Condenamos el asesinato de la presidenta interina de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO) Carolina Plascencia Carvajal, quien fue asesinada en emboscada en la carretera Cuautla–El Hospital a la altura del crucero de Puxtla, cuando manejaba un vehículo color blanco, segun versiones periodísticas, sucedido el pasado viernes 12 de septiembre alrededor de las 15 horas.

Carolina Plascencia asumió el cargo de presidenta interina después que el presidente de ASURCO Antonio Domínguez Aragón dejara el cargo de manera abrupta luego de sufrir un ataque armado en su domicilio en el año de 2024. La ingeniero estaría contendiendo para las elecciones de ASURCO este próximo 28 de septiembre, donde ejidatarios señalan que existía molestia de Rogelio Plascencia al no quererlo incluir Carolina en su planilla.

Rogelio Plascencia fue presidente de ASURCO en el periodo que de manera ilegal se entregara a la CFE el agua para el uso de la termoeléctrica en Huexca mediante un convenio firmado en 2020, cuándo López Obrador ordenó el desalojo del plantón de Apatlaco con cientos de elementos de la Guardia Nacional en tiempos de contingencia del covid, despues de tener una reunión con Rogelio Plascencia, Manuel Bartlett y Cuauhtémoc Blanco.

Rogelio Plasencia fue señalado por Francisco Vazquez de haberlo amenazado de muerte, un día antes de su asesinato el viernes 11 de febrero de 2022, pues se hablaba que Francisco Vazquez quería destituir a Rogelio Plascencia por mal manejo de recursos en la administración de ASURCO, principalmente por los ingresos que implicó la entrega del agua ilegal a la CFE. Francisco Vazquez era presidente del Consejo de Vigilancia de ASURCO en tiempos de Rogelio.

Desde la llegada del Proyecto Integral Morelos al estado de Morelos el crimen organizado fue avanzando a la par en las zonas de conflicto y oposición al PIM en Ayala, Huexca y Amilcingo. Consolidandose en la zona un narcoestado que, en los hechos, ha servido como instrumento del terror que permite la imposición de la termoelectrica, el gasoducto y el acueducto.

En este contexto, el asesinato de Carolina Plascencia se observa es motivado por el control y la disputa del agua que administra ASURCO y cuyo principal beneficiario es la CFE , pues desde la llegada del PIM, han asesinado a dos dirigentes de ASURCO, agudizado la CFE la disputa y comercialización del agua de los ejidatarios dotada en los años veinte del siglo pasado a los ejidos, fruto de la revolución zapatista.

Disputa del agua para la termoelectrica por los ejidos que no se ha resuelto aún en los tribunales federales, pero que el Juez Sexto de Distrito ha sobreseido de manera indebida dos de los amparos desestimando todas las pruebas periciales en hidrología desahogadas, incluso del perito oficial, con el objetivo de negar la razón que tienen los ejidos de Ayala de reclamar su agua indebidamente otorgada por ASURCO y el Sistema de Agua Potable de Cuautla.

Exigimos se esclarezcan los motivos del asesinato de Carolina Plascencia y sean castigados los autores materiales e intelectuales de su asesinato, así como la desarticulacion de los grupos criminales que pretenden apoderarse del agua de los ejidos y del control territorial en Huexca, Amilcingo y otros lugares de la región.

JUSTICIA PARA SAMIR FLORES 

JUSTICIA PARA FRANCISCO VAZQUEZ Y CAROLINA PLASCENCIA 

DESMANTELAMIENTO DEL NARCOESTADO

CANCELACION DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Fuente: Avispa Midia

Por Francisco de Parres

En México, miles de familias siguen buscando a sus hijas, hijos, hermanas, padres, madres, amistades. Buscar es resistir frente al silencio, frente a la impunidad, frente al Estado ausente en materia de justicia. La presencia de las familias en las plazas rompe la estrategia del olvido que pretende que los crímenes queden impunes. El colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz salió también a la jornada de lucha el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Imperante acompañar su dolor que también es nuestro. Porque la desaparición forzada es una herida abierta que atraviesa cuerpos, territorios y memorias.

Madres y sus miradas que no se resignan. Pasos que insisten en caminar, manos que levantan el rostro de quienes les arrebataron. Que nadie se acostumbre a esta violencia. Que nadie calle. Las desapariciones forzadas intentan arrancar no solo vidas, sino también memorias. Pero cada madre, padre, familiar en pie demuestra que la ausencia puede convertirse en presencia que incomoda, en grito que resuena, en verdad que se abre paso entre la indiferencia. Acompañar es mirar de frente, es hacer visible lo que el poder quiere ocultar. Las acciones de las familias son testigos, denuncias, semillas de memoria que no dejarán de crecer.

La desaparición forzada no es un accidente, ni un hecho aislado: es una práctica sistemática sostenida por la impunidad. En México, cada persona desaparecida es el retrato de un Estado que no busca porque al hacerlo se encontraría a sí mismo. Las familias lo dejaron claro: todas las desapariciones son forzadas. Porque no hay “ausencias voluntarias” cuando el miedo está sembrado, cuando las policías y autoridades forman parte de la maquinaria que permite desaparecer a sus propios ciudadanos.

Frente a la indolencia oficial, las familias siguen organizándose, gritando, creando memoria desde el arte y la dignidad. Que nadie diga que no sabía. Mientras falte una persona, la deuda de este país seguirá intacta. Y en las calles recordamos que la desaparición es crimen de Estado, y que la justicia no se mendiga: se exige y ejerce.

Pero también debemos señalar lo evidente: las desapariciones no son solo responsabilidad de un Estado corrupto o negligente, son parte de la arquitectura del capitalismo contemporáneo. Este sistema exige territorios vaciados para extraer sus riquezas; necesita comunidades quebradas para imponer sus megaproyectos; cuerpos descartables para mantener su lógica de acumulación. La desaparición forzada es una de sus expresiones más brutales: un mensaje de terror que dice quién puede vivir y quién puede ser borrado.

La necropolítica, ese poder de decidir sobre la vida y la muerte, no se ejerce en abstracto. Se encarna en policías que fabrican culpables, en militares en todo el mundo que patrullan con licencia para matar, en jueces que protegen al poderoso, en gobiernos que miden en estadísticas lo que las familias viven en carne propia. El capitalismo convierte la vida en mercancía y, cuando no le sirve, en desecho. Por eso las desapariciones forzadas se multiplican: porque son funcionales a un modelo económico y político que avanza sobre los pueblos a costa de su sangre y de su memoria.

Desde la perspectiva de la justicia social, este crimen constituye una práctica sistemática que busca sembrar miedo, desestructurar comunidades y fracturar el tejido para la avanzada del capital acompañado de su necropolítica. En México, hablar de más de 134 mil personas desaparecidas no es una estadística neutra: es la radiografía de un Estado incapaz —y muchas veces cómplice— de detener la violencia que lo atraviesa. La desaparición no se explica como un fenómeno aislado, sino como parte de una política de control que ha encontrado en la impunidad su terreno fértil.

Frente a ello, los colectivos de familiares han producido no solo resistencia política, sino también saberes, pedagogías de la memoria y formas de organización comunitaria que interpelan a toda la sociedad. En cada acción pública no solo se denuncia la inacción del gobierno, también se construye un archivo vivo de la verdad: performance, música, poesía, fotografía y palabra se convierten en herramientas de memoria que rebasan los marcos oficiales que apuntan hacia el olvido e impunidad.

La desaparición forzada nos exige comprender que no hay neutralidad posible: o estamos del lado de quienes buscan o reproducimos el silencio que perpetúa la violencia. Recordar, acompañar y denunciar es responsabilidad colectiva. Pero también lo es confrontar el sistema que sostiene esta maquinaria de muerte. Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común.

Y no es un problema sólo de México: es global. Lo que aquí llamamos desaparición forzada convive con otras formas de administración de la muerte que sostienen el mismo engranaje. En Palestina, la ocupación y la guerra permanentes buscan no solo asesinar, sino borrar pueblos enteros, su derecho a la tierra, su memoria y sus archivos; durante décadas, los bombardeos, los cercos y los desplazamientos han intentado convertir la vida palestina en residuo administrable. En Sudáfrica, las cicatrices del apartheid no se cerraron con la transición: la violencia policial, las expulsiones urbanas y el despojo extractivo siguen administrando quién puede vivir con dignidad y quién debe ser empujado a la muerte lenta de la pobreza estructural; la lógica del capital reescribió el mapa del racismo en clave de rentabilidad. En el Congo, Kurdistán, Yemen, Ucrania y tantos otros territorios, los conflictos geopolíticos y la economía de guerra hacen de poblaciones enteras materia prescindible, cuerpos cifrados como daños colaterales, comunidades enteras reducidas a estadísticas.

En este recorrido de necropolítica global también resuena la violencia política de la ultraderecha brasileña, cuyos afines al expresidente Jair Bolsonaro tomaron las calles recientemente, portando banderas estadounidenses y exigiendo impunidad ante el Tribunal Supremo, en un ejercicio de intimidación autoritaria que se basa en el odio, la deslegitimación de las instituciones y la promoción de la xenofobia como discurso político legitimado. Estas movilizaciones no son meros actos de protesta: son actos de guerra simbólica contra la democracia y la diversidad, piedra angular de una estrategia global de las extremas derechas para sabotear la vida pública y revestirla de terror. Su retórica, alimentada por noticias falsas y afinidades ideológicas con políticos como Donald Trump o Benjamín Netanyahu, invoca un ataque directo a la colectividad, profundiza divisiones sociales y refuerza la necropolítica que determina qué vidas merecen ser escuchadas —y cuáles están condenadas al silencio.

Las desapariciones en México y las masacres en Palestina, la represión en Sudáfrica y la guerra en otros territorios, son expresiones distintas de una misma maquinaria: un capitalismo global que gestiona la vida y la muerte según sus necesidades de acumulación, y Estados que articulan esa administración con leyes de excepción permanentes, con fuerzas de seguridad convertidas en ejércitos internos y con sistemas judiciales que archivan la verdad. La necropolítica no es un exceso: es método. La guerra no es una anomalía: es una forma de gobierno. 

En este mismo mapa de violencia se inscribe la guerra contra las comunidades zapatistas en Chiapas. Desde hace años, los pueblos organizados en torno al EZLN enfrentan hostigamiento militar, paramilitar y gubernamental que busca despojarlos de sus territorios y quebrar su experiencia de autonomía. La desaparición, la represión y los ataques armados contra bases de apoyo zapatistas no son hechos aislados, sino parte de la misma maquinaria que opera en todo el país y el mundo: la alianza entre el capital y los Estados para controlar territorios, destruir comunidades y neutralizar cualquier alternativa que plantee la vida en común y la dignidad por encima del lucro. Lo que se vive en Chiapas no es tan diferente de lo que ocurre en otros territorios en guerra: son expresiones localizadas de una misma necropolítica global que administra el miedo y la muerte para sostener la acumulación y el despojo. 

Por eso, la lucha de las madres buscadoras en Veracruz está profundamente ligada a la resistencia de las madres palestinas que levantan fotografías bajo los escombros, a las familias sudafricanas que exigen justicia frente a la represión estatal, a las comunidades del Sur Global que se organizan contra el extractivismo y el desplazamiento forzado. Cuando una madre pone el nombre de su hijo en una cartulina y otra enarbola la foto de su hija en un campamento de refugiados, están escribiendo una misma gramática de dignidad: la que convierte el duelo en denuncia, la memoria en herramienta, la calle en archivo vivo.

Que nadie diga que esto sucede lejos. Que nadie crea que puede mirar hacia otro lado. La desaparición forzada, el genocidio, las guerras del capital, forman parte de un mismo mapa de violencias que nos atraviesa. Resistir, entonces, no es solo buscar en México: es tejer alianzas, construir memoria internacionalista, unir saberes y prácticas de cuidado, reconocer en el otro la continuidad de nuestra propia lucha.

En este horizonte, acompañar no es un gesto caritativo: es una práctica política que interpela al Estado y al capital. Implica exigir verdad y justicia, sí, pero también desmontar los dispositivos que hacen posible la desaparición: la militarización de la vida cotidiana, la privatización de los territorios, la criminalización de la protesta, el racismo y el clasismo que habilitan la deshumanización. Implica defender la vida como principio organizador de la sociedad y del derecho.

Porque la memoria no es pasado: es presente que convoca. Cada brigada de búsqueda, ofrenda improvisada, mural, cada pañuelo levantado, es una pedagogía popular que enseña a nombrar lo innombrable y a trazar mapas de esperanza en medio del terror. 

Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común. Solo desde ahí, desde el reconocimiento de esta raíz estructural, podrá abrirse el horizonte de una justicia verdadera: aquella que no solo encuentre a los desaparecidos, sino que impida que las desapariciones sigan siendo la política no escrita de los poderosos.

^{*Francisco De Parres Gómez (Francisco Lion), Antropólogo, comunicólogo y fotógrafo. Autor de Poéticas de la resistencia: Arte Zapatista, estética y decolonialidad. Coordinador de Internacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías.}

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
^{Fotos por Elizabeth Díaz/Sueña Dignidad}

El pasado 5 de septiembre se cumplió un año de los hechos de violencia y represión policial contra más de 40 personas – entre ellas defensores del territorio, periodistas y estudiantes– ocurridos en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, en el contexto de movilizaciones pacíficas que exigían la cancelación de una carpeta de investigación contra Hortensia Telésforo, defensora de la Casa de los Pueblos de Atlapulco, al sur de la Ciudad de México.

Aquel día, en lugar de diálogo, la protesta enfrentó la violenta irrupción de miembros de grupos de choque, quienes armados con palos agredieron y detuvieron de manera arbitraria a cinco personas, todo mientras elementos policiales presentes se abstuvieron de defender a los manifestantes. Las y los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público de Tlalpan, donde más tarde, las protestas por su liberación fueron respondidas por los elementos policiacos con actos de represión que incluyeron robo, tortura, violencia sexual y psicológica.

A un año de la jornada de violencia institucional, conocida ya como el “halconazo morenista” – por la similitud en que funcionarios utilizaron grupos de choque para reprimir la protesta social, tal como sucedió durante la década de los 70s con grupos paramilitares denominados como ‘halcones’- las víctimas denuncian que no hay justicia ni reparación: mientras funcionarios y policías responsables siguen impunes, persisten las carpetas judiciales abiertas contra quienes fueron criminalizados. Peor aún, lejos de cesar, la persecución y amenazas se mantienen como mensaje de advertencia contra activistas y defensores del territorio en la Ciudad de México (CDMX).

(Continuar leyendo…)

El día de hoy, 12 de Septiembre de 2025, el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas y la REMA hemos salido a las calles de Jiménez del Teúl, Zacatecas, a manifestarnos de manera pacífica con el firme objetivo de ratificar nuestro total rechazo al proyecto de la presa Milpillas, que desde hace 10 años los gobiernos municipales, estatales y ahora el federal intentan imponer en nuestro territorio.

Este proyecto, hoy incluido en el Plan Hídrico Nacional, carece de sustento técnico y científico. Lo único que lo respalda es un estudio de factibilidad de 2018, plagado de afirmaciones falsas, omisiones y contradicciones. Sabemos por datos de la propia Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que los 5 acuíferos de la región centro están agotados, con un déficit de 262.5 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la presa Milpillas sólo cubriría 41 millones de metros cúbicos, por lo que se necesitarían 7 presas para mínimamente cubrir las necesidades de abasto de agua.

Este proyecto pretende desviar 92% del caudal del Río Atenco, lo que definitivamente es una sentencia de muerte para éste, nuestro río, y con él una sentencia de muerte para nosotras, las comunidades que desde tiempos ancestrales hemos vivido de sus aguas, en su ribera. La continuidad de la permanencia del río y sus ecosistemas son de vital importancia para nuestra propia supervivencia.

Los tres niveles de gobierno nos quieren engañar diciendo que habrá “desarrollo y progreso”, pero nada más basta voltear a ver a las comunidades en el país que ya han tenido la experiencia con imposición de presas en sus territorios, para reconocer estas mentiras. Aquí algunos ejemplos:

• La comunidad Puente de Arcediano, en Jalisco, donde en 2003 se presentó el proyecto de la presa de Arcediano en las barrancas de Huentitán, después de haber demolido las casas y el pueblo entero, en 2009 se suspendió la obra por fallas técnicas. El gobierno federal se negó a reconocer y pagar los daños, y el pueblo dejó de existir. 
• La comunidad indígena Cantiles de El Ciruelo, donde se construyó la presa El Cajón en 2006 en Nayarit y Jalisco:  además de los 4 municipios afectados, 7 asentamientos fueron inundados. La reubicación y pago de las tierras estuvo plagado de irregularidades, y  las autoridades responsables nunca realizaron las obras prometidas  como parte de la indemnización por la afectación de sus tierras.
• Comunidades chinantecas donde hace más de 50 años se construyó en el río Papaloapan en Oaxaca la presa Cerro de Oro, en donde 26,000 campesinas y campesinos de 37 ejidos fueron afectados, y 36,000 hectáreas de tierra fértil fue inundada. Las comunidades ribereñas indígenas  fueron desplazadas de manera forzada sin indemnización alguna.
• Las comunidades de la Yesca en Nayarit, así como Hostotipaquillo, Magdalena y Tequila en Jalisco: afectadas por la presa La Yesca, la cuál comenzó a construirse en 2007. 10,000 habitantes perdieron sus medios de subsistencia. Las autoridades encargadas nunca pagaron el monto por la utilización de los terrenos, no se indemnizó ni se cumplió con las obras prometidas.
• Proyecto hidrológico Veracruz ubicado en la región Zongolica: esta obra impactó a 20 comunidades indígenas, quienes vendieron los terrenos fueron engañadas y presionadas para que vendieran. Ellas también por oponerse vivieron una una campaña de deslegitimación, intimidación y criminalización.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
_{En portada: Habitantes opositores a la presa Milpillas. Foto: GRIETA}

Desde la Red de Afectados por la Minería (REMA) convocan a una manifestación pacífica a realizarse mañana, 12 de septiembre, en el municipio Jiménez del Teúl, Zacatecas, contra la imposición de la presa Milpillas y a favor de la defensa del río Atenco. Mediante convocatoria, integrantes de la Red detallaron que este llamado se encuentra especialmente dirigido “a organizaciones sociales, colectivos, comunidades aliadas, académicos, artistas, periodistas y medios de comunicación”, esperando que respalden la acción. 

Te puede interesar – Autoridades de Zacatecas buscan imponer presa Milpillas pese a rechazo de comunidades

En abril de este año, David Monreal, -Gobernador actual de Zacatecas-, junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y con el respaldo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), anunciaron oficialmente la reactivación del proyecto Presa Milpillas, pausado durante todo el sexenio anterior.

El motivo de retomar este proyecto responde a que fue integrado en el Plan México -la estrategia económica nacional impulsada por la mandataria morenista-, donde forma parte de los 17 proyectos estratégicos que buscan “asegurar” el abastecimiento del agua en el país. 

En marzo del 2017, el entonces gobernador priísta en Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, anunció el inicio del proyecto que desde entonces ha tenido el objetivo de abastecer de agua a la región central de la ciudad. Oficialmente el plan se trata de llevar agua del río Milpillas (o Atenco, conocido así por los habitantes) durante los próximos 50 años, al corredor Fresnillo-Zacatecas para proveer a 514 mil habitantes.

Pobladores de las comunidades ubicadas en los municipios Jiménez del Teúl, Sombrerete, Fresnillo y Zacatecas capital, se oponen al discurso oficial pues -como han expresado a través de sus comunicados-, tan sólo la construcción de la presa destruirá los ecosistemas que hay en la cuenca. Con apoyo de ambientalistas, han evaluado que la presa desaparecería el 92% de las aguas de manantial que alimentan al Río Atenco, centro de existencia de las comunidades y ejidos. En total habría 19 comunidades afectadas. 

(Continuar leyendo…)

¡URGE DIFUSIÓN!

Compañeros y compañeras:

Denunciamos que aproximadamente a las 8 de la noche, del día de hoy 8 de septiembre de 2025, a nuestro compañero Promotor del CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ), así como integrante DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) se le retiró el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en pleno traslado en un camino de Guerrero. Esto ocurrió cuando sufrió una descompostura en el automóvil que manejaba, en ese momento las patrullas de la Policía Estatal que le brindaban el acompañamiento como parte de las medidas cautelares de nuestro compañero, lo dejaron solo y sin protección, a pesar de que saben que su vida e integridad física están en grave riesgo, ya que enfrenta amenazas directas de grupos armados que operan en la zona.

Exigimos que el Estado cumpla con el Mecanismo de Protección para nuestro compañero y lo responsabilizamos de cualquier ataque, agresión o daño contra su persona.

A nuestros hermanos y hermanas les llamamos a estar atentos y a denunciar la negligencia del Estado que pone en riesgo la vida de nuestros compañeros.

ATENTAMENTE:

MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA

#EstadodeGuerrero
#CNI
#CIPOGEZ

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Rocío Flores/Oaxaca Media}

El Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) advirtió sobre los graves riesgos sociales, ambientales y técnicos del proyecto Presa Margarita Maza, previamente conocido como Paso Ancho. Esta iniciativa contempla la construcción de una presa, un acueducto de más de 100 kilómetros y una planta potabilizadora con un presupuesto actualizado de 7,840 millones de pesos, monto que casi duplica lo anunciado por Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante marzo de este año.

De acuerdo con el OCCAMA, los diferentes montos del presupuesto y tiempos para el inicio de las obras, sumado a la falta de consulta y estudios correspondientes generan preocupación sobre la planeación y ejecución del proyecto, cuyo antecedente de implementación fracasó en el año 2014.

“El problema principal que tenemos ahora es un desfase en la información y en los tiempos. Estamos por saber el anteproyecto, pero ya hay, muy avanzado, los procesos financieros de aprobación y los compromisos políticos de que la presa se va a construir. Apenas vamos a tener esta información, hay una ruta hipotética de cuáles son las comunidades”, aseveró Juan José Consejo Dueñas, integrante del Observatorio, sobre las poblaciones que serán afectadas por las obras.

Fue en el marco del Plan Nacional Hídrico, cuando el director de Conagua refirió que la construcción iniciaría en agosto de este año con una inversión inicial de 700 millones de pesos para concluir en el año 2027. Sin embargo, los integrantes del Observatorio señalan que los documentos de licitación publicados en la plataforma gubernamental Compras MX señalan montos que casi duplican la cifra original lo que, sumado a las contradicciones en la información entre los gobiernos federal y estatal dan sustento a más dudas y suspicacias.

Opacidad y antecedentes de un fracaso

Uno de los señalamientos centrales del Observatorio es la falta de transparencia y opacidad con la que se ha manejado el proyecto. Además reclamaron los compromisos públicos, reiterados por la presidenta Claudia Sheinbaum, de garantizar procesos de consulta obligatorios en obras de este tipo, cuando hasta el momento no se ha difundido información clara ni se han realizado consultas previas con las comunidades directamente afectadas. 

Esto sobre todo en relación a los impactos ambientales que consideran podrían afectar la Cordillera Norte, una zona clave para la recarga de los acuíferos y el mantenimiento de la biodiversidad en la región de los Valles Centrales. Aunado a ello, en el ámbito social resaltaron los impactos negativos de las comunidades ubicadas a lo largo del acueducto, la planta potabilizadora y las poblaciones río abajo del proyecto.

Además, el Observatorio subraya que la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional (MIA-R) , documento indispensable para conocer los impactos en el ecosistema, aún no ha sido puesto a disposición del público. “Los estudios de la MIA-R son un elemento clave que debe ser público para que no se pasen por alto la legislación en materia ambiental en la que el gobierno federal ha hecho mucho hincapié”, sostuvieron mediante posicionamiento.

El escepticismo de las comunidades no es en vano. En el año 2014, el proyecto Paso Ancho fue cancelado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a fallas técnicas y omisiones graves.Para el OCCAMA, la actual presa Margarita Maza “parece emular el desastroso proyecto de Paso Ancho y el Acueducto del Bicentenario”, dos iniciativas que nunca se concretaron y que dejaron un historial de desconfianza entre la población de Valles Centrales.

En 2024, el gobernador de Oaxaca anunció la reactivación de Paso Ancho, ahora rebautizado como Margarita Maza, y lo presentó ante la presidenta Sheinbaum sin compartir información a la sociedad. Ante ello, comunidades han solicitado reuniones que no se han concretado con los gobiernos federal y estatal para discutir el nuevo proyecto. “Desde agosto del 2024, manifestamos nuestra preocupación por la falta de información sobre el asunto, con el grave antecedente de las fallas y omisiones que hicieron de Paso Ancho una obra inviable técnica social y jurídicamente”, denunciaron. 

En mayo de 2025, el director del Organismo Cuenca Pacífico Sur de Conagua informó que el proyecto pasó a llamarse Presa Margarita Maza y se ubicaría en Rancho Viejo, Sola de Vega. Aunque se habló de dimensiones menores, reconoció que aún no existían los estudios completos, pese a que la obra “podría iniciar en agosto”.

Ese mismo mes, la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar adjudicó a FRO Ingenieros el contrato para los estudios de ingeniería básica y anteproyecto por más de 64 millones de pesos, tras descalificar a la única empresa competidora. Para el OCCAMA, este proceso fue poco competitivo y la falta de acceso a los estudios presentados confirman la opacidad. 

El 8 de agosto, una nota de prensa difundió que iniciaban las licitaciones. En Compras MX apareció la ficha “Presa Margarita Maza (Paso Ancho)”, que promete abastecer de forma continua a 641 mil habitantes. Días después, el gobierno estatal aseguró en un comunicado que la primera etapa de coordinación, licitación y supervisión se cumplió “en tiempo y forma” y que la obra beneficiará directamente a la población de Valles Centrales.

Las comunidades y organizaciones cuestionan la inversión millonaria para el proyecto Margarita Maza, puesto que, analízan, los recursos deberían ser encauzados al mejoramiento y reparación de las redes urbanas de suministro y distribución de agua en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña. “Resultaría ocioso invertir en una obra pública mayor, si actualmente se pierde en fugas, cerca del 50% del agua disponible”, aseveraron mediante pronunciamiento.

Alternativas

Las organizaciones del OCCAMA plantean alternativas comunitarias, frente a la imposición del megaproyecto, centradas en la gestión del agua desde abajo mediante técnicas y estrategias de cosecha de lluvia, riego eficiente, saneamiento ecológico y reciclaje de aguas. Además, promueven la protección de la Cordillera Norte, fundamental para la recarga de acuíferos y la biodiversidad que albergan los ecosistemas en la región de Valles Centrales.

El Observatorio remarca que estas prácticas no son nuevas, sino son retomadas del conocimiento de pueblos originarios y comunidades para la planeación comunitaria del agua, la producción orgánica, el saneamiento seco y las pequeñas presas filtrantes. 

“Hay que hacer el riego eficiente, hay que cosechar la lluvia, hay que limpiar el agua con sistemas de rehuso y de limitación. Hay un conjunto de medidas que no solo ya conocemos, sino que se ponen en práctica en pequeña escala en muchos lugares en los Valles centrales.

No hay que ver qué podríamos hacer, sino hay que ver lo que ya se está haciendo y apoyar eso”, sostuvo Consejo Dueñas del Observatorio.

Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra

Pronunciamiento por el 2º Aniversario

Una voz que clama en el desierto

Hermanas, hermanos.

En memoria de fray Fernando Alvarado, hermano franciscano, misionero incansables que se dejó acompañar por los pueblos zoques y tzotziles de Tapilula, Rayón , Pueblo Nuevo, Rincón Chamula Y Jitotol. y que sembró la semilla de la dignidad, los derechos humanos y amor a la hermana madre tierra, muerto en el desgaste por luchar por un mundo mejor y para todos el 28 de marzo del 2025.

¿Cómo quisiéramos decir que, a dos años del nacimiento de nuestro Centro, nos hemos encontrado en una región, en un Estado, en un país que avanza en el respeto a los derechos humanos, una región, un Estado, un país que celebra la seguridad, que la violencia ha cesado? Pero vivimos todo lo contrario.

Pero no, en pleno siglo XXI, en otra parte del mundo muy lejana geográficamente, pero muy cercana en muchos sentidos sobre todo en la violación a los derechos humanos de su población, un Estado, muy conscientemente de lo que hace, en estos momentos, está masacrando, destazando con sus armas letales a niñas, niños, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos; está llevando a cabo uno de los peores crímenes de lesa humanidad en su historia: la desaparición de un pueblo que tiene todo el derecho a la vida, a la identidad, a la religión, a la felicidad. El GENOCIDIO del pueblo Palestino.

Dicen los que gobiernan que estamos en tiempos de transformación, que hay avances en seguridad, que en este país se mata menos desde el crimen organizado, que ha disminuido el número de pobres por millones de personas, que todos los delitos de alto impacto han disminuido; por otra parte, dicen los que alguna vez gobernaron que estamos peor que cuando ellos lo hicieron, que estamos en una dictadura; que los programas sociales son clientelares.

Valorémoslo:

En el Estado de Chiapas, a la persona y el grupo que dejaron sumida la entidad en la peor crisis de los derechos humanos, en una violencia que alcanzó todos los rincones del Estado, donde la triada Gobierno, Delincuencia organizada, empresas criminales tienen a los pueblos secuestrados, le dieron el premio de ir a defender los derechos humanos de las personas migrantes en el Alcatraz de los caimanes en La Florida de los EU. ¿Cómo narrar esta realidad, cómo llamarle a esta política que uno de sus auto mandatos es NO traicionar?

En este Estado, donde desde el más alto nivel de gobierno se proclamó y se continúa pregonando que ya no se violan los derechos humanos; el sagrado derecho a la vida de nuestro profeta, defensor de derechos humanos y sacerdote tzotzil Marcelo Pérez, fue violado. El asesinato de este obrero de la Paz es una muestra clara del complot criminal de la ya mencionada triada a quien estorbaba la persona, la voz, el ministerio de Marcelo. Y después de su asesinato, le siguen manchando con sus sucios pronunciamientos y con su mediocre sentencia. La aniquilación de Marcelo viene a lograr lo que sus asesinos querían: desinstalar momentáneamente los procesos que el acompañaba, silenciar la voz del que clamaba justicia, verdad y paz; infundir miedo en toda aquella, todo aquel que intente seguir sus pasos. No es casualidad que la intimidación, las amenazas y los incidentes de seguridad en contra de defensoras y defensores de derechos humanos han ido en aumento.

En Chiapas, se dice que hay una nueva ERA; efectivamente, se ha echado andar un grupo llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, unidad de élite para la seguridad que combate al crimen organizado y entre otras cosas busca obtener la paz. Basta recorrer las comunidades por donde ha pasado este grupo y recoger los testimonios de los pueblos: invasión a sus territorios, allanamiento en propiedades privadas sin ordenes judiciales, intimidación a la población, etc. En esta nueva ERA se dice que ya no hay desplazados en los municipios controlados por el crimen organizado o en aquellos donde los gobiernos motivaron el surgimiento de paramilitares, incluso se llega a decir que algunos de esos desplazados se han ido porque son criminales o parientes de criminales. En la nueva ERA para el estado de Chiapas, se dice que las personas migrantes provenientes de otros países son atendidas y respetadas en su dignidad. Pero esto pasa solo en donde hay videocámaras o en los aeropuertos donde dejan a los deportados de los EU sean mexicanos o extranjeros. La frontera, las carreteras y las rutas migratorias no conocidas por las autoridades siguen siendo campos minados para esa población.

En nuestra región zoque, del Norte de Chiapas, la triada Gobierno, Delincuencia organizada, empresas criminales ha dejado a los pueblos enmudecidos. El cáncer de la criminalidad ha llegado a la médula de los territorios y por ello estamos frente al fenómeno de la erosión de los saberes ancestrales y la sagrada espiritualidad de los pueblos originarios. En esta región y en otras partes del Estado no deja de haber proyectos y megaproyectos que amenazan con continuar con la manipulación, la prostitución y la destrucción de la Hermana Madre Tierra, como autopistas, ampliación de carreteras, parques turísticos, etc., sin tomar realmente en cuenta el parecer de las comunidades. Pero muy adentro de los territorios se ha abandonado la infraestructura mínima para la movilidad, la energía eléctrica, el agua potable, y más aún los esfuerzos para obtener la paz. Un ejemplo claro es el camino de Ixtacomitán a Chapultenango, camino de evacuación que lleva años destruido y donde tenemos la incertidumbre permanente de una reacción del volcán Chichonal.

En esta nueva ERA, en esta región no se ha hecho el más mínimo esfuerzo por acabar con los cacicazgos, señores y señoras, familias que han tomado el poder y en lustros o décadas no lo sueltan y con esto se acumulan las violaciones a los derechos humanos. Hombres que han gobernado una vez, después gobierna la esposa, en el más cínico machismo y después regresan a gobernar ellos y después los hermanos, los hijos, etc. Y Esto con la ayuda de líderes políticos, sociales, empresariales y lo más lamentable con la aquiescencia de las iglesias católica y protestantes.

Con todo lo anterior, preguntamos: ¿estamos frente a un poder que se alimenta de la violencia, de la violación a los derechos humanos, de la intimidación a los defensores de derechos humanos, de la destrucción a la hermana madre tierra?

Y desde nuestro espacio de trabajo, nuestro territorio, nos pronunciamos y seguimos levantando nuestra voz que clama en el desierto, pero que encuentra acompañamiento y eco en otras voces:

1. Esclarecimiento real y apegado a la verdad y la justicia del asesinato de Marcelo Pérez.

2. NO a los megaproyectos que aniquilan la unidad de los pueblos, destruyen la hermana madre tierra y son para unos cuantos.

3. Libertad a todos los presos políticos en el Estado

4. Fin a los cacicazgos en todos los sentidos

5. Atención inmediata a la infraestructura básica en los territorios mas abandonados y no solamente a las zonas turísticas.

Finalmente nuestra palabra de agradecimiento.

1. A todos los miembros de nuestros equipo por seguir en este camino a pesar de todo

2. Al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas por su incondicional acompañamiento. para ellos toda nuestra solidaridad y cariño en estos  tiempos complicados.

3. A la Orden Franciscana, La Provincia San Felipe de Jesús ,que en san Francisco de Asís nos dio la inspiración para brotar como manantial hace 2 años

4. A Nuestros Pueblos Originarios de los que somos parte y de los que hemos aprendido su resistencia,su lucha, su cosmovisión

5. A todas Las Organizaciones Civiles que nos acompañan desde lejos y tienen la mirada en nosotros.

Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra

Descarga el Pronunciamiento en PDF(337.55 KB)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

3 de septiembre de 2025

Boletín No. 07

ONU ordena al gobierno de México la liberación inmediata de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc

• El caso de los cinco presos de San Juan Cancuc se inscribe en un patrón sistemático de criminalización contra personas defensoras indígenas de derechos humanos, la tierra y el territorio en Chiapas. 

En la Opinión 21/2025, publicada el 17 de mayo de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció sobre el caso de los cinco defensores comunitarios tseltales de San Juan Cancuc privados arbitrariamente de la libertad desde junio de 2022, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5, en San Cristóbal de Las Casas, acusados injustamente del homicidio de un policía municipal. 

El Grupo de Trabajo señala que el Estado mexicano no tuvo respuestas a diversos alegatos, tampoco está convencido de que las autoridades hayan cumplido con los procedimientos legales para llevar a cabo las detenciones en contra de los cinco. Asimismo, refirió que tras su visita a México en septiembre de 2023, reiteró que la prisión preventiva oficiosa vulnera el derecho a la libertad, así como a la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.

Resaltó que hubo irregularidades en la detención, ya que no se cumplieron los procedimientos legales; violaciones al derecho a la libertad y al debido proceso; juicio injusto y discriminación por su condición indígena, y por ser defensores de derechos humanos y del territorio. En este sentido, el Grupo de Trabajo pide al Estado mexicano la liberación inmediata de los cinco presos maya tseltales de San Juan Cancuc, y una reparación integral. 

Además, insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco defensores, y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Es de responsabilidad del Estado mexicano cumplir sin dilaciones los puntos ordenados por la opinión.

El Grupo de Trabajo reconoce que el caso de los cinco presos de San Juan Cancuc se inscribe en un patrón sistemático de criminalización contra defensores indígenas de derechos humanos, la tierra y el territorio en Chiapas. Desde 2020 se han documentado al menos siete casos con acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias, tortura y condenas basadas en pruebas fabricadas, reforzadas por la figura de prisión preventiva oficiosa.

Recordamos que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a partir de la documentación y el acompañamiento jurídico realizado, señaló diversas violaciones en perjuicio de los defensores comunitarios como: detención arbitraria, desaparición forzada e incomunicación, criminalización por su identidad indígena y por la defensa del territorio, fabricación de delitos, violaciones al debido proceso, traducción deficiente e ineficaz, falta de imparcialidad de la jueza, peritajes contradictorios y practicados por personas sin cédula profesional, así como actos de maltrato procesal. Fue por la gravedad de estas irregularidades que el Frayba decidió remitir el caso al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Se resaltó el contexto del municipio de San Juan Cancuc, donde la oposición comunitaria a la imposición de megaproyectos como presas hidroeléctricas, la “supercarretera” San Cristóbal – Palenque y la militarización del territorio ha generado una respuesta represiva del Estado, utilizando la criminalización para atemorizar, inhibir y desmovilizar a las comunidades indígenas. Esta práctica constituye una forma de castigo ejemplar contra quienes ejercen la defensa de derechos, expresando además un racismo estructural que afecta principalmente a personas tseltales en Chiapas.

Actualmente se encuentra pendiente de estudio un nuevo juicio de amparo por este caso. Es por ello que hacemos un enérgico llamado al Poder Judicial de la Federación, para que efectúe un estudio profundo del caso, tomando en consideración la Opinión del Grupo de Trabajo, a efecto de que se emita una sentencia que repare plenamente sus derechos, con énfasis en la recuperación de la libertad.

Hacemos un llamado a la Secretaria de Gobernación federal, a la instauración de un diálogo para su cumplimiento, recordando que el Grupo de Trabajo fijó un plazo de seis meses para que el Estado informe si les ha puesto en libertad y reparado integralmente. Instamos a las organizaciones nacionales e internacionales, así como a la sociedad mexicana a velar por el cumplimiento de dicha opinión.

¡LIBERTAD PARA LOS 5 DE CANCUC!

¡ALTO A LA FABRICACIÓN DE CULPABLES EN CHIAPAS!

Descarga el Boletín No. 07 en PDF(130.28 KB)

Oaxaca, Puebla, CDMX, Querétaro, Tlaxcala son México.

Agradecemos la inmensa solidaridad de todas y todos las que se han sumado a las acciones de exigencia. Reiteramos que la justicia y las libertades solo podemos arrancarlas y sembrarlas desde abajo, desde la sociedad de buen corazón que es humana aún. Jamás vendrán de los asesinos y criminales que dicen gobernar este país, no vendrá de arriba donde se maquila el exterminio, la muerte, la destrucción de la humanidad y el planeta.

OAXACA (más 10 años de criminalización, persecución y desplazamiento forzado en Eloxochitlán Flores Magón).

La defensa del río Xangá Ndá Ge y el ejercicio de la Autonomía han sido las razones para criminalizar por más de 10 años a la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón. El cacicazgo liderado por la familia de Eliza Zepeda y Manuel Zepeda se enriquece con el despojo y destrucción del río imponiendo la violencia y el compadrazgo político para perseguir a quienes se les oponen. A pesar de la alianza de los tres niveles del gobierno con los caciques durante todo este tiempo, nuestras compañeras Mazatecas sostienen una incansable lucha que no solamente ha logrado sacar a compañeros de la cárcel, sino que ha sentado precedentes jurídicos y organizativos con la dignidad, la fuerza y la razón como banderas.

Persecución política, criminalización y desplazamiento forzado son la carta de presentación de un Estado criminal que sostiene ecocidios, pero, aún con las leyes desiguales del Estado mexicano, las compañeras mazatecas han demostrado incontables veces la inocencia de las y los compañeros criminalizados. El reciente amparo judicial a favor de Francisco Durán Ortiz en el Juzgado Sexto de Distrito de Veracruz y el logro de la libertad absoluta de la maestra Olga Maribel son muestra de ello.

Actualmente enfrentan la reactivación de 200 órdenes de aprehensión en contra de 56 personas, con argumentos absurdos lo que implica una batalla que nuestras compañeras enfrentan y que presenta un momento importante el próximo 2 de septiembre en Boca del Río Veracruz con el juicio de amparo para nuestra hermana Eusebia así como para nuestras compañeras y compañeros más de cincuenta.

PUEBLA (Criminalización y uso desmedido de la fuerza):

El mal gobierno hace negocio con el agua de los pueblos entregándola a las empresas, fraccionamientos y negocios del capital.

Las comunidades de Acuexcomac, Nealtican y Xoxtla ejercen actualmente su legítimo derecho a la autonomía, autodeterminación, defensa territorial y del agua ante la sequía ocasionada por el despojo y tráfico de agua con el que se han enriquecido los criminales en el poder.

De manera tramposa y mentirosa el Estado mexicano presionó con criminalización a los habitantes en el pasado para forzar a la firma de «convenios» con los pueblos de Nealtican y Acuexcomac para la entrega del agua a cambio de las libertades. Dichos convenios están vencidos y obsoletos por incumplimiento.

Estos mecanismos de contrainsurgencia capitalista ejercidos desde el Estado mexicano y su sistema de in-justicia se intensifica considerablemente a la par que aumenta la contaminación, escasez intencional y saqueo de agua de los pueblos originarios.

En ese entendido la criminalización de los compañeros Renato Romero y Pascual Bermúdez es muestra de ello. El próximo 1 de septiembre se llevará a cabo la audiencia en contra de nuestros compañeros a quienes les criminalizan por manifestarse, por defender el agua, por ser campesinos y de pueblo originario.

A Renato y Pascual les fabricaron el delito de ataques a las vías generales de comunicación como lo han hecho las pasadas administraciones para encarcelar y reprimir luchas que estorban a sus planes de «desarrollo».

La detención de 4 jóvenes en Puebla el 30 de agosto y el operativo desproporcionado en el que participaron Policía Municipal, de Tránsito, Grupo de Atención al Visitante y de Proximidad y Policía Estatal dan cuenta de una política represiva y del uso desmedido de la fuerza. En casos como el de la detención de éstas 4 jóvenes se puede ver la triste tendencia de condenar más los actos de protesta que la desaparición tan terriblemente normalizada en nuestro país. El asesinato de Aida Karina entre San Luis Potosí y Zacatecas y el silencio en torno a un asesinato «más» de una madre buscadora es un doloroso recordatorio de esa dinámica.

CHIAPAS en San Juan Cancúc (Detención arbitraria en razón de comunidades indígenas, defensoras del territorio):

   Agustín Pérez Velasco, lleva 3 años y 3 meses encarcelado injustamente, junto a sus 4 compañeros. Agustín había acudido a testificar en favor de ellos, para demostrar su inocencia, pero terminó encarcelado frente al CERSS 5.

Manuel Sántiz Cruz, Juan Velásco Aguilar, Agustín Pérez Velásco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez permanecen privados de su libertad por el Estado mexicano, por defender su territorio frente a los megaproyectos de muerte y destrucción. Les fabricaron el delito de homicidio calificado para generar miedo, inhibición y desmovilización de las comunidades indígenas tseltales que se organizan en contra de una presa hidroeléctrica, la supercarretera y la militarización.

El próximo 3 de septiembre en rueda de prensa se alzará el llamado al Estado mexicano a cumplir con la Opinión 21/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que reconoce la detención arbitraria de los cinco de San Juan Cancúc y estipula como remedio adecuado su liberación inmediata.

TLAXCALA (criminalización en razón de la defensa territorial, la deforestación de los bosques y el cargo tradicional de autonomía y autodeterminación):

Saúl Rosales ha estado 3 años injustamente recluido, es campesino, defensor comunitario del bosque en San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala. Sentenciado a 20 años por crímenes que no cometió.

Su criminalización responde al acompañamiento desde el cargo tradicional en su comunidad para la defensa territorial. En 2019 exigían al Estado mexicano la ejecución de acciones para detener la devastación del bosque de la Malinche. La respuesta del Estado fue la omisión de la protección del bosque y la persecución a sus defensores.

Don Saúl fue criminalizado como parte de una estrategia para desarticular la defensa del territorio. Llama la atención por la imposición del Ecoparque Malinche como otro proyecto ecocida más.

CIUDAD MEXICO (Grupos paramilitares armados, detención arbitraria, datos de tortura en razón de género y defensa territorial en la alcaldía Xochimilco):

El 5 DE SEPTIEMBRE de 2024 EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO se ejecutó un HALCONAZO con grupos paramilitares partidistas INSTRUMENTALIZADO por el Estado mexicano desde la ALCALDÍA XOCHIMILCO Y EN EL MINISTERIO PUBLICO DE TLALPAN con ENCAPSULAMIENTO POLICIACO DE LA SSC Y EL GRUPO DE «ZORROS», GRUPO POLICIAL ENTRENADO EN ISRAEL, USA Y COLOMBIA.

Cómo resultado derivó en más de 20 detenido/as y agredido/as. Vario/as de ello/as actualmente criminalizados con procesos judiciales abiertos.

QUERÉTARO (Detención arbitraria bajo tortura, agresión sexual,fabricación de delitos en razón de género contra una comunidad originaria, contra la defensa territorial y la ideología política no partidista zapatista):

El 4 de junio de 2025 la POES (Policía Estatal de Querétaro) y policías municipales de Amealco y otras regiones de Querétaro realizaron una redada ilegal que resultó en la detención de 7 personas (quienes no eran menores de edad) fueron llevadas al DIF municipal de Amealco Querétaro en dónde todo indica, ser un lugar donde se realizan dictámenes médicos para legitimar la fabricación de pruebas para vincular a procesos a la sociedad civil común, es decir a la clase trabajadora y presionarles a obedecer y a pagar altos costos por supuestas multas, que rondan alrededor de $15,000 pesos. El Estado mexicano en Querétaro es referente nacional en crímenes de estado y un lenguaje de odio, racismo y CLASISMO en contra de las comunidades originarias sobre todo mujeres, por reprimir, torturar defensoras del agua, ejecutar a civiles por supuestas faltas administrativas, etc.

Este 4 de junio fue torturada y detenida injustamente y arbitrariamente nuestra compañera Estela Hernández Jiménez quien se encontraba documentando el debido proceso de las redadas racistas e ilegales ocurridas en Santiago Mexquititlán, Amealco Querétaro, recibió tratos crueles e inhumanos con fuerza desmedida por agentes del Estado mexicano en su mayoría policías hombres.

Es alarmante que el narco estado capitalista presuma e intimide a los detenidos con posturas intimidantes haciendo referencia a actos propios del crimen organizado como es la afirmación «hubiera sido más fácil sembrarles droga».

Lo mismo ocurrió el 10 de junio de 2022 a los detenidos quienes refirieron estás mismas estrategias de mostrarles droga y mencionar Ayotzinapa como un trofeo criminal de Estado al reafirmar «Ayotzinapa les va a quedar corto».

EXIGIMOS:

-Verdad, justicia, reparación integral de daños y medidas de no repetición para mujeres y hombres defensorxs comunitarios de Eloxochitlán de Flores Magón; libertad para lxs 14 mazatecxs que no han vuelto a casa desde hace una década, y para lxs 56 criminalizadxs más 200 órdenes de aprehensión injustas e ilegales de este sistema de injusticia mexicana.

-Libertad absoluta para Renato Romero y Pascua Bermúdez y alto a la criminalización de la defensa del agua en la región cholulteca.

-Exigimos al Estado mexicano la libertad inmediata e incondicional de los cinco tzetzales detenidos arbitrariamente de San Juan Cancúc Chiapas.

-La libertad inmediata e incondicional de Saúl Rosales defensor del bosque, de su pueblo y de la montaña Matlalcuéyetl.

-Que se garantice la seguridad del periodismo en Puebla y todo México, repudiamos las amenazas ejercidas desde el Estado mexicano contra periodistas.

-La libertad incondicional desde el cierre de procesos abiertos a defensores del territorio y el agua ocurrido en Xochimilco en el halconazo morenista a miembros de la comunidad otomí y de la Asamblea Nacional por el agua y la vida.

-Verdad, justicia, reparación integral de daños y medidas de no repetición para Estela Hernández Jiménez mujer ñhöñhö de Santiago Mexquititlán, Amealco Querétaro.

INVITAMOS y CONVOCAMOS:

-Al acompañamiento físico y a distancia desde sus formas, tiempos y territorios, para accionar en nuestros espacios desde el ejercicio legítimo de la protesta organizada con exigencias contundentes descritas en este comunicado, que pueden ser alertas en páginas oficiales y plataformas de pueblos, colectivos y organismos de derechos humanos, cartas a la autoridad, pronunciamientos, eventos de arte rebelde, videos, concentraciones en instituciones de injusticia, marchas, y todo lo que su digna rabia les indique hasta arrancar la justicia negada.

-Hacemos una atenta invitación para la audiencia del 2 de septiembre en Boca del Río, Veracruz para exigir justicia para los mazatecxs criminalizados y perseguidos de Eloxochitlán Flores Magón Oaxaca.

-Convocamos el Acompañamiento a Renato Romero y Pascual Bermúdez, defensores del agua en Xoxtla criminalizados por el mal gobierno servil de la empresa criminal Concesiones Integrales / Agua de Puebla para Todos. Este próximo lunes 1 de septiembre de 2025 en el Centro de justicia penal federal (Av. libertad 6966, junto al penal de San Miguel Puebla).

-Continuar las acciones en exigencia de la libertad e incondicional e inmediata y el cierre de los procesos abiertos contra defensores del territorio y el agua ocurridos en Xochimilco en el halconazo morenista.

-Difundir la ru𝐞𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐢𝐧𝐜𝐨 compañeros 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐉𝐮𝐚𝐧 Cancúc que se realizará el 3 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m. en dónde participar el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

-Acompañar de manera permanente el ejercicio digno de búsqueda de las familias buscadoras en todo el territorio mexicano.

-Asistir, acompañarnos y tejernos en dignidad desde las acciones convocadas por la Asamblea Nacional por el agua y la vida además de las convocatorias realizadas por el Congreso Nacional Indígena.

Convocamos a la Sexta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida que se llevará a cabo el 18 y 19 de Octubre el Loma de Bácum, Sonora.

Convocamos también su solidaridad en la rifa que estamos realizando los pueblos que integramos la Asamblea Nacional por el agua y la vida rumbo a la Sexta Asamblea Nacional por el agua la vida y el territorio.

(Continuar leyendo…)