En México, el Senado de la República pospuso, el miércoles (21), la votación que amplia el plazo de permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028.

En 2019, el Congreso de la Unión había decidido otorgar a las Fuerzas Armadas la legitimidad para actuar en los pueblos, carreteras, municipios y Estados hasta marzo de 2024.

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Los senadores regresaron a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos el dictamen de reforma al artículo 5º transitorio del decreto constitucional, ya aprobado por la Cámara de Diputados el pasado martes (13).

La maniobra fue realizada bajo el aval del Movimiento de Regeneración Nacional

(Morena) que buscará reunir los votos que aún le faltan para completar la mayoría calificada necesaria, por tratarse de una reforma constitucional.

Las comisiones tienen un plazo de diez días hábiles para aprobar el nuevo dictamen y enviarlo a la mesa directiva.

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Este plazo debería “servir para discutir cómo mejorar la seguridad sin profundizar la militarización carente de controles y no para presionar a lxs senadorxs que votarían en contra”, sostuvo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), en sus redes sociales.

Mujeres de la región Zoque, Norte-Palenque, Selva, Costa y Altos de Chiapas – de los pueblos Zoque, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, y mestizas de México y Argentina – se reunieron durante el último fin de semana e hicieron público, por medio de un comunicado, que los procesos de militarización de sus territorios y el reordenamiento territorial, en consecuencia de los megaproyectos, han afectado principalmente a las mujeres, al aumentar los feminicidios, muertes, hambre y desapariciones de niñas y jóvenas.

“Coincidimos que en todos nuestros territorios está el crimen organizado gobernando, vemos el aumento de la venta y circulación de armas, drogadicción, prostitución y alcoholismo. En complicidad con un proceso de militarización que permite el despojo y control de nuestros territorios”, sostienen.

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Las mujeres de la zona Norte-Palenque denunciaron que la construcción del llamado Tren Maya ha incrementado el desmonte y destrucción de cerros, la contaminación del agua, el despojo y desplazamiento de comunidades. “Se hace presente la mercantilización de la cultura maya favoreciendo la iniciativa privada empresarial. Está incrementando la prostitución y es visible la migración. Han aparecido grupos de motonetos vinculados al crimen organizado que están ejecutando asesinatos, estando la Guardia Nacional simulando su función y generando miedo y terror con su presencia en la vida cotidiana de la población”, afirmaron en el comunicado.

A las mujeres de la zona Costa amenaza la construcción del gasoducto que viene del proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y que pasará por toda la Costa pacífico hasta Guatemala. Además, de la construcción de una mega-autopista que conecta la región con el Tren Maya y Tren Interoceánico, proyectos mineros y venta de tierras a la especulación empresarial para proyectos hoteleros.

Las mujeres de la zona Zoque están siendo amenazadas por los megaproyectos relacionados con minería, hidroeléctricas, proyectos de geotermia e hidrocarburos. “Estamos convencidas del vínculo de intereses corporativos, de la Comisión Federal de Electricidad e instituciones del mal gobierno junto con el crimen organizado para la ejecución de proyectos”. Un ejemplo es el poblado el Platanar como “territorio de sacrificio” donde provocaron un derrame de hidrocarburos que afecta al Río Grijalva, provocando el desplazamiento forzado y que 5 mil habitantes no tengan agua potable.

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En la zona Altos Tsotsil las mujeres relataron un incremento de cantinas, circulación de alcohol, drogas, armas y constantes desplazamientos en vehículos de grupos armados. En el Valle de Jobel, por ejemplo, se viven despojos a través de la invasión de tierras provocado por grupos armados, desde la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros, quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas.

Sin embargo, frente a esta situación, “estamos contentas por ver mujeres jóvenas participando en esta Asamblea. Es un momento de oportunidad de caminar y abrir un rumbo diferente desde y para las jóvenas y niñas. Nos comprometemos a ir fortaleciendo sus procesos de dignificación para y por la vida de manera colectiva y organizada”.

Participaron del encuentro las organizaciones Defensoras de Nasakobajk, Tsijilba Bij, Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía, Antsetik Tz’unun, mujeres organizadas de Acteal, mujeres del Colectivo Jomenäs, Mujeres Productoras, mujeres del Colectivo Kallpolli y mujeres a título individual.

El martes (20) ocurrió en Oaxaca el sexto encuentro de gobernadores del sur-sureste de México, encabezado por el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, junto a representantes del sector económico, como Visa, Amazon, Facebook, AT&T, META, Google, Mercado Libre, FEMSA y Oxxo.

El objetivo de estos encuentros ha sido, según el embajador de Estados Unidos, abordar las oportunidades de “desarrollo” para la región.

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“Nuestros gobiernos federales, en asociación con líderes regionales del sector privado, han organizado cinco reuniones conjuntas (sexta con la actual) con los gobernadores de los estados del sur de México para promover la cooperación público-privada para promover las oportunidades de inversión, el desarrollo económico y los objetivos ambientales y climáticos”, sostuvo el embajador Salazar.

De todos los proyectos que están en curso en esta región, el más importante, según el anfitrión del evento, el gobernador de Oaxaca Alejando Murat, es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“Estamos aquí para seguir construyendo, con el apoyo de nuestros hermanos de los Estados Unidos, el andamiaje para consolidar proyectos de impacto global que van a catapultar el comercio y las energías”, afirmó Murat, quien agradeció a los EEUU el respaldo para “detonar el desarrollo del sur-sureste por medio” de dicho proyecto.

El gobernador destacó que la relación histórica con los Estados Unidos es cercana y “debe serlo aún más ahora en que los nuevos tiempos requieren un trabajo en equipo para sacar adelante temas de la agenda común como el comercio, la inversión y la migración (…) Estamos listos para seguir haciendo equipo con los Estados Unidos”.

Murat envió un mensaje a los inversionistas, algunos de los cuales ya presentaron un programa de inversión, como la empresa Amazon, para darles seguridad a sus negocios. “Nosotros les vamos dar la seguridad a través del TMEC [Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá] de cualquier inversión de sus empresas en cuestiones de seguridad ante situaciones irregulares por el tema bélico, comercial (…). Aquí van a tener la posibilidad de producir cualquier producto, moverlo a Asia, a Europa y, por supuesto, a Estados Unidos y Canadá”.

Tema recurrente en la reunión, la seguridad también fue mencionada por Salazar. Hay la necesidad de “unir esfuerzos para enfrentar el reto compartido de la seguridad, porque con seguridad, hay prosperidad”.

“Resultados históricos”

En un comunicado, Salazar sostuvo que en cada encuentro “hemos tenido resultados históricos”. En esta última reunión, Amazon anunció la generación de 900 empleos en el sureste, que permiten conectar a la región con Estados Unidos y Canadá, a través de las tecnologías y la digitalización.

Por su parte, META anunció un programa de “capacitación a miles de personas para aprovechar las oportunidades que surgen de nuestra integración a través de una fuerza laboral bien preparada que pueda construir un mejor futuro”.

Nuevo gobernador

Salomón Jara Cruz, el gobernador electo de Oaxaca, también estuvo presente en la reunión y aseguró que continuará con la política y trabajo que viene realizando Murat. “Vamos a trabajar para que nuestro estado sea motor del desarrollo nacional y del sur del país”, dijo Cruz quien reafirmó su proyecto de industrializar Oaxaca.

“En Oaxaca no tenemos como economía la industria, somos mas comerciales, mas de servicios. Este proyecto [Corredor Interoceánico] es un proyecto estratégico para el sur-sureste, hasta para Centroamérica”, compartió.

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Además de la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico por un tren, el Corredor prevé la construcción de 10 zonas económicas especiales de por lo menos 300 hectáreas y que tendrán beneficios fiscales y regulatorios.

Otros temas

Entre los temas en discusión estuvo la “crisis migratoria y cómo afecta a la región y a Oaxaca”, con el objetivo de discutir, según un comunicado de gobierno, “las estrategias de fortalecimiento del estado de derecho, así como de desarrollo social y económico que permiten disminuir los impactos negativos de este fenómeno”.

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Uno de los paineles del encuentro fue nombrado “Muéstrame el Dinero: Opciones de Financiamiento Internacional y de Estados Unidos”, en el cual organizaciones financieras como la U.S International Development Finance Corporation (FDC), la United States Trade and Development Agency (USTDA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la IFC del Banco Mundial explicaron cuáles son sus sectores prioritarios y criterios para brindar financiamiento.

Participaron del encuentro los gobernadores de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, además del presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, y el director de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Siliceo Valdespino.

México está bajo presión para firmar un convenio internacional que debe restringir el derecho del campesino y de los indígenas a guardar, intercambiar o vender semillas nativas o criollas. Incluso sus casas y campos pueden ser revisados, sus cultivos y cosechas pueden ser destruidos, sin orden judicial, con el acompañamiento de fuerzas militares. El objetivo es garantizar el derecho de propiedad de las semillas, patentadas y privatizadas generalmente por grandes empresas, como Bayer-Monsanto.

La presión viene del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), firmado en 2018, y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), firmado en 2019, que obligan a México a adherirse, en máximo 4 años, al acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV). En las comisiones del Congreso de la Nación un proyecto de reforma a la Ley Federal de Variedades Genéticas se tramita de manera a incorporar el contenido de la normativa internacional a las leyes nacionales.

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“Eso seria anteponer los intereses mercantiles sobre los derechos humanos. Así como el interés privado por encima del público. Todo ello bajo el argumento de que los derechos de Obtentor impulsan la innovación, la inversión, la generación y transferencia tecnológica”, sostuvo Alejandro Espinosa Calderón, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El impacto que podría causar dicha aprobación abarca la mayoría de las unidades de producción en México. La Encuesta Nacional Agropecuaria, de 2017, revela que las unidades de producción en México, que se estima utilizan semillas criollas, es del 77.5%.

Reglas más rígidas

La UPOV es una organización creada en 1961 y constituye un medio legal mundial para establecer figuras de apropiación de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales a través de patentes. A lo largo de estas décadas la organización ha creado normas para regir la propiedad intelectual sobre la biodiversidad y las semillas que se constituyen en un documento que le llaman acta.

El acta de la UPOV ha sido revisada y actualizada en los años 1972, 1978, 1991 con una tendencia marcadamente privatizadora de la biodiversidad y de las semillas. Hoy están vigentes dos versiones, el acta de 1978 y el acta de 1991. La mayoría de los países de América Latina han suscrito el UPOV 1978, pero en los últimos años los países que han suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos han sido obligados a suscribir el acta de 1991.

De acuerdo con German Alonso Vélez Ortiz, del Grupo Semilla, una organización de Colombia que lucha contra la incorporación del acta UPOV 1991 en la legislación de su país, dicha acta es mucho más restrictiva que el documento de 1978.

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“Posibilita apropiarse de todas las variedades campesinas e indígenas que hoy existen, pues todas ellas pueden ser ‘descubiertas’ por un Obtentor no campesino o su empleador, luego de tomarlas de los campos de agricultores, las reproduzcan, realicen algún nivel de selección, las homogenice (“poner a punto”) y luego las privaticen”, explica Ortiz.

La UPOV 1978 reconoce el derecho de los agricultores a reproducir, vender o guardar semillas protegidas, con la autorización y mediante un pago al ‘Obtentor’ de la propiedad intelectual; mientras la UPOV 1991 no reconoce y restringe totalmente el derecho del agricultor a guardar intercambiar y vender las semillas privatizadas, incluso la cosecha y sus productos pueden ser propiedad del ‘Obtentor’ de la variedad.

Además, la versión más reciente del acta permite extender la propiedad privada sobre otra variedad que es “similarmente confundible” a aquella que se privatizó.

Transgénicos en México

En 1996, México promulgó la Ley Federal de Variedades Vegetales. Un año después se adhirió al acta UPOV 1978 como parte de los compromisos adquiridos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Mientras en otros países de América Latina la siembra de transgénicos se inició en 1990, en México la autorización de la siembra experimental de maíz transgénico ocurrió en 2009.

En 2012, empieza la siembra comercial de la soya transgénica que, si bien se detuvo por la defensa de los apicultores mexicanos y productores de Yucatán, “lo daños y secuelas de aquella autorización aún continúan”, sostiene Calderón.

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Diversos estudios han reportado la contaminación transgénica de poblaciones nativas de maíz y algodón, “un gran riesgo para las variedades de esta especie ya que México es centro de origen y domesticación y diversificación”, evalúa Calderón.

En 2005, se publicó la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Con ella, de 2005 a 2018, se otorgaron, de acuerdo con el representante de Conacyt, permisos para la liberación al ambiente del algodón y maíz transgénico a unas pocas empresas. “Estas empresas también patentan estos transgénicos en otros países precisamente derivado de la pertenencia al acta UPOV 1991”.

Presión de los Estados Unidos

Los pactos, los convenios y los tratados de libre comercio han sido, según Ortiz, cruciales para la privatización de las semillas. “Han sido el instrumento para despojar los bienes comunes y han limitado la posibilidad de que las comunidades puedan guardar, sembrar, compartir y reproducir su propia semilla”.

Además del Convenio UPOV, están el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya, el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos. “En su conjunto son un sistema de leyes y normas vinculadas con la propiedad intelectual sobre biodiversidad y semillas, con patentes o derechos de ‘Obtentor’, y también con un sistema de restricciones y vigilancia que va del registro a la certificación de semillas y que construye una serie de cercos, a los que hoy se suma la digitalización, para ir impidiendo que la gente pueda relacionarse libremente con sus semillas”, explica el miembro del Grupo Semilla.

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Los Estados Unidos han incluido en todos los acuerdos de libre comercio la obligación de que los países suscriban el Convenio UPOV 91. La Unión Europea y Japón hacen lo mismo, explica Ortíz.

“Para Estados Unidos los tratados de libre comercio deben aplicar patentes a todos los ámbitos del comercio (sin excepciones, ni exclusiones), especialmente sobre materia viva y conocimiento asociado. Los países que suscriben tratados comerciales adquieren la obligación de realizar ‘esfuerzos razonables para otorgar patentes a plantas’”.

Colombia: un espejo

Una vez que Colombia firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, se adhirió al Convenio UPOV 1991, y se crea una ley para reglamentar su contenido en las leyes nacionales.

Después de manifestaciones en todo país, la Corte Constitucional declaró que la ley era inexequible, es decir imposible de llevar a efecto, por no haber sido consultada previamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Sin embargo, ha habido presiones directas del gobierno de los Estados Unidos para que la ley sea aprobada. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en un reporte especial, afirma: “Colombia aún necesita hacer avances adicionales en compromisos relacionados con la propiedad intelectual, en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, en particular las disposiciones con respecto a la responsabilidad de los derechos de autor y adhesión al Acta de 1991 de la UPOV 91”.

Por otro lado, Colombia posee la Ley de Certificación de Semillas, la cual protege los derechos ‘detentores’ y se complementa con las legislaciones que controlan la comercialización de las semillas. “Solo se puede comercializar semillas certificadas y registradas. Los agricultores no pueden vender sus semillas criollas en los mercados locales por no ser semillas certificadas”, explica Ortiz.

Con leyes de este tipo, “los gobiernos establecen estándares de calidad y sanidad definidos por las empresas de semillas y les permite controlar el mercado de semillas; determina quiénes y bajo que requisitos pueden mejorar y conservar, producir, usar, intercambiar y comercializar semillas; se prohíbe y convierte en delito la reproducción, intercambio y comercialización de semillas; se imponen multas por la comercialización de semillas ‘no legales’”.

Guardianes de la diversidad

Las semillas nativas y criollas son bienes comunes de los pueblos y comunidades. “Desde épocas ancestrales han sido compartidas en las comunidades, han circulado libremente, sin restricciones, sin controles externos, para producción, uso y difusión. Han sido recibidas por nuestros antepasados para ser entregadas a nuestros hijos como garantía para su soberanía alimentaria”, apunta Ortiz.

El modelo de desarrollo que existe en el mundo ha hecho que gran parte de la agrobiodiversidad, más de 75%, haya desaparecido en el ciclo pasado, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

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Los campesinos conservan más de 7 mil cultivos, mientras la agroindustria se enfoca en 150 especies. Solo cinco cultivos de la revolución verde y biotecnológica sustentan su producción y la alimentación global.

“La diversidad genética y el conocimiento milenario de los pueblos originarios y comunidades indígenas se utiliza como lucro por entidades privadas alrededor del mundo para desarrollar otras variedades en un proceso que se distingue por la uniformidad. Eso conduce a mecanismos de apropiación de variedades que deben ser de dominio público y favorecen la propiedad intelectual, el provecho económico de unos pocos. El avance de grandes capitales y corporaciones llevan al surgimiento de organizaciones como la UPOV”, resume Calderón.

Este miércoles (14), diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en alianza con el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprobaron una reforma constitucional para extender hasta 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.

Al mismo tiempo, en las inmediaciones del recinto legislativo, familiares de estudiantes y alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, se manifestaban contra la permanencia del ejército en las calles sin que ningún congresista atendiera sus demandas.

Ante la continuación de la política de militarización en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseveró que existen múltiples razones que evidencian la inutilidad y perjuicio de mantener a los militares en tareas de seguridad. Entre ellas destacan el aumento en el riesgo de violaciones a derechos humanos, como dan cuenta los hechos ocurridos en Tlatlaya, Ayotzinapa y recientemente con el asesinato de la niña Heidi a manos de elementos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

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Para la organización defensora de derechos humanos es fundamental destacar que esta política pública, que se ha desplegado durante los últimos 15 años con el pretexto del combate al crimen organizado, no ha conseguido disminuir la violencia.

Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indican que en el primer semestre del 2022 se han registrado más de 18 mil homicidios en el país, con lo cual argumentan una “tendencia a la baja” en palabras de Rosa Icela Rodríguez, titular de dicha dependencia.

En contraste, la organización Save Democracy denunció que México enfrenta una creciente espiral de violencia criminal desde hace dos décadas que hoy alcanza niveles sin precedentes. Mediante informe, la ONG señaló que entre los meses de julio y agosto se vivió un “clima de auténtico terror” en los estados de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Michoacán, donde ocurrieron incidentes criminales que involucraron la quema de vehículos y comercios, así como constantes enfrentamientos entre civiles armados y miembros del ejército.

Militares, con más poder

Según el Centro Prodh, otro punto de preocupación es el desequilibrio en la relación cívico y militar, pues considera que se fortalece el poder del sector castrense con iniciativas recientes como el traslado de las funciones administrativas y operativas de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, lo cual genera riesgos a la democracia. Esto, reitera la organización, se evidencia en el caso de que las Fuerzas Armadas no cuentan con controles civiles, ni internos mucho menos externos, para la rendición de cuentas ante las denuncias por los abusos de sus elementos.

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Entre las argumentaciones para mantener a los militares en las calles, diputados resaltaron la falta de preparación de las corporaciones policiacas locales. “Todas y todos sabemos que en 2024 la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales no estarán listas para atender la inseguridad que vive México”, expuso la diputada priista Yolanda de la Torre, quien promovió esta reforma.

No obstante, hubo reclamos por partidos de la oposición, como el de Ricardo Villareal del PAN quien señaló que, desde el gobierno federal, en el periodo del año 2020 y hasta el 2022, se le ha quitado recursos a la policía civil.

El Centro Prodh también retoma este punto pues asevera que “la militarización no incentiva la profesionalización de la policía civil, indispensable para atender contextos locales y comunitarios”.

Ahora, con la aprobación de la reforma por los diputados, deberá pasar al Senado donde se prevé la sesión para el próximo martes 20 de septiembre.

Derechos humanos respalda militarización

Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclamaron al organismo autónomo tras difundir públicamente que no impugnará la reciente reforma que traslada a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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El reclamo proviene de ocho de nueve integrantes del Consejo después que la CNDH anunció que declinará ejercer su facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como exigen múltiples organizaciones civiles.

“En México será necesario que la Guardia Nacional, bajo la administración de la Sedena, vaya de la mano con instituciones del Estado y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para construir protocolos y normativas que garanticen la formación y profesionalización de sus integrantes y, desde luego, su actuación con un enfoque de derechos humanos”, añade la CNDH para quien esta modificación legal no contraviene las normas del país.

Cabe destacar que, aún cuando el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH contabiliza más de 2 mil quejas por violaciones a derechos humanos que involucran a la Sedena y la Guardia Nacional durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, solo en junio de 2021 el organismo de derechos humanos emitió la primera recomendación que cataloga como violación grave a los derechos humanos la actuación de los elementos de la Guardia Nacional por el asesinato de una civil en Chihuahua.

Mediante comunicado, los consejeros de la CNDH advirtieron sobre el impacto negativo de la modificación legal de la semana pasada. “Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México ni las diversas sentencias y criterios en la materia”, señalaron.

Sus argumentos se suman a los de organizaciones civiles y activistas quienes sostienen que pasar el control de la Guardia Nacional al Ejército profundizará la militarización de la estrategia de seguridad pública y, con ello, dará pie a más violaciones a los derechos humanos.

Tras la publicación de la reforma el viernes pasado, se abrió un plazo de 30 días para que actores públicos con facultades la impugnen ante la SCJN. Existen ya anuncios de congresistas de que así lo harán, pero para ello requieren contar con el apoyo de una tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso.