México
[:es]Boletín de Prensa: Continúan la inseguridad y agresiones contra comunidades indígenas de Campeche en torno al proyecto “Tren Maya”[:]
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2 de junio de 2021
- Autoridades ejidales mayas hemos decidido integrarnos como una Unión de comisarios ejidales y no negociaremos de forma individual los asuntos relacionados con el llamado “Tren Maya” que afecten nuestra tierra, territorio y recursos naturales.
- Pedimos respetuosamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias ante las crecientes agresiones que estamos recibiendo en nuestras comunidades.
Representantes de los ejidos Don Samuel, Miguel Alemán, Haro, Escárcega, División del Norte y Candelaria en el estado de Campeche, hacemos nuevamente un llamado urgente al gobierno Federal, encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López obrador, para que garantice nuestra seguridad y la de nuestras familias, frente a las agresiones y violaciones a derechos humanos que estamos enfrentando en nuestras comunidades.
Hace un mes emitimos un comunicado de prensa en el que denunciamos públicamente una serie de fraudes y extorsiones, así como violaciones a derechos humanos por parte de la empresa Barrientos y Asociados, S.A. de C.V, contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo la negociación para la liberación de los derechos de vía para el proyecto denominado “Tren Maya”.
Actualmente la situación de inseguridad se ha incrementado en nuestras comunidades, pues varias personas en nuestros ejidos han sido amenazadas e intimidadas, incluso a través de la presencia del Ejército Mexicano. Frente a esto, sabemos que unidos somos más fuertes, por lo que hemos constituido una Unión de comisarios ejidales, a través del cual, decidiremos conjuntamente los temas relacionados con el proyecto del “Tren Maya” que afecten nuestra tierra, territorio y recursos naturales. No negociaremos de forma individual con ninguna empresa o entidad del gobierno, sino que de ahora en adelante, en caso de que se retomen las negociaciones, éstas deberán ser con el bloque de ejidos.
Asimismo, demandamos contar con la información necesaria, de forma previa, oportuna y en un formato culturalmente adecuado, antes de que se nos pida aprobar o tomar decisiones respecto de éste u otro tema que impacte a corto, mediano y largo plazo nuestras comunidades.
Como ya denunciamos en ocasiones anteriores, el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados inició en varias de nuestras comunidades estuvo plagado de vicios y, en cada caso, se cometieron distintas irregularidades aunque la forma de operar fue la misma en términos generales: se presentó una persona en las comunidades, identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados, con una actitud amable y de apoyo al ejido para ganar la confianza de los representantes, diciendo que estaba ahí para realizar las negociaciones por el pago de derechos de vía del “Tren Maya”. Dicha persona -la misma en todos los casos- en varias comunidades buscó obtener nuestra autorización, incluso levantó actas en algunos ejidos, sin contar con la mayoría de firmas de la Asamblea, y sin la presencia de ninguna autoridad agraria; además, no se ha entregado copia hasta el momento a los ejidatarios.
Posteriormente, en algunos casos se entregaron cheques a representantes ejidales en el Palacio Federal, sin brindar mayor información, documentos o aclaraciones sobre los montos. En cambio, el representante de Barrientos y Asociados pedía a los ejidatarios que se le regresara la mayor parte del dinero en efectivo, una vez cobrados los cheques, argumentando que era lo correspondiente al pago por las gestiones y servicios profesionales de la empresa. Las personas que se negaron o que pidieron documentos y explicaciones, fueron manipuladas, amenazadas, intimidadas e incluso extorsionadas por el representante de dicha empresa.
En el caso del ejido Candelaria, se han recibido amenazas y presiones por parte de diversos actores políticos para que nos desistamos del amparo que hemos presentado. Como hemos señalado previamente, nuestra comunidad ya se encontraba en este territorio antes de que se construyeran las vías y, a pesar de ello, insisten en desalojarnos y nos hostigan argumentando que somos invasores.
Consideramos importante reiterar que, en todo este tiempo, los representantes de los ejidos siempre hemos solicitado la información sobre los alcances del proyecto “Tren Maya”, y nunca nos han entregado los documentos técnicos, jurídicos, ambientales y sociales de los impactos a generar, solamente nos presionan para otorgar la ocupación temporal.
En días recientes, en algunos ejidos hemos recibido visita por parte de representantes de la Procuraduría Agraria y de Fonatur. Sin embargo, la información y el acompañamiento que nos brindan siguen siendo insuficientes y poco claros, a pesar de que, como autoridades, deberían ser los primeros responsables en vigilar que se garantice el respeto a nuestros derechos humanos. Contrario a su deber de informar y garantizar, pareciera ser que la apuesta de las autoridades es generar división y conflicto al interior de los ejidos. Sobre todo, queremos saber ¿por qué sigue apareciendo con ellos gente de Barrientos y Asociados a pesar de todas las denuncias públicas y penales que hemos presentado en su contra?
Respecto de dichas denuncias penales presentadas hace semanas, en algunos casos ante la Fiscalía del estado de Campeche y en otros ante la Fiscalía General de la República, queremos insistir en que, hasta el día de hoy seguimos sin recibir información sobre el avance de las investigaciones y sobre el estado de nuestras denuncias. Al respecto, exigimos que se garantice nuestro derecho constitucional al acceso a la justicia.
Solicitamos respetuosamente una respuesta por parte del Señor Presidente López Obrador. Somos personas indígenas mayas que hemos habitado estas comunidades y ejidos del estado de Campeche desde hace décadas; tenemos derecho a vivir en paz y con seguridad. Tenemos el derecho constitucional a que se nos garantice un medio ambiente sano; a que se respeten nuestros sistemas normativos internos o denominados usos y costumbres, así como nuestro derecho a la información, participación y consulta; tenemos derecho a vivir con bienestar y dignidad, como cualquier otra persona en México.
Atentamente
Representantes de los ejidos Don Samuel, Miguel Alemán, Haro, Escárcega, División del Norte y Candelaria
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[:es]La Represión contra la Normal de Mactumactzá continúa[:]
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Ayotzinapa, Guerrero a 31 de mayo del año 2021.- El día de hoy alrededor de las 11 de la mañana en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa el gobierno del Estado desplegó más de 600 elementos de la Policía Estatal y avanza hacia las instalaciones de la Normal Rural de Mactumactzá tirando gas lacrimógeno y balas de goma a una centena de estudiantes que tratan de frenar su avance con piedras y palos.
Al momento los estudiantes intentan replegarse al interior de las instalaciones que ha sido invadida por el humo de gas lacrimógeno, mientras niños y padres de familia de los estudiantes se encuentran en riesgo por los artefactos explosivos que los policías lanzan de manera indiscriminada.
Cabe recordar que el 18 de mayo fueron detenidos 95 estudiantes de la Normal Rural, 74 mujeres y el resto varones que exigían la realización de un examen presencial para el nuevo ingreso. Posteriormente las mujeres habrían sido liberadas mediante el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva, mientras 19 jóvenes siguen en prisión.
Por lo anterior, la demanda de los estudiantes se ha convertido en la liberación de sus compañeros. Mientras que el gobierno Federal y estatal se niegan a dialogar argumentando que se cometieron delitos y el poder judicial tiene que investigarlos.
El día de hoy la Policía Estatal despliega sus fuerzas de manera desproporcionada sobre los estudiantes intentando acallar sus protestas por la libertad de sus compañeros. Mientras tanto los canales de diálogo se cierran.
Las madres y padres de los 43 normalistas condenamos la represión que sufren los estudiantes de Mactumatczá y exigimos se abran los canales de diálogo para liberar a los estudiantes presos y resolver los problemas educativos.
Es lamentable que se privilegie la vía judicial para resolver un problema educativo y se recurra a la represión policiaca como forma de solución a un problema educativo y que se enmarca en el derecho humano a la educación de los jóvenes indígenas de la Normal de Mactumactzá.
ATENTAMENTE.
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
COMITÉ DE MADRES Y PADRES DE LOS 43.
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