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Nicaragua. Despojo y ausencia de soberanía: “la tierra prometida”
“Hoy el presidente Daniel Ortega quiere vender Nicaragua como vende una finca de él, de expropiarnos las tierras.¡Que nos quite esa Ley 840 y no seguimos jodiendo! ¡Que nos quite esa ley que es la que viene a expropiar nuestras tierras! Y aquí tiene que correr sangre porque los chinos no van a venir a adueñarse de Nicaragua. Yo lo digo y se los digo a mis compañeros: ¡Nicaragua para los Nicaragüenses!”
Por Marlene Mondragón y Cesar Andrade
Hace más de quinientos años, Cristóbal Colón, recorrió la Costa Caribe Centroamérica buscando un pasaje interoceánico. En su cuarto viaje (1502-1504) intentó ascender por el río San Juan lugar donde ahora pretende iniciar el canal nicaragüense. Ya desde aquellos años, el paso por el canal interoceánico se convirtió en un proyecto que despertó el interés de potencias mundiales, posibles líneas de comercio, y así atrajo a personajes de la elite.
El sueño del canal que uniera el Océano Pacífico y el Océano Atlántico interesó a Carlos V, a Benjamín Franklin. Francisco De Miranda en el Acta de París, otorgó la concesión a Estados Unidos e Inglaterra para construir un canal entre Panamá y Nicaragua en 1797. También interesó a Simón Bolívar, quien habló de “sus canales” al nombrar a Centroamérica en la Carta de Jamaica. Alexander Von Humboldt lo había estudiado, y también William Walker, Napoleón iii, Cipriano Castro y Guillermo ii se interesaron en el canal nicaragüense.
Emiliano Chamorro firma con Williams Bryan en 1914 el Tratado Chamorro-Bryan para la construcción del Canal Interoceánico en el cual se seden derechos a Estados Unidos por 99 años para su supuesta construcción a través del Río San Juan, sin embargo esta concesión sólo quería obstaculizar a otras potencias la construcción y con esto la realización de nuevas líneas de comercio, ya que ellos tenían su capital dirigido en el Canal Panameño.
El 14 de junio del 2013 Daniel Ortega Saavedra presidente de Nicaragua y líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) comienza a implementar una serie de leyes y acuerdos conjuntamente con la Asamblea Nacional de ese país para dar concesión y construir el llamado “Proyecto del Gran Canal Interoceánico”. En él se engloban una serie de sub-proyectos, todos ellos incluyen derechos otorgados a Wang Jing -presidente de la compañía Hong-Kong Nicaragua Canal Development Investment Co. (HKND Group)- quienes buscan construir el Gran Canal, megaproyecto que dividirá al país.
Este Gran Canal Interoceánico atravesará el país centroamericano de costa a costa para conectar los océanos Atlántico y Pacífico, el 52% de esta ruta son habitadas por las comunidades indígenas y afrodescendientes del Territorio Rama y Kriol
El empresario Wang Jing y HKND Group tiene hasta ahora un total de 16 empresas maletín, es decir una sociedad anónima de las cuales sus capitales son de tan sólo 400 a 1200 dólares; no obstante, el costo del proyecto está calculado en unos 50 mil millones de dólares. La estrategia principal es que la construcción sea impulsado con capital público, maximizando las ganancias para las empresas, quedando exentas de inversión y riesgos.
El canal Interoceánico será tres veces más grande al de Panamá constara de 278km de largo y 320 a 520 metros de ancho, los sedimentos a excavar serán de 5 mil millones m3 , además Ortega le autorizo construir una serie de sub-proyectos respaldados en la ley 840 (Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte atingente a El Canal Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas). También, el Acuerdo Marco de Concesión (MCA por sus siglas en ingles) autoriza construir: oleoductos (para conducir petróleo), 2 puertos de aguas profundas, un aeropuerto, dos zonas de libre comercio, vías férreas, canal para naves, 4 complejos turísticos, plantas de electricidad, nueve campos o ciudadelas para trabajadores –provenientes de China-, una presa hidroeléctrica en el río agua Zarcas de 40km2, Fabricas de cemento, acero y explosivos, de igual forma pretenden inundar toda la comunidad de Atlanta para que se convierta en un lago artificial.
Entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación del canal y la construcción de la esclusa oeste, previstas para iniciar a finales del 2016 (después de las elecciones las cuales sucederán este próximo noviembre).
¿”Es un proyecto de viene a combatir la pobreza, la extrema pobreza, y traerle bienestar, prosperidad y felicidad al pueblo nicaragüense”?
La concesión, sede los derechos al inversionista para disponer de los recursos naturales, propiedades publicas como privadas, tierras productivas y comunidades indígenas sin consulta previa afectando al pueblo nicaragüense, rompiendo con el convenio 169 de la OIT, la constitución y las leyes 28 y 445 para la Costa Caribe.
Del Océano Atlántico al Pacifico familias enteras, campesinos, comunidades indígenas (Krioles y Ramas) y sociedad civil de 10 municipios con sus respectivas comunidades serán afectados directamente por el canal: Tola tendrá 13 comunidades por donde pasara el canal, Rivas (9 comunidades), San Juan del Sur (2 comunidades), Ometepe (5 comunidades), San Jorge (6 comunidades)., Altagracia (4 comunidades) San Carlos (10 comunidades), San Miguelito (22 comunidades), Nueva Guinea (38 comunidades) y Bluefields (60 comunidades). Buenos Aires, Potosí y Belén serán afectadas por otros sub-proyectos que incluyen 4 complejos turísticos, 2 aeropuertos, y 2 zonas de libres comercio.
Las principales actividades económicas para la gran parte de la población en los municipios que involucran los proyectos es la agricultura y la ganadería. En los municipios afectados se siembra los granos básicos como maíz, frijol, arroz, tanto para el autoconsumo, como para el mercado local. En el departamento de Rivas se siembra plátano, caña, mango y frutales. En Nueva Guinea se produce hortalizas, yuca, quequisque, jengibre -para el mercado nacional y también para la exportación-. La crianza de vacas, gallinas y caballos es una actividad común en todos los municipios para consumo propio pero también para abastecer otros mercados del país.
En los municipios afectados hay reservas naturales y sitios de humedales como: La Reserva Biósfera del Suroeste de Nicaragua, la Reserva Natural Punta Gorda, Reserva Biológica Indio Maíz. También Humedales de la Bahía de Bluefields y refugio de la Vida Silvestre de Río San Juan, Humedales de San Miguelito y Reserva de Biosfera de la Isla de Ometepe. Así según la organización ambientalista Centro Humbolt de Managua planteó que con la aprobación de la concesión canalera “se corrompen las obligaciones establecidas en más de 12 tratados y acuerdos ambientalistas internacionales relativos a la gestión ambiental” Estas concesiones propician las afectaciones a sitios RAMSAR, al corredor Biológico Mesoamericano, además de las áreas protegidas nacionales.
Afectaciones a la vida silvestre
“El canal se convertiría en una barrera que impediría la migración tanto de los humanos como de los animales entre ambos lados del canal, modificando las migraciones naturales y la cadena alimenticia. Al dinamitar y al deforestar la tierra se verán afectadas especies en peligro como lo es; el jaguar, la tortuga tora, los congós y otras muchas especies habitantes de la región”
Es importante mencionar que la Ley 840 creó la Comisión del Canal incorporando una autoridad integrada por dos diputados de la asamblea nacional, 12 funcionarios nombrados por el presidente, la policía, además del ejército, que tienen la tarea de aprobar los permisos necesarios y proyectos que faciliten al inversionista, firmar acuerdos en nombre de cualquier entidad del gobierno, realizar las expropiaciones, supervisar un supuesto uso racional de los recursos naturales y ambientales, tomar decisiones de seguridad que son obligadas para la protección del proyecto, y por último “proponerle” al presidente que reforme las leyes necesarias acosta de un supuesto “éxito” del proyecto, en busca de “construir la tierra prometida”, en palabras de Ortega.
Según HKND Group, la ruta seleccionada para el canal asegura que no más de 6.800 familias (27.000 personas) sean reubicadas. Sin embargo cálculos de la organización Popol Na señala que más de 119, 000 familias tendrán que ser expropiadas de sus tierras o ser reubicadas. Wang Wing desde el 2013 cuenta con un plazo de 16 años para tener el total de financiamiento para construir el canal y los megaproyectos. Después de ello cuenta con un plazo de 50 años para dar inicio a las operaciones comerciales y por último puede enriquecerse otros 50 años más, ya que el Estado le otorgó la concesión de construcción y administración del proyecto por 50 años, prorrogable por otros 50 años, poniéndose en riesgo varias generaciones nicaragüenses.
Cuando se aprobó la Ley 840 no se consultó a las autoridades locales ni regionales quitándoles así su autonomía, ni mucho menos se le consulto a los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS) ni al pueblo general de Nicaragua como lo dicta el articulo 169 de la OIT, incluso el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) denunció que fueron presionados por representantes del gobierno para firmar un acta que establecía la realización de una “Consulta Libre, Previa e Informada”.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, representada por el Sr. Santos René Núñez Téllez aprobó sin una legítima consulta ciudadana, la iniciativa de ley presentada por el Presidente de la República de Nicaragua, haciendo caso omiso a las evidentes contradicciones con la Constitución. “los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable” y que “los recursos naturales son patrimonio nacional” según lo establecen explícitamente los artículos 60 y 102 de la Constitución.
Así pues el 7 de abril del 2016 se presentó ante la Asamblea Nacional, la Iniciativa Ciudadana de “Ley para la Derogación de la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense, Atingente a el Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociadas (ley 840), Acuerdos y Resoluciones Conexas”, esfuerzo realizado por el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, con el asesoramiento y gestión jurídica del equipo Eco-Abogados de Fundación Popol Na, el respaldo de miles de nicaragüenses y el apoyo de muchas organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua. “La iniciativa tiene como objetivos garantizar el bien común de todas y todos los nicaragüenses, la recuperación de la soberanía nacional, el restablecimiento del orden constitucional y jurídico de la nación, la tutela de los derechos humanos de la población y la protección de los bienes comunes y recursos naturales del país, entre los que se encuentran varias áreas protegidas y, especialmente, el Gran Lago de Nicaragua o Lago Cocibolca, que de acuerdo a la Ley General de Aguas Nacionales -deberá considerarse como reserva natural de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad nacional-”
Daniel Ortega haciendo uso de la memoria histórica y de su característico discurso populista “Cristiana Socialista Solidaria”, en el año 2013 dijo: “Un proyecto que a partir del día de hoy deja de ser un proyecto y se convierte en un compromiso que vamos a hacer realidad por Sandino, Por Darío, por este pueblo que tanto sacrificio, dolor que tanto tiempo nuestro pueblo yendo por el desierto, buscando la tierra prometida, y llego el día ¡llego la hora de alcanzar la Tierra Prometida!”
Rafael Ángel Bermúdez o mejor conocido en Nicaragua como Don Escuelita del Sur es un personaje que cuenta su historia como revolucionario sandinista engañado por el régimen de Daniel Ortega: “Me dijeron que está revolución tenia como objetivo sacar a un dictador llamado Somoza que íbamos a liberar a Nicaragua” en su casa cuenta, se entrenaron más de 160 campesinos-guerrilleros. “Todo lo hacíamos por amor, por vivir en un país libre y democrático; hoy que tengo 62 años y gracias a dios vine vivo me arrepiento una y mil veces” Don escuelita vive de los frutos de la tierra, el tiene su hacienda donde se pretende construir un aeropuerto; menciona que se siente traicionado por el ahora “dictador” Daniel Ortega: “que nos quite esa ley 840 que les pretende expropiar las tierras a los campesinos, esas tierras no serán para los chinos o aquí se va a derramar sangre”.
Con información del Popol Na: http://www.nicaragua-verein.de/fileadmin/images/aktuell/Kanal/Manual-Comunitario-Suen__771_os-y-Catastrofe.pdf
Puedes visitar también el Fotorreportaje: Gran Canal Interoceánico, “La Tierra Prometida” en Nicaragua
La democracia participativa impulsa al movimiento en contra de la gentrificación en El Barrio, Nueva York
Miembros del Movimiento por Justicia del Barril en conferencia de prensa denuncian el plan de “viviendas de lujo” del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. (Foto: Janice Aredondo)
Por Jessica Davies, Truthout
Publicado en inglés en Truthout.
Hace once años, en una zona conocida como El Barrio en el este de Harlem, Nueva York, unos residentes de la comunidad, miembros de quince familias de inmigrantes, todas ellas mujeres, se juntaron para buscar lograr viviendas dignas en su comunidad. Luchaban contra la gentrificación y el desplazamiento, y los abusos de un propietario privado que estaba tratando de obligarlas a abandonar sus hogares con el fin de atraer a inquilinos ricos y transformar a El Barrio querido en donde vivían. Estas mujeres no tenían experiencia previa de cómo organizar, pero se escucharon y se apoyaron mutuamente, y en diciembre de 2004, formaron Movimiento por Justicia del Barrio (Movimiento).
Increíblemente, Movimiento ahora cuenta con 954 miembros, en 95 comités de edificio. El ochenta por ciento de los miembros son mujeres, y las mujeres son la fuerza impulsora detrás de la organización. Movimiento se compone de inquilinos de bajos ingresos, que son inmigrantes; muchos también son indígenas. Obligados por la pobreza a abandonar a su país de origen, han construido una comunidad fuerte en El Barrio y están decididos a no dejarse ser desplazados otra vez. Ellos saben que su lucha es contra el sistema neoliberal representado por los propietarios abusivos, especuladores de propiedades, corporaciones multinacionales, políticos corruptos y las instituciones gubernamentales que buscan desplazarlos de su comunidad.
