El pasado viernes (6) el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó en Quintana Roo, durante la conferencia matutina que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Guardia Nacional ya tiene 2 mil 454 elementos en esta entidad y “tendrá tres mil 200 guardias nacionales adicionales”, para cubrir la seguridad del Tren Maya y para que las “obras se ejecuten en paz”.

En total son 6 mil 694 elementos federales en Quintana Roo que actualmente cuidan las obras del Tren Maya. Además de la Guardia Nacional, también hay presencia de 1 mil 598 elementos del Ejército y Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina, 1 mil 896.

A ello se suman 658 elementos de la policía estatal, 4 mil 339 de las policías municipales. “Tenemos un total de 10 mil 110 elementos operativos realizando trabajos de manera coordinada”, con el gobierno de Mara Lezama, desde el primer día de su administración, dijo Cresencio Sandoval.

De los elementos de la Guardia Nacional se desprende el llamado batallón turístico conformado por 550 integrantes quienes ejecutan un plan que desarrolló el gobierno de esta entidad en conjunto con Sedena para protección a turistas.

Hasta el momento Quintana Roo tiene una coordinación estatal de la Guardia Nacional y cuatro coordinaciones regionales que están ubicadas en Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco y Solidaridad. Además, se tiene proyectada la construcción de una base de operaciones más en Benito Juárez.

Así mismo, el secretario de la Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) agregó que a la estrategia de seguridad en la región se suman 3 nuevas bases aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana y 5 aeronaves destinadas exclusivamente para la seguridad del tren, así como el uso de drones. “Esas aeronaves estarán haciendo recorridos en todo lo que es la trayectoria y estarán desplegados también en lo que es las bases aéreas que se consideraron dentro de este proyecto”, señaló el secretario.

Para endurecer la seguridad de este megaproyecto, el cual está provocando una reconfiguración del territorio y las relaciones sociales cotidianas, también se agrega una inversión de 2 mil millones de pesos para la adquisición de 689 unidades vehiculares, 507 chalecos balísticos y un helicóptero para el fortalecimiento de la seguridad de la población, declaró Cresencio Sandoval.

^{En portada: Miembros de las Abejas de Acteal se manifiestan en las instalaciones del juzgado que lleva el caso por el asesinato de Simón Pedro.}

El martes 4 de octubre inició la audiencia de apelación para que el Poder Judicial del Estado de Chiapas revise la sentencia condenatoria emitida contra Hugo Rolando “N”, autor material del asesinato del defensor de derechos humanos, Simón Pedro Pérez López, integrante de la organización Las Abejas de Acteal, en Chiapas, asesinado el 5 de julio de 2021.

“Encontramos que en el proceso hay suficientes pruebas de responsabilidad pero estamos en un momento de riesgo, de reversión en la justicia, porque en ese pequeño avance hay una apelación”, explicó Mario Ortega coordinador del área de Sistematización e Incidencia del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

La deliberación será el próximo 9 de octubre y son tres los escenarios a los que podría enfrentarse la familia del defensor, dos de ellos pueden derivar en la liberación del detenido o la reposición del procedimiento. El tercero, sería la ratificación de la sentencia condenatoria.

En caso de la reposición del proceso tendrían que fechar, de nueva cuenta, todas las audiencias ya realizadas, lo que representaría más revictimización tanto para la familia como para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que durante dos años han enfrentado el desgaste económico y psicológico.

Simón Pedro fue asesinado en el mercado público de Simojovel y, desde que se inició el proceso judicial, las organizaciones acompañantes identificaron esta estrategia de desgaste, por ejemplo, por los traslados que debe hacer la familia para acudir a las audiencias al Juzgado del Ramo Civil de Pichucalco, en la zona Norte de Chiapas.

“Las audiencias no se llevaban a cabo en las fechas en las que estaban programadas”, agregó Ortega, y en algunos casos fueron suspendidas por falta de presencia del acusado, que se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El amate”, que se localiza en la región Centro, a casi cinco horas de distancia de Pichucalco.

Esta situación implicó que testigos vivieran un proceso de revictimización, “ahora, en caso de reposición del proceso implicaría volver a atestiguar, acudir a las audiencias y para la familia significaría, también, escuchar de nuevo la historia tan lacerante y no poder encontrar la justicia”, detalló el representante de Frayba.

Juan Pérez López, padre del defensor, relató en una entrevista previa que en los días de audiencia tienen que viajar seis horas de la comunidad Nueva Israelita, Simojovel, a Pichucalco. A veces parten un día antes, lo que implica tiempo, dinero y frustración cada vez que cancelan sin previo aviso, “nos toman como objeto, como si no fuéramos seres humanos”.

Por ello, la organización considera que los desafortunados escenarios, antes mencionados, no deben suceder, pues las pruebas presentadas son suficientes para mantener la sentencia de condena, que es lo que buscarán los abogados, que desde el 2021, acompañan el caso.

“La reposición del procedimiento, en muchas ocasiones, es lo que pasa por situaciones más procedimentales legalistas. Se reponen actuaciones y es un escenario recurrente en el sistema de justicia mexicano y chiapaneco”, dijo Ortega que, independientemente de la deliberación, la lucha por la justicia seguirá.

Revivir la historia

Para Juan Pérez López y su familia, es muy importante sacar a la luz a los autores intelectuales del asesinato de Simón Pedro. “Tenemos esa esperanza de justicia, esperamos lo que siga, no se termina aquí”.

Hasta ahora la sentencia de 25 años de cárcel para el autor material Hugo Rolando “N” es justicia parcial, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas se negó a aportar elementos de prueba para demostrar que el crimen tuvo un móvil por la labor de Pérez en la defensa de los derechos humanos.

El hecho ocurrió después de que denunció ante instancias del gobierno a morenistas vinculados al actual gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, por violencia en la zona Altos de Chiapas. “Aquí digamos que la gran dificultad es que la Fiscalía no quiso involucrarse, para ellos fue más fácil verlo como un asunto de homicidio”, explicó Mario Ortega.

Para la familia es importante que el Estado reconozca de dónde vino este hecho, pero la Fiscalía tampoco ha tenido interés por indagar sobre la autoría intelectual del delito y, a decir de Frayba, prácticamente le dieron carpetazo a la investigación.

Esta falta de visión de protección y apoyo a las víctimas ha sido una constante en este y muchos otros casos por parte del sistema judicial chiapaneco. El Frayba ejemplificó con el caso de la masacre de Acteal, en el que los autores materiales fueron detenidos y después liberados en diferentes momentos y de forma paulatina.

En la actualidad no hay ningún responsable sometido a ningún proceso lo que impacta en la memoria colectiva de las Abejas de Acteal.

La organización acompañante solicitó a los magistrados Abel Bernardino Pérez, Marco Antonio Centeno Núñez, Luis Raquel Cal y Mayor Franco, del Tribunal de Alzada Región Tres, “ponderen el derecho a la verdad y la justicia”.

Las Abejas de Acteal al igual se pronunciaron, “si lo liberaran sería muy cínico, sospechoso y se evidenciarían públicamente como parte de la red de jueces corruptos que venden la justicia ‘por dinero’, al que puede comprarla, porque conocemos personas pobres e inocentes, que están en la cárcel por delitos fabricados, pasan años o mueren sin ser liberados”, porque no pueden pagar el valor de la justicia.

^{En portada: Pueblos indígenas de los Altos de Chiapas reunidos para celebrar la integración de sus representantes al Concejo Indígena de Gobierno en julio del 2017. Foto: Medios Libres Chiapas}

El Congreso Nacional Indígena (CNI) conmemorará el 12 de Octubre, día de su 27 aniversario, con una acción global para exigir el alto a la guerra contra los zapatistas y los pueblos originarios de México y del mundo. “Nosotros los pueblos no tenemos que festejar, sino decir que seguimos en lucha, resistiendo y diciéndole al gobierno que no vamos a vendernos ni a claudicar”, dijo para Avispa Mídia Isabel Valencia de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro, e integrante del CNI.

Son varios los pueblos de México y el mundo que se unirán a la convocatoria del CNI para participar, desde sus trincheras, en esta acción dislocada. El llamado sigue y se dará a conocer con mayor detalle en el Foro “Militarización y despojo contra los pueblos originarios” que se realizará a las 16hrs del sábado, 7 de octubre, en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’, en la Ciudad de México y en las redes sociales de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

Se adelantó que el 12 de octubre las actividades iniciarán a las 9hrs en la Casa de los Pueblos, para que las comunidades reunidas en la Ciudad de México hablen sobre lo que ocurre en todo el territorio mexicano. Habrá también una rueda de prensa y, después, a las 16hrs iniciará la marcha que partirá del Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo.

Además de las acciones simultáneas en otros puntos del mundo, “queremos vernos, ser visibles y llamar a todos los pueblos que luchan y resisten para decirles que aquí estamos resistiendo y luchando junto con el Congreso Nacional Indígena porque el gobierno no nos quiere ver, pero somos muchos”, agregó Isabel.

Para el CNI alzar la voz siempre ha sido una necesidad, ahora más con el contexto actual de los territorios de los pueblos originarios que tienen presencia del Ejército y el crimen organizado, “el narco Estado, pues entre todos ellos se comete el despojo”.

En este tenor, Isabel recordó los asesinatos y amenazas en Ostula, Michoacán, o el grave panorama de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Querétaro, Morelos o Puebla, donde el Ejército es parte de las intimidaciones contra quienes denuncien despojos y otras violaciones a los derechos humanos.

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“Es muy preocupante todo lo que ahorita el gobierno está haciendo. Si vas a hacer una denuncia no procede, no te hacen caso, y es ahí donde decimos no hay justicia para los pueblos, no hay justicia porque no nos escuchan”, destacó.

Por ahora, la denuncia pública es la mayor arma de quienes están en la defensa de la vida, pues a través de ésta se ha conocido la devastación ocasionada por el Tren Maya en las comunidades, así mismo, la violencia criminal que rompe la tranquilidad de las comunidades.

El tema de las desapariciones de jóvenes en diferentes puntos de México se habla en los conversatorios, refirió Isabel, “y en muchos casos son niños… es impresionante, porque hasta ahorita tampoco sabemos nada de los 43 normalistas desaparecidos precisamente por el Ejército, aunque digan que no, no pueden actuar los de abajo si los de arriba no ordenan”.

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Ahora, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, el paisaje no es alentador, pues el gobierno continúa con “el dedazo” y las viejas prácticas de los partidos políticos, “lo mismo” pero con un falso discurso de izquierda y a favor de los pueblos. “Definitivamente estamos viendo que la lucha es por el reordenamiento territorial y pues lamentablemente para nosotros como pueblos originarios, ahí entran las transnacionales con los megaproyectos”.

En voz del CNI, Isabel hizo hincapié que seguirán derrumbando el hermetismo sobre la verdad y los repetitivos discursos que señalan a los pueblos como responsables de las violencias y los conflictos, “como sucede en Chiapas, donde el discurso de arriba justifica la guerra como una disputa territorial entre pueblos indígenas”.

Las y los participantes en las actividades de la acción dislocada del próximo 12 de octubre podrán registrarse en cnicomunicacion@gmail.com

^{En portada: Durante los últimos días de septiembre, centenas de militares incursionaron en las calles de Frontera Comalapa después de dos semanas de bloqueos y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Testimonios enfatizan que pese a su presencia, continúa la violencia criminal.}

Esta es la segunda entrega de la serie Chiapas: Desaparecer en la Frontera Sur de México, producida por Avispa Mídia. En la primera entrega presentamos una contextualización del conflicto que ha explotado en los últimos meses en Chiapas.

En los textos que siguen, mostraremos el rostro de las estadísticas que apuntan centenas de desaparecidos principalmente en la frontera de México con Guatemala. Ahora traemos la historia de Armando Agustín, un taxista de Ciudad Cuauhtémoc que desapareció mientras trabajaba. Su familia sigue en su búsqueda.

Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, se localiza en los límites de Chiapas, México, con Guatemala, por lo que es clave para el tráfico de personas, drogas, gasolina, armas, entre otros ilícitos, y es parte del territorio en disputa de dos cárteles del crimen organizado.

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Desde el 2021 los habitantes no tienen derecho a una vida digna, “hace dos años comenzó nuestro infierno”, relata Ángeles Espinosa con voz molesta porque a la par recuerda los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en las conferencias matutinas.

Hace dos semanas no hay clases en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, las tiendas de abarrotes incrementaron los costos de los productos debido al desabasto, incluso de gasolina y gas LP, “y así ha sido durante dos años, pero ahora se pone peor”.

Los bloqueos promovidos por los cárteles continúan en puntos que conectan con vías de comunicación de la Costa, Sierra y la Meseta Comiteca Tojolabal, que se han convertido en las más peligrosas de transitar a pesar de la presencia militar.

“Al igual que Guatemala, el presidente envió a los militares y no hacen nada, frente a ellos pasan las camionetas con gente armada; aquí no hay seguridad, aquí a diario desaparecen personas”, reitera Ángeles.

En Ciudad Cuauhtémoc también se han quedado sin energía eléctrica por varios días y de forma recurrente la luz falla por las noches; y ya es común escuchar balaceras y ver desfilar camionetas con personas armadas, incluso de día.

Uno de los grupos señalados de operar en la zona es el “Maíz”, vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para obligar a los habitantes a realizar actividades que les favorecen en la estrategia, incluso mediática, de sacar al Cártel de Sinaloa de la región.

“Al parecer es gente que ha sido coaccionada a sumarse, provienen de las mismas localidades y algunas de otros municipios”, agrega Carla Zamora Lomelí, investigadora del grupo de Estudios Socioambientales y Gestión Territorial en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Pero es tan solo uno de los grupos señalados por posibles desapariciones de personas, principalmente de hombres jóvenes y fuertes.

Armando Agustín, el taxista

Hace dos años, el 1 de septiembre de 2021, Armando Agustín Martínez Díaz, de oficio taxista, fue contratado para un viaje de Ciudad Cuauhtémoc a Comitán de Domínguez, del que no tuvo retorno.

Armando Agustín fue de los primeros desaparecidos que coinciden con el incremento de casos de violencia generalizada, relacionada con la disputa del territorio entre el cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Chiapas.

Es originario de Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, y tenía 36 años cuando desapareció. Ese 1 de septiembre fue contratado por una pareja para realizar un viaje a las 9hrs rumbo a Comitán.

Después de recorrer un aproximado de 80 kilómetros, a las 10hrs, Armando se comunicó con su familia, dijo haber llegado bien a Comitán y que ya iba de regreso. Pero fue su última comunicación.

Al notar que el tiempo transcurrió y Armando no regresó a casa, la familia y amigos enviaron mensajes y marcaron su número de móvil infinidad de veces. Pero siempre estuvo fuera de servicio.

La familia interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que publicó la ficha de búsqueda, pero nunca investigó. Por ello, durante las primeras semanas la familia buscó a Armando en Comitán, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, en separos y hospitales, pero sin éxito.

La vía de comunicación, desde hace varios años, se ha convertido en una de las más peligrosas de la geografía chiapaneca. Desde hace dos años, habitantes de Chicomuselo y Frontera Comalapa denunciaron en redes sociales el riesgo de transitar por esa carretera, incluso a plena luz del sol.

Como sucedió el 22 de marzo de 2023 con la desaparición de siete autoridades ejidales de Nueva Libertad, Frontera Comalapa, que previamente fueron vistos a bordo de una camioneta Ram color rojo y se dirigían a Palenque. Días después fueron liberadas en diferentes momentos.

A las 17hrs del 18 de mayo del mismo año, Tomás López Gómez perdió comunicación con su familia. Tomás conducía un vehículo tipo Urvan del transporte público Estrella de la Frontera Sur que recorría la carretera de Ciudad Cuauhtémoc a Comitán, pero hasta ahora no hay noticias de su paradero.

Las calles en silencio

Para 2020, Ciudad Cuauhtémoc registra cerca de 2,788 habitantes de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y, a decir de Humberto Salas, familiar de tres personas desaparecidas, en la localidad hay más de 50 casos, pero la mayoría de las personas prefiere no denunciar.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha dado cuenta que, por la falta de confianza en las autoridades, la incertidumbre y las constantes amenazas que reciben por diferentes vías, muchas familias prefieren no denunciar.

La violencia logró lo que la pandemia no, encerrarlos por completo. Las niñeces viven con miedo, incluso para ir a la escuela, pues en más de una ocasión las balaceras han sucedido mientras están en clases.

Las ferias de fin de año en honor al Niñito Fundador y a la Virgen de Guadalupe no se hacen desde hace tres años. Las calles lucen vacías, el transporte es intermitente y los negocios cierran al ocaso.

Muchos comercios quebraron, por los cobros de derecho de piso, incluso dejó de ser ruta recurrente de las personas en movilidad humana que llegan a México, porque también las desaparecen.

En todo momento, los habitantes contactados destacaron la ausencia de fuerzas de seguridad. “Casi no hay presencia militar”. A diario observan más vehículos del crimen organizado que militares y los violentos bloqueos son constantes.

Todo lo anterior, a pesar de que a 14 minutos existe un destacamento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la localidad El Jocote; uno más de la Guardia Nacional en el tramo carretero Paso Hondo-Frontera Comalapa.

Los habitantes dijeron que observan más ‘desfiles’ de carros monstruos, motocicletas y camionetas con personas a bordo portando armas de fuego que de militares salvaguardando la integridad de los mexicanos.

“A todos nos cambió la vida, nos sentimos inseguros, escuchamos ruidos de carros o motocicletas y pensamos rápido que son ellos y que nos van a volver a atacar”, lamentó Raquel Molina. “Somos personas humildes y trabajadoras, pero estamos pagando por cosas que no hicimos”.

*Los nombres de las personas que accedieron a dar testimonios fueron modificados por razones de seguridad.