Las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala realizan este martes (6), un desalojo en la comunidad de Chapín Abajo, El Estor, Izabal, en donde se reporta una persona fallecida por arma de fuego, se trata de Lisbin Neftalĺ Quileb Pec, de 16 años, maya Q’eqchi.

Autoridades indígenas reportaron que las fuerzas de seguridad portaban armas y fusiles, además del equipo antimotines que rodeaba el lugar.

El medio Prensa Comunitaria dio a conocer que la comunidad fue sitiada por elementos de la PNC y el ejército, desde la madrugada con 25 órdenes de allanamiento en contra de las Autoridades Ancestrales Q’eqchi’.

Además, confirma un saldo de varias mujeres detenidas, dos heridas, una de ellas en el hospital, y una persona desaparecida. Según relatos de los comunitarios, entre los detenidos están Alba María Choc, esposa de una autoridad ancestral, y su hijo de 9 años de edad.

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La operación es promovida por la empresa aceitera NaturAceites, denuncian autoridades ancestrales. Los moradores defienden su territorio del monocultivo de palma de aceite, en tanto el gobierno de Guatemala insiste en que se trató de un operativo para recuperar armas robadas hace un año.

Apenas en octubre pasado, hubo otro operativo en el cual la Policia Nacional intentó ejecutar tres allanamientos y 20 detenciones en la comunidad de Chapín Abajo. En aquella ocasión intentaron detener a comunitarios que participaron en la resistencia antiminera en la región, mientras otros son acusados por la empresa NaturAceites del delito de usurpación agravada.

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Naturaceites, la productora de palma africana que comercializa el aceite Capullo, figura como denunciada en nueve expedientes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. La corporación ha sido acusada de ocasionar la muerte de centenas de peces con los desechos que producen sus monocultivos. También ha sido señalada de empezar proyectos sin contar con instrumentos de evaluación del impacto ambiental.

La empresa opera en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Escuintla; distribuye sus productos en México, Estados Unidos y República Dominicana y ha sido proveedora de empresas como Nestlé y Unilever.

A finales de 2021 fue impuesto un estado de sitio en El Estor, luego de que las autoridades reprimieran violentamente protestas de comunidades maya Q’eqchi’ para impedir el paso de vehículos cargados de carbón de la empresa minera Fénix, pese a que su operación fue declarada inconstitucional.

La infodemia y lawfare en internet y redes sociales no son palabras nuevas. Surgieron hace más de 10 años por la digitalización y algunos medios de comunicación. En el Senado de la República y la Cámara de Diputados, el partido Morena propuso combatir estos delitos argumentando una amenaza de Seguridad Nacional.

Hace unos días, la multinacional de ciberseguridad Kaspersky Lab informó que Brasil se destaca como el mercado con más ataques de malware, con 1,554 intentos por minuto o el 65% de todos los bloqueos de la región. Le siguen México con 298 intentos por minuto, Perú con 123 ataques bloqueados por minuto, Colombia y Ecuador con 84, respectivamente, Argentina con 30 y Chile con 28 intentos/minuto.

Mientras, FortiGuard Labs, el laboratorio de inteligencia de amenazas de Fortinet, tiene registro de 85,000 millones de intentos de ataques cibernéticos en México, entre enero y junio del 2022. En 2021, fue el país que encabezó la lista con 156,000 millones; seguido de Brasil con 88,000 mil millones, Perú con 11,000 millones y Colombia 11,000 millones.

En México, el senador José Narro Céspedes, planteó establecer una ruta para construir marcos jurídicos para evitar la difamación que se da en Internet y redes sociales. Por su parte, desde agosto pasado, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, también del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

Crímenes sofisticados

La iniciativa presentada expone que los ataques cibernéticos se consideren amenaza a la seguridad nacional y se busque la cooperación internacional para la ciberseguridad, en torno a los artículos 5, 6 y 13 de la Ley de Seguridad Nacional.

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De adicionar una fracción XIV al artículo 5, “todo acto, conducta, incidente o amenaza ofensiva o maliciosa con la capacidad de provocar un efecto adverso, una falla, un acceso no autorizado, una vulnerabilidad, pérdida, daño o un delito desde el ámbito digital o ciberespacio en contra de las personas, activos, información, infraestructuras de información, tecnologías de operación o instancias e instituciones del Estado Mexicano (sic)” será considerado una amenaza para la seguridad nacional.

Manuel de Jesús Robles González, CEO de una empresa de desarrollo de software en Chiapas, consideró que es una tarea compleja, pues el gobierno es parte del control de la información y puede reconocer directamente de dónde vienen los ataques, pero en lo que realizan una investigación se podría caer en la detención de chivos expiatorios.

“Vendrán arrestos siniestros de personas que quizá no tengan que ver, pero que desde sus computadoras se lanza el ataque. No habrá un control”, preveé el experto.

Comparó las acciones actuales de la Guardia Nacional que, en algunas entidades, entra a las viviendas sin orden de cateo, en busca de armas y drogas, “ocurrirá lo mismo en lo digital, cualquiera tendrá acceso a los equipos y el gobierno dirá que está combatiendo”.

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La mejor recomendación para no ser parte de estas problemáticas, dijo el experto en tecnologías, es siempre poner la máxima seguridad y ser cuidadosos en la información que se publica. Recordó que los grandes creadores de antivirus, evitan dispositivos móviles y no tienen identidad digital porque conocen lo que hay detrás.

Pero ¿qué es la infodemia y lawfare? y ¿se puede combatir? González ejemplificó como infodemia el exceso de información que se compartió de manera masiva durante la pandemia del Covid-19, sin la certeza de su veracidad. Mientras lawfare es una guerra jurídica: se toman documentos, incluso falsos, para atacar u ofender a cualquier individuo.

Todo es parte de la llamada guerra blanda, porque no se utilizan armas de fuego; y que México –también– padecerá mucho porque no tiene cultura tecnológica ni de seguridad, dijo el tecnólogo. “Se está gestando una guerra cibernética, como dijeron que sería la tercera guerra mundial”.

Somos un número

El experto partió de la explicación de que para el sistema cada usuario representa un número. Facebook ubica el perfil de una persona con un algoritmo que se crea por las preferencias; y no es otra cosa que un número.

“Quienes controlan la información son Google, Amazon, etcétera; en el caso de México es el INE (Instituto Nacional Electoral) o el SAT (Servicio de Administración Tributaria). Con las nuevas reformas, el SAT puede saber todo de ti. En general, todas las personas que disponemos de un dispositivo móvil, ya estamos dando nuestros datos al sistema, a la big data”.

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Estos registros vuelven a los usuarios vulnerables a cualquier tipo de ataque, ya sea por una guerra jurídica o un complot. Los Estados Unidos y la Unión Europea manipulan los datos de algunas redes sociales como Whatsapp que recientemente sufrió un hackeo. Si es Telegram o Tik tok, son los rusos y los chinos en un capa de primer nivel, “pero hay más cosas turbias”, sostiene González.

En primer plano están las conocidas redes sociales y abajo la venta de drogas, armas, órganos, personas, sicarios, entre otros ilícitos, lo que se conoce como Deep Web.

¿En quién creer?

En la actualidad, incluso los sistemas de gobierno han sido corrompidos, “en estos momentos no tenemos ninguna seguridad digital; si el presidente no puede tener una certeza jurídica legal digital, un simple mortal como nosotros, menos”.

Como Guacamaya Leaks que hizo públicos miles de documentos y la filtración hecha contra la máxima autoridad digital del país, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aunado a esto, México es el primer lugar en ataques de puerta trasera (backdoor) a nivel mundial, pues además de la nula cultura de seguridad, es donde más existe la piratería.

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“Los que saben de ese negocio no lo van hacer desde su computadora”, dijo el CEO. Según FortiGuard Labs, Argentina, Chile, México, Perú y Panamá han sido objeto de distribuciones de malware y troyanos centradas en aplicaciones de Microsoft Office, usualmente utilizadas para trabajo y educación a distancia.

“El Office es crackeado”, es decir, el individuo crea una licencia simulada del producto y otros la instalan en los equipos a bajo costo, pero “deja una puerta abierta” y a eso se le conoce como backdoor.

De esta manera, la persona que creó el ‘crack’ puede acceder y trabajar desde uno o más equipos para procesos ilícitos, “hasta para minar bitcoins o crear ataques cibernéticos; y quienes están atrás son los turcos, los chinos, los rusos, los brasileños, que son buenísimos en esto de la guerra digital”.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Una vez más los funcionarios de la Justicia que llevan el caso de la activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca, pospusieron la audiencia de lectura de sentencia que se realizaría el jueves, 1º de diciembre. El proceso penal inició hace más de un año.

Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno de la ex presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por el partido Morena.

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Ahora la audiencia para el fallo final del caso fue postergada para el próximo miércoles, 7 de diciembre a las 11am.

El martes, 29 de noviembre, el juez ya había aplazado la audiencia para el 1º de diciembre, día en que Salomón Jara Cruz asumió la gubernatura de Oaxaca. La hermana de Claudia, Elizabeth Uruchurtu, ha declarado que espera que no exista ningún tipo de injerencia en el proceso judicial por parte de las nuevas autoridades gubernamentales que encabezan el gobierno de Morena en Oaxaca.

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El argumento para posponer las audiencias fue que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca no contaba con elementos ni patrullas suficientes para realizar el traslado de dos imputados en el caso a los juzgados de la Colonia Reforma de la Ciudad de Oaxaca, entre ellos, la ex edil de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta y varios de sus colaboradores cercanos.

Además, se argumentó que la audiencia no pudo llevarse a cabo de manera remota por problemas de conectividad en el juzgado.

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El juicio se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según reveló Avispa Midia, a partir de un oficio obtenido por transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.

Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.

De resultar favorable para la familia de Claudia Uruchurtu, sería el primer caso en Oaxaca y en el país en que funcionarios públicos serían juzgados por el delito de desaparición forzada.