso para las y los defensores de derechos humanos en el país. Con un registro de 34 crímenes, las agresiones en el estado al sur de México provienen principalmente de autoridades locales.

Según la organización Servicios para una Educación Alternativa, la mayoría de los ataques sucedieron en las regiones Costa y Mixteca, en un contexto de “violencia alimentada por la complicidad entre poderes fácticos y autoridades locales (emanados de todos los partidos y también del sistema normativo interno)”.

Destacan las agresiones contra defensores que estaban involucrados en procesos de defensa del territorio frente a inversiones y proyectos de desarrollo. De acuerdo a la organización, el 91% de los defensores violentados pertenecía a un pueblo indígena.

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Estos homicidios corresponden al periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a partir de diciembre de 2018 y hasta noviembre del 2022, años en los que se registraron 141 asesinatos de personas. De las víctimas se desprende que 19 eran mujeres, 8 personas de la diversidad sexual, así como 114 hombres.

Estados de la misma región al sur de México también muestran un alto nivel de agresiones contra defensores. En Guerrero sucedieron 25 asesinatos y en Chiapas se registraron 14 homicidios. Destaca también el estado de Chihuahua, al norte del país, con 10 personas defensoras asesinadas en ese mismo lapso.

A los homicidios defensores de derechos humanos se suma la desaparición de 17 personas en los mismos cuatro estados.

“En 2021, en Chihuahua hubo 10 personas desaparecidas, siete indígenas yaquis y tres trabajadores de ranchos. En Guerrero, Vicente Suástegui lleva más de un año desaparecido. Y en Oaxaca no se sabe nada de Claudia Uruchurtu, desparecida en de Nochixtlán, ni de cuatro defensores del bosque de San Esteban Atatlahuca, incluida la ambientalista Irma Galindo”, contextualiza la organización mediante comunicado de prensa.

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De la violencia a nivel nacional, los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua suman a más de la mitad de asesinatos, ejecuciones y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos.

“Es importante mencionar que, la gran mayoría de los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales ha quedado en total impunidad, por lo que el ciclo vicioso de la violencia se sigue acelerando”, enfatiza la organización de derechos humanos.

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UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERÍA EN MORELOS

Toda nuestra solidaridad a los pueblos Nahuas de Xochimilco y Milpa Alta

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA UAN REBELDIA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS
A LOS PUEBLOS DE MORELOS
A TODOS LOS PUEBLOS DE MÉXICO

Viernes 09 de diciembre de 2022.

Nosotras y nosotros los pueblos originarios de las comunidades nahuas del Estado de Morelos, descendientes de los Xochicalcas y los Tlahuicas, que formamos parte de UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERIA EN MORELOS, NOS PRONUNCIAMOS EN CONTRA DE LA REPRESIÓN que están padeciendo nuestras hermanas y hermanos que luchan por la vida, por el agua y por el territorio.

Nosotros los pueblos indígenas, originarios de este territorio llamado México, somos quienes hemos cuidado a la madre tierra para que siga existiendo el agua, la fauna y la flora en nuestros territorios, nosotras y nosotros amamos y veneramos la madre tierra para que siga existiendo la vida.

Nuestra lucha por nuestra existencia a lo largo de estos más de 500 años ha sido de resistencia, y hoy en día no es la excepción, exigimos a los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y Federal que cese el hostigamiento y represión hacia nuestras hermanas y hermanos nahuas, que los gobiernos respeten las leyes nacionales como es el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes internacionales como el Convenio 196 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas, donde señalan los derechos colectivos a la autonomía y a la libre determinación de pueblos indígenas, porque solo nosotras y nosotras los pueblos originarios tenemos derecho a decidir sobre nuestros territorios ancestrales.

Los pueblos originarios e indígenas decimos ¡NO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO BARRIAL!, QUE PRETENDE DESPOJAR EL AGUA A LOS PUEBLOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA, ¡NO A LA MODIFICACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO DE CONSERVACIÓN A SUELO RURAL HABITACIONAL!, lo que amenaza la continuidad de su vida colectiva comunitaria como pueblos originarios.

POR ESTO, NOS SUMAMOS A LA EXIGENCIA PARA QUE SE CANCELE EL PLAN DE DE SARROLLO Y ORDENAMIENTO BARRIAL Y QUE CESE LA REPRESIÓN EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA.

¡UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERÍA EN MORELOS!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA Y EL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO CIG!
¡FUERA MILITARES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA!
¡FUERA EJÉRCITO REPRESOR DEL PUEBLO EN NUESTROS TERRITORIOS!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTRAS Y NOSOTROS!
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Guatemala | Mayas en resistencia contra palma africana son atacados por fuerza policial

Fuente: Avispa Midia

Las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala realizan este martes (6), un desalojo en la comunidad de Chapín Abajo, El Estor, Izabal, en donde se reporta una persona fallecida por arma de fuego, se trata de Lisbin Neftalĺ Quileb Pec, de 16 años, maya Q’eqchi.

Autoridades indígenas reportaron que las fuerzas de seguridad portaban armas y fusiles, además del equipo antimotines que rodeaba el lugar.

El medio Prensa Comunitaria dio a conocer que la comunidad fue sitiada por elementos de la PNC y el ejército, desde la madrugada con 25 órdenes de allanamiento en contra de las Autoridades Ancestrales Q’eqchi’.

Además, confirma un saldo de varias mujeres detenidas, dos heridas, una de ellas en el hospital, y una persona desaparecida. Según relatos de los comunitarios, entre los detenidos están Alba María Choc, esposa de una autoridad ancestral, y su hijo de 9 años de edad.

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La operación es promovida por la empresa aceitera NaturAceites, denuncian autoridades ancestrales. Los moradores defienden su territorio del monocultivo de palma de aceite, en tanto el gobierno de Guatemala insiste en que se trató de un operativo para recuperar armas robadas hace un año.

Apenas en octubre pasado, hubo otro operativo en el cual la Policia Nacional intentó ejecutar tres allanamientos y 20 detenciones en la comunidad de Chapín Abajo. En aquella ocasión intentaron detener a comunitarios que participaron en la resistencia antiminera en la región, mientras otros son acusados por la empresa NaturAceites del delito de usurpación agravada.

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Naturaceites, la productora de palma africana que comercializa el aceite Capullo, figura como denunciada en nueve expedientes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. La corporación ha sido acusada de ocasionar la muerte de centenas de peces con los desechos que producen sus monocultivos. También ha sido señalada de empezar proyectos sin contar con instrumentos de evaluación del impacto ambiental.

La empresa opera en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Escuintla; distribuye sus productos en México, Estados Unidos y República Dominicana y ha sido proveedora de empresas como Nestlé y Unilever.

A finales de 2021 fue impuesto un estado de sitio en El Estor, luego de que las autoridades reprimieran violentamente protestas de comunidades maya Q’eqchi’ para impedir el paso de vehículos cargados de carbón de la empresa minera Fénix, pese a que su operación fue declarada inconstitucional.

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CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

Solidaridad total con los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta: Consejo Supremo Indígena de Michoacán

El agua es vida, y la vida se defiende Solidaridad total con los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta: Consejo Supremo Indígena de Michoacán

SOLIDARIDAD TOTAL CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA

AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades P’urhépecha a 6 de diciembre de 2022.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM; Consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas; Asamblea general autoridades indígenas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, manifestamos colectivamente lo siguiente:

El #CSIM se pronuncia en apoyo a los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, que hoy defienden su derecho al territorio y a decidir sobre el uso y aprovechamiento de los bienes comunales. Están ejerciendo su derecho fundamentado en los tratados internacionales y el artículo 1ro de nuestra carta magna.

El llamado “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Barrial», pretende despojar del agua a los pueblos de Xochimilco y Milpa Alta, además de modificar el cambio de uso de suelo de conservación a suelo rural habitacional. Lo anterior, amenaza la continuidad de su vida colectiva como pueblos y la desarticulación como sujetos de derechos.

Nos sumamos a la exigencia de la cancelación de dicho plan y cese la represión por parte de los cuerpos de seguridad capitalina. Exigimos respeto al pueblo de San Gregorio Atlapulco. Respeto al territorio, a la vida comunitaria, a los bienes comunes y a la libre autodeterminación y autonomía.

Solidaridad total con los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta.

 

¡VIVA JUCHÁRI UINÁPEKUA!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

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Radio Zapote

Comunicado de la comunidad originaria de Milpa Alta contra la imposición del Programa general de ordenamiento territorial y el Plan de desarrollo de la CDMX

A las mujeres y hombres que luchan
A lxs ciudadanxs conscientes de la Ciudad de México
A los medios de comunicación

Ante el capricho del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum y la política partidista de despojo, destrucción y violencia con la que pretenden imponer el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo de la CDMX, NOSOTRXS NAHUAS, COMUNERXS, VECINXS Y RESIDENTES DE LOS DOCE PUEBLOS DE MILPA ALTA RECHAZAMOS Y DESCONOCEMOS LA SIMULACIÓN DE CONSULTA QUE PRETENDEN REALIZAR EN NUESTROS PUEBLOS, EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2022 Y LA IMPOSICIÓN QUE PRETENDE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD.

Denunciamos las prácticas corruptas y rapaces que el Instituto de Planeación, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de los PILARES y a la Alcaldía Milpa Alta han realizado en nuestras comunidades, engañando, intimidando y condicionando la permanencia en los Programas Sociales a cambio de aprobar un Ordenamiento Territorial que no ha sido debidamente informado y construido con quienes habitamos Milpa Alta y la ciudad toda.

Los doce pueblos de Milpa Alta: Atocpan, Miacatlán, Ohtenco, Tepenahuac, Tecoxpa, Tlacotenco, Tlacoyucan, Oztotepec, Villa Milpa Alta, Xicomulco, Cuauhtenco y Tecomitl decimos NO al Programa General de Ordenamiento Territorial y Plan General de Desarrollo, porque sabemos que nos condena al despojo de nuestra Tierra y Territorios. Decimos NO a la destrucción de nuestras vidas. Decimos NO al saqueo de nuestros recursos. Decimos claro y fuerte que ¡A nuestra Madre Tierra con sangre la vamos a defender!

Decidamos la ciudad que queremos, con información oportuna, precisa y consensuada en todos y cada uno de nuestros pueblos. Decidamos desde nuestra experiencia cotidiana cómo queremos ordenar nuestros territorios, decidamos desde el caos que vivimos todos los días para dónde podemos crecer, decidamos entre todxs hasta dónde nos alcanzan nuestros recursos, particularmente el agua. Decidamos todxs por una vida digna para todxs. Para decidir la ciudad que queremos, EXIGIMOS AL GOBIERNO DE LA CIUDAD RESPETO A LA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, CON APEGO A LOS LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS E INDÍGENAS.

Invitamos a todos los pueblos y barrios originarios de la Cuenca del Anáhuac a manifestarse CONTRA EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL en los centros donde se llevará a cabo la supuesta consulta, el día de mañana sábado 3 de diciembre, a partir de las 09:30 horas, y RECHAZAMOS LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS EN LOS PILARES DE MIACATLAN, XICOMULCO, TLACOYUCAN Y TECOMITL, PORQUE SE REALIZARON A LOS USUARIOS MENORES DE EDAD SIN PREVIO AVISO, SIN INFORMACIÓN Y DE FORMA AMAÑADA.

Los pueblos de Milpa Alta nos solidarizamos y repudiamos la represión que sufren nuestrxs hermanxs de San Gregorio Atlapulco, a manos de granaderos y grupos de choque del alcalde José Carlos Acosta.

Desde Milpa Alta apoyamos la lucha legítima del pueblo originario de Atlapulco y demandamos que la alcaldía de Xochimilco, SacMex y el Gobierno de la Ciudad cesen la represión y salgan de San Gregorio las fuerzas represoras del Gobierno de la CDMX.

PUEBLOS HERMANOS DEL SUR: SI TOCAN A UNO NOS LEVANTAMOS TODOS🔥🔥🔥

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Avispa Midia

Congreso mexicano busca catalogar ciberataques como amenazas a seguridad nacional

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La infodemia y lawfare en internet y redes sociales no son palabras nuevas. Surgieron hace más de 10 años por la digitalización y algunos medios de comunicación. En el Senado de la República y la Cámara de Diputados, el partido Morena propuso combatir estos delitos argumentando una amenaza de Seguridad Nacional.

Hace unos días, la multinacional de ciberseguridad Kaspersky Lab informó que Brasil se destaca como el mercado con más ataques de malware, con 1,554 intentos por minuto o el 65% de todos los bloqueos de la región. Le siguen México con 298 intentos por minuto, Perú con 123 ataques bloqueados por minuto, Colombia y Ecuador con 84, respectivamente, Argentina con 30 y Chile con 28 intentos/minuto.

Mientras, FortiGuard Labs, el laboratorio de inteligencia de amenazas de Fortinet, tiene registro de 85,000 millones de intentos de ataques cibernéticos en México, entre enero y junio del 2022. En 2021, fue el país que encabezó la lista con 156,000 millones; seguido de Brasil con 88,000 mil millones, Perú con 11,000 millones y Colombia 11,000 millones.

En México, el senador José Narro Céspedes, planteó establecer una ruta para construir marcos jurídicos para evitar la difamación que se da en Internet y redes sociales. Por su parte, desde agosto pasado, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, también del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

Crímenes sofisticados

La iniciativa presentada expone que los ataques cibernéticos se consideren amenaza a la seguridad nacional y se busque la cooperación internacional para la ciberseguridad, en torno a los artículos 5, 6 y 13 de la Ley de Seguridad Nacional.

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De adicionar una fracción XIV al artículo 5, “todo acto, conducta, incidente o amenaza ofensiva o maliciosa con la capacidad de provocar un efecto adverso, una falla, un acceso no autorizado, una vulnerabilidad, pérdida, daño o un delito desde el ámbito digital o ciberespacio en contra de las personas, activos, información, infraestructuras de información, tecnologías de operación o instancias e instituciones del Estado Mexicano (sic)” será considerado una amenaza para la seguridad nacional.

Manuel de Jesús Robles González, CEO de una empresa de desarrollo de software en Chiapas, consideró que es una tarea compleja, pues el gobierno es parte del control de la información y puede reconocer directamente de dónde vienen los ataques, pero en lo que realizan una investigación se podría caer en la detención de chivos expiatorios.

“Vendrán arrestos siniestros de personas que quizá no tengan que ver, pero que desde sus computadoras se lanza el ataque. No habrá un control”, preveé el experto.

Comparó las acciones actuales de la Guardia Nacional que, en algunas entidades, entra a las viviendas sin orden de cateo, en busca de armas y drogas, “ocurrirá lo mismo en lo digital, cualquiera tendrá acceso a los equipos y el gobierno dirá que está combatiendo”.

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La mejor recomendación para no ser parte de estas problemáticas, dijo el experto en tecnologías, es siempre poner la máxima seguridad y ser cuidadosos en la información que se publica. Recordó que los grandes creadores de antivirus, evitan dispositivos móviles y no tienen identidad digital porque conocen lo que hay detrás.

Pero ¿qué es la infodemia y lawfare? y ¿se puede combatir? González ejemplificó como infodemia el exceso de información que se compartió de manera masiva durante la pandemia del Covid-19, sin la certeza de su veracidad. Mientras lawfare es una guerra jurídica: se toman documentos, incluso falsos, para atacar u ofender a cualquier individuo.

Todo es parte de la llamada guerra blanda, porque no se utilizan armas de fuego; y que México –también– padecerá mucho porque no tiene cultura tecnológica ni de seguridad, dijo el tecnólogo. “Se está gestando una guerra cibernética, como dijeron que sería la tercera guerra mundial”.

Somos un número

El experto partió de la explicación de que para el sistema cada usuario representa un número. Facebook ubica el perfil de una persona con un algoritmo que se crea por las preferencias; y no es otra cosa que un número.

“Quienes controlan la información son Google, Amazon, etcétera; en el caso de México es el INE (Instituto Nacional Electoral) o el SAT (Servicio de Administración Tributaria). Con las nuevas reformas, el SAT puede saber todo de ti. En general, todas las personas que disponemos de un dispositivo móvil, ya estamos dando nuestros datos al sistema, a la big data”.

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Estos registros vuelven a los usuarios vulnerables a cualquier tipo de ataque, ya sea por una guerra jurídica o un complot. Los Estados Unidos y la Unión Europea manipulan los datos de algunas redes sociales como Whatsapp que recientemente sufrió un hackeo. Si es Telegram o Tik tok, son los rusos y los chinos en un capa de primer nivel, “pero hay más cosas turbias”, sostiene González.

En primer plano están las conocidas redes sociales y abajo la venta de drogas, armas, órganos, personas, sicarios, entre otros ilícitos, lo que se conoce como Deep Web.

¿En quién creer?

En la actualidad, incluso los sistemas de gobierno han sido corrompidos, “en estos momentos no tenemos ninguna seguridad digital; si el presidente no puede tener una certeza jurídica legal digital, un simple mortal como nosotros, menos”.

Como Guacamaya Leaks que hizo públicos miles de documentos y la filtración hecha contra la máxima autoridad digital del país, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aunado a esto, México es el primer lugar en ataques de puerta trasera (backdoor) a nivel mundial, pues además de la nula cultura de seguridad, es donde más existe la piratería.

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“Los que saben de ese negocio no lo van hacer desde su computadora”, dijo el CEO. Según FortiGuard Labs, Argentina, Chile, México, Perú y Panamá han sido objeto de distribuciones de malware y troyanos centradas en aplicaciones de Microsoft Office, usualmente utilizadas para trabajo y educación a distancia.

“El Office es crackeado”, es decir, el individuo crea una licencia simulada del producto y otros la instalan en los equipos a bajo costo, pero “deja una puerta abierta” y a eso se le conoce como backdoor.

De esta manera, la persona que creó el ‘crack’ puede acceder y trabajar desde uno o más equipos para procesos ilícitos, “hasta para minar bitcoins o crear ataques cibernéticos; y quienes están atrás son los turcos, los chinos, los rusos, los brasileños, que son buenísimos en esto de la guerra digital”.

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Avispa Midia

Se pospone fallo final de imputados en la desaparición de Claudia Uruchurtu

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

 

Una vez más los funcionarios de la Justicia que llevan el caso de la activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca, pospusieron la audiencia de lectura de sentencia que se realizaría el jueves, 1º de diciembre. El proceso penal inició hace más de un año.

Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno de la ex presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por el partido Morena.

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Ahora la audiencia para el fallo final del caso fue postergada para el próximo miércoles, 7 de diciembre a las 11am.

El martes, 29 de noviembre, el juez ya había aplazado la audiencia para el 1º de diciembre, día en que Salomón Jara Cruz asumió la gubernatura de Oaxaca. La hermana de Claudia, Elizabeth Uruchurtu, ha declarado que espera que no exista ningún tipo de injerencia en el proceso judicial por parte de las nuevas autoridades gubernamentales que encabezan el gobierno de Morena en Oaxaca.

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El argumento para posponer las audiencias fue que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca no contaba con elementos ni patrullas suficientes para realizar el traslado de dos imputados en el caso a los juzgados de la Colonia Reforma de la Ciudad de Oaxaca, entre ellos, la ex edil de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta y varios de sus colaboradores cercanos.

Además, se argumentó que la audiencia no pudo llevarse a cabo de manera remota por problemas de conectividad en el juzgado.

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El juicio se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según reveló Avispa Midia, a partir de un oficio obtenido por transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.

Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.

De resultar favorable para la familia de Claudia Uruchurtu, sería el primer caso en Oaxaca y en el país en que funcionarios públicos serían juzgados por el delito de desaparición forzada.

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