En el marco de la labor de monitoreo que organizaciones de la sociedad civil están llevando a cabo en torno a los llamados éxodos o caravanas migrantes, convocamos a la Misión de Observación de Derechos Humanos de la Crisis Humanitaria de Refugiados y Migrantes en el Sureste de México, que se desarrollará del 29 al 31 de mayo de 2019 en la costa de Chiapas.

Los objetivos de la Misión son:

• Contribuir al fortalecimiento de la documentación sobre la situación que viven las personas que son parte de los flujos de desplazamiento forzado llegados a la frontera sur en forma de “caravanas” o “éxodos”, y la respuesta de las distintas instituciones del Estado, concentrando la atención en violaciones a derechos humanos por omisión, acción y/o aquiescencia.

• Posicionar y visibilizar a nivel nacional, regional e internacional la crisis humanitaria que viven las personas migrantes y solicitantes de asilo desde un enfoque de derechos humanos.

• Incidir ante el Estado mexicano a nivel Federal y con autoridades estatales y municipales en la necesidad de afrontar la situación emergente, de forma integral, pensando en la seguridad de las personas, y de impulsar marcos normativos y políticas migratorias y de refugio que eviten en el futuro inmediato nuevas crisis y violaciones sistemáticas y sistémicas a los derechos de esta población.

• Reflexionar sobre mecanismos de respuesta mediante una política de acogida e integración que permita el goce efectivo de todos los derechos sin discriminación alguna.En ella participarán personas miembros de las redes convocantes, de organizaciones sociales defensoras de las personas migrantes y refugiadas de México y la región, así como de academia y medios de comunicación.La agenda de trabajo comprenderá el recorrido por el territorio fronterizo y la costa de Chiapas, que es escenario de violaciones a derechos humanos relativos al mencionado éxodo, así como campos de refugiados, centros de detención migratoria y otros lugares de interés. Tendremos también momentos de interlocución con las instituciones públicas implicadas en la respuesta que el Estado está ejerciendo ante este contexto.

En ella participarán personas miembros de las redes convocantes, de organizaciones sociales defensoras de las personas migrantes y refugiadas de México y la región, así como de academia y medios de comunicación.

La agenda de trabajo comprenderá el recorrido por el territorio fronterizo y la costa de Chiapas, que es escenario de violaciones a derechos humanos relativos al mencionado éxodo, así como campos de refugiados, centros de detención migratoria y otros lugares de interés. Tendremos también momentos de interlocución con las instituciones públicas implicadas en la respuesta que el Estado está ejerciendo ante este contexto.

La Misión de Observación está convocada por

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano; Alianza Américas, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura; Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM); la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM CANA) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

El 14 de Mayo, aproximadamente a las 8 de la noche fue puesto en libertad nuestro compañero Juan Pérez Álvarez quien se encontraba en huelga de hambre en el CERSS nº10 de Comitán de Domínguez dentro de la organización Viniketik en resistencia. El pasado 8 de mayo le había sido notificada su libertad depués de llevar más de 16 años recluido, ya que bajo los beneficios penitenciarios por trabajo, buena conducta, ect., su pena se encontraba saldada del delito por el cual había sido condenado. Horas después le es notificado que tiene otra acusación por un delito de secuestro que supuestamente cometió en el año 2.003, de este delito argumentan que desde el 2.018 se había girado una orden de aprehensión pero que no se pudo notificar por desconocimiento de su paradero. Poco después es trasladado al Ministerio Público para tomarle declaración. Todo esto 16 años después de ese supuesto delito. Ante esta disparatada situación, Juan decide lanzarse a huelga de hambre aún siendo diábetico y representando esto una grave situación de riesgo a su salud y a su vida. Por falta de elementos, finalmente el 14 de mayo le vuelven a dictaminar la libertad a nuestro compañero, pero todavía el Ministerio Público puede apelar esta decisión y por ello le piden que se presente dentro de 20 días para ver si tiene que volver a ser encarcelado. Juan argumenta que fue detenido sin orden de aprehensión mientras se trasladaba a su lugar de trabajo , obligado a firmar papeles en blanco y a autoincumparse bajo tortura de un delito que no cometió. Ante un careo la parte acusatoria dice no reconocerlo, y aún con todo eso fue sentenciado a 30 años. Han sido 16 años y dos meses de vida robada, largos años en los que nuestro compañero ha tenido que vivir separado de su familia, privado de ver crecer a sus hijos. Años de encierro y de injusticia que no hay manera de recuperar, graves daños a su vida y a su integridad imposibles de reparar. Su dignidad y su lucha ponen de manifiesto la crueldad de su historia, y de muchas más que se esconden detrás de los muros de la prisión. A día de hoy las acciones de lucha y la huelga de hambre en exigencia de justicia y libertad sigue en el CERSS nº10 de Comitán y en el CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas.

Desmilitarización urgente en territorio zapatista

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas            Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

A 22 de mayo de 2019

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Sobre el seno y los brazos de la madre tierra sagrada de Acteal, nos volvemos hoy a encontrarnos, en respeto a nuestras hermanas y hermanos 45 y 4 bebes masacrados por un grupo de paramilitares priistas de Chenalhó por orden de Ernesto Zedillo Ponce de león y del ejército mexicano.

Nosotras y nosotros como sobrevivientes de la masacre de Acteal y miembros de la Organización Las Abejas de Acteal, escuchamos y miramos que en México cada vez más la situación de derechos humanos y la vida se encuentran al borde del abismo de la muerte.

A 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha intensificado la estrategia contrainsurgente a Pueblos Originarios, El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), registró que desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas).

Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares.

Nosotras y nosotros miembros de una organización No violenta, exigimos a López Obrador que salgan los militares de todas las comunidades y territorios de Chiapas, como por ejemplo aquí en Majomut, del municipio de Chenalhó Chiapas, no los queremos aquí, porque son una amenaza para nuestra cultura de paz y sobre todo para las mujeres que somos víctimas acoso sexual y que atenta nuestra dignidad. Además, estos militares son los mismos quienes entrenaron y le dieron armas a los paramilitares para masacrar en Acteal.

Es decir, bajo ninguna circunstancia no sirve la presencia del ejército mexicano porque en el gobierno de los priistas y ahora en el gobierno morenista el ejército solamente les ha rentado su servicio a las trasnacionales para proteger sus intereses económicos y para el despojo de nuestra tierras y territorios. Por esta razón urge que el ejercito mexicano se vayan a sus cuarteles.

Además, nuestra exigencia de la salida de los paramilitares de nuestros territorios, exigimos también a López Obrador que saque a las empresas mineras de Chiapas y de México porque su “desarrollo” de ricos y poderosos, han asesinado a muchas y muchos defensores de la madre tierra y de los derechos humanos y la vida; en pocas palabras, los proyectos extractivistas, mata y apesta.

Exigimos a los tres niveles de gobierno que sean respetados sus derechos a la libre manifestación y su integridad física de los habitantes del pueblo Solusuchiapa en Chiapas, decidieron tomar la minería Santa Fe de Carlos Slim.

Desde la tierra sagrada de Acteal donde en este momento nuestra palabra y dignidad hablan saludan el tercer encuentro estatal del pueblo; comunidad y organizaciones, aquí decidimos si a la vida, no a la minería que tuvo lugar en santa Catarina Lachatao y Capulatpam de Méndez en Oaxaca.

Con estas acciones que están realizando nuestros hermanos por la vida de la madre tierra y por la vida, estamos orgullosos y alegres porque se le está demostrando al mal gobierno y a las empresas de muerte que ya basta de sus despojos en nuestros territorios y les decimos que ya no queremos asesinatos a los defensores de la vida y de la madre tierra.

En muchas partes de nuestro México, hombres y mujeres han recuperado su conciencia por lo que nos solidarizamos con ellos, como lo ha expresado nuestro hermano y compañero de lucha padre Marcelo con los movimientos en defensa del territorio.

Desde esta tierra sagrada de Acteal donde emana memoria y esperanza exigimos justicia por los asesinatos de nuestros compañeros Samir Flores Soberanes, José Lucas Bartolo y Modesto Verales quienes eran integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno.

Ante todo, lo anterior exigimos:

Alto a los asesinatos de las y los defensores de la madre tierra y de la vida.

Alto a la impunidad.

Desmilitarización urgente en territorio zapatista
No a la guardia nacional
No al tren maya
No a las minerías si a la vida

Castigo a Ernesto Zedillo Ponce de león autor principal intelectual de la masacre de Acteal y sus cómplices.

Desde Acteal casa de la memoria y esperanza seguimos trabajando en la otra justicia y en la construcción de nuestra autonomía.

Atentamente

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Juan Vásquez Luna                  Antonia Vásquez Pérez

Presidente                                 Vicepresidenta

Hermilo Pérez Sántiz                   María Vásquez Gómez

Secretario General                     Subsecretaria

Genaro Oyalté Pérez                  Antonia Pérez Pérez

Tesorero                                   Subtesorera

Al CCRI CG EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A la Comisión Sexta del EZLN.
Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de Jesús Patricio Martínez.
Al Congreso Nacional Indígena.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las “Redes de Resistencia y Rebeldía”.
A las Organizaciones Estudiantiles, Sindicales y Políticas
A las Organizaciones en Lucha
A quienes se asumen anticapitalistas y antipatriarcales.
A los medios de comunicación, independientes, alternativos o como se llamen.
A las Resistencias y Rebeldías en todo el mundo que luchan contra el Capitalismo.
Al pueblo de México y al Mundo.

Hermanas y Hermanos.

Las organizaciones, colectivos, redes de apoyo al CIG, individu@s y adherentes a la Sexta, que participamos en la asamblea emergente contra la militarización en territorio zapatista y contra la represión hacia los pueblos y comunidades indígenas del CNI-CIG , reunidos en el Café “Zapata Vive” el pasado 9 de mayo del año en curso, condenamos los arteros asesinatos políticos de los compañeros Samir Flores Soberanes, José Lucio Bartolo y Modesto Verales, todos ellos, integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno. Nuestros hermanos fueron asesinados por defender la vida y por defender la Madre Tierra. Exigimos a Andrés Manuel López Obrador, verdad y justicia para nuestros compañeros asesinados, exigimos castigo a los culpables, pues el crimen organizado, la clase política y los dueños del poder y del dinero, así como las autoridades municipales, estatales y federales gozan de plena impunidad frente a estos hechos.

Denunciamos la creciente militarización en territorio zapatista bajo la orden del Estado Mexicano, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues, como bien señala el CDH FRAYBA, “Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población.”

Exigimos, alto al acoso contrainsurgente y paramilitar en contra de los pueblos y comunidades autónomas zapatistas en Chiapas; exigimos respeto a la tierra, territorio y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, que siendo o no del CNI-CIG, luchan, resisten y se organizan en contra de los megaproyectos de destrucción y muerte; exigimos, QUE EL EJÉRCITO SALGA INMEDIATAMENTE DE CHIAPAS Y EN PARTICULAR DE TERRITORIO ZAPATISTA, pues, es en “la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad”, donde se ha centrado en mayor cifra la militarización.

Rechazamos, que desde el capitalismo neoliberal que hoy gobierna, se impongan mediante la “simulación de consultas”, mega proyectos de destrucción y muerte, como el mal llamado “Tren Maya”, el “Corredor Transístmico”, el “Proyecto Integral Morelos”, la “siembra de un millón de hectáreas con árboles frutables y maderable”, así como los proyectos extractivistas, mineros y petroleros, las presas, parques eólicos, complejos turísticos, el aeropuerto en Santa Lucía y otros, que responden a los intereses estratégicos del capital estadounidense y trasnacional, como las ZEE. Rechazamos la militarización del País, mediante la creación de la Guardia Nacional, rechazamos su complicidad con el paramilitarismo y su colusión con el crimen organizado, rechazamos la continuidad de una guerra contra el pueblo que se opone al sistema capitalista neoliberal, sobretodo, porque responde a los intereses de Trump, como oferta de un “nuevo gobierno de bienestar y desarrollo”.

Herman@s, nuestra lucha es por la vida y porque, nuestros herman@s zapatista no están sol@s, invitamos a los colectivos, organizaciones, redes de apoyo al CIG, individu@s y adherentes a la Sexta nacional e internacional, a participar y organizar las siguientes acciones:

1er. F O R O
CONTRA LA MILITARIZACIÓN EN TERRITORIO ZAPATISTA Y EN CONTRA DE LA REPRESIÓN A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CNI-CIG
Dicho evento se llevará a cabo el día sábado 25 de Mayo, 11:00 hrs.
En el Café “Zapata Vive”. Certificados 6, Col. Alamos. Metro Xola.

Así mismo, l@s invitamos a participar creativa y activamente, según sus calendarios y geografías, en México y el Mundo en la siguiente Accion Global contra la militarización, bajo el siguiente título:

L@S ZAPATISTAS NO ESTÁN SOL@S
JORNADA DE LUCHA Y ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA MILITARIZACIÓN EN TERRITORIO ZAPATISTA Y EN DEFENSA DE LA TIERRA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CNI-CIG.
Dicha Acción Global se realizará, para el caso de México, el día 31 de Mayo de a las 17:00 Hrs. CDMX. Frente a Palacio Nacional.

Finalmente, reiteramos la invitación para tod@s aquell@s que luchan contra el capitalismo y que su corazón late abajo y a la izquierda, para que según sus calendarios y geografías, sus modos y muy sus formas, realicen acciones similares y/o simultáneas, en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y contra la militarización en territorio zapatista. Que sepa el Finquero, los Capataces, Caporales y Mayordomos, que nuest@os herman@s zapatistas, ¡NO ESTÁN SOL@S!

A cien años del asesinato de nuestro General Emiliano Zapata,

¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

Con Resistencia y Rebeldía,
desde abajo y a la izquierda luchamos por la vida.

Atentamente

Colectivos, Organizaciones, Redes de apoyo al CIG, individu@s y adherentes a la Sexta, que suscriben este pronunciamiento

Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG, Comunidad Indígena Otomí Residentes en la CDMX, Colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la violencia, Resonancias Radio – Casa de los pueblos Mexico, Colectivo Zapatista Neza, Frente de Trabajadores por el Derecho a la Salud y S.S., Café “Zapata Vive”, UPREZ Benito Juárez, Colmena Oaxaca, Regeneración Radio, “Zapateando Medios Libre”, Noticias de Abajo y Laboratorio Popular de Medios Libres, Mujeres que Luchan y se Organizan Anticapitalistas y Antipatriarcales, C.C. Tultepec, Arquitectura UNAM, Concejo Supremo Indígena de Xochicuautla, Movimiento Social en Defensa de la Tierra-Ixtapaluca, Rebelión, MTS, Comité por la Memoria y Justicia Bety Cariño, Grupo Internacionalista, Eduardo Ibáñez del Plantón por los 43, Roxana, Leonel López Piña-Colectivo Los Ojos del Coyote-Prepa 6, Benita Rodríguez-SITUAM, Abigail Pamela Gómez Suárez-SITUAM, Zenhia Alvarez González-SITUAM, Roberto Rocha López-SITUAM, Profesora Karina Ayala Soto-Interventora Educativa y Pedagoga (Morelos), Elizabeth Galina-Red Tierra y Libertad, Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta, Brigada de Salud Zapatista de Pantitlán, La Otra Cultura Inlakech, Carmen Cariño Trujillo-Profesora de la UAM Azcapotzalco, Profesora-Investigadora Mayra Terrones Medina del Posgrado en Desarrollo Rural-UAM Xochimilco, Profesora Patricia Vázquez Montalvo-Adherente a la Sexta, Valeria Alvarez González-Adherente a la Sexta, Claire Albane Duboscq-Estudiante Investigadora en Ciencias Políticas nivel Maestría (Francia), Praxis en América Latina, Seminario Marxismo/Feminismo, Martha Lechuga Sección 9ª. CNTE, Colectivo Contantik, Cooperativa Salud Autónoma de Tetelcingo-Morelos, Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la CDMX (CG ABCM), Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-MEX), Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares (FNAMOP), Mayola Pérez Galicia-Trabajadora Administrativa de la UAM, Vecinos Unidos Zona Poniente, Brigada Uno, Obrer@s Maquiler@s de Ciudad Juárez 20/32, Agrupación de Lucha Socialista-ALS, frente Popular Revolucionario, Unión de Juventudes Revolucionarias Mexico, Unión General de Trabajadores de México, Bazar Rebelde, El Diván Sensual, Colectivo Dos que Tres, Voces del Viento y much@s más que no alcanzaron a llegar sus adhesiones, pero que sabemos se suman a estas acciones.

A los medios de comunicación, alternativos y comunitarios.
A la opinión pública nacional e internacional.
A las organizaciones de derechos humanos, sociales y solidarias.
Al Congreso Nacional Indígena

El pasado sábado 18 de mayo del 2019 en domicilio conocido en el Barrio de Atexcal en la cabecera municipal de San Pablo Zoquitlan, Puebla; siendo aproximadamente las 9. 30 horas de la noche, cuando nuestro compañero Salvador Sánchez Bolaños regresaba a su casa, se percató que cuatro hombres vestidos de ropa oscura y que portaban armas largas, estaban ingresando a su domicilio por la parte trasera.

?Al ver esto, Salvador, salió huyendo ante este posible intento de homicidio.

En las últimas semanas por diversos medios Salvador Sánchez Bolaños recibió varias amenazas de muerte debido a su labor en defensa de la tierra y él territorio, y su trabajo como radialista reconocido en la Sierra Negra por su labor en la comunitaria “Radio Tlacuache”, medio alternativo e indígena que en todo momento ha sido un medio de información, denuncia, y voz opositora al Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala que quiere imponer Minera Autlan con el respaldo de la clase política gobernante, mediante la corrupción de los alcaldes y caciques favorables al proyecto.

Las amenazas de muerte contra Salvador vienen de internos del Cereso de Tehuacán y sus familias, de manera específica de Victorio Tellez Carrillo y Antonio Sandoval Sandoval, quienes se encuentran vinculados a proceso por su participación en la desaparición de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández.

Es importante mencionar que estos dos criminales en todo momento han recibido la protección y el auspicio de sus jefes y padrinos políticos, nos referimos a Fermín González León, ex alcalde de Zoquitlan; y Cirilo Trujillo Lezama, ex alcalde de Tlacotepec de Díaz y cuñado de Victorino Téllez Carrillo

No hay que dejar de lado que estos dos expresidentes y los detenidos por la desaparición de Sergio Rivera Hernández en todo momento han sido los promotores del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala que quiere imponer Minera Autlan con el respaldo de la clase política gobernante.

Responsabilizamos a los ex alcaldes de Zoquitlan y Tlacotepec de Díaz, Fermín González León y Cirilo Trujillo Lezama, así como de los perpetradores de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, los presos Victorino Téllez Carrillo y Antonio Sandoval Sandoval de la integridad física de Salvador Sánchez Bolaños y de todos los integrantes de la resistencia indígena contra Minera Autlan y el proyecto hidroeléctrico Coyolapa Atzala.

Demandamos a las autoridades competentes la investigación y el castigo a los responsables mencionados anteriormente por estos hechos.

Exigimos a las autoridades competentes se tomen las medidas cautelares que la ley establece para la protección y salvaguarda de la integridad física de Salvador Sánchez Bolaños y de su familia

Firman:

Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ AC.
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo.
Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C.
Comisión de Derechos Humanos y la labórales Del Valle de Tehuacán.
Radio Coatl 83.1 FM Santamaría Coapan.
Asamblea General de Trabajadores AGT.
Firma: Unión General de Trabajadores de México(UGTM)
Consejo Indígena de Uxpanapam.
Proceso de Articulación de la sierra de santa marta.
UNTA OAXACA.
Es Centro de Estudios para los DDHH y la Justicia Ambiental YURENI A.C.
Mocri cnpa-ez.
Frene Popular Francisco Villa Siglo XXI.
Corriente del pueblo Sol Rojo Oaxaca.
VOCAL.
Cultural Survival.
Sección XXII CNTE.
Pobladores AC.
Red La vida .
alianza internacional de habitantes.
Radio Zapote.
Firmamos:
MOVIMIENTO PROLETARIO INDEPENDIENTE
M. P. I
COORDINADORA INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES EN LUCHA – MPI
CITL-MPI
Frente Popular Revolucionario (FPR)
Pedro Matias Comunicador.
Radio Ñuu Dee 96.9 FM

17 de mayo del 2019.

Diferentes redes de organizaciones civiles de la Región y personas individuales en defensoría de derechos para la población que migra expresamos nuestra indignación, repudio y preocupación sobre las diferentes muertes de niños, niñas y adolescentes que se han encontrado detenidos por los gobiernos de Estados Unidos y México.

Los casos no son aislados, sino hechos continuos que reflejan patrones de violaciones a los derechos humanos y, por ende, visibilizan las condiciones inhumanas sobre el control de flujos migratorios que ejercen estos países, imposibilitando así, el derecho universal a la vida.

Algunos de estos casos que podemos mencionar son:

• Jackeline Caal – niña Maya Q’eqchi’ de 7 años de edad, originaria de Alta Verapaz, falleció el 8 de diciembre de 2018, bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Nuevo México, Estados Unidos;.

• Felipe Gómez Alonzo- niño Maya Chuj de 8 años de edad, originario de Yalambojoch, Nentón, Huehuetenango, falleció el 25 de diciembre de 2018, bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, Estados Unidos;

• Juan de León Gutiérrez, Adolescente Maya Chorti, de 16 años de edad, originario de Chiquimula, falleció el 30 de abril de 2019 bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Texas, Estados Unidos.

• Niño Maya Chortí, de dos años y medio, originario de Chiquimula, falleció el 14 de mayo de 2019, bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Texas, Estados Unidos.

• Niña de 10 años, originaria de Guatemala, falleció el 15 de mayo de 2019 en la estación migratoria de Iztapalapa, México.

A los Gobiernos de Estados Unidos y México

1. Incorporar el principio fundamental del interés superior de la infancia en todo proceso migratorio y de asilo. Poner un alto a las detenciones de niños, niñas o adolescentes, acompañados y no acompañados, por su condición migratoria.
2. Hacemos nuevamente un llamado a la reorientación de la actuación de las distintas instituciones de gobierno responsables de proteger y garantizar derechos humanos de las personas con necesidad de protección internacional y especial como la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA) de México, para que se base en la seguridad de las personas y en el respeto de sus derechos, reconociendo que hay violencias estructurales por las cuales las personas son obligadas a huir de sus países de origen.
3. Garantizar la no repetición de estos hechos, así como que se investigue y sancione a los funcionarios que son responsables, de manera directa e indirecta, de estos lamentables hechos, en los que se comprometieron derechos fundamentales de personas con una gran necesidad de protección

Al Gobierno de Guatemala 

4. Ampliar la cobertura consular en México, Estados Unidos y Canadá, Fortalecer los mecanismos con relación a la documentación, protección, asistencia y atención consular de acuerdo a las necesidades de las nuevas dinámicas migratorias y perfiles de las y los guatemaltecos, para que no aumenten sus condiciones de vulnerabilidad y
5. Una política de protección consular con estándares mínimos, como la atención integral que incluya representación jurídica, psicosocial, laboral, de sensibilización e información, así como diferenciada, incluyendo perspectiva de género, etérea, con pertinencia
6. Atender las causas raíces de las migraciones forzadas en Guatemala que no sólo son económicas, y por lo tanto el reconocimiento de las necesidades de protección internacional que garanticen el acceso a este procedimiento en especial a niños, niñas y adolescentes no acompañados, en la que por ninguna razón exista tolerancia ni excusa para la represión, violencia ni mucho menos la muerte.

RESPETO A LA VIDA Y DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES.

Por Eugenia López

El primer y segundo tribunales colegiados en materia administrativa dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM).

Uno de los objetivos principales del PIM es el transporte de gas para una termoeléctrica para responder al crecimiento y desarrollo industrial de la zona. El camino del gasoducto atraviesa toda la zona del volcán Popocatépetl, desde Tlaxcala hasta por Puebla. La inversión total, asumida por las empresas españolas Elecnor y Abengoa, es cercana a los 1,600 millones de dólares.

Los tribunales ordenaron a los jueces que acepten el amparo que interpusieron en febrero pasado las comunidades de Huexca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damian Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla contra la Consulta Ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver sobre la viabilidad del PIM.

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El amparo, por el mal uso de las consultas

El pasado 18 de febrero, dos días antes del asesinato del indígena Nahua Samir Flores, las comunidades mencionadas habían promovido las demandas 199/2019 y 209/2019 ante los juzgados Primero y Cuarto de Distrito.

De acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, con esas demandas las comunidades se oponían al hecho de que el proyecto pueda ser aprobado mediante la Consulta Ciudadana promovida y realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, el mandatario declaró que gracias a esa consulta la decisión recaerá “en el pueblo”, las comunidades indígenas afectadas lo acusan de violar sus derechos a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, así como a la autodeterminación, reconocidos por la Constitución de México y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como lo afirmaron las comunidades, la Consulta Ciudadana no remplaza la obligación del Gobierno Federal de realizar una Consulta Previa e Informada enmarcada en los estándares internacionales.

Rechazo

En una primera instancia, los juzgados primero y cuarto rechazaron las demandas de las comunidades indígenas, alegando que le presidente no es “autoridad responsable” del supuesto agravio y que usó la consulta como fundamento moral y no legal, para dar continuidad a la termoeléctrica, acueducto y gasoducto.

Además, citando como antecedente la consulta pública para decidir el futuro del aeropuerto en Texcoco realizada en noviembre de 2018, sostuvieron que en la zona directamente involucrada no existen comunidades consideradas indígenas, sino comunidades con un interés “simple”, como “el resto de los mexicanos”.

En respuesta, los pueblos acudieron a los tribunales colegiados.

Reconocen daños a derechos de pueblos

El primer y segundo tribunal colegiados determinaron que fueron erróneos los criterios emitidos por los jueces primero y cuarto de distrito con sede en Puebla, al desechar los amparos 199/2019 y 209/2019 y permitir la realización de la consulta, a pesar de que incumplía con la ley.

El primer tribunal colegiado reconoció que los quejosos acreditaron violaciones a la ley que los dejaron sin defensa. El juez consideró que los juzgados de Distrito no habían tomado en cuenta el acervo probatorio ofrecido por los quejosos y validó como pruebas del interés de los quejosos sus constancias de residencia, el acta de hechos de su asamblea general, las múltiples firmas en hojas anexas, donde manifestaban «yo no estoy de acuerdo por el paso de gasoducto por mi comunidad», así como las actas de Cabildo que negaban autorización al PIM.

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Por su parte, el segundo tribunal aceptó que la consulta abrió la puerta a la continuación del proyecto, sin garantizar la participación efectiva de los pueblos en las medidas administrativas que puedan impactar su entorno o hábitat. También reconoció el argumento de que la metodología de aplicación no cumplió con los parámetros del Convenio 169 de la OIT, para dar a los interesados una adecuada participación.

En un comunicado, las comunidades agraviadas pidieron que el criterio del segundo tribunal colegiado sobre el PIM siente precedente para otros casos de resistencia a megaproyectos como los trenes Transístmico y Maya en el sureste del país.

TRES MESES DESDE EL ASESINATO DE SAMIR SIN JUSTICIA Y CASTIGO A LOS CULPABLES

El día de hoy 20 de mayo del 2019 se cumplen tres meses del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, incansable luchador social y defensor del territorio y los derechos humanos. Tres meses ya han pasado y no hay ningún avance en las investigaciones sobre su asesinato desde la Fiscalía General del Estado.

Aunque las líneas de investigación se ampliaron hacia su labor tanto de periodística, como de sus actividades de lucha ante el PIM, los avances sobre estas líneas son nulos. La falta de seriedad y las formas de cómo se ha ido ejecutando la investigación nos preocupa.

Casi un mes después del asesinato de Samir se presentaron los investigadores de la Fiscalía al lugar de los hechos para levantar pruebas, incluso se les tuvo que prestar herramientas, ya que no iban preparados con lo necesario. Solo se han presentado a declarar a personas sospechosas pero a la par, hemos recibido citatorios compañeros que defendemos el territorio, con el argumento de ser parte de la investigación, situación que pareciese, más que una investigación, una forma de amedrentarnos.

Los abogados de la familia han dado elementos para que se citen a ciudadanos que pueden aportar para la investigación pero pareciera que para la Fiscalía no es importante ya que ha postergado citarlos para declarar. El Fiscal del Estado está más preocupado en dar declaraciones irresponsables para justificarse diciendo que “todo va bien y que están por salir ordenes de aprehensión contra los presuntos responsables materiales”, sin que haya sucedido nada, a casi un mes de las declaraciones.

Por su parte el super delegado federal Hugo Erik Flores declara que el asesinato de Samir fue por la delincuencia organizada debido a su labor periodística, sin explicar cómo obtiene la información que asegura, ya que no puede conocer la carpeta de investigación sin haber sido citado antes, por ser uno de los sospechosos en las líneas de investigación. Declaraciones del delegado sin fundamento, ya que Samir, durante su labor periodística, no hablaba o se refería a situaciones realizadas por la delincuencia organizada, por lo que esta versión del super delegado, pretende posicionarse como una verdad histórica para quitarle el peso político a su asesinato y reducirlo solo a un hecho de la delincuencia.

A raíz de la muerte de Samir, diversos compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua y de la Resistencia de Amilcingo han temido por su seguridad e integridad física, además de actos de hostigamiento y amedrentamiento laboral que han sufrido algunos, situación que los llevó a incorporarse al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, a petición del mismo Mecanismo, pues señalaron, “el Gobierno Federal está muy preocupado por nuestra seguridad”, pero lamentablemente hasta el momento se han implementado una mínima parte de todas las medidas que se evaluaron eran necesarias para la protección de las y los compañeros. Por lo que exigimos al Mecanismo de protección cumpla ya con las medidas programadas para mejorar las condiciones de seguridad de la comunidad de Amilcingo y de los compañeros en riesgo. También nos preocupa la falta de información y conocimiento de las autoridades gubernamentales y educativas respecto a las implicaciones de estar incorporado al
mecanismo, situación que está generando complicaciones y posibles represalias laborales hacia algunos de los beneficiarios de este mecanismo. Exigimos se respeten las medidas estipuladas por el mecanismo que permitan garantizar la seguridad e integridad de nuestros compañeros.

Denunciamos que la complicidad de los poderes de gobierno para imponer el Proyecto Integral Morelos continúa para Amilcingo, pues en el mes de abril, el ejido de Amilcingo interpuso un amparo contra la ilegal instalación del Gasoducto Morelos en tierras ejidales, sin embargo, el Juez Noveno de Distrito con sede en Morelos, desechó infundadamente el amparo al señalar que el ejido tenía 15 días para ampararse, cuando el plazo establecido en la Ley de Amparo para núcleos agrarios es de 7 años.

¿Cómo quieren que no pensemos que el gobierno no está involucrado en el asesinato de Samir por su oposición al PIM, si fue asesinado en medio de un ambiente de discurso de descalificación y odio promovido por López Obrador? ¿Si fue asesinado 3 días antes de la consulta y la consulta se impuso a la fuerza? ¿Si los amparos interpuestos por la consulta dos días antes de la muerte de Samir fueron desechados de manera injusta para permitir la consulta? ¿Si el super delegado Hugo Erik declara conclusiones de la investigación sin tener acceso a la misma? ¿Si aunque existe la línea de investigación sobre el asesinato a Samir a causa del PIM, esta línea no ha avanzado en nada, permitiendo a los sospechosos como Hugo Erik Flores, querer sembrar verdades históricas en la opinión pública? ¿Si el proyecto se quiere seguir imponiendo a través de diversos operadores, ocultando todas las irregularidades que tiene? ¿Si a las comunidades indígenas y ejidos que no queremos el PIM se nos desechan los amparos de diversas formas tan ridículas? ¿A quién le conviene que las comunidades y defensores contra el PIM vivan con miedo y sin medidas de protección para seguir realizando su labor de organización y defensa?

Ya son tres meses sin nuestro compañero, tres meses sin sus programas al aire, sin su presencia en la asamblea, en su casa, en nuestras vidas. Tres meses que el pueblo de Amilcingo junto con otros pueblos, colectivos, organizaciones hemos exigido justicia. No permitiremos que su caso quede impune, no permitiremos que nos quieran imponer “verdades históricas” ni chivos expiatorios sobre su asesinato.

El asesinato de Samir es un asesinato político, porque sucedió en un contexto político y fue por su labor de defensa de derechos humanos y comunicador indígena. No permitiremos que desdibujen las razones de su muerte a versiones infundadas que pretendan desviar la gravedad de su asesinato en un contexto donde se ha incrementado gravemente el asesinato de defensores de derechos humanos, del territorio y periodistas en México, sin que el gobierno haga nada para detener este ataque.

¡Exigimos que la Fiscalía General del Estado realice su trabajo seria y verazmente!
¡Exigimos que el Mecanismo de protección a periodistas y defensores proteja verdaderamente a los defensores y periodistas!
¡Justicia para Samir! ¡No al PIM! ¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!