La Radio Anarquista de Berlín habló con Richard ODianna Roca, abogado y defensor de derechos humanos del Perú sobre la reciente ola de protestas masivas en torno al cambio de presidentes en este país suramericano que fueron acompañadas por una masiva represión estatal. El compañero, que coopera con el proyecto de medios alternativo Tomate Colectivo de Lima, explica brevemente el trasfondo de la situación política y de estas novedosas protestas.
Diversas organizaciones civiles y activistas exigen al gobierno mexicano solucionar el desplazamiento y los ataques en contra de los indígenas chiapanecos que han sido despojados de sus bienes por un conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y Aldama.
Este conflicto ha derivado también en un ataque, registrado el 18 de noviembre, a una caravana de ayuda humanitaria en el estado de Chiapas, en el cual, una de sus integrantes fue herida de bala, quien ya recibió atención médica.
Los firmantes reclaman la falta de respuesta del Gobierno en el conflicto y urgen una solución ante las agresiones armadas en las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.
Las personas piden: Recuperar el Estado de derecho en la región, aplicar la ley y hacer justicia a la población, lo que significa el retorno de todas las personas desplazadas, la recuperación de su capacidad de sostenibilidad económica, alimentaria y de vida digna.
Insisten en que la atención integral a los desplazados y afectados por este conflicto, sea responsabilidad de instancias federales en vista del incumplimiento de las instancias en el estado y que ésta sea en apego a los protocolos nacionales e internacionales.
Destacan que el cese de las agresiones; la detención de las bandas armadas criminales y de quienes las patrocinan por intereses económicos y políticos; la persecución de ilícitos y la revisión de todos los casos de personas detenidas injustamente.
Recuerdan que México es signatario de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y debe tener como prioridad, satisfacer las necesidadesde los pueblos originarios.
Por lo tanto, exigen que se respeten las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad en favor de las comunidades, sobre todo de ayuda humanitaria en la región, el libre tránsito y el respeto a la integridad de todos los habitantes de dichos municipios.
La misiva fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Apatlaco, Morelos, 28 de Noviembre 2020.- Dicen nuestrxs abuelxs zapatistas que en estas tierras es necesario volver a derramar sangre cada 100 años para ganarse el derecho a vivir en paz y tranquilidad. Y sí: la historia, la ahora guardia nacional acaso deshaciendo más que nunca, el poder revestido con sus mentiras y traiciones, y la gente de abajo arriesgándolo todo confirman éstas palabras. En estas tierras que fimaron el Plan de Ayala en 1911 y con ello dieron inicio a la revolución zapatista del sur, algunxs piden perdón a Miliano por no poder o no saber cómo defender el agua y la tierra que él y nuestrxs abuelxs nos legaron con su fuerza y con su sangre, pero también hay pueblos, ejidos y comunidades dispuestos a seguir transformando la tristeza,el duelo y el desconcierto en unión y lucha legal, legítima y comunitaria. De hecho apuntan que ya están curadxs de espanto y que ahora la lucha podrá escalar a otros niveles. “Vamos a seguir adelante hasta que este proyecto se venga abajo”, afirman. Y recalcan además que la lucha zapatista no es de uno, diez o ni siquiera cien años. Si apenas ayer, en 1911, retumbó aquí el grito de “abajo las haciendas, arriba los pueblos”, ahora resuena desde el 2011 el “abajo los megaproyectos, arriba los pueblos”. Aquí la lucha zapatista sigue.
(Descarga aquí)Carta al General Zapata a los 109 años de la firma del Plan de Ayala
(Descarga aquí)Palabras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala a los pies del plantón de Apatlaco desalojado por la Guardia Nacional
Abajo los megaproyectos, arriba los pueblos
Con motivo del desalojo al plantón zapatista de Apatlaco para concretar el acueducto y Proyecto Integral Morelos, los ejidos de Ayala han decidido movilizarse de manera pacífica este 28 de noviembre del plantón de ASURCO a la Plaza de la Revolución del Sur y hacia el Río Cuautla, donde de manera vil y traicionera, la Guardia Nacional esta custodiando la terminación de obras del acueducto.
Por lo que, como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala nos sumamos a esta jornada de lucha que iniciará este 28 de noviembre y hacemos un llamado solidario y hermano a todas las luchas, pueblos, colectivos y personas a realizar acciones dislocadas contra los megaproyectos y por la libre determinación de nuestros pueblos.
Hacemos un llamado de atención y alerta a los organismos de derechos humanos y medios de comunicación libres, independientes, masivos y periodistas a que acompañen la marcha “Por la Defensa de Nuestras Aguas” para procurar una protección a todas las personas que vamos a manifestarnos en defensa de nuestros derechos.
A todas nuestras hermanas y hermanos de organizaciones, pueblos, colectivos e individuos, los invitamos a discutir, suscribir y actualizar el Plan de Ayala en defensa de la vida y contra los megaproyectos, para caminar juntos hacia el destierro de los opresores del gran capital sobre nuestros territorios.
T´neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
Traducione Italiano
Deutsch Übersetzung
Español
For Life and Against Money
The CNI-CIG and the EZLN Call for Solidarity with the People’s Front in Defense of the Land and Water of Morelos, Puebla, and Tlaxcala
November 2020.
To the people of Mexico:
To the peoples of the world:
To the Sixth in Mexico and abroad:
To the media:
The National Indigenous Congress-Indigenous Governing Council [CNI-CIG] and the Zapatista Army for National Liberation [EZLN] denounce the National Guard’s cowardly eviction of the compañeros maintaining the resistance camp in San Pedro Apatlaco, Morelos, on November 23, 2020. This eviction was carried out in order to resume the illegal construction of the aqueduct that carries water from the Cuautla River to the Huexca thermoelectric plant.
With utter cynicism the neoliberal government says it governs this country while actually just obeying its real bosses—big capital. With utter cynicism the armed forces, under their overseer’s orders, violate the rights of our peoples, stealing water from the Cuautla River from the peasant communities of Ayala and turning it over to the corporations that will profit from the Integrated Morelos Project: Elecnor and Enagasa, who were awarded the contract for the gas pipeline; Bonatti and Abengoa, who will build the gas pipeline and the thermoelectric plant in Huexca; and Saint Gobain, Nissan, Burlington, Continental, and Northeast Natural Gas, who will profit from gas sales.
The armed forces and the neoliberal government use the Integrated Morelos Project to justify military flyovers to exercise repression and advance the development of energy infrastructure, which is based on the destruction and dispossession of the originary peoples’ territories. Over the spilled blood of our people, like our compañero Samir Flores Soberanes, they exploit nature, allowing the owners of transnational capital to destroy the mountains through mining concessions and ceding the region’s water to the industrial corridors in Cuautla, Yecapixtla, Cuernavaca, and elsewhere in the states of Morelos, Puebla, and Tlaxcala. The overseer who claims to govern this country ordered, with total cynicism and impunity, the trampling of the supposed rule of law, violating eight court-ordered suspensions of the aqueduct project, which would divert and contaminate the region’s water through the construction of the Huexca thermoelectric plant. This is also a violation of two other court-ordered suspensions regarding gas pipeline construction within the periphery of the sacred Popocatepetl volcano and contamination of the Cuautla River, both part of the Integrated Morelos Project.
Given the above and faced with increasing tensions and violations of the rule of law, we hold the bad governments of the state of Morelos and the nation responsible for any repression or attacks against our compañeros and compañeras in struggle who resist these megaprojects of death. In particular we call for solidarity with the People’s Front in Defense of the Land and Water of Morelos, Puebla, and Tlaxcala.
Sincerely
November 2020
For the Full Reconstitution of Our Peoples
Never Again a Mexico Without Us
National Indigenous Congress-Indigenous Governing Council [CNI-CIG]
Zapatista Army for National Liberation
Mexico, November of 2020.
Por Daliri Oropeza
El gobierno de la autonombrada 4T cree que con madruguetes y con la imposición de la termoeléctrica de Huexca a través de una serie de traiciones va a activar el Proyecto Integral Morelos, que abarca Puebla y Tlaxcala también.
Un megaproyecto meramente energético. Justifican la entrada de la Guardia Nacional en pos de resguardar la soberanía energética. No hablan que detrás hay empresas extranjeras. No hablan del gasoducto y las zonas industriales proyectadas alrededor del Volcán Popocatépetl.
Ignoran que las y los ejidatarios de Cuautla, activistas y pueblos afectados están reorganizando su lucha contra este megaproyecto industrial. Los ejidatarios tomaron las oficinas de la asociación civil Asurco (concesionaria del río Cuautla cuyo presidente firmó a favor del acueducto) y ahí colocaron el plantón desde donde tuvieron una asamblea en la cual invocaron al Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata.
Una ejidataria de Ayala invitó a sus compañeros a tomar acción ante el atropello. No faltaron los “Zapata vive la lucha sigue”. Ya tienen próxima fecha de asamblea. Hoy aplaudieron después de que un ejidatario dijera que llegarán hasta las últimas consecuencias. Que la historia se repite, y no durarán en repetir lo qu sucedió en 1911, enunció otro ejidatario.
La llegada de la Guardia Nacional a las dos de la mañana al plantón que impedía la terminación del acueducto que conecta el agua con la central termoeléctrica de Huexca —desde hace 4 años en Apatlaco, Ayala, orillas del río Cuautla— es solo un atropello más derivado de y traiciones en tiempos de la autonombrada 4T.
El presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó su propia palabra. En Yecapixtla, un mitin en mayo del 2014, prometio cancelarlo:
“Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que nada más van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas”, dijo el político en su caminar por la presidencia.
Ahora, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura que se inaugura a finales de año.
No importa que haya 19 amparos vigentes contra el Proyecto Integral Morelos: 9 por el agua del río Cuautla y contra el acueducto —que con el madruguete entraron a terminar— el cual conecta el agua con la termoeléctrica. 3 son contra el gasoducto, incluidos los de 2 pueblos nahuas: Amilcingo y Atlixco. Uno es contra la termoeléctrica, interpuesto desde 2014 por Huexca.
Primero, Olga Sánchez Cordero titular de Segob mintió desde la mañanera que habían resuelto los amparos vigentes y lo único que hicieron fue sobreseer un amparo negándoles el derecho a los ejidatarios de defender su derecho al agua y canalizar todos los expedientes abiertos sobre el PIM.
Luego, el vocero de la CFE, Luis Bravo, aseguró que no existe ningún impedimento legal para el inicio de las obras ni para el inicio de operaciones “ya que no existe ninguna orden alguna de jueces que lo impida”. Destacó que la obra fue aprobada en una consulta y puso por delante el acuerdo con Asurco.
La 4T se está brincando por completo el derecho de los pueblos en su extensión dimensional.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quisiera recordar un compromiso que hicimos hace más de dos años quienes asistimos al primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en el municipio autónomo zapatista 17 de Noviembre. En marzo de 2018 unas 9 mil mujeres de distintas regiones del mundo hicimos un compromiso con unas 2 mil mujeres zapatistas: acordamos vivir. En el cierre del encuentro, una de las representantes zapatistas señaló: Aquí, delante de todas las que somos, les proponemos que acordemos seguir vivas y seguir luchando, cada quien, según su modo, su tiempo y su mundo
.
Esta promesa, aparentemente sencilla, es un reto en el país que acuñó la palabra feminicidio, donde tan sólo en este año la violencia feminicida aumentó en 145 por ciento, según cifras oficiales, con un saldo de 645 mujeres asesinadas a la fecha. Acordar vivir es un compromiso difícil en un país que se ha convertido en un gran cementerio, donde para octubre de este año se habían documentado 3 mil 92 fosas clandestinas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, y seguían sin se hallados unos 70 mil desaparecidos. Hace dos años, frente a las mujeres zapatistas, encendimos una vela y nos comprometimos a prenderla de nuevo cuando sintiéramos que necesitábamos iluminar alguna lucha. Prometimos llevarla a las desaparecidas, a las asesinadas, a las presas, a las violadas, a las golpeadas, a las acosadas, a las migrantes, a las explotadas, a las violentadas de todas las formas y decirles que no estaban solas y que íbamos a luchar por ellas, “por la verdad y la justicia que merece su dolor […] porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en cualquier parte del mundo”.
Hoy quiero encender esta vela por nuestras hermanas que sufren en el estado de Chiapas el acoso de los grupos paramilitares. Por las mujeres desplazadas de Aldama, que han tenido que dejar su tierra, sus cultivos, su comunidad, para protegerse y salvar la vida de sus hijos e hijas ante la violencia paramilitar. Por la hermana María Isabel Hernández, quien el 18 de noviembre pasado fue herida de bala en una pierna, cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a los pobladores de Tabak y Coko, en el municipio de Aldama. Por todas las mujeres que ahora viven con miedo en un contexto de impunidad, donde las técnicas de terror, las armas y los hombres que provocaron la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, han reactivado la guerra de baja intensidad
contra las bases de apoyo zapatistas y las comunidades que simpatizan con su lucha.
Hace 23 años, la masacre de 20 mujeres, siete de ellas embarazadas, 16 niños y niñas y nueve adultos, trató de justificarse con el argumento de que se trató de pugnas intracomunitarias
. En ese entonces en el libro colectivo La otra palabra: mujeres y violencia en Chiapas; antes y después de Acteal (1998) (http://www.rosalvaaidahernandez.com/ wp-content/uploads/2019/12/1998- LIBROS-La-Otra-Palabra-PDF.pdf) documentamos los procesos históricos de formación de grupos paramilitares en Chiapas. Ante las perspectivas racistas que trataban de justificar las mutilaciones corporales y las violencias extremas como prácticas culturales mayas, argumentamos que se trataba de una cultura militarista de muerte, trasnacional que cruza las fronteras junto con las armas y que tiene centros de adiestramiento como la Escuela de las Américas. Hoy de nuevo se trata de argumentar que el conflicto entre los habitantes de Aldama y San Pedro Chenalhó se reduce a pugnas intracomunitarias por 60 hectáreas de tierra. Es importante reconocer que estos conflictos se profundizaron con la intervención gubernamental mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que permitió que terrenos comunales de Aldama quedaran bajo control de las autoridades de San Pedro Chenalhó. Pero, sobre todo, posibilitó la circulación y uso de armas de alto poder, cambiando por completo los estilos de negociación y conflicto en la región.
La paramilitarización de las pugnas comunitarias ha sido parte de la guerra de baja intensidad que ha acosado los territorios zapatistas desde hace casi tres décadas. Hoy urge encender una vela por nuestras hermanas zapatistas que viven los peligros de la violencia paramilitar. Ellas han hecho eco de nuestras luchas denunciando el feminicidio, la desaparición forzada y el acoso, problemas que no existían en sus territorios autónomos, pero contra los que ellas se han movilizado en nuestro apoyo. Ahora nos corresponde levantar nuestras voces y denunciar la violencia paramilitar que las acecha.
*Doctora en antropología, investigadora del CIESAS
Entrevista con Teresa Castellanos, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala
En entrevista para La Voladora Radio horas despúes del desalojo del plantón de Apatlaco, Tere Castellanos del FPDTA- MPT afirma seria y fuerte que el Frente seguirá trabajando para que sus derechos sean respetados: “Seguiremos resistiendo, organizándonos y dando la lucha porque tenemos la razón. Los amparos son una parte muy importante y vamos a seguir diciendo que allí están. Seguiremos trabajando. Les agradecemos mucho. Esperamos su apoyo, porque no puede ser posible que sigan violentando nuestros derechos. Necesitamos el apoyo de todos ustedes. Que no nos dejen solos y no se dejen llevar por las mañaneras, que dice tantas mentiras. Vengan a conocer a las comunidades, a hablar con los pueblos, a hablar con la gente”.
Las Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa denunciamos la injusticia que el gobierno de López Obrador y la 4T ejerce contra los campesinos del plantón Zapatista de Apatlaco y contra los pueblos originarios de Morelos, Puebla y Tlaxcala
En el año 2001, el Proyecto Integral Morelos se hacía llamar Transportadora de Gas Zapata, desde ese entonces a la fecha han pasado 19 años y 5 sexenios con gobiernos de diferentes colores y nombres (#PRI, #PAN, #MORENA), todos ellos, subordinados bajo el mismo patrón: el gran capital neoliberal. Con el nombre de las empresas españolas #Elecnor, #Anagas, #Abengoa y las distintas industrias que se le han sumado en el camino; #GasNaturaldelNoreste, #Continental, #SaintGobain, #Burlington, #Nissan y la minera canadiense #ÁlamosGold, el presente gobierno de la #4T sigue obedeciendo fielmente a sus patrones capitalistas.
A lo largo de estos 19 años, a los pueblos nahuas que nos hemos opuesto a este proyecto neoliberal de muerte y que nos hemos organizado para defender la vida y la tierra nos han reprimido, encarcelado, perseguido y asesinado. El 10 de febrero de 2019, en Cuautla, Morelos, el actual tirano, sentenció: “Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores”. 10 días después, el 20 de febrero, el compañero Samir Flores fue asesinado y el 23 y 24 de febrero se impuso, en los pueblos donde está trazado el gasoducto, una encuesta amañada.
La madrugada del día de hoy, 23 de noviembre de 2020, al punto de las 2:30 de la mañana, la Guardia Nacional, con al rededor de 300 elementos, más de 50 patrullas y maquinaría pesada, desalojó el plantón #Zapatista de #Apatlaco, #Morelos. A pesar de existir diversas asambleas de ejidatarios en la región donde se rechazó rotundamente la construcción del acueducto y el apoyo firme al plantón Zapatista y a pesar de existir más de 19 amparos vigentes, 9 con suspenciones del agua, 1 con suspención del gasoducto y 1 con suspención para que no contaminen el Río Cuautla con los desechos de la termoeléctrica, el presidente de la república, fiel a sus ídolos juaristas y maderistas, traicionó, una vez más, a los pueblos originarios. Y es que queda claro que para el mal gobierno, los pueblos solo somos objetos, excedentes, “inconvenientes” en el mundo capitalista de recursos naturales limitados. Un ejemplo de ello, son los hermanos de los pueblos originarios de Tabasco de Nacajuca, Jalpa y Centla, donde el tirano tomó la decisión de inundar “a los más pobres”.
Las Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa denunciamos los actos represivos y de despojo que el mal Gobierno ejerce contra los compañeros del plantón zapatista de Apatlaco y a los pueblos originarios de los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, nos sumamos a las acciones coordinadas por la defensa de la tierra y el agua y exigimos:
¡Justicia para Samir Flores!
¡Alto a la represión al Plantón de Apatlaco!
¡Alto a la represión de los pueblos nahuas de Morelos, Puebla y Tlaxcala!
¡Detención de las obras del acueducto Cuautla!
¡Cancelación del Proyecto Integral Morelos!
Autonomía, paz y justicia
A T E N T A M E N T E
GUARDIANAS Y GUARDIANES DEL RÍO METLAPANAPA
Grupo invasor y violento provoca agresiones recurrentes y actos de provocación en contra de habitantes de la Colonia Arenero Nueva Esperanza en Tonalá, Chiapas
Áreas verdes invadidas.- Arenero Nueva Esperanza
El 01 de Noviembre un grupo de alrededor 30 personas liderado por Fernando Arreola y Rosalinda Quevedo Sandoval invadió la zona asignada para Áreas Verdes en la Colonia Arenero Nueva Esperanza, que desato una ola de agresiones y amenazas constantes en contra de colonos, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de mujeres, niños, jóvenes y hombres.
El día 20 de Noviembre alrededor de las 20:00 horas, el defensor de los Derechos Humanos Nataniel Hernández había ido a documentar la situación en la colonia, y llevar a cabo una reunión informativa sobre la problemática, cuando un grupo de personas que portaban palos, arma de fuego, y arma blanca lo emboscaron sobre la calle Belisario Domínguez y Callejón 10 de mayo al interior de la Colonia Arenero Nueva Esperanza, provocando daños al vehículo en el que se transportaba con su familia, amaneándolo de muerte, bajo el argumento que tienen el poder y apoyo de las autoridades para actuar de forma violenta y evitar que los saquen de las áreas verdes invadidas en donde se pretende construir un parque recreativo, escuela, cancha deportiva y jardín.
Ante el clima de violencia y despojo provocado por este grupo se han solicitado medidas precautorias y buscar una solución de fondo al conflicto ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Mecanismo de Protección de Defensores, Delegación de Gobierno, y Ayuntamiento Municipal de Tonalá, sin embargo dichas medidas no se han implementado y esto ha originado una ola de actos de confrontación, amenazas, desprestigio, difamaciones, calumnias, y agresiones físicas.
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