México
La tenaz búsqueda de verdad y justicia de familias, pueblos y personas victimizadas no pasará desapercibida
• Exigimos justicia para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en México.
• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad
• Hacemos un llamado a poner un alto a la impunidad con acciones de abajo, pacíficas y organizadas desde la sociedad civil.
Quienes firmamos este pronunciamiento: El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) quienes, de Norte a Sur, reconocemos a pueblos y personas que han sido victimizadas, como Sujetas de Derechos, que con su acción y lucha digna, persistente y tenaz no han cesado, ni claudicado en la búsqueda de verdad y justicia por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, en todo el territorio nacional.
Reconocemos como un mecanismo trascendental para nuestra democracia las Consultas Ciudadanas, contempladas en el marco jurídico mexicano, y esperamos que en un futuro se puedan realizar más ejercicios similares que puedan apoyar y promover el derecho de todas las personas a participar activamente en las decisiones de gobierno en cualquier ámbito de responsabilidad. El recurso de la Consulta popular, libre e informada puede ser un mecanismo en manos de la sociedad en la seria crisis de seguridad y derecho humanos en nuestro país.
Ante la consulta popular a realizarse en 1 de agosto, manifestamos:
Hasta ahora, el Estado mexicano ha sido incapaz de rendir cuentas en la investigación, identificación y castigo a los responsables de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, asumiendo su responsabilidad ante la realidad de violencia e impunidad que vivimos.
En lo que va la actual administración federal no se observan decisiones contundentes de gobierno encaminadas a atender de fondo la seria crisis de justicia en nuestro país. Muestra de ello es el reconocimiento oficial1 de 89,488 registros de personas que siguen desaparecidas al mes de julio del 2021, y que día a día se incrementa. En lo que va de este sexenio han desaparecido 21,546 personas.
Asimismo, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce la intervención en 1,749 fosas clandestinas, con la recuperación de 3,025 cuerpos, de los cuales se han retornado a casa 822. Solo en Coahuila, existen aproximadamente mil cuerpos sin identificar, que fueron inhumados arbitrariamente en panteones municipales y más de 100mil fragmentos de restos recuperados en campos de exterminio.
Actualmente en el país, las Fiscalías se niegan a aportar datos certeros de cuerpos sin identificar bajo su custodia, pero se habla de por los menos 38mil hasta el 2019.
Más de 340mil personas desplazada por diferentes tipos de violencias. De enero a junio de este año se sumaron 3,873 personas desplazadas, datos que se pueden corroborar porque son públicos2.
De enero a junio del 2021, se registraron oficialmente 543 feminicidios, es decir 90 mujeres por mes oficialmente se les asesina en nuestro país3.
Y podemos seguir con más datos de las cadenas de injusticia e impunidad que mantiene a nuestros pueblos masacrados y en el terror. Cómo se puede hablar de Estado democrático de Derecho ante esta crisis humanitaria, de seguridad y de derechos humanos que vivimos por décadas, y en las que gobiernos van y vienen y todo se mantiene avanzando hacia horizontes de exterminio.
Saludamos el ejercicio ciudadano de la Consulta Popular a realizarse este 1 de agosto, sin embargo, enfatizamos lo siguiente:
Las responsabilidades del Estado no se consultan. Los crímenes del pasado y del presente deben ser investigados y castigados, como exigencia irrenunciable para poder garantizar caminos de justicia y paz para nuestros pueblos en el campo y la ciudad.
Los derechos de las víctimas por graves violaciones a derechos humanos no se consultan. Todas y cada una de ellas tienen el derecho de poder acceder a la verdad y a la justicia que el Estado ha tolerado y/o participado por acción y omisión.
Es por lo que, independientemente del resultado de la Primera Consulta Popular en México:
• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad para garantizar de manera efectiva los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No repetición de las atroces violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que padecemos en nuestro país. Convocamos a organizarnos para la construcción de estas iniciativas, procesos y exigencias.
• Denunciamos y repudiamos las acciones que miembros de algunos partidos políticos u otros grupos sociales, están realizando con el envío de mensajes a la sociedad, convocando a no participar en la jornada del 1 de agosto, tachándola de inconstitucional e ilegal, lo cual es falso4. Sabemos que el ejercicio del Derecho a la Consulta va a afectar circuitos de impunidad de personas y grupos responsables de las masacres contra nuestros pueblos.
Confiamos en que la sociedad civil mexicana ejerza y defienda su derecho a la Consulta y a reorientar las acciones de gobierno para en verdad hacer el bien común. Hacemos un llamado a continuar con acciones organizadas ante la indiferencia gubernamental por las masacres a nuestras gentes, a manifestarnos contra la impunidad y a caminar al lado de las personas y pueblos que siguen siendo victimizados, mujeres y hombres que siguen en su digna exigencia de verdad, justicia y reparación.
Reafirmamos nuestro compromiso con quienes siguen siendo victimizadas por el sistema de injusticia e impunidad que impera en nuestro país.
¡No están solas, no están solos!
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Saltillo, Coahuila; México
29 de julio de 2021
Descarga el Pronunciamiento conjunto aquí: Pronunciamiento Verdad y Justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos
Comisiones de la verdad: un atlas de esfuerzos por la memoria y la justicia
Texto de Aldabi Olvera. Fotografía de portada: Luis Suaste
A raíz de la propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para impulsar una movilización que detone la creación de una Comisión de la Verdad, algo que familiares y organizaciones exigen al menos desde el 2018, compartimos un Atlas sobre diversos esfuerzos de búsqueda de justicia en el mundo que podrían inspirar la experiencia mexicana.
Al finalizar dictaduras militares, guerras civiles y periodos de violencia inusitada, organizaciones sociales y civiles de diversas latitudes del mundo han impulsado la creación de instrumentos e instituciones llamadas de “justicia transicional” para esclarecer crímenes de lesa humanidad perpetrados por Estados y otros actores.
“Son periodos donde la verdad ha sido ocultada. Y la verdad es un elemento clave para la transformación de un conflicto, la sanación de las víctimas y poder enfrentar realmente las consecuencias de esas violaciones.”
Así lo explica Carlos Beristáin, psicólogo con una larga trayectoria en investigación de violaciones de derechos humanos y actual integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que comenzó a operar en Colombia en 2018.
Beristáin, quien también fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa en México, detalla que una parte esencial de estos mecanismos de búsqueda de justicia son las Comisiones de la Verdad, órganos que tienen la facultad de investigar y determinar responsabilidades colectivas y de lanzar recomendaciones para la reparación y no repetición de posibles violaciones a derechos humanos.
Normalmente, estas comisiones son integradas por expertos a los cuales se le encarga la recolección de testimonios de las víctimas de la violencia, sistematización, análisis y publicación, explica el documento Romper el silencio, el cual hizo en 2018 una propuesta de Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica que esclarezca la guerra desatada durante los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto en México.
Alrededor de 43 países han instalado comisiones de este tipo con mayor o menor éxito. Una de las pioneras fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas argentina, encabezado por el escritor Ernesto Sábato. De 1983 y 1984, la comisión argentina recopiló testimonios de víctimas de las juntas militares. Al final de su trabajo vio la luz el informe Nunca Más, el cual detalla la desaparición de 8,961 personas entre 1976 y 1983.
En nuestro continente abundan otras experiencias como la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación de Chile (1990-1991), el Proyecto lnterdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI, 1995-1998) y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1997-1999) de Guatemala o la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (2001-2003).
Yolanda Aguilar es antropóloga y terapeuta feminista. Sobreviviente a la dictadura militar de Guatemala, se integró como redactora del informe REMHI, publicado hace ya 20 años. Este proyecto es una excepción, pues no fue iniciado y conducido por la sociedad civil. Su principal objetivo, relata Aguilar, fue “crear confianza en las personas acerca de la importancia de hablar de lo que había sucedido en el conflicto armado.”
“Los retos fueron vislumbrar la dimensión del conflicto, los números y patrones de la violencia, la corrupción vinculada con las estructuras del gobierno” relata Aguilar.
La iniciativa partió de la iglesia católica y organizaciones de base. Esto le dio un carácter nacional necesario al proyecto pero enraizado a nivel local. Conformada con personas de las comunidades más afectadas llamados promotores o animadores de la palabra, el trabajo de la REMHI fue básico para la posterior Comisión para el Esclarecimiento Histórico bajo el mandato de la Organización de Naciones Unidas.