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Autonomia y Resistencia
Sin los 43, la carta ominosa de AMLO
Fuente: Tlachinollan.org
Ciudad de México, a 25 de septiembre del 2024. A 10 años, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no saben dónde están sus hijos; dijeron que los policías municipales, estatales, federales y el ejército desaparecieron a los jóvenes. Ellos saben porque los mandaron para desaparecer.
Al filo de las 11 de la mañana empezó el mitin en el antimonumento a los 43, después de que los estudiantes llegaran en 22 autobuses de la escuela normal de Ayotzinapa y cerraran los carriles de la avenida Reforma. Isidoro Vicario, uno de los abogados de las familias, empezó con las declaraciones que hizo en su conferencia de prensa matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la segunda parte del informe que había prometido a las madres y padres. Este 24 de septiembre, a través de los funcionarios, trataron de hacerlo llegar, pero no han podido hasta el cierre de esta publicación. Sin embargo, doña María Ma. Magdalena Maestro Olivares, madre del estudiante desaparecido Antonio Santana Maestro, agregó que el documento “en realidad no tiene nada, no hay respuesta alguna hasta el momento”.
“El informe de siete páginas dirigido a las familias no ha sido recibido. Se sabe que los Agentes del gobierno federal llevaban como 8 o 9 ejemplares y los fueron a aventar donde estaban los padres y madres de los 43, pero que aun así pedían que se firmara de recibido. En la última reunión Andrés Manuel López Obrador dijo: si es que ya no tendremos reunión porque no hay información novedosa de todos modos les haré llegar el informe. Es lamentable que un caso emblemático como la desaparición de los 43 estudiantes, aun en estos últimos días, no se toma con seriedad. Para nosotros es una falta de respeto a los padres y madres de los 43”, afirmó Isidoro Vicario.
La molestia de las familias es que el contenido del informe no aporta información sobre el paradero de sus hijos, ni sobre lo que ocurrió verdaderamente la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Más bien, “reitera lo que ha dicho en las últimas reuniones y mañaneras, donde el caso Ayotzinapa se complicó porque los propios abogados, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones internacionales son quienes obstaculizaron las investigaciones. También dice que estas organizaciones tienen un interés, y el mismo presidente decía que el movimiento de los padres era boicotear las elecciones, pero no es cierto. Por eso reiteramos que esta lucha de los padres y madres de los 43, a diez años han caminado con la frente en alto porque el interés que persigue es saber la verdad y saber el paradero de sus hijos. No tienen otro interés”, señaló Isidoro Vicario.
Durante 10 años han caminado y aquí se mantienen, y lo han reiterado una y otra vez que el único interés es el de sus hijos. Por eso la insistencia de que se entreguen esos 800 folios del ejército mexicano y el regreso de Tomás Zerón para que lo detengan y aporte información, y que se profundicen algunas líneas de investigación.
En el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala que un grupo de 17 estudiantes fueron llevados a barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre y luego fueron llevados a alguna colonia periférica.
“Por eso la exigencia de los padres que se tenga profundizar esa línea de los 17 estudiantes para que sepamos el paradero. No hay otro interés de manchar la imagen de las instituciones como nos ha querido decir el presidente más que encontrarlos. Los padres y madres no quieren pelear con el ejército, lo que piden es que entregue la información porque el sexto informe del GIEI indica que hubo participación de militares. Hace un año Alejandro Encinas tuvo que reconocer que el caso Ayotzinapa es un crimen de Estado porque hubo colusión y participación de las diferentes corporaciones policiacas y de los tres niveles de gobierno”, finalizó el abogado Isidoro Vicario.
Macedonia Torres Romero, madre de José Luis Luna Torres, habló de los años que llevan buscando a sus hijos. “Seguimos sin saber dónde están, pero sí sabemos que el ejército los detuvo, así como los policías estatales, municipales. Peña Nieto los mandó a desaparecer y no hay una señal de él, sigue libre. Por eso nos seguimos manifestando hasta encontrar a nuestros hijos”.
Los normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) reiteraron el apoyo hacia las familias hasta encontrar la verdad y que el caso pudo haberse resuelto en 72 horas. “Sin embargo, funcionarios políticos culparon a quienes no fueron los verdaderos culpables, mediante violaciones de derechos humanos y extorsiones para que dijeran lo que ellos quisieran. Así actúan los gobiernos para no manchar sus propias manos, diciendo que los normalistas vandalizan, pero no se dan cuenta que sus propios actos hacen que nos manifestemos. Como federación nunca dejaremos de protestar por las injusticias que hace el gobierno. Nos llama delincuentes, pero no traemos armas. Las únicas armas son nuestras consignas que gritamos con coraje a estos burgueses que sólo velan por su bien, no se fijan en la gente marginada que sólo quiere sobresalir”.
“Es un hecho de gravedad y es casi imposible que a 10 años no se pueda dar una verdad, no se pueda dar una respuesta. Cada integrante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México tenemos un objetivo en común: llevar la educación a aquellos lugares más recónditos del país. Nuestro objetivo es ser aquellos portadores de la educación. No somos delincuentes, somos estudiantes. Cada uno está aquí levantando la voz, haciéndose escuchar y exigiendo justicia por todas aquellas personas que han sido violentadas, reprimidas y desaparecidas por el Estado”, reclamó una normalista.
Lamentaron que México sea un país lleno de violencia y que la prensa amarillista quiera ocultarlo. Llamaron a crear conciencia en un país corrupto como México, que desaparece estudiantes por estar contra de todos aquellos actos que violentan nuestros derechos. Criticaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y adelantaron la exigencia de presentación con vida de los jóvenes para Claudia, la presidenta electa.
El mitin terminó cerca de las 2 de la tarde con el himno venceremos y otras consignas con el puño en alto. Las madres y padres se enfilaron al autobús para llevarlos al Centro Prodh. Los normalistas se quedaron un rato más coreando sus consignas. Después se subieron a los buses y quitaron el bloqueo que mantenían en el antimonumento, mientras duró el mitin. El silencio que quedó en la ciudad dejaba un vacío como en las familias de los 43 estudiantes. La vida continúa para las personas en México, pero para las madres y padres cada segundo repite las horas cruentas en que desaparecieron a sus hijos.
Mañana, 26 de septiembre se cumplen 10 años de impunidad. A las 4 de la tarde las familias realizarán una marcha del Ángel de la Independencia al zócalo de la Ciudad de México. Invitan a la población en general para que acudan a la marcha que tiene el rostro de los 43.
AMLO, Ayotzinapa y la dimensión desconocida
Fuente: Este País
Por John Gibler
En este texto, John Gibler escribe sobre el caso Ayotzinapa y sobre cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador paralizó la investigación y defraudó a las familias de los desaparecidos.
En 2016, la escritora chilena Nona Fernández publicó un libro de no-ficción titulado La dimensión desconocida. El libro toma su título de la serie de televisión de ciencia ficción, fantasía y terror estadounidense The Twilight Zone. La autora cita el eslogan de la serie en el epígrafe: “Más allá de lo conocido hay otra dimensión. Usted acaba de atravesar el umbral”.
“La dimensión desconocida es una manera de nombrar esa realidad paralela que el Estado administra y niega de manera simultánea.”
Fernández veía ese programa en blanco y negro en la televisión, de niña, en los años setenta en Chile: los años de la dictadura. Yo veía ese mismo programa en blanco y negro en la televisión, de niño, en los años setenta en los Estados Unidos: los años de la llamada Guerra Fría.
“Eran capítulos cortos, con historias fantasiosas y delirantes”, escribe en la primera parte del libro. “Un hombre tenía un reloj capaz de detener el tiempo. Otro veía gnomos que lo acosaban e intentaban botar el avión en el que viajaba. Otro se reencontraba con su pequeño hijo de diez años, mientras en un tiempo paralelo y bastante más real, el niño era un soldado que moría en la guerra. Otro que hablaba con la muñeca asesina de su hijastra. Otro que cruzaba del otro lado del espejo”.
En el libro de Fernández, la otra dimensión es una historia de terror real, la de Andrés Antonio Valenzuela Morales, un soldado chileno, miembro de la tropa de la dictadura de Augusto Pinochet y torturador. En 1984, a los 28 años, Valenzuela Morales decidió no matar ni torturar más. Un día, apareció solo y nervioso en las oficinas de la revista Cauce buscando a la periodista Mónica González. Cuando ella le dijo: “Yo soy, ¿qué quiere?”, él respondió: “Quiero hablarle sobre cosas que yo hice, desaparecimiento de personas…”.
Así empieza la historia escalofriante que Fernández retoma, narra e interpela en su libro. El testimonio de un soldado torturador de la dictadura chilena nos permite atravesar el umbral y ver con claridad la dimensión desconocida: los secuestros por agentes del Estado vestidos de civil en plena calle y en el transporte público, las casas de tortura en zonas residenciales tranquilas, los viajes en carretera hasta los páramos donde desaparecen personas. Este mundo de terror cohabitaba, oculto, al lado de la vida cotidiana de familias que preparaban a sus hijos el desayuno, que los llevaban a la escuela en el combi, de alguien que cocinaba la cena en casa, de una niña que veía historias de fantasía y terror en la televisión.
Al narrar la historia del militar Andrés Antonio Valenzuela Morales, Fernández nos presenta el detrás de cámara de la desaparición forzada como práctica de Estado. La dimensión desconocida es una manera de nombrar esa realidad paralela que el Estado administra y niega de manera simultánea. En México, el Estado ha sido particularmente enfático en la combinada administración y negación de su propia dimensión desconocida. Esa otra dimensión brutal donde, a puerta cerrada, las oficinas de gobierno se convierten en centros de tortura y los trajeados y uniformados, encargados de buscar a los desaparecidos y hacer justicia, son quienes torturan, mienten, encubren y desaparecen.
“Usted acaba de atravesar el umbral”
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, cientos de policías municipales, estatales y federales, soldados del ejército mexicano y algunos empleados de la empresa ilegal trasnacional de tráfico de heroína conocida como Guerreros Unidos colaboraron para atacar a cinco autobuses tomados por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y a un autobús —por error— que llevaba al equipo de futbol de tercera división de Chilpancingo, Los Avispones, así como a varios taxis que circulaban en la misma carretera.
Durante las siete horas que duraron los ataques pararon a todos los autobuses, dispararon contra una pequeña conferencia de prensa que dieron los estudiantes, asesinaron a seis personas, hirieron gravemente a decenas y desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los perpetradores policiacos, militares y civiles usaban sus teléfonos celulares para coordinarse entre sí. El ejército monitoreó y documentó todo el operativo en tiempo real a través del sistema de cámaras de vigilancia C4, intervenciones telefónicas ilegales a miembros de Guerreros Unidos, un soldado infiltrado entre los estudiantes —desaparecido con ellos esa noche—, elementos de inteligencia militar presentes en los diferentes escenarios de ataque y a través de constantes patrullajes de los soldados del Batallón 27 en esos lugares.
Esa noche de septiembre de 2014 en Iguala, cientos de personas atravesaron el umbral y entraron a otra dimensión, a una zona oficialmente oculta. Ahí, el personal de seguridad del Estado en todos sus niveles atacó, mató y desapareció. Luego, el Ejército —el entonces secretario de la defensa Salvador Cienfuegos, el entonces capitán del Batallón 27 de Infantería José Crespo y todos los oficiales y soldados rasos involucrados— mintió y ocultó la documentación que tenía. La estructura administrativa del Estado —un alcalde, un gobernador, un presidente, un secretario de la defensa, otro secretario de la Marina, un procurador, un secretario de Gobernación— mintió, torturó, encubrió, inventó, ocultó y desapareció.
Esa larga noche de terror dio inicio a toda una década de terror. El gobierno de Enrique Peña Nieto inventó una historia falsa — la incineración de los 43 estudiantes al aire libre durante una sola noche de lluvia en el basurero de Cocula, una ficción autodenominada la “verdad histórica”— para cerrar el caso y para volver a sellar la puerta a la otra dimensión.
La traición
Andrés Manuel López Obrador dijo que era diferente. Dijo que su compromiso era con la gente y, como candidato a la presidencia en 2018, se comprometió explícitamente con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Les prometió que encontraría a los estudiantes, la verdad de lo que sucedió esa noche, y castigaría a los responsables sin importar quiénes fueran.
Su primer acto de gobierno fue establecer la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) bajo el mando del entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Durante su primer año de gobierno, la Fiscalía General de la República también estableció la Unidad Especial para la Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y nombró Omar Gómez Trejo, un abogado de derechos humanos con años de experiencia en el caso y el apoyo de las familias, como fiscal especial.
A petición de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, López Obrador también invitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a volver al país para dar asistencia técnica en la investigación, casi cuatro años después de su elegante expulsión a manos del gobierno de Peña Nieto.
Para el 2020, entonces, había tres instancias distintas, con siglas desafortunadas, investigando los ataques contra los estudiantes, la desaparición de los 43 y la serie de delitos cometidos durante los cuatro años de tortura y mentiras para construir la “verdad histórica” del anterior gobierno. Las tres instancias compartían información y realizaban ciertas diligencias, entrevistas y búsquedas conjuntas.
“Parecía que, por primera vez, las instituciones del Estado […] lograrían investigar y esclarecer un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad…”
Hubo importantes avances en la investigación. Consiguieron videos del anterior Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que mostraban a personal de CISEN, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía federal y de la Marina participando en la tortura de los detenidos del 2014. Consiguieron videos de un dron de la Marina que documentó actos, ocultos hasta entonces, del gobierno federal en el basurero de Cocula el día 27 de octubre, dos días antes del supuesto hallazgo del lugar. Consiguieron los mensajes interceptados en Chicago de Guerreros Unidos que documentaban las relaciones entre dicha empresa ilegal de tráfico de heroína, el ejército, los diferentes cuerpos policiacos y varios funcionarios públicos. Consiguieron testimonios de diferentes testigos implicados en los hechos que, aunque mezclaban verdades y mentiras, aportaban elementos que concordaban con las otras pruebas en el caso, ampliando la documentación sobre la participación de soldados, oficiales, policías y funcionarios en diferentes crímenes de lesa humanidad. Con el testimonio de uno de los implicados encontraron dos pequeños restos óseos de dos estudiantes en un lugar distinto a la narrativa de los hechos del anterior gobierno. Y consiguieron, dentro de archivos del propio ejército, documentos militares que mostraban de manera simultánea actuaciones ilícitas del ejército, así como el grado de documentación que los militares produjeron en tiempo real antes, durante y después de la noche de los hechos y los largos años de mentiras que habían contado al respecto.
Durante el transcurso del 2021, se dieron esos avances importantes en la investigación. El GIEI y la UEILCA confiaban en las posibilidades de llegar a fondo. Parecía que, por primera vez, las instituciones del Estado —con un apoyo inédito de asistencia técnica internacional— lograrían investigar y esclarecer un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad cometida y luego encubierta por un gran entramado de policías, soldados y funcionarios públicos de diversas instituciones. Parecía que, por primera vez, una investigación oficial liderada y realizada por un grupo de jóvenes mexicanos creyentes en el estado de Derecho y el compromiso del presidente López Obrador lograría revelar con toda claridad la otra dimensión oculta y terrorífica del Estado.
Pero no fue así. Justo cuando esos avances en la investigación comenzaron a arrojar pruebas sobre la participación del Ejército, la Marina y el CISEN, el gobierno de López Obrador actuó para frenar los avances, desviar la investigación, sacar a todos los fiscales e investigadores que habían hecho los avances y al final matar a la investigación.
Un lunes, 15 de agosto de 2022, desayunaron juntos el presidente, el fiscal general, el secretario de gobernación, el presidente de la Corte Suprema y el subsecretario de derechos humanos y presidente de la COVAJ. En esa mesa, se acordó cerrar la última puerta que llevaba a la otra dimensión en donde policías, soldados y miembros de una empresa de tráfico internacional de la heroína matan y desaparecen normalistas, donde policías, soldados y funcionarios públicos mienten y torturan para borrar las huellas de la desaparición, donde las instituciones del Estado se alinean para sostener la mentira.
Mes y medio después de ese desayuno, el Ejército seguía mintiendo sin entregar todos los documentos del caso. Se llevó a cabo el mediático arresto del exprocurador (ahora de vuelta en su casa en Lomas), se publicó un informe secreto y apócrifo de la COVAJ que, con pantallazos falsificados, daba por cerrada la narrativa de los hechos, se obligó a las familias volver a escuchar una narrativa falsa y horrífica sobre el destino de sus hijos, se sacó al fiscal especial del caso y, un poco más tarde, a todo su equipo, y se cancelaron 21 órdenes de aprehensión contra militares y otros funcionarios públicos, para luego volver a emitir 18 de ellas.
En octubre de 2022, dos de los cuatro miembros del GIEI renunciaron en protesta. En julio de 2023, los otros dos publicaron un sexto informe y se fueron del país denunciando las intromisiones políticas en el caso, las mentiras del Ejército y la imposibilidad de seguir investigando. La UEILCA quedó en manos de un tabasqueño, amigo del presidente, sin experiencia en casos de desaparición forzada ni derechos humanos, quien se dedicó a convocar clases de baile en las oficinas de la fiscalía. La COVAJ quedó en el olvido, deslegitimada. Desde sus conferencias de prensa matutinas, el presidente apoyaba las mentiras del ejército e insultaba al GIEI, al exfiscal especial y a los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
El 27 de agosto de 2024, nueve años y once meses después de aquella infame mañana cuando sus hijos no volvieron de Iguala, la mayoría de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se pararon de la mesa y dieron por terminada su relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El umbral, una vez más, se cerró.
Una manera de entender el afán con que ahora dos gobiernos supuestamente opuestos han mentido y vuelven a mentir en cada oportunidad que tengan sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es porque esa noche se abrió el portal que lleva a la otra dimensión y ahí se reveló el rostro oculto del Estado.
Pasar a la historia
Una cosa sería intentar resolver el caso y fallar: subestimar el poder del silencio que protege las relaciones entre las fuerzas de seguridad, la procuración de justicia y el tráfico internacional de sustancia ilícitas. Una cosa sería no dedicarle los recursos necesarios a la investigación, no dar apoyo justo a los investigadores, no dimensionar la complejidad del caso, ni el grado de complicidades de personas todavía activas en instituciones afines al actual gobierno. Una cosa sería fallar.
Pero eso no es lo que pasó. Con el caso Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo otra cosa muy distinta: conspiró, falsificó y mintió para frenar la investigación. Hizo lo mismo con la Comisión Nacional de Búsqueda. Hizo lo mismo con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicias de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos de 1965-1990.
El soldado chileno, Andrés Antonio Valenzuela Morales, por lo menos cumplió con su palabra: contó lo que sabía y así abrió la puerta que llevó a la dimensión desconocida de la dictadura chilena. En México, es como si López Obrador hubiera dicho, “sí, existe una dimensión desconocida y desde el Estado la vamos a hacer conocida”, solo para volver a cerrar la puerta en la cara de toda la nación.
“Pasará a la historia como el presidente que traicionó a su palabra, traicionó a las familias de los desaparecidos, militarizó el país…”
En sus discursos en el Hotel Hilton y luego en el Zócalo el 1 de julio de 2018, después de su triunfo electoral, López Obrador dijo en varios momentos: “Yo quiero pasar a la historia como un buen presidente de México”. Y en eso, creo, fue honesto. Pero no. Pasará a la historia como el presidente que traicionó a su palabra, traicionó a las familias de los desaparecidos, militarizó el país, consolidó el poder de su partido y, como todos sus antecesores del PRI y del PAN, salvaguardó ante todo la dimensión desconocida del Estado mexicano. EP