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Juan Villoro | NY Times

Prohibido votar por una indígena

María de Jesús Patricio no obtuvo el registro como candidata independiente a la presidencia de México. Sin embargo, la causa a favor de grupos minoritarios y contra la discriminación seguirá su camino para cambiar el país.

CIUDAD DE MÉXICO — El 14 de febrero una camioneta recorría el desierto de Vizcaíno en Baja California Sur. Daban las 3:30 de la tarde, después del almuerzo, bajo un calor intenso, en la Carretera Federal 1, que carece de curvas y adormece peligrosamente. Todo conspiraba a favor del riesgo, pero la caravana no podía detenerse.

En octubre de 2017, la indígena María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, inició su campaña para convertirse en candidata independiente a la presidencia, respaldada por el Concejo Indígena de Gobierno. Durante cuatro meses visitó los más diversos rincones del país para escuchar a sesenta etnias que carecen de representación en la política mexicana. Se suele pensar que los indígenas representan un bloque monolítico, con idénticas costumbres y creencias; en realidad, se trata de un mosaico multicultural que responde a realidades y proyectos diferentes. Para obtener la candidatura, Marichuy debía lograr antes algo más difícil: unir a las comunidades en objetivos comunes.

El jueves 14 avanzaba en las precarias condiciones que la acompañaron en todos los caminos. Si los políticos viajan en aviones y camionetas blindadas, Marichuy se sometía a trayectos extenuantes y se adentraba en regiones inhóspitas (el 20 de enero el coche de prensa que la acompañaba fue asaltado en Michoacán por una banda del crimen organizado). A cinco días de que venciera el plazo para lograr el registro como candidata independiente, la vocera hacía proselitismo en una de las regiones menos pobladas del país. No apostaba por el pragmatismo electorero, sino por acercarse a los más apartados.

Bajo el denso sol de la tarde, la camioneta abandonó la carretera y volcó en la tierra donde crecen los huizaches. En el accidente murió Eloísa Vega Castro, de la red de apoyo a los pueblos indígenas. Varios tripulantes quedaron heridos y Marichuy sufrió la fractura de un brazo y tuvo que ser operada. Pasaron cerca de doce horas hasta que los heridos llegaron al Hospital Juan María de Salvatierra, en La Paz.

El 15 de febrero la candidata indígena acaparó las portadas de todos los periódicos. Un impacto de muerte recibió la atención que no se le había prestado a sus ideas.

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Radio Zapatista

“Esto no se va acabar hasta encontrarlos”

A inicios de febrero, Minerva Bello, a quién Ixchel Cisneros describió “de apariencia frágil, la piel pegada a los huesos y las manos agrietadas por trabajar la tierra y lavar la ropa de siete hijos”*, no alcanzó a ver a su hijo Everardo de vuelta en Omeapa, Guerrero. A casi 41 meses de la desaparación forzada de los 43 de Ayotzinapa, sus madres y sus padres insisten en romper el silencio y el olvido. En su paso por Cuernavaca, Morelos y otros estados del país rumbo a la VI Convención Nacional Popular a celebrarse los días 17 y 18 de marzo, ellxs y la Caravana que encabezan han agradecido el apoyo brindado desde el 2014 pero han señalado que aún hace falta más para seguir exigiendole a la PGR y al gobierno federal que cumplan con las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI expulsado del país. En su  camino, los padres y madres de los 43 han dejado claro que clarificar estas líneas de investigación será vital para poder encontrar a sus hijos:

I. Investigar al Ejército por su participación documentada en la desaparición de los 43.

II. Investigar a los cuerpo policíaco de Huitzuco, pues fue este grupo quien llegó al puente del Chipote para llevarse a estudiantes normalistas deben ser castigados.

III. Investigar la telefonía celular que muestra la ubicación de los policías de Huitzuco, además de que se encontraban activos los celulares de los jóvenes días después de la agresión.

IV. Investigar el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil principal de la agresión a los normalistas desaparecidos.

“Los padres de los 43 estamos muy unidos y esto no se va a acabar hasta encontrarlos”*, decía Doña Mine…

Testimonio de Don Celso, padre del normalista Emiliano Alen Gaspar de la Cruz (1 min.)

Testimonio de Cristina Bautista, madre del normalista Benjamín Ascencio Bautista (6 ”43 min.)

Testimonio de María Concepción Tlatempa, madre del normalista Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa (3 ”35 min.)

Palabras de Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa (5 ”30 min.)

Más información sobre la Caravana y la búsqueda de los 43: Tlachinollan. Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

 

 

Fotografía de Minerva Bello: Scott Brennan, de la serie fotográfica “Los estamos esperando”/Amnistía Internacional

*En Ayotzinapa. La travesía de las tortugas, del colectivo Marchando con letras (Ediciones Proceso, Septiembre 2015)

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Andre Mantelli

El CIG: Falta lo que falta (Video)

Fueron casi 130 días observando la caravana del Concejo Indígena de Gobierno y Marichuy, su vocera. Esta banda ha viajado en una furgoneta con recursos mínimos y condiciones precarias por más de 120 lugares en todas las regiones de México, para cumplir una agenda que no era de comicio pero que pretendía atender una demanda de presencia en las comunidades, fomentar la organización y coser la unión de los pueblos (originarios o no) por la vida. El proceso mostró las incompatibilidades y desniveles entre los modelos de representación del sistema de los que están en el poder y los independientes de verdad. El logro de las firmas para constar en la cédula electoral era una buena estrategia para dar visibilidad a las causas y problemas de los pueblos indígenas, pero éste no era el único objetivo: las dificultades encontradas durante el recorrido también revelaron y aproximaron ideas y personas.

Banda sonora:
“Verte regresar” por Belafonte Sensacional y Paulina Lasa (devueltaacasa.org)

“Mujer con corazón” o “La cumbia de Marichuy” por Los Originales de San Andrés

Vídeo y fotografias por André Mantelli

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Las victorias del CIG y su vocera Marichuy

Por Gilberto López y Rivas

En la noche del 19 de febrero pasado, las redes de apoyo a María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), llevaron a cabo en toda la República la jornada postrera para recabar firmas para una candidatura independiente a la Presidencia en un ambiente festivo, cargado de emociones y, sobre todo, la certeza de la tarea cumplida con empeño, entrega y camaradería, así como la idea de continuar cohesionados para nuevas formas de acompañamiento al Congreso Nacional Indígena y al EZLN. Ausente estaba cualquier sentimiento de frustración o desesperanza por no haber logrado, –en un tiempo extremadamente acotado– las cifras estratosféricas impuestas por la partidocracia y la burocracia electoral para cerrar el paso a candidaturas realmente independientes.

Por el contrario, un hecho incuestionable destaca: de todas las campañas para aspirantes independientes a la Presidencia, fue la única con un altísimo porcentaje de firmas ciudadanas obtenidas legal y legítimamente. Como auxiliar de Marichuy, integré parte de un grupo que revisó en el Instituto Nacional Electoral (INE) cuatro mil apoyos ciudadanos con presuntas inconsistencias y errores; al término del escrutinio, se pudieron rescatar 82 por ciento de los mismos. Al 21 de febrero, Marichuy reunía 92.74 por ciento de apoyos válidos, más los que se recatarán en la última sesión que los auxiliares han solicitado al INE para defender el derecho humano de todos y cada uno de los ciudadanos que firmaron. Estos datos demuestran otra práctica política, con ética y principios morales, que contrastan con la opacidad en los procesos de obtención de firmas de quienes llegaron finalmente a la boleta electoral como candidatos falsamente independientes. Igualmente, es un hecho que para el INE no parece interesar los medios para lograr firmas, aunque sean fraudulentos, sino los resultados que, de existir un estado de derecho, merecerían una investigación a fondo y la consecuente descalificación de candidaturas espurias.

Un dato interesante es que en dos estados del país se logró superar 1 por ciento de apoyos ciudadanos requerido por el INE: Chiapas y Nayarit, y aquí habría que enfatizar la congruencia política del EZLN y el entorno de los mayas zapatistas que demostró la importancia otorgada al proceso de la recolección de firmas en Chiapas, y, en el caso de Nayarit, el compromiso y el esfuerzo principalmente del Partido de los Comunistas, que, de igual manera, asumieron la tarea con seriedad y responsabilidad política. Porcentajes significativos de apoyo ciudadano se lograron en Zacatecas, Ciudad de México y Morelos, entre otros. Políticamente, a lo largo de estos meses, el CIG en su recorrido por prácticamente todos los estados del país, logra consolidar y fortalecer al Congreso Nacional Indígena como organización a partir de la cual se conforma el Concejo Indígena de Gobierno. Se vincula estrechamente con la Asociación Civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, en búsqueda del apoyo a la propuesta del CIG y la precandidatura de Marichuy en medios de comunicación, redes y ámbitos universitarios, intelectuales, artísticos y gremiales de alcance nacional y regional. La Asociación Civil otorgó un modesto apoyo económico que contrastó con los millonarios ingresos de los ahora candidatos independientes y ha brindado asesorías jurídicas y trabajo contable de voluntarios y voluntarias que de manera discreta y eficiente entregaron su tiempo y su conocimiento a una causa justa y libertaria.

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Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Allanamiento y robo por parte de fuerzas de seguridad del Estado de Michoacán a defensores de derechos humanos

Las familias que integramos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Movimiento) condenamos el allanamiento y robo de equipo de seguridad otorgado por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, en el domicilio de Francisco Paredes Lachino, hijo del defensor de derechos humanos desparecido en 2007, Francisco Paredes Ruiz.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero aproximadamente a las 13:30 horas del día, cuando elementos del Mando Único, pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública, a bordo de 5 camionetas, 2 de ellas con logotipo de Policía Michoacán y 3 de color blanco pertenecientes a la policía Ministerial de la Policía Estatal, llegaron e irrumpieron de forma violenta y sin orden judicial el domicilio de Francisco Paredes en Michoacán, sustrayendo del lugar equipo técnico que almacena las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en dicho domicilio. Este equipo de seguridad forma parte de las medidas implementadas por el Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pertenecientes a la Secretaria de Gobierno. Afortunadamente, Francisco Paredes y su familia no se encontraban en el domicilio.

Francisco Paredes Lachino junto con sus hermanas, forman parte del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas “ALZANDO VOCES”, colectivo que forma parte del Movimeinto y que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán. Anteriormente, el 25 de diciembre del año 2015 personas armadas con la aquiescencia y participación de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública irrumpieron con uso de violencia al mismo domicilio para amenazar con armas a los integrantes de la familia Paredes Lachino, por lo que la familia recibió las medidas de seguridad que el Mecanismo de Protección a Periodistas y defensores de Derechos humanos otorga.

De igual manera, el 2 de mayo de 2017, Cristina Paredes, hermana de Francisco y defensora de derechos humanos, fue víctima de detención arbitraria e ilegal. Por este suceso se reunió con el Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, el 5 de enero de 2018.

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InquietaDoc

Imágenes del evento por el Concejo Indígena de Gobierno en Tijuana

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Frayba

Ejército mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad

A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]

El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.

Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.

La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018

Boletín No. 06

[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf

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Noticias de Abajo ML

Noticias de Abajo ML – 19 febrero 2018

Noticias de Abajo ML emisión 19 de febrero de 2018

(Descarga aquí)  

— PALESTINA 113 Bebés En Hospitales De Gaza Al Borde De La Muerte por restricciones de Israel. Sp.truthngo
— PALESTINA: Soy la prima de Ahed Tamimi. Israel tiene que parar de meter en la cárcel a niñas/os como ella.
mariaenpalestina wordpress
—- CHILE Comunicado de Familiares, Amigos y red de apoyo al Machi Celestino Córdova. Radio Kurruf
— CHILE WALLMAPU (AUDIO) La lucha de las comunidades Lickan-antay por el agua en el norte grande. radio Kurruf
—- BRASIL Sobre la intervencion militar en Río de Janeiro
— HONDURAS: CUÑA_ Acción Nacional y Global en memoria de Berta Casares. COPINH
— EUA: Black Lives Matter: acabar con la violencia estatal contra los negros. Desinformemonos

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
COLUMNA— MEXICO: Comemoracion de las victimas de Pasta de Conchos y colocacion del Antimonumento por los 65 mineros sepulatados. Noticias de abajo ML
— CDMX: Carnaval por Marichuy y su Alegre Rebeldía. Radio Zapatista
—GUERRERO: Las mujeres de Ayotzinapa, Minerva Bello. Ke huelga
— OAXACA: Sismos en Mexico Entrevista Sobre Afectaciones Al Presidente Municipal De Santiago Jamiltepec. Radio Zapote
— MEXICO: NotiCencos: Investigan a 19 exmandos y policías, ligados a Javier Duarte, por desaparición forzada; gobierno despoja a comunidad Wirárika de su centro ceremonial; Ulises Cardona fue visto por última vez en manos de la Marina.
— MEXICO: Embajada canadiense en la mira por asesinato del activista Mariano Abarca: ONG´s. Surco Informativo

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Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno

Mensaje del CNI-CIG a la familia de la compañera Eloísa Vega y grupos de apoyo sudcalifornianos

A la familia de la compañera Eloísa Vega Castro
A las redes y grupos de apoyo Sudcalifornianos

Hermanos, hermanas, a través de estas líneas, nosotras, nosotros quienes conformamos el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno queremos enviar un saludo y un abrazo colectivo para la familia de nuestra compañera Eloísa Vega Castro y a los grupos y redes de apoyo sudcalifornianos quienes conocían y caminaban el compromiso de la compañera.

Es un dolor grande el que en estos momentos habita en nuestro corazón, en el que reconocemos profundamente el compromiso grande y firme de la compañera Eloísa. Su paso y su sonrisa los tendremos siempre presentes en los pasos que nos faltan, que no hemos dado solos, sino con la solidaridad como la de ella y con la que nos sentimos acompañados en la lucha que emprendimos para que retiemble en sus centros la tierra. Con su conciencia, ella y quienes compartieron sueños y caminos decididos a hacer nacer nuevos mundos, hacen que la esperanza y la lucha se hagan fuertes, se hagan sagrados.

A la familia Vega Castro, sepan que la compañera Eloísa seguirá estando en nuestro corazón colectivo de esta lucha por la vida.

A las redes y grupos de apoyo sudcalifornianos, sabemos y sentimos el dolor de perder a la compañera; y junto a ustedes nos atrevemos a caminar el sueño de un mejor país para todas y todos. Sabemos y sentimos su compromiso y solidaridad que abrirá los caminos de abajo, desde donde hoy nos hace falta la compañera Eloísa. Hoy, compañeras y compañeros, somos ustedes.

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca más un México Sin Nosotros
Por el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno Ma. De Jesús Patricio Martínez vocera

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Congreso Nacional Indígena

Comunicado Urgente: Nuestro paso sigue

Informamos que ante los rumores desatados a partir del lamentable accidente que sufrieron el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y nuestra vocera Marichuy, el pasado 14 de febrero en Baja California Sur, las actividades, trabajos y recorridos del Concejo Indígena de Gobierno, así como la recabacion de firmas por parte de las redes de apoyo al CIG para que Marichuy aparezca en la boleta electoral continúan.

Sólo nuestra vocera Marichuy suspende su participación en el recorrido del CIG debido a que se encuentra hospitalizada.

Les pedimos que sólo presten atención a la información publicada en nuestra página: congresonacionalindigena.org
Facebook: Congreso Nacional Indígena
Twitter: @CNI_Mexico.
O a la información que replique la Asociación Civil “Llegó La Hora Del Florecimiento De los pueblos”

Atentamente

Nunca más un México sin Nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del CIG/CNI