Homenaje a la música, a los artistas, educadores, trabajadores de la cultura y en general a todos los creadores, soñadores, cuidadores y a las personas que luchan con dignidad, con alegría, amor y libertad.

Reporte por La Vox Populi Radio

El 21 de noviembre de 2019 las Centrales Obreras [1]; la Coordinación de Organizaciones Sociales; la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular (CACEP); el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); organizaciones estudiantiles [2] y más de cien organizaciones sociales y sindicales de todo el país convocaron a una jornada nacional de paro cívico para expresar su rechazo a la reforma laboral, pensional y tributaria, para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos con trabajadores, estudiantes y campesinos en jornadas anteriores de movilización, el cumplimiento a cabalidad del Acuerdo Final de Paz suscrito con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como garantías de vida y libertad ante el incremento de las masacres, desplazamientos, desapariciones, amenazas y asesinatos selectivos contra lideresas y líderes sociales y activistas por los derechos humanos.

El Paro Nacional #21N se ha presentado como una manifestación sin precedente en la historia reciente de Colombia, su magnitud ha sido solo comparada con el Paro Cívico de 1977. Sin embargo, es importante reconocer como antecedentes de esta jornada diferentes expresiones de indignación popular de la última década como la Minga de abril, las movilizaciones estudiantiles y de trabajadores de este año, la movilización en defensa del proceso de paz con las FARC, el paro agrario de 2013 y la emergencia del movimiento estudiantil de 2011, por mencionar algunas. Estas expresiones van más allá de reivindicaciones o sectores sociales específicos sino que cuestionan a fondo los cimientos de un régimen político y económico que ha mantenido al pueblo colombiano en condiciones de desigualdad, exclusión y guerra.

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Ante las declaraciones del presidente López Obrador el pasado domingo 24 de noviembre de 2019, en la ciudad de Tlapa, Gro., el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, hace el siguiente posicionamiento público respecto a lo sucedido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014:

1.-Un crimen de Estado se define como “aquellos delitos cometidos por agentes estatales o por particulares que actúan en complicidad o por tolerancia del Estado”, en particular el caso Ayotzinapa implica la participación de instituciones de seguridad pública municipal, estatal y federal, de las Fuerzas Armadas.

2.- La búsqueda justicia se ha caracterizado por actos que favorecen la impunidad. El GIEI y la OACNUDH-México documentaron la existencia de tortura a presuntos culpables. El Tribunal Superior de Justicia que desapareció videos del palacio de justicia de Iguala que forman parte del aparato de gobierno.

3.- La colusión de las cúpulas empresariales, de los empresarios turisteros de Guerrero, de los grandes medios corporativos de información (televisión, radio y periódicos) así como de jerarcas de las distintas iglesias que se sumaron a la criminalización y las campañas de odio en contra de los normalistas de Ayotzinapa y al “ya supérenlo” de Enrique Peña Nieto. Los medios de comunicación y las iglesias son parte del Estado.

4.- López Obrador como titular del poder ejecutivo es parte del Estado Mexicano, sin embargo, éste es mucho más amplio y complejo que el gobierno federal. Recordémosle, que cualquier desaparición forzada al ser un crimen de Estado, es una violación múltiple y continuada de varios derechos y, en tanto la persona siga desaparecida, la violación a derechos y el delito siguen produciéndose. De acuerdo al Principio de Continuidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de un crimen de Estado subsiste independientemente de los cambios de gobierno.

Recordemos que han pasado 5 años y el caso Ayotzinapa no se ha resuelto:
 No se ha informado sobre el paradero de los estudiantes.
 No hay detenidos ni juzgados por las ejecuciones arbitrarias de 6 personas ni los heridos de bala de esa noche.
 No hay personas juzgadas y sentenciadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas.
 No han sido sancionados los delitos del orden común o federal, ni las graves violaciones a los derechos humanos cometidos el 26 de septiembre de 2014.
 Las medidas de Restitución, Satisfacción, No repetición, Rehabilitación integral y Compensación no existen para el conjunto de victimas.

Si en verdad López Obrador quiere diferenciarse de los gobiernos anteriores, que cumpla con el primer punto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -sentencia emitida exactamente hace 10 años- y ordene a las Fuerzas Armadas que diga dónde está Rosendo Radilla, desaparecido forzadamente por el ejército en 1974.

Exigimos al presidente López Obrador que encuentren a los 43 normalistas: enjuicie y sancione a los responsables de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa para que cese la impunidad.

El caso Ayotzinapa está impune.
Fue el Estado con Rosendo Radilla.
Es el Estado con Ayotzinapa.

Dado que hay delitos y violaciones a derechos humanos continuadas sigue siendo un crimen de Estado.

(Comunicado Vía Ké Huelga Radio)

I. El Paro Nacional: entre la dignidad del pueblo y la traición de los dirigentes

Por: Víctor Guillén- La Direkta

El Paro Nacional de Colombia o 21N representa para un gran porcentaje de la población del país, la oportunidad de expresar descontento y cansancio con las condiciones en las que hemos ejercido nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, los cuales han sido limitados y privatizados, como en el sueño húmedo de la utopía neoliberal del psicópata Milton Friedman, con represión militar y límites a las libertades personales de los pobres, incluyendo censura y muertos por parte del escuadrón antidisturbios.

En este contexto debemos reflexionar en torno a los paros y movilizaciones que se han realizado en tiempos recientes en Colombia, los cuales han inspirado y contribuido en los contenidos y las formas de este importante momento en la historia del país que, dependiendo de nuestra presión a la clase política y dirigente, puede llevarnos a una sociedad más justa y equitativa, siendo éste el principio y finalidad del Paro.

El primer elemento a tener en cuenta es, que así parezcan difusas las exigencias de este movimiento, son claras las razones. Estas son:

• Un cambio de fondo en el modelo de salud.
• La gratuidad y acceso universal en las universidades públicas.
• El fin del modelo de pensiones privado y fortalecimiento del modelo de cotización del régimen de prima media.
• Restricciones claras y fuertes a los contratos de prestación de servicios, en especial, los llamados “contratos basura”.
• Un gran vuelco en el balance de aporte impositivo en la sociedad que beneficie a las clases medias y empobrecidas.
• Compromiso y hechos concretos de cumplimiento con los Acuerdos de Paz con las FARC y protección a líderes sociales, indígenas, afros y campesinos, así como todos los que viven en el campo.
• Prohibición TOTAL del fracking, minería a cielo abierto y utilización del glifosato para la erradicación de plantaciones de coca.
• Mejoramiento del salario mínimo que tenga en cuenta unos mínimos dignos en relación con los costos de vida y precio del Dólar.
• Una política fuerte de equidad de la mujer en la sociedad en general y también para otras identidades sexuales y de género.

Estos puntos, ya convertidos en exigencias, requieren un gran compromiso político, como nunca antes se ha visto en el país, lo que implica que la movilización deba ser del tamaño de nuestras exigencias. El ejemplo de Chile nos demostró que solo el pueblo en las calles puede lograrlo y que ningún dirigente puede adueñarse de dicho impulso.

Emisión del 27 de octubre de 2019. Programa breve sobre la resistencia al Proyecto Integral Morelos:

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes de Pueblos Originarios de distintas regiones en Chiapas denunciaron que proyectos y programas del gobierno mexicano no garantizan el derecho a una vida libre de violencia, rechazaron la militarización de sus territorios, visibilizaron la falta de acceso a la justicia y exigieron cese la criminalización a defensoras de derechos humanos

COCHABAMBA — El día de ayer, 25 de noviembre, daba inicio la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ocurría en un escenario donde los cánticos de dos bandos enfrentados se solapaban, separados únicamente por una línea divisoria conformada por las fuerzas policiales. Se respiraba un ambiente antagónico: de un lado un grupo de personas con banderas blancas pero hostiles, de tez mayormente blanca, que gritan “¡Asesinos!” y “¡Narcotraficantes!”; del otro quienes reclaman por los muertos y heridos, las familias que han sido truncadas – en su mayor parte provenientes de la Zona Sur de la ciudad.

Sigue este enlace a Chaski Clandestina para escuchar:

Testimonio de una mujer acompañando a víctimas

Testimonio de una mujer de Valle Alto

Testimonio de una mujer en la vigilia de la CIDH

Los colectivos urbanos de música con raíz irrumpieron en esta jornada gris plomizo. El fantasma del separatismo, el espejismo de esas dos Bolivias enfrentadas, no pudo resistir el embate del sonido y el batir de las Whiphalas.

Comunicado del Grupo Solidario y de Miguel Peralta tras su liberación

Después de cuatro años, cinco meses, catorce días de prisión, el lunes 14 de octubre de 2019, nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, fue liberado de los muros del Reclusorio de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca. La noticia llegó a Miguel en la noche, mientras se encontraba en el área médica del reclusorio, tras mantener una huelga de hambre de 26 días. Finalmente, obtuvo libertad absoluta, al no ser responsable de ninguno de los dos delitos fabricados por la familia caciquil de la diputada morenista Elisa Zepeda Lagunas, en la causa penal 02/2015.

La libertad de Miguel, es el resultado directo de la solidaridad de innumerables personas, colectivos, medios de información y organizaciones en México y el mundo; del trabajo de Los Otros Abogadoz, compañeros comprometidos políticamente que mantuvieron el rumbo jurídico, pese a las irregularidades y omisiones del Poder Judicial del Estado; del acompañamiento de una comunidad que, en medio de fuerzas divisorias y oportunistas, no dejó de exgirla. Quizás lo más importante es que su libertad, es el resultado de que él mismo, en los días más oscuros, mantuvo su espíritu de resistencia y lucha, fortalecido por todas estas muestras de solidaridad.

Por otro lado, queremos dejar claro que la libertad de Miguel no es un acto de justicia ejercida desde el aparato judicial del Estado, pues sabemos muy bien que éste, no sirve a la justicia, sino que sirve para administrar, gestionar y mantener relaciones de despojo, dominación y explotación, como lo hicieron con nuestro compañero por más de cuatro años. Por el contrario, su libertad fue gracias a que con la organización y movilización que acompañó el trabajo de los abogados, se logró demostrar que en la causa penal 02/2015 no hay una sola prueba jurídica en su contra y que el Estado oaxaqueño en complicidad con el grupo caciquil de Eloxochitlán de Flores Magón, que encabeza la familia Zepeda, lo mantuvo en el encierro por razones meramente políticas.

A pesar de ese largo y desgastante proceso, ahora celebramos la libertad de nuestro compañero Miguel y estamos felices de que haya regresado a las calles. Sin embargo, junto a la alegría, ardemos de rabia por los años, meses, días y minutos que le robaron a nuestro compañero; por el trauma que le infligieron a Miguel, su familia y a la comunidad de Eloxochitlán; por las tensiones, divisiones y desconfianza que la represión estatal y la prisión generan.

Sabemos bien que este no es el fin. Otros siete compañeros de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón permanecen en prisión bajo los mismos cargos falsos que le imputaron a Miguel; las órdenes de aprehensión continúan e integrantes de la comunidad siguen desplazadxs; así que la represión estatal y caciquil no termina.

Es así, que después de la liberación de Miguel, la diputada morenista Elisa Zepeda Lagunas, realizó una serie de declaraciones públicas, en diversos medios masivos y en sus redes sociales; repitiendo sus mentiras, para tratar de construir otras historias ficticias que han servido a su poder caciquil, económico y político. Declaraciones falsas que incluso fueron replicadas por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, quién a pesar de una resolución jurídica, señaló a Miguel como un asesino, interviniendo en el Poder Judicial del Estado.

Más allá de estas mentiras, que por cierto ya han sido derrumbadas, y la utilización de los medios masivos desde el cargo público que ostentan, tal vez más preocupante es el hecho de que la Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso Local Elisa Zepeda y su padre Manuel Zepeda Cortés, apelaron la sentencia de libertad absolutoria, poniendo una vez más en riesgo la libertad e integridad de nuestro compañero.

Llamamos a todxs lxs compañerxs a estar atentxs a las acciones de la diputada Elisa Zepeda Lagunas y el gobierno del Estado de Oaxaca, en las próximas semanas y meses, en sus intentos de continuar la represión contra Miguel y la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.

Responsabilizamos a la diputada Elisa Zepeda Lagunas de la integridad de Miguel, sus abogados y su familia.

Finalmente, les agradecemos su acompañamiento y apoyo para Miguel durante su encierro; a aquellxs que encontramos en esta lucha durante los últimos años, les abrazamos y celebramos junto con ustedes una batalla ganada, porque la libertad de Miguel también es la suya.

Seguimos comprometidos con esta lucha, contra la policía, las prisiones y los tribunales, por la libertad de todxs lxs que permanecen en cautiverio.

¡Libertad para los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca!

¡Libertad para todxs lxs presxs!

¡Muerte a la sociedad carcelaria!

¡Viva la autonomía y la autodeterminación de los pueblos!

Grupo Solidario x la libertad

Miguel Peralta Betanzos