A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena CNI-CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas
A las Organizaciones Sociales, Civiles y Políticas
A los Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen
Hacemos un llamado urgente a los colectivos, organizaciones, pueblos, comunidades, redes e individu@s, para sumarse y estar alertas a esta denuncia pública, pues justo en medio de esta farsa electoral, –perdón, “proceso electoral”–, a la clase política y a los dueños del poder y del dinero, nada importa, que no sean las encuestas, los votos, los debates y quién pega y paga más fuerte las descalificaciones al enemigo a vencer. Justo en medio de esta tormenta y vacío transicional [es decir, a “rio revuelto, ganancia de pescadores”] es muy probable que se abran demandas penales, hostigamiento, persecuciones, criminalización de la lucha social, represión al movimiento de resistencia, como recientemente vimos en la región Cholulteca, y pues la Comunidad Indígena Otomí, con la toma del INPI, no puede ser la excepción, así que frente a este clima de inseguridad y revanchismo de la clase política, denunciamos:
Primero. El día 2 de mayo, alrededor de las 13:00 hrs., se presentaron a mi domicilio tres personas: dos hombres y una mujer con evidente perfil de “policía de investigación”. De acuerdo con los videos de seguridad vecinal que tenemos, descendieron de un vehículo blanco sin placas tres personas, uno de ellos se queda en el vehículo, dos más caminan hacia la unidad habitacional, el hombre de traje obscuro portaba un gafete que traía oculto en el saco. La mujer recibe del hombre de traje unos documentos que parecieran “expedientes”.
Ambos se dirigen a la puerta principal de la unidad y acceden al interior con facilidad ya que la puerta se encontraba abierta debido a que en ese momento los vecinos estaban tirando la basura. Entran y caminan hasta el fondo, sin lograr ubicar el domicilio preciso; al no ubicarlo y después de unos minutos, deciden salir, a su paso se encuentra a una persona que se disponía a tirar la basura, algo le preguntan, y al no encontrar respuesta, revisan un tablero con información interna y privada de los condóminos. Es de destacar que para este momento el hombre de traje oscuro ya no porta el gafete, es decir, ya se lo había retirado, (¿cuál es la razón?, ¿para no ubicarlo como policía de investigación?, ¿para no identificar la dependencia de la que llegan?).
Al salir de la unidad, se dirigen a una reja contigua que está en aun lado de la puerta principal y desde ahí pregunta por mi persona, dieron nombre completo y apellidos, “argumentan que primero fueron a buscarme a las oficinas del INPI que se encuentran en la línea dorada, y que ahí les proporcionaron mi domicilio”. Argumentaron que “me buscaban con el interés de que yo les ayudara a comercializar sus artesanías”, pues dijeron que a eso me dedico, “que me conocieron y platicaron conmigo el día 8 de marzo en la marcha de las mujeres”. Situación que es rotundamente falsa; además, señalaron que tienen conocimiento que yo trabajo con comunidades indígenas.
Las personas con las que platicaron les preguntaron por mis características personales (para conocer su respuesta), y respondieron con referencias totalmente equivocadas. Les pidieron que se identificarán y solamente proporcionaron los datos de la mujer, que dijo llamarse: “María Angélica Landero, con el teléfono núm. 56 3576 5253”.
También les informaron que donde podrían encontrarme sería en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”; señalaron que en ese momento irían al lugar. Cabe señalar que esto nunca sucedió, hasta el momento.
Segundo. Esta situación de hostigamiento se suma a que el pasado 20 de abril, alrededor de las 11:00 hrs. de la mañana, se presentaron a las puertas de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” la Sra. Vilchis Fuentes Hilda y el Sr. Israel Puga Díaz, quienes se presentaron como “Servidores de la Nación”, que según ellos “coadyuvan” con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y tan es así que se hicieron acompañar de una patrulla de la misma Secretaría de Seguridad Pública para indagar en el domicilio de la Casa de los Pueblos lo referente a la desaparición de varios niños y niñas. Pues refieren que, según sus investigaciones, “ahí es el lugar donde se les vio por última vez”.
L@s niñ@s desaparecidos son:
1. Esmeralda N., mujer de 12 años, edad actual 15 años. Desapareció el día 2 de agosto de 2020.
2. Daniela N., mujer de 15 años, edad actual 17 años. Desapareció el día 22 de agosto de 2021.
3. Marisol N., mujer de 14 años, edad actual 15 años. Desapareció el día 6 de noviembre de 2022
4. Juan Mateo N., niño de 13 años, edad actual 17 años. Desapareció el día 20 de julio de 2019.
5. Erica Natalia N., mujer de 0 años, edad actual 3 años. Desapareció el día 9 de abril de 2021.
6. Carlos N., hombre de 17 años, edad actual 17 años. Desapreció el día 7 de junio de 2023.
Entre otros casos a los que ellos mismos hicieron referencia pero sobre los que no tuvimos acceso a la información.
Sin embargo, en los documentos que traían consigo, todos refieren: “POSIBLE UBICACIÓN EN EL DOMICILIO. VIALIDAD: MEXICO-COYOACAN. ASENTAMIENTO: XOCO. C.P.03330” y dan como referencia: “EDIFICIO DE SEIS NIVELES CON ENTRADA PRINCIPAL EN CRISTALES Y CORTINA EXTERIOR. CERCA DE LA CINETECA NACIONAL. ALCALDÍA COYOACAN”.
Como podrán ver, las presuntas “desapariciones” a las que se refieren se registran antes y después de la toma del INPI. Son 6 casos que pudimos documentar con los expedientes que nos mostraron. En los más de tres años que llevamos de la toma, ninguna autoridad correspondiente acudió a la Casa de los Pueblos a informar al respecto. Acudieron apenas hace unos días, con el objetivo según ellos, de que la comunidad informe “si los vimos ahí o no”, ya que ellos “no podrían cerrar la carpeta de investigación hasta que no tengan mayor referencia”. ¿Qué buscan con querer involucrar a la Comunidad Otomí en estas desapariciones? ¿Fincar alguna responsabilidad, directa o indirecta? Exigimos una explicación pública la Gobierno de la Ciudad de México y particularmente de la Fiscalía General de Justicia CDMX.
Tercero. En abril de 2021, denunciamos que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México “judicializaron” la Toma del INPI; es decir, judicializaron la lucha social. Es por ello que en aquellos mese denunciamos que, mientras públicamente se decían “dispuestos al diálogo” en los medios de comunicación y en las redes sociales, “al mismo tiempo anunciaban denuncias penales” contra quienes resulten responsables por la Toma del edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Particularmente la denuncia se orientaba contra quien ubican como su “líder”, Diego García, representante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ-Benito Juárez, que acompaña las luchas de diversos pueblos indígenas residentes en la Ciudad de México desde hace más de 30 años.
Lo dijimos en abril de 2021 y lo ratificamos nuevamente: cualquier acto de denuncia penal, hostigamiento, persecución, instigación o detención forma parte de la criminalización de la lucha social y representa una justificación clara y abierta para romper cualquier posibilidad de diálogo con la comunidad. Alertamos ante estos hechos, pues en todas las Mesas de Diálogo ha existido el común denominador respecto a la urgente necesidad del Gobierno, local y federal, por recuperar el edificio tomado.
NUESTRA RESPUESTA TAMBIÉN TIENE UN COMÚN DENOMINADOR Y ES DEFINITIVO: EN TANTO NO SE RESUELVAN LAS DEMANDAS QUE NOS LLEVARON A TOMAR EL INPI, DIFICILMENTE ESTAREMOS EN CONDICIONES DE ESTABLECER UN ACUERDO RESPECTO A LA TOMA.
Por otro lado, después del intento de desalojo de la Comunidad Indígena Otomí en octubre de 2023, han transcurrido más de 7 meses y las mesas de diálogo se han congelado; es decir, los pocos acuerdos en los que pudimos avanzar como comunidad con el gobierno de la CDMX y el INVI, actualmente se encuentran prácticamente suspendidas; peor aún, recientemente nos cortaron la luz y a partir de la presión para la reconexión de la misma, se logró una fecha para retomar las mesas de diálogo con el Secretario de la SEDUVI, la Subsecretaría de Gobierno y la Representación del INVI; sin que, hasta la fecha podamos hablar de avances significativos.
Denunciamos incluso en las mesas de trabajo que al interior del Gobierno de la 4ª Transformación hay “fuego amigo”, pues ellos mismos nos informaron que quien da la instrucción de cortar y reconectar la luz, si se le pega la gana, es el traidor de los pueblos, Adelfo Regino, titular del INPI. Además argumentan que las acciones que lleva a cabo la comunidad para exigir las mesas de diálogo y la reconexión de la luz en este periodo electoral, “solo le hacen el juego a la derecha en Benito Juárez” y que “estas acciones”, en “nada abonan al proyecto”. ¿De qué proyecto hablan? ¡Nosotr@s no tenemos militancia ni compromiso alguno con partidos políticos! Sean el color que sean, todos se disputan no una “democracia”, no un proyecto político, sino lo que realmente está en disputa en este periodo electoral, es quién se chinga a quién, para poder administrar libremente este negocio que para ellos, se llama México.
Por todo lo anterior, estos hechos que denunciamos son parte de una guerra contra los pueblos y comunidades indígenas, contra las organizaciones sociales que se oponen a una transformación simulada, es por ello, que la represión se inclinas más contra quienes asumimos responsablemente caminar y acompañar la lucha y la resistencia de los pueblos y comunidades indígenas; es decir, contra tod@s aquell@s que se opongan al despojo y resisten por el derecho a la vida.
ATENTAMENTE
¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!
¡Tener Techo es un Derecho!
¡No a la criminalización de la Lucha Social!
¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatista!
Diego García, Representante.
Unión Popular Revolucionaria “Emiliano Zapata”, UPREZ Benito Juárez
Ciudad de México a 3 de mayo de 2024
