Mexico
(Español) Liberan a militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Foto Clayton Conn
Autoridades de México dan giro sorprendente sobre el caso Ayotzinapa. Los ocho militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, establecida en el estado de Guerrero, al sur de México, enfrentarán su proceso penal en libertad tras la revocación de la medida de prisión preventiva por el delito de desaparición forzada.
La decisión fue tomada por la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien anuló la prisión preventiva impuesta a los ocho militares vinculados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, actualmente recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A. La magistrada argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes.
César Omar González, abogado defensor de los militares, destacó que se espera que los acusados de complicidad sean liberados entre lunes y martes próximos. Adelantó que la decisión tomada por la letrada Ivette Duarte, con sede en Toluca, Estado de México, cumplió con una sentencia de amparo que concede la libertad condicional a los militares para continuar con su proceso, pagando una fianza de 50 mil pesos cada uno. Así mismo deberán entregar al juzgado su pasaporte y acudir a firmar el libro de procesados.
Estos militares son parte de un grupo de 16 contra los cuales se ordenó la aprehensión en junio de 2023 vinculados a desaparición forzada y delincuencia organizada. Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz son los militares involucrados.
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) condenó el cambio de medida cautelar, destacando que las decisiones judiciales no ponderan el derecho de las víctimas. El presidente de la Covaj, Arturo Medina, enfatizó que la determinación no exonera a los militares, quienes continuarán sujetos al proceso.
El caso Ayotzinapa, recordado por la desaparición de 43 estudiantes en el año 2014, es un tema que sigue sin resolverse en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió a los padres y madres atender el caso. Por consecuencia ha generando desconfianza hacia el proceso judicial.
La falta de transparencia militar y las recientes liberaciones han provocado la indignación de los padres de los normalistas, quienes exigen verdad y justicia. La incertidumbre persiste mientras la comunidad espera respuestas y acciones concretas en este caso que ha conmovido a México y al mundo.
(Español) Juez ordena a militares la preservación de archivos sobre “Guerra Sucia”
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
En portada: Militares detienen a jóvenes participantes del mitin realizado el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Durante la jornada se registró una masacre que involucró a elementos del ejército y paramilitares dejando un saldo de casi 400 muertos.
Este jueves (18), un juzgado en materia administrativa emitió una orden judicial a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que “se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos” que posee entre sus archivos militares.
Los documentos al que el poder judicial hace referencia están relacionados con la investigación realizada por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el periodo conocido como “Guerra Sucia” entre los años 1965 a 1990.
La orden judicial acontece después que el MEH difundiera, en octubre del 2023, el reporte titulado “Las formas del silencio” mediante el cual registra las irregularidades cometidas por la Sedena para obstaculizar el acceso y consulta de los archivos militares.
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El reporte asevera que, en un principio, el equipo de investigación del MEH accedió a los archivos militares, derivado de un decreto presidencial ordenado en octubre del 2021. No obstante, los obstáculos por parte de la Sedena comenzaron a entorpecer las investigaciones después que el MEH solicitó documentos relacionados con campañas de combate al contrabando de enervantes, así como a movimientos sociales, políticos y sobre el intercambio militar entre México y otros países durante la Guerra Fría.
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