Autonomy and Resistance
(Español) Pueblos indígenas prohíben minería y obras del Proyecto Integral Morelos
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
Fotos por Futuros Indígenas
Las políticas neoliberales, incluidas las del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), están provocando, junto a un acelerado deterioro de la naturaleza, el despojo continuo y creciente de los territorios de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas.
Por ello, reunidos en la “Primera Asamblea del pueblo nahua de Morelos en contra de la minería y los megaproyectos de muerte”, delegad@s y autoridades agrarias, tradicionales y civiles de comunidades indígenas de todo el país, decretaron prohibir la minería, así como la construcción y operación de la infraestructura del Proyecto Integral Morelos (PIM).
Te puede interesar → Niegan seguridad a defensores luego de tres allanamientos en Puebla
Como resultado de la asamblea, realizada el fin de semana pasado en la comunidad Nahua de Cuentepec, los pueblos decretaron la prohibición para la instalación de parques industriales y actividades extractivistas de tierra y agua en los territorios sobre los que el pueblo nahua del estado de Morelos guarda una ocupación tradicional, lo anterior con independencia del régimen de propiedad que pueda existir en dichos territorios.
Minería, al acecho
Reunidos en asamblea, los pueblos nahuas denunciaron el proyecto minero “paradójicamente denominado ‘Esperanza’”, para la explotación, en tajos a cielo abierto, de oro y plata. Esta concesión, para las empresas canadienses Alamos Gold y Zacatecas Silver, se encuentra a solo 500 metros del sitio agrado de Xochicalco.
Según los pueblos nahuas, el proyecto “afectará en forma grave nuestras tierras y territorios ancestrales, los ecosistemas de la región, la sub cuenca del Río Apatlaco, la cuenca del Río Amacuzac y el Acuífero de Cuernavaca, incluidas sus zonas de recarga hídrica y mantos freáticos, así como la vida y la salud de aproximadamente unos 200 mil habitantes que viven en las comunidades, colonias y municipios aledaños”.
Aproximadamente el 70% del territorio mexicano tiene potencial minero y el 35% ha sido entregado entre los años 2000 y 2010 mediante más de 29,000 concesiones. “A marzo de 2019, las concesiones mineras vigentes eran 25,607 que cubren una superficie de más de 22 millones de hectáreas. Las actividades mineras, de entre todas las actividades industriales, se caracterizan por tener en muchas ocasiones un alto potencial destructivo de los ecosistemas y poblaciones humanas cercanas a los sitios donde estas empresas se instalan”, argumentan los pueblos en el decreto.
En el mismo tenor, la destrucción del agua no es menos grave que la destrucción de la tierra, en ocasiones, montañas completas son excavadas y procesadas con agua concentrada con cianuro, elemento sumamente tóxico que separa el oro del resto de los componentes de la tierra, indican las comunidades, quienes cuestionan también el uso preferencial de agua para la industria.
“La actividad minera es conocida en muchos casos por los impactos negativos sustanciales en la calidad y en la disponibilidad de los recursos hídricos locales. Los impactos causados por la reducción del nivel de aguas subterráneas puede incluir la reducción o eliminación de flujos de aguas superficiales; la degradación de la calidad de aguas superficiales y del beneficio de sus usos; donde se reduce también, o se elimina, el acceso tradicional al agua mediante pozos de abastecimiento doméstico”, detallan en el documento.
PIM
El Proyecto Integral Morelos es un megaproyecto energético regional que afecta a los pueblos nahuas que viven en las inmediaciones al volcán Popocatépetl, entre los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El PIM consta de dos centrales termoeléctricas, una de ellas instalada a solo 300 metros de la comunidad de Huexca, Morelos. Estas son alimentadas por la imposición de un gasoducto de 160 kilómetros “que peligrosamente atraviesa las faldas del Volcán Popocatépetl, una zona volcánica y de alta sismicidad”, denuncian los pueblos nahuas.
También señalan el despojo de agua, pues actualmente se construye un acueducto pretende extraer 580 litros por segundo de agua de riego a los ejidos de la región de Ayala.
“Este proyecto pretende ser impuesto en forma definitiva por el actual presidente de la república mediante el uso de la Guardia Nacional desde el año 2020 y la realización de una simulada consulta un año antes, en cuyo contexto se dio el sangriento asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes”, señalan en el documento.
Te puede interesar → Montaje en la investigación del caso Samir Flores
Mediante el decreto, los pueblos indígenas enfatizan que el PIM no es un proyecto para favorecer la soberanía energética de México, sino que “obedece a una lógica de mercado para introducir el gas natural de Estados Unidos al país, abaratar los costos de transporte del gas e incrementar su velocidad de producción en beneficio de empresas trasnacionales como Saint Gobain o las españolas Elecnor, Abengoa y Enagas”.
Por ello, calificaron como innecesaria la construcción y funcionamiento de estas centrales eléctricas, “altamente contaminantes y depredadoras de la naturaleza, pues en el país existe una capacidad de generación eléctrica de casi el doble de lo que se consume en fechas pico”.
Decreto contra las violencias
Durante la asamblea, l@s representantes de pueblos originarios también denunciaron el aumento de los feminicidios, desapariciones, trata de personas y diversas violencias hacia las mujeres, quienes ante un gobierno indiferente han decidido organizarse para enfrentar y erradicar al patriarcado de sus vidas y territorios.
Entre sus argumentos, los pueblos reconocieron que el actual desarrollo económico, basado a escala planetaria en la prominencia del capital financiero, apoyado en la gran industria militar y en el extractivismo, en guerras y epidemias, está llegando a un límite que pone en peligro las condiciones de la vida en el planeta
Ante esta situación, basados en el inalienable derecho de libre determinación, fue que los pueblos indígenas acordaron el decreto para prohibir los proyectos de muerte.
La Asamblea señaló que estas acciones también son una respuesta a las acciones del gobierno federal, quien “lejos de reconocer y respetar nuestros derechos fundamentales y proteger a la naturaleza de los graves daños que causan a la vida y a nuestros territorios los megaproyectos”, emite decretos como el acuerdo presidencial, firmado por AMLO en noviembre del 2021, para imponer los megaproyectos de muerte sin tomar en cuenta la libre determinación de las comunidades indígenas del país.
Te puede interesar →Pueblos llaman a la defensa organizativa y legal contra acuerdo que blinda proyectos de AMLO
El documento señala que dicho decreto “se considera obligatorio para tanto para los integrantes del pueblo nahua del estado de Morelos, como para cualesquier persona o entidad pública y/o privada extrañas al pueblo nahua de Morelos y su validez y obligatoriedad será vigilada por cada una de las comunidades que integran el pueblo nahua dentro de su ámbito territorial y de acuerdo a sus formas de organización y gobierno propios”.
(Español) Recepción de la Caravana por el agua y por la vida en el Istmo de Tehuantepec
Como parte de las comunidades y organizaciones integrantes de «El Istmo es Nuestro», en junio de 2021 se llevó a cabo en la comunidad de Puente Madera el “Encuentro por la Vida” que dio paso a que en noviembre del mismo año se realizará en Jalapa del Marqués el “Encuentro en Defensa de Nuestros Bienes Naturales y Comunales”, ambos espacios tuvieron la finalidad de informar sobre la historia e impacto ambiental del corredor interoceánico, las amañadas consultas indígenas y la importancia del Istmo en la actual encrucijada global, después de dialogar y reflexionar, quedó como acuerdo y en solidaridad a la lucha contra el Corredor Interoceánico realizar una primer JORNADA GLOBAL CONTRA EL CORREDOR INTEROCEÁNICO Y LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE del 1° de Enero al 22 Abril de 2022, convocada desde la campaña global El Istmo es Nuestro, pueblos, comunidades, organizaciones, sindicatos y colectivxs de la región del Istmo de Tehuantepec, así como de otras regiones del estado y del país que se encuentran resistiendo a megaproyectos de muerte e integran este proceso colectivo.
Posteriormente los días 15 y 16 de Enero en Puebla se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte donde se acordó realizar la Caravana por el Agua y por la Vida. Pueblos Unidos Contra el Despojo Capitalista que inició su caminar este 22 de Marzo en Puebla con el objetivo es visibilizar las luchas de las comunidades que están resistiendo al embate de los emporios económicos, nacionales e internacionales en los nueve estados que recorrerá, entre quienes resisten en el día a día las consecuencias que trae consigo la industrialización, despojo, saqueo y acumulación de capital por parte de las empresas, el gobierno y el crímen organizado a costa del desangramiento ecológico, social, político y económico de los pueblos y territorio en donde estos se insertan.
Con estas consideraciones y dada la lógica de la Caravana por el Agua y la Vida, el día de hoy, viernes 22 de abril, día mundial del Planeta Tierra recibimos a Nuestrxs Hermanxs de la Caravana por el agua y por la vida para encontrarnos, compartir, escuchar y tejer nuestras rebeldías, resistencias y luchas por la vida.
Vivan los pueblos indígenas que luchan y resisten
Viva el Congreso Nacional Indígena
Viva el Concejo Indígena de Gobierno
Viva el Ejercicio Zapatistas de Liberación Nacional