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Familiares de los 5 presos de San Juan Cancuc

Invitan a acto por los 5 presos de San Juan Cancuc (22 abril, 10 am)

Esposas y familiares de los 5 presos de San Juan Cancuc nos invitan a un acto pacífico a realizarse en el Palacio Municipal de San Juan Cancuc. 22 de abril, 10 hrs.

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Frayba

Frente a la violencia desbordada en San Cristóbal de Las Casas, expresamos nuestra preocupación y exigimos que se garantice el derecho a la Paz

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
21 de abril de 2023

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Frente a la violencia desbordada en San Cristóbal de Las Casas, expresamos nuestra preocupación y exigimos que se garantice el derecho a la Paz, Garantías y respeto a la vida, integridad y seguridad de la población en riesgo inminente.

Quienes firmamos este pronunciamiento expresamos nuestra profunda preocupación por el incremento y excesiva violencia de grupos armados en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, con una población de más de 200,000 habitantes, quienes actúan con la aquiescencia, tolerancia y protección de funcionarios Estatales, afectando a la población en general. Exigimos se cumpla la obligación del Estado mexicano de proteger el derecho de los pueblos a la paz.

El día 17 de abril de 2023, alrededor de las 11:40 horas, la violencia en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, aumentó tras el asesinato de Jerónimo Ruiz, uno de los lideres de la organización conocida como la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH). Durante más de ocho horas, personas con armas de alto calibre detonaron ráfagas de disparos en varios puntos de la ciudad, quemaron al menos tres casas y asesinaron a otras dos personas, además de que se difundieron diversas amenazas y rumores en redes sociales. El clima de violencia provocó terror entre la población, lo cual llevó a que la tarde de ese día y el día siguiente escuelas de todos los niveles suspendieran clases, diversos comercios cerraron tras los hechos, y un alto porcentaje de habitantes se resguardaron en sus domicilios.

El propio Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, se refirió públicamente al escalamiento de violencia, con un mensaje discriminatorio en contra de personas indígenas y jóvenes de las periferias a quienes responsabilizó de la violencia, con ello promueve la estigmatización y criminalización hacia estas personas y comunidades, y legitima la violencia en su contra.[1]

A pesar de las constantes interpelaciones al Estado mexicano por la actual crisis de violencia en Chiapas, no ha habido una respuesta efectiva. Por el contrario existen diversas señales de colusión, minimización, o inacción, que incrementan el riesgo e indefensión para las víctimas y la sociedad en general, particularmente en niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas.

Es patente que la estrategia de seguridad implementada por el Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno no ha resuelto la problemática sino que ha generado una espiral de mayor violencia, por lo que es necesario generar alternativas desde la sociedad con una mirada de construcción de paz duradera.

Contexto

En la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas han proliferado organizaciones clientelares que administran de manera irregular mercados, transporte público, venta de tierras ocupadas y otras actividades económicas lícitas e ilícitas. Durante los últimos años ha sido evidente el vínculo de algunas de estas organizaciones con funcionarios Estatales y la delincuencia organizada, puesto que se encargan de controlar en diversos mercados el tráfico y venta de drogas, de armas de alto calibre, la trata de personas, la explotación de madera y materiales pétreos, robo de autos, pornografía, etc. Durante los últimos años estas organizaciones han utilizado armas de alto calibre para imponerse aumentando la violencia y la colusión entre empresas, crimen organizado y políticos.

Este fenómeno se enmarca en una conocida disputa actual entre carteles de la droga en el territorio de Chiapas, elevando el riesgo para los habitantes y las personas defensoras de derechos humanos en la región.

Es evidente que en el caso de San Cristóbal de Las Casas poderes fácticos utilizan a grupos criminales que, a través de acciones de terror, buscan controlar a la población y el territorio estratégico para las economías legales e ilegales de la delincuencia organizada.

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Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal

Pastoral social de la Diócesis de San Cristóbal: La paz es un grito que merece ser escuchado

DIOCESIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
PASTORAL SOCIAL

A Los Tres Niveles de Gobierno
A La Sociedad Civil Nacional e Internacional
A Las y Los Defensores de Derechos Humanos
A Los Medios Libres y Alternativos
A Los Medios de Comunicación Nacional e Internacional.
A Los-Las Creyentes de otras Denominaciones Religiosas
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
A Los Hombres y Mujeres de Buena Voluntad

“LA PAZ ES UN GRITO QUE MERECE SER ESCUCHADO”
(PAPA FRANCISCO, 25 DE OCTUBRE 2022)

Ante la descomposición social que va en aumento por la violencia generalizada en el Estado.

Como Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal nos pronunciamos en contra de toda la ola de violencia que estamos viviendo.

Estamos en tiempo de guerra. Nos preocupa el incremento de violencia en los diferentes municipios, la inseguridad, migración, abandono del campo, desapariciones forzadas, feminicidios, trata de personas, despojo de nuestras tierras y territorios, provocando temor, terror, pánico, desplazamiento forzado interno y desestabilización social, cultural, económica, política, religiosa, paralizando la sociedad en general, deteriorando el tejido social.

Ante las pocas oportunidades para el desarrollo de nuestra juventud, el crimen organizado recluta a los jóvenes cada día, ilusionándolos con una vida mejor ofreciéndoles dinero fácil. Esta situación nos interpela ya que la idea de fondo es que valemos por lo que tenemos y no por lo que somos desde nuestra dignidad.

El incremento del costo de la canasta básica provoca que muchas personas opten por unirse a negocios ilícitos, como una manera de sobrevivencia.

Nos pronunciamos en contra del hostigamiento, criminalización, persecución, desaparición y encarcelamiento de los defensores de derechos humanos y lideres comunitarios.

Como pastoral social avalamos el comunicado emitido por nuestra Diócesis de San Cristóbal de Las Casas con fecha 4 de abril de 2023. Martes Santo en la celebración de Oleos.

“Exigimos al gobierno mexicano garantizar la vida de las personas que viven y transitan por el estado de Chiapas. Es responsabilidad del Estado la seguridad y protección de las personas defensoras de los derechos humanos, por el respeto y cuidado de la madre tierra, el territorio, de velar por la vida e integridad de religiosas, sacerdotes y servidores de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, el ejercicio ministerial en contexto de violencia nos hace vulnerables dentro de la entidad chiapaneca.

Como Diócesis de San Cristóbal de Las Casas instamos a que cese la persecución, represión, intimidación y amenazas contra la vida de nuestras hermanas y hermanos que luchan por la construcción de un mundo más solidario y fraterno-sororal”

Como Pastoral Social exhortamos a todos los pueblos a:

  • No bajar nuestros brazos al anuncio de la palabra de Dios y denuncia de las injusticias.
  • Seguir haciendo jornadas de oración, ayunos, peregrinaciones y acciones a favor de los más vulnerables siendo una iglesia profética, comprometida con la paz y la dignidad. Caminando en sinodalidad para construir otro mundo posible.
  • Reforzar procesos en las diferentes áreas e instancias de nuestra diócesis en donde se edifique la conciencia y las alternativas que conducen al buen vivir.
  • Producir y consumir alimentos de nuestros campos cosechados con prácticas alternativas y naturales.
  • Diseñar protocolos de seguridad para prevenir y proteger la vida.
  • Como sociedad, no dejemos que el miedo nos domine, sigamos promoviendo la construcción de paz desde nuestras familias y comunidades.

Exhortamos a un cambio de estructuras y reglamentos sociales. Que exista vida justa para todos.

¡Porque un mundo sin violencia, es posible!
¡Construyamos la paz en nuestros pueblos y comunidades!

PASTORAL SOCIAL DE LA DIOCESIS DE SAN CRISTOBAL:

Comunidades Eclesiales de Base, Área de Salud, Pastoral Penitenciaria, Derechos Humanos, Pueblo Creyente, Área de Mujeres, Cáritas, Movilidad Humana, Acción Social Samuel Ruiz, Pastoral de la Tierra.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; 19 DE ABRIL DEL 2023

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Casas | Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

César y José Luis mayas tseltales enfrentan un proceso penal por defender su territorio en contra de la militarización

    

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

20 de abril de 2023

César y José Luis mayas tseltales enfrentan un proceso penal por defender su territorio en contra de la militarización

  • El próximo 24 de abril de 2023 se llevará a cabo la audiencia de juicio oral en la que podría condenarles por defender su territorio ante la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.
  • El poder judicial del estado de Chiapas tiene una oportunidad de proteger a los defensores comunitarios César y José Luis y con ello los derechos de los pueblos indígenas.

El 15 de octubre de 2020 durante las acciones de manifestación pacifica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández mayas tseltales del pueblo de Chilón y defensores de derechos humanos, fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados; 11 personas más resultaron heridas. Desde entonces ambos defensores se encuentran vinculados a proceso por el delito de motín y en libertad bajo proceso, lo cual les impide salir y realizar actividades más allá del municipio de Ocosingo. El próximo 24 de abril de 2023 podría ser un fecha definitoria de su situacion jurídica ya que el Juzgado de Oralidad en Ocosingo tendrá lugar la audiencia de juicio oral donde se podrían condenar o declarar su libertad.

Ante las irregularidades documentadas por parte de la defensa de José Luis y Cesar, entre ellas una deficiente integración de la carpeta de investigación, la incorporación de pruebas obtenidas de manera ilícita y construcción de informes policiales a modo por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, así como diversos retrasos en el proceso por parte Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo, esperamos que en la audiencia de juicio oral a realizarse el día 24 de abril de 2023 puedan poner fin al proceso injusto al que se les ha sometido. Es importante señalar que como parte del proceso de resistencia pacifica del pueblo indígena tseltal de Chilón se inició en noviembre de 2020 un juicio de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito de Tuxtla Gutiérrez con numero 717/2020 el cual igualmente sigue pendiente de resolverse.

Las organizaciones firmantes vemos con preocupación las respuesta del estado ante el ejercicio del derecho a la protesta, ya que cabe resaltar que este hecho de criminalización no es aislado en Chiapas, y que el patrón suele ser la vinculación a proceso por parte de autoridades judiciales sin tomar en cuenta que se trate de una medida desproporcional que busca criminalizar acciones de protesta social. En conferencia de prensa el CDH Fray Bartolomé, el Pueblo Originario de Chilón, el Pueblo Creyente Zona Chab, Familias Unidas Contra la Tortura y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro Prodh, hicieron un llamado al Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo en su resolución tiene una oportunidad de demostrar que los pueblos indígenas pueden confiar en el sistema de justicia para el respeto de sus derechos y absolver a los defensores comunitarios José Luis y César.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Casas

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

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Avispa Midia

Perú: defensores de la tierra se levantan contra narcoestado

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedia Prado

En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.

El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).

En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.

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El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.

Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.

En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.

A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.

El Perú como narcoestado

La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.

“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).

La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.

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Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.

Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.

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Radio Zapatista

Exigen libertad de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista

La Junta de Buen Gobierno zapatista “El pensamiento rebelde de los pueblos originarios”, del Caracol 9, denunció hoy la injusta prisión del base de apoyo zapatista Manuel Gómez Vázquez, detenido ilegalmente el 4 de diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias. Manuel Gómez fue víctima de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Según denuncia tanto de la Junta de Buen Gobierno como del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de La Casas (Frayba), Manuel está siendo criminalizado por ser base de apoyo del EZLN, acusado falsamente de homicidio tras hechos violentos que se sucitaron en el Ejido el Censo, municipio de Ocosingo, en diciembre de 2020. Según las denuncias, la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado, fabricó el expediente con pruebas falsas, desmentidas por el propio agente municipal.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Frayba, se leyó la carta de la Junta de Buen Gobierno (abajo en la íntegra), el boletín del Frayba, y la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq dio su palabra.


Denuncia de la Junta de Buen Gobierno Zapatista “El pensamiento rebelde de Los Pueblos Originarios” Caracol IX”

JUNTA DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTA “EL PENSAMIENTO REBELDE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”.
CARACOL IX. CHIAPAS, MÉXICO.

AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
A LOS COMPAÑEROS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL:

DENUNCIA PÚBLICA DEL COMPAÑERO MANUEL GÓMEZ VAZQUEZ DEL EJIDO EL CENSO, MUNICIPIO OFICIAL DE OCOSINGO, CHIAPAS, MÉXICO.

ABRIL DEL 2023.

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Radio Zapatista

Terror en San Cristóbal de La Casas, Chiapas

El día de ayer, 17 de abril de 2023, grupos armados se enfrentaron durante más de ocho horas en San Cristóbal de Las Casas, tras el asesinato de Gerónimo Ruiz, uno de los líderes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), que controlaba a los artesanos del mercado de Santo Domingo, y primo de Narciso Ruiz, quien controla el resto de los mercados de la ciudad, donde es sabido que se comercia con drogas, armas y “etnopornografía”.

Alrededor de las 11 am, al subir a su auto en las afueras de su casa en la zona norte de la ciudad, dos individuos en motocicleta realizaron varios disparos, que resultaron en su muerte. Casi inmediatamente, probables miembros de la Almetrach se concentraron para buscar a los asesinos y vengar la muerte de su líder, recorriendo las colonias de la zona norte en camionetas y motocicletas. Durante casi diez horas, la zona norte se vio inmersa en tiroteos con armas de grueso calibre, documentados por diversos testigos, que subieron los videos a las redes sociales, en los que perecieron por lo menos dos personas. También se reportaron vehículos y casas quemadas. Alrededor del Mercado Tiellemans, también se registraron balaceras, lo que causó el pánico en las calles del centro de la ciudad. La mayoría de los comercios cerró sus puertas, las escuelas cancelaron clases, y la población se encerró en sus casas.

A pesar de que el presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, aseguró que la Guardia Nacional, Ejército y Policía Municipal tomarían el control de la situación, las fuerzas de seguridad del Estado brillaron por su ausencia durante casi ocho horas.

Numerosas son las denuncias que vinculan al alcalde de San Cristóbal al crimen organizado. Desde hace ya unos tres años, el estado de Chiapas ha visto un incremento dramático de la violencia por grupos de la delincuencia organizada, con la patente complicidad de diversos funcionarios de gobierno.

Alrededor de las 10 pm, personal de la 31 Zona Militar, Guardia Nacional y Policía finalmente arribaron a la zona del conflicto y los grupos armados se replegaron.

La ciudad amaneció en un ambiente de tensa calma el día de hoy, con elementos del Ejército y Guardia Nacional custodiando la zona de conflicto.

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Avispa Midia

Ecuador | Pueblos se organizan para expulsar a la minera británica Anglo American

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En Ecuador, El Frente de Defensa del Agua, la Vida y la Naturaleza del cantón Pangua, el Frente Nacional Antiminero y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi reunidos en la Asamblea Plurinacional Antiminera, el último 15 de abril, denunciaron la presencia ilegal e inconstitucional de la empresa minera británica Anglo American en el territorio de Pangua, en la Provincia de Cotopaxi, en el centro del Ecuador, “pues no ha existido la Consulta Previa, Libre e Informada”.

Los activistas se oponen a la “pretendida socialización ambiental” realizada por el Ministerio del Ambiente del país ya que argumentan que, “no cumplieron el requisito básico para el otorgamiento de las licencias ambientales a la empresa minera; además, se han vulnerado los artículos 56 y 57 en su numeral 7 de la carta magna, donde se establecen los Derechos Colectivos”.

Asamblea Plurinacional Antiminera realizada el 15 de abril

Una de las resoluciones de esta asamblea exige a la minera Anglo American que retire su maquinaria, personal e instalaciones del Cantón Pangua, en un plazo de 14 días, es decir, hasta el 29 de abril, en particular que salga de las comunidades Punta Brava y Guapara.

Otra de las decisiones es que se realizará una consulta popular, vía Corte Constitucional, para “oponernos a la extracción minera en el cantón Pangua”. Esto se impulsará como iniciativa ciudadana aplicando el artículo 104, párrafo cuarto, de la Constitución de la República del Ecuador.

Exigen que las autoridades locales electas acaten las resoluciones asamblearias y de autoconsulta del pueblo Pangua por la defensa del agua, la vida y la naturaleza.

La asamblea, que está constituida por diversos pueblos, sostienen firmemente prohibir la entrada a corporaciones mineras en sus territorios, por ello respaldan la llamada Acción de Lucha Plurinacional Frente a las Empresas Mineras convocada para el 5 de junio en el territorio nacional, para “exigir a las autoridades mediante mandato popular la declaratoria de nuestros territorios libres de minería”.

 

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Avispa Midia

Brasil | Bolsonaro es responsable por emitir más de 50 millones de toneladas de CO2

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto por greenpeace

La semana pasada la revista científica Scientific Reports, del grupo Nature, lanzó un estudio donde documenta que entre los años 2013 y 2021 la deforestación aumentó en 129% en territorios indígenas, a la par, se aceleró la minería ilegal en estas mismas zonas. Esto fue causa de la emisión de 96 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), del cual se responsabiliza en un 59% al gobierno del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por un equivalente a 57 millones de toneladas de CO2.

El CO2 es uno de los principales gases emitidos hacia la atmosfera responsable por el llamado efecto invernadero, que a su vez es uno de los responsables del aumento de la temperatura en el planeta.

Solo en los tres primeros años de gobierno de Bolsonaro se registró un aumento del 195% en la deforestación con un avance del 30% hacia tierras indígenas establecidas en la selva, alcanzando áreas anteriormente conservadas. El año 2020 es considerado como el de mayor tasa de deforestación de la década, alcanzando más de 10 kilómetros cuadrados deforestados, para dar paso a la minería y la agricultura industrial.

Esta destrucción de la selva fue superada en 2021, con un aumento del 20% de salva talada, alcanzando los 13 mil kilómetros cuadrados, según constató el equipo que trabajó en esta investigación, el cual esta conformado por científicos de diez instituciones y universidades ubicadas en Brasil, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, además de investigadores del IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia).

Por ello, el equipo de científicos sostiene que urge al actual gobierno de este país sudamericano, presidido por Luiz Inacio Lula da Silva, frenar la deforestación en los territorios indígenas, ya que son considerados territorios determinantes ante la crisis climática. Así mismo se recomienda garantizar los derechos de estos pueblos sobre sus tierras.

Según el informe, los territorios indígenas en Brasil albergan alrededor de 700 mil indígenas y más de la mitad de ellos se encuentra en la Amazonia brasileña. Estos territorios concentran más de un millón de kilómetros cuadrados de selva tropical que contribuyen a la regulación del clima, además de albergar una gran biodiversidad y diversidad sociocultural.

“Durante el gobierno de Bolsonaro, con el debilitamiento de las instituciones ambientales y los intentos inconstitucionales de explotar económicamente estos territorios, la deforestación ha aumentado significativamente. Los resultados de nuestro trabajo, por lo tanto, son una importante contribución al nuevo gobierno en la reconstrucción del sistema de gestión ambiental del país”, valora Celso Henrique Leite Silva Junior, investigador del IPAM.

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Avispa Midia

A seis años de su prohibición, organizaciones alertan reactivación de minería en El Salvador

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Protesta antiminera en El Salvador. Organizaciones rechazan la criminalización de líderes comunitarios por su destacada lucha contra la industria extractiva en el norte del país centroamericano.

Los últimos días de marzo marcaron el sexto aniversario de la prohibición de la minería metálica en El Salvador. Pese a la celebración, organizaciones sociales y ambientales exigen mantener la proscripción de la industria extractiva ante acciones del gobierno de Nayib Bukele que muestran señales para su reactivación.

La Mesa Frente a la Minería Metálica es una de las organizaciones que denunciaron que la actual administración pretende reactivar la minería de oro y plata, lo cual pone en riesgo al río Lempa, el principal afluente del país, en cuya cuenca se ubican los principales proyectos mineros.

Mediante pronunciamiento, la Mesa exigió al presidente y a la Asamblea Legislativa a “descartar cualquier intención de reforma, derogación o implementación de leyes paralelas que la contradigan”, en referencia a la reglamentación que convirtió a El Salvador, en 2017, en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera en su territorio. En aquel momento, la nación centroamericana argumentó que la minería es inviable debido a condiciones como su estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave crisis hídrica.

En conferencia de prensa, los ambientalistas señalaron que se encuentran en alerta debido a las amenazas de reactivación de la minería, debido a que el actual gobierno está recibiendo presiones de las empresas internacionales para darle apertura nuevamente a dicha industria, pese a que “las condiciones ambientales que hacían inviable la minería, ahora son aún más graves que cuando se aprobó la ley”.

Golpe a organización antiminera

Más de 50 organizaciones se adhirieron a la exigencia de mantener la prohibición de la industria extractiva. Una de las firmantes es la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), cuyo director ejecutivo, Antonio Pacheco, se encuentra detenido desde enero de este año, junto a otros cuatro activistas antimineros, tras alertar sobre el posible retorno de la minería al país centroamericano.

Por ello, las organizaciones demandaron “el cese de la persecución contra líderes comunitarios y que el aparato judicial no sea utilizado para criminalizar a defensores ambientales, sobre todo cuando a ellos el país les debe el estar a salvo de los graves daños de la minería metálica”.

Los activistas detenidos forman parte de la comunidad de Santa Marta en el departamento de Cabañas, cuya región, al norte del país, se encuentra en la mira de empresas mineras para extraer oro y plata.

Fue en el periodo de 2000 al año 2017, cuando empresas canadienses y australianas mantuvieron acciones para implementar la minería, en oposición a las comunidades de la región.

Con la detención de los líderes comunitarios, a principios del 2023, las comunidades acusan irregularidades en el proceso judicial. Señalan que fueron acusados, sin pruebas, de un crimen supuestamente cometido en el marco del conflicto armado hace 30 años, ignorando procesos jurídicos establecidos y violando la Ley de Reconciliación Nacional. Resalta que los detenidos tienen una larga historia de lucha antiminera en Cabañas, por lo que las organizaciones denuncian que la motivación real del gobierno es debilitar la resistencia minera en la zona.

Amenaza latente

De acuerdo a los ambientalistas, existen más de 50 proyectos mineros que amenazan con contaminar el río Lempa, el cual abastece de agua a más de 3 millones de salvadoreños.

Debido a esta cantidad de proyectos y las iniciativas del presidente Bukele, quien promueve la inversión en infraestructura como el Tren y el Aeropuerto del Pacífico, así como la ciudad Bitcoin, las organizaciones señalan diversas acciones gubernamentales que indican el regreso de la minería.

Por ejemplo, indican que, en mayo de 2021, El Salvador se hizo miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, una red de 77 países que promueve la minería metálica en el mundo.

Para octubre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley, creando la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas con el mandato de fomentar la minería en el país. Además, el presupuesto del país para este año incluye $4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar” la ley que prohíbe la minería metálica.

Pendientes

En conferencia de prensa, miembros de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica pidieron al Estado retomar el estudio de un proyecto de ley para sustituir al actual reglamento para garantizar la prohibición de la minería metálica en el país centroamericano.

Ariela González, integrante de la Mesa, sostuvo que, a seis años de la creación de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica, muy poco se ha avanzado en reducir los daños al ecosistema que dejaron las empresas mineras. Por ello, la ambientalista pidió al Estado salvadoreño cumplir con obligaciones pendientes, como ejecutar los cierres técnicos de minas en abandono y procesos de remediación ambiental además de que se prohíba la minería artesanal.

“Que se tome en cuenta la propuesta para un nuevo reglamento de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica propuesta en noviembre de 2022 por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador para evitar la contaminación del agua y que esta siga ocurriendo, así como contrarrestar la posibilidad de que surjan más drenajes ácidos en minas”, dijo González.

Los ambientalistas también pidieron a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar una reforma a la Constitución de la República para prohibir la minería metálica en todas sus modalidades y que se implemente la Ley General de Recursos Hídricos para suscribir convenios internacionales para detener la contaminación del río Lempa.

El pasado 4 de marzo, más de 400 líderes de comunidades de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Libertad, La Paz y otros departamentos convergieron en el Encuentro Nacional frente las Nuevas Amenazas de la Minería Metálica en El Salvador para protestar contra la represión en Cabañas y para seguir posicionándose en contra de la minería metálica en todo el país.