Integrantes de Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) y representantes de la infancia de Homún, acompañados de las organizaciones Indignación y Greenpeace, entregaron más de 181 mil firmas digitales para exigir un alto a las afectaciones de las mega granjas de cerdos y en defensa de los cenotes y la selva maya.

Dicha acción ocurrió este jueves (24) en el Juzgado Segundo de Distrito de Mérida, Yucatán, previo a que el juez, Rogelio Leal Mota, resuelva si retira la suspensión que mantiene paralizadas las operaciones de la mega granja porcícola propiedad de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén).

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Durante la entrega se realizó una conferencia de prensa donde Doroteo Hau Kuk, miembro de Kanan Ts’ono’ot, detalló que las firmas son el reflejo de la lucha y resistencia que el pueblo ha realizado durante seis años en contra de los gobiernos estatales, federales y los empresarios en su intento de expandir las granjas porcícolas en la región.

“Nosotros luchamos y defendemos el agua, a ellos no les interesa defender nuestro pueblo y el agua. Son autoridades pasajeras que destruyen y se van, pero nosotros no”, manifestó Hau Kuk.

Por su parte, Viridiana Lázaro Lembrino, integrante de Greenpeace México, contextualizó sobre las implicaciones ambientales de la operación de la mega granja de cerdos en Homún, pues se encuentra en una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad en México

Específicamente se ubica dentro de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP): la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, las cuales también son consideradas sitios Ramsar, una categoría que señala la prioridad para la conservación de los humedales y del agua, reconocida a nivel internacional.

Las y los habitantes de Homún que entregaron las firmas aseveraron que éstas son un respaldo para hacerle saber al Juez que “existe mucho interés de la ciudadanía para que esa granja no permanezca abierta. Ya no puede seguir favoreciendo los intereses políticos y empresariales por encima de los derechos de la niñez, del pueblo maya y del medio ambiente”.

Suspensión, en vilo

Mediante comunicado, las organizaciones resaltaron su preocupación porque el pasado 3 de marzo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito desestimó las quejas presentadas por la niñas y niños mayas de Homún

contra las violaciones a la suspensión definitiva de actividades de la mega granja.

“Ahora, le tocará al juez Leal Mota decidir si se mantiene o no la suspensión con base en un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), en el que se asegura que la planta de tratamiento de aguas residuales del recinto está lista para funcionar”, reclama el documento.

Acorde a Lázaro Lembrino el juez debe mantener la suspensión de las actividades porcícolas en Homún debido a su magnitud, que implica la cría de 49 mil cerdos. “Ninguno de los tratamientos de agua más sofisticados podrían mitigar los impactos de contaminación de esta granja”, señaló la integrante de Greenpeace.

La organización calcula que serían alrededor de 441 mil litros al día, unas 3 mil tinas repletas de agua, mezcladas con heces de cerdos las cuales serían vertidas al suelo, provocando una grave contaminación del acuífero maya. “No solo traerá daños al medio ambiente, flora, fauna, suelo; sino a la salud por la cantidad de bacterias, compuestos peligrosos y cancerígenos”, sostuvo Lázaro Lembrino.

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Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático recalcó que se debe mantener la suspensión de las actividades de la mega granja tomando en consideración el principio precautorio pues en zonas como la señalada se pueden originar nuevos virus.

“Exhortamos al juez a que mantenga la suspensión y que favorezca y garantice los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud al agua del pueblo maya de Homún y de todos lo mexicanos”, recalcó.

Infancia en defensa del ambiente

Una vez más, la niñez de Homún participó en la defensa de su territorio. Esta vez, acompañaron la entrega de las firmas con dibujos y cartas en las que exigieron respeto a su derecho a vivir en un medio ambiente sano y por el cuidado de los cenotes.

“No podemos permitir que los jueces le den la espalda a la lucha de niñas y niños mayas de Homún (…) Le exigimos al Juez Segundo de Distrito que mantenga la suspensión definitiva contra la mega granja de la empresa PAPO, aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén)”, sostuvieron integrantes de Kanan Ts’ono’ot durante el acto de entrega de firmas digitales.

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A su vez, destacaron que existe documentación y reportes científicos que comprueban la contaminación ocasionada por la industria porcícola, no sólo en Yucatán, sino en Estados Unidos y diversos países de América Latina.

“Así lo ha documentado el informe de Greenpeace “La Carne que está consumiendo al planeta” y el amicus de expertos en salud pública y ambiental en el que se muestran datos alarmantes sobre el impacto de las operaciones de las mega granjas de cerdos en el medio ambiente y en la salud humana”.

Finalmente, recalcaron que la suspensión definitiva no solo fue otorgada por la planta de tratamiento de aguas residuales:  también se impuso esa medida cautelar a la empresa para proteger los derechos de la infancia de Homún a que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para llevar una vida digna; por la aplicación del principio precautorio ante el peligro de daño grave e irreversible de afectación al sistema hidrológico de la reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes; y porque en el proceso de obtención de permisos para construir la granja no se respetó el derecho a la consulta y participación de acuerdo a cómo está establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional  del Trabajo (OIT).

Doroteo Hau Kuk reafirmó que la comunidad de Homún no dejará su lucha y resistencia pacífica hasta donde tengan que llegar. “El agua es para todos, es para el mundo”, aseveró.

A 432 kilómetros de la capital de Chiapas se encuentra Benemérito de las Américas, un territorio fronterizo avasallado por los megaproyectos, el crimen organizado, los feminicidios y el olvido institucional que afecta la vida de la mitad de la población: las mujeres.

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El 49.9% de los 23 mil 603 habitantes son mujeres que enfrentan diferentes violencias, una de las más graves viene del personal del Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar (IMSS-Bienestar), en Benemérito, que ofrece servicios de salud a otros seis municipios –  Márques de Comillas, Ocosingo, Palenque, Chilón, Salto de Agua y Tumbalá  -, donde están los pueblos chol, tzeltal, maya, lacandón y zoque.

En 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al municipio con el director del IMSS, Zoé Robledo, que se comprometió a brindar atención de calidad. En esta misma visita, los directivos dijeron que en los primeros seis meses de 2019 habían atendido 400 partos.

En 2020, después de un embarazo mal atendido y una cesárea llena de negligencias, Gabina Mar Pérez, de 37 años, dedicó un año a buscar las causas de constantes y fuertes dolencias, también, mal diagnosticadas por el médico Marco “M”.

En agosto de 2020, Gabina acudió al servicio médico del IMSS-Bienestar con síntomas de parto. Primero le dijeron que su hija nacería en parto normal y después que sería cesárea. “Me pusieron anestesia general, cuando desperté me sentía débil y miraba manchas de colores”, dijo a Avispa Midia.

Desde el primer momento Gabina sintió una anormalidad en su cuerpo. “Le dije a las enfermeras”, y cuenta que el médico le puso una inyección, “nadie se quería hacer cargo de mí”, a pesar del cambio de turno del personal médico.

Los malestares incrementaron tras el efecto de los medicamentos. Los médicos de guardia la obligaron a caminar soportando los dolores, aun cuando no tenía fuerza en las piernas.

“El doctor me decía: ‘es que tienes que caminar, eso es normal, es la anestesia que está trabajando; apenas se está quitando’. Le dije, no doctor, lo que yo siento no es normal. Sí, me dice él, ‘así son todas las mujeres’”.

Gabina fue dada de alta tres días después de la cesárea. Aunque estaba en casa, no tenía fuerzas ni para cargar a su bebé, a quien tampoco pudo amamantar, “mi esposo se hizo cargo porque me sentía muy mal”. Para entonces la tuvieron que regresar al hospital donde el mismo doctor la recibió. “‘¿Y ahora qué le pasó?’, me preguntó”, y al escuchar los reclamos del esposo de Yesica agregó el médico, según relato de Yesica: “‘no les puse una pistola para que aceptaran la cesárea’”.

Estuvo internada por varios días sin un diagnóstico certero. Le dijeron que tenía una infección en el estómago, retención de líquidos, perforación de intestinos y luego la programaron para otra operación que no aceptaron por falta de argumentos médicos.

Gabina entró y salió varias veces del mismo hospital. Le sacaron innumerables estudios, incluso fue atendida en Palenque y Villahermosa, Tabasco. Tras un año de calvario para la familia, en agosto de 2021 descubrieron que en la cesárea olvidaron sacar una compresa del cuerpo de Gabina.

“‘Es una compresa’. ¡Cómo que una compresa! ‘La bola estaba así’, me dijo una enfermera. ‘Estaba enorme’, dice”, pero el objeto que sacaron del cuerpo de Gabina no le fue entregado.

Acudió a Derechos Humanos municipal para ser atendida a cabalidad en la institución de salud pública responsable de su condición médica. La Fiscalía tomó el registró de atención 0042-114-0903-2021, pero a la fecha no hay respuestas.

Gabina y su esposo dejaron de trabajar como comerciantes, “él me acompañaba a mis estudios y cuando estuve internada”, vendieron la mayoría de sus bienes materiales y animales de traspatio.

Ahora pide al Instituto Mexicano del Seguro Social que haga responsable al médico Marco “M” y le regresen el dinero que gastó por un año de atención médica por su negligencia.

“El tiempo con mi bebé no me lo pueden devolver, pero sí un poco de tranquilidad porque esa situación nos dejó sin nada”.

Denuncias

El caso de Gabina se suma a otros casos de negligencia médica en Benemérito, como de otra mujer, cuya identidad se reserva por seguridad, que tuvo su parto en la jardinera del mismo IMSS, además de cobros por servicios que los médicos no deberían cobrar.

Las autoridades ejidales de Benemérito enviaron varios escritos al presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la situación, pero hasta hoy no tienen respuestas diferentes al discurso de ‘no pasa nada’.

“Actualmente sufrimos un déficit de atención médica y negligencias”, señalan autoridades ejidales de Benemérito, en entrevista a Avispa Midia.

En la inauguración del IMSS en Benemérito representantes del Estado se comprometieron a crear el Centro Médico de la Selva Lacandona, con equipos modernos, personal capacitado y especialistas de forma permanente. Pero nunca se concretó.

Las autoridades agregan que, al igual que el crimen organizado en la zona, la mafia del personal médico no permite la renovación de trabajadores que señalan, incluso, de sustraer el equipo del hospital.

En un acta de acuerdos firmada por los Comisariados Ejidales que componen el municipio de Benemérito, “porque el Ayuntamiento no está con el pueblo”, dicen las autoridades ejidales, exigieron el cambio inmediato del personal involucrado en actos negligentes.

Denunciaron instalaciones insalubres, mala atención de algunos trabajadores, seguridad incompetente e irresponsable, cobros extras y excesivos por servicios que deberían ser gratuitos.

“Exigimos que los médicos, que tengan farmacias o laboratorios, no trabajen en el hospital IMSS Bienestar porque elevan los precios de los medicamentos que no encontramos en la derechohabiencia [los derechos a los servicios de la institución de salud]”, sostienen las autoridades.

La violencia obstétrica puede darse de manera psicológica por medio de burlas, humillaciones, discriminación, mal información o comentarios alusivos a la sexualidad de las mujeres; y de manera física cuando se realizan prácticas invasivas, se suministran medicamentos injustificadamente, se niega la atención, se maltrata físicamente o se realizan esterilizaciones forzadas.

La Fiscalía General de Chiapas sólo tiene registro de tres casos de violencia obstétrica denunciados desde el 2019, a pesar de ser una violencia recurrente que no solo deja secuelas físicas, también emocionales.

Más allá

En el 2012, en el Hospital Zona 2 del IMSS, ubicado en la capital de Chiapas, Diana acudió el 6 de diciembre con dolores de parto. El médico de la guardia nocturna la mandó a caminar y a que regresara al siguiente día.

Diana regresó el viernes y tampoco la ingresaron hasta las 23 horas con dolores insoportables que se prolongaron hasta el amanecer del sábado 8 de diciembre. Antes del cambio de guardia llegó el médico a inducir la salida del líquido amniótico y se fue.

La enfermera del siguiente turno le preguntó si el médico avisó del contenido del líquido, “respondí que no”. Había meconio (la primera evacuación de un bebé) y nadie se hizo responsable, “el médico de guardia se fue sin decirme nada aun cuando sabe lo que podía pasarle a mi hijo”.

Ese mismo día, Diana recuerda que los médicos internos se quedaron a cargo de las mujeres en labor de parto, “a una señora que tenía 8 centímetros de dilatación, de tanto que un joven le hizo el tacto, sacó el cordón umbilical de su bebé, a ella también la tuvieron que operar”.

En el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 44 recomendaciones fueron dirigidas al IMSS en 2021. La institución también encabeza la lista de 132 recomendaciones en trámite.

En las 217 quejas en expedientes relacionados con violencia de género, la CNDH sólo tiene el registro de seis que corresponden a violencia obstétrica a nivel nacional.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en Chiapas, no proporcionó información y respondió que por ahora atienden el informe de actividades y no pueden atender solicitudes de medios de comunicación.

El pasado 17 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes generales de Salud y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de reconocer a la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres. Ahora se esperan sus efectos constitucionales.

Por César Godínez Meneses

Durante los primeros días del mes de diciembre de 2021, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, en un vídeo institucional, propuso declarar Área Natural Protegida (ANP) donde sería el proyecto del aeropuerto de Texcoco, con una extensión de 14 mil hectáreas. De ellas 10 mil hectáreas son zona federal y 4 mil son zonas ejidales, fértiles y productivas para autoconsumo y también para el comercio regional con otras poblaciones.

El polígono del ANP comprende los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Atenco y Ecatepec.

Además de contemplar el ANP, se alude a otro proyecto dentro de la misma que corresponde al llamado Parque Ecológico del Lago de Texcoco (PELT), un parque recreativo y no de conservación.

La declaratoria oficial del ANP programada para el pasado 24 de febrero de 2022 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta el 22 de marzo de 2022. Durante los meses de enero y febrero, grupos de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) apoyados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) han recorrido la zona promoviendo la ANP y el PELT, cuando por el periodo electoral no está permitido.

Violaciones

Para la declaración de ANP se necesita la consulta previa e informada a pueblos y comunidades originarias, misma que no se ha llevado a cabo, lo que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocido y ratificado por el propio Estado Mexicano.

El gobierno federal pretende hacer pasar las reuniones informativas a ejidatarios como consultas públicas. Sin embargo la región Chimalhuacán-Atenco-Texcoco se define como pueblos originarios.

Además, las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) pasan a ser contempladas como parte de la Federación, de manera que el territorio ejidal que pasa a ser parte del ANP perde autonomía en el uso de suelo. Los ejidatarios y ejidatarias, si desean continuar produciendo en sus tierras, tendrán que pagar para hacer modificaciones en el suelo.

Tampoco hay un peritaje sociológico y antropológico sobre los impactos socioculturales que causarían el ANP y el PELT, principalmente en este último porque se suscribe como un parque de recreación que ofrece servicios como zonas deportivas, de entretenimiento, comida, es decir, un proceso de gentrificación disfrazado de ecológico.

La disputa por el territorio

El discurso del Gobierno Federal, y de la gestoría del actual Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), es que con el ANP se recupera el agua y se evita la especulación inmobiliaria en la zona ejidal, puesto que grupos como Antorcha Campesina, de extracción priísta, podrían hacer negocios. En la región es conocido uno de los operadores de la mencionada organización paramilitar y de choque, Alejandro Santiago López, alias el “Oaxaco”.

Por otro lado, está la gestoría del actual Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra afines a la 4T y de gente ligada a su líder, Ignacio del Valle Medina, promotores del Área Natural Protegida y autonombrados “representantes” de las comunidades.

Entre ese fuego cruzado por la disputa territorial y de poder entre la 4T y el priísmo, hay otras versiones de los hechos, reflejadas en las voces de la Unión de Ejidos y de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México (CPOOEM) que, lejos de la polarización, han llamado a los pueblos y ejidos a tener una voz propia y crítica ante esos dos grupos y sus proyectos que, en el fondo, representan lo mismo, sea gentrificación por inmobiliarias o gentrificación en lo que algunos expertos, como el maestro Carlos Taibo, denomina ecofascismo, es decir, hacer pasar el concepto de lo ecológico sin un sentido humano, cultural y social. Ambas narrativas buscan el control del territorio por sus medios.

En una conferencia de prensa realizada el 17 de marzo de 2022 con la participación de ejidatarios de las comunidades de Nexquipayac Acuexcomac de la ribera del lago de Texcoco, con miembros de CPOOEM junto con los pueblos afectados de Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Atenco, Ecatepec, Zumpango, Tultepec y Tecámac, se hicieron presentes cuatro planteamientos.

El primero, las organizaciones y los ejidatarios hacen el deslinde de los afectados y afectadas de las dos facciones en disputa por el agua y el territorio. “Cabe aclarar que nos deslindamos de Alejandro Santiago López -alias “El Oaxaco”- y de Andrés Ruíz Méndez priístas relacionados con el grupo de choque paramilitar “antorcha campesina”; y de Ignacio Del Valle Medina que hoy denigra y explota como franquicia el nombre de aquél Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que hace 20 años con dignidad y fuera de los partidos políticos defendieron” el territorio contra la construcción de un aeropuerto, dijeron en un comunicado.

El segundo, el mensaje contundente hacia la administración de la 4T y los grupos de interés: “Desde aquí le decimos al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y a sus instituciones como la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) y la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural): ¡Ni PRI-antorcha! ¡Ni Morena-FPDT! Los pueblos, comunidades, barrios, ejidos, parajes y colonias de la Zona Oriente de la Cuenca del Valle de México NO tenemos representantes, cada uno tiene voz propia”.

El tercer planteamiento fue sobre la interconexión de los diferentes proyectos en la región como “el Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el proyecto de Declaratoria de Área Natural Protegida del lago de Texcoco, el Parque Urbano y Turístico, mal llamado ecológico, y la Autopista Tuxpan-México en su tramo Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco, entre otros”, que responden a una sola línea, el despojo del territorio y del agua.

Finalmente, el último planteamiento se refiere al manejo sesgado y con falta de contexto por parte de medios de comunicación que han dado cobertura y espacio al grupo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y sus señalamientos de que aquellas personas que se oponen a la ANP y al PELT pertenecen al PRI, dejando fuera otras versiones y narrativas que, en la misma problemática, velan por el agua, el territorio, la vida y la cultura.

Los pueblos ejidales iniciarán un juicio de amparo contra el gobierno de la 4T y su ANP-PELT, lo que fue expresado por un equipo jurídico de abogados solidarios con los ejidos.

^{César Godínez Meneses. Licenciado en Comunicación y Periodismo por parte de la FES-Aragón UNAM, ha colaborado en medios populares-comunitarios como Subversiones, La Voladora, Grieta y en la Revista Mexicana de Comunicación. Sus líneas de trabajo son educación, cultura, derechos humanos y medios populares-comunitarios, ha dado seguimiento al movimiento zapatista, al Congreso Nacional Indígena y luchas por la defensa del territorio. Participa de colectivos dedicados a la cultura y apoyo a movimientos sociales, uno de ellos en Nezahualcóyotl.}