PUELMAPU ARGENTINA: Cobertura Especial sobre los incendios y la represión al pueblo Mapuche en El Bolsón. Detenciones, allanamientos, y criminalización de los pueblos que luchan por la vida, el territorio y la esperanza. Fuente: FM Quimunche, FM Alas en Bolsón y la Red enfoques.
OAXACA Y GUERRERO: Platicando con el Observatorio Memoria y Libertad sobre las y los presos políticos en la región mexicana. La injusta prisión de dos profesores indígenas de San José Independencia en Oaxaca y el caso de Kenia Hernández, mujer indígena presa de la 4T por protestar junto a su comunidad en el Estado de Guerrero. Fuentes: Observatorio Memoria y Libertad | Presos políticos de San Jose Independencia | Libertad para Kenia
Texto: Radio Zapatista | Fotos: Teia dos Povos | Videos: Teia dos Povos y Radio Zapatista
Mientras alrededor del mundo el odio, la intolerancia y la imposición del mundo único se propagan como un virus, en Brasil miles de personas se reúnen en la VIII Jornada de Agroecología de Bahía, organizada por la Teia dos Povos (Tejido o Red de los Pueblos), una gran alianza negra, indígena y de abajo del campo y la ciudad, para reflexionar sobre el estado de nuestro mundo, continuar construyendo autonomías y celebrar la gran pluralidad de formas de ser, vivir, resistir y crear vida al margen del capital y del Estado.
La Teia dos Povos nació en 2012 ante la comprensión de que ni los pueblos indígenas, ni los pueblos afrodescendientes, ni los pueblos campesinos, ni los sin tierra, ni las luchas urbanas de abajo podrán enfrentar por sí solos el despojo y la violencia de un sistema cada vez más voraz. Fue así que se empezó a construir esa gran articulación de movimientos sociales autonomistas de abajo y a la izquierda en el campo y la ciudad, que hoy incluye un gran número de núcleos en diez estados del país.
La Teia dos Povos se organiza en núcleos de base —territorios donde se construye y defiende la autonomía— vinculados en red por medio de eslabones de la red —organizaciones, colectivos e individuos sin un territorio propio, que sirven de apoyo y vinculación entre los diferentes núcleos—. Cada dos años, la Jornada de Agroecología reúne miles de miembros de pueblos indígenas, afros y de abajo del campo y la ciudad para seguir construyendo esa gran articulación de autonomías.
Esta VIII Jornada se realizó por primera vez en la ciudad de Salvador, Bahía: la ciudad más negra de Brasil, con una población de alrededor de 80% afrodescendiente, con una rica cultura derivada de siglos de resistencia en un contexto de racismo sistémico y de represión por parte de las fuerzas policiales, que en Bahía son las más mortales del país, como denunció Thiago Torres durante la Jornada. Con el tema “Alianza del campo y la ciudad por el combate al hambre y a la pobreza”, la VIII Jornada reunió a varios miles de personas de diversos estados de Brasil del 29 de enero al 2 de febrero de 2025.
Ancestralidad viva
Los pueblos resisten y construyen otras realidades a partir de su propia visión de mundo, diferente y opuesta a la impuesta por el capitalismo, y de su conexión con una ancestralidad que es el fundamento de dicha visión. Así, entre las reflexiones y denuncias de las diversas violencias sufridas por los diferentes pueblos reunidos, la celebración de la ancestralidad está siempre presente. Es por eso que la inauguración de la Jornada el 29 de enero inició con un ritual de apertura de los pueblos indígenas y otro de los pueblos negros:
Se trata de una espiritualidad nunca desvinculada de lo político, una espiritualidad que da sentido a la lucha por la vida y por el cuidado de los territorios, en su dimensión sagrada tan diferente del pensamiento utilitario capitalista. Una espiritualidad que celebra la vida con alegría, con los orixás, inquices y voduns africanos y los encantados indígenas y otras entidades danzando, celebrando, luchando, resistiendo y reexistiendo entre los vivos.
PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL EZLN EN APOYO A QUIENES RESISTEN EN EL ISTMO.
A los pueblos indígenas de México y del mundo A las organizaciones en resistencia A la sociedad civil nacional e internacional
Hermanas y hermanos:
Desde el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN condenamos la emboscada ocurrida en la zona limítrofe entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán, Oaxaca, en la que fueron asesinados tres compañeros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
Denunciamos que esta violencia no es un hecho aislado, sino parte de la guerra de exterminio que los malos gobiernos, los caciques y los intereses capitalistas imponen contra nuestros pueblos. Buscan despojarnos de nuestras tierras con terror, persecución y muerte, al servicio de intereses oscuros.
Exigimos justicia para nuestros hermanos caídos, el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas y la garantía de seguridad para la población de El Platanillo. Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal por su omisión y complicidad en esta escalada de violencia.
Todo aquel que no baja la cabeza y se convierte en siervo de la 4T es perseguido, desplazado, encarcelado y asesinado. Son lo mismo y son los mismos. Frente a sus golpes: ¡resistencia y rebeldía! en defensa de la madre tierra y sus guardianes.
Nos solidarizamos con UCIZONI y con todas las comunidades indígenas que, a pesar de la represión, siguen en pie de lucha, defendiendo la vida y la dignidad.
¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas! ¡No al despojo, no a la represión! ¡Justicia para las víctimas de Santo Domingo Petapa!
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Las familias de personas desaparecidas en Chiapas que integran el colectivo Madres en Resistencia dieron el plazo de un mes a Jesús Jubilian Sarmiento Santos, fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, para que inicie las investigaciones de los casos de desaparecidos, de lo contrario exigirán su renuncia.
Las madres, hermanas e hijas de personas desaparecidas se reunieronel 23 de enero con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para el diálogo, que lograron tras un mes de hacer manifestaciones, entre ellas, una huelga de hambre de una semana.
Entre otros temas, cuestionaron al gobernador la permanencia de Jubilian Sarmiento y de Néstor Fabián Mejía Sarmiento en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el último es el policía de investigación a cargo de los casos del colectivo Madres en Resistencia.
“Él [el gobernador] puso cara de asombro. Le dijo a sus asistentes, apúntame los dos nombres, el de Jubilian y de su primo [Néstor]”, sostiene Isabel Torres, madre de Cassandra Arias e integrante del colectivo.
“El gobernador dijo que si Jorge Luis Llaven Abarca [fiscal general]dejó ahí a Jubilian, es por algo. El gobernador nos pidió que le diéramos una oportunidad”, pero la respuesta contundente del colectivo fue, “no queremos a Jubilian”.
Este viernes 7 de febrero 2025, la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la sentencia a 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, uno de los autores del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016.
Rodríguez se desempeñó como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la cual buscó imponer el proyecto Agua Zarca, que consistía en una hidroeléctrica en el río Gualcarque, afluente sagrado de la población lenca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el cual coordinaba Cáceres, mantuvo una férrea oposición al proyecto y detuvo su construcción.
En un comunicado tras la difusión de la sentencia, el Copinh sostuvo que Rodríguez es parte de una estructura criminal que aterrorizó a la comunidad lenca de Río Blanco, desde el año 2013, con la intención de imponer la hidroeléctrica Agua Zarca en beneficio económico de la familia Atala Zablah, la mayor promotora de DESA a través de la empresa “Inversiones Las Jacarandas”.
Tras la confirmación de esta sentencia, en total han sido condenadas ocho personas por su participación en el homicidio de Cáceres. Seis de ellas como autores materiales, así como Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia y, ahora, contra Rodríguez Orellana como autor por inducción, es decir, aquél que no comete el delito, pero quien induce o instiga para que sea cometido.
“Su rol, disfrazado de gerente ambiental y social, era el de infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad lenca y de vigilar e identificar los liderazgos como objetivo de ataque de la empresa criminal de los Atala”, enfatiza el Copinh, organización que exige sean investigados diversos miembros de la familia Atala involucrados con la promoción del proyecto Agua Zarca.
Al cumplirse cinco meses de la represión ocurrida el 5 de septiembre del 2024, durante la cual manifestantes fueron agredidos por grupos de choque y policías en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este miércoles (5), personas heridas aquel día se presentaron a una audiencia para exigir el desistimiento de la acción penal que, acusan, realizan funcionarios locales para criminalizar la protesta social.
Activistas, estudiantes, periodistas e integrantes de la comunidad Otomí – quienes fueron atacados en dos distintos momentos durante una jornada violenta de casi 12 horas – se presentaron en la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan donde se les informó el cierre de las indagatorias en un plazo de, máximo, dos semanas. Esto se debe a que, un día antes, funcionarios de Xochimilco, quienes señalaban a los detenidos por los delitos de resistencia de particulares, motín y lesiones, se presentaron para desistir de las acusaciones penales.
“No hay pruebas suficientes para poder seguir con el proceso”, anunció la joven Otomí Anselma Margarito, quien también fue objeto de agresiones durante el 5 de septiembre pasado, cuando en una jornada en solidaridad con la activista xochimilca Hortensia Flores –también criminalizada-, un grupo de choque atacó violentamente a los manifestantes, mientras los policías se negaron a intervenir y sólo actuaron, posteriomente, para detener a las y los agredidos.
El pasado 13 de febrero del 2024, Representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, así cómo también, miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI), Padres de Ayotzinapa, UPREZ Benito Juárez, entre otras organizaciones solidarias, ofrecieron una conferencia de prensa frente a la Fiscalía General de la República (FGR) en la CDMX. Durante la conferencia se exigió justicia para Samir Flores y se presentó una teoría sobre el caso, la cual expone que:
“Existe una relación entre la célula criminal de “Los Aparicio”, autores materiales del asesinato de Samir, con el CJNG y el Proyecto Integral Morelos (PIM) y a su vez el CJNG con Cuauhtémoc Blanco y Hugo Erik Flores quien fue el operador de López Obrador para imponer la consulta y el PIM en Morelos y quien señaló a Samir de «radical de izquierda» , «que llamó a no votar» , haciendo una supuesta alusión al CNI y los zapatistas.”
Explicación de la teoría:
Durante la conferencia se recordó la historia de lucha de Samir Flores, así como también, los incidentes con representantes del gobierno local y Federal, días antes de su asesinato, mismos que hoy forman parte de la teoría sobre el caso, presentada ante la FGR.
Sobre el estado del Proyecto Integral Morelos (PIM) en Amilcingo:
Palabras de los padres de Ayotzinapa.
Los convocantes a la conferencia también anunciaron las actividades de la Jornada global, e hicieron la invitación a una marcha el próximo el 21 de febrero en la Ciudad de México.
Pronunciamiento Conjunto. Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
30 de enero de 2025
Pronunciamiento Conjunto
Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López
La situación en Chiapas es compleja y preocupante. El gobierno ha implementado acciones para combatir la criminalidad, que han generado violaciones graves de los derechos humanos como la detención del defensor Mario Gómez López, que se da en medio de un esquema de seguridad enfocado en la creación de un cuerpo policía militarizado, detenciones masivas, cateos y despliegues llamativos de fuerza, junto con un discurso de paz, cero impunidad y una sociedad civil profundamente impactada por la violencia y control que emana de grupos de la delincuencia organizada.
Mario Gómez López (en adelante Mario) es un maya tsotsil, defensor de derechos humanos que fue privado de su libertad el 24 de enero del 2025, por policías municipales de San Cristóbal de Las Casas. Forma parte de la comunidad Santa Cruz, del ejido Cuxtitali El Pinar, también es pareja de Pascuala López López, (en adelante Pascuala) defensora de derechos humanos. Su detención se dio mientras se dirigía a su trabajo como albañil alrededor de las 8.00 am.; fue puesto a disposición en la policía ministerial dos horas después, y trasladado inmediatamente al Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14 (CERSS No. 14) el Amate, del municipio de Cintalapa, acusado de Atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, daños y los que resulten; delitos que son eminentemente políticos. En esta detención se han generado violaciones al debido proceso, obstruyendo el derecho a la comunicacion con sus abogados y su pareja, Pascuala.
El trasfondo de esta detención es la lucha por la exigencia de justicia impulsada tanto por Pascuala como por Mario frente a la ejecución su hijo Mateo Gómez López, ocurrida la noche del 3 de febrero de 2021, hecho que cuenta con la carpeta de investigación número 0440-078-1001-2021. Este asesinato se da tras un proceso de intimidación, hostigamiento, y la oposición de parte de Mateo de ser reclutado por un grupo delincuencial que opera en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. La lucha, además de la criminalización actual, les ha valido también para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgara la Medida Cautelar No. 892-22 desde el 26 de enero de 2023, que ordena implementar medidas de protección para la defensora Pascuala López y su familia.[1] El caso es un ejemplo de cómo la población civil queda en medio de la violencia generada por la disputa de los territorios de parte de grupos delincuenciales, la que acarrea amenazas constantes, hostigamientos, acoso, intimidación, hasta violencia física y psicológica.
Pascuala también es beneficiaria de las medidas de protección Caso 210-2023 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), debido a diversas violencias que emanan desde grupos criminales locales, hasta estructurales vinculadas a la administración y procuración de justicia, quienes lejos de acatarse a los protocolos de actuación con perspectiva de género y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, han empleado contra Pascuala una violencia misógina heteropatriarcal y racista.
La defensa de los derechos humanos impulsada por la madre y el padre de Mateo, Mario y Pascuala respectivamente, tiene como característica central la exigencia de que las autoridades del estado de Chiapas investiguen, den con el paradero y castigue al autor o autores materiales del hecho, a quienes también se les ha señalado de manera directa.
En distintos momentos Pascuala ha sufrido agresiones físicas, como el intento de feminicidio ocurrido el pasado 8 de abril del 2022, cuando aproximadamente 20 personas rodearon su casa, fue sacada a golpes, pateada, asfixiada y agredida con armas de fuego; todo esto a manos del mismo grupo delincuencial que le arrebató la vida a su hijo, como represalia por su exigencia de justicia y señalar a los responsables. Las propias autoridades chiapanecas le han cerrado las puertas a la justicia, negándole información e intimidándola; También, ha sido difamada y señalada en redes sociales con adjetivos racistas, misóginos y discriminatorios.
Insistimos que la detención de Mario, responde a una represalia directa por los señalamientos a los grupos criminales responsables del asesinato a su hijo; también pone en alto riesgo la vida e integridad personal tanto de Pascuala como del propio Mario a quien se le acusa de ser una de las personas que llevó a cabo la quemas de casas el 17 de abril de 2023 en la comunidad Santa Cruz, sin embargo, se omite, que dentro de las viviendas afectadas está también la de Mario y Pascuala, hechos que no han desembocado en la identificación de quienes cometieron el delito, así como tampoco en investigaciones que profundicen en los hechos.[2]
Todo este marco de violencia ha sido notificado a los gobiernos estatal y federal, por la alta vulnerabilidad hacia Pascuala, Mario y su familia, también se dio parte a la CEDAW y CIDH con la finalidad de reforzar y garantizar sus medidas cautelares.
Por todo lo anterior, manifestamos nuestra preocupación por la criminalización a la defensa de los derechos humanos, y exigimos la liberación inmediata de Mario Gómez López, garantizando el respeto irrestricto a sus garantías judiciales y en general del debido proceso.
Atentamente
Colectivos y Organizaciones
Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los Derechos para todas, todos y todes.
Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C.
Vendaval, cooperativa panadera y algo más
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Jornadas contra la criminalización y por la libertad
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Grupo de Solidaridad con Chiapas, Innsbruck Austria
Espacio de Mujeres y la Sexta Jovel
Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa
Abya Yala, RRR.
Groupes CafeZ, Liege Belgica
Casa Nicaragua
Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas, todos y todes
Servicios y Asesorías para la Paz – SERAPAZ-
IMDEC
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
Consorcio Oaxaca
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Colectivo de DDHH Tejiendo Dignidad, Memoria y Justicia
Colectivo Kuu
SweFOR México
Raíces en resistencia
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq
Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
Nodo de Derechos Humanos
Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán
Rizoma
Red Morelense de apoyo al CIG/CNI
Movimiento de discapacitados y tercera edad de la 4T. MODISTE4T
Colectivo tierra y libertad
Mexicanos Unidos
Instituto Cultural Autónomo “Rubén Jaramillo Ménez”, México
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Criticas – COTRIC
Tlapaltik B’e Cooperativa
Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG
Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía
(RAIS) Red de Apoyo Iztapala Sexta
Colectivo de Profesorxs en la Sexta
Comunidad de Tlanezi Calli en Resistencia
Comunidad de Xochitlanezi
Colectivo Gavilanas
Colectivo de Trabajo Cafetos
Colectivo Cuaderno Común
Asociación de Exploración Científica y Recreativa Brújula Roja
Colectivo la Otra Justicia
Colectivo Panadero la Grieta
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
En portada: La jefa de ala del clan Gidimt’en Sleydo’ (Molly Wickam) forma parte de las personas criminalizadas por oponerse a la construcción de un gasoducto en su territorio ancestral.
Tres defensores indígenas en Canadá pueden ser condenados a la cárcel en el próximo mes debido a sus acciones para proteger el territorio ancestral de la Nación Wet’suwet’en, en la provincia de Colombia Británica, contra el gasoducto Coastal GasLink (CGL), de la empresa TC Energy, corporación que opera y construye infraestructura relacionada a la producción de energía en América del Norte. Jefes de la Nación Wet’suwet’en argumentan que no dieron consentimiento para que el gasoducto atravesara su territorio.
La jefa de ala del clan Gidimt’en Sleydo’ (Molly Wickam), la mujer Gitxsan con conexión familiar Wet’suwet’en, Shaylynn Sampson, y el hombre Mohawk de Akwesasne Corey Jayohcee fueron detenidos durante una redada violenta de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), en 2021, y declarados culpables de desacato por haber desobedecido presuntamente una orden judicial de no acercarse a las zonas donde se construía el gasoducto, pese a que estaban en su territorio ancestral.
La defensa jurídica de los tres indígenas ha presentado un recurso ante la Corte Suprema de Columbia Británica, en el que afirma que la policía violó sus derechos humanos durante las redadas. El Tribunal Supremo está estudiando ahora si sus detenciones y condenas violaron sus derechos constitucionales, incluidas las alegaciones de que la RPMC hizo un uso excesivo de la fuerza durante las detenciones. Una sentencia – esperada para mediados de febrero de 2025 – a su favor podría anular las condenas.
La orden judicial solicitada por CGL Pipeline Ltd. y concedida por el Tribunal Supremo de Columbia Británica, en 2018, prohibió a las personas defensoras de la tierra y sus simpatizantes cualquier acción que se considere perjudicial a la construcción del gasoducto, incluso aproximarse de las obras. La decisión autoriza a la Real Policía Montada de Canadá a detener a cualquier persona cuando considere que alguien contraviene la orden.
Para hacerla cumplir, la policía ha llevado a cabo desde entonces cuatro redadas violentas en el territorio Wet’suwet’en, utilizando armas, helicópteros y perros. Por lo menos 75 defensores y defensoras de la tierra han sido detenidos, como fue documentado por la Amnistía Internacional (AI).
Resultado de la redada de 2021, los detenidos permanecieron bajo custodia por hasta cinco días antes de que ser liberados bajo fianza. El testigo del jefe Na’Moks, uno de los jefes hereditarios Wet’suwet’en, a Amnistía Internacional revela la discriminación racista que predominó en la acción policial. “Sólo estaban encadenados los indígenas, (…) ni nadie más. Éstos solamente estaban esposados. Pero hicieron que todos los indígenas (…) encadenados y en ropa interior comparecieran así ante el juez”.
El jefe Dsta’hyl (Adam Ganon), jefe de ala del clan Likt’samisyu, fue detenido en 2021 en la misma redada y fue declarado culpable de quebrantar la misma orden judicial. Fue condenado, en julio de 2024, a 60 días de arresto domiciliario en territorio Wet’suwet’en, cumplidos año pasado.
El jefe Dsta’hyl (Adam Ganon), jefe de ala del clan Likt’samisyu.
La autoridad ancestral fue la primera persona encarcelada de las cuatro defensoras Wet’suwet’en que han sido procesadas y de otros defensores declarados culpables del delito de desacato por violar dicha orden judicial. Fueconsiderado el primer preso de conciencia de Canadá, por haber sido encarcelado por sus convicciones políticas, religiosas u otras convicciones profundas, como define la AI.
“He sido condenado por proteger nuestra propia tierra mientras se marginan las leyes Wet’suwet’en”, dijo el jefe Dsta’hyl. “Esta lucha dura ya 240 años. Nos encarcelan en las reservas donde nos han convertido en ‘legalmente indios’. Ahora todos los miembros de la comunidad somos ‘presos y presas de conciencia’ debido a lo que nos han hecho los colonizadores”.
La Fiscalía de Columbia Británica (BCPS) acusó, en 2022, a otros 20 defensores de desacato por desobedecer la orden de mantenerse alejados de las obras de construcción del gasoducto. A algunos de los defensores se les retiraron los cargos o fueron declarados inocentes. Otros se declararon culpables en respuesta a las restrictivas condiciones de libertad bajo fianza, informa la AI.
El acceso a una gran parte de la tierra está restringido excepto para la empresa del gasoducto, su empresa de seguridad privada y la policía canadiense. Eso ha apartado al pueblo Wet’suwet’en de su territorio ancestral. Le impide realizar muchas de sus actividades tradicionales, como cazar y pescar.
A menudo, al acceder a su tierra las personas Wet’suwet’en son intimidadas y hostigadas por la policía canadiense y la empresa de seguridad privada. Sus cabañas han sido incendiadas, la policía ha efectuado registros en sus campamentos y confiscado sus pertenencias.
El gasoducto
TC Energy anunció a finales de 2023 que había finalizado el gasoducto Coastal GasLink, iniciado en 2019. Son 670 km de longitud. Sin embargo, todavía no ha sido activado para transportar el gas.
De acuerdo con su página web, Coastal GasLink “es la primera ruta directa de Canadá para el gas natural canadiense producido de forma sostenible y un componente crítico para apoyar la reducción de las emisiones globales (…) es un componente esencial de nuestra labor de apoyo a la transición energética mundial”.
TC Energy posee 93,600 km gasoductos en toda América del Norte. Según la empresa, 30% del gas metano consumido en América del Norte es transportado por sus estructuras.
Gasoductos de TC Energy en Norteamérica.
Avispa Mídia platicó con el jefe hereditario Na’Moks, una de las autoridades ancestrales de la Nación Wet’suwet’en. Desde hace por lo menos 10 años su pueblo ha entablado una lucha contra gasoductos en su territorio. Lograron echar para tras cuatro proyectos. Hoy están previstos al menos 11. El más reciente es el gasoducto de TC Energy, Coastal GasLink. A seguir, les compartimos parte de la platica con el jefe hereditario Na’Moks.
Lugar estratégico
Estamos en el norte de Columbia Británica, provincia localizada al extremo oeste de Canadá, estamos a dos horas de Alaska. El gas metano es extraído en la provincia vecina, Alberta, y quieren llevarlo al océano Pacífico, donde deben construir plantas para licuar el gas y enviarlo a Asia. Quieren pasar los ductos por nuestro territorio. Por eso estamos tan fuertemente presionados. Todo es extraído por fracking. Siguen diciendo que es ‘gas natural’, pero no hay nada natural. Acabamos de volver de la región de Athabasca (Alberta), donde el río está envenenado. El lago Great Slave ha bajado 3 metros.
No es no
Nosotros somos los jefes. Somos los que tomamos las decisiones en nombre de nuestro pueblo, hacemos lo que nuestra gente nos manda hacer. Y dijimos que no. Como no pudieron obtener nuestro consentimiento, entonces llegaron a criminalizarnos.
Todo el proceso ha sido duro. Cuando entran por la puerta de nuestras casas con sierras mecánicas, hachas y perros de ataque, cuando sales a la calle y te apuntan francotiradores con sus rifles, cuando detienen y llevan a la cárcel a mujeres embarazadas, cuando nos golpean, nos encarcelan, queman nuestras casas. No es fácil.
¿Dónde está la humanidad en eso? No somos menos que nadie. A nosotros nos han criminalizado solo por defender nuestra agua, nuestro territorio.
Experiencia con TC Energy
Lo que les queremos decir es que esta empresa [TC Energy] no tiene ninguna consciencia. Ellos les van a dar muy poco dinero [refiriéndose a los proyectos en México] y después les van a dejar su agua y sus tierras devastadas. Si ustedes no se defienden, así les va a tocar dejar sus territorios para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, devastados. Lo que están haciendo es dañar el futuro de las nuevas generaciones. Estas corporaciones y el gobierno no son nuestros amigos. El mundo no necesita estos proyectos. Lo que necesitamos es nuestra tierra, aire, agua limpios.
Hasta ahora la Nación Wet’suwet’en ha derrotado cuatro gasoductos, hay uno en el terreno, pero no está en operación todavía y hay varios por venir, por lo menos otros 11 proyectados, de distintas empresas.
Proyectos zombis
Lo que hacen es proponer proyectos que son básicamente como proyectos zombis. Desaparecen, pero nunca mueren. Siempre están en la agenda, así que pueden volver a activarse en cualquier momento, dependiendo de cómo convenzan al gobierno de que pueden hacerlo. Y siguen diciendo que aplicarán las mejores prácticas, pero sus mejores prácticas son siempre la devastación y el envenenamiento de nuestra agua y nuestro aire.
Siempre hemos estados
Utilizamos mucho las Naciones Unidas para reivindicar nuestros derechos, porque dependiendo del gobierno en turno, respetan más o menos nuestros derechos. El Estado nos reconoce por los procesos judiciales que hemos tenido que hacer. Ganamos un juicio el 11 de diciembre de 1997, en el que Canadá reconoce que existimos [como pueblos], que nunca hemos renunciado a nuestra autoridad. Nuestro territorio es de 22 mil quilómetros cuadrados. Siempre hemos estado ahí. Sin embargo, siguen autorizando proyectos que pasan por nuestras tierras sin nuestro consentimiento.
Que el mundo sepa
Le importa mucho a Canadá su reputación. Tiene miedo de perder su reputación de ser este gran lugar para estar y vivir. Nosotros no vemos eso, así que se lo decimos al mundo. Por eso hablamos en las Naciones Unidas. Es por eso que vamos a diferentes países, para expresar y decir la verdad. Que el mundo sepa lo que está siendo el gobierno canadiense. Que el mundo sepa cual es su real reputación.
La prioridad es el dinero
Aunque ganemos en los tribunales, aunque lo diga la Constitución, simplemente darán prioridad al dinero, seguirán las indicaciones de las corporaciones. Las empresas van por el camino de menor resistencia, que generalmente es un funcionario electo que sólo está ahí unos pocos años y que facilita la ejecución de los proyectos. Nosotros somos hereditarios, estamos ahí para siempre y ellos harán la táctica de ‘divide y vencerás’ que siempre les funciona.
Tenemos que ir más allá de los funcionarios electos porque, de nuevo, cambian en cada elección. Así que hay que llevarlo a la escena mundial y mucha gente piensa que es algo demasiado grande, pero no lo es tanto si crees en lo que haces y estás haciendo lo correcto. No es gran cosa. Es un trabajo duro, pero merece la pena. Y cuando decimos no, queremos decir no.
Órdenes judiciales criminalizan
Las empresas utilizan órdenes judiciales contra nosotros. Dicen que estamos invadiendo nuestra propia tierra. Nos criminalizan, nos sacan de la tierra, nos encierran. No podemos circular en nuestro territorio libremente.
Las corporaciones dicen que, para operar, necesitan que nos mantengamos alejados y el 88% de las veces lo consiguen. Eso demuestra que el Estado canadiense está al lado de las corporaciones. Eso no significa que sea legal. Así es como acaban metiéndonos en la cárcel y acusándonos. Estamos siguiendo nuestra ley. Nos llamarán criminales por hacerlo, pero estamos siguiendo nuestra ley. Nuestra ley dice que tenemos que proteger nuestra tierra. No queremos el dinero. Sólo queremos aire limpio, agua limpia. Lo que es bueno para nuestros niños, nuestros hijos. No queremos más de lo que tenemos. Tenemos lo que necesitamos. Sólo queremos protegerlo.
Último a ser contactados por los europeos
La mayor parte de los pueblos originarios de Canadá ha tenido contacto europeo durante cientos y cientos de años, pero nosotros somos probablemente el último a ser contactado. Eso fue en la época de mi abuela, hace alrededor de 150 años. Y el nombre que llevo, jefe Na’Moks, era el de mi abuela y ella tenía cargo cuando llegaron los europeos. Nosotros nunca perdimos nuestra cultura, nuestra ley.
¿Pocos?
No hemos tenido un censo desde los años 1990, pero somos entre 10.000 y 15.000. Las corporaciones miran ese número y dicen que somos pocos, pero se olvidan que el mundo nos apoya. Tenemos varias naciones diferentes que se trasladan a nuestro territorio y son bienvenidas.
Fuerzas
Tenemos que mantenernos firmes, saber quienes somos, tener identidad, saber cual es nuestra cultura, y saber que nosotros estamos haciendo lo correcto. Que los pueblos alrededor del mundo no se rindan. Todo lo que hacemos afecta a todo el planeta. Afecta a todo el mundo. Nuestra cultura, nuestros mayores, nuestra gente, nuestra juventud, (…) tienes que llevar eso contigo todo el tiempo. Si lo olvidas, ellos ganan.
Las comunidades campesinas de los andes de Lima se organizan ante la aprobación de minería aurífera en el nevado Llongote, donde nace el río Yauyos-Cañete.
Esta cuenca recorre dos provincias agrícolas de la capital del Perú, Cañete (a 100 kilómetros al sur de Lima metropolitana) y Yauyos (a 220 kilómetros al suroeste de Lima metropolitana).
Yauyos se localiza en la sierra limeña, en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. En sus alturas se encuentra la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas, apreciada por la belleza de sus lagunas. Las poblaciones temen que este ecosistema sea contaminado.
En Catahuasi, distrito de la provincia Yauyos, este domingo 19 de enero representantes de algunas de las 60 comunidades campesinas provinciales discutieron la creación de un frente de defensa que se posicione contra la explotación de oro en el nevado Llongote, ubicado a 13 kilómetros del centro de Yauyos.Nobel Rodríguez Parra, presidente de la comunidad campesina Huangáscar, durante asamblea de comunidades el 19 de enero, en Catahuasi
Las autoridades comunales coinciden en proteger la cabecera de cuenca y la vida de sus valles, donde se cultivan variedades de frutas que se distribuyen en la capital. La ganadería ovina y de camélidos -en las pampas más altas- es la otra actividad económica vital en la provincia. En su parte baja, el caudal riega el territorio de Cañete, provincia de alta producción de frutas para la agroexportación.
“Hemos decidido activar nuestras rondas campesinas, no dejaremos que pase la minería, que ingresen a nuestras tierras, no vamos a dejar que se posesionen. Sabemos que las empresas mineras van a atacar, intentarán dividirnos, comprarnos, atacarnos, estamos preparados para defender el agua con nuestra vida”, expresó el presidente de la comunidad campesina Huangáscar, Nobel Rodríguez Parra.
Comunidades campesinas en abandono
Un mensaje repetido por los comuneros es el olvido por parte del gobierno central, la falta de infraestructura y servicios básicos en comparación con otras provincias de Lima y localidades del país.
En Yauyos hay más de 60 comunidades campesinas en cuyos orígenes convergen culturas ancestrales andinas, como la kauki, aimara y quechua.
“¿Cómo en una cabecera de cuenca se va a permitir una concesión minera? Las comunidades campesinas de Yauyos, como las de toda Lima, se encuentran abandonadas. Para solucionar los problemas ambientales debemos empezar por solucionar la situación de las comunidades”, señala el economista Juan Romero, dirigente de la provincia de la sierra limeña.
El nevado de Llongote se ubica en el área de la comunidad Santo Domingo. En la Ley de Comunidades Campesinas se establece como prioridad que el Estado reconozca un área de extensión a las poblaciones campesinas ancestrales. Sin embargo, en Yauyos no están registradas formalmente sus tierras comunitarias ni sus juntas directivas.
A su vez, el concejo de cuenca del río Yauyos-Cañete no está en funcionamiento, advierten desde las comunidades yauyinas. De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, las operaciones mineras que autoriza la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben contar con el visto bueno de estos organismos, conformados por instituciones, grupos técnicos y la sociedad civil.
“Las comunidades campesinas son las llamadas a prevalecer la identidad ancestral que tienen los pueblos milenarios”, añade Romero. En comunidades de Yauyos aún se conservan dos lenguas originarias que se resisten a desaparecer: el jaqaru, hablado por menos de 500 personas; y el kauki, hablado por alrededor de 150 personas, según la Base de Datos de Pueblos Originarios del Ministerio de Cultura.
Extractivismo en la provincia
El 25% del territorio de Yauyos había sido concesionado a mineras hasta el año 2016, de acuerdo a un reporte de Cooperacción.
En la asamblea de las comunidades campesinas, el relato recurrente en torno al avance de la minería apunta a la corrupción de autoridades de las instituciones públicas; al convencimiento de poblaciones campesinas a cambio de favores, como obras e infraestructura; y al soborno de comuneros en forma de bienes y dinero.
Cuando representantes del proyecto Gloria, en diciembre pasado, intentaron convencer a la población de que apruebe la licencia social para la exploración de oro en las montañas, se realizó la primera protesta contra la actividad minera, autorizada en 2020 por el Gobierno Regional de Lima.
La Dirección Regional de Energía y Minas, mediante la resolución 53-2020, otorgó a la empresa nacional Los Chunchos S.A.C. la concesión de más de 130 hectáreas en las alturas de la cadena montañosa. Todavía no está autorizada la fase de exploración y tampoco se ha realizado aún la licencia ambiental.
La compañía, considerada de fondos pequeños y medianos, ya cuenta con otras dos operaciones mineras en 1890 hectáreas de la provincia, para las que el Ministerio de Energía autorizó en 2011 actividades de explotación subterránea. Se teme que una posible extracción de oro en el nevado atraiga a grandes capitales mineros y se derive en un desastre ambiental.
La posición de algunos comuneros ante la gran minería es favorable “si es responsable”. Para el caso del nevado Llongote, es unánime la postura de no aprobar la licencia social, que no es una figura legal, pero resulta determinante para la ejecución de proyectos mineros. En la práctica funciona como el permiso de las comunidades, garantiza que no habrá conflictos sociales.
Al respecto, autoridades municipales respaldan a las comunidades campesinas de su jurisdicción. La Municipalidad de Viñac, donde el Gobierno Regional de Lima ha concesionado 900 hectáreas para la extracción de minerales, se manifestó en contra del proyecto Gloria y pidió a la población no otorgar la licencia social.
A los yauyinos les genera más desconfianza que la concesión se haya aprobado en los primeros meses de la pandemia por coronavirus y la celeridad en la construcción de una carretera en la zona. Actualmente, la empresa ya trasladó maquinaria pesada a la zona
En este encuentro se acordó debatir la conformación de frentes de defensa zonales en una próxima reunión, debido a falta de representatividad. Las distancias entre los pueblos yauyinos complican la organización provincial.
“Lo importante aquí es que este frente de defensa sea conformado por las personas adecuadas, tienen que ser autoridades comunales comprometidas con la defensa de sus pueblos, que no se dejen comprar por las mineras”, resalta Antonio Lázaro, presidente del Comité de Gestión de la Carretera Qhapac Ñan, integrado por dirigentes de las regiones Lima, Junín y Huancavelica.
