Oxolotán es un pequeño y antiguo poblado construído a un lado del río homónimo, en la sierra sur de Tabasco, cerca de la frontera con Chiapas. En 2007, lluvias históricas causaron inundaciones en toda la región; una de las poblaciones entonces afectada fue Oxolotán, al desbordarse el río. Diez años atrás, en noviembre de ese año, llegaron a ese poblado víveres producidos y transportados por bases de apoyo zapatistas de la Zona Norte de Chiapas, quienes tuvieron que cargarlos en la espalda durante horas en algunos trechos porque los caminos estaban destruídos. Humilde pero significativa solidaridad, al tiempo que los pobladores lamentaban el abandono del gobierno ante el desastre. Semillas de dignidad.
Ahora, diez años después, tras un largo caminar, llegaron a este poblado el Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy. De nuevo a plantar semillas.
Fueron pocos los que asistieron al evento. Pero para las concejalas y concejales y Marichuy, no son las grandes masas las que interesan si en ellas no florece la semilla de la resistencia y la rebeldía. “No importa que sen pocos”, dijo el concejal Hernán Calvo, del Municipio Autónomo San Pedro Michoacán, Caracol de La Realidad. “No importa que sea uno, que sean dos, que sean tres. Por ese uno venimos, por esos dos, por esos tres. Que su corazón no se ponga triste porque las resistencias así inician. Tiene que iniciar uno, luego echar semillas para que después se haga una gran plantación.”
“Es el momento de quitar la venda de nuestros ojos”, dijo la concejala Irma, del Municipio Autónomo 17 de Noviembre, Caracol de Morelia. Es el momento de dejar de creer en las promesas de los partidos, es el momento de dejar de vender las tierras y las riquezas por migajas que resuelven ahora y nos despojan después, es el momento de organizarse, dijeron todos de una u otra forma. “Si hubiera llegado algún político con despensas”, dijo la concejala Guadalupe Vázquez de Acteal, “con refrescos, con tortas, con gorras, con playeras, estaría lleno el parque aquí. Nosotros no vamos por eso. No estamos por el poder porque no lo queremos; el poder de ellos es nuestra destrucción”. “Nosotros no traemos regalos, no traemos nada”, dijo el concejal Hernán Calvo. “Simplemente venimos a dejar el regalo más grande: la palabra, la meditación, la organización.”
Tanto él como la concejala Guadalupe se dirigieron a los policías municipales presentes que tomaban fotos del evento que, por pequeño que fuera, al parecer no deja de preocupar al poder. “Ojalá estuvieran aquí para servir a su pueblo”, dijo Guadalupe, “que es quienes les pagan para trabajar. Ojalá vean a su pueblo, vean su sufrimiento”. “Qué bueno que nos escuchan los hermanos de la policía municipal”, dijo Hernán. “Queremos compartirles que los apreciamos, que los queremos, que los llevamos en el corazón porque son nuestros hermanos.” Y lanzaron un mensaje de unidad.
“Hemos recorrido el país y hemos escuchado que nuestros hermanos y hermanas están sufriendo”, dijo Marichuy. En este caminar por el país, los dolores de abajo se van desenterrando y con ellos se va dibujando un paisaje de despojo, de atropello, de violencia, de humillación y de muerte. El caminar del Concejo Indígena de Gobierno, explicó, es para escuchar esos sufrimientos y para compartir la palabra: tejer, con la materia de esos dolores pero también con las prácticas ancestrales de la colectividad, la organización para, juntos, construir otro país. “Así como las plantitas, que primero es la semilla, luego va creciendo y luego dando fruto, así tenemos que crear algo desde abajo, porque nadie va a venir a resolver nuestros problemas.”
Chapultenango es una pequeña población en la región zoque de la zona norte de Chiapas, cerca del volcán Chichonal, donde el gobierno federal pretende instalar una geotérmica en el cráter, contrariando la voluntad de los pueblos. En esta región se pretende también concesionar 84 mil 500 hectáreas para la apertura de 11 pozos petroleros y diversos proyectos mineros, lo cual afectaría gravemente la sobrevivencia y la forma de vida de los pueblos zoques de la región.
Ante la amenaza de despojo y desplazamiento, los pueblos decidieron organizarse, y en asamblea acordaron integrarse formalmente al Congreso Nacional Indígena y nombrar una concejala y un concejal para formar parte del Concejo Indígena de Gobierno.
Aquí, a Chapultenango, llegó dicho Concejo y su vocera Marichuy este 14 de diciembre, para escuchar y compartir la propuesta organizativa de los pueblos. Y aquí, a pesar de las amenazas, que hicieron que varios compañeros no pudieran asistir, y el corte de la señal de internet antes, durante y después del evento, se escucharon las palabras de concejalas y concejales y de Marichuy, así como del Pueblo Creyente Zoque y del Comité por la defensa del agua, que denunciaron los intentos de despojo que sufren los pueblos zoques del norte de Chiapas.
El concejal Fortino, zoque migrante en Guadalajara, explicó que en esa ciudad los migrantes zoques también se organizan. Después procedió a dar un resumen del recorrido del Congreso Nacional Indígena estos 20 años y la conformación del Concejo Indígena de Gobierno el año pasado, ante el despojo que sufren los pueblos indígenas a lo largo y ancho del país. Y aclaró que no se trata de una propuesta electoral. “Lo que quieren los pueblos es ejercer el poder que de por sí tenemos. Juntar las resistencias de todo el país para enfrentar el sistema de muerte.”
Lo mismo dijo Guadalupe Vázquez, concejala tsotsil de Los Altos de Chiapas y sobreviviente de la masacre de Acteal. “Estamos aquí porque estamos hartas de tanta injusticia, tanta represión, tantas muertes, tantas desapariciones. No queremos la silla presidencial porque nos ha destruido, nos ha matado, nos ha desaparecido, nos ha explotado, nos ha quitado todas nuestras riquezas, nuestras tradiciones, nuestras culturas.” Hizo énfasis en la urgencia de organizarse porque, de no hacerlo “nuestros hijos serán esclavizados… y nadie quiere ver a sus hijos esclavos. No queremos ver un futuro peor que el que estamos viviendo nosotros. Mañana nuestros hijos van a decir: gracias a mis padres, a mis abuelos, hoy tengo tierra, no soy esclavo”.
El concejal José Jiménez, de Teopisca, hizo un breve resumen de la lucha de la ranchería San Francisco, ejemplo de organización y resistencia en la defensa de la tierra y el territorio.
Marichuy por su vez hizo un recuento del surgimiento del CNI en 1996 y del CIG 20 años después. “Vimos que ante los intentos organizativos había represión, encarcelados, muertos, desaparecidos. Y vimos que están de la mano el gobierno y el crimen organizado. Son ellos los que han metido temor en las comunidades ante los intentos organizativos; son ellos quienes han estado de la mano para llevarse nuestras riquezas, contaminar las aguas, despojarnos de las tierras.” Y explicó: “Los concejales son la semilla organizativa en cada región” y su papel es ir articulando las muchas luchas de los pueblos contra el despojo y la muerte. Se trata de una “propuesta para todo México, y en México estamos todos: hombres y mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, maestros, doctores, artistas… todos”.
(Lee las palabras de Marichuy.)
Nota: Se necesita ayuda humanitaria urgente.
Si estás en San Cristóbal, se requiere maíz, frijol, harina de maíz, utensilios de cocina, cobijas y toallas femeninas. Llevar a:Cáritas, Diócesis de San Cristóbal
Prolongación Benito Juárez 8 – Planta Alta
Colonia Maestros de México
Tel: 967-120-3722Para ayuda económica:
Cáritas SCLC – Banco Mercantil del Norte (Banorte)
Cuenta 0642624985
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El pasado 9 y 10 de diciembre, diversas organizaciones realizaron una visita de observación y documentación de derechos humanos al municipio de Chalchihuitán, donde casi 6 mil indígenas tsotsiles se encuentran desplazados por un grupo armado de Chenalhó, cobijado y a servicio de la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en una disputa territorial provocada por el gobierno federal hace cuatro décadas.
Los desplazados se encuentran en situación extrema de vulnerabilidad, la mitad viviendo a la intemperie en temperaturas que de noche descienden a bajo cero, y que ya cobraron la vida de tres niñas y un niño pequeños y dos adultos mayores. La otra mitad se encuentra hacinada en casas de parientes o amigos en la cabecera municipal de Chalchihuitán, donde hasta 40 familias se abrigan en una misma casa, en condiciones de creciente carencia alimenticia.
Chalchihuitán se encuentra sitiado. La carretera de acceso fue cortada con maquinaria pesada y no ha sido reestablecida, a pesar de las aseveraciones del gobierno de Chiapas, quien supuestamente habría acordado con el grupo armado el reestablecimiento de las vías de comunicación. Al mismo tiempo, el grupo armado sigue operando en esa área y quienes pasan a pie temen ser asesinados. Esto significa que, para llegar con ayuda humanitaria, es necesario recorrer un difícil camino de terracería, un recorrido de 9 horas desde San Cristóbal vía Simojovel (normalmente el trayecto se hace en poco más de una hora). Esto también ha afectado a los habitantes de la cabecera municipal y de muchas otras comunidades, pues el abastecimiento de alimentos se ha visto seriamente perjudicado y los precios de los alimentos básicos han aumentado de manera considerable.
La respuesta del gobierno ha sido un maquillaje y lo que los observadores califican como una burla. La “ayuda” del gobierno se ha limitado a alimentos chatarra, en principio destinados a los damnificados del sismo, que, además de ser insuficientes, enferman a los campesinos, que no están acostumbrados a esos alimentos… y una cobija por familia. Al mismo tiempo, el grupo armado, con vínculos conocidos con la alcaldesa Rosa Pérez y el PVEM, continúa operando con total impunidad.
Los observadores reportan enfermedades de las vías respiratorias y gastrointestinales, carencia de medicamentos y atención médica urgente y condiciones climatológicas extremas. También reportan un estado psicológico de miedo y estrés extremo, sobre todo en los niños, que sobreviven en condiciones inhumanas. “Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento”, dice el informe conjunto leído durante la conferencia de prensa. Hay niños recién nacidos e incluso algunos que nacieron ya en condiciones de desplazamiento. Se relató el caso de una mujer que, el mismo día que dio a luz a su bebé, tuvo que huir, con el bebé y otro niño en brazos.
Como es bien sabido, el problema lo ocasionó la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), al desconocer los acuerdos comunitarios existentes sobre los límites territoriales y repartir tierras conforme a una línea arbitraria que condujo a un conflicto agrario entre pueblos hermanos que otrora vivieron en perfecta armonía. Al mismo tiempo, el grupo armado es producto directo de la política de paramilitarización y contrainsurgencia plasmada en el Plan de Campaña Chiapas 1994, elaborado como respuesta al levantamiento zapatista, y que resultó en la Masacre de Acteal en 1997.
(Ve Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación detallada de los orígenes del conflicto y la responsabilidad de los gobiernos local, estatal y federal.)
Los observadores advierten que las condiciones actuales son muy similares a las existentes previo a la masacre de Acteal, que este 22 de diciembre cumple 20 años de impunidad, y cuya señal de continuidad más visible es este desplazamiento forzado de 6 mil personas, la mayoría mujeres y niños.
Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? – Artículo de RZ analizando el conflicto.
Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado – Pronunciamiento leído durante la conferencia de prensa.
Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas – Comunicado de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Grupos armados operan con aquiescencia del Estado mexicano en Los Altos de Chiapas – Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Programa de radio de “Frecuencia Mutante”, 9 de diciembre:
Parroquias de Chenalhó y Chalchihuitán realizan misa y peregrinación – Nota, fotos y audio
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Invita al Cine Debate:
Ciclo: Semillas de Conciencia
Acteal, nunca más
Dirección: Epigmenio Ibarra 13.10 min
De Las Abejas que no olvidan
Dirección: Mardonio Carballo 27.40 min
14 de Diciembre a las 18:00 horas
KINOKI Foro Cultural Independiente
Calle Belisario Domínguez 5-E, esquina Andador Guadalupano, SCLC, Chiapas
Sinopsis:
A 20 años de impunidad por la Masacre de Acteal, la memoria colectiva de Las Abejas de Acteal persiste en la construcción de Otra Justicia. Sus voces, sus nombres, sus rostros siguen caminando la paz.
Se transmite #EnVivo desde:
Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.
El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.
La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.
Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.
A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.
Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.
El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.
La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.
En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.
Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.
Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio1 y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.2
Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.
Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.
Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.
Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.
Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:
Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.
Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.
Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.
Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.
Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.
Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.
Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.
Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C
Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org
Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017
Pronunciamiento conjunto
Hija, soy agredida porque exijo justicia por tu feminicidio: Irinea Buendía
Estado de México a 10 de diciembre de 2017.
Querida Mariana:
Soy Irinea Buendía Cortés, tu madre. Desde que fuiste víctima de feminicidio por parte de Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial de Chimalhuacán, Estado de México, nuestra familia ha sido agredida porque no me he detenido en alzar la voz en la búsqueda de justicia.
Estas agresiones se han intensificado desde que cambiaron de penal a tu asesino. Ahora el feminicida sigue teniendo su red de apoyo, poder y control en la zona oriente, situación que nos afecta como familia, pero tal parece que están más protegidos los derechos del asesino que los nuestros.
Hemos tenido que desplazarnos de la casa por el riesgo que corremos. Nuestra familia ha sido agredida, hostigada y seguida en múltiples ocasiones. Somos objeto de agresiones físicas, difamación, amenazas de muerte y fabricación de delitos en nuestra contra.
Con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) iniciamos un largo recorrido porque la autoridad que inició la averiguación previa en tu caso, perdió todas las evidencias. Llevamos nuestra inconformidad al máximo tribunal del país lo que derivó en que justo el día en que cumplirías años, el 25 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió la Sentencia 554/2013.
Esa sentencia ordenó que tu caso -que había sido cerrado- calificando tu muerte como suicidio, se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.
La sentencia tiene tres efectos que son un referente en el país: 1.- Investigar con perspectiva de género y debida diligencia; 2.- Sancionar a las y los servidores públicos que incurren en irregularidades que obstruyan el acceso a la justicia; 3.- Reparar el daño realizado por las autoridades, e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas, para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia.
Es grave que las recomendaciones de la SCJN no se estén cumpliendo, porque -a pesar de la capacitación- siguen existiendo vicios y no se atienden los mínimos de estas recomendaciones. Observo que muchos casos de muertes violentas de mujeres, incluidas aquellas que parecen haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, no se investigan con perspectiva de género para poder determinar si fueron o no feminicidios.
Las autoridades, teniendo todos los protocolos a su disposición, nacionales e internacionales, no aplican ninguno, porque los desconocen, dejando nuestros casos en la total indefensión, abusan de nuestra ignorancia a sabiendas de que el Ministerio Público es nuestro defensor.
Los ministerios públicos, jueces, peritos, policías judiciales y municipales, no tienen o desconocen de qué se trata la perspectiva de género y la debida diligencia. La carpeta de investigación la inician diciendo que es un homicidio, incluso confundiendo mujeres con hombres. No conocen los pasos a seguir en cuanto a los protocolos, las carpetas de investigación son manoseadas, no para trabajar en ellas, sino sólo para enterarse de su contenido, existen omisiones, negligencias, falencias, etc. que obstruyen la justicia para que los casos queden en la impunidad.
Cuando se investiga la muerte violenta de una mujer, las instituciones de procuración y administración de justicia deben realizar sus investigaciones con perspectiva de género y derechos humanos. Debe implementarse un método y protocolos para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por razones de género.
Las carpetas de investigación deben de trabajarse con ética, profesionalismo y no como una mera o simple formalidad condenada a ser infructuosa. La situación es grave por la saña y las formas en que las mujeres y niñas son asesinadas. Además, las autoridades no reconocen la gravedad de la problemática, de que están rebasados y siguen sin dar una solución a la mayoría los casos de feminicidio, cuando según el INEGI, en el Estado de México son asesinadas cuatro mujeres al día.
De la mano de las organizaciones no gubernamentales, seguimos pidiendo se impulsen acciones para abatir los feminicidios en el país y de manera urgente en el Estado de México, cuyos índices de violencia se acrecientan y prevalecen en la impunidad.
La investigación debe tener un sentido humanista y ser asumida por el Estado como un deber jurídico y no como una simple gestión de intereses particulares pues he visto que ahora, los avances dependen de la iniciativa de las víctimas. Nosotras, como familiares y víctimas, hacemos la aportación derivada de elementos que puedan ser probatorios sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.
En el marco del “Día Internacional de los Derechos Humanos”, hago un llamado de auxilio para que tu feminicidio no quede impune y para que las autoridades salvaguarden mi vida e integridad física, así como la de toda nuestra familia.
Hoy, alzo mi voz por todos los feminicidios, no nada más por el tuyo, exhorto al Gobierno Federal, a la Secretaría de Gobernación, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista, y al Gobierno del Estado de México para que a la brevedad posible le den la atención debida a nuestro grito de auxilio. Las mujeres estamos en una situación muy grave y seguimos en constante riesgo, exigimos acceso a la justicia y justicia, porque el mensaje que les siguen mandando a los hombres misóginos, perversos, violentos, cobardes y asesinos, es que pueden asesinar a una mujer y no pasa nada.
Atentamente
Tu mamá, Irinea Buendía Cortés
Familiares en búsqueda de Justicia del Estado de México